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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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2000 Sexto Informe de Gobierno

Ernesto Zedillo, 1o de Septiembre del 2000

MENSAJE DEL DR. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON,
AL PRESENTAR EL VI INFORME DE GOBIERNO AL CONGRESO DE LA UNION
Señor Presidente del Honorable Congreso de la Unión;

Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

Señoras y señores Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión;

Mexicanas y mexicanos:

Saludo a las ciudadanas y los ciudadanos que integran la quincuagésima octava Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión.

Por el bien de México, les deseo que realicen una intensa y fructífera labor legislativa.

En cumplimiento de lo que me ordena el artículo 69 de la Constitución de la República, entrego a la Presidencia del Congreso un informe escrito sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.

Como lo establece la Ley Orgánica del Honorable Congreso, en los próximos días las señoras y los señores legisladores analizarán el informe escrito que acabo de entregar.

Los funcionarios de la Administración Pública Federal estarán atentos a los llamados de ambas Cámaras del Congreso, a fin de proporcionar cualquier información o explicación adicional que requieran las señoras y los señores legisladores.

Por lo tanto, no utilizaré esta honrosa oportunidad de acudir a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión para resumir o exponer el contenido del informe escrito que recién he entregado.

En vez de ello, aprovecharé la valiosa y última oportunidad de hablar desde esta altísima tribuna para ofrecer una reflexión sobre la marcha de nuestra Nación durante el período de mi mandato, y sobre algunos retos que enfrenta el desarrollo de nuestro país.

Por eso conviene subrayar que es en el informe escrito, y no en este mensaje, donde se hallan extensamente tratados otros temas, muchos otros temas, de interés general.

Deseo iniciar con una breve recapitulación de la forma en que he ejercido el mandato que me confirió el pueblo de México.

Antes que nada me propuse ejercer una Presidencia democrática y republicana, rigurosamente atenida a lo que establecen la Constitución y las leyes.

Por obligación y por convicción, he sido respetuoso de la división de poderes y de nuestro federalismo.

He procurado que esta Presidencia no sólo sea democrática, sino que impulse firmemente la democracia en México.

Desde el primer día de mi mandato, renuncié a utilizar todo poder extra constitucional antes asociado con la Presidencia.

He gobernado consciente de que a lo largo de nuestra historia, el patrimonialismo –esa idea terriblemente equívoca de que la investidura del cargo y hasta los bienes de la Nación son patrimonio de quien gobierna– ha sido la causa de graves desviaciones y abusos. De ahí la decisión de cumplir con mi obligación y ejercer una Presidencia ajena a ese patrimonialismo.

He actuado bajo el principio de que en el ejercicio de su función, el Presidente de la República no tiene ni reconoce amigos ni familiares. Estos pertenecen al ámbito de las relaciones personales y afectivas que de ningún modo debe vincularse con el ejercicio del mandato presidencial.

He cumplido con el deber de percibir como salario, exclusivamente, lo que cada año ha sido aprobado en el presupuesto por la Cámara de Diputados y felizmente seré un expresidente que deberá trabajar para apoyar el sustento de su familia.

El altísimo honor que significa la investidura presidencial nunca me ha hecho olvidar que la porta temporalmente, un ser humano más y que se trata de un poder acotado por la ley y por otros poderes asimismo representativos.

Por eso suprimí diversos aspectos ceremoniales que consideré incongruentes con un ejercicio republicano de la Presidencia.

Creo que el gobernante antes que notable y notado, debe ser útil.

Asumí la Presidencia con la convicción de que es un factor primordial para unir siempre a los mexicanos, nunca para dividirnos.

He trabajado para estar cerca de la gente de todas las regiones del país, de todos los grupos sociales, de todos los credos y de todas las preferencias políticas, sin distinción.

He seguido con cuidadosa atención cómo percibe la población los principales asuntos del país y he sido respetuoso de la crítica que libremente se ha expresado. He informado a la ciudadanía sobre las decisiones del Ejecutivo, pero la responsabilidad de ellas ha sido enteramente mía.

A pesar de que reconozco que la suspicacia es la conducta política por excelencia, he preferido asumir el riesgo de equivocarme por un exceso de confianza, y no por un exceso de sospecha.

En todo momento he procurado hablar con la verdad a la gente. Apoyado en la verdad, he tratado de exponer con franqueza pero sin exageración, los problemas del país. Además siempre he tenido absoluta confianza en que los mexicanos tenemos la capacidad de superar cualquier desafío por grande que sea.

