1911-1979

Nace el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, Puebla. Su padre fue jefe político durante el porfiriato y después administrador de haciendas y tenedor de libros. En Oaxaca, estudia en el Colegio Saleciano, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y en 1937 obtiene el título de abogado en el Colegio del Estado, hoy Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis “El recurso de queja en el procedimiento civil”. Desempeña diversos puestos académicos, políticos y judiciales en su estado natal, entre ellos el de secretario particular del gobernador Maximino Ávila Camacho, juez presidente de la Junta de Conciliación, vicerrector de la Universidad de Puebla y secretario general de Gobierno durante el periodo de Gonzalo Bautista.

Es diputado federal en 1943 y después senador de la República de 1946 a 1952 y representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral. En el mismo año de 1952 ocupa la dirección jurídica de la secretaría de Gobernación; en 1953 es nombrado oficial mayor de la misma y al tomar posesión el presidente López Mateos, se encarga de la titularidad de esa secretaría hasta el 17 de noviembre de 1963, cuando rinde protesta como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional “con la Constitución como guía, sin admitir retrocesos ni claudicaciones… [porque] en México existen todas las libertades menos una: la libertad para acabar con todas las demás libertades”.

Su candidatura es apoyada también por los Partidos Popular Socialista PPS y Auténtico de la Revolución PARM y en mayo de 1964, es sostenida públicamente por el general Cárdenas, el personaje de mayor autoridad moral entre los sectores de la izquierda mexicana: "Los hombres de la Revolución, señor licenciado, deseamos que logre usted realizar su programa social que el pueblo ha conocido por usted mismo".

Las campañas tienen lugar con la participación del candidato del PAN, José González Torres, quien como presidente de ese partido había estrechado relaciones con la democracia cristiana alemana y latinoamericana y que sostiene como uno de sus principios "el carácter subsidiario de la necesaria intervención del Estado".

De manera marginal y sin registro legal también participa Ramón Danzós Palomino del Frente Electoral del Pueblo FEP, constituido por las izquierdas, incluido el Partido Comunista Mexicano, que tampoco tiene registro legal. El único incidente que rompe la tranquilidad de las campañas se da en Chihuahua, cuando un alumno de la normal de Salaices trata de intervenir en un mitin, lo que provoca la quema de la tribuna por los estudiantes y que el propio Díaz Ordaz se enfrente a ellos para condenar la violencia que provocan.

En las elecciones celebradas el 5 de julio de ese mismo año, Díaz Ordaz obtiene 8,368,446 votos (88.81%), frente a José González Torres, candidato del Partido Acción Nacional que sólo logra el 10.97% de la votación total. El Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución tienen 62,368 y 43,685 votos respectivamente. Los candidatos no registrados, sólo 19,412 votos. Ese mismo día, un temblor causa graves daños en la región de tierra caliente de los Estados de Guerrero y Michoacán.

Antes de tomar posesión, el 12 de noviembre de 1964, Díaz Ordaz se entrevista con el presidente Lyndon B. Johnson en el rancho tejano del mandatario norteamericano. A sus colaboradores les hace aprender de memoria estas cinco reglas: “díganme la verdad; no me pidan disculpas; si violan la ley, pues viólenla, pero que no me entere; cuidado con lo que me informen; no cambiaré el gabinete: no se cambia caballo a mitad del río”. (Krauze Enrique. Los Sexenios).

Díaz Ordaz asume la presidencia de la República el 1º de diciembre de 1964, en una época caracterizada en el ámbito internacional, por el endurecimiento de la política latinoamericana de los Estados Unidos, tras el triunfo de la revolución socialista cubana y la extensión en América Latina de la guerrilla de liberación nacional apoyada por el bloque soviético y el gobierno revolucionario cubano.

Sin embargo, su gobierno puede sortear el intervencionismo norteamericano que le exige mayores ventajas comerciales y mayor control de las actividades de los grupos de izquierda, y logra sostener cierta independencia en la política exterior de México. Recibe la entrega de El Chamizal, territorio nacional arrebatado en 1864 por una súbita avenida del Río Bravo, conforme al convenio negociado por el presidente López Mateos años antes. Y defiende reiteradamente la soberanía y economía nacionales, por ejemplo, cuando sostiene que para estabilizar los precios internacionales de las materias primas, Estados Unidos debe renunciar al principio de reciprocidad comercial y aceptar que sean los términos preferenciales de intercambios los que rijan el comercio internacional, de modo que al estimular el desarrollo de los países pobres, los alejen del comunismo: “Cuando se acate la regla de que ningún Estado ejerza presión económica o política para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas, cuando haya un trato en verdad justo y equitativo en el comercio internacional, entonces, y solo entonces, se estarán poniendo los cimientos del progreso perdurable y de la integración de la América Latina y podrá pensarse en un desarrollo económico equilibrado entre las diversas regiones del mundo y en una mayor tranquilidad y paz social”.

