Ernesto Zedillo, 1o. de Septiembre de 1999

Señoras y señores diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión;

Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

Mexicanas y mexicanos:

Me permito entregar a la Presidencia de este Congreso un informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

He cumplido así con lo que ordena el artículo 69 de la Constitución de la República.

No pretenderé exponer en esta tribuna el contenido del informe presentado por escrito. Sé que durante los próximos días las señoras y los señores legisladores habrán de analizar ese informe exhaustivamente.

Al igual que en años anteriores, los funcionarios de la Administración Pública Federal estarán a disposición de ambas Cámaras para abundar o precisar sobre el documento que he entregado.

En vez de leer o resumir aquí el informe escrito, aprovecharé el alto honor que significa asistir a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión, para expresar algunas consideraciones sobre el avance social, económico y político de la nación.

Cada día los mexicanos trabajamos muy duro para que nuestros hijos tengan mejores condiciones de vida que nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos.

Los mexicanos sabemos que nada puede sustituir al esfuerzo de cada persona, de cada familia, de cada comunidad.

Pero también sabemos que ese esfuerzo debe ser apoyado por el gobierno en aquellos aspectos que corresponden a la acción del Estado.

Con toda razón la gente espera que el Estado promueva oportunidades equitativas para la superación y el bienestar de todos; que el Estado provea buenos servicios básicos; que el Estado brinde seguridad.

Trabajar para esto, que es el sentido social más profundo del Estado, ha sido el objetivo más importante de este gobierno.

Hemos trabajado con plena conciencia de que debemos enfrentar carencias y rezagos acumulados durante muchas décadas y a veces siglos.

Hemos trabajado conscientes también, de que el crecimiento de la población ha impuesto retos enormes.

Nada más en los últimos 30 años, nuestra población se ha duplicado. En 1970 éramos 48 millones; en el año 2000 seremos 100 millones.

Además, hay más de 10 millones de mexicanos que viven dispersos en localidades de menos de 500 habitantes cada una.

Esto significa que ha sido particularmente difícil llevar servicios básicos a esos mexicanos, atenderlos como es debido e incorporarlos a los avances del resto del país.

La distancia que separa a esos mexicanos de los niveles de vida de los demás es mayor en la medida en que cada generación naturalmente tiene demandas más y más altas.

En la educación, por ejemplo, hace 70 años la gran cruzada era por la alfabetización. En 1970, en que la escolaridad promedio en el país era ya de 3.4 años, la meta era la primaria completa. Hoy que la escolaridad promedio es de 7.7 años, la meta de 9 años ya es insuficiente.

El tamaño y la complejidad de los retos ha sido el mayor estímulo del gobierno para hacer el mayor esfuerzo. Sobre todo porque la atención de muchas demandas requiere gran perseverancia. El camino es largo y se recorre paso a paso.

La gente sabe que falta a la verdad quien ofrezca resolver los problemas de un día para otro.

Lo que sí podemos hacer, es seguir sumando el esfuerzo de cada uno para que todos estemos un poco mejor cada día.

Por eso, este gobierno dedica la mayor parte de sus recursos humanos y económicos a los servicios básicos y a los apoyos que la gente más necesita.

La inmensa mayoría de quienes trabajan para el Estado son maestros, médicos y enfermeras.

De igual modo y no obstante las dificultades económicas, cada año de este gobierno hemos aumentado los recursos públicos destinados a la gente.

Hoy estamos dedicando al gasto social el 60 por ciento del presupuesto programable. Esta es la proporción más alta en la historia de México. Hace 10 años, esa proporción era 36 por ciento y hace 15 años era 28 por ciento.

Porque la gente demanda más y mejor educación para tener más y mejores oportunidades de superación y bienestar, a ella dedicamos la mayor parte del gasto social.

25 centavos de cada peso que programa gastar el gobierno, son para educación. La educación ha sido y seguirá siendo una prioridad indiscutible para este gobierno.

Esto hace posible que hoy casi uno de cada tres mexicanos estén en la escuela.

Los mexicanos queremos que haya escuelas para todos los niños y jóvenes, y que ingresen a ellas mejor preparados para aprender y para convivir.

Hoy 9 de cada 10 niños y niñas que entran a la primaria, ya cursaron antes al menos un año de preescolar.

Hoy también, 9 de cada 10 niños entre 6 y 14 años de edad están estudiando la primaria, un total de 14.7 millones. Más de 90 por ciento de los mexicanos de 15 años de edad ya completaron su primaria, lo que es un avance significativo con respecto a 1995 en que esa proporción era menor a 84 por ciento.

Pero no basta con la primaria.

Por eso este gobierno ha hecho un esfuerzo especial para que más mexicanos estudien la secundaria, como es su derecho.

Hoy más de 5 millones 260 mil jóvenes están en la secundaria; 770 mil más que en 1994.

El impulso no se detiene allí. A medida que más jóvenes ingresan a la secundaria, son más los que siguen hasta la educación superior.

Por lo pronto, más de 2 millones 860 mil mexicanos están cursando educación media superior, medio millón más que en 1994.

Los jóvenes demandan más y mejores opciones de estudios superiores y tecnológicos.

Hace cinco años, había en el país 120 institutos tecnológicos superiores; hoy contamos con 161. Hace cinco años había 7 universidades tecnológicas; hoy contamos con 38.

Gracias a este esfuerzo, ahora 2 millones de alumnos están estudiando educación superior, 520 mil más que en 1994.

Con muchísima razón la gente ya no se conforma sólo con que haya escuelas para sus hijos. La gente quiere calidad. Tiene toda la razón; vivimos en un mundo más y más exigente y el sentido de ir a la escuela es aprender para poder vivir mejor.

Por eso, en este gobierno se ha hecho un gran esfuerzo para elevar la calidad en todos los niveles educativos.

