Lázaro Cárdenas del Río. México,D.F. 18 de Diciembre de 1937

Fundado el Partido Nacional Revolucionario, es bien sabido cuáles han sido los intereses históricos que ha representado y es también conocida la misión que ha sostenido en el transcurso de los años con relación al ejercicio del poder revolucionario; desprendiéndose de estas circunstancias la necesidad de analizar ciertas fases de su misión y algunos detalles de su estructura para poner ambos aspectos a tono con la evolución de nuestras reformas y en concordancia con variados elementos sociales que nacidos al impulso de la Revolución Mexicana tienen ahora vida fecunda, personalidad definida y tal afinidad con la doctrina de nuestra lucha, que ameritan incorporarse ellas mismas al instituto político, siempre que éste se transforme y se modifique.

Las anteriores consideraciones han sido hechas por el Ejecutivo federal y los dirigentes del partido, reafirmándose la idea de que debe de transformarse desde luego el instituto político de la Revolución.

Hasta ahora se consideran miembros activos del partido a los campesinos, a los obreros manuales, a los empleados públicos y a los miembros del ejército nacional, tomando en cuenta que estos últimos son el pie veterano y los sucesores de los primitivos ciudadanos que con un espíritu civil ejemplar se declararon defensores de la Constitución y del honor nacional, haciendo triunfar un movimiento unánime del país en tal sentido. Se pensó que deberían considerarse incluidos en él a todos estos sectores, porque unos y otros formaron la masa de la opinión y constituían los objetivos de la reforma social involucrada en la defensa de nuestras instituciones y porque esta masa tenía que ser adicta a una causa como es la gubernamental, que para ellos es la clave de su seguridad laborante y garantía no sólo de sus libertades ciudadanas, sino de sus conquistas sociales.

Sin embargo y aun con esta doctrina, la mecánica del partido no ha correspondido totalmente a la teoría de su composición y si ha tenido funciones electorales claras e indiscutibles y posturas societarias insospechables, en distintas ocasiones su masa no fue tomada en consideración, ni todas sus resoluciones se inspiraron en las tendencias expresadas en el acta de su fundación. Por otra parte, no solamente las funciones de derecho han sido mal distribuidas, sino tampoco se han exigido las propias obligaciones de los coasociados. En efecto: ¿cuál agrupación ha tenido obligaciones económicas con el instituto político de la Revolución? Sólo lo han sentido de modo forzado y obligatorio los trabajadores al servicio del Estado, los empleados públicos que durante años aportaron millones de pesos para sostener una agrupación que debió ser sostenida por todos, para beneficio común y con el alto propósito de salvaguardar para la Revolución el ejercicio del poder.

Y es preciso rectificar estos factores para tranquilidad de nuestras masas y para fortalecimiento de nuestra vida política, haciendo que el Partido Nacional Revolucionario se transforme en un partido de trabajadores en que el derecho y la opinión de las mayorías sean la norma fundamental de su propósito, y el bienestar general y el engrandecimiento de la patria la liga que los una al poder público, haciendo de éste una prolongación de las determinaciones de la colectividad organizada.

