Cuando se comparan las dos constituciones fundamentales de México, la de 1857 y la de 1917, se puede percibir inmediatamente que esta última se propuso revisar plenamente el concepto de Estado Liberal, que siguió al pie de la letra la doctrina del liberalismo burgués, mientras que la de 1917 instituyó el intervencionismo estatal, en cinco grandes capítulos: la educación; la propiedad pública de los recursos naturales, entre otros el de la tierra; las relaciones laborales-patronales; la economía nacional y la salud general.

Las reformas esenciales de la Constitución de 1917 recayeron en el capítulo de garantías individuales donde se establecían los derechos humanos. La nueva orientación dada al problema de la educación afectó al artículo 3°; la reforma agraria en el 27; el artículo 123, si bien sale de la parte dedicada a las garantías individuales, es una regulación del contrato de trabajo, al que se refieren los artículos 4° y 5°.

Inspirado en el principio de libre competencia, el artículo 28 de la Constitución de 1857 prohibía los monopolios y el proteccionismo económico. En consecuencia, el artículo 124 (hoy 131) prohibía las "alcabalas y costumbres interiores" en toda la República. El propósito era evidentemente destruir todas las restricciones internas al libre comercio en el país.

Tal como están redactados actualmente los artículos 23 y 131 de la Constitución, autorizan plenamente el intervencionismo económico del Estado. Si la aplicación de lo dispuesto en el artículo 123 resulta en una política de salarios rígidos, el artículo 28 intenta establecer medidas contra los convenios del sector capitalista que tiendan a elevar los precios indebidamente, estableciendo una política de precios rígidos. Si a esto se suman las facultades que otorga al Estado el artículo 123 sobre comercio exterior y sobre circulación de bienes en el interior, que son tan amplias que pueden tener como objetivo "regular... la economía del país", es fácil llegar a la conclusión de que en México se han sentado las bases legales para una economía regulada, controlada o si se prefiere planificada por el Estado.

En la Constitución de 1857 no existía ninguna disposición que otorgara expresamente facultades al Estado para intervenir en la salud pública. La interpretación jurídica estableció que este ámbito de acción pública correspondía, por tanto, a los gobiernos locales. En cambio, la Constitución de 1917 instituye la fracción XVI en el artículo 73. un Consejo de Salubridad General y un Departamento de Salud que pueden interferir con la garantía del libre tránsito de personas que establece el artículo 11, y con el libre comercio no sólo de venenos y bebidas alcohólicas, sino de todo lo que estimen capaz de producir "la degeneración de la raza", es decir, la población mexicana.

Es natural que innumerables personas se hayan preguntado qué tipo de Estado ha creado la Constitución de 1917. ¿Seguimos siendo un Estado liberal? ¿Se ha creado en su lugar un Estado socialista? ¿Somos un régimen político de transición entre el Estado liberal del pasado y el Estado socialista del futuro? Estas líneas pretenden dar respuesta a cada una de estas preguntas. Por ello, han dejado de lado aspectos que, desde otros puntos de vista, hubiera sido interesante abordar, como la creación de un Municipio Libre, el perfeccionamiento de la Corte de Apelaciones, la institución del Ministerio Público, etc.

El problema que se estudia es claramente de carácter ideológico. Se trata del contenido político de la Constitución, aclarando aquellos actos decisivos, según la terminología de Carl Schmit, que enmarcan el orden jurídico y el orden social de un país. Ambos aspectos están estrechamente relacionados. El Estado es fundamentalmente una organización cuyo fin es instituir, preservar y desarrollar un determinado orden social, un tipo especial de sociedad. El Estado es el instrumento por excelencia para la formación de la sociedad. Por lo mismo, se trata de investigar qué tipo de sociedad se propusieron constituir los Constituyentes del 17.

En primer lugar, se puede decir que el Estado liberal burgués ha sido liquidado en la Constitución de 1917. El sistema capitalista es un proceso de creación de desigualdades: enriquece más a los ricos y empobrece a los pobres. Tiene, según el agudo análisis de Marx, dos vicios fundamentales: la crisis de sobreproducción que paraliza la economía, y la creciente desigualdad económica entre clases sociales. Uno afecta la producción, el otro afecta la distribución. En lugar de un sistema natural de equilibrio, existe una tendencia permanente al desequilibrio en todos los órdenes. El principio de "laissez faire, laissez passer", que suponía que las fuerzas económicas abandonadas a su propio rumbo conducirían a un equilibrio natural, ha sido completamente abandonado en la Constitución de 1917 desde el momento en que instituyó el principio opuesto: el intervencionismo estatal.

¿Significa esto que hemos dejado de ser un Estado liberal? Si se identifica a la burguesía con el liberalismo, la respuesta debería ser afirmativa. Pero junto al liberalismo económico o burgués existe un liberalismo político y cultural. La burguesía apoya la libre competencia, el libre comercio, como pilares básicos de la economía. Pero el liberalismo político apoya el derecho a pertenecer a diferentes partidos políticos, a tener diferentes concepciones de la política; el derecho a oponerse al dogmatismo y al autoritarismo en la lucha por el poder, a oponerse a la existencia de un partido único y de una doctrina oficial única sobre el Estado y la sociedad.

Todas estas características subsisten en la Constitución de 1917. El hombre tiene derecho a votar libremente, a expresar libremente su opinión, a asociarse libremente en asuntos políticos. Por la misma razón se mantiene el liberalismo político. Pero también hay libertad de culto, libertad científica para ser marxista, revisionista, anarquista, demócrata, liberal a la antigua usanza, para creer en el arte abstracto o figurativo, para interpretar a Beethoven o Katchaturian, para ser existencialista, fenomenólogo, escolástico. El liberalismo cultural existe y subsiste.