En primaria se ha completado la renovación de los planes de estudio. También se ha completado la renovación de los Libros de Texto Gratuitos. Para este año escolar se distribuyeron 163 millones de ejemplares; 62 millones más que en 1994.

Además se ha restituido la enseñanza sistemática de materias para que los niños y los jóvenes conozcan y aprecien nuestra historia y sus deberes cívicos, y se han establecido materias para inculcarles responsabilidad hacia la naturaleza y hacia su propia vida.

En la secundaria también hemos realizado una renovación completa de los planes de estudio. Por primera vez, con la concurrencia de las entidades federativas, se están distribuyendo gratuitamente Libros de Texto para Secundaria. Comenzamos este esfuerzo hace apenas dos años y 90 por ciento de los alumnos de las secundarias públicas ya los reciben, en este ciclo escolar.

La clave para una educación de calidad está en tener buenos maestros. Los maestros necesitan buenos apoyos para prepararse y actualizarse.

El Gobierno está impulsando una reforma integral a la educación normal, y está haciendo una inversión sin precedente en la infraestructura para la preparación y la capacitación permanente del magisterio nacional.

Más maestros que nunca antes están tomando cursos de actualización y están participando en análisis y discusiones sobre planes de estudio y métodos de enseñanza.

Más maestros que nunca antes están recibiendo más apoyos que nunca antes, de libros, materiales didácticos, acceso a bibliotecas especializadas, televisión educativa y equipos de cómputo.

Lograr la calidad que queremos toma tiempo, pero el esfuerzo empieza a dar sus primeros resultados.

Después de muchos años de deterioro, contamos con las primeras evidencias empíricas de que los alumnos ya están adquiriendo y utilizando mejores conocimientos, señaladamente en materias como español y matemáticas.

El esfuerzo por la calidad debe llegar a todos los niveles educativos.

Por eso, para apoyar a las universidades públicas, este gobierno ha puesto en marcha programas especiales que alientan la formación y especialización del profesorado, que otorgan estímulos económicos a las labores docentes, y que promueven la modernización de las instalaciones, los sistemas de información y el equipo para la investigación.

Ampliar la cobertura e impulsar la calidad de la educación no es suficiente para hacer efectivo el derecho a la educación de todos los niños mexicanos.

Debemos reconocer que en México muchos niños se han quedado sin las oportunidades que brinda la educación, no por falta de escuelas, sino por falta de nutrición, de salud y por la pobreza de sus padres.

Pocas cosas son más tristes que ver a un niño o a una niña que abandonan la escuela por una enfermedad o que dejan de estudiar porque sus padres los necesitan para que ayuden con el gasto.

Para que esto deje de ocurrir, este gobierno ha venido aplicando programas especiales que evitan que las niñas queden marginadas de la escuela; que impiden que la mala nutrición y el hambre condenen a niños sin recursos a quedar en desventaja para toda su vida, y que hacen más difícil que abandonen la escuela antes de terminarla.

Hoy, con la concurrencia de estados y municipios, cada día 4 y medio millones de niños reciben desayunos escolares, 3 veces más que en 1994.

Hoy, 4.2 millones de niños de primarias rurales, incluidas todas las indígenas, reciben gratuitamente útiles escolares y materiales didácticos elaborados especialmente para ellos.

Hoy, más de 3 millones de alumnos de educación básica reciben becas, 5 veces más que en 1994.

Sin embargo, cada uno de estos apoyos por sí mismo no asegura que los niños más necesitados puedan permanecer en la escuela y aprovecharla. En muchos casos se requiere atender integralmente todos los aspectos que pueden truncar la educación de estos niños.

Para eso se está aplicando el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación; el PROGRESA.

El PROGRESA proporciona a las familias más pobres una beca para que cada hijo o hija cursen la primaria y la secundaria, y la condiciona a que asistan a la escuela y a que reciban atención médica. Además, se otorga un apoyo en efectivo a cada familia. Las becas y los apoyos son para evitar que los niños, en vez de estudiar, indebidamente trabajen.

Adicionalmente, el PROGRESA entrega complementos nutritivos para los niños más pequeños y las madres en lactancia.

Con el PROGRESA, muchos niños que nunca habían recibido atención médica, ya la reciben. Muchos niños que habían abandonado la escuela, han regresado a ella. Muchos niños de familias donde nadie había terminado la primaria o la secundaria, ahora las completarán. Esos niños tendrán las oportunidades que sus padres y sus hermanos mayores no han tenido.

Adicionalmente, gracias al contacto con las instituciones y a la atención médica, muchas madres de familia ahora cuidan mejor de su salud. Muchas madres de familia están encontrando con el apoyo económico que reciben -aun siendo modesto-, encuentran que les sirve como base para mejorar sus actividades productivas o iniciar otras.

El PROGRESA comenzó a aplicarse apenas hace dos años. Este mes llegaremos a la meta que nos fijamos para fines de este año de atender a 2.3 millones de familias. Ahora nuestra meta para el inicio del año 2000, es atender a 2.6 millones de familias.

La salud es condición básica para el progreso y para la tranquilidad de las personas y familias. Por eso, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por atender mejor la salud de la gente.

En esta Administración el ramo de presupuesto que ha tenido mayor crecimiento, 70 por ciento en términos reales, es el de los servicios de salud.

Gracias a esta inversión, el próximo año lograremos que todos los mexicanos tengan acceso al paquete básico de salud, en hospitales, clínicas, centros de salud o unidades móviles. El paquete básico previene y atiende los males más extendidos y frecuentes en México.

En los pasados cinco años, se ha logrado incorporar a los servicios básicos de salud a 16 millones de personas. La mitad de ellas nacieron en ese lapso; los otros 8 millones, que habitan en las zonas más pobres del país, habían estado marginados por completo de las instituciones de salud.