Creo que el gobernante no debe lamentarse nunca por la complejidad de los problemas que afronta y puedo afirmar, con toda honestidad, que el privilegio de ser Presidente de los mexicanos compensa, con mucho, cualquier esfuerzo y cualquier aflicción causados por el cumplimiento de esa responsabilidad.

He disfrutado llevar la investidura presidencial con sobriedad y cuidando su dignidad, pues representa el Poder Ejecutivo de todos los mexicanos.

Entiendo la tolerancia como el reconocer y respetar que en el marco de la ley, los demás no piensen, no opinen, no decidan y no actúen como uno mismo.

He ejercido la Presidencia practicando la mayor tolerancia posible pero sin abdicar de ninguna de sus responsabilidades.

Por muchísimas razones –de convicción política, de estrategia básica y de experiencia personal– no creo que la represión sea solución a los conflictos sociales. Como Presidente de la República, he preferido excederme en la tolerancia antes que adelantarme en el uso de la fuerza pública, incluso legal y legítima, y aun ante claras provocaciones.

Con palabras y con actos he mostrado mi ideología. Muchas de mis convicciones están fuertemente influidas por el liberalismo que floreció en México con la generación de la Reforma. Sin ambigüedades, soy liberal en lo político y en lo económico.

Creo que la libertad política irrestricta de los ciudadanos –que sólo confiere la democracia– es condición indispensable para el desarrollo de los pueblos y las naciones. No concibo naciones realmente soberanas si sus ciudadanos no disfrutan de las libertades individuales y políticas esenciales.

Asimismo, concibo la libertad económica como el medio más poderoso para acrecentar los empleos, los ingresos, el bienestar y la riqueza de los pueblos. Veo en la economía de mercado un medio muy poderoso para alcanzar el progreso de cualquier nación.

Pienso que la libertad de participar en los intercambios económicos es una libertad esencial, de gran valor intrínseco, para cada ciudadano. Ello le confiere a esa libertad un alto valor social, independientemente de su significado material.

Por otra parte, y con igual certeza, creo en el Estado, pues sin él no hay Nación ni puede haber justicia, que es su fin supremo. Justicia en un sentido estrictamente legal, de garantía del Estado de Derecho, y justicia social, entendida no como la igualdad de condiciones, sino como la igualdad de oportunidades.

Creo sin reserva que el Estado debe ser activo e intervencionista para alcanzar la justicia social.

Esta debe ser una tarea primordial de cualquier gobierno, como lo reclamó la Revolución Mexicana, con cuyas principales propuestas me identifico.

A la Revolución de 1910 debemos no sólo la afirmación de nuestras libertades y garantías individuales, sino los derechos sociales fundamentales de los mexicanos, así como las instituciones del Estado responsables de garantizar esos derechos.

Al igual que la gran mayoría de los mexicanos, siento, además, una profunda deuda personal con esas instituciones, pues ellas se encargaron de igualar mis oportunidades de salud, educación y formación con las de otras personas para salir adelante en la vida.

A partir de estos valores y principios he procurado cumplir como Presidente de México.

Asumí esta responsabilidad con el propósito de trabajar, sumándome a la voluntad y el esfuerzo de todos los mexicanos, a fin de hacer de México, entre todos, un mejor país para nuestros hijos. Un mejor país que el de nuestros abuelos y nuestros padres. Un mejor país que el que hemos tenido nosotros.

En eso, precisamente, consiste la tarea del desarrollo nacional. De ninguna manera el desarrollo se limita al progreso material, sino que abarca el disfrute de todas las libertades esenciales del ser humano.

Libertad para educarse, libertad para alimentarse, libertad para cuidar la salud, libertad para trabajar, libertad para emprender, libertad para participar en los intercambios económicos, libertad para opinar, libertad para intervenir en las decisiones y los asuntos públicos.

Entendida así la tarea del desarrollo, desde el inicio de mi mandato convoqué a todos los mexicanos a reconocer su magnitud y su complejidad y, al mismo tiempo, a emprenderla con confianza, humildad y realismo.

Con confianza, pues contamos con la enorme fortaleza que nos dan nuestras raíces milenarias y nuestra larga historia de luchas para erigir la gran Nación independiente que hoy somos y que se proyecta con gran vigor hacia el siglo XXI.

Con humildad y realismo pues incluso en el caso, no siempre seguro, de contar con la mayor voluntad, la mejor estrategia y el más amplio esfuerzo, los avances que se pueden conseguir en un sexenio resultan irremediablemente limitados.

