1751- 1825

Nació en Santa María de Villarpedre, Asturias, en 1751; sus padres fueron don José Abad Queipo, conde de Toreno, y doña Josefa de la Torre. De su trayectoria educativa puede decirse que fue en la Universidad de Salamanca donde obtuvo los bachilleratos en ambos Derechos, canónico y común. En 1769 se ordenó in sacris; posteriormente se trasladó a la ciudad de Comayagua, reino de Guatemala, con el arzobispo Monroy. En ese lugar se ordenó como presbítero. Residió desde 1784 en Valladolid (hoy Morelia), ciudad a la que acompañó a fray Antonio de San Miguel a tomar posesión de la sede episcopal en Michoacán. Ahí, nombrado juez de capellanía, fondos eclesiásticos y obras pías, ayudó a San Miguel a redactar su Informe del Obispo y Cabildo de valladolid de Michoacán al rey, en el que se proponían medidas para atenuar la desigualdad social de castas e indígenas:

“Quítese el odioso impuesto del tributo personal; cese la infamia de derecho con que han marcado unas leyes injustas a las gentes de color; decláreselas capaces de ocupar todos los empleos civiles que no piden un titulo especial de nobleza; distribúyanse los bienes concejiles, y que están pro indiviso entre los naturales; concédase una porción de las tierras realengas, que por lo común están sin cultivo, a los indios y a los castas; hágase para México una ley agraria semejante a la de las Asturias y Galicia, según las cuales puede un pobre labrador, bajo ciertas condiciones, romper las tierras que los grandes propietarios tienen incultas de siglos atrás en daño de la industria nacional; concédase a los indios, a los castas y a los blancos plena libertad para domiciliarse en los pueblos que ahora pertenecen exclusivamente a una de esas clases.”

En adelante, la carrera de Abad y Queipo iría en continuo progreso, llegando a ocupar muy altos cargos eclesiásticos, incluyendo la de gobernador y vicario capitular de diócesis, bajo la investidura de obispo, pero sin llegar a consagrarse.

Fue en 1805 que la Universidad de Guadalajara le otorgó el Doctorado en Cánones. Tras la muerte de Antonio de San Miguel, el Real y Supremo Consejo de Indias tuvo a bien designarlo canónigo penitenciario de la catedral de Valladolid, en la que se mantuvo hasta 1815.

Buscando ser habilitado para que se le permitiera ocupar cargos más elevados dentro de la jerarquía eclesiástica –que le estaban vedados por ser hijo ilegítimo-, en 1807 viajó a España, procurando obtener la habilitación que le permitiera ocupar cargos superiores dentro de la jerarquía eclesiástica. De esa forma en 1809 logra ser designado provisor y vicario general; en 1810 el gobierno de la Regencia lo designa "obispo electo y gobernador de la Mitra" de Michoacán, puesto en el que no llegó a ser confirmado por el Papa, lo que permitirá que los insurgentes pongan en duda su autoridad cuando excomulga a Hidalgo, con quien se reunía frecuentemente en la casa de Juan Antonio de Riaño, antes del grito de Dolores.

Desde muchos años antes del levantamiento independentista, Abad y Queipo dirigió una serie de Representaciones al rey Carlos IV, documentos en los que plasmó su agudo punto de vista acerca de la situación política y social de la Nueva España a fines del siglo XVIII y principios del XIX.

Para aliviar los conflictos políticos que amenazaban con desatarse en Nueva España poniendo en riesgo la paz y el dominio español, Abad y Queipo propuso, entre otras medidas, las siguientes: la abolición general de tributos a los indios y castas, y de la calidad de infames de derecho que afectaba a los miembros de ellas, lo que los condenaba a un trato de inferiores; una reforma agraria que implicaba la distribución gratuita de todas las tierras realengas entre indios y castas; una ley agraria que otorgara al pueblo una equivalencia de propiedad en las tierras incultas de los grandes propietarios, por medio de locaciones de 20 y 30 años, en que no se pagaran alcabalas ni pensión alguna, y el establecimiento de la libertad en el comercio, con la abrogación de las medidas mercantilistas y proteccionistas que impedían el desarrollo comercial de Nueva España. Sin embargo, sus propuestas no fueron atendidas, lo que sin duda precipitó el movimiento de independencia.

Así, en una nota de su “Representación sobre la inmunidad personal del clero”, escribió: “En la exposición de las pruebas del asunto principal hallé motivos fuertes para proponer al gobierno por primera vez ideas liberales y benéficas a favor de las Américas y de sus habitantes, especialmente de aquellos que no tienen propiedad, y en favor de los indios y de las castas, y propuse en efecto el asunto de ocho leyes las más interesantes, a saber: la abolición general de tributos de indios a castas; la abolición de la infamia de derecho que afecta a las castas; la división gratuita de todas las tierras realengas entre los indios y las castas; la división gratuita de las tierras de comunidades de indios entre los indios de cada pueblo, en propiedad y dominio pleno; una ley agraria que confiara al pueblo una equivalencia de propiedad en tierras incultas de los grandes propietarios por medio de locaciones de veinte y treinta años, en que no se adeude la alcabala ni otra pensión alguna; libre permisión de avecindarse en los pueblos de indios a todos los de las demás clases del estado, y edificar en ellos sus casas pagando el sueldo o la renta correspondiente; la dotación competente de los jueces territoriales, y la libre permisión de fábricas ordinarias de algodón y lana”.