Se trata no sólo de combatir la enfermedad y la zozobra que provoca en las familias; sino también de prevenirla. 98 por ciento de los niños menores de cinco años ya reciben vacunas para prevenir doce enfermedades. Hasta hace pocos años, las vacunas que se aplicaban protegían sólo contra seis. Esta acción evita cada año la muerte o discapacidad de miles de niños por polio, meningitis u otras enfermedades.

Durante los pasados cinco años, el gobierno ha construido 156 nuevos hospitales, uno cada doce días, y 2 mil 800 centros de salud y consultorios, uno y medio por día. Además, ha incorporado a las labores a 45 mil nuevos médicos y enfermeras para mejorar la calidad de la atención.

El Instituto Mexicano del Seguro Social contiene el patrimonio colectivo que protege la salud y las pensiones de retiro de la mitad de los mexicanos.

Hace cinco años, ese patrimonio se encontraba en grave riesgo. Los servicios médicos eran insuficientes por falta de inversión y mantenimiento; escaseaban las medicinas y los materiales de curación. Las pensiones ya no podían cubrirse con el presupuesto y sin acciones oportunas habrían dejado de pagarse. La angustia y la irritación se extendían entre los derechohabientes.

La quiebra del Instituto ya no era sólo una amenaza, sino una realidad inminente.

El Gobierno de la República no podía permitir el colapso de la institución más importante del patrimonio social de los trabajadores mexicanos.

Pudimos optar por tomar sólo medidas superficiales y trasladar el problema a la siguiente Administración Federal, lo que habría hecho más profundo el deterioro. Pero actuar así, habría sido un acto irresponsable con los trabajadores del país.

En cambio, este gobierno propuso una profunda reforma a la seguridad social que fue aprobada por el Congreso de la Unión.

Como resultado de la reforma, el Gobierno Federal absorbió el enorme pasivo para el pago de pensiones e incrementó su aportación regular para que disminuyeran las aportaciones de los trabajadores. Comprometimos recursos públicos de éste y de los próximos gobiernos para rescatar a la seguridad social.

Hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social está creciendo. Está llevando a cabo el programa de inversiones más grande de su historia. Los ramos que protegen la salud están logrando excedentes para una sana y estable operación futura.

Las pensiones de quienes habían adquirido ese derecho están garantizadas y se pagan puntualmente. Un nuevo sistema de ahorro y retiro, más justo y productivo, protege ahora a 14.8 millones de trabajadores.

Los hechos acreditan la justicia y la oportunidad del rescate de la seguridad social por el Estado mexicano.

Los mexicanos que viven y trabajan en las ciudades, tres cuartas partes de la población del país, reclaman mejores servicios y oportunidades para una vida digna.

El gobierno trabaja para atenderlos. En los últimos cinco años, 8.3 millones más de mexicanos han comenzado por primera vez a recibir el servicio de agua potable, y 10.5 millones más, el de drenaje y alcantarillado. La energía eléctrica llega hoy a 95 por ciento de los hogares.

Por otra parte, medio millón de familias han recibido las escrituras de sus lotes en colonias populares regularizadas, y 2.1 millones han obtenido financiamiento para adquirir o mejorar su casa o departamento. En noviembre pasado, el INFONAVIT asumió el compromiso de financiar la construcción de 200 mil viviendas en 18 meses, el objetivo más ambicioso que se haya fijado esa institución.

Para atender eficazmente a las colonias populares y procurar un mejor desarrollo urbano, promovimos un profundo cambio, congruente con el nuevo federalismo que impulsamos.

Muchas de las responsabilidades y los recursos que antes eran ejercidos por el Gobierno Federal, han sido transferidos a los gobiernos de los estados y los municipios. No sólo eso; se han incrementado los recursos. En 1997 se transfirieron a los municipios 8 mil millones de pesos; en este año serán más de 25 mil.

Hoy tres cuartas partes del presupuesto que manejaba la Secretaría de Desarrollo Social se operan en esta nueva modalidad.

El nuevo federalismo en la provisión de servicios básicos es un ejercicio democrático que atiende las demandas de la gente con seriedad, sin personalismos y sin afanes de lucro político.

Por muchos años hemos hablado de la crisis que afecta al campo mexicano y que impide a las mujeres y los hombres del campo que su esfuerzo reciba una retribución justa.

Por eso, este gobierno ha venido aplicando una estrategia integral para corregir las restricciones estructurales del sector rural.

Estamos saliendo de la prolongada crisis del campo mexicano. Lo estamos logrando al abatir la incertidumbre y la indefinición agrarias; al promover el crecimiento y la diversificación de la producción agropecuaria; y al impulsar el desarrollo social a partir del combate a la pobreza extrema.

En lo fundamental, la disputa por la tierra ha terminado. 20 mil ejidos y comunidades, cerca de 70 por ciento de los que existen en el país, ya cuentan con los títulos y certificados que reconocen y precisan su propiedad y sus derechos.

La titulación previene conflictos y enfrentamientos estériles que frenan el desarrollo productivo, arriesgan el ingreso y retardan el bienestar.

La certeza y la claridad en los derechos de propiedad sustentan una nueva convivencia pacífica, plural y democrática en el campo.

Los campesinos están resueltos a aumentar la producción agropecuaria y elevar el rendimiento de sus tierras. El gobierno respalda su esfuerzo facilitando la adquisición de maquinaria y equipo de trabajo, el uso de semillas y pies de cría, y llevándoles asistencia técnica de calidad.

Con la Alianza para el Campo se apoyan hasta con 45 por ciento, las inversiones directas de los productores para elevar la productividad.

Cada año, PROCAMPO está entregando un pago en efectivo que garantiza un ingreso mínimo a 2.9 millones de productores que siembran 14 millones de hectáreas de cultivos básicos. Con este apoyo, los campesinos adquieren insumos y se protegen de variaciones en los precios.