Además, es más seguro avanzar con pasos quizás pequeños pero firmes, que con movimientos bruscos y arriesgados.

El desarrollo es necesariamente un proceso de largo plazo. Se alcanza eslabonando cuidadosamente el trabajo perseverante de varias, de muchas generaciones.

Cada una, si tiene éxito, hace su aportación, tanto con algunos resultados de beneficio inmediato, como sentando las bases para hacer más fructífero el esfuerzo de las generaciones siguientes.

Si se tiene éxito se puede avanzar más rápido; se puede incluso acortar el camino; pero nunca podrá eliminarse del todo el esfuerzo para recorrerlo.

El desarrollo es un concepto muy amplio e integral, pero pasa necesariamente por el crecimiento económico. Este es un medio primordial para alcanzar muchos de los fines del desarrollo.

De ahí el énfasis que hemos puesto en establecer las condiciones necesarias para el crecimiento sostenido de la economía nacional.

En esa tarea, sin embargo, el primer desafío de esta administración fue hacer frente a una de las más severas crisis financieras que haya conocido nuestro país.

Un enorme y creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos financiado con entradas de capital de muy corto plazo; la acumulación de deudas con vencimiento casi inmediato por más de 41 mil millones de dólares; una fuerte inercia de fugas de capital generada en varios episodios a lo largo de 1994; una política de rigidez cambiaria sin adecuado sustento fiscal ni financiero; un sistema bancario sumamente quebrantado; y una economía con crecimiento muy bajo a pesar de la disponibilidad sin precedente de ahorro externo, fueron algunos de los factores incubados de tiempo atrás –no en unos días como algunos quisieron sostener– que explican la erupción, en diciembre de 1994, de aquella grave situación de emergencia económica.

La fuerza con que ésta irrumpió resultó impredecible debido a que algunas de las circunstancias que influyeron en su gestación eran inéditas; sencillamente no se conocían antes.

Por ejemplo, no se conocía la extrema volatilidad de los flujos de capital –de origen distinto a créditos bancarios– que ingresaron al país en montos sin precedente en los años previos a la crisis.

Durante los primeros meses de 1995, el país vivió bajo un enorme riesgo, en varios momentos casi materializado, de insolvencia absoluta, lo que habría provocado un cierre masivo de fuentes de empleo y el desmantelamiento de una parte considerable del aparato productivo nacional.

Estuvimos en verdadero riesgo de perder no miles, sino millones de empleos y de vivir una contracción económica, no de uno, sino de varios años.

Ante ese riesgo, no dudé en tomar todas las medidas que juzgué necesarias para enfrentar aquella emergencia. Lo hice convencido de que sin esas medidas, el costo social de la crisis habría sido mucho más alto.

Insisto, la crisis causó un severo daño en los niveles de vida de la población durante 1995. Pero estoy seguro de que ese daño habría sido mucho más grande y prolongado sin las decisiones entonces adoptadas.

En aquellos momentos apelé al recio carácter de la gran mayoría de los mexicanos, expuse con toda franqueza la gravedad de la situación, así como la severidad de las acciones necesarias para enfrentarla. Al mismo tiempo sostuve que, de cumplirse esas medidas, la emergencia se superaría relativamente pronto y que, al cabo de la ineludible contracción económica inicial, entraríamos a una etapa de crecimiento sostenido.

Gracias al trabajo, la disciplina y decisión de todos los mexicanos, hoy podemos decir que aquel propósito se cumplió.

La crisis de 1995 significó una caída de 6.2 por ciento en el producto interno bruto, una altísima inflación del 52 por ciento y una tasa de desempleo que en agosto de aquel año llegó hasta 7.6 por ciento de la población económicamente activa. Pero, gracias a las medidas aplicadas, gracias a la voluntad y el esfuerzo de todos los mexicanos, desde 1996 la economía ha venido creciendo sostenidamente.

En el Plan Nacional de Desarrollo, de mayo de 1995, propuse una estrategia para alcanzar, durante el período 1996 año 2000, una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto superior al 5 por ciento.

Los datos de años anteriores y los correspondientes al primer semestre del presente año, permiten afirmar que esa meta será cumplida.

Lo mismo ocurrirá con la meta de inflación, que se propuso llegase a fines de este año, a un máximo de 10 por ciento anual. Desde el pasado mes de abril, la inflación acumulada anual ha sido menor a 10 por ciento.