Su reiterada defensa de la soberanía nacional también se expresa, por ejemplo, en su rechazo público a otorgar privilegios que puedan ser lesivos al desarrollo nacional, a los inversionistas norteamericanos: “En otros países, la inversión extranjera directa goza hasta de privilegios en relación con la nacional. Nosotros estamos convencidos de que cuando los intereses del capitalista extranjero van en contra de los intereses de la nación en que invierte, resultan vanas todas las garantías que le otorguen; la realidad de esa incompatibilidad de intereses determinará fatalmente la cancelación de las aparentes ventajas”. Este mismo temor a que los intereses extranjeros actuaran contrariamente al interés nacional lo hace decretar la mexicanización de la banca: "Uno de los sectores claves de nuestro sistema económico, que el Ejecutivo Federal a mi cargo considera que debe ser reservado para los inversionistas mexicanos, es el de las instituciones bancarias, dada su decisiva importancia en el proceso de nuestro desarrollo. El sistema bancario mexicano... ha venido mexicanizándose en forma gradual, gracias a la política financiera adoptada por los gobiernos emanados de la Revolución y a la iniciativa y preparación de los banqueros mexicanos. El Gobierno a mi cargo considera que este proceso histórico no debe revertirse por ningún motivo." De igual modo rescató y consolidó la industria petroquímica para que fuera desarrollada exclusivamente por el estado mexicano.

En este mismo sentido, al amparo de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional,  el presidente Díaz Ordaz logró la rescisión de contratos-riesgo que PEMEX había firmado con varias compañías internacionales para explorar, perforar y explotar, reembolsándose sus gastos, inversiones y utilidades con el propio petróleo que obtuvieran. Los contratos-riesgo de tierras sumergidas abarcaban desde Santecomapan, Veracruz, hasta Puerto Real, Campeche, y comprendían campos petroleros marinos que fueran explorados. Así la explotación regresó a manos de los mexicanos.  

En lo interno, enfrenta el descontento creciente de distintos grupos sociales, expresado en los movimientos reivindicatorios de diferentes sindicatos y gremios, en algunas manifestaciones de violencia en el campo, en la publicación de libros, revistas y artículos críticos de algunos intelectuales y en general, en el crecimiento relativo de la oposición política al gobierno priísta, todo lo cual ya le había tocado controlar y reprimir como Secretario de Gobernación del presidente López Mateos. Durante su gobierno, también reprime brotes guerrilleros fallidos, como el de Madera, Chihuahua, y se inician los levantamientos armados de los maestros normalistas Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en tierras guerresenses, quienes son perseguidos por el Ejército sin que puedan asesinarlos. Así, el 24 de mayo de 1969, el gobierno de Díaz Ordaz inicia la Operación Gran Rastrilleo, una "guerra sucia" que hará del Ejército Mexicano despiadada fuerza antiguerrilla que asolará la Costa Grande del estado de Guerrero.

A pesar de las dificultades cada vez mayores para mantener la apariencia de la unanimidad revolucionaria, nacionalista y democrática que hacía de México un país “sui géneris”, desde el principio de su periodo y no obstante las crecientes desigualdades sociales, Díaz Ordaz se esfuerza por preservar el llamado “milagro mexicano”, basado en el papel del Estado como el principal agente del desarrollo nacional y de la justicia social, en el control político mediante los cuasi monopolios del PRI y de los medios masivos de comunicación, así como en la represión selectiva de los grupos e individuos extremistas, como los comunistas y trostkistas. Sin embargo, durante el primer año de su gobierno, acepta que se intente una reforma del Partido Revolucionario Institucional, PRI, por medio de su nuevo dirigente Carlos A. Madrazo, quien finalmente renuncia sin haber podido efectuar cambios de relevancia.

