1o. de Diciembre de 1988

Toma posesión en medio de protestas y cuestionamientos acerca de su triunfo electoral por los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra, lo que lo coloca en posición de debilidad y por lo que buscará negociar  el apoyo del Partido Acción Nacional y de la Iglesia Católica a cambio de políticas favorables a sus intereses y del reconocimiento de los triunfos electorales que logren los panistas, entre ellos, las gubernaturas de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, así como presidencias municipales y diputaciones, a veces mediante procedimientos poco claros que la gente bautizará como “concertacesión”.

Señala Enrique Krauze (Los Sexenios) que Salinas integrará a su gabinete a su imagen y semejanza, todos egresados de universidades norteamericanas: Pedro Aspe, SHCP, del MIT; Manuel Camacho, DDF, de Princeton; Luis Donaldo Colosio, PRI, de la Northwestern University; Ernesto Zedillo; SPP, Yale; y Jaime Serra Puche, Secretaria de Comercio, Yale también.

Para fortalecer el control político de su “grupo compacto”, Salinas luchará contra los dirigentes sindicales corporativos opuestos a sus políticas neoliberales, como el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, quien será detenido y condenado a 35 años de prisión. Simultáneamente, tratará de reformar al PRI que no fue capaz de darle una victoria clara, mediante la sustitución del nacionalismo revolucionario por el “liberalismo social” con base en algunas ideas de Jesús Reyes Heroles; debilitará sus sectores y fortalecerá su estructura territorial y por lo tanto a los gobernadores priístas, establecerá la afiliación individual y organizará una red de miles de activistas dedicados a promover el voto en sectores tradicionalmente abstencionistas o no empadronados. Por otra parte, procederá a la destitución de los gobernadores que contribuyeron a su derrota, como Luís Martínez Villicaña, Xicoténcatl Leyva Mortera y Mario Ramón Beteta; y tratará de aislar y obstruir al Partido de la Revolución Democrática, que organizará Cárdenas, etiquetándolo de “intransigente y violento”.

El Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL tendrá por objeto ayudar a los pobres a sobrevivir a corto plazo para mantener la estabilidad política y a la vez será un instrumento electoral de cooptación masiva de 17 millones de mexicanos en pobreza extrema para generar apoyo al gobierno salinista. Enfocado en los individuos como ciudadanos y consumidores, no en las comunidades, el programa será financiado con el ahorro en el pago de intereses resultante de saldar deuda pública con el ingreso de la venta de empresas estatales. La dotación de agua potable, drenaje, alumbrado, pavimentación, vivienda, escuelas, clínicas, alimentación y becas permitirá al PRI recuperar el voto en las elecciones de 1991.

Para reconstruir sus bases de apoyo político, emprenderá una reforma electoral que culminará con el  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que creará el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (TFE o TRIFE). Además,  suprimirá  la cláusula de gobernabilidad para impedir que un solo partido pueda realizar reformas constitucionales y ampliará el número de senadores de 64 a 128.

Salinas asume el poder, no sólo dentro de una gran crisis política, sino también económica: con una inflación de más del 150%, baja constante del producto interno bruto per cápita, y deuda externa de más de 100,000 millones de dólares que consume el 60% del presupuesto gubernamental. Salinas aceptará el Plan Brady, ofrecido por Estados Unidos, que recortará el servicio de la deuda a la mitad. Al inicio del sexenio de Salinas el monto de la deuda es del 45% del PIB, pero después de varios años de negociaciones con el FMI, políticos norteamericanos, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña, y con bancos comerciales, se logrará en 1992 un acuerdo que reducirá la deuda más de 7,000 millones de dólares, de modo que la deuda total (externa e interna) pasará de 63% del PIB en 1988 a 22% en 1994 y los pagos de intereses del 17% del PIB al 9.8% en 1994.

Por otra parte, Salinas suscribirá con los principales actores económicos, la mayor parte del Consejo Coordinador Empresarial, los pactos para la Estabilidad y el Crecimiento Económico y para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE), con el propósito de detener la inflación, estabilizar la economía y  retomar el crecimiento.