Por su impacto social, el resultado más alentador de la política económica ha correspondido al empleo, que ha venido creciendo sistemáticamente durante cinco años. En consecuencia, la tasa de desempleo abierto llegó a 2 por ciento el pasado mes de julio y promedió 2.2 por ciento durante los primeros siete meses del presente año.

Ambas tasas son las más bajas que se han registrado desde que contamos con esta estadística.

Los salarios reales, que sufrieron un muy grave deterioro durante la crisis, comenzaron a recuperarse en algunos sectores en 1997, y en un mayor número de ellos a partir de 1998.

En el proceso de alcanzar estas metas, la economía mexicana ha debido superar otras duras pruebas provenientes del exterior, como lo fueron las turbulencias financieras de Asia y diversos países emergentes, ocurridas entre 97 y 99, así como el desplome en los precios del petróleo en 1998.

Por otra parte, debe reconocerse que la expansión de la economía de nuestro principal socio comercial -sostenida ya por varios años-ha sido un factor favorable para el desempeño de la economía mexicana.

Hoy vuelvo a refrendar mi más entera convicción de que tal y como nos lo propusimos, la economía mexicana no tendrá sobresaltos ni retrocesos alrededor del cambio de gobierno, y que cuenta con condiciones adecuadas para seguir creciendo en los siguientes años.

El crecimiento económico alcanzado por nuestro país desde 1996 ha tenido un firme sustento en la disciplina fiscal y monetaria, así como en el cambio estructural que han registrado diversos sectores productivos y que ha favorecido su competitividad.

Gracias a ello, México se ha convertido en una auténtica potencia exportadora a nivel mundial. Este año, nuestro país estará colocando en los mercados internacionales, productos por un valor superior a los 160 mil millones de dólares.

Durante estos años, el sector exportador ha sido uno de los motores más eficaces para la creación de empleos y donde los salarios se han recuperado con mayor rapidez.

Entre muchas otras importantes razones, por eso hemos desplegado una estrategia de negociación diplomática y económica con otros países, sin precedente por su intensidad y diversidad.

Dicha estrategia ha tenido dos ejes igualmente importantes: la defensa de nuestros principios de política exterior, que por fortuna coinciden sustancialmente con el Derecho Internacional, y la promoción de los intereses del país.

Los mexicanos podemos tener la certeza de que México es hoy una Nación más fuerte, más respetada y más reconocida en todo el mundo.

Hoy, México tiene pactadas condiciones de libre comercio con 27 naciones. Por su alcance y por la importancia económica de nuestros socios comerciales, podemos afirmar que ningún otro país del mundo cuenta con una red similar de acuerdos para que sus productos accedan con ventaja a tantos mercados nacionales.

La apertura a las corrientes mundiales de comercio e inversión ha apoyado el crecimiento de la economía, y esto, a su vez, ha sido un medio muy importante, mas no el único, para enfrentar el reto fundamental del desarrollo del país: hacer efectivas las libertades humanas esenciales que antes describí. O, en otras palabras, combatir los graves, los muy graves rezagos sociales.

Sin embargo, la solución a estos rezagos requiere más que el solo crecimiento económico, requiere la acción directa del Estado, con políticas sociales eficaces y el mayor monto posible de recursos para su financiamiento.

Sin esa acción directa del Estado, es imposible igualar las oportunidades de las personas; es imposible combatir la pobreza.

Por eso, la política social es indudablemente la tarea más importante y más difícil del gobierno. Y por eso, a la política social le hemos dedicado el mayor esfuerzo y los mayores recursos.

A pesar de la necesaria austeridad que ha prevalecido a lo largo de este gobierno, y gracias al ahorro en otras áreas de responsabilidad gubernamental, se logró aumentar significativamente los recursos destinados a la política social.

Hemos alcanzado, este año, el mayor gasto social federal de nuestra historia, tanto en términos absolutos, como por habitante, y como proporción del gasto total federal y del producto interno bruto.

Siendo grandes y antiguos los problemas de pobreza y de desigualdad de oportunidades; siendo inevitablemente progresiva y gradual su solución, es claro que el camino por recorrer es todavía muy largo. Sumando recursos y esfuerzos sin embargo de los tres órdenes de gobierno, se ha podido avanzar en los aspectos esenciales de la acción social del Estado.

Para hacer más eficaz la política social, se han descentralizado como nunca antes facultades y recursos a los gobiernos estatales y municipales. Por cada peso que hoy gasta directamente la Administración Pública centralizada, los estados y municipios están gastando uno y medio, mientras que en gastaban menos de uno.

