11 de Julio de 1919

Surge la National Association for the Protection of American Rights in México, con la idea de presionar al gobierno y al senado de Estados Unidos para que exija que se modificada la Constitución de 1917, especialmente los artículos 27 y 28, que perjudican sus intereses y su posición privilegiada de capital extranjero. La integran varias corporaciones que realizan actividades petroleras, mineras y agrícolas.

Álvaro Matute (Historia de la Revolución Mexicana, 1917-1924), escribe: “La Constitución de 1917 había sido considerada como un atentado directo para los intereses norteamericanos, particularmente el artículo 27, al que declaraban confiscatorio de propiedades de propiedades legítimamente adquiridas por ciudadanos a quienes se les debía dar protección. Dentro de los afectados, los petroleros fueron quienes ejercieron mayor presión, pero la coyuntura del ingreso de los Estados Unidos a la guerra fue favorable para que el gobierno de Carranza lograra avanzar en su legislación del subsuelo y, por lo menos, se logró establecer el principio de que debía solicitarse permiso para perforación de nuevos pozos.

Al concluir la guerra… Estados Unidos resultó el país más favorecido y desde entonces se confirmó su lugar como primera potencia mundial… a partir de 1919, la política exterior relativa a México se tornó agresiva… Fue entonces cuando el senador republicano Albert B. Fall, de Nuevo México, representante de los intereses petroleros, enderezó una serie de ataques y presiones sobre México.

Todo el segundo semestre de 1919 estuvo salpicado de pequeños detalles que amenazaban las relaciones entre los dos países. El caso más drástico fue el autoplagio del cónsul norteamericano en Puebla, William O. Jenkins, asunto en el cual se quiso apoyar Fall para que Wilson autorizara una intervención armada en México… mientras tanto, la embajada estaba acéfala”.

Al año siguiente, durante el mandato interino de Adolfo de la Huerta el Departamento de Estado norteamericano enviará un comunicado a Roberto Pesqueira, agente del gobierno mexicano en Washington en el exigirá: la derogación de los decretos de Carranza relativos al petróleo; suprimir la exigencia de los llamados denuncios para acceder a la explotación de lotes; dejar sin efecto las concesiones dadas a terceros sobre propiedades no denunciadas por las compañías; no negar los permisos de perforación solicitados por la compañías; que en los juicios de amparo interpuestos por la compañías, que el presidente modifique su actitud y permita que sean favorables a las mismas; terminar con las concesiones en las zonas federales; establecer una política fiscal “justa”; derogar el artículos 27 de la constitución; reconocer y restituir sus derechos a los ciudadanos extranjeros afectados por el artículo 27 constitucional; y, asegurar que la legislación futura no se aparte de los nueve puntos anteriores.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.