A través del Programa de Apoyo a la Comercialización, se están compensando las desventajas que afectan a los productores agrícolas para que puedan recibir ingresos superiores a los referentes internacionales, sin afectar a los consumidores.

Poco a poco, en esta Administración se ha venido recuperando la dinámica del crecimiento agropecuario que, pese a condiciones climáticas adversas, ya supera en promedio al incremento de la población. Por otra parte, el avance en las exportaciones agropecuarias refleja la transformación productiva que está generando la inversión.

La pobreza rural conforma un círculo vicioso complejo y resistente. Quienes la sufren, demandan que superemos la injusticia histórica que los separa de los demás mexicanos y los margina del progreso y del bienestar.

El gobierno está respondiendo a esa demanda con una visión de largo plazo que no sólo atiende los síntomas, sino que ataca las causas de la pobreza con constancia y decisión. Los pobres del campo exigen oportunidades de progreso para alcanzarlo con su propio esfuerzo.

De ahí que en las zonas rurales marginadas estemos concentrando los esfuerzos para ampliar la cobertura educativa y de salud.

De ahí también que el PROGRESA llegue ya a cuatro de cada cinco familias rurales afectadas por pobreza extrema; y que el crédito a la palabra llegue a casi 550 mil productores de autoconsumo.

Adicionalmente, se ha incrementado el apoyo a las empresas sociales y los fondos indígenas, se ha ampliado el sistema de abasto rural, y se ha reorganizado la atención a las regiones prioritarias con altos índices de marginación.

Además, se están ofreciendo empleos estacionales para abrir y mantener caminos, así como para construir obras de beneficio colectivo que eleven los rendimientos de la producción.

Cada año los programas de empleo temporal ofrecen un millón de puestos de trabajo, 370 mil más que hace cuatro años. Estos programas tienen un doble efecto en las familias y comunidades, pues significan salarios y, también, más y mejor infraestructura.

Con toda razón, las mujeres demandan que se las atienda con la eficacia y la calidad con que ellas contribuyen a la vida social, económica, política y cultural del país. En el caso de las mujeres que viven y trabajan en el campo, les está respondiendo con acciones específicas para su salud y su educación; con Programas de Combate a la Pobreza y de Apoyo Productivo.

La incorporación de las familias al PROGRESA se hace a través de las mujeres, para asegurar que los apoyos realmente agreguen recursos al hogar. Para prevenir la deserción escolar de las niñas, que tiende a ser lamentablemente más alta que entre los niños, las becas que ellas reciben son mayores.

En los cinco años de esta Administración se ha otorgado financiamiento a más de 20 mil proyectos de empresas de mujeres. Más de 700 mil familias campesinas han recibido apoyo para la producción de traspatio que realizan las mujeres.

Cuando el medio ambiente se deteriora, la calidad de vida de todos también se deteriora.

Más y más mexicanos, sobre todo entre los jóvenes, exigen vigorosamente que trabajemos para restaurar la armonía en nuestra relación con la naturaleza. Esa tarea rebasa el compromiso de las personas o de los grupos voluntarios.

Por eso, este gobierno ha hecho del cuidado de los recursos naturales una parte esencial y novedosa de la política social.

En esta Administración se han realizado acciones de protección en 37 millones de hectáreas de bosques, selvas y áreas de diversidad biológica, casi la quinta parte de nuestro territorio.

Hemos sembrado mil millones de árboles, y se ha comenzado a elevar la eficacia en el combate a los incendios forestales.

En la medida en que la gente, muchas veces en pobreza, comparte el espacio y los recursos que debemos cuidar, debemos conjugar justicia, conservación y desarrollo sustentable. Los mexicanos estamos avanzando como nunca frente a uno de los retos más grandes y complejos de nuestro tiempo.

Dos desastres de gran magnitud: el huracán Paulina que azotó las costas de Guerrero y Oaxaca en octubre de 1997, y las lluvias torrenciales en la Costa de Chiapas en septiembre de 1998, que provocaron desbordamientos catastróficos, pusieron dramáticamente de relieve las consecuencias de abusar de los recursos naturales.

Las acciones y los programas de emergencia para enfrentar esos desastres requirieron de grandes esfuerzos y elevados costos para rescatar personas, evitar epidemias, superar la escasez de agua y alimentos, así como para reponer la vivienda y la infraestructura destruidas. Con el esfuerzo y la solidaridad de los mexicanos, conseguimos esos objetivos.

La disposición de un fondo presupuestal para contingencias, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, ha permitido afrontar las emergencias sin mermar los recursos de inversión social.

Frente a los desastres, y de manera muy especial en el caso de la Costa de Chiapas, se evitaron pérdidas humanas incalculables gracias a la participación leal, oportuna y eficaz de nuestras Fuerzas Armadas.

La gran capacidad del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en las tareas de protección civil se demostró una vez más cuando el huracán Mitch golpeó a nuestros hermanos de Centroamérica, apenas unos cuantos días después de las inundaciones en Chiapas.

El Gobierno de la República captó el sentimiento solidario de los mexicanos y envió personal de nuestras Fuerzas Armadas y de otras dependencias federales, con auxilio y apoyo. Merecidamente, todos recibieron en esos países hermanos un gran reconocimiento a su labor, disciplina y sacrificio.

En nuestra extendida y quebrada geografía, las comunicaciones son una demanda fundamental para el progreso y las oportunidades. La producción y el abasto, el acceso a los servicios básicos y hasta la atención de emergencias, mejoran si se cuenta con caminos.

En los cinco años de esta administración, las carreteras construidas o ampliadas suman 6 mil kilómetros. Además de la construcción de mil 600 kilómetros de nuevos caminos rurales, cada año se conservan y mantienen 62 mil kilómetros con el trabajo de los campesinos que los transitan y aprovechan.

Contar con un empleo digno es indispensable para salir adelante en la vida a partir del esfuerzo propio.

