Se formaliza el ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT)

24 de Julio de 1986

Mediante este acuerdo, para empezar la liberalización comercial, las importaciones que no requieren permiso previo aumentan a 69.1%, el arancel promedio se reduce a 22% y el máximo a 45%, y los niveles arancelarios a 11%.

En un clima de presiones norteamericanas que cuestionan la viabilidad de nuestro sistema político y enfatiza el narcotráfico, la corrupción y la ineptitud del gobierno mexicano, con la firma del protocolo de adhesión por el presidente Miguel de la Madrid, se consolida la era neoliberal, de libre mercado y libre comercio. Se completa un giro radical a la política de industrialización y sustitución de importaciones puesta en práctica desde los años veinte, de “crecimiento hacia dentro”, para pasar a la promoción de exportaciones. A partir de ahora, más por falta de alternativas que por convicción, y forzado por la crisis de las finanzas públicas, se acelerará el retiro del gobierno mexicano del campo de la producción económica para dejar al mercado y a la iniciativa privada nacional y extranjera las decisiones en la asignación de recursos productivos. La rectoría del Estado en la economía y sus planes de desarrollo serán cada vez más mera forma y cosa del pasado revolucionario, ya que la estrategia de crecimiento consistirá en abrir la economía para que el libre juego de las fuerzas del mercado conduzca al país hacia el desarrollo.

 “Fue así como las autoridades y los grandes grupos económicos de México aceptan el criterio norteamericano en relación a las reglas fundamentales del intercambio internacional y financiero”, escribe Lorenzo Meyer (Una Historia Contemporánea de México). A cambio, durante la visita de Miguel de la Madrid  a Estados Unidos, “Ronald Reagan, el mandatario estadounidense, consciente del costo político que el presidente mexicano había pagado por mantener la ortodoxia en materia de deuda interna e introducir los cambios de fondo en la economía, se mostró particularmente cordial y dispuesto a tenderle la mano al vecino del sur cuando así lo requiriesen las circunstancias”.

Desde 1979, ante la grave crisis económica por la que atravesaba el país, el gobierno mexicano firmó una carta de intención para ingresar al GATT y debatió acerca de las ventajas que México podría obtener al pertenecer a un organismo creado por los Estados Unidos para liberalizar el comercio mundial conforme a sus intereses y que favorece principalmente a los países industrializados que buscan mercados para sus productos; asimismo, hasta entonces, prevalecía una política proteccionista, no de libre comercio, y buena parte de la industria nacional era incapaz de competir con su equivalente extranjera; además, en tanto que no se exportara más que petróleo, no tenía caso hacer concesiones en busca de mercados extranjeros para productos que no fabricaban los mexicanos. A pesar de que la negociación lograda era inmejorable porque permitía al gobierno mantener una política de promoción industrial, el 18 de marzo de 1980, el presidente José López Portillo anunció la decisión de posponer indefinidamente el ingreso al GATT y en cambio, otorgó subsidios a la agricultura con el propósito de buscar la autosuficiencia alimentaria. Gracias a los ingresos petroleros, México pudo mantener su política proteccionista, a pesar de las presiones norteamericanas para abrir su mercado interno al libre comercio.

Sin embargo, la crisis iniciada en 1982 creció hasta niveles históricos sin solución vislumbrable por lo que se tuvo de recurrir a los organismos financieros internacionales. En el acuerdo con el FMI del 23 de diciembre de ese año, se incluyó la racionalización del sistema de protección para reducir su grado y liberar las importaciones, lo que significó el comienzo del neoliberalismo.

En este contexto, el 27 de noviembre de 1985 inició el proceso de adhesión de México al GATT, pero ya no se aceptaron los términos convenidos en 1979. Se formó un comité para estudiar la solicitud.

Escriben Jorge Witker y Laura Hernández (Régimen Jurídico del Comercio Exterior de México): “En la parte preambular del Protocolo se establece que las partes contratantes del GATT reconocen que México es un país en desarrollo, garantizándose así el derecho que tiene a recibir en todo momento un trato diferenciado y más favorable, tanto en las negociaciones sobre concesiones arancelarias, en las que no se le puede exigir reciprocidad absoluta, como en cuanto al cumplimiento de las disciplinas del GATT, respecto de las cuales tiene derecho a hacer uso de las salvaguardias, cláusulas de escape y excepciones de manera más flexible… En síntesis, los derechos de México en el GATT fueron y son los siguientes: a) Exclusión de los energéticos regulados en el artículo 27 de la carta fundamental. b) La protección y reserva para el sector agrícola, sector para el cual se obtuvo mantener los permisos de importación y su sustitución gradual por aranceles, en la medida en que dicho sector fuera adquiriendo competitividad internacional. c) Reconocimiento por los 95 países del GATT a que México se desarrolle su plan nacional de desarrollo y reserve una sobretasa arancelaria a nueve sectores: petroquímicos, celulosa y papel, bienes de capital, industria de alimentos, productos eléctricos, calzado, textiles, electrodomésticos, hierro y acero. d) Techo arancelario máximo de un 50% para más de diez mil fracciones arancelarias de la TIGI. e) Reconocimiento a su condición de país en desarrollo, tanto para la aplicación de salvaguardias del artículo XIX del GATT, como para la aplicación de los códigos de conducta en materia de dumping, obstáculos técnicos, licencias de importación y valoración aduanera. f) Recomendación para suscribir el Código de Subvenciones y Derechos Compensatorios, que acepta la posibilidad de otorgar subsidios a los países en desarrollo para fomentar proyectos regionales".