Si bien Díaz Ordaz declara que “la democracia no es un concepto abstracto y sólo podrá existir cuando haya democracia política, democracia económica y democracia cultural”, que “los más peligrosos agitadores son el temor, la insalubridad, la falta de pan, de techo, de vestido y de escuela”, y expresa su rechazo a la violencia porque “el hombre no debe luchar contra el hombre sino contra el hambre”, no se atreve a arrostrar las consecuencias de una reforma que abra el cauce a la participación institucional más amplia de los sectores marginados y emergentes del desarrollo económico y social alcanzado, como unos años antes lo había demandado el Movimiento de Liberación Nacional, de filiación cardenista.

Por el contrario, su gobierno, además de legitimarse en la Revolución Mexicana, se inspira en las propuestas reformistas de la Alianza para el Progreso, ALPRO, un instrumento ideado por el presidente Kennedy entonces ya asesinado, que contempla una transformación liberal, gradual y limitada de los países latinoamericanos con el propósito implícito de encarar “el peligro comunista”. Pero ni siquiera puede efectuar la reforma tributaria que contempla la ALPRO debido a la oposición del sector privado que resultaría afectado en sus privilegios, sólo reforma el impuesto sobre la renta, cambiándolo de un sistema cedular a otro que grava los ingresos globales de las personas físicas y morales, independientemente de la fuente de que procedan y establece un régimen de deducciones para que el contribuyente considere sus responsabilidades y los gastos que lo afecten. Asimismo, integra los presupuestos del gobierno federal y de los organismos descentralizados a fin de planificar mejor la inversión pública. En contraste, nueve países latinoamericanos con oligarquías menos poderosas, sí introducen importantes cambios en sus sistemas tributarios y aumentan la carga fiscal, mientras México conserva la menor carga fiscal de la región.

Conforme al plan de desarrollo económico y social esbozado durante su campaña electoral, Díaz Ordaz establece los objetivos para el periodo 1966-1970: 1. Alcanzar un crecimiento económico por lo menos del 6% en promedio anual; 2. Otorgar prioridad al sector agropecuario para fortalecer un mercado interno; 3. Impulsar la industrialización y mejorar la eficiencia productiva de la industria; 4. Atenuar y corregir los desequilibrios en el desarrollo, tanto regionales como sectoriales; y 5. Distribuir con mayor equidad el ingreso nacional. Además, se ratifica el principio de que el progreso nacional debe basarse esencialmente en los recursos nacionales, y de que el crédito y la inversión extranjeros deben tener un carácter complementario y se deben de aplicar a obras productivas. Asimismo, se modifica la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar la mexicanización de la banca. En materia de política tributaria, se pone énfasis en el impulso de la capitalización y se da prioridad al estímulo de la iniciativa privada.

Para el sector de la administración pública, su gobierno establece los siguientes programas: 1. De inversión-financiamiento; 2. De aerofotogrametría, para el estudio del territorio nacional; 3. De control de los contratos de obras públicas; y 4. De coordinación del sector agropecuario, particularmente en las ramas de obras de infraestructura en el medio rural y de adiestramiento y capacitación de mano de obra. Al efecto, se crea la Secretaría de la Presidencia para planear y controlar mejor la acción del Estado como el principal promotor del desarrollo económico y social, y dentro de ella, la Comisión de Administración Pública para buscar mayor coherencia, eficacia y productividad del aparato estatal. Asimismo, se promulga la Ley General de Bienes Nacionales y se actualiza la Ley Federal del Trabajo para establecer los salarios mínimos profesionales. Se transforma la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en un organismo público descentralizado; se crea Productos Forestales Mexicanos; se funda el Banco Nacional Agropecuario; se crea el Fondo de Fomento de Exportaciones de Productos Manufacturados y se amplían las operaciones del Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña; y se crea Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Para mejor coordinación entre el Departamento del Distrito Federal y el gobierno del estado de México se establece el Plan Maestro del Área Metropolitana.

Díaz Ordaz ratifica a Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda, e intenta establecer un impuesto global mediante la ley del 30 de diciembre de 1964 que suprime el sistema cedular y crea los títulos de Impuesto al ingreso global de las empresas e Impuesto al ingreso de las personas físicas. Da continuidad a la política económica del “desarrollo estabilizador” y logra la menor tasa de inflación (2.6%) desde 1930 y el mayor crecimiento económico desde 1921 a una tasa promedio de 6.8%. Las actividades industriales que registran mayor crecimiento son: electricidad 14.3%, manufacturas pesadas 11.6%, petróleo 9.2% y construcción 8.4%. El comercio aumenta 7.4% y los transportes y comunicaciones, el 7.1%. El producto por habitante, a precios constantes de 1960, crece 18.4%. Los salarios reales se elevan y los servicios sociales y educativos aumentan, la población amparada por el IMSS se incrementa en 50%, y la del ISSSTE en 113.7%; el número de trabajadores sindicalizados crece 58%. La expectativa de vida llega a 63 años y desciende la mortalidad infantil.