Paliadas las crisis política y económica, Salinas continuará, en estrecha relación con las grandes empresas, la transformación radical de México para crear una economía de libre mercado, sin subsidios, mediante la privatización del sector paraestatal y la apertura de la economía al exterior para aprovechar las oportunidades de la nueva economía globalizada tras la caída de la Unión Soviética y la firma del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá.

Con este propósito, acelerará la privatización de las empresas públicas iniciada por Miguel de la Madrid. Hacia 1984 el sector paraestatal comprendía poco más de 1,150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, e incluso un centro nocturno, que el gobierno federal había adquirido para no cerrar fuentes de trabajo. Con el propósito de pagar la deuda interna y financiar los programas sociales, Salinas entregará al capital privado la telefonía (Telmex), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros (Aseguradora Hidalgo), las cadenas hoteleras (Nacional Hotelera) y los medios de radiodifusión (IMEVISIÓN). La banca será reprivatizada a favor de una nueva casta de banqueros cercanos al grupo en el poder, igual que los beneficiarios de la venta de empresas públicas.

Sólo permanecerán como organismos estatales importantes la Comisión Federal de electricidad (CFE), que iniciará su privatización con la entrega de permisos a empresas extranjeras para instalar plantas de generación de energía eléctrica en nuestro territorio, y PEMEX, que se estructurará como holding corporativo, con una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y se abrirá a la inversión privada extranjera.

Con los ingresos de las privatizaciones se obtendrá el equivalente a 23,000 millones de dólares que serán utilizados para amortizar la deuda pública interna; de modo que ésta disminuirá del 19% en 1988 al 6% en 1994, con la consiguiente reducción de pagos de intereses. Para Salinas de Gortari no se privatizarán empresas públicas por razones ideológicas, sino conforme al "liberalismo social" en que basará su gobierno, el Estado no debe acumular propiedades mientras el pueblo acumula necesidades. "Gobierno propietario no es sinónimo de Estado justo ni fuerte. Los bienes públicos deben usarse para remediar los males sociales". Estas medidas no las considerará neoliberales, pues el neoliberalismo será implantado hasta 1995 por su sucesor Ernesto Zedillo.

En 1991 pondrá plenamente en vigor la ampliación de la base gravable de las sociedades mercantiles por medio de reglas para determinar la utilidad en la llamada “base nueva” establecida en 1987 y que en adelante dará lugar a que sin reformar la ley de impuestos, anualmente se formulen nuevas reglas generales para el cálculo de los mismos mediante la llamada “miscelánea fiscal”.

Asimismo, Salinas finalizará el reparto de tierras y privatizará el ejido mediante la reforma al artículo 27 de la Constitución para superar el minifundismo y facilitar la mecanización y capitalización del campo; más de tres millones de ejidatarios serán convertidos en propietarios formales y las empresas privadas serán autorizadas a adquirir, revender o arrendar las tierras ejidales.

Durante ese mismo año de 1992, se reformará la Ley Minera para privatizar las empresas estatales, como la de Cananea y autorizar concesiones a particulares para la explotación de oro, plata y cobre, hasta por 50 años; así como para eliminar los límites de la superficie concesionada y derogar el impuesto a la extracción de minerales, de modo que la riqueza minera nacional quedará prácticamente en manos de Peñoles, Grupo México y Carso. De igual modo, como una forma oculta de privatización, se modificará la ley para permitir a empresas extranjeras generar energía eléctrica destinada a empresas privadas, lo cual provocará que en los hechos las plantas del sector público pierdan importancia en la generación de electricidad.

Al año siguiente, con el propósito de atraer más capitales extranjeros para impulsar el crecimiento económico, especialmente el del sector exportador, la ley de inversiones extranjeras ampliará la participación del capital externo al 100% en muchos sectores, salvo el transporte terrestre internacional, las comunicaciones vía satélite, las autopartes, la construcción y la telefonía, entre otros; además, mediante permiso previo se podrá invertir limitadamente en la minería, en la construcción de infraestructura para la explotación de petróleo, en la educación y en los servicios legales; y sólo se reservará para los mexicanos el transporte nacional, el comercio al por menor de gasolina, la radiodifusión y los servicios financieros, aunque, finalmente, al relajarse más las restricciones, los bancos privatizados pasarán a manos extranjeras.