El Protocolo de Adhesión será presentado al Senado de la República, y el 26 de agosto de 1986, ratificado por el mismo. "Este protocolo, que excluía al sector energético y agrícola, será unilateralmente abrogado por Miguel de la Madrid con lo que abrirá las puertas a una liberalización arancelaria abrupta" con graves consecuencias económicas y muy altos costos sociales para México. El 4 de agosto se publicará en el Diario Oficial de la Federación el decreto de aprobación del acta final de la Ronda de Uruguay del GATT, y el 30 de diciembre de 1994 entrarán en vigor todos los acuerdos y la vigencia de la Organización Mundial de Comercio OMC en el derecho mexicano.

Años antes, tras la depresión económica de 1929, para proteger su economía interna los gobiernos de algunos países establecieron aranceles elevados, control de importaciones, de cambios, acuerdos bilaterales y otros mecanismos. En 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, EUA, surgió el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo y se sentaron las bases para la creación de la Organización Internacional de Comercio (OIC). Dos años después, en 1946, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convocó a una Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, cuyos acuerdos quedaron asentados en la Carta de la Habana, para una Organización Internacional de Comercio OIC. Al año siguiente, el 30 de octubre de 1947, 23 países firmaron una parte de la Carta, pero antes de que la Conferencia terminara; se optó ya no por crear la OIC sino el “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement of Tariffs and Trade, GATT)” que entró en vigor el 1 de enero de 1948 de manera provisional hasta el 31 de diciembre de 1994. Sus principios básicos fueron tres: trato no discriminatorio de todos los firmantes en materia de comercio; reducción y eventual eliminación de un conjunto de aranceles y barreras no arancelarias al comercio, mediante negociaciones periódicas a través del GATT (Rondas); y resolución de conflictos o daños originados por acciones de comercio de otros signatarios mediante consultas; sin embargo en el Acuerdo se contemplaron muchas excepciones prácticas a estos principios y no se establecieron sanciones internacionales por su violación.

La función del Acuerdo fue la de servir como único instrumento de regulación de los intercambios mundiales y propiciar el comercio libre de trabas, privilegiando los aranceles para la protección industrial y la aplicación general y obligatoria de la cláusula de la nación más favorecida para todos; además, todas las concesiones bilaterales se extenderían a todos los miembros del Acuerdo. Los países adheridos al GATT, se comprometieron a no incrementar los aranceles aduaneros por encima de las tasas negociadas.

De ser un acuerdo comercial, el GATT pasó a ser una organización internacional, con órganos permanentes tales como un Consejo de Representantes y Secretariado General con un director general; con un presupuesto al que contribuía cada parte contratante y derechos y obligaciones entre la partes. Los países miembros del GATT debían seguir un “Código de Principios”: 1.- La cláusula de la nación más favorecida (cualquier concesión o beneficio que un país otorgue a otro debe otorgárselo igualmente a terceros países con los que tenga relaciones comerciales; así como trato nacional, esto es, las mercancías nacionales e importadas recibirán igual tratamiento una vez que éstas han entrado al mercado). 2.- La reciprocidad (cada concesión o beneficio que algún miembro logra en el esquema comercial del Acuerdo debe ser compensado de alguna forma por el país beneficiario). 3.- No discriminación (No se pueden tomar represalias o castigos comerciales por razones raciales, políticas o religiosas). 4.- Igualdad formal de todos los Estados (los miembros tienen el mismo status al margen de su poderío económico y comercial, pero en la práctica comercial este status es ideal, pues no es lo mismo intercambiar manufacturas o maquinaria pesada que comerciar materias primas o productos básicos). 5.- Aranceles como únicos reguladores de los intercambios comerciales entre sus miembros. 6.- Reducción y eliminación de aranceles (los impuestos a la importación, los únicos protectores de las industrias nacionales de los países del Acuerdo, deben ser negociados y reducidos gradualmente, los gobiernos declinan intervenir vía restricciones cuantitativas en los intercambios mercantiles, se busca proteger al consumidor final, pues al fomentar la eficiencia productiva sólo subsistirán las empresas realmente eficientes y competitivas). 7.- Ampliación de los mercados regulados (las mercancías deben circular libremente por los territorios de las partes contratantes sin discriminación de origen o procedencia).