Asimismo, Díaz Ordaz ordena la cancelación de concesiones para la exploración petrolera; establece por decreto el mar territorial en doce millas náuticas; y promueve la reforma electoral que renueva la Comisión Federal Electoral, crea la credencial permanente de elector y otorga más recursos a los partidos de oposición, así como la ciudadanía a los 18 años de edad.

En materia agraria, se distribuyen más de 4 millones de hectáreas, destinadas a la creación de nuevos centros de población; se declaran nacionales 11 806 565 ha, para dedicarse exclusivamente a fines de carácter ejidal y de común acuerdo con sus propietarios, las tierras cuyo amparo de inafectabilidad ganadera se venció,  se entregan a los campesinos. Así se incrementa en más del 30% el valor de las cosechas y la agricultura crece a un ritmo de 2.9% anual.

En lo que corresponde al fomento de la industrialización se logra el renacimiento de la minería que crece un promedio de 2.6% anual. Se constituyeron la Empresa Mexicana de Cobre, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas y el Consorcio Minero de Peña Colorada. Se crea el Instituto Mexicano del Petróleo, se construyen ocho plantas de refinación y se impulsa el desarrollo de 217 plantas petroquímicas: 41 pertenecientes a PEMEX, 19 a Guanos y Fertilizantes y 157 al sector privado. Asimismo, se amplía el servicio eléctrico a 2.5 millones de nuevos consumidores y comienzan su funcionamiento las plantas de Malpaso, Topolobampo, valle de México, Salamanca, Guaymas, Monterrey, La Laguna y Guadalajara, entre otras. Además, se crea el Fondo de Promoción de la Infraestructura Turística.

En materia de televisión, en 1967 Díaz Ordaz rompe el monopolio televisivo en el Valle de México al otorgar concesiones a XHDF Canal 13 y XHTIM Canal 8, que iniciaron transmisiones con la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968 el primero y el 25 de enero de 1969, el segundo. Nombra a Emilio Azcárraga Milmo, de Telesistema Mexicano, su consejero en materia de radio y televisión. Y acepta que en lugar de un impuesto de 25%, las estaciones de radio y televisión cedan para uso del Estado el 12.5% del tiempo total de sus transmisiones.

También se emprenden grandes obras materiales; entre las de mayor relevancia, se encuentran la presa de la Amistad en Coahuila, convenida por Eisenhower y López Mateos; la Torre de Telecomunicaciones del Distrito Federal y la estación terrena para comunicación por satélites en el valle de Tulancingo; ocho aeropuertos para aviones de retroimpulso de largo alcance y 18 para equipo de mediana capacidad de vuelo. La red nacional de caminos aumenta 14 200 km y se construyen varios puertos, como los de San Carlos, en Baja California; San Pedrito, en Manzanillo, Col.; Yucalpetén, en Yucatán; y Banco Playa, en Cozumel: La construcción de escuelas, hospitales, vivienda popular y hasta de centros vacacionales para trabajadores como el de Oaxtepec, alcanza su mayor nivel histórico. En la capital, se inaugura la primera línea del metro y el drenaje profundo. Para la realización de la XIX Olimpiada en México, se construyen la Villa Olímpica, el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, dos gimnasios, el Velódromo, la Sala de Armas, el Polígono de Tiro, el Canal de Remo y Canotaje, el Muelle de Regatas y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, entre las obras más importantes.

No obstante la magnitud de la inversión pública, la deuda externa se utiliza en proyectos que generen divisas suficientes para solventarla: “No rebasaremos jamás nuestra capacidad de pago”.