Así, señala Graciela Márquez (De crisis y estancamiento: la economía mexicana, 1982-2012): "México fue pionero en muchas de las medidas adoptadas y, para principios de los años noventa, era un ejemplo del apego al Consenso de Washington, síntesis de una serie de recomendaciones de los organismos internacionales para las economías emergentes: disciplina fiscal, gasto público mínimo en áreas prioritarias, liberalización financiera y comercial, privatización y desregulación."

La tendencia a la privatización se manifestará en materia educativa mediante la reforma al artículo tercero constitucional que limitará la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y dejará al arbitrio del mercado la educación media superior y universitaria.

También Salinas satisfará la añeja demanda de la Iglesia Católica de reconocimiento formal (que el presidente Juárez les quitó), mediante la reforma de los artículos 3º y 130; promulgará la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y establecerá relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Además, en 1994 preparará el camino de la alternancia al reformar el artículo 82 constitucional, lo que permitirá a Vicente Fox ocupar la presidencia de la República no siendo hijo de padres mexicanos por nacimiento.

En lo que respecta a la apertura comercial, Salinas intentará, con la participación de los grandes empresarios, conquistar el vasto mercado de 290 millones de habitantes de Estados Unidos y Canadá para las exportaciones mexicanas, y atraer a México la inversión de esos países en maquiladoras o plantas de ensamblaje industrial para crear empleos con salarios bajos o “competitivos”. Negociará con el presidente George Bush (y después con Bill Clinton) y el primer ministro Brian Mulroney, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en inglés), por el cual los tres países eliminarán paulatinamente los aranceles al comercio trilateral a partir del primer día de 1994. Al firmar el tratado en 1993, Salinas logrará su mayor victoria política, pero terminará con el nacionalismo económico surgido de la Revolución; de este modo, según Lorenzo Meyer (Una Historia Contemporánea de México): “En realidad, para México el TLCAN fue, mucho más que un tratado de comercio, el inicio de un cambio de fondo en su relación histórica con el gran vecino del norte. El interés nacional mexicano dejó de ser definido en función del grado de independencia relativa frente a Estados Unidos para hacerlo en función de su cercanía e integración con ese país”.

También durante el gobierno de Salinas, México ingresará en la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, se firmarán tratados de libre comercio con varios países del centro y sur de América.

Así, durante los primeros cinco años de gobierno, Salinas irá construyendo la legitimidad que no obtuvo en las urnas mediante los logros de su gobierno: una inversión privada mayor que la registrada desde 1970; una inversión extranjera quintuplicada, aunque encauzada al mercado accionario y de dinero; un crecimiento promedio anual del PIB de 3.2%; una inflación que descenderá al 7.1% y el TLCAN, que despertará grandes expectativas de prosperidad futura. Salinas declarará que México está entrando al “primer mundo”. La sistemática propaganda gubernamental hará el resto.

En enero de 1993, el nuevo peso tendrá tres ceros menos y se cotizará a 3.3 por dólar. Salinas ayudará a Emilio Azcárraga Milmo, -quien le ofreció dar 25 millones de dólares para la campaña del PRI en 1994,- a obtener un préstamo de más de tres mil millones de pesos en Banamex; además le otorgará 62 concesiones de televisión más para integrar una cadena nacional para su Canal 9, antes 8.

Pero el asesinato del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZNL, la actitud ambigua de Manuel Camacho, precandidato derrotado por Luís Donaldo Colosio, y los asesinatos de Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, comenzarán a poner en duda las esperanzas de la gente, y a pesar de que en las elecciones de 1994 el candidato del PRI ganará nuevamente la presidencia de la República con un margen de votos incuestionable, en los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo, con el “error de diciembre”, que provocará una estrepitosa caída del peso frente al dólar, el sueño salinista de ingresar al primer mundo se convertirá en pesadilla y con la aprehensión de su hermano Raúl acusado de asesinato y corrupción, el prestigio de Carlos Salinas de Gortari se derrumbará para siempre y con ello su aspiración de convertirse en el primer secretario de la Organización Mundial de Comercio.