Porque la salud es la primera condicionante del desarrollo humano, a ella se ha dedicado una atención muy especial, que ha quedado reflejada en avances significativos. En los últimos cinco años, el gasto federal en salud aumentó más del 40 por ciento en términos reales.

Aumentó en casi 40 por ciento el número de médicos y de enfermeras.

Se pusieron en operación cerca de 4 mil unidades médicas nuevas.

Se alcanzó la cobertura casi total de la población, del 99 por ciento, con servicios básicos de salud.

Se evitó la quiebra del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le dio viabilidad de largo plazo, y está en marcha uno de los programas de inversión más ambiciosos de su historia para mejorar la calidad de sus servicios.

Se promovieron leyes para proteger los derechos de las personas con alguna discapacidad y se estableció un programa integral para apoyarlas.

Por experiencia, los mexicanos sabemos que nada es más efectivo que la educación para igualar las oportunidades de progreso de las personas y realizar la justicia social.

Por eso hemos dedicado a la política educativa la mayor prioridad, lo que ha resultado en avances que deben alentar a todos a seguir trabajando fuerte en este campo decisivo para el futuro de la Nación.

Alcanzamos la mayor proporción en nuestra historia de recursos federales destinados a la educación, tanto en relación al gasto total, como al producto interno bruto. Esta es una buena base para plantearse metas más ambiciosas.

La matrícula escolarizada del sistema educativo nacional llegó a cerca de 30 millones de alumnos, casi 90 por ciento de ellos en instituciones públicas.

El número de escuelas llegó a 220 mil, una de cada siete ha sido construida en este sexenio. De la planta total de maestros, de un millón y medio, la sexta parte se incorporó durante esta Administración.

Han aumentado significativamente las proporciones de los niños y jóvenes que acuden a la primaria, de los que la terminan, de los que ingresan a secundaria y la concluyen, y de los que avanzan hacia los niveles medio superior y superior.

Se ha logrado multiplicar apreciablemente las oportunidades y opciones de educación superior gracias a la creación de 106 nuevas instituciones públicas de ese nivel.

En su conjunto, el subsidio a la educación superior ha crecido 32 por ciento en términos reales desde 1995.

La matrícula de educación superior es ya de más de dos millones de alumnos.

El total de los recursos destinados a ciencia y tecnología aumentó durante este Gobierno, casi 45 por ciento real, si bien todavía son muy insuficientes.

Se ha hecho una inversión sin precedente para rescatar, restaurar y ampliar el patrimonio histórico del país así como para apoyar la creación artística y cultural.

Se han otorgado más de 6 millones de becas de capacitación para el trabajo y se ha establecido un sistema nacional de competencias laborales que muy pronto habrá de consolidarse como un muy eficaz incentivo para la preparación y el estudio permanente a lo largo de la vida laboral.

Nos propusimos atender de manera especial a quienes tradicionalmente han carecido de apoyo, no sólo escolar sino alimenticio y de salud, para poder realizar su educación.

Por eso, entre otras acciones, se multiplicaron tres veces y media el número de desayunos escolares, para llegar a 4.6 millones diarios, y en 1997 se estableció el Progresa, que ya alcanza a 2.6 millones de familias en 56 mil localidades rurales. Un tercio de la población beneficiada por este programa es indígena.

Según evaluaciones técnicamente bien fundadas, el Progresa está probando ser un instrumento sumamente eficaz de la política social para enfrentar la pobreza extrema.

Se ha puesto énfasis en que los avances de la política social ocurran precisamente en donde existen mayores rezagos, señaladamente en el medio rural.

Además de los apoyos de la política social a quienes viven en el campo, se ha trabajado en la seguridad jurídica de sus tierras, alcanzando resultados satisfactorios y con recursos presupuestales crecientes se ha apoyado la producción mediante programas como Procampo, la Alianza para el Campo y Apoyos a la Comercialización.

Es muy desafortunado que hayamos tenido muy adversas condiciones climatológicas y los más bajos precios internacionales de los productos básicos en muchos años. Con todo, la producción agropecuaria y forestal ha crecido en cada uno de los años de esta Administración. Esta tendencia no se registraba desde hace más de un cuarto de siglo.

Con la participación de la sociedad y a partir del fortalecimiento del marco normativo e institucional, se ha puesto gran empeño, con resultados alentadores, en frenar el deterioro del medio ambiente y proteger nuestros vastos, pero muy frágiles, recursos naturales.