Por eso, este gobierno ha trabajado para que existan condiciones generales y particulares que estimulen la creación de nuevas y mejores fuentes de empleo.

Debimos partir de una situación muy difícil, pues el impacto social más doloroso de la emergencia económica que se desató a fines de 1994, se dio precisamente en el empleo.

Entonces muchos puestos de trabajo fueron cancelados llegando, en agosto de 1995, a una tasa de desempleo abierto de 7.6 por ciento de la población económicamente activa, la más alta desde que fue creada esta estadística en 1987.

Por las mismas razones, el número de asegurados permanentes en el Seguro Social disminuyó en casi medio millón durante los primeros siete meses de aquel año.

Afortunadamente, esta triste situación comenzó a aliviarse más pronto de lo que muchos previeron. En este mes se cumplen cuatro años de una expansión prácticamente sostenida en el nivel de empleo.

Gracias a ello, el pasado mes de julio se registró una tasa de desempleo abierto de 2.26 por ciento. Esta es la tasa más baja desde diciembre de 1992 y es la menor que se haya registrado para cualquier mes de julio.

De igual modo, el número de asegurados permanentes en el seguro social alcanzó su máximo histórico el pasado julio al registrar poco más de 10 millones 411 mil trabajadores.

Esto significa que a partir del inicio de la recuperación del empleo hace cuatro años, se ha logrado aumentar en más de dos millones el número de asegurados permanentes en el IMSS.

La positiva evolución del empleo se ha apoyado en las condiciones generales de la economía, así como en un esfuerzo sin precedente en materia de capacitación para trabajadores, tanto empleados como en busca de empleo.

Además de procurar las condiciones para que haya buenas oportunidades de superación y bienestar, la gente espera que el Estado le brinde seguridad pública y justicia.

Con gran pesar reconozco que el Estado aún no ha cumplido esta demanda de los mexicanos.

Y hablo del Estado en su acepción más amplia, pues en materia de seguridad pública somos claramente corresponsables los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno.

De hecho, más del 90 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero común y perseguirlos es responsabilidad de los gobiernos estatales.

Por todas partes, he escuchado los testimonios de dolor e indignación de muchísimos mexicanos que han sufrido por causa de la criminalidad y la inseguridad pública.

La ciudadanía tiene razón en dolerse; tiene razón en indignarse; tiene razón en estar molesta con las autoridades.

Estamos viviendo todavía las consecuencias de problemas muy graves, que dejamos que se acumularan por muchos años.

Hemos tenido que enfrentar tenazmente problemas como leyes insuficientes; instituciones obsoletas y, además, penetradas por la delincuencia y la corrupción; carencia de recursos y de buenos programas.

Ante la gravedad de estos problemas, el Gobierno de la República de ningún modo se ha quedado con los brazos cruzados.

Lo primero que tenía que hacerse para poder responderle a la gente era emprender profundas reformas a la Constitución y a las leyes del país. Solo con nuevas leyes podíamos empezar a combatir a los delincuentes de hoy con eficacia.

Por eso, he enviado progresivamente a consideración de este Congreso diversas iniciativas.

Debido a la complejidad jurídica y social que implican dichas reformas, su examen y aprobación naturalmente han tomado tiempo. Las más recientes fueron promulgadas en junio pasado.

Gracias a esta labor legislativa, ahora estamos, apenas ahora estamos empezando a trabajar con leyes más adecuadas para enfrentar a la delincuencia.

Esta labor legislativa se refleja en que, en los pasados cinco años, se han realizado 5 reformas constitucionales, 64 reformas a códigos y ordenamientos, y se han emitido 11 nuevas leyes que tienen que ver con seguridad pública y justicia.

Con las nuevas leyes ahora podemos esperar de nuestras instituciones resultados que antes no podían cumplir.

Antes, el Poder Judicial de la Federación no tenía total independencia; no contaba con todos los medios indispensables para procurar la estricta imparcialidad, la honradez y el creciente profesionalismo de sus jueces y magistrados. Ahora la ley se los proporciona con claridad.

Antes, no contábamos con leyes adecuadas para perseguir y castigar la delincuencia organizada ni el lavado de dinero. Ahora tenemos esas leyes.

Antes, las leyes eran muy permisivas con quienes poseían, usaban y traficaban con armas prohibidas. Ahora la ley trata con más rigor a quienes lo hacen y sobre todo a quienes las utilizan para delinquir.

Antes de las reformas, era muy difícil detener, consignar y castigar a quien cometía un delito. Ahora podemos hacerlo.

Antes, los criminales podían abusar de la facilidad que les daba la ley para obtener su libertad provisional y seguir delinquiendo en las calles. Ahora es mucho más difícil que lo logren.

Antes, la ley no castigaba suficientemente delitos violentos como el asalto a mano armada, la violación, el secuestro y el homicidio.

Ahora las sentencias aplicables responden más justamente a la gravedad de estos crímenes.

Antes, la ley era absurdamente suave con delitos que dañaban el ahorro y el patrimonio de los mexicanos. De eso se aprovechan para evadir la justicia quienes defraudaron a instituciones financieras. Ahora quienes abusen de los demás así, recibirán penas severas, como lo merecen.

Antes, incluso la propia Constitución, en sus disposiciones laborales, hacía casi imposible depurar los cuerpos de policía y separar a los agentes corruptos o incapaces.

Ahora podemos hacerlo. Por eso hemos empezado la más profunda depuración que se haya hecho en nuestros cuerpos de policía y procuración de justicia.

A la vez, hemos comenzado a evaluar sistemáticamente a los policías judiciales, los agentes del Ministerio Público y los peritos.

Antes, no existían bases legales que obligaran a los gobiernos federal, estatales y municipales a trabajar coordinadamente contra la delincuencia.