Para ello es indispensable que los campesinos de toda la nación sigan incorporados en las filas de la organización política con actos determinativos de su voluntad; que los obreros manuales ingresen al partido a fin de que con su larga práctica societaria, su disciplina sindical y su reconocido espíritu colectivista, aparte de su masa numérica, contribuyan con los demás elementos del partido a la defensa decidida de las conquistas proletarias; que se incorporen las mujeres en general, como sector trascendentalísimo para el complemento de la acción conjunta de la población en materias sociales y políticas, a efecto de que se eliminen para siempre la injusticia tradicional de relegar a términos inferiores a la mitad del componente humano y con él a la parte más noble y estimable de nuestra sociedad; que los trabajadores intelectuales que aspiren honradamente a encauzar las actividades de la colectividad por senderos de éxito y de beneficio general y a defender a la parte débil de la sociedad de las agresiones del despotismo o de la opresión en cualquier forma que ésta se manifieste, venga a formar parte del instituto de la Revolución; que las agrupaciones juveniles representativas del mayor entusiasmo y del mayor desprendimiento humano actúen en las filas del partido para que se plasme anticipadamente la personalidad de los futuros ciudadanos y que al entrar a la vida pública se encuentren debidamente preparados y orientados en un sentido útil a los demás. Y venga también el ejército, no como masa deliberante o como corporación clasista que recordara a una doctrina odiosa inherente a una casta especial, sino como una reintegración ciudadana que con disciplina colectiva y alto pensamiento de patriotismo y dignidad, que es la norma del ejército, siga respaldando las opiniones mayoritarias y velado por el mantenimiento e integridad de la Constitución y de la ley, ya que es necesario que toda función democrática se guíe y se derive de los principios escritos y votados libremente por los organismos representativos del pueblo.

Consecuencia de esta enumeración de factores afines para el sostenimiento y desarrollo libre de un ideal común, es de su deber el sostener su organismo no sólo actuando constante y diligentemente para hacerlo sentir, en todos los sectores de la patria, sino manteniéndolo económicamente, dándole vida material, vigorizando su pensamiento, creándole medios de ejecución y multiplicando sus funciones para el bien y la prosperidad de todos.

La coacción oficial o los descuentos obligados deben desaparecer de nuestra ética y ser sustituidos por la conciencia completa del deber; por la más clara y eficiente manifestación de que sabemos y reconocemos como indispensable costear nuestros actos cívicos y justipreciar el ejercicio de nuestras libertades, con la misma energía y entusiasmo que ponemos para disputar sobre las garantías de la ley y sobre las prerrogativas del ciudadano.

Interpretando el sentir de los dirigentes del partido quiero expresar que la transformación que se indica lleva como mira fundamental la de vigorizar el organismo creado para la defensa de la Revolución, dándole nuevos rumbos más de acuerdo con el progreso de nuestras masas populares; depurarlo de ciertas características para poder así consolidar en la conciencia del pueblo la verdad incontrastable de que el proletariado de México sigue un mismo rumbo en su ruta constante y forma un solo grupo apretado y consciente para disputarle el poder a la reacción, garantizándolo para el ideal revolucionario y de ninguna manera para el interés egoísta. Con tales fundamentos el Ejecutivo de mi cargo dicta hoy el siguiente Acuerdo:

Primero. Comuníquese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal que con esta fecha se deroga el acuerdo presidencial del 25 de enero de 1930, en que se autorizó a aquellas dependencias del Ejecutivo para que fuera descontado al personal civil de la administración federal el sueldo correspondiente a 7 (siete) días de cada año.

Segundo. Diríjase la Secretaría de Gobernación a los gobiernos de aquellos estados en donde se haya establecido el descuento a los empleados públicos, invitándolos para que sea derogado el acuerdo que estableció dicho descuento.

Por último, el Ejecutivo federal aplaude de iniciativa del Comité Directivo del Partido Nacional Revolucionario de proceder desde luego a las modificaciones de su estructura en la forma en que se expresa en el cuerpo de doctrinas de este documento y su propósito de desarrollar las actividades necesarias para que en el menor tiempo posible queden inscritos a solicitud de los mismos, los distintos sectores de acción social y sindical que existen en el país y que estén de acuerdo con la ética y fines del Partido Nacional de los Trabajadores y Soldados; así como reformar los estatutos del partido en la forma más adecuada, a fin de que se garantice la hegemonía de las agrupaciones sociales que ingresen al nuevo instituto para los efectos de la función electoral y para que los distintos gremios laborantes que a él pertenezcan, así como el sector femenino en lo particular, tengan la seguridad de obtener una representación proporcional en todos los puestos de elección popular y en los directivos del propio partido.