El Estado mexicano ha respondido a la población afectada por los graves desastres sufridos en años recientes, para lo cual ha sido fundamental el papel de nuestras Fuerzas Armadas.

Ha sido un altísimo honor servir como su Comandante Supremo y constatar, cada día, la lealtad a la Nación, el profesionalismo y la entrega del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.

No obstante los avances antes señalados y los que se documentan en muchos otros aspectos en el informe escrito que he entregado, no sería honesto ni correcto declararme satisfecho por lo alcanzado. Una vez que se ha recorrido un trecho, por más esfuerzo que se haya dedicado, lo más importante es ver lo que falta por recorrer; reconocer lo mucho que todavía está por hacer para llegar a la meta que todos deseamos.

En particular, deben reconocerse aquellos aspectos en los que, a pesar del esmero, la tarea ha resultado muy distante respecto a lo que nos propusimos.

Este es mi sentir, entre otros temas, como lo es de toda la gente, en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad.

Nunca estuvimos con los brazos cruzados. Mi primera iniciativa de reforma constitucional logró la cabal independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial Federal y estableció las bases para contar con un sistema nacional de seguridad pública.

Se promovió y se logró reformar las leyes para tipificar mejor y castigar más fuerte los delitos.

Se aumentó el presupuesto federal para seguridad 300 por ciento. Se canalizó una parte muy importante de ese aumento al ámbito de los estados y el Distrito Federal, pues casi el 95 por ciento de los delitos son del fuero común y por ley deben ser perseguidos y castigados por las autoridades locales, no por las federales.

Recientemente se creó una nueva Policía Federal Preventiva. Emprendimos una depuración sin precedente de malos elementos incrustados en diversas instituciones. Y, pese a todo, la criminalidad sigue siendo un problema muy grave.

Confío en que el esfuerzo hecho no habrá sido en vano y en que muy pronto se percibirán efectos positivos mucho más importantes que hasta ahora.

Por lo pronto, admito con pena que es muy justificada la insatisfacción social por este problema.


Si trabajar por el desarrollo consiste en crear las condiciones para el disfrute de todas las libertades esenciales del ser humano, entonces el desarrollo puede alcanzarse sólo con democracia.

La democracia es el único sistema político que garantiza libertades esenciales, como la libertad de pensar, creer y opinar; la libertad de organizarse y participar; la libertad de disentir y criticar; la libertad de escoger.

La democracia tiene historia en México.

La democracia fue un precepto que la generación liberal de la Reforma plasmó en la Constitución de 1857.

La democracia fue la causa que llevó a Madero a iniciar el movimiento de 1910 y es un principio fundamental en la Constitución surgida de la Revolución Mexicana.

La democracia fue propósito y un compromiso fundacional del partido político al que pertenezco, y ha sido razón principal de lucha de los otros partidos políticos nacionales.

Hacer que la democracia ya no fuese un ideal postergado fue el propósito de sucesivas reformas políticas, señaladamente a partir de la de 1977.

Esas reformas fueron resolviendo, uno a uno, muchos de los temas que tradicionalmente fueron causa de controversia, disgusto y aun conflicto.

Cada una de ellas fue una aportación muy valiosa y resultó decisiva para los pasos subsecuentes.

Expreso mi reconocimiento a quienes en su momento alentaron, concibieron, pactaron y legislaron cada una de esas reformas.

Y, sin embargo, pese a los méritos de cada reforma y al avance político que significaron, nadie podía soslayar que persistía un ánimo social de insatisfacción con nuestra democracia.

Cuando existe tal percepción, ella entraña en sí misma un obstáculo muy serio para emprender las tareas del desarrollo. Si la gente no se siente como parte de un país realmente democrático, entonces no asume conductas democráticas en el ejercicio de sus derechos, y mucho menos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por todo lo anterior, consideré que todos los mexicanos debíamos unirnos en la tarea inaplazable de alcanzar la plena normalidad democrática. Así lo manifesté en el acto mismo en que asumí la Presidencia de la República.

Lo hice convencido de que para lograr la normalidad democrática se requería abordar, sin doblez alguno, la causa principal de insatisfacción con nuestra democracia: las condiciones de la competencia política para acceder al poder público.

Desde esta misma tribuna convoqué a todas las fuerzas políticas a trabajar juntos para subsanar esa insatisfacción.

Pocas semanas después, el 17 de enero de 1995, el gobierno y los partidos suscribimos un Acuerdo Político Nacional por el que nos propusimos trabajar por una reforma definitiva.