Ahora tenemos esas bases. Comenzamos a utilizarlas para intercambiar información sobre bandas organizadas, delincuentes y sus formas de actuar; para realizar mejores investigaciones; para poder perseguir a los criminales en todo el país; para evitar que policías que son perseguidos por aprovechar su cargo para cometer fechorías en un estado, aparezcan en otro estado haciendo lo mismo; para integrar mejores acusaciones y que los delincuentes no queden en libertad por falta de pruebas.

Antes, los recursos presupuestales para seguridad pública y justicia eran mucho muy escasos y se gastaban sin una estrategia integral.

Ahora estamos destinando a la seguridad pública y a la justicia más recursos que nunca en nuestra historia.

Este año, los gobiernos Federal y estatales están invirtiendo 9 mil millones de pesos en seguridad pública. Esta cifra es más del doble, en términos reales, de la invertida el año pasado, y cerca del triple de la de 1997.

Además, casi 70 por ciento de esos recursos están siendo ejercidos por los estados y municipios, a cambio de que apliquen programas precisos de depuración de sus procuradurías y policías, de capacitación y adiestramiento de sus agentes, de modernización del equipo con que cuentan.

A su vez, el Gobierno Federal también está fortaleciendo sus cuerpos de seguridad.

Se ha creado la Policía Federal Preventiva con nuevos mecanismos de selección, entrenamiento y control para detectar y evitar que la infiltren malos elementos.

Sé bien que en seguridad pública estamos muy lejos de donde hemos ofrecido estar y mucho más lejos de donde quisiéramos estar.

Pero muy pronto empezaremos a ganar la batalla a la delincuencia. Muy pronto empezaremos a revertir la tendencia de criminalidad e inseguridad que hemos padecido estos años.

Tengo confianza en que lograremos buenos resultados, en especial, si los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de Gobierno perseveramos con firmeza y ahínco en las tareas que hemos emprendido.

Como presidente de la República, mi mayor dedicación es trabajar por las oportunidades de los mexicanos de hoy y de mañana.

Sé muy bien, y la gente me lo dice todos los días, que hacen falta más empleos y mejores salarios.

Todos sabemos que es necesario invertir más en educación y en salud, en todos los servicios básicos, en carreteras y caminos.

Todos sabemos que hace falta ir más de prisa y más a fondo contra la pobreza que azota a millones de mexicanos en el campo y en las ciudades.

Todos sabemos que debemos combatir mejor la inseguridad y la delincuencia.

Por todo esto, por el bienestar, la seguridad y la prosperidad de los mexicanos, es por lo que necesitamos una economía nacional fuerte, sana, en crecimiento.

Una economía capaz de darnos los recursos que para todo esto nos hacen falta.

Como presidente de la República, me interesa que la economía arroje buenos indicadores.

Pero no porque basten los buenos indicadores para que la gente se sienta satisfecha, sino porque necesitamos los recursos que esos indicadores expresan para seguir avanzando en la solución de los problemas y en la atención de las demandas que más interesan a la mayoría de los mexicanos.

Una economía nacional bien manejada es un medio, solamente un medio, para alcanzar lo que más cuenta para este Gobierno, y eso es, vuelvo a decirlo, el bienestar de los mexicanos de hoy y de mañana.

Para atender mejor nuestras carencias y acabar con nuestros rezagos, se requieren los recursos que sólo puede darnos una economía que crezca, año tras año, a tasas muy por encima del aumento de la población.

Para tener una economía nacional que realmente le sirva a la gente, es que son indispensables las políticas responsables, realistas, disciplinadas, que muchas veces exigen decisiones duras, que pueden ser impopulares en el momento en que se toman, pero que prueban su eficacia a mediano y a largo plazos.

Lo justo es que la política económica sirva a la gente, y no que la gente sirva a la política a costa de su economía.

Esto es lo que pasa, irremediablemente, y así lo hemos sufrido muchas veces los mexicanos, cuando la irresponsabilidad, la demagogia, el populismo, el afán enfermizo por lograr el aplauso fácil, o incluso el temor a hacer lo que debe hacerse, se imponen en el manejo de la economía.

Para que realmente sirva a la gente, la política económica debe ser responsable. Es decir, debe admitir los problemas y hacerles frente. Nunca posponer ni mucho menos simular sus soluciones; para poder vencerlos, debe reconocer limitaciones, obstáculos y resistencias.

Por lo mismo, la política económica no debe ofrecer la solución inmediata y sin esfuerzo de todos los problemas. Esto es imposible. Debe procurar la solución más rápida posible, pero buscando resultados que sean permanentes y no sólo pasajeros. Debe pensar en el interés de la gente, no en popularidades ni en prestigios personales de los gobernantes.

Con esa convicción he conducido la política económica durante mi mandato, y así continuaré haciéndolo hasta el último día de mi Administración.

Justo al inicio de este sexenio se desató una grave crisis que causó mucho daño a la población, y que habría sido mucho peor y habría durado más tiempo si el Gobierno hubiera actuado irresponsablemente.

Gracias a que se tomaron decisiones responsables, aunque irremediablemente difíciles y naturalmente polémicas, el esfuerzo de todos los mexicanos logró que la crisis comenzara a superarse en un plazo que para muchos resultó sorprendentemente corto.

Después del colapso de 1995, la economía creció a tasas muy apreciables de 5.1 y 6.8 por ciento en 1996 y 1997, respectivamente.

En 1998, la economía nacional vivió otra dura prueba, ahora causada por severos choques del exterior. Se derrumbó el precio internacional del petróleo, con lo que se perdió una parte muy importante de los recursos disponibles para el gasto del gobierno, y además los mercados financieros internacionales se desquiciaron, causando serios problemas a nuestra economía.

En los años ochenta, choques externos parecidos a los del año pasado causaron muy profundos y prolongados estragos en la economía del país. Esta vez afortunadamente, logramos evitarlos.

