México, D. F., Septiembre 30 de 1908.

ADVERTENCIA
Terminado el presente Ensayo, y a punto de ser enviado a la imprenta, empezó a circular el libro del Diputado don Querido Moheno, intitulado «¿Hacia dónde vamos?” En dicha publicación se. consignan no pocas observaciones, que se encontrarán también en el cuerpo de este trabajo.

No he vacilado, sin embargo, en dar a la estampa las siguientes páginas, a pesar de su palidez, mucho más sensible si se las compara con el erudito libro de mi distinguido colega, porque el criterio optimista que en ellas domina, armoniza escasamente con el tono general del trabajo del Sr. Moheno, y porque los programas políticos que respectivamente proponemos, sólo coinciden en un punto: el relativo a la restricción del sufragio a favor de los que sepan leer y escribir.
México, D. F., 30 de Septiembre de 1908.
Manuel Calero.
(Diputado al Congreso de la Unión).

I
Los viejos partidos políticos. —Triunfo del Partido Liberal. —Su desintegración. Los nuevos grupos.
Guizot, en su introducción a la Historia Parlamentaria de Francia, dice que los partidos políticos «son los elementos naturales y necesarios del gobierno libre», «los ejércitos «del orden civil en el seno de la libertad. Esta enseñanza, confirmada por la experiencia de todos los pueblos que se gobiernan a sí mismos, es repetida sin cesar por publicistas y políticos militantes, a tal grado, que sería hacer alarde de fingida erudición apoyarla con numerosas citas. Invocaré sólo el testimonio de dos distinguidos estadistas norteamericanos, uno de ellos personalmente conocido aquí, y el otro singularmente notable por su conspicua intervención actual en la política del país vecino.

El Secretario Root, en un libro admirable, joya de enseñanza política, [1] que fue traducido al castellano por nuestro compatriota Don Joaquín D. Casasús, se expresa de esta suerte: «En ningún país ha habido sin ellos (los partidos políticos), por un tiempo considerable, un gobierno realmente popular.” El Secretario Taft —es el otro estadista a que aludo, — afirma que «la existencia de los partidos, su mantenimiento y su disciplina, son esenciales para la práctica de todo gobierno popular.” [2]

Y ¿qué son los partidos políticos? Si tratáramos de derivar su definición de las enseñanzas de nuestra propia historia, tendríamos que decir que los partidos políticos son organizaciones que aspiran a destruirse recíprocamente, para adueñarse del gobierno. Como resultado indeclinable de nuestro modo de ser social, político y económico, surgieron, al iniciarse nuestra vida de nación independiente, dos tendencias opuestas y antagónicas, que dividieron a la sociedad en bandos enemigos. La lucha comenzó bien pronto, sin tregua ni piedad, y continuó cada vez más enconada, hasta que uno de los combatientes quedó muerto a las plantas ensangrentadas de su adversario.

El triunfo no fue sólo militar, fue más definitivo, porque fue un triunfo de principios. El partido conservador quedó borrado de nuestra vida política, como lo fue el partido secesionista en la nación vecina: su muerte no tiene posible resurrección.

Triunfante y solo el partido liberal, sin antagonista militante que excitara sus energías, pasado el período de las luchas vivificadoras, se inició en él la era de la desintegración, fatalmente inevitable. Surgieron entonces las banderías, los grupos personalistas, que aspiraron, o a perpetuarse en el poder, o a adueñarse de él, a beneficio de los jefes de esas mismas banderías. Juaristas, Lerdistas, Porfiristas, tales eran sus nombres, claramente característicos de las sendas tendencias de esos grupos. La lucha política -—la parlamentaria, especialmente— fue apasionada, la guerra civil se encendió, y como el país no había entrado (no ha entrado aún) al período en que las instituciones funcionan como lo supone la ley, la fuerza al fin decidió del éxito,

Los esfuerzos reunidos de Lerdistas y Porfiristas, fueron impotentes, en 1871, para dominar al Juarismo, En 1876, Lerdistas y Porfiristas lucharon solos en el campo; y —¡oh contrasentido en un país que se dice organizado democráticamente! — el Lerdismo, impopular, ridiculizado, vilipendiado, triunfó en las urnas electorales sobre el Porfirismo, inmensamente popular, inspirador de esperanzas, dueño de la mayoría de las conciencias. Fue necesaria una revolución, un acto ilegal y sincero de fuerza, para barrer de la escena política al Lerdismo, ataviado con las galas de la ley, consagrado por la chicana electoral.

Con el ostracismo del Sr. Lerdo y el triunfo definitivo de Tuxtepec, acabaron las banderías que dividieron al Partido Liberal, quedando solo, poderoso y erguido, el caudillo de la revolución. Algunos políticos, sin gloria ni grandeza, intentaron oponerle la acción de nuevas organizaciones militantes. Todos los esfuerzos se frustraron, y el antiguo jefe revolucionario, ilustre por su pasado, fuerte por sus propias virtudes y favorecido por circunstancias extraordinariamente propicias, cimentó su poder sobre la conciencia de todo un pueblo.

En esta situación estamos; en ella hemos vivido por algo más de un cuarto de centuria. Nuestros prohombres políticos, escasísimos en número, reflejan, sólo reflejan —por altas que sean sus dotes y grandes sus merecimientos— la autoridad y la gloria del Jefe del Estado. El país no se siente seducido por la atracción de sus hombres notables: la personalidad del Presidente envuelve y ahoga la de los demás.

El momento parece propicio para promover la formación de partidos políticos, que se caractericen por programas desvinculados, hasta donde ello sea posible, de toda personalidad. La del General Díaz está por encima de todo esto: desde la altura de su prestigio verá el comienzo de esta evolución salvadora, destinada a influir decisivamente en los destinos políticos de la República.

II
Partidos de gobierno. —La resurrección del Partido Conservador es inadmisible.
Si queremos que nuestro lenguaje corresponda a la realidad de los fenómenos políticos, no debemos hablar ya de «Partido Liberal,” sino de «Liberalismo.” El Partido Liberal, como organización combatiente, tuvo en nuestra historia la misión de aniquilar al viejo enemigo de las libertades públicas, al Partido Conservador; como apostolado, tuvo la misión de dotar a la República de un evangelio: la Constitución y la Reforma.

Ante la necesidad, sentida intensamente, de preparar un régimen constitucional que suceda al gobierno del General Porfirio Díaz, la idea liberal, vigorizada por el adelanto moral y material de la República, engendrará partidos militantes, que irán consolidándose a medida que definan sus propios programas políticos y que el país vaya educándose en las prácticas del gobierno popular. Estos nuevos partidos no tenderán a su destrucción recíproca, porque, reconociendo todos como base la misma ley fundamental, tratarán de gobernar al país, persiguiendo, por caminos más o menos distintos, un ideal común: el triunfo definitivo de la Constitución y la Reforma.

Sólo pueden llamarse partidos de gobierno, los partidos que aceptan las mismas instituciones fundamentales. La saludable acción que ejercen los unos sobre los otros, hace posible la libertad política y tiende al perfeccionamiento de los métodos de gobierno. Pero si los partidos no pueden coexistir, por ser absolutamente antagónicos en sus principios y en sus tendencias, la lucha entre ellos tiene por mira la supresión del enemigo, y de esta lucha a muerte no puede resultar la libertad política, como que cada partido niega a su adversario hasta el derecho de vivir.

He aquí la verdadera razón para que los liberales no consideremos como legítimos los esfuerzos encaminados a la resurrección del viejo Partido Conservador. Hemos tenido la fortuna de consumar una obra que en la Francia moderna es todavía un problema perturbador de las conciencias y amenazador de la paz pública; hemos entronizado al Estado como potencia soberana y única; no podemos consentir en que la iglesia católica, o cualquiera otra, se considere como entidad política independiente, con quien el Estado deba tratar.

Los ultramontanos declaran que esta actitud es contradictoria con los principios que proclamamos, y tachan al liberalismo de inconsecuente y de ejercer la tiranía en nombre de la libertad. La imputación es falaz y profundamente maliciosa: al amparo de la doctrina liberal se pueden ejercer todas las libertades, menos las que tiendan a la destrucción de la libertad misma. Consentir, por una aparente exigencia lógica, en que los que suspiran por los tiempos de Bustamante y de Alamán, se organicen en partido militante, para luchar en nuestro propio campo por el triunfo de sus rancios ideales, sería una insensatez de nuestra parte, pues ello equivaldría a armar con nuestras propias armas a un enemigo que aspira a nuestro aniquilamiento; ello sería consentir en que la libertad fuera destruida con las armas de la libertad.

Los que aspiren a gozar de los beneficios de la libertad política, deben aceptar la Constitución y la Reforma. En esto nos conviene seguir el ejemplo de la República del Norte, en donde los partidos reconocen y aceptan las instituciones del país, sin que ninguno de ellos tenga por programa la destrucción de éstas. Las luchas de los partidos tienen ahí por mira el triunfo completo de la Constitución, interpretada según el criterio que cada partido profesa. Desde los orígenes de la República, los federalistas, con Hamilton, pretendían hacer triunfar su principio de que el poder federal debía ser fuerte, robustecido a expensas, del poder local, lo que equivalía a decir que la Constitución debía interpretarse restrictivamente en lo tocante a la soberanía de los Estados. Los republicanos, con Jefferson, profesaban precisamente la teoría opuesta, queriendo reducir el poder federal al mínimum de facultades compatibles con sus funciones, ensanchando la esfera del poder local y municipal. Pero ninguno de esos partidos pretendía el aniquilamiento de la Constitución, ni el sacrificio de la libertad política, ni la sumisión del Estado a una iglesia.

Esta diferencia fundamental de los grandes partidos, en los Estados Unidos, ha subsistido a través de la historia, aunque suavizada y modificada considerablemente. Todavía en los tiempos actuales el Partido Republicano refleja la tradición del antiguo Partido Federalista, y el Democrático la del antiguo Partido Republicano. Aun en las épocas más agitadas para la política norteamericana, cuando los problemas relacionados con la esclavitud perturbaban hondamente los espíritus y ocasionaban interminables y apasionadas controversias, los partidos contendientes apoyaban sus doctrinas y sus programas en la Ley Suprema de la República. El día en que uno de los partidos desconoció la Constitución, el conflicto se decidió por la guerra, una de las más tremendas que ha visto la historia.

Debemos, ante todo, conservar intactos los principios de la Ley Suprema y los de la Reforma a ella incorporados, con la esperanza de que llegará un día en que los más exaltados católicos mexicanos piensen, a ejemplo del ilustre Cardenal Gibbons, que la Constitución de la República es un libro tan venerable como los Evangelios.

III
Posibilidad de que en México se organicen partidos políticos.
Precisemos lo que es un partido político dentro de la Constitución. El estadista Elihu Root, en la obra ya citada (página 51), define los partidos políticos como «las asociaciones continuas y voluntarias que tienen por objeto asegurar la adopción de determinada política, respecto de la cual todos sus miembros se ponen de acuerdo, así como lograr la elección de candidatos que representen dicha política.”

Los partidos sirven, pues, como un instrumento para alcanzar los fines políticos definidos a que aspiran varios o muchos ciudadanos. Su existencia es tan necesaria para la libertad y el gobierno democrático, como el aire para la vida del hombre. «En todas las formas de gobierno popular,” dice el distinguido profesor de la Universidad de Indiana. Mr. Woodburn, «en dondequiera que los hombres luchan por gobernarse a sí mismos y por realizar el gobierno por el pueblo, los partidos políticos existen. El pueblo se divide de acuerdo con sus opiniones sobre las medidas que afectan los asuntos públicos. El único medio que hasta hoy se ha encontrado para hacer efectivo el gobierno libre, es el de la acción de los partidos organizados, ejercitados y disciplinados.»

¿Cómo surgirán los partidos políticos entre nosotros, cómo se definirán los programas que han de caracterizarlos? La dificultad se resolverá por sí sola, tan pronto como sintamos imperiosamente la necesidad de gobernarnos por nosotros mismos.

Y esta necesidad empieza a sentirse ya. Con temor sombrío vemos acercarse el momento en que habrá cumplido su misión soberana el hombre que ha organizado al país y lo ha redimido de la anarquía. Las virtudes cívicas, la primordial entre todas, que es el amor a la libertad, empiezan a florecer, después de un sueño de varios lustros. Ya es tiempo.

Que al intentar cualquier trabajo de organización política, hemos de tropezar con innúmeros obstáculos, ¿quién lo duda?; que sufriremos frecuentes caídas y penosos desengaños, ¿quién no lo teme?; pero el país necesitará pronto empezar a vivir la vida de los pueblos libres.

Confiemos, ante todo, en la virilidad de nuestra raza, cuyas energías quedaron aquilatadas en la lucha formidable de hombres y principios que se inició con la Revolución de Ayutla y concluyó con el triunfo definitivo de la República. Después de treinta años de paz y desarrollo económico, durante los cuales hemos recibido, como dijo Stuart Mili, la primera de las lecciones de la civilización, la de la obediencia, tenemos derecho a esperar que nuestras viejas energías turbulentas y guerreras, se habrán transformado en energías pacíficas, orientadas hacia el orden y la libertad.

No ha mucho vimos esbozarse dos agrupaciones políticas, aptas para convertirse en núcleos de partidos de gobierno; mas las circunstancias no fueron propicias para su desarrollo. Nuestra débil educación política —¿cómo hemos de adquirirla sin ejercicio? — y la atmósfera del medio, que hoy parece modificada, determinaron la rápida extinción de esas agrupaciones. La escasa benevolencia con que se miraron, las hizo bautizarse recíprocamente con nombres preñados de sarcasmo: jacobinos y científicos. Ninguna de las dos dispuso de un campo libre de acción y propaganda. Su efímera asomada a la vida fué, sin embargo, un síntoma consolador, porque indicó la posibilidad de una división de opiniones dentro de la Constitución y de la ley, sobre asuntos prácticos de gobierno.

Lo dicho valga a título de ejemplo; y también como un presagio de las dificultades que habremos de vencer para organizar dos o más partidos políticos. Desde luego hemos de tropezar con un obstáculo muy serio, como que se deriva de la propia condición de nuestro espíritu latino, y que consiste en un sentimiento exagerado, casi hiperestesiado, de nuestros derechos, combinado con una gran indiferencia respecto de nuestros deberes, según una atinada reciente observación del Presidente de la República.

De aquí que los que participamos de determinadas opiniones, estemos prontos a organizamos, aunque, a la vez, nos sintamos poco dispuestos a reconocer en los que profesan distintas opiniones, el derecho de hacer otro tanto; y de aquí también los odios crueles, los dicterios sin coto, las explosiones virulentas que caracterizan nuestros infantiles movimientos políticos.

Sin embargo, no desesperemos. El constituyente Zarco decía: «Mientras los liberales somos conspiradores, estamos unidos; pero nos dividimos siempre al llegar al poder.” Más indisciplinados que nosotros fueron los hombres que realizaron la Reforma en medio de la guerra civil. A nosotros nos toca, en medio de la paz, hacer efectiva la libertad política.

IV
El General Díaz precursor del gobierno popular.
La República debe ser sincera. La generación que nació a la vida después de la victoria sobre el Imperio, y que ama la paz, como que en ella se ha formado, aspira a la práctica del gobierno libre, no sólo por satisfacer un legítimo anhelo de justicia, sino porque está convencida de que no puede salvarse la nacionalidad mexicana, si no es haciendo de la República una verdad y del gobierno popular un hecho.

Todo esfuerzo en este sentido sería frustráneo, si esta generación, que empieza a ser llamada al puesto primero por el inevitable, desaparecimiento de la generación anterior, no hubiera formado su espíritu al amparo de un régimen severo, revestido de las formas solemnes de la ley. Repugna a la conciencia del mexicano del siglo XX, que los problemas políticos, y, en especial, el de la designación de los gobernantes, se resuelvan como en los tiempos clásicos de Bustamante, Paredes y Santa-Anna; y este sentimiento de repugnancia es tan profundo, que todo esfuerzo pretoriano estaría condenado a la execración y al desprestigio.

El esmero del Gobierno en respetar las fórmulas legales, ha sido un elemento poderoso de preparación para el triunfo efectivo de la ley. Recogiendo en sus manos poderosas los derechos políticos que la Constitución reconoce a los ciudadanos, y ejerciéndolos con moderación y sabiduría y, sobre todo, con excelso patriotismo, el General Don Porfirio Díaz ha sido factor principal de la vigorización del país y genuino precursor de la democracia mexicana.

Se ha dicho que el Presidente Díaz es una institución: lo es en el sentido de que su personalidad ha sido, por treinta años, la manifestación cabal de la vida política de todo un pueblo. Su dictadura civil, republicana y, en cierto sentido, constitucional, sin ejemplo en la historia del mundo, es prólogo de una democracia funcionante, puente que liga el pasado turbulento y anárquico con el porvenir pacífico y organizado. Nuestras actividades sin disciplina, nuestras energías desbordantes, nuestras exaltaciones y nuestras iras, eran como las cataratas que se desprenden de los flancos abruptos de las montañas y llevan en sus hondas hirvientes la destrucción, el aniquilamiento, el desastre. Surge un sabio, conocedor de las leyes de la naturaleza, que erige una muralla poderosa, capaz de contener y concentrar esos temerosos elementos de destrucción. Y ahí están: detenidos y domados, se trocarán bien pronto en corrientes de vida, difundidoras del bienestar y la abundancia en los mismos campos a que antes llevaban la desolación y la muerte!

Esta ha sido la misión, la excelsa misión del General Porfirio Díaz en la historia del pueblo mexicano.

Pero cuando el hombre-institución desaparezca, será sucedido por hombres solamente. ¿Quién, del Suchiate al Bravo, puede soñarse el continuador del régimen del Gral. Díaz? La obra de este estadista inmenso debe ser continuada por el pueblo, por un pueblo trabajador, amante de la paz, obedecedor de la ley y enemigo de los dictadores.

Así lo creemos muchos, así lo esperamos los que tenemos fe en que la democracia es el único gobierno que acerca a la realización de la justicia, aspiración suprema de la humanidad. Empecemos por tener confianza en nosotros mismos, por creernos capaces de salvar la libertad y con ella la integridad é independencia de la Patria, cuando el Caudillo del pueblo ponga en nuestras manos la Constitución de la República.

Los momentos supremos se acercan, y el Gral. Díaz debe esperar —así lo ha dicho alguna vez, — que el pueblo empiece a apercibirse para administrar su próxima herencia. La organización de grupos precursores de los partidos políticos, se iniciará pronto, antes de que sea demasiado tarde, y el pueblo deberá ser llamado a votar, a ejercer la función política característica del ciudadano dentro de un régimen democrático-representativo.

¿Pero el pueblo puede votar? Votará, si se quiere, una minoría; votaremos los que tengamos conciencia de los deberes que entraña la ciudadanía; votarán los que tengan intereses que defender, los que sepan algo, los que sientan en su espíritu un destello de patriotismo; y así, seguramente, votarán muchos, aunque sea la quinta, la décima parte de los llamados por la ley. No importa: así empezaremos, por algo empezaremos. Después vendrán otros y otros, y las luchas políticas, sacudiendo los espíritus yertos, y la instrucción pública penetrando firmemente en las conciencias, harán lo demás. Tengamos fe, que después de dos generaciones, la democracia mexicana será sincera, efectiva y completa.

Mas no conseguiremos este resultado, si no empezamos a trabajar con nuestros actuales elementos. Todo esfuerzo, sin embargo, se perderá estérilmente, mientras no arrojemos de nuestro camino un estorbo legal insuperable, condenado por la razón, ineficaz para sus propósitos, barrido en otros países por la democracia triunfante. Hablo del sufragio indirecto, de la elección en dos etapas establecida por la Constitución de la República.

V
Nuestro sistema electoral. —Discusión en el Congreso Constituyente.
Crítica del sistema.
Al tratarse en el Congreso Constituyente sobre la forma de elección de los funcionarios federales, se suscitó un apasionado debate, en que los sostenedores del sistema indirecto, miembros de la Comisión de Constitución, demostraron debilidad suma para defenderlo. Uno de ellos, el ilustre Arriaga, contestó a los vehementes ataques del Constituyente Zarco, diciendo que profesaba las mismas opiniones de éste, pero que no pudo hacerlas prevalecer en la mayoría de la Comisión. El Sr. Olvera, miembro de ésta, expuso que «la Comisión quiere la elección directa, pero no tan pronto como el Sr. Zarco, sino de una manera progresiva, y así, en vez de establecer los tres antiguos grados de elección, dejó uno solo, lo cual es un paso importante en la aplicación de los principios democráticos.” El mismo Constituyente Olvera dijo más tarde, en el curso del debate, que era muy difícil la situación de la Comisión «al tener que combatir ideas que san las suyas y defendidas con razones de mucho peso.”

El principio de la elección indirecta prevaleció en el Congreso Constituyente, no obstante que fue rudamente atacado y pobremente defendido, por la consideración de que el pueblo no estaba habituado a las reuniones políticas, como dijo el Constituyente Arriaga; porque el número de nuestros periódicos es muy limitado; porque no está admitida la costumbre de las candidaturas; por sólo motivos de prudencia (Arriaga). En suma, porqué a juicio de la mayoría de los Constituyentes, no era tiempo todavía de dar ese paso franco en el camino de las instituciones libres.

La mayoría de nuestros Constituyentes fue víctima, en esta vez, de una preocupación funesta, como lo fue cuando votó contra el principio de la libertad religiosa. [3] La Comisión de Constitución, al definir la ciudadanía, propuso que se exigiera al ciudadano, del año de 1860 en adelante, la calidad de saber leer y escribir. Objetada débilmente esta proposición, el gran liberal Arriaga replicó que no sabía cómo defenderla, y así quedó eliminada de entre las condiciones que se exigen al ciudadano, la de saber leer y escribir.

He aquí un error de los Constituyentes, hombres de espíritu esencialmente teórico. El dogma revolucionario de la igualdad entre los hombres, los hizo rechazar la limitación atinadamente propuesta por los autores del proyecto de Constitución. Después, asombrados ante las desastrosas consecuencias de conceder a un pueblo, en su gran mayoría fanático, analfabeta y miserable, la más alta prerrogativa de la soberanía política, cayeron en un nuevo error al suponer que el peligro se salvaría acudiendo al sistema de elecciones indirectas. Las consecuencias de este nuevo error tenían que ser funestas en la práctica para el ejercicio de las libertades públicas, como lo ha demostrado nuestra propia experiencia durante los últimos cincuenta años.

En verdad que los que en el Constituyente se opusieron al sistema de elección indirecta, veían claramente el

porvenir, y estaban penetrados, más por instinto que por experiencia, de la falacia que entraña ese sistema. Nótese que la oposición fue principalmente sostenida por los muy ilustres liberales Ocampo, Zarco y Ramírez Don Ignacio. La elección indirecta, dijo el Sr. Zarco, no es más que un «juego de cubiletes,” que favorece a ciertas personas y que produce mandatarios que el pueblo no conoce; es un medio de falsear el sufragio, que parece proceder de una «especie de horror al pueblo.” «Si el Partido Liberal es consecuente con sus doctrinas,” agregaba, «no debe retroceder ante la elección directa.” «No nos asustemos de la elección directa,” dijo después, «si queremos que sea una verdad el sistema representativo, y fiemos en el instinto y en la cordura del pueblo.”

Refiriéndose a la objeción que se hacía al sistema de elecciones directas, sobre la posibilidad de corromper a los votantes, en atención- a su ignorancia y su pobreza, el Sr. Zarco dijo: «no hay facción que pueda seducir, ni corromper, a los millones de votantes que habría en la elección directa, mientras la intriga, el cohecho y la coacción, son muy fáciles en los colegios electorales, que se componen de número muy limitado de personas.” Con esta apreciación estaba de acuerdo el Constituyente Ramírez, cuando dijo: «mientras menos sean los electores, más fácil es corromperlos: cohechar a todo el pueblo es imposible, porque no hay que darle, y es sabido que nadie se corrompe gratis.”

El ilustre Ocampo declaró que no estaba de acuerdo con el sistema que se proponía, y que consideraba la elección directa «como el único medio de conocer la voluntad del pueblo.”

El Señor Ramírez expresó mejor que ninguno de sus colegas, la verdadera razón por la cual la elección indirecta es el más completo falseamiento de las instituciones democráticas. «¿Qué queda de la teoría del sistema democrático con una serie interminable de delegaciones de soberanía? ¿Para qué ha de haber representantes que nombren otros representantes, apoderados que busquen otros apoderados? Sólo para huir de la voluntad del pueblo.”

Es una verdad, comprobada por la historia de todos los pueblos democráticos y aun por la propia nuestra, que cuando los ciudadanos toman interés en una elección, es porque quieren ver triunfar a alguno de los que directamente aspiran al puesto público que se trata de cubrir. Supongamos llegado el momento de la elección de Presidente de la República; ¿cómo se quiere que el simple ciudadano se tome el trabajo de votar por un elector, si no sabe en qué sentido votará, a su vez, este elector, si no sabe a quién va a designar el elector para Presidente de la República? Concurrir a las urnas electorales sólo para conferir un mandato, con la facultad, por parte del mandatario, de ejercer soberanamente sus poderes, es suponer en el simple ciudadano condiciones que no existen en la humanidad. No hay ningún incentivo que pueda hacer mover al ciudadano a la urna electoral, simplemente para designar a un elector. Al ciudadano le interesa que sea Presidente de la República el que, a juicio del mismo ciudadano, merezca este puesto; por lo tanto, votaría a favor de su candidato, pero no votará, como no ha votado nunca, a favor de un elector, a no ser que tenga la seguridad de que sus propósitos no serán traicionados por el elector, es decir, de que éste votará por el candidato del que lo ha nombrado.

Pero si el elector ha de votar por el candidato del simple ciudadano, si el único medio de conseguir que éste nombre al elector, consiste en dar al ciudadano la seguridad de que su candidato será designado por el elector, entonces la intervención de este último es innecesaria y constituye un estorbo insensato, que, cuando menos, sirve para complicar la función pública de la elección.

Los que sostuvieron el sistema de la elección indirecta, tuvieron miedo a la ignorancia general del pueblo, y quisieron que éste se valiera de la mediación «de personas más sabias, más inteligentes y más virtuosas,” [4] que revestidas de omnipotencia soberana, designaran con buen criterio y mejor acierto, a la persona que habría de ocupar un puesto público determinado. Jamás en la práctica han pasado así las cosas, porque el pueblo, ni aquí, ni en los países de veras democráticos, se impone la pena de designar electores independientes y soberanos en sus actos. Para que el simple ciudadano votante se decida a nombrar a un elector, es necesario que sepa, como sucede en los Estados Unidos, a favor de quién ha de votar ese elector. Después explicaré el mecanismo del procedimiento electoral de la vecina República del Norte; por ahora, debo insistir en que es esencial, humanamente indispensable, para lograr que el ciudadano designe al elector, que éste contraiga un compromiso, expreso o tácito, de votar a favor del candidato del ciudadano que lo designó, lo cual quiere decir que el elector sale sobrando, puesto que carece de libertad.

Toda elección presupone la promulgación de candidaturas, la discusión pública de personalidades, la lucha entre varios hombres por ganarse la voluntad popular, debido al personal prestigio de cada uno de ellos ó, lo que es verdaderamente democrático, debido a la excelencia del programa de que cada uno de ellos sea sostenedor. Todo esto lo vio el Constituyente Ramírez, cuando dijo que la elección directa favorecería «el sistema de candidaturas, que tiene la ventaja de que haya programas claros y explícitos que hagan saber al país lo que tiene que esperar de cada hombre, en todo lo que afecte a sus intereses.” «El pueblo,” agregaba el Sr. Ramírez, «errará o acertará, «pero el resultado será la expresión de su voluntad. Con la elección indirecta, ni siquiera tomará interés por un orden de cosas que, proclamándolo soberano, lo declara imbécil é insensato, quitándole hasta la más remota intervención en los negocios. Los intereses del pueblo no influirán en las elecciones, que serán dirigidas por los cabecillas de partido, por los intrigantes, por los que piden y prometen empleos. La autoridad, el gobierno, ha de querer siempre el sufragio indirecto, porque todo intermedio entre el pueblo le es favorable para falsear la opinión. La elección indirecta se debe rechazar por los liberales como un absurdo, como un contraprincipio en el sistema democrático, y también como un escándalo de inconsecuencia.»

A la objeción de que el pueblo mexicano no estaba preparado para la práctica de la democracia directa, observaba el ilustre Ramírez que, precisamente, mientras no se le reconocieran los derechos plenos de un pueblo democrático, era imposible que llegara a adquirir esa práctica. «¿Dónde hay escuelas para preparar a los pueblos? ¿Dónde puede estudiar, sino en la dirección práctica de los negocios?”

Si queremos tener instituciones democráticas y aspiramos a que, en lo porvenir, los altos funcionarios de la República deriven su mandato de la ley y no del triunfo de una revolución o de chicanas y corruptelas que hacen de la libertad política una farsa (esto último puede decirse, especialmente, de la elección del Presidente Lerdo en 1876), debemos resolvernos a dar el paso decisivo de modificar la Constitución de la República, adoptando el régimen de la elección directa. No obstante sus peligros, este régimen tiene la ventaja de su sinceridad, levantará el espíritu del ciudadano, haciéndole sentir la excelsitud de la función política, y su efecto eminentemente educativo, contribuirá, con la escuela primaria, a transformar a esta Nación, vigorizando sus instituciones y asegurando definitivamente su independencia como país soberano.

VI.
El sistema electoral indirecto, es impracticable. —La experiencia de los Estados Unidos.
He aludido a lo que pasa en la República Norteamericana, cuya Constitución establece la elección indirecta para la designación de Presidente y Vicepresidente. El sistema es idéntico, en su esencia, al de nuestra Constitución de 1857; y ¡cosa singular! ese sistema, que es quizá la única parte de la obra de los insignes Constituyentes americanos, que ha sido un fracaso completo en la práctica, fue objeto de admiración para los primeros estadistas de la gran República vecina. Hamilton, cuyas obras son fuente de enseñanza para todos los que estudian Derecho Constitucional en este lado del Atlántico, dijo del referido sistema electoral: «La manera de designar al Primer Magistrado de los Estados Unidos, es casi la única parte de alguna importancia en el sistema, que haya escapado sin severas censuras.” [5] Y, sin embargo, es bien sabido por todos los que han estudiado, aunque sea superficialmente, la historia política de los Estados Unidos, que la elección presidencial indirecta es una mera fórmula, que no impide que el pueblo vote directamente por alguno de los ciudadanos que aspira a la Presidencia de la Unión; en cambio, el sistema —el de elección indirecta— ha suscitado cuestiones que alguna vez pusieron en peligro la estabilidad de las instituciones americanas. [6]

¿Quién no conoce la obra monumental de James Bryce? Este insigne escritor británico, cuya autoridad es reconocida por los más distinguidos profesores de ciencia política en los Estados Unidos, dice, con relación al punto que nos ocupa:

«Haber dejado la elección del Primer Magistrado al voto popular directo de toda la nación, habría provocado una excitación peligrosa y dado demasiado aliento a candidatos de dotes meramente populares. Haber confiado esa elección al Congreso, habría no sólo sometido el Ejecutivo al Legislativo, en violación del principio que exige que estos poderes sean distintos, sino que habría tendido a hacer al primero criatura de una facción particular, en lugar de que fuera el elegido de la Nación. De aquí que se inventara el sistema de una doble elección, quizá por una débil reminiscencia de los métodos por los cuales el Dux era escogido en Venecia y el Emperador Romano en Alemania. La Constitución dispone que cada Estado escoja un número de electores presidenciales igual al número de representantes de ese Estado en ambas Cámaras del Congreso. Algunas semanas más tarde, estos electores se reúnen en cada Estado, en el día determinado por la ley, y dan sus votos por escrito, para Presidente y para Vicepresidente. Estos votos son transmitidos en pliegos cerrados a la Capital de la República: los pliegos son abiertos por el Presidente del Senado en presencia de ambas Cámaras y los votos son computados. Para proteger a los electores de la influencia de las facciones, está establecido que aquéllos no sean miembros del Congreso ni empleados de la Federación. Con este sistema se esperaba que se aseguraría la elección —por los mejores ciudadanos de cada Estado y en una forma tranquila y deliberada— del hombre a quien aquellos, a su libre arbitrio, consideraran más idóneo para ser el Primer Magistrado de la Unión. Habiendo sido escogidos los mismos electores en atención a sus personales merecimientos, serían mucho más aptos que las masas para escoger para Presidente a un hombre capaz y honorable. Además, como los votos son anotados en conjunto y no por Estados, la voz de cada elector tendría su propio peso, pues el elector podría estar en minoría en su propio Estado y, sin embargo, su voto influiría en la elección, porque sería agregado a los votos concedidos al mismo candidato por electores de otros Estados.

«Parece que ninguna de las invenciones de los autores de la Constitución de 1787, fue vista por ellos con mayor complacencia que ésta, aunque ninguna otra parte de su obra les había causado mayor perplejidad. Y, sin embargo, ninguna como ésta frustró de una manera más completa sus esperanzas. Los electores presidenciales se han convertido en un mero engrane de la máquina, en un puro artificio para hacer efectiva la decisión del pueblo. Sus condiciones personales son asunto que a nadie interesa. Carecen de poder discrecional, pues son designados bajo el compromiso, compromiso de honor que nunca ha sido violado, de votar por un candidato determinado. Al elegir a los electores, el pueblo virtualmente elige al Presidente, de lo que resulta que precisamente acontece lo que los Constituyentes trataron de eludir: que el Presidente es electo por el voto popular.”

Veamos cómo pasa esto.

«En las dos primeras elecciones presidenciales (1789 y 1792), no se discutió sobre la independencia de los electores, porque todo ’el mundo estaba por Washington y porque los partidos no se habían desarrollado plenamente. En la elección de 1792, la inteligencia general fue la de que los electores que opinaban de determinada manera, votarían por Clinton como su segundo candidato, y los del lado opuesto votarían por John Adams. En la tercera elección (1796), los electores no contrajeron ningún compromiso; pero la contienda electoral en que fueron elegidos, fue una contienda de partidos, y aun cuando llegado el momento en que los electores votaron, algunos votos recayeron en distintas personas, de hecho sólo había ante el país dos candidatos presidenciales, John Adams y Thomas Jefferson, por el primero de los cuales se esperaba que votarían los electores del partido federalista, y por el segundo los del partido republicano. La cuarta elección fue una lucha normal de partidos, llevada a cabo en acatamiento a las combinaciones de esos partidos. Ambos, federalistas y republicanos, presentaron ante el país los nombres de sus candidatos para Presidente y Vicepresidente, y en torno de estos nombres se libró la batalla. La noción, que consistía en dejar libertad o arbitrio a los electores, se había evaporado, porque se sintió que un asunto de tamaña importancia debía y podía ser decidido solamente por la Nación. Desde entonces hasta el presente, nunca ha ocurrido la cuestión de revivir, en su verdadero y original propósito, el plan de la doble elección. Ni aun en 1876 [7] encontró favorable acogida la idea de que las elecciones fueran resueltas, dejando libertad de acción a los electores. De aquí que nada importe la personalidad de éstos; significan ahora tan poco, que para indicar al simple votante por cuál grupo de electores debe votar, según los deseos de su partido, se inscribe a menudo el nombre del respectivo candidato presidencial en el encabezado de la boleta electoral en que están inscritos los nombres de los electores.

«Y no es de lamentarse el que se haya así suprimido el arbitrio de los electores, porque de lo que ha pasado en casos parecidos debe inferirse que los electores caerían de una manera tan completa bajo la autoridad de las organizaciones de los partidos, que votarían simplemente acatando el mandato de los directores de los partidos. En consecuencia, la elección popular, cualesquiera que sean sus defectos, constituye un método más sano, puesto que permite al pueblo rechazar candidatos que habrían sido aceptables a la baja moralidad de los directores de los partidos.” [8]

El mundo entero tiene noticia de la fecha en que las elecciones presidenciales se efectúan en los Estados Unidos de América, y todos estamos pendientes del resultado de esa votación gigantesca, a la que concurren millones y millones de ciudadanos libres. Sin embargo, el día de esta votación popular no es legalmente él día de la elección presidencial, sino el de la designación de los electores presidenciales, los cuales se reunen varias semanas después a hacer la designación formal de Presidente de la República. Este último acto, que debería ser el más solemne en las funciones de la democracia americana, pasa inadvertido para todo el mundo: a nadie le preocupa lo que los electores han de hacer, puesto que todos saben (le antemano lo que forzosamente harán. «La votación para designar a los electores, se efectúa a principios de Noviembre, el mismo día en todo el territorio de la Unión, y cuando el resultado de esa votación es conocido, la lucha electoral ha pasado, porque la reunión ulterior de los electores y la votación que éstos hacen en sus diferentes Estados, es solamente una formalidad.” (Bryce, obra citada).

La imposibilidad de que el sistema de elecciones dobles produzca un resultado práctico, es causa de que en el país vecino los electores sean solamente el órgano sumiso de la voluntad popular; a tal grado que, como dice el profesor Woodburn, es parte de la Constitución no escrita de los Estados Unidos, que «los electores presidenciales no tienen derecho para usar de su arbitrio al votar por los candidatos presidenciales; y que deben votar por el candidato del partido que los ha nombrado.” [9]

Tenemos, pues, frente a nosotros, la experiencia de un país democrático, en donde la Ley Suprema, sostenida y respetada por todos los partidos, no ha podido hacerse obedecer en lo que atañe a la elección presidencial. La complicación estorbosa y absurda de la elección en segun­do grado, fue pronto eliminada por el espíritu práctico de ese pueblo; y si es cierto que la forma constitucional se observa, cuando cada cuatro años los ciudadanos votan por los electores, sin embargo, el espíritu de la ley funda­mental está totalmente falseado, puesto que el sufragante no confiere su mandato a un elector, hábil y discreto, para que éste elija a su arbitrio al Presidente de la República, sino que designa como elector a cualquiera, con tal de que el designado esté comprometido a votar por el candidato presidencial del partido a que pertenece el sufragante.

Lo que afirmó nuestro Constituyente Ramírez, está plenamente confirmado por la experiencia. Los legisladores de 1857 sufrieron el mismo error que los constituyentes americanos; sólo que nuestra democracia enteca ha sido impotente para desarrollar un sistema electoral que, dejando en pie el principio, encuentre el modo de falsearlo en la práctica. Para nosotros, la elección en segundo grado fue la voz de «alto» en nuestro desenvolvimiento democrático; para los americanos fue un excitante que ha contribuido a aguzar el ingenio de sus políticos y a complicar la acción de los partidos, dando origen a graves males, pero sin detener el vuelo de las instituciones libres.

VII
Condenación definitiva de nuestro sistema electoral. —Sólo puede haber elecciones cuando se aplica el sistema directo.
Si lo dicho no bastare a condenar la elección indirecta, citaré la enseñanza de Stuart Mill, maestro supremo de la política. Traduciré de su obra fundamental, «Considerations on Representative Government,” los siguientes pasajes, que aunque se refieren, de manera principal, a la elección de miembros del Parlamento, son, igualmente, aplicables a las elecciones presidenciales:

«En algunas constituciones representativas, se ha adoptado el plan de designar a los miembros del cuerpo legislativo por un doble procedimiento, que consiste en que los electores primarios, solamente escogen a otros electores, quienes, a su vez, designan a los miembros del Parlamento. Este artificio tiene por objeto, probablemente, crear un ligero impedimento al libre vuelo del sentimiento popular, dando el sufragio y, con éste, el poder supremo, a la mayoría, la que, sin embargo, es competida a ejercerlo por la mediación de unos cuantos, a quienes se supone menos movidos que el Demos por los sentimientos de la pasión popular; y como es de esperarse que los electores, que componen un cuerpo selecto, superen en inteligencia y carácter a los que los nombran, se supone que la elección hecha por esos electores será más cuidadosa é ilustrada y, en todo caso, se efectuará con un sentimiento de responsabilidad mayor que la elección hecha directamente por las masas.

«Este sistema de filtrar el sufragio popular a través de un cuerpo intermedio, es plausiblemente defendible, puesto que puede decirse, con mucha apariencia de razón, que se necesita menos inteligencia é instrucción para juzgar quién de nuestros vecinos puede ser escogido con acierto para que elija un miembro del Parlamento, que para juzgar quién pueda ser mejor para este último cargo.

«En primer lugar, sin embargo, si se cree que los peligros concomitantes al poder popular, pueden ser minorados por la elección indirecta, también son minorados sus beneficios; y esto último es mucho más efectivo que lo primero. Para que el sistema opere como se desea, debe ejecutarse con el propósito con que se concibió; los sufragantes deben votar del modo que la teoría supone, esto es, ninguno de ellos debe preguntarse quién deberá ser miembro del Parlamento, sino solamente quién es el más a propósito para escogerlo. Es evidente que las ventajas que se atribuyen a la elección indirecta sobre la directa, suponen esta disposición en el ánimo del votante, y sólo se realizarán, cuando éste tome la doctrina por lo serio y admita que su única misión es la de escoger al escogedor y no al que deba ser elegido. Es necesario suponer que el pensamiento del votante no se ocupa en opiniones y medidas políticas o en hombres políticos, sino que se guía por un personal respeto a determinado individuo particular, a quien el votante deberá dar un poder general para obrar por él. Ahora bien, si los electores primarios entienden de esta suerte su misión, queda falseado uno de los principales motivos para concederles el voto; la función política para que son llamados, fracasa en sus fines, consistentes en desarrollar el espíritu público y la inteligencia política, y en hacer de los negocios públicos un objeto de interés para los sentimientos de los votantes y de ejercicio para sus facultades. La suposición, además, envuelve condiciones incompatibles, porque si el votante no tiene interés en el resultado final, ¿cómo, y por qué razón se puede esperar que lo tenga en los procedimientos que conducen a ese resultado? Es posible que una persona de limitado grado de virtud é inteligencia, desee que determinado individuo sea su representante en el Parlamento y que desee, como natural consecuencia de ello, escoger a un elector que elija a ese mismo individuo; pero que una persona, a quien no le importa quién ha de ser electo, o que se siente obligada a hacer a un lado esta consideración, tome interés únicamente en nombrar a la persona más digna para elegir a otra, según su propio arbitrio, ello supone un celo por lo que es debido desde el punto de vista de lo abstracto, un principio habitual de hacer el deber por solo el deber, que sólo son posibles en personas con un alto grado de cultura, las cuales, por esta misma razón, pueden y merecen ser investidas con poder político en grado más directo.

«De todas las funciones públicas que puedan conferirse a los miembros menos afortunados de la comunidad, ésta (la de designar solamente a los electores) es, sin duda alguna, la menos apropiada para avivar sus sentimientos, puesto que ofrece un incentivo natural mínimo para que pueda verse con interés, y sólo podría ejecutarse por el que se sintiera inclinado por un impulso de virtud, a cumplir concienzudamente el deber por el deber. Si los votantes, en general, se interesan bastante en los negocios políticos para dar algún valor a una participación tan limitada en ellos, seguramente no estarían satisfechos sino con una participación mucho más extensa.

«Si admitimos que una persona que, por la escasez de su cultura, no puede juzgar bien de las aptitudes de un candidato para el Parlamento, puede, sin embargo, juzgar de la honradez y capacidad general de alguna otra persona para que designe, por aquélla, al miembro del Parlamento, podemos observar que si el votante conviene en su falta de aptitudes y realmente desea que la elección sea hecha en su lugar por una persona en quien él deposite su confianza, no hay necesidad de ningún precepto constitucional para llegar a este resultado, pues basta que el votante consulte en lo privado con esa persona de su confianza, acerca del candidato por el que aquel debe votar. En este caso, los dos modos de elección coinciden en resultados, y todas las ventajas de la elección indirecta se obtienen con la elección directa. Ambos sistemas sólo difieren en la manera de funcionar, si suponemos que el votante ha de preferir atenerse a su propio criterio en la elección de un funcionario; y, en tal caso, sólo consentirá en que otro lo escoja por él, cuando la ley no permita al mismo votante un modo más directo de acción. Pero si este es el estado de su espíritu, si no es su voluntad aceptar la limitación que la ley impone y desea hacer una elección directa, puede hacerlo, a pesar de la ley, bastándole para ello escoger a un elector que sea conocidamente partidario del candidato que él prefiere, o a alguno que se comprometa a votar por ese candidato; y a tal grado es este el modo natural en que funciona la elección en dos grados, que, salvo en los casos de completa indiferencia política, no puede esperarse que funcione de otra manera. Así es como se hace en la práctica la elección del Presidente de los Estados Unidos. Nominalmente, la elección es indirecta; la población, en su conjunto, no vota por el Presidente, sino por los electores que designarán al Presidente; pero los electores son siempre escogidos bajo el compromiso expreso de votar por determinado candidato, y así, ningún ciudadano vota por un elector porque tenga algún motivo de preferencia por éste.... Téngase presente que los electores no son escogidos con el objeto de que se lancen a escudriñar por el ámbito del país, hasta encontrar a la persona más apta para ser Presidente o miembro del Parlamento. Podría defenderse el sistema, si las cosas pasaran de esta suerte; pero no pasan asi, ni pasarán, sino cuando llegue el día en que la humanidad participe de la opinión de Platón, según la cual la persona más a propósito para ser investida del poder, es aquella que más repugnancia sienta en aceptarlo. Los electores tienen que escoger entre alguno de los que se ofrecen como candidatos; y los que escogen, a su vez, a los electores, saben de antemano quiénes son esos candidatos. Si hay alguna actividad política en el país, todos los ciudadanos que se interesan por votar, escogen previamente a los candidatos a quienes desean ver triunfantes, y sólo votarán con el propósito de ver realizado este deseo.

«Resulta, en consecuencia, que todos los beneficios que acaso puedan obtenerse de la elección indirecta, se consiguen con la elección directa; que los beneficios que de aquélla se esperaban, por no poderse obtener de la elección directa, son también un fracaso bajo la elección indirecta, sin perder de vista los considerables inconvenientes que son peculiares a esta última. El solo hecho de que sea una rueda superfina y adicional en la máquina, constituye una objeción no despreciable. Su inferioridad incuestionable como un medio de cultivar el espíritu público y la inteligencia política, ha sido examinada ya. [10]

VIII.
Mientras no adoptemos el sufragio directo, estaremos expuestos a la revolución.
Dudo que haya un demócrata sincero que en estos tiempos defienda el sistema electoral indirecto. Nuestra propia experiencia bastaría a condenarlo, si la experiencia de otros pueblos no hubiera comprobado la formidable solidez de los razonamientos de Stuart Mill. La actitud de nuestros Constituyentes Ramírez y Zarco, está sancionada por la Historia.

He aludido antes a la farsa electoral que aseguró el triunfo de Don Sebastián Lerdo de Tejada en 1876. En aquella época memorable, cuando la revolución porfirista se propagaba como un incendio devorador, la candidatura impopular y desprestigiada del Sr. Lerdo, obtuvo en los colegios electorales, 7, 536 votos sobre un total de 8, 288; es decir, sólo 752 votos contrariaron esa candidatura.

Era natural que así sucediera. En los Estados en que no había gobernador lerdista, la Federación, con sus fuerzas militares, mantenía el «estado de sitio.” Los colegios electorales podían así ser impunemente formados por el procedimiento, bien conocido, de nombramiento directo de la autoridad. Los colegios se reúnen ordinariamente en las poblaciones de cierta importancia, en donde un régulo, investido con las funciones de Jefe Político o Presidente Municipal, escoge a algunas decenas de ciudadanos que, armados con sendas credenciales que se supone expedidas por «casillas» que acaso nunca se han instalado, se reúnen, cual mansa grey, a votar con calma filosófica, usando cédulas que la autoridad les ha entregado, escritas previamente. [11] La función electoral se realiza así con tal facilidad, bajo la dirección de hombres duchos en esta tarea de mistificación democrática, que podemos prever cómo han de efectuarse nuestras elecciones en lo porvenir, si nos empeñamos en sostener el absurdo sistema adoptado por nuestra Constitución.

Efectivamente, tenemos el profundo convencimiento de que, al desaparecer el actual Jefe del Estado, cuyo mandato se deriva de un plebiscito tácito de la Nación entera, su sucesor, cualquiera que sea, tendrá que hacer frente a una situación política preñada de dificultades y de graves problemas. Suponer que otro gobernante conquiste la fidelidad de sus conciudadanos, el grado increíble en que la ha conquistado el Gral. Don Porfirio Díaz, es suponer lo que no cabe en el orden de los fenómenos sociales, es suponer lo insuponible. Y si ese nuevo gobernante, cualquiera que sea, vuelvo a decirlo, cediendo a un impulso profundamente humano, que hace amar al poder con un amor adhesivo y apasionado, tratare de perpetuarse en el gobierno, encontraría en nuestro sistema electoral el medio feliz de renovarse su investidura, aun cuando esto fuera contra la voluntad de la Nación. Toda la máquina administrativa, con sus elementos de corruptor halago, sus cárceles y sus terrores, se pondría para ello en movimiento, y la chicana electoral, triunfante por doquiera, consagraría situaciones políticas de esas que los pueblos viriles, pero sin instituciones sólidas, derriban con un empuje revolucionario. Por eso, sólo por eso, la candidatura del Gral. Díaz no pudo romper la muralla de los 7, 536 votos de la farsa electoral lerdista; y el candidato nacional, el ciudadano que en una elección directa habría obtenido el voto arrasador de todo un pueblo, se estrelló ante la mojiganga de la ley. Fue necesario, entonces, acudir a un procedimiento atroz, pero el único posible, para asegurar la reinvindicación de la voluntad nacional. La revolución barrió con las fórmulas legales, y el caudillo tuxtepecano, sacudiendo su látigo, según la célebre frase del elocuente tribuno Zamacona, expulsó, como el Salvador, a los mercaderes que se habían apoderado del Templo.

La revolución de Tuxtepec fue consecuencia de nuestro sistema electoral en segundo grado; pero si esa revolución puede llamarse un movimiento redentor y ha hallado su justificación ante la Historia, cualquiera otra revolución en lo futuro sería un atentado contra la integridad de la Patria. A las generaciones nuevas, que odiamos el pretorianismo y anhelamos el triunfo de la ley, nos causa no sé qué sentimiento de humillación el pensar que por falta de un sistema electoral practicable, estemos expuestos, casi me atrevería a decir, condenados, a la revolución para resolver el problema de la renovación de los gobernantes. Una revolución popular o pretoriana, hundiría al país en la vergüenza y nos haría objeto de burla y de desprecio. A menudo nos damos la satisfacción de hablar de otras Repúblicas latino-americanas, con cierto aire de superioridad, mezcla de quijotismo y de lástima, y no pensamos en que, mientras no lleguemos al sufragio efectivo, estamos a orillas del mismo abismo en que se debaten nuestros infortunados compadecidos. Esto no es admisible, no debe serlo. Tenemos contraídos con el mundo grandes compromisos pecuniarios, enormes compromisos morales, inmensos compromisos de civilización, según la frase de un orador notable; y una nueva caída en el charco sangriento de las revoluciones, sería un baldón para el pueblo mexicano.

Nuestro país, felizmente, no presenta ya un medio propicio para la actividad revolucionaria, pues el pretorianismo, azote de la América Latina, ha sido aquí definitivamente extirpado por la mano severa del General Porfirio Díaz. Los elementos de orden y de trabajo son preponderantes y ya nadie se siente obligado a tomar un fusil para buscarse el pan; pero si no existe el sufragio público, si la misma Ley Suprema se encargó de hacerlo imposible, al darle la forma de sufragio, indirecto, no nos quedará otro medio normal para cambiar en lo porvenir a nuestros gobernantes y redimirnos de posibles, quizá de inevitables tiranías, que el de acudir al infernal procedimiento de la revolución y echar de nuevo sobre nuestros hombros el abominable sambenito con que cubren sus laceradas carnes las democracias latino-americanas.

Acudamos a medidas heroicas para prevenir esta desgracia, y empecemos por destruir un sistema que el error explicable y disculpable de nuestros Constituyentes introdujo en la Ley fundamental. Arrojando al pasado esta funesta reliquia de nuestras timideces democráticas, entremos de lleno en la difícil senda del gobierno de los pueblos libres.

IX
El pueblo. —Concepto vulgar y concepto político. —Necesidad de restringir el sufragio a favor de los que sepan leer y escribir. —La libertad política; sus beneficios; sus ventajas. —La ciudadanía mexicana.
Si este país ha de vivir bajo un sistema de gobierno democrático, es de necesidad que el pueblo tenga derechos políticos, lo que equivale a decir, que es necesario que el pueblo vote. Los hombres necesitan de los derechos políticos, según la fina observación de Stuart Mill, no precisamente para gobernar, sino para no ser mal gobernados; por lo que todo medio encaminado a frustrar el ejercicio de los derechos políticos, debe ser eliminado de la Constitución de un pueblo que aspire a la libertad, y todo mecanismo legal que impida el ejercicio del voto, debe ser definitivamente destruido.

Esta tesis es objetada en México con argumentos de orden práctico, por el eterno temor —el mismo que decidió a nuestros Constituyentes a adoptar el sistema de sufragio indirecto— de que nuestro pueblo, ignorante y pobre, no sea capaz de ejercer las altas funciones de la ciudadanía. En buena parte este razonamiento entraña un sofisma de generalización, porque cada vez que hablamos de pueblo, nuestro pensamiento nos lleva a los barrios pobres de nuestras ciudades, a los campos de labor de nuestras haciendas, a los jacales de nuestras serranías. Pensamos en el «pelado» inmoral, mal oliente y chocarrero, en el peón que marcha al arrastrado paso de los bueyes, en el indígena semidesnudo, que ahoga sus miserias en aguardiente. [12] Si estos fueran los únicos componentes del pueblo mexicano, deberíamos suspirar por el gobierno del Marqués de Croix; pero por fortuna, entre los componentes de ese pueblo, se cuentan algunos centenares de miles de hombres con plena capacidad para el ejercicio de la libertad política.

En la determinación de los requisitos para la ciudadanía, hay mucho de convencional y arbitrario. ¿Por qué se exige la edad de 21 años para los solteros, y la de 18 para los casados? ¿Por qué no se exige el conocimiento del idioma castellano? [13] Al adoptar nuestra Constitución las condiciones que para la ciudadanía establecen otras Constituciones, tal parece que los legisladores de 1857 no se percataron de la mísera condición intelectual, moral y económica de una cifra enorme de mexicanos. Repugna a la razón que un joven estudiante, lleno de patrióticos anhelos, y con una cultura que puede considerarse superior, sea declarado, por causa de edad solamente, con menor aptitud política que un indio agreste, pero de más de 21 años, de esos que por centenares de miles existen regados en todo el país, infelices sin una idea, sin una ambición, sin una esperanza, que besan la mano de su patrón con la estólida humildad de los esclavos, y que llevan sobre su espíritu la enorme pesadumbre de cuatro siglos de opresión y de miseria.

Seguramente la ley debe fijar un límite de edad para la ciudadanía, en la imposibilidad de sujetar a cada uno de los habitantes a un examen de sus aptitudes; pero si se cree que a la edad de 21 años los mexicanos han alcanzado la suficiente madurez para ocuparse en los problemas de la política, lógico sería que la ley estableciera alguna condición, que indujera a presumir en el individuo cierta aptitud intelectual para comprender los primordiales elementos de aquellos problemas.

Siempre he creído, y así lo sostuve en 1901, en un Ensayo intitulado «La Nueva Democracia,” que debe establecerse como requisito de la ciudadanía, el de poder leer y escribir. No se me oculta que esta tesis encuentra poco favor entre políticos y periodistas, y que se aduce en contra de ella, como argumento de orden práctico, lo que pasa en los Estados Unidos; sin pensar que, en primer lugar, la proporción de analfabetas en aquel país, comparada con la nuestra, es mínima, y que, en segundo lugar, el espíritu práctico de los americanos y la astucia de sus políticos, han encontrado la manera de disminuir los inconvenientes de la ignorancia de los votantes. [14] También se dice que el requisito mencionado establecería distinciones odiosas ante un sano criterio democrático, lo cual es incidir en el error, de resolver los problemas políticos mediante la aplicación de principios abstractos, perdiendo de vista las condiciones propias del país para que se legisla. Aquí, como en todas partes, siempre hacemos a un lado la Constitución, cuando resulta de hecho inaplicable, y así, por ejemplo, tratamos al indio yaqui, ciudadano de la República, como si la Constitución no existiera para él. El Gobierno, sabiamente y sin que la opinión pública se subleve, transporta en masa a esos ciudadanos y a sus familias, de un confín al otro de la República. Si la reforma, cuya necesidad sostengo, ocasionara la formación de castas infranqueables, como las de la India, la distinción sería repugnante; pero no repugna que se distinga entre los que saben y los que no saben leer y escribir, cuando todo hombre puede adquirir estos elementales conocimientos, y cuando el poder público viene haciendo, desde hace varios años, singulares y fructuosos esfuerzos por difundir la educación popular.

El Constituyente, después de dar la plenitud de los derechos políticos a los que no saben leer y escribir, expidió la ley orgánica electoral de 1857, que exige, como la ley vigente, que todas las votaciones se hagan por cédula. ¿A cuántos fraudes se presta este sistema, a cuántos falseamientos de la voluntad del sufragante, cuando éste lleva en la mano un papel, cuyo contenido no comprende?

Aumenta la dificultad, la circunstancia de que no es admisible ningún sistema electoral en que el sufragante no vote por escrito. Bien sabido es que el sistema de votación, llamado australiano, generalmente aplicado en los países democráticos, por ser el que mejor garantiza la libre expresión de la voluntad del votante, se basa en el voto por cédula.

Los liberales exaltados, que se oponen a la restricción del sufragio, encuentran eco en los clericales enemigos de la Reforma, quienes fingen repugnancia por esa restricción, porque esperan el momento en que se intente en México un régimen democrático efectivo, con la esperanza de mover hacia la urna electoral, mediante la influencia del clero católico, a las masas inconscientes y fanatizadas, todo con el caritativo objeto de destruir, tarde o temprano, las libertades públicas. Si no restringiéramos el sufragio, tendríamos que luchar con un nuevo partido conservador, que no tardaría en organizarse, y que invocaría, para acabar con nuestra Constitución reformista, no precisamente las antiguallas de «religión y fueros» y los divinos derechos de la Iglesia, sino la misma Constitución y las libertades que consagra.

No es beneficioso, sino antes bien perjudicial para un país, como enseña Stuart Mili, que la ley declare con igual poder político a la ignorancia y a la ilustración; [15] pero, a la vez, debemos convenir en que el mejor medio de educar a un pueblo para un régimen democrático, es el ejercicio constante de las libertades públicas. Si no pudiere prosperar la idea de conferir el sufragio sólo a los que saben leer y escribir la lengua nacional, no por eso deberíamos desmayar en nuestro propósito de hacer práctica la libertad política, si bien con la conciencia de que la penosa ignorancia del 84 por ciento de nuestros ciudadanos, [16] será para ello un obstáculo inmediato y tremendo. Tendremos, desde luego, que admitir que nuestras grandes masas analfabéticas y, en especial, los numerosos grupos indígenas, no podrán votar ni votarán mientras permanezcan en su secular condición de ignorancia y pobreza; y, sin embargo, serán una perpetua amenaza para la libertad política, pues darán un contingente valioso —el del número— a las maquinaciones clericales y, muy principalmente, a los gobiernos despóticos, que siempre tendrán cifras humanas a su disposición para falsificar elecciones.

La libertad política es un medio de primera importancia para levantar el nivel moral del ciudadano, haciéndole adquirir la conciencia de su propia dignidad. Es, además, un escudo protector contra los atentados generalmente comunes en los países de hábitos españoles. ¿Para quién de nosotros es causa de sorpresa la facilidad con que cualquier habitante de este país es aprehendido y encarcelado? En los países políticamente libres, el derecho más respetado es el de la libertad personal. El mexicano humilde, a quien la letra de nuestra Constitución eleva a la ciudadanía, jamás dará valor a esta investidura legal, mientras la experiencia diaria le enseñe que son dueños de su libertad todos los agentes de la jerarquía autoritaria, empezando por el más bajo. He aquí una desgracia nacional, que tiene hondas raíces en nuestro pasado, y de la que sólo podremos redimirnos mediante la práctica de la libertad política. [17]

A este mal debe agregarse otro de consecuencias funestas para el porvenir de nuestra democracia. Me refiero a la enseñanza que en materia de civismo nos vemos obligados a dar a la niñez. Los niños americanos aprenden en su Constitución, que los ciudadanos del país gozan de libertades y derechos; y ven en sus mismos padres la confirmación de esas enseñanzas. Los niños mexicanos, en cambio, salen de la escuela después de una clase de instrucción cívica, para no oír de labios de sus padres ni una palabra que les haga comprender que lo que se les ha enseñado es una realidad. Por el contrario, a medida que sus almas tiernas recogen las impresiones de la vida práctica, entra en ellos el convencimiento de que se les engaña cuando se les habla de libertad.

No es, por cierto, el engaño, el medio de formar espíritus honrados y viriles; y es inútil pretender que las nuevas generaciones identifiquen la Constitución con la Patria, aspiración final del liberalismo, si lo más noble que contiene ese Código supremo, la garantía de la libertad política, base de las otras garantías, es algo irreal, algo que los fenómenos diarios contradicen y desmienten. Los que creemos que la libertad política es el único medio eficaz de realizar, en las circunstancias normales, un gobierno de igualdad y de justicia, debemos lamentar que el espíritu del niño tenga que ser alimentado con nociones mentirosas sobre aquello que constituye el alma mater de la ciudadanía.

Y si pensamos en que nuestro país, como todos los países del continente americano, necesita, para enriquecerse y prosperar, de la inmigración extranjera, debemos convenir en que no hay un solo incentivo que haga al presente estimable para el inmigrante la ciudadanía de nuestra patria. De la estadística oficial sobre naturalización, podemos inferir, con buena lógica, que a excepción de algunos hombres de raza amarilla, casi todos los extranjeros que solicitan carta de ciudadanía, obedecen sólo a una baja necesidad de orden mercantil, para poder ejercer alguna profesión que, como la de marino o corredor, demanda la ciudadanía mexicana. El número de nuevos mexicanos que así adquirimos anualmente, forma una cifra verdaderamente irrisoria: setenta y cuatro en el año fiscal de 1906 a 1907; ciento cuatro en el año siguiente. A los extranjeros radicados en el país a quienes he preguntado por qué no adoptan la ciudadanía mexicana, les he oído invariablemente la misma contestación: «¿para qué, qué ventajas nos vienen con ello?” Y, en efecto, la ciudadanía de un país de libertad política, es no sólo un título de honor, sino una fuente de derechos. La ciudadanía mexicana, no es, hasta hoy, por desgracia, nada de esto; por lo que el extranjero prefiere conservar su nacionalidad de origen, que a la postre puede significarle la protección de su bandera en un momento de conflicto.

No comparemos nuestra situación a este respecto con la de los Estados Unidos, en donde anualmente se ciudadanizan millares y millares de extranjeros, que son nuevos elementos de vigor, de riqueza y de gloria para su patria de adopción. Mencionaré sólo lo que pasa en el Dominio del Canadá, país libre y democrático, próspero como pocos y rico como el que más, cuya ciudadanía es tan valiosa para el extranjero, que los mismos americanos, al emigrar al Canadá en busca de trabajo, la solicitan y adquieren, como uno de los preciados dones con que puede brindarles la nueva patria. [18]

No es la misión de la administración pública, provocar, por medios directos, la transformación política del país. El gobierno del Gral. Díaz podrá siempre gloriarse de haber preparado la base indispensable para esa transformación. La obra definitiva nos toca a nosotros, los que se hallen fuera y los que estamos dentro de las esferas gubernamentales. Por la acción de los fenómenos sociales, nos encontramos aún, en esta materia, en el mismo punto en que el país se hallaba cuando el Constituyente de 1857 se entregaba a sus dorados sueños de gobierno popular. La labor que tenemos que emprender es de educación, de dignificación, de redención, en suma. Será la obra de sucesivas generaciones; pero si a nosotros nos cabe la suerte de iniciarla, abriendo para el país la era de la libertad política, tendremos que comenzar por hacer del sufragio una realidad efectiva.

X.
Las candidaturas. —Sin ellas no hay elección posible. —El sistema americano del «general ticket» para la designación de electores. —Absurdo sistema de nuestra ley electoral.
Una de las consideraciones que más escocían a nuestro Constituyente Ponciano Arriaga, era la de que la elección directa exige la presentación previa de candidaturas ante el pueblo elector. La crónica del Congreso se expresa como sigue en este punto: «Dice el Sr. Arriaga:                  que los señores que la componen (la Comisión de Constitución) estuvieron por el principio (de la elección directa), pero se detuvieron ante su aplicación, y realmente para esto no faltan motivos, que consisten en la organización peculiar de nuestro pueblo, en nuestra carencia de costumbres políticas, que están muy lejos de ser lo que son en los Estados Unidos, donde la prensa, las reuniones populares, las Convenciones influyen en la opinión, donde las candidaturas son una cosa natural y necesaria. En México, el mismo orador, aunque considera muy honroso servir al pueblo, vacilaría para presentarse como candidato, temiendo chocar con nuestras costumbres y «ponerse en ridiculo.»

Si por el temor pueril de ponernos en ridículo, según la frase del eximio Constituyente, no adoptamos la única forma de elección posible en la práctica, nos expondremos a un ridículo mayor ante el mundo, cuando la farsa de la elección indirecta nos orille a la revolución. Este es el dilema, formidable y premioso.

La presentación de candidaturas sostenidas por grupos organizados, es decir, por partidos políticos, y —lo que es un paso más hacia la libertad— apoyadas en programas de gobierno, y la elección directa por el pueblo, serán el único medió democrático de realizar en nuestro país la renovación de los funcionarios públicos.

La Constitución Americana, al aceptar la forma de elección indirecta para la designación de Presidente y Vicepresidente de la República, dejó a las leyes particulares de los Estados, la determinación de la forma en que los electores han de ser designados. En toda la Unión, sin embargo, se aplica el sistema llamado del «general ticket,” que funciona de la siguiente manera: cada partido político forma, para cada Estado, una lista de candidatos para desempeñar las funciones de electores definitivos. El número de estos electores, según la Constitución Federal, debe ser, en cada Estado, igual al número de Diputados y Senadores del mismo Estado en el Congreso de la Nación; y así, los partidos políticos, al formar sus listas con el número indicado, escogen a los presuntos electores de entre los más fieles partidarios con que cuentan en los distintos Estados de la Unión. Estas listas o cédulas, estarán a la vista de los ciudadanos en el momento de la votación. Los individuos cuyos nombres consten en las cédulas, no son, como lo quisieron los Constituyentes, los hombres sabios y discretos que más tarde habían de escoger, con arbitrio soberano, al Presidente y Vicepresidente de la República; son simples ciudadanos, discretos o no, sabios o no, nada de esto importa, que tienen previamente formado el inviolable compromiso de votar por los candidatos de su partido.

Llega el día de la elección, de la elección primaria, que diríamos nosotros, cuando los ciudadanos son llamados para elegir a los electores. Los ciudadanos no se preocupan en lo más mínimo de si los electores son o no conocidos para ellos. Tienen a la vista los tickets de los partidos, en los cuales constan sendas listas de personas, casi siempre desconocidas para el ciudadano votante, el cual sabe, sin embargo, que cada uno de los grupos de personas enumeradas en los tickets, votará por el candidato presidencial de su correspondiente partido. En consecuencia, lo que tiene que hacer el ciudadano, y lo que realmente hace, es votar en su totalidad por el ticket del partido que le convenga, sabiendo que así, de hecho, da su voto directo a favor del candidato de ese mismo partido.

De todo esto resulta, que si en un Estado, el ticket del partido democrático, por ejemplo, es el que obtuvo mayor número de votos de los ciudadanos, se afirma, y con razón, que en ese Estado el triunfo electoral corresponde al candidato del partido democrático para la presidencia de los Estados Unidos. Poco importa que la elección legal de éste, la de los colegios electorales, se efectúe dos meses después: el triunfo quedó definitivamente asegurado, desde que el ticket de electores del partido triunfó en la elección popular.

El sistema del «general ticket,” aunque muy objetable por razones que sería largo exponer aquí, es expedito y fácil, y a él se ha llegado por el esfuerzo de los partidos, salvándose así, sin violar la letra de la Constitución, el estorbo opuesto a la función electiva por el sistema llamado indirecto; pero si los americanos, amantes de la libertad y hombres de espíritu práctico, han podido llegar a este resultado, nosotros, aunque quisiéramos, no podríamos imitarlos, porque además del obstáculo constitucional, tenemos otro mayor en nuestra ley federal sobre elecciones, que establece el más absurdo sistema que podía haberse imaginado, maravilla de complicación, que remacha la imposibilidad de hacer efectivas las elecciones, ni aun falseando el principio constitucional, como lo hacen los americanos. En toda la enorme extensión de la República vecina, que tiene más de 80 millones de habitantes, sólo habrá que designar en la próxima elección, 483 electores presidenciales. Según nuestra ley electoral de 1901, copia servil de la ley orgánica expedida por el Constituyente en 1857, se necesita designar un elector por cada 500 habitantes, lo que significa la elección de más de 27,000 (!) personas «sabias, inteligentes y virtuosas,” encargadas de ser el órgano de la voluntad soberana del pueblo. Si nuestra ley electoral hubiera sido confeccionada con el deliberado propósito de hacer imposible el voto público, difícilmente se habría alcanzado un grado más alto de excelencia antidemocrática. No puede ya ponerse en duda la opinión del Constituyente Zarco, cuando decía, al discutirse la ley electoral de 1857, que observaba en ella «una extraña confusión, mil detalles complicados, mucha intervención de las autoridades, y la consecuencia, en fin, del sistema de la elección indirecta, que sólo sirve para falsear la opinión pública y contrariar, a fuerza de artificios, la voluntad del pueblo.”

XI
Las candidaturas (continúa). —Sistema para designar a los candidatos. —Convenciones. —La campana electoral. —Sus proporciones en los Estados Unidos. —Con nuestro sistema electoral no podrá haber nunca elecciones.
La designación de los candidatos para los puestos de elección popular, ese acto objetable, por ridículo, según la mayoría de nuestros Constituyentes, es una de las funciones políticas más interesantes en los países democráticos. Si no hay candidaturas, no hay elección posible. Si cada ciudadano hubiera de votar por su vecino o por su amigo, jamás podría llegarse a una mayoría.

El surgimiento de candidaturas es un hecho espontáneo en los pueblos democráticos; por lo que el ingenio de los políticos y legisladores, se esfuerza en encontrar convenientes mecanismos para acomodar a ellos la selección y presentación de los candidatos. En el país cuyas instituciones políticas nos son más conocidas, por razón de vecindad y por la influencia que han ejercido sobre nuestra legislación, la designación de candidatos se hace fundamentalmente de dos modos: o por acto directo de los mismos ciudadanos (á esto llaman en los Estados Unidos elecciones primarias o «primarles»), o por medio de reuniones de delegados de los partidos, que se denominan convenciones. Este último sistema es el seguido para la designación de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. [19]

Las convenciones se reunen cuatro o cinco meses antes de las elecciones populares, y poco tiempo después de la reunión comienza la campaña electoral, que dirigen, respectivamente, los llamados «Comités Nacionales,” cuya jefatura ejerce uno de los más hábiles políticos de cada partido. Los Comités Nacionales son eficazmente secundados por Comités locales, que se ramifican por toda la extensión del territorio de la República.

¿Quién no ha seguido con interés los esfuerzos de los partidos para conquistar el voto de los ciudadanos? Notificado solemnemente el candidato de su designación hecha por la Convención Nacional, y aceptada la candidatura por medio de una declaración expresa, en que el agraciado consigna su adhesión a los principios de la plataforma o programa del partido, la lucha decisiva comienza. El Comité Nacional, en contacto con todos los comités locales, distribuye los elementos de combate, según las exigencias de cada sección del país. Ahí donde las probabilidades de éxito son dudosas, la campaña asume proporciones extraordinarias. Periódicos, hojas sueltas, folletos, carteles, meetingspopulares, serenatas, iluminaciones, banquetes, procesiones con antorchas, bandas de música y carros alegóricos, todo cuanto la fértil imaginación de los políticos puede inventar, se practica en una escala gigantesca. Los oradores más eminentes de los partidos recorren el país, distribuidos atinadamente, pues se procura aprovechar el prestigio personal de cada orador en determinadas porciones del territorio. Los candidatos mismos, cuando son oradores de combate, toman una participación prominente en este esfuerzo sin paralelo en la vida democrática de otros pueblos.

Se asegura que durante la semana que inmediatamente precedió a la elección presidencial del año de 1900, se pronunciaron diariamente no menos de 7,000 discursos. En esta misma campaña, cada uno de los grandes partidos tenía en lista de 2,000 a 2,500 oradores, destinados adonde convenía, y el Comité Nacional democrático distribuyó entonces, en toda la extensión del país, más de 25 millones de documentos de los que se llaman «literatura electoral.” Sólo de uno de los discursos de Mr. Bryan se hizo una edición de ocho millones de ejemplares. La carta de aceptación de Mr. McKinley, cuando le fue propuesta la candidatura del Partido Republicano, se difundió en el país por medio de una impresión de más de 7 millones de ejemplares. [20] Finalmente, en esa misma campaña electoral, el Hon. Teodoro Roosevelt, candidato del Partido Republicano para vicepresidente, recorrió una vasta extensión del territorio de la Unión, y se calcula que arengó, en unas cuantas semanas, a más de tres millones de personas. [21]

Las cifras anteriores dan idea de la magnitud del esfuerzo de los partidos para asegurar el triunfo de sus candidaturas y de sus programas. Ante ese esfuerzo, el interés del ciudadano más indiferente se despierta, máxime cuando en las plataformas se propone la solución de problemas políticos y, más frecuentemente, económicos, que acaso son trascendentales para el futuro del país.

Llega el día supremo, cuando el pueblo es llamado a votar por los «tickets» electorales de los partidos. La intensidad del interés llega a su máximo. El público de las grandes ciudades va conociendo, paso a paso, los resultados de la votación, transmitidos por el telégrafo con febril actividad y publicados ostentosamente por proyecciones luminosas y de otras maneras. El entusiasmo, la irritación inofensiva y el buen humor increíble de las multitudes americanas, se patentiza bajo todas las formas del ruido. Al conocerse el resultado definitivo, la satisfacción de los vencedores llega al delirio. La voz soberana del pueblo se ha hecho oír, y «la voluntad del pueblo es la ley.” Al sufragio directo, disfrazado de sufragio indirecto, se deben estas manifestaciones triunfales de la libertad política de ese pueblo.

Nosotros.... nosotros haremos algo pálidamente parecido, si nos resolvemos a adoptar el sistema de elección directa. Puesto que no tenemos precedentes electorales— como que toda una generación ha nacido y llegado a la plenitud de la vida sin tener noción práctica de estas cosas, — sería insensato hacer un esfuerzo, a imitación de los americanos, para falsear el precepto de la Constitución sin alterar su letra. Cuando los americanos empezaron a proceder así, tenían sobre nosotros la ventaja de su pasada experiencia política, adquirida desde la época colonial, en que aprendieron a gobernarse a sí mismos. [23] Nosotros, durante nuestra época colonial, aprendimos «á callar y a obedecer,” como dijo uno de nuestros virreyes; durante nuestra vida independiente, perdimos aquellas pasivas cualidades, para substituirlas por los correspondientes defectos; y hoy, en la primera década del siglo XX, estamos todavía proyectando la manera de gobernarnos democráticamente. El primer paso en este sentido debe consistir en la remoción de los obstáculos legales, ya que no podremos remover, sino después de repetidos esfuerzos, y en el curso de varias generaciones, los obstáculos de orden económico y los derivados de nuestro temperamento y de nuestras atávicas ineptitudes políticas de indo-españoles.

Las leyes orgánicas electorales vendrán después y establecerán la manera de designar a los candidatos; y las exigencias del medio y del momento harán lo demás.

Dudar del éxito de nuestro esfuerzo, equivaldría a condenarnos de antemano a una regresión bochornosa, sería dudar de lo que el liberalismo ha pregonado siempre, y desconfiar de la obra de preparación y vigorización que debemos al gobierno del Gral. Porfirio Díaz.

XII.
Elección de funcionarios políticos y de funcionarios judiciales. —Imposibilidad de que estos últimos sean designados por elección popular. —Sistema que se propone.
La función democrática supone, como se ha visto, dos operaciones indispensables: la designación de candidaturas y la elección directa por el pueblo. El combate electoral, que con mayor o menor intensidad libran los partidos políticos, va sólo encaminado a ganar la voluntad de los ciudadanos. Este proceso es el que naturalmente se sigue, tratándose de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, y es también el mismo que demanda la elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo, guardándose las debidas proporciones; pero ¿puede decirse lo mismo cuando se trata de la designación de los miembros del Poder Judicial?

He aquí un problema que, desde cierto punto de vista, fue apasionadamente discutido en 1892, cuando una agrupación política sostuvo la inamovilidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y atacó el sistema de elección popular para los dichos funcionarios. Ambas tesis fueron furiosamente combatidas y fracasaron al fin.

Al atacar en su raíz, como lo he hecho en este Ensayo, nuestro sistema electoral, necesito examinar si las reformas que propongo son o no aplicables a la designación de los individuos del Poder Judicial.

Así como considero dudoso que el mal entendido liberalismo de la mayoría de nuestros políticos, acepte de buen grado la restricción del sufragio a favor de los que saben leer y escribir, preveo igualmente que ha de ser atacada toda tesis que combata el principio de elección popular de los miembros de la Magistratura.

El argumento fundamental de los que se oponen a toda reforma a este respecto, puede formularse así: La Constitución dice que el Supremo Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que todo poder «dimana del pueblo;” luego los tres Poderes deben tener su origen en la elección popular.

Notemos, sin embargo, que el art. 90 de la Constitución declara que el Poder Judicial de la Federación se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales de Distrito y Circuito. Así como el Poder Legislativo se ejerce por medio de dos Cámaras, el Judicial se ejerce por tres jerarquías distintas de funcionarios; y aquí aparece la terrible inconsecuencia de los que sostienen que los individuos de la Corte Suprema deben ser designados por elección popular, y no exigen, a la vez, que los jueces de Distrito y de Circuito sean designados del mismo modo. ¿Qué razón de orden constitucional puede haber para que solamente una de las fracciones del Poder Judicial dimane de la elección? Si no podría admitirse que una de las Cámaras legislativas dejara de ser electa, tampoco hay razón para que sólo uno de los componentes del Poder Judicial proceda de la elección, si el principio de que todo poder dimana del pueblo quiere decir lo que se ha pretendido.

En los países democráticos, los poderes dimanan del pueblo: no proceden del derecho divino, como los reyes, ni nacen de aristocracias o de castas con privilegios propios. Aquí, donde hemos fusilado a los reyes y nos mueve a risa todo lo que huela a aristocracia o a clases privilegiadas, exageramos, sin necesidad, el sentido de ciertos conceptos generales. Vemos que en los Estados Unidos no son electos popularmente los miembros del Poder Judicial de la Federación, y nos repugna imitar a los americanos, como si quisiéramos superarlos en la aplicación del principio de que todo poder arranca del pueblo mismo.

Conservemos, pues, si no podemos dominar preocupaciones arraigadas, el sistema de elegir a una de las fracciones de nuestro Poder Judicial; pero examinemos si es posible que los Magistrados de la Corte Suprema salgan de las urnas electorales de toda la Nación.

Hemos visto el proceso de una elección, la designación de candidaturas, la campaña electoral. Concebimos que todo esto pueda hacerse cuando se trata de elegir funcionarios de carácter político; y si la designación se refiere a Presidente y Vicepresidente de la República, comprendemos, sin dificultad, que el país entero se interese por esa elección; pero no se comprende cómo ha de suceder lo mismo cuando se trate de la elección de un Ministro de la Corte Federal. La simple idea de una lucha apasionada —como son siempre las luchas electorales— entre dos o más hombres que aspiran a un sitial en el Tribunal Supremo de la República, repugna a la conciencia; y, sin embargo, si no hay lucha electoral, si no hay competencia entre dos o más candidatos, no habrá elección, porque los ciudadanos no tendrán ningún interés en votar. Una elección no es posible si no se promulgan ruidosamente los nombres de los aspirantes, y si los ciudadanos no se apasionan por el triunfo de alguno de ellos.

Además, aun a riesgo de parecer insistente, debo decir que en toda elección sincera y democrática, deben aparearse, por fuerza, el candidato y su programa. Rara vez habrá en un país un ciudadano que, independientemente de todo programa político, domine por sus merecimientos personales la voluntad de los votantes; y ese ciudadano, cuando lo haya, será un soldado glorioso, un elocuente orador, un estadista eminente; pero un juez, un hombre severo, reservado y sabio, que en la quietud de su tribunal administra la justicia, jamás apasiona a las multitudes. Para que un ciudadano aspirante a la Suprema Magistratura, emprendiera una campaña electoral para asegurar su elección, sería necesario que tuviera las condiciones de un político y, por lo tanto, que careciera del temperamento del verdadero magistrado, el cual, por razón de su ministerio, está obligado, como observa Stuart Mili, a tratar a sus amigos políticos de la misma manera que trata a todo el mundo.

El jurisconsulto, enemigo de la ostentación, devoto de la justicia y de la ley, es un personaje generalmente sin brillo y poco amigo de la política, que es el arte de las transacciones y de los acomodamientos, mientras que la justicia es la ciencia de la aplicación de la ley, inquebrantablemente y sin contemporizaciones. Imaginémonos a uno de nuestros severos Magistrados, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, combatiendo a su opositor y ofreciendo.... ¿qué programa? el de hacer justicia y aplicar rectamente la ley, el único programa que un juez puede proponer, el que propondría también su competidor ante los electores.

En ningún caso es más objetable la intervención del sufragio popular, que cuando se trata de la designación de funcionarios judiciales, enseña Stuart Mill; y agrega: «Así como puede decirse que la opinión popular nunca es menos apta para juzgar de las condiciones especiales y profesionales de un funcionario, que cuando se trata de funcionarios judiciales, así a la vez, puede afirmarse, que nada hay tan importante como que estos últimos sean absolutamente imparciales y estén libres de compromisos con los políticos.” (Ob. cit., cap. XIV).

Mas si nuestras preocupaciones son, por ahora, tales que nos impidan adoptar el sistema de que los Ministros de la Corte Suprema sean inamovibles y deban su investidura al nombramiento, [24] conservemos, a título de transacción, el sistema de elección indirecta, no obstante que está definitivamente condenado cuando se pretende aplicar a la elección de funcionarios de carácter político. Empero, si la elección indirecta es relativamente aceptable en el caso que examino, no es posible conservar el procedimiento que establece nuestra ley electoral, por dos razones, entre otras muchas: la primera, que el pueblo no elegiría a los electores, porque no pudiendo conocer quién es el mejor juez, no tendría interés en la elección, por lo que los colegios electorales tendrían que ser nombrados (corno lo son ahora) por los jefes políticos; la segunda, que nuestros 27, 000 electores «sabios, inteligentes y virtuosos,” regados en toda la extensión del territorio, no serían capaces de opinar con acierto sobre las aptitudes de los candidatos a la Magistratura, ni podrían ponerse de acuerdo para que la elección se hiciera por mayoría. Esta última observación parece decisiva, si se considera que para que los colegios electorales de Quintana Roo lleguen a un acuerdo con los de Sonora respecto a la designación de uno o más Magistrados de la Corte Suprema —hombres tan sabios y respetables como escasamente conocidos, — es indispensable que reciban alguna sugestión venida de lo alto, y entonces... no habrá elección, como no la habido jamás.

Busquemos, pues, otra forma de elección indirecta para salvar estas dificultades. Me parece que es de recomendarse que los Ministros de la Corte Suprema sean elegidos por un Gran Colegio electoral, formado por los miembros de ambas Cámaras de la Unión. En los Estados Unidos, una sola Cámara, el Senado, decide si el Magistrado que nombra el Presidente de la República es aceptable o no; yo no propongo que el Presidente tenga la facultad de nombrar, ni siquiera la de proponer; mi sistema es más democrático, en el sentido en que aquí entendemos esta palabra, y consiste en que ambas Cámaras, reunidas, hagan la elección por la mayoría del sufragio de sus componentes.

Si los jueces han de ser electos, tiene que acudirse al sufragio indirecto, siempre que sea posible constituir un colegio electoral, compuesto, en gran parte, de hombres capaces de juzgar de la competencia del candidato y en condiciones de ponerse de acuerdo para llegar a una mayoría. El único caso, dice Stuart Mill, en que la elección en dos grados puede dar resultados en la práctica, es cuando los electores no son escogidos para funcionar como tales, sino que tienen otras importantes funciones que llenar; y esto sucedería dentro del sistema que propongo. Las Cámaras federales reunidas, emanación directa del pueblo y representación, a la vez, de la Nación en su conjunto y en sus elementos políticos fundamentales —los Estados, — constituiría un colegio electoral respetable como ninguno, y con todas las condiciones de ilustración que se requieren para seleccionar a hombres dignos de ejercer la más alta justicia de la Federación.

Si se considera que constitucionalmente aquí, como en otros países, el Cuerpo Legislativo tiene funciones electorales, como cuando elige Presidente de la República, si ninguno de los que obtuvieron votos logró alcanzar una mayoría, no puede decirse que repugne a nuestros hábitos políticos que al Congreso de la Unión se confiera una facultad electoral, si ésta no ha de ser nunca ejercida por el conjunto de los ciudadanos de la Nación, debido a imposibilidades de órdenes diversos.

XIII.
Programa político que se propone. —Conclusión.
El presente Ensayo tiene por objeto someter a la consideración de mis conciudadanos, el siguiente programa político:

Establecer el sufragio directo como el medio más eficaz de que se organicen en México partidos políticos dentro de la Constitución, y como el medio único de hacer efectivo el voto público.

Reconociendo una verdad dolorosa, que los Constituyentes reconocieron, o sea la profunda ignorancia de la mayoría del pueblo mexicano, adoptar una base de elección que proteja los más grandes intereses nacionales contra los peligros que trae consigo la acción política de las masas analfabéticas. Los legisladores de 1857 creyeron resolver la dificultad adoptando el sufragio indirecto, cuyo resultado ha sido que este país, después de cincuenta años, carezca aún de libertad política. Si la intención de nuestros Constituyentes fue la de no entregar los destinos de la República a los que explotan las pasiones y el fanatismo de las turbas ignaras —demagogos y clericales, — el único medio de realizar esa intención, después de nuestra prolongada experiencia, consiste en dar el voto directo sólo a los varones mayores de 21 años que puedan leer y escribir el idioma nacional, en la imposibilidad de adoptar otra base para juzgar de las aptitudes de los ciudadanos.

Los miembros de ambas Cámaras de la Unión y el Presidente y Vicepresidente de la República, deben ser designados por el sufragio directo.

Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia deberán ser designados mediante la elección indirecta; mas como ha sido siempre un fracaso la designación popular de los colegios electorales, se impone la conveniencia de que la elección de aquellos funcionarios sea hecha por los representantes genuinos del país, por las Cámaras de la Unión.

* * *

Confieso que antes de resolverme a dar a conocer el anterior programa, mi espíritu ha sufrido profundas vacilaciones, pues no se me oculta que en el fondo de toda cuestión política, existen y se agitan complicados elementos, cuya esencia no es siempre fácil desentrañar.

Acaso se me culpe de proponer soluciones unilaterales para el problema más complejo de cuantos puedan ofrecerse al estudio del hombre de estado: el del gobierno de un pueblo por sí mismo. Me anticipo estas y otras censuras; pero mi convicción está aquí expuesta, sin más apoyo que el que pueda darle su propia sinceridad. Todo el que haya meditado, sobre estas graves cuestiones a la luz de nuestra historia y de la de otros pueblos gobernados democráticamente, adquirirá el convencimiento de que nuestro país, a pesar de sus lamentables deficiencias, podrá bien pronto figurar entre los pueblos que se rigen por instituciones democráticas. El momento angustioso en que deberemos asumir plenamente la responsabilidad de nuestros propios actos, se acerca, se ha acercado demasiado. La tutela justiciera y sabia, dulce y severa a la vez, a que en los últimos años hemos estado sujetos, no va a durar lo que la vida de la Patria, y estamos expuestos a que el temeroso trance nos encuentre desapercibidos, soñando aún en que nuestra minoridad ha de prolongarse. Hasta hoy, al ver el horizonte y observar que la tormenta avanza hacia nosotros, nos hemos confortado con sonoras palabras de patriotismo. Nuestro temperamento latino se satisface con esto.

Empero, el problema político nacional demanda una acción seria, moviente y efectiva, como que la integridad de la República se vincula en la creación de un gobierno del pueblo por el pueblo. Si nuestras condiciones individuales y sociales fueran invencible obstáculo para llegar a este resultado, cesaríamos bien pronto de figurar en el catálogo de las naciones libres. Este amargo convencimiento perturba, a las veces, nuestros ensueños de libertad.

Demos con valor los primeros pasos, que una mano poderosa está aún tendida hacia nosotros para ayudarnos a no caer.

Si en la próxima elección presidencial, el pueblo es llamado, el pueblo acudirá, acudiremos todos, siempre que la ley no nos lo impida, como ha sucedido hasta el presente. La lucha que acaso surgiera sobre la designación de la segunda figura del gobierno, lucha legítima, ensoñadora y vivificadora que debemos anhelar, excitaría el espíritu nacional, y lo llevaría a proclamar en un hosanna gigantesco, en un plebiscito sin paralelo en la historia, la nueva reelección del Gral. Porfirio Díaz.

Notas:
[1] «La participación del ciudadano en el Gobierno;” pág. 54.

[2] «Four aspects of civic duty,» pág. 25,

[3] Es de justicia hacer constar que de los Constituyentes que aún viven (Sep. de 1908), dos de ellos, los Sres. Don Félix Romero y Don Benito Gómez Farías, votaron por la libertad religiosa.

[4] Historia del Congreso Constituyente. Tomo IT, pág 772. Debate sobre la Ley Electoral.

[5] V. «El Federalista» de 14 de Marzo de 1788.

[6] Así sucedió cuando la elección presidencial de 1876, en que compitieron Hayes y Tilden. Entonces se habló de revolución, de la posible «mejicanización» de los procedimientos de gobierno de aquel país (Albert Shaw, «Political problems of American development»), aludiéndose, seguramente, a la situación política en que se encontraba nuestro país.

[7] El autor que se cita alude a la lucha electoral entre Hayes (republicano) y Tilden (demócrata), a la cual se ha hecho referencia en la nota que precede.

[8] T. 1°, cap. V de la obra «The American Commonwealth.”

[9] The American Republic and its Governn

[10] Ob. citada. - Capítulo IX.

[11] Se han dado casos en que las reuniones de los Colegios electorales sean tumultuosas y haya en ellas verdaderas luchas. Así sucedió, por ejemplo, el año de 1871, cuando compitieron en la elección los Sres. Juárez, Lerdo y Díaz; pero los electores qué integran los colegios han debido siempre su investidura a todo, menos al libre voto público.

[12] Es, por desgracia, demasiado general este concepto de «pueblo.” En un sitio de diversiones en esta Capital, que estuvo muy en boga hasta hace pocos meses, había un espacio separado en donde la entrada era gratis. En este espacio se hallaban instalados unos sórdidos volantines, llamados vulgarmente «caballitos,” a los que tenían acceso los pobres que no podían pagar, y a la entrada se veía este letrero: «Parque del pueblo.” Debemos a todo trance combatir este concepto heredado de la época colonial, en que existían profundas desigualdades de clases, y substituirlo por el concepto político, según el cual, pueblo significa el conjunto de los ciudadanos.

[13] Según el censo de 1900, hablan idiomas indígenas, 2. 078, 914 habitantes de este país. Probablemente los más de éstos apenas conocen el castellano, como que casi no lo necesitan, dado el aislamiento intelectual, más que material, en que se hallan respecto de los demás habitantes de la República. Los ciudadanos indígenas que se encuentran en ese caso, no entenderán nunca los derechos que se consignan en una Constitución que no ha sido traducida y de la cual nunca han oído hablar.

[14] La proporción de iliteratos en los Estados Unidos, respecto de la población total, equivale a poco más del diez por ciento; (Censo de 1900). Nuestra proporciones, aproximadamente, de ochenta y cuatro por ciento. (Censo de 1900). En esta materia estamos un poco peor que España y Portugal, que son países muy atrasados, y casi llegamos al bajo nivel en que se encuentran Servia y Rumania.
A propósito del espíritu práctico de nuestros vecinos, no es inoportuno recordar cómo, sin tocar el texto de la Constitución, han convertido el sufragio indirecto en sufragio directo.

[15] Obra citada, Capítulo «El Sufragio.»

[16] Esta cifra, en realidad, es la proporción de analfabetas en la población total, según el censo de 1900. No se computó en este censo la proporción de iliteratos entre los varones de más de 21 años.

[17] La cárcel de Belén encerraba, en 15 de Junio de 1908, novecientos cincuenta y un procesados varones. Cualquiera que no conozca la causa de esta espantosa cifra, diría que nuestra criminalidad era terrible, puesto que esa cifra, aparentemente significa que de cada 400 habitantes, uno, por lo menos, es presunto criminal La criminalidad de la Ciudad de Chicago es alarmante y, sin embargo, en la misma fecha, el número de procesados y, además, de sentenciados por delitos leves, que encerraba la cárcel de esa enorme ciudad, que tiene cinco veces la población de nuestra Metrópoli, no llegaba a 700! Ante esta cifra, que obtuve personalmente del jefe de la prisión de Chicago, pensé con amargura que la verdadera razón de la diferencia entre un caso y otro, sólo puede hallarse en que, en los Estados Unidos, como en todo país de libertad política, el derecho más alto entre los derechos, es el de la libertad del hombre. Aquí, como en los tiempos coloniales, es el derecho que menos respeto nos inspira.

[18] En el «Mexican Herald,» de 20 de Agosto de 1908, se publicaron algunos datos acerca de este interesante fenómeno En un año, no menos de 7, 000 americanos, establecidos en el Oeste del Canadá, adquirieron la ciudadanía canadiense.

[19] El que esto escribe, tuvo la singular oportunidad de presenciar y seguir en el curso de todos sus procedimientos, la Convención Nacional del Partido Republicano, reunida en Chicago a mediados de Junio de 1908. Ninguno de los actos de la vida política del pueblo americano es, seguramente, más interesante que estas reuniones de delegados de los partidos, que después de discutir y adoptar su programa o «plataforma,» lanzan a los cuatro vientos de la Nación sus candidaturas para Presidente y Vicepresidente de la República. Si tratara de describir en sus pormenores todo lo que vi y oí, necesitaría formar otro folleto de las dimensiones del presente. Por lo demás, existen numerosos libros y revistas al alcance de todos, que explican lo que es una Convención Nacional, la naturaleza de los trabajos que emprende, y su importancia y significación en la política del país vecino. Tanto mi amigo y colega, el Lic. Mario Molina, que asistió conmigo a la Convención, como yo, recogimos imborrables impresiones; y sin mencionar la parte de seria enseñanza política que la Convención acaso nos haya proporcionado, diré sólo que nos causó no poca sorpresa la mezcla curiosa de seriedad y buen humor, de solemnidad y de algazara, de disciplina y de desorden, que en actos de tanta trascendencia manifiestan nuestros vecinos, y la desenvoltura y espontaneidad con que se desempeñan ciertas funciones, contrastando con nuestros hábitos oficiales, ceremoniosos y casi hieráticos para casos semejantes. Así, por ejemplo, antes de abrirse las sesiones, el público es regalado con un concierto vocal é instrumental, que provoca manifestaciones más o menos ruidosas, é inmediatamente después, un sacerdote invoca a la divinidad. Al hacer una de estas invocaciones, le ocurrió al Obispo N. rezar el «Pater Noster,” que fue coreado con solemne y conmovedor recogimiento por la voz poderosa de 12, 000 espectadores. Durante los procedimientos de la Convención, el «Chairman» o Presidente, se paseaba por la plataforma, gesticulaba para hacerse entender, contestaba interpelaciones que le eran dirigidas de distintos puntos del inmenso «Coliseum,” resolvía con énfasis y autoridad los puntos dudosos, y llamaba al orden al turbulento auditorio, golpeando vigorosamente con un mazo de madera sobre la mesa y aun sobre el piso de la plataforma. Las muestras de desaprobación son tan ruidosas como las de entusiasmo. Algunos oradores suscitan verdaderos arrebatos, que llegan al delirio; entonces los delegados se levantan sobre sus sillas, y no pocos, que se han quedado en mangas de camisa, a causa de la elevación de la temperatura, revolean en el aire sus levitas, como muestra de su entusiasmo. Cuando los «Clubs» entran a la Convención, se produce un verdadero «pandemonium,” palabra favorita de los cronistas americanos. Esos Clubs forman un curioso espectáculo; sus miembros uniformados, es decir, con vestidos, sombreros y bastones o paraguas enteramente iguales, y precedidos por aturdidoras bandas de música, recorren el salón, cantando coros en loor de sus candidatos. Numerosas banderas con retratos de los «favoritos» flotan en el espacio, y sobre las cabezas de aquella agitada y compacta multitud, pasean los símbolos grotescos de los partidos. Asi, uno de los Clubs iba precedido de un gran elefante de cartón, representación simbólica del Partido Republicano,
Pero a mi compañero y a mí, a fuer de mexicanos, nos sorprendió especialmente la circunstancia de que dentro y fuera de la Convención, los sostenedores de los distintos candidatos, es decir, los enemigos, sin dejar de dirigirse alusiones picantes y frases agresivas, se trataban, sin embargo, con ruidosa y franca cordialidad. El valiente que no tolera ataques, el «muy hombre» de todas nuestras reuniones políticas, brillaba por su ausencia.

[21] Consúltese la «American Review of Reviews,” Nov. 1900, págs. 555, 557 y 560.

[22] Hugo Münsterberg. «The Americans,» pág. 62.

[23] «Local Self-government was vigorous everywhere,” dice el historiador Andrews, hablando de la vida colonial americana durante el siglo XVIII. «History oí the United States,» tomo I, pág. 119.

[24] Bien sabido es que en los Estados Unidos los miembros de la Corte de Justicia Federal, son designados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, y que su investidura es vitalicia. Los jueces locales, es decir, los de los Estados, son, por regla general, elegidos popularmente, siendo ésta la causa a que primeramente se atribuye la frecuente corrupción de la justicia local.