En el campo internacional, Díaz Ordaz se adhiere al Fondo Monetario Internacional, pero mantiene las relaciones con Cuba y puede sortear con relativo éxito el problema de la salinidad del Río Colorado. Asimismo, ante la contracción de la inversión extranjera en América Latina, promueve la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, para ampliar el mercado para las exportaciones mexicanas. También logra la firma del Tratado de Tlaltelolco que proscribe las armas nucleares en esa misma región del continente, tratado propuesto durante el gobierno de López Mateos y que haría merecedor a Alfonso García Robles del premio Nobel de la Paz. Además, defiende el principio de no intervención, cuando “lamenta” la invasión norteamericana de la República Dominicana y aboga por un pronto retiro de las tropas. En octubre de 1967, Díaz Ordaz viaja a Washington para hablar ante el Congreso norteamericano y ante la Organización de Estados Americanos. Asimismo, visita las seis repúblicas centroamericanas, con cuyos gobiernos suscribe convenios de intercambio comercial y cultural. En la Reunión de los Presidentes de América, celebrada en Punta del Este, Uruguay, se aprueba la tesis mexicana de la soberanía permanente sobre los recursos naturales.

De 1964 a 1970 visitan México: Lyndon B. Johnson y Richard M. Nixon, presidentes de los Estados Unidos; U. Thant, secretario general de las Naciones Unidas, en ocasión de la firma del Tratado de Tlatelolco; Heinrich Lübke, presidente de la República Federal de Alemania; Oswaldo López Arellano, presidente de Honduras; Fidel Sánchez Hernández, presidente de El Salvador; Julio César Montenegro, presidente de Guatemala; José Joaquín Trejos Hernández, presidente de Costa Rica; y los reyes de Bélgica.

Pero lo que quedará grabado en la memoria popular no serán las mejores acciones de su gobierno, sino su carácter represivo. Mientras la guerra de Vietnam generaba la protesta juvenil en Estados Unidos y en el bloque soviético las tropas rusas ocupaban Checoeslovaquia, en México se mantenía la censura de diarios, revistas y libros, como el de Oscar Lewis titulado “Los Hijos de Sánchez”. Además, en la década de mayor rebeldía y libertad del Siglo XX, se respondía con la fuerza policíaca y militar a toda manifestación de protesta y oposición al régimen establecido, como si se tratara de un atentado contra la nación: “Nadie tiene fuero contra México”. “El desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura”. “No es la presión la que habrá de darles la razón sino el derecho”.

Díaz Ordaz enfrenta las huelgas de médicos de hospitales públicos con el cese y reemplazo con médicos militares, y las de estudiantes en Michoacán y Sonora con el Ejército; en tanto que permite o promueve acciones como el motín que en 1966 provoca la renuncia del rector de la UNAM, Ignacio Chávez.

El 18 de septiembre de 1968, tras la agitación estudiantil que alcanza a muchos países y también a México, casi en vísperas de los XIX Juegos Olímpicos cuya sede es la capital del país, el Ejército ocupa la Ciudad Universitaria, luego de una larga huelga sostenida por estudiantes universitarios y politécnicos. Asimismo, el Ejército toma el Casco de Santo Tomás, edificio principal del Instituto Politécnico Nacional. La toma de los planteles universitarios causa la renuncia de otro rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que aunque no le es aceptada, sí logra el desalojo de la tropa del campus universitario. Díaz Ordaz se niega a derogar el artículo 145 bis del Código Penal que sirve de base legal para la represión política y concluye que “todo tiene su límite”…

Pocos días después, el 2 de octubre del mismo año, el Ejército reprime sangrientamente en Taltelolco el movimiento estudiantil tras de que semanas antes Díaz Ordaz convocara, sin respuesta, a un arreglo desde Guadalajara: “Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano queda tendida en el aire”. 

El ascenso de las luchas sociales, la pérdida paulatina del control político por el PRI, la presión anticomunista del gobierno norteamericano, el temor al desorden en plenas Olimpiadas, la supuesta conjura para derrocarlo (José E. Iturriaga cuenta que aprovechando los disturbios, el embajador norteamericano Freeman propuso al general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, derrocar a Díaz Ordaz y encabezar un nuevo gobierno con el apoyo de Estados Unidos, lo que rechazó el leal militar y lo comunicó de inmediato al presidente) y el miedo al descrédito ante la banca internacional, concurren en la decisión de Díaz Ordaz de usar al Ejército en contra de los jóvenes estudiantes para “detener” una supuesta “conspiración comunista” que “amenazaba” la estabilidad nacional; es el mismo hombre que como candidato había expresado: “Si la juventud no tuviera inquietudes, el mundo y México estarían perdidos”, y que ahora teme negociar y prefiere reprimir negando sus propias palabras de que “somos una nación pacífica que exalta el trabajo y rechaza la violencia”.