En un país donde la libertad política, la libertad de ciencia, religión y arte están legalmente reconocidas, el liberalismo no ha muerto. Sólo ha terminado el liberalismo económico o burgués.

Pero el hecho mismo de que el intervencionismo estatal esté tan firmemente establecido, de que existan las bases para la planificación económica, ¿no nos conducirá naturalmente a una sociedad planificada por el Estado, a la socialización de los medios económicos de producción? En una palabra, ¿no estableció la Constitución de 1917 los medios legales para crear, mediante una revolución pacífica, lenta y progresiva de la estructura económica y social del país, un Estado socialista?

Socialismo es un término muy ambiguo y todos aquellos a los que no les gustan las posiciones claras y precisas lo aprovechan. La definición marxista la hace consistir pura y simplemente en la supresión de la propiedad privada y en consecuencia en la apropiación por parte del Estado de los medios económicos de producción. Sus objetivos son sustituir la propiedad privada por la propiedad pública, terminando con la coexistencia de propiedad privada y propiedad pública. Nacionalizar la prensa, la radio, la televisión, las escuelas y universidades, elevar el marxismo como único dogma y doctrina; y oponer como doctrinas falsas y reaccionarias a cualesquiera otras; Exigir paulatinamente la nacionalización de todas las empresas: ahora la industria eléctrica, luego la minería, la electricidad, el transporte, la vivienda, el sistema bancario y financiero, la industria editorial y cinematográfica, etc. Poseído por el Estado de todas las fuerzas económicas, instituido el marxismo como máxima doctrina oficial, la libertad política y la libertad cultural caerán por su propio peso, el sistema mixto de iniciativa privada y empresa pública que hoy existe; la estructura democrática y liberal de la Constitución colapsará y se establecerá en el país el sistema autocrático, totalitario y dogmático que constituye el medio óptimo - para el marxismo - para alcanzar una sociedad comunista. Para el socialismo marxista, que en realidad es el único que cuenta, la Constitución de 1917 es un paso valioso, una transición hacia el Estado socialista; que habrá que eliminar en el momento oportuno.

La tesis que subyace en la posición socialista es que nuestra estructura económica y social es inestable. Por sus propias tendencias, por su propia naturaleza, el actual Estado liberal mexicano tenderá hacia el Socialismo. En esto están de acuerdo todos aquellos que todavía están a favor de la economía clásica, de la libre competencia. Una vez iniciado el cambio de intervención estatal, nos dicen, no será posible detenerse a la mitad; todo conducirá irrevocablemente a la servidumbre política del socialismo.

Sin embargo, lo hay. A pesar de todo el peso de estas discusiones teóricas, una postura más que cree en la estabilidad de un sistema político como el mexicano; que acepte la coexistencia entre intervencionismo estatal y liberalismo; que sustenta el sistema mixto de Economía como estructura permanente. Este puesto ha recibido varios nombres. Apenas empieza a amanecer en el campo de las ideas políticas contemporáneas. Se le ha llamado liberalismo social, socialismo liberal. Estado del servicio social. Estado benefactor, capitalismo reformado, neoliberalismo, finalmente Estado de bienestar que es el término que preferiríamos. Se propone remediar los vicios del capitalismo estableciendo una política anticíclica, según los principios de la economía keynesiana, para evitar la crisis, y una política de igualación para redistribuir mejor la riqueza; se propone intervenir en los sectores sociales y económicos que es necesario para obtener un desarrollo económico constante y equilibrado; busca esencialmente el bienestar de la comunidad y por eso mismo el de las clases populares, a las que intenta elevar en su nivel económico, social y cultural; no es un régimen ideológico, sino programático, que no pretende demostrar filosofía alguna; porque apoya la iniciativa privada si la considera necesaria, pero la limita si la cree prudente; recurre a la nacionalización, pero devuelve sus empresas al sector privado, cuando considera que el motivo de la intervención estatal ha dejado de existir; planifica la economía no de manera obligatoria, como en los Estados socialistas, sino de manera indicativa, como en los Estados democráticos; no suprime la propiedad privada porque no cree que sea necesario recurrir a este procedimiento, sólo para regular la economía; cree más en la evolución que en la revolución; en resumen, apoya la libertad política y cultural, pero limita, en la medida en que el interés público lo requiere, la libertad económica. Los grados de intervención estatal que implementa el Estado de Bienestar dependen de la situación económica de cada país. Es una forma política apropiada para los países desarrollados y en desarrollo. Intenta llevar a cabo el programa social y económico del socialismo, sin dictaduras ni supresión de la propiedad privada. Cree en el valor de la personalidad humana; reconoce como esencial el principio de libertad y al mismo tiempo busca hacer realidad el principio de igualdad. El Estado de Bienestar incluye instituciones como la Seguridad Social, la educación superior gratuita, la promoción del arte y la investigación científica y, finalmente, todas las complejas ramas de los servicios sociales que actualmente caracterizan a los Estados modernos.

La Constitución de 1917 ha establecido, según nuestro criterio, un Estado de Bienestar en la Nación Mexicana, donde conviven la iniciativa privada y las empresas de propiedad pública, mediante la intervención económica del Estado; donde la libertad económica es limitada, sin suprimirla, y se permite que la libertad política y la libertad cultural existan en toda su amplitud.

Los socialistas lucharán para romper este sistema equilibrado; pero la tradición democrática mexicana se esforzará por sostenerla de manera constante y permanente.

*El Nacional. Suplemento: "Revista Mexicana de la Cultura". México DF, 5 de febrero de 1967