De paso, también se opuso a los infinitos gravámenes que pesaban sobre la agricultura y el comercio.

También se opuso a la consolidación de los vales reales, que consistía en que el gobierno recogía todos los capitales eclesiásticos y de obras pías, conjuntamente con los fondos de los establecimientos de utilidad pública y beneficencia, y reconocía a rédito todos estos caudales, los que se destinaban al pago y amortización de los vales reales. Estos capitales estaban en préstamo en manos de comerciantes y labradores, quienes los conservaban por largo tiempo mediante el pago de los intereses correspondientes, y que al verse forzados a su liquidación total inmediata por la medida real, cayeron en la ruina.

En los textos de las Representaciones, Abad y Queipo expresaba el descontento que en la sociedad novohispana habían originado las reformas borbónicas, de las que resultaba que la Nueva España fuera completamente gobernada desde Madrid.

Pese a sus ideas, reformistas hasta cierto punto, en 1804 fue uno de los grandes opositores a las medidas dictadas por el ministro Manuel Godoy en materia de desamortización de los bienes eclesiásticos.

Abad y Queipo fue contertulio y hasta amigo del padre Miguel Hidalgo y Costilla, y no sólo de él, sino también de varios personajes que concurrieron a las juntas de Valladolid y San Miguel el Grande. En abril de 1810 convocó a los párrocos de los pueblos indígenas de su obispado a defender a “la patria y el altar”, mediante el establecimiento de un donativo para la producción de armas y pertrechos en previsión de una posible invasión francesa. Pese a tener varias coincidencias con sus amigos conspiradores,  al iniciar el movimiento de independencia en septiembre del mismo año, mantuvo su fidelidad a la Corona española y se volvió un decidido impugnador y opositor del levantamiento insurgente.

Cuando Hidalgo avanzaba sobre Valladolid, Abad y Queipo hizo fundir las campanas de la catedral para elaborar cañones para resistirlo. A la llegada del ejército insurgente abandonó la plaza, a la que regresaría cuando el brigadier Cruz la retomó. El 24 de septiembre de 1810 dictó en Valladolid el decreto de excomunión por “perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros, que han incurrido en la excomunión mayor del Canon: “Siquis suadente Diabolo” en contra de varios caudillos insurgentes: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Abasolo y Juan Aldama. La insurgencia, que había hallado no pocos motivos de inspiración en las Representaciones de Abad y Queipo, respondió impugnando su autoridad por no haber sido confirmado en el grado episcopal por bula pontificia. Y obligado por los insurgentes, el canónigo conde de Sierra Gorda levantó esas excomuniones, a pesar de que desde México, Abad y Queipo seguía sosteniéndolas.

En 1815, Abad y Queipo envió un detallado informe a Fernando VII, llamado Testamento Político, en el que hizo una denuncia de los errores de Félix María Calleja y la imprudencia de Manuel Lardizábal y Uribe, ministro de Indias. Al virrey le señala faltas como militar y haber perdido ocasiones de extinguir la revolución. A Lardizábal lo acusa de proteger la revolución y de ocultar al rey la verdadera situación de la colonia. Propone que dada la propensión de los americanos a la independencia, los inconformes sean trasladados a España o transferidos a Perú y viceversa.

En respuesta, fue llamado a España para que informara sobre la situación de la colonia a causa del movimiento independentista. Sin embargo, ya en España fue acusado por denuncias y cargos que se le hacían por sus “ideas liberales y benéficas en favor de las Américas y sus habitantes”. Pese a ello, impresionado por su elocuencia, el Rey lo nombró ministro de Gracia y Justicia, el 24 de junio de 1816; pero tres días después fue depuesto, y aunque alegó no reconocer más autoridad que la del Papa, por la fuerza fue aprehendido y sometido a proceso ante la Inquisición, respondiendo a los cargos de insurgencia, faltas a la vida religiosa y apología de la revolución. A pesar de ser obispo electo, el Santo Oficio lo mantuvo preso en una cárcel secreta durante dos meses.

Continuó viviendo en Madrid y al triunfo de la revolución española de 1820, fue nombrado miembro de la Junta Provisional que se encargaría de vigilar la conducta de Fernando VII hasta la reunión del Congreso Nacional, y posteriormente, fue diputado a las Cortes por la provincia de Asturias, pero su completa sordera le impidió el ejercicio de su cargo. Todavía obtuvo el obispado de Tortosa, pero en esta ocasión tampoco logró las bulas papales.

La reacción absolutista española de 1823, llenó de amargura a Abad y Queipo y al año siguiente, ya anciano, fue encarcelado nuevamente por su conducta liberal anterior. Apresado, falleció en el monasterio de Sisla, Toledo, el 22 de julio de 1825 (otros autores señalan septiembre), condenado ya a purgar una sentencia de seis años de reclusión en el convento franciscano de San Antonio de Cabrera.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.

Efeméride. Nacimiento 1751. Muerte 22 de julio de 1825.