El país se precipitará a la ruina y gran parte de la población caerá en la miseria; en contraste, mientras al inicio del sexenio salinista sólo la familia Garza Sada figuraba en la lista de millonarios de la revista Forbes, al final de su gobierno se incorporarán a esa lista 24 familias más: Slim, Azcárraga, Zambrano, Peralta, Arango, Romo, Bailleres, Aramburuzabala, González Novoa, Sada González, Losada Gómez, Salinas Pliego, Servitje, entre las más ricas. En adelante, el nombre de Carlos Salinas de Gortari se verá con sospecha por el manejo que hizo de la privatización del patrimonio nacional y con temor por el poder que adquirió como forjador de la nueva clase empresarial mexicana que resultó de esa privatización.

Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, hijo de Raúl Salinas Lozano, exsecretario de Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos, y de la profesora Margarita de Gortari Carvajal. A los cuatro años, cuando jugaba a “la guerra”, con los niños Gustavo Zapata Rodríguez y su hermano Raúl de 8 y 5 años de edad, mataron con un rifle calibre 22 a una sirvienta de 12 años, el incidente quedó oculto e impune.

Estudió la primaria en la escuela "Abraham Lincoln", la secundaria en el plantel número 3 "Héroes de Chapultepec", la preparatoria en la UNAM, en San Ildefonso, y la licenciatura en Economía en la misma universidad de 1966 a 1969. En 1971 se tituló con la tesis “Agricultura, Industrialización y empleo: el caso México”, con mención honorífica y merecedora del Premio Nacional de Economía. Trabajó como ayudante del diputado  Gonzalo Martínez Corbalá.

A su regreso fue catedrático en la UNAM, el CEMLA , el ITAM y el ICADEP del PRI. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue sucesivamente jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Asuntos Hacendarios y Asuntos Internacionales, analista en Crédito Público y jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Planeación Hacendaria, y subdirector y director general de esta última dependencia. En 1979 fue secretario técnico del Gabinete Económico y director general de Política Económica y Social en la Secretaría de Programación y Presupuesto. El primero de diciembre de 1982 fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto por el presidente Miguel de la Madrid, tras haber presidido el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales IEPES del Partido Revolucionario Institucional durante la campaña presidencial 1981-1982. En esas mismas elecciones, su padre fue elegido senador por el Estado de Nuevo León.

Carlos Salinas fue designado candidato a la presidencia de la República por el PRI, el 4 de octubre de 1987. Realizó una errática campaña ensombrecida por la presión popular del candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas. A partir del mismo día de la jornada electoral fue acusado de fraude al suspenderse el conteo de votos, hecho que fue interpretado por sus adversarios como un artilugio para torcer el resultado de la votación. De cualquier manera, pudo tomar posesión de la presidencia de la República pacíficamente y ganar paulatinamente el apoyo popular, hasta que la rebelión zapatista puso fin al sueño de que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los mexicanos saldrían del subdesarrollo e ingresarían al primer mundo.

Pocos meses antes de dejar la presidencia presentó, con el apoyo de los Estados Unidos, su candidatura para presidir la Organización Mundial de Comercio OMC, a la cual tuvo que renunciar en marzo de 1995, cuando su hermano Raúl fue detenido, acusado de homicidio y corrupción. En protesta por esta detención y por el presunto hostigamiento del gobierno de Zedillo que lo responsabilizó de la crisis económica conocida como el "error de diciembre", inició una huelga de hambre que fracasó, por lo cual se exilió voluntariamente.

Ha sido constantemente cuestionado y motivo de escándalo por el reconocimiento de Miguel de la Madrid de que no ganó la elección y de que se equivocó al elegirlo como su sucesor, así como por una conversación grabada ilegalmente de Luis Téllez, en la que lo acusó de haberse robado la mitad de la partida secreta durante su presidencia.

Formalmente está dedicado a la vida privada alejado de la política.

Ha publicado un voluminoso libro de memorias: México, un paso difícil hacia la modernidad, así como, entre otras, las siguientes obras: La inducción en el sistema nacional de planeación en México, Consideraciones económicas acerca de la regulación de la empresa pública, Rectoría del Estado en la Constitución mexicana, La Década Perdida, Democracia Republicana y en 2012: ¿Qué Hacer? La alternativa ciudadana.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.