Después de prolongadas y complejas negociaciones, por primera vez en nuestra historia se logró un consenso total que hizo posible la aprobación unánime, por el Congreso, de la anhelada reforma constitucional en materia electoral.

Reitero mi sincera gratitud a quienes participaron en su formulación, negociación y aprobación.

La reforma fijó nuevos principios constitucionales claros y modernos a los que deben ceñirse todas las leyes electorales federales y estatales del país.

La reforma confirió total autonomía tanto al Instituto Federal Electoral, responsable de la organización de las elecciones, como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, responsable de impartir la justicia electoral.

La reforma estableció principios claros y mecanismos justos para el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, así como para su acceso a los medios de comunicación.

La reforma también estableció la elección por voto libre y directo del Jefe de Gobierno y de los delegados del Distrito Federal.

Además, el Gobierno de la República promovió que las características de las nuevas disposiciones electorales fuesen asimiladas en las legislaciones de los estados de la Federación.

La reforma logró claramente su objetivo: condiciones justas para la competencia política.

Las nuevas leyes y las instituciones electorales han acreditado paulatina pero firmemente su seriedad y confiabilidad.

Durante el sexenio se han celebrado 96 elecciones estatales y dos elecciones federales.

Al cabo de todos esos procesos, es posible asegurar que la suspicacia, las recriminaciones y los conflictos electorales han quedado atrás.

Se ha cumplido el propósito común que expresé el 1º de diciembre de 1994: que todos quedemos satisfechos por la forma, por la forma en que se llevan a cabo las elecciones, independientemente de sus resultados.

Las leyes e instituciones surgidas de la reforma enmarcaron las elecciones del pasado 2 de julio, en que se eligió Presidente de la República para el período 2000-2006, y se renovaron ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

La jornada electoral se caracterizó por la tranquilidad y una alta participación ciudadana, y estuvo precedida por las campañas más intensas y competidas de nuestra historia.

Al cabo de esa jornada, unos ganaron y otros perdimos.

La mayoría del voto eligió a Vicente Fox Quesada, de la Alianza por el Cambio, como Presidente de la República. La votación para diputados y senadores determinó una composición plural en ambas cámaras del Congreso, donde ningún partido político cuenta con mayoría absoluta.

Estos resultados son inéditos en la historia política del país.

Por eso es natural y muy comprensible que desde el 2 de julio, muchos de quienes participan en la política nacional y de quienes la analizan, se hayan ocupado de explicar las causas de este resultado.

He leído y escuchado con atención muchas de esas explicaciones y no me cabe duda de que todas ellas tienen muy valiosos elementos de verdad. Pero también creo que no todas reconocen suficientemente un hecho sencillo, contundente, ineludible, que nos remite a la esencia misma de la democracia:

Los mexicanos votaron con libertad y en secreto. Cada voto contó y, como en toda democracia, la mayoría decidió.

Insisto. Esta es la esencia de la democracia electoral: que la voluntad popular, expresada en el voto, determine quién gobierna la Nación y quiénes representan a la ciudadanía.

En la explicación de los resultados electorales, asumo sin cortapisas la responsabilidad que pudiese haber tenido el desempeño del gobierno. Sin embargo, creo que la explicación de los resultados no puede estar completa si no se considera que en cualquier competencia, máxime en la competencia política, debe tomarse en cuenta también, lo hecho por los vencedores.

Sin menoscabo de la satisfacción de quienes en esta elección resultaron ganadores, y sin ignorar la tristeza y la pesadumbre de quienes resultamos derrotados, creo que todos, absolutamente todos, debemos asumir un hecho: México ha completado su camino hacia la democracia.

Tras un largo proceso que comprendió luchas cruciales de nuestro pueblo en los siglos XIX y XX, los mexicanos del presente contamos ahora con todos los elementos que integran una democracia moderna: garantías individuales, libertades cívicas, sistema de partidos, elecciones libres y justas, pluralismo y, ahora, como resultado de la voluntad ciudadana, como resultado de la voluntad ciudadana, alternancia política.

México está viviendo como nunca antes la democracia. E insisto, esto es cierto gracias a las luchas de las generaciones de mexicanos que nos precedieron y gracias, también, a lo que ha hecho nuestra generación. Es decir, no una persona o grupo de personas; no un partido o grupo de partidos, sino un conjunto mucho más amplio, que somos todos los ciudadanos.