Aunque no nos libramos de algunos daños -la inflación fue más alta y el crecimiento económico algo menor a lo previsto originalmente-, dadas las duras circunstancias que debimos enfrentar, el balance fue positivo para 1998. En particular, por tercer año consecutivo el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento favorable, de 4.8 por ciento.

Hace un año, al presentar el cuarto informe de gobierno, anticipé que las condiciones en que se desenvolvería la economía del país en el futuro inmediato no serían del todo convenientes.

Previne que la situación internacional seguiría planteando grandes retos e incluso fuertes restricciones a la política económica.

Señalé, sin embargo, que si manteníamos invariablemente las pautas de responsabilidad y realismo, podríamos hacer lo necesario no sólo para alcanzar el mayor crecimiento económico posible en el bienio 1999 año 2000, sino para que el próximo Presidente de la República tenga las condiciones más propicias posibles para el inicio y el desarrollo de su mandato.

Propuse, en consecuencia, que todos trabajemos para que en el año 2000, la economía nacional esté resguardada por una evidente fortaleza financiera, fiscal y estructural. Así podremos desterrar las crisis sexenales que han azotado al país desde hace un cuarto de siglo.

En congruencia con estos señalamientos, sometí a consideración de este Honorable Congreso los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto correspondientes a 1999, que precisaron objetivos no sólo para el presente año, sino también para el año 2000.

En lo que se refiere a 1999, propuse una estrategia para seguir aumentando los empleos, alcanzar un crecimiento del PIB del 3 por ciento, y reducir la inflación anual a 13 por ciento.

Hoy puedo afirmar con base en los datos disponibles para lo que va del año, que conseguiremos las metas propuestas para 1999. Ahora debemos redoblar el paso a fin de cumplir las del año próximo.

Para el año 2000, es posible y muy necesario que sigan abriéndose nuevas fuentes de empleo. Para lograrlo, el crecimiento del PIB deberá situarse alrededor de 5 por ciento, y para proteger al máximo posible el valor real de los salarios, la inflación no deberá exceder el 10 por ciento.

Estas son metas ambiciosas, pero alcanzables. No se trata únicamente de que la economía marche razonablemente bien al final del sexenio. Tan importante, o aun más importante, es que así sea al inicio del próximo sexenio.

De esa manera, el nuevo gobierno no tendrá que dedicar su inicio a remediar una crisis económica, como ha ocurrido ya con cuatro presidencias consecutivas; sino que podrá, con base en su propia estrategia y su legitimidad democrática, dar desde el arranque, renovado ímpetu al desarrollo de nuestra Nación.

Para cumplir con este propósito, que es el interés de todos los ciudadanos, independientemente de su preferencia política, el Gobierno de la República seguirá aplicando los instrumentos de la política económica con un inalterable sentido de responsabilidad y disciplina.

En consecuencia, habré de proponer a este Honorable Congreso un programa de finanzas públicas para el próximo año congruente con los objetivos de crecimiento económico y estabilidad financiera y de precios, que buscamos.

Sobra decir que no habrá manejo electoral de las finanzas públicas en el año 2000, como no lo ha habido en ningún año de este gobierno. Hace casi un año que comuniqué al Congreso que la meta para el año 2000 debiera ser un déficit fiscal equivalente a 1 por ciento del producto, criterio que sigo sosteniendo.

Asimismo, se mantendrá la política cambiaria de libre flotación que ha probado ser de enorme utilidad para proteger al máximo posible a la economía nacional de las incidencias adversas de la economía internacional y de los movimientos especulativos de capital. La libre flotación también permitirá dejar reservas internacionales por un monto muy importante.

Completaremos la ya muy avanzada estrategia de aprovechar los mercados internacionales de capital, para que los vencimientos de deuda pública externa no se acumulen justo al comienzo de la próxima Administración Federal, como lamentablemente sucedió en 1995.

Cuidaremos la evolución de la cuenta corriente de la balanza de pagos para que su saldo siga guardando una proporción adecuada tanto con el tamaño de la economía del país, como con la disponibilidad prevista de recursos externos de largo plazo para su sano financiamiento.

De cumplirse estas condiciones y de no presentarse un hecho extraordinariamente adverso en el exterior, los mexicanos debemos tener confianza en que la economía nacional marchará bien el próximo año y, además, dejaremos atrás los traumas económicos de cambio de sexenio.

Alcanzar estos propósitos es muy importante, pero es más lo que puede hacerse para el futuro del país.

En particular, considero que un deber de quienes hoy tenemos responsabilidad pública, es hacer lo necesario para darle mayor fuerza y flexibilidad a la estructura de nuestra economía. Esto implica anticipar la atención de algunos aspectos que en los próximos años significarán condicionantes importantes para el desarrollo nacional.

La realización de las reformas necesarias no depende exclusivamente del Ejecutivo Federal. Se precisa como ha venido ocurriendo el ejercicio de facultades conferidas por la Constitución a este Honorable Congreso, el cual tiene ya a su consideración varias iniciativas remitidas por un servidor.

Cada una de dichas iniciativas está animada por el propósito de mejorar las perspectivas de mediano y largo plazo de la economía, para que ofrezca mejores oportunidades de bienestar a todos los mexicanos.

Confío en que pensando en el interés de largo plazo del país, lograremos los acuerdos y los consensos que sirvan mejor a México.

Este Gobierno, como cualquier Gobierno debe tener, y tiene, como su deber principal servir en todo momento a la gente.

Además este Gobierno se ha propuesto sentar bases firmes, a contribuir a sentar bases firmes, para que los próximos gobiernos también sirvan a la gente.

Los mexicanos sabemos que nadie puede garantizar desde ahora que así ocurrirá siempre. Pero sí está en nuestras manos crear las condiciones para que esto sea más probable.

Y sabemos que la manera de lograrlo es afianzar la democracia en México.

La democracia por sí sola no asegura que haya buenos gobiernos, pero los mexicanos sabemos que serán más probables y más frecuentes en una democracia plena.

Al trabajar duro por una democracia más fuerte, trabajamos para que haya buenos gobiernos.

La democracia que estamos construyendo en México responde a una convicción profunda de la inmensa mayoría de los mexicanos.

Comparto plenamente esta convicción. Por eso tengo un firme compromiso con la democracia.

Lo primero que implica la democracia es que todos, empezando por el gobierno, nos apeguemos a la ley.

Por la democracia, he exigido siempre que todas las acciones del gobierno se atengan a la ley, y que cuando algún servidor público se aparte de este principio, sea sancionado conforme a las propias leyes.

Reconozco que falta mucho por hacer hasta lograr la vigencia plena del Estado de Derecho necesaria para el desarrollo del país y la convivencia armónica de los ciudadanos. La impunidad de individuos que quebrantan la ley sigue siendo un doloroso hecho de nuestra realidad.

Sin embargo, puedo afirmar que en este gobierno, cada vez que se ha contado con fundamento legal, se ha procedido contra quien presumiblemente ha delinquido.

La ciudadanía sabe que se ha procedido incluso contra quienes, por su poder económico o su trayectoria política, en otras épocas habrían sido considerados “intocables”.

Pero también es cierto que en ocasiones, personas de las que el sentido común dicta que han cometido faltas graves, quedan sin recibir un castigo justo.

Esto indigna a todos, como también me indigna a mí.

Se trata de casos lamentables que a veces se deben a fallas en las instituciones de justicia, o a insuficiencias o vacíos en las leyes, que sólo muy recientemente se han subsanado.

Ante estos casos, no ha faltado quienes demanden de la autoridad un acto arbitrario para, supuestamente, reparar esas fallas o esas insuficiencias.

En la democracia, esto es inaceptable.

En la democracia, un castigo fuera de la ley no corrige un acto fuera de la ley. La arbitrariedad no puede suplir la justicia.

En la democracia, incluso las leyes imperfectas o insuficientes deben ser obedecidas por todos, empezando por el Estado mismo.

Precisamente una de las virtudes de la democracia es que permite que las leyes inadecuadas sean reformadas por el Poder Legislativo, como afortunadamente ha venido ocurriendo en México en los últimos años.

En la democracia, la observancia de la ley empieza con que el gobierno respete las garantías de cada individuo.

He exigido que este gobierno respete invariablemente y fomente las libertades de todos.

Hoy en México, a nadie se persigue ni se le molesta por sus ideas o sus creencias, ni por organizarse políticamente para luchar por ellas.

Hoy en México, nadie es censurado por lo que dice, escribe o publica.

Vivimos felizmente un auge de libertad de expresión, que se ha extendido a todos los medios de comunicación a todos los ámbitos de nuestro país.

Este Gobierno escucha, respeta y considera a la crítica.

Para este Gobierno es muy importante la opinión de la ciudadanía. Por eso procuro conocer y atender esa opinión. No obstante, las decisiones de un gobierno que sirve al interés general no pueden coincidir exactamente con el parecer o la opinión de cada uno.

Por la democracia, he practicado y he alentado la tolerancia.

La tolerancia es un elemento esencial de la democracia.

Tolerancia es respetar las prácticas y las opiniones de los demás aunque sean diferentes a las nuestras.

Tolerancia es aceptar que los demás no piensen como nosotros; es aceptar que no actúen como nosotros; es aceptar que no decidan como nosotros.

Por fortuna los mexicanos somos un pueblo tolerante.

Los mexicanos queremos que, empezando por el gobierno, todos ejerzamos la tolerancia con el solo límite de la ley y sin rehuir nuestro deber.

Por eso, este gobierno practica y promueve la tolerancia para que la diversidad no sea causa de conflictos y exclusión; para que convivan libre y pacíficamente las personas, los grupos, y las comunidades.

Y por eso también, hoy reitero enfáticamente que los medios con que este gobierno seguirá atendiendo los conflictos que tanto han preocupado a la opinión pública serán la legalidad, nunca el autoritarismo; la tolerancia, nunca el enfrentamiento violento; y la responsabilidad social, nunca la insensibilidad o la indiferencia.

Por la democracia, este gobierno ha combatido el centralismo.

Este gobierno ha llevado a cabo una real descentralización de funciones en los más diversos campos.

La descentralización ahora es una práctica en la que debemos perseverar y profundizar.

Hemos dado pasos firmes a fin de que las localidades, que es donde se ubican los problemas, cuenten con mayor capacidad de decisión para resolverlos. Hoy también cuentan con más recursos. Aún son insuficientes, pero antes no los tenían.

Poderes, atribuciones, autoridad y recursos que antes ejercía el Gobierno Federal han sido transferidos a los gobiernos estatales y municipales.

Al inicio de este sexenio, por cada peso que gastaba la Administración Pública centralizada, los gobiernos estatales y municipales gastaban 78 centavos.

Hoy, gracias a esa transferencia de recursos, por cada peso que gasta la Administración Pública centralizada, los gobiernos locales gastan cerca de uno y medio.

Por la democracia, este gobierno ha respetado y alentado -y siempre respetará- la división de poderes.

Los ciudadanos no quieren un poder absoluto y autoritario. Tampoco quieren que uno de los tres Poderes de la Unión avasalle a los otros dos.

Los ciudadanos quieren que haya equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Quieren contrapesos y controles que eviten excesos y arbitrariedades.

Por eso promoví una reforma constitucional que por fin confirió real independencia al Poder Judicial de la Federación.

En la democracia, el Poder Legislativo debe ser respetado.

Por eso, en todo momento el Ejecutivo a mi cargo ha respetado al Congreso de la Unión.

Por el respeto que guardo al Poder Legislativo, he procurado que cada iniciativa