Posteriormente hubo diferentes rondas de negociaciones: en Ginebra (1955-1956); la Ronda Dillon, en  la que el subsecretario de Estado norteamericano, Douglas Dillon propuso establecer el Arancel Externo Común; y negoció con la Comunidad Económica Europea CEE. En la Ronda Kennedy, de 1962 los países industrializados proclamaron que no esperaban reciprocidad de los países en desarrollo y aceptaron un escalonamiento de reducciones arancelarias menor a la normal de cinco años. En la Ronda Tokio realizada entre 1973 y 1979 se discutieron temas como el neoproteccionismo, asistencia técnica a los países subdesarrollados, se actualizaron los Acuerdos de 1948 y crearon otros acuerdos autónomos (los países miembros del GATT podían decidir si participaban en ellos). Aprobaron los códigos antidumping, valoración, salvaguardas y derechos compensatorios, obstáculos técnicos al comercio internacional, licencias y compras de gobierno. Los países en desarrollo obtuvieron un régimen más favorable para los productos tropicales. La Ronda de Uruguay inició en septiembre de 1986 con la “Declaración de Punta del Este”; en ella, acordaron la eliminación total de aranceles en diversos sectores, tales como cerveza, farmacéuticos, químicos, muebles, vidrio y cerámica, bebidas espiritosas y metales no ferrosos. La ronda de Uruguay concluyó con la firma del Acta de Marrakesh el 15 de abril siguiente, con la creación de la Organización Mundial de Comercio OMC, en sustitución del GATT. La OMC quedó integrada por cuatro subcomités: asuntos presupuestarios, servicios, comercio y ambiente, y el último encargado de las cuestiones institucionales.

Witker y Hernández refieren que: “La participación de México en los foros multilaterales que regulan el comercio internacional fue planteada como premisa fundamental para asegurar una eficiente vinculación de la estructura productiva nacional con la economía mundial y, sobre todo, para garantizar a los productores mexicanos que en el contexto de la nueva competencia a que habrían de enfrentarse con motivo de la apertura comercial, tendrían acceso a condiciones similares a las que tienen sus competidores del exterior, de forma tal que la competencia comercial se diera en un ambiente de justicia y equidad. También se aseguró que mediante la participación de México en el GATT se abrirían los mercados internacionales para los productos mexicanos y se haría más factible superar o eliminar las medidas proteccionistas y neoproteccionistas que aplican los gobiernos de los países con los que México sostiene sus principales intercambios comerciales”

En adelante, se comenzarán a desmantelar rápidamente las barreras proteccionistas y a simplificar los procedimientos de importación, así como de apertura a la inversión extranjera. Asimismo, se suprimirán subsidios proteccionistas y se promoverá la “reconversión industrial”, es decir, abandonar toda industria que no pudiera hacer frente a la competencia externa y orientar la industria nacional a la exportación, ya no al mercado interno, aprovechando la mano de obra barata, la inversión extranjera y la vecindad con el mayor mercado del mundo, el norteamericano. En poco tiempo, las pequeñas y medianas industrias que abastecen el mercado interno, serán afectadas, algunas hasta la desaparición de su rama de producción, por la entrada de mercancía barata extranjera.

Al año siguiente, 1987, se celebrará en México el Primer Foro Empresarial Iberoamericano, organizado por las principales organizaciones empresariales, en el cual el empresariado mexicano sostendrá con triunfalismo inusitado, el fracaso de la intervención del Estado en la economía, el indiscutible valor de la iniciativa privada y las grandes bondades del libre mercado.

El desempleo crecerá como consecuencia de la quiebra de las industrias y aumentará el contrabando, el comercio informal y la pobreza en general. Y lo más importante: se irán perdiendo las bases económicas del sistema político mexicano y se romperán los equilibrios políticos internos, al afectarse los intereses empresariales, sindicales, agrarios, populares urbanos que resultaban favorecidos bajo el régimen de la Revolución Mexicana y del PRI. Surgirá la candidatura presidencial de Manuel J. Clouthier, al consolidarse la corriente empresarial dentro del PAN y al interior del PRI, se formará la Corriente Democrática de la que saldrá la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y después de las elecciones de 1988, el Partido de la Revolución Democrática.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.