Es verdad que iniciamos una nueva etapa y que ese inicio está marcado por el arribo a la democracia plena. La democracia plena no cierra oportunidades para nadie, las abre para todos.

Esta nueva etapa también significa, de inmediato, responsabilidades para todos.

Por lo pronto, para quienes dejaremos los cargos conferidos, significa la responsabilidad de trabajar hasta el último día de nuestra función, a fin de asegurar las mejores condiciones posibles en el país durante la transición gubernamental, así como efectuar una entrega transparente, ordenada y eficaz de la Administración Pública.

Para quienes acaban de acceder a la representación popular, significa la responsabilidad de realizar su tarea legislativa con visión de largo plazo, debatir los asuntos públicos con afán constructivo, y resolverlos, en el ámbito de su competencia, antes que nada con lealtad a la Nación y sus instituciones.

México debe seguir su marcha hacia un desarrollo pleno. Continuar hacia ese objetivo demandará la voluntad y el esfuerzo de todos, y exigirá que sigamos superando retos.

El primero de esos retos consiste en consolidar la democracia alcanzada y ponerla a trabajar para la consecución de los otros fines del desarrollo nacional y la realización de las tareas pendientes.

Arribar a la democracia plena no equivale a su consolidación. Consolidar la democracia plena requiere profundizar el aprendizaje de su abc, convertirla en una forma de convivencia cotidiana.

Consolidar la democracia requiere hacer realidad, por fin y para siempre, lo que desde el año de 1946 estableció el artículo tercero constitucional: que la democracia sea nuestro sistema de vida; un sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

La democracia vale mucho por sí misma, pero no es la solución a todos los problemas, sino un mecanismo para resolverlos.

Asumida por todos, la democracia debe servir a las causas que son de todos.

La democracia debe servir para preservar la unidad nacional.

La democracia debe servir para seguir enfrentando y derrotar al crimen, a la corrupción y la injusticia.

La democracia debe servir para impulsar, no para obstaculizar, las muchas reformas y transformaciones necesarias a fin de asegurar permanentemente el crecimiento dinámico y sostenido de la economía nacional, como medio indispensable de combate a la pobreza y a la desigualdad de oportunidades.

La democracia debe servir para apoyar la solución definitiva de conflictos que mucho han dolido a todos los mexicanos. Ahora más que nunca, la amenaza de la violencia no es –no puede ser– un recurso legítimo para luchar por la justicia social. Para este como para cualquier propósito político, los únicos medios válidos y útiles son los que ofrecen la ley y la democracia.

Para que la democracia sirva a estos y a otros propósitos comunes a todos los ciudadanos, es indispensable que en la nueva convivencia democrática prevalezcan el diálogo sobre el monólogo, la racionalidad política sobre la pasión política, el acuerdo sobre el desacuerdo.

Estoy absolutamente convencido de que una consecuencia del nuevo pluralismo democrático y de la alternancia en el gobierno como posibilidad efectiva, debiera ser una construcción menos lenta y sinuosa que hasta ahora, de los acuerdos políticos indispensables para continuar la transformación de nuestro país.

Por lo pronto, confío firmemente en que la democracia servirá para que el próximo gobierno no deje de cumplir, por falta de apoyo de cualquiera de las fuerzas políticas, ninguna de las tareas conferidas por el pueblo de México. El arribo pleno a la democracia es un triunfo de la política, pero significa igualmente un compromiso enorme para quienes creen y participan en ella.Es legítimo que cada persona, que cada grupo, cada partido político, tengan su propio proyecto político. Pero su realización debe sujetarse a las reglas y a los propósitos de la democracia y, por lo mismo, al interés general.

Ya nadie puede asumirse eternamente en la oposición, ni nadie eternamente en el gobierno.

Por lo tanto, ahora todas las fuerzas políticas, sea en la oposición, sea en el gobierno, deberán tener un mayor incentivo para contribuir a los cambios que aceleren el desarrollo de nuestra Nación.

A todos conviene cuidar la casa. No sólo porque es de todos; sino porque ahora, cualquiera puede ser responsable de ella.

Y nunca debe olvidarse que esta casa nuestra, esta Patria, México, no sólo tiene una gran historia, sino que promete un gran futuro.

Por esa historia que es de todos y por ese gran futuro que merecen nuestros hijos, confío en que los mexicanos seguiremos trabajando unidos y con ahínco.

Agradezco mucho a las señoras y a los señores legisladores el honor de hablar desde esta tribuna. Agradezco a todos su atención. Muchas gracias, señor Presidente del Congreso de la Unión.