1 Julio 1994

La Constitución de 1917 preveía como requisito que los presidentes de la república fueran mexicanos por lo menos de segunda generación para evitar que se vieran presionados por sus parientes o grupos de interés para favorecer al país de origen en detrimento de los nacionales.

La iniciativa de reforma a este ordenamiento fue presentada desde el 20 de diciembre de 1990 por el diputado panista Vicente Fox Quesada y a partir de 1991 fue promovida por Diego Fernández de Cevallos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional PAN en la Cámara de Diputados.

Casi tres años después, el 27 de agosto de 1993, la primera lectura de la iniciativa presentada por el PAN, provocó una insurrección de la diputación priísta, que con el grito de ¡México! ¡México! ¡México! ¡México! manifestó rotundamente su rechazó. La reforma comenzó a debatirse en los medios masivos: tanto a favor para que “ya no hubiera mexicanos de primera y de segunda”, como en contra porque se interpretó que estaba dirigida a favorecer a políticos de padres extranjeros (como Jaime Serra Puche o Carlos Hank González), a la vez que se eliminaba una barrera histórica contra la creciente desnacionalización y el desplazamiento de los nacionales, especialmente en vísperas del inicio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Circularon rumores de que Emilio M. González, priísta y líder del Senado renunciaría si era obligado a votar a favor de la medida. El diputado priísta Luis Dantón Rodríguez envió una carta pública a su lideresa parlamentaria María de los Angeles Moreno, anunciando su voto en contra porque de otro modo “no podría volver a mirar de frente a sus hijos”. Para imponer la disciplina, durante los días siguientes, loss líderes realizaron una intensa labor de convencimiento y de presión sobre los legisladores priístas que habían expresado su desacuerdo con la reforma.

En la sesión de diez horas que comenzó el 2 de septiembre de 1993 y finalizó en la madrugada del siguiente día 3, después de un intenso debate (especialmente respecto a los transitorios) que duró hasta la madrugada, sólo las diputadas Julieta Guevara, Irma Piñeyro, Layla Sansores, y los diputados Enrique Sada Fernández y Leonel Reyes Castro del PRI, votaron en contra de la iniciativa; el resto se plegó a la línea dictada por la dirigente de su grupo parlamentario María de los Ángeles Moreno. Rompieron así públicamente la disciplina de la bancada del PRI, con el disgusto de sus dirigentes y también de quienes sí se disciplinaron a pesar de lo que pensaban en conciencia. La reforma fue aprobada por 352 votos a favor, 47 en contra (algunos de ellos de panistas) y 14 abstenciones. Ante la manifiesta presión ejercida sobre los legisladores priístas, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado del Partido Popular Socialista calificó la reforma como “un pacto de trastienda” (entre el PRI y el PAN), cuyos autores y móviles se desenmascarán tarde o temprano.Poco después, en el Senado también fue aprobada la reforma ya sin oposición de los legisladores priístas.

Pero entre los diputados priístas quedó la idea de que la reforma tenía como destinatario al panista Vicente Fox Quezada, y que se trataba de un acuerdo cupular entre el PRI y el PAN pactado en el marco del proceso de reforma del COFIPE próximo a iniciarse y con miras a las elecciones presidenciales de 1994, de ahí que se aprobara con tanta urgencia, pero que inexplicablemente mediante un artículo transitorio entrara en vigor hasta 1999.

En una entrevista publicada en “El Universal” al otro día de la toma de posesión del presidente Fox, Fernández de Ceballos revelará que en 1993 habló  con Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, quien aceptó la reforma siempre y cuando se aplicara en el año 2000 para evitar que se interpretara que tenía dedicatoria a ciertos personajes como Carlos Hank González o Jaime Serra Puche, incluso a favor de Vicente Fox. Que de inmediato le comunicó a Fox esta condición insuperable, quien le respondió: ”Es preferible que se aplace su aplicación a que quede la ofensa, la ignominia a unos cuantos mexicanos como si fuéramos de segunda clase”.

Manuel González Oropeza (Comentarios al artículo 82), escribirá: “En la actualidad… los padres extranjeros pueden ser un factor de influencia sobre cualquier hijo que ocupara un cargo de importancia en México; sin embargo, dicha influencia no es necesariamente mayor a la de la educación que, en todos los niveles, están expuestos los mexicanos en el extranjero, o incluso, a través de los patrones de conducta que se observan en la televisión, cine y demás medios de comunicación. Particularmente es significativa la formación que nuestros políticos han recibido en el extranjero durante sus estudios superiores; ésta sí es una influencia ideológica que puede jugar un papel equivalente al de los padres extranjeros… Por lo anterior es tiempo de que nuestra Constitución experimente una reforma en este rubro”.

A partir del 20 de marzo de 1997, por iniciativa del presidente Zedillo, la nacionalidad mexicana por nacimiento se otorgará también a "los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización", al reformarse el artículo 30 de la Constitución, con lo cual se hará aun más flexible el requisito de nacionalidad para ocupar cargos de elección popular.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.