En su informe de 1969, expresa ante el Congreso de la Unión: “Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”. Pero la represión realizada acaba por caracterizar toda su gestión y opacar casi por completo las acciones positivas de su gobierno. Al siguiente año, durante la inauguración del campeonato mundial de futbol en el estadio Azteca, recibe una prolongada rechifla de la masa asistente.

Desde 1968 comienzan a debatirse los posibles sucesores: Luis Echeverría, secretario de Gobernación, Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, Emilio Martínez Manatou, secretario de la Presidencia, y Alfonso Corona del Rosal, Jefe del DDF. Los sucesos estudiantiles del mismo año, favorecen a Echeverría. Díaz Ordaz toma su decisión prácticamente sin tener más opciones. Para Jorge G. Castañeda la sucesión es decidida por descarte o eliminación.

La crisis de legitimidad provocada por la matanza de Tlatelolco determina toda la campaña presidencial de Echeverría, quien con el lema "Con la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 ¡Arriba y Adelante!", realiza una exhaustiva gira a los rincones más apartados y pronuncia innumerables y enérgicos discursos, en los que maneja los temas del cambio, de la renovación y de la necesidad del diálogo, la crítica, la autocrítica y de la "apertura democrática", como una manera de distanciarse de Díaz Ordaz. Así, en la Universidad Nicolaíta, Echeverría acepta guardar un minuto de silencio por los estudiantes y soldados muertos en Tlatelolco. Con estos planteamientos, inusitados para la época, Echeverría trata de atraer a los jóvenes y a los intelectuales. Además recibe el apoyo del Partido Popular Socialista PPS y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PARM. Sólo se enfrenta al panista Efraín González Morfín, quien trata de aprovechar el resentimiento juvenil y la reforma que concedió el voto a los 18 años en enero de 1970. Por su parte, Díaz Ordaz recela cada vez más de la decisión tomada sobre su sucesor y se esparcen rumores de que puede haber un cambio en la candidatura priísta.

De cualquier modo, el resultado de las elecciones del 5 de julio de 1970 es abrumadoramente favorable al PRI de Echeverría con el 84.1% de la votación, en tanto el PAN sólo obtiene el 13.8% de los votos. A fines de este mismo mes, se inicia en la Cámara de Diputados el proceso para la derogación del artículo 145 del Código Penal, una de las peticiones del movimiento estudiantil de 1968.

El 1º de diciembre de 1970, entrega la presidencia de la República a su sucesor Luis Echeverría Álvarez y se retira a su casa de la calle del Risco, en el Pedregal de San Ángel.

En 1977 es embajador en España durante breve tiempo al reanudarse las relaciones después de la muerte de Franco y de casi cuarenta años del rompimiento. En una entrevista realizada poco antes de su salida a Madrid,  Díaz Ordaz reitera su convicción de que en 1968, “sirvió y salvó al país”…

Muere de cáncer en el colon el 15 de julio de 1979 en la ciudad de México.

Escribe Soledad Loaeza (Una Historia Contemporánea de México): “Díaz Ordaz nunca se lamentó públicamente de las decisiones dramáticas que lo condenaron al infierno de la historia; en cambio, expresó frustración por el fracaso de algunas de sus reformas”.

En la ceremonia conmemorativa del tercer aniversario de su muerte, el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal durante su sexenio, se refirió a esas “decisiones dramáticas”:

“No dejaron de calcularse los riesgos políticos que podrían ocasionar (los Juegos Olímpicos) ya que teníamos el ejemplo de otros lugares donde se habían aprovechado eventos de distinta naturaleza con resonancia mundial para provocar desórdenes y motines. Se consideró la posibilidad de una imitación extralógica; pero se confiaba en el patriotismo y en la sensatez, con la decisión de que una vez comprometida la mencionada celebración no se permitiría que nadie la impidiera, adoptándose todos los medios legales para mantener el orden y la tranquilidad, proporcionando así a los visitantes y a nuestros compatriotas las garantías necesarias. La Olimpiada se realizó y fue motivo de satisfacción y justo orgullo para México  […] La historia no la escriben los actores de una época, ni mucho menos los intereses tendenciosos. La hace con juicio certero el pueblo, del que salió y al que sirvió Gustavo Díaz Ordaz.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.

Efeméride. Nacimiento 12 de marzo de 1911. Muerte 15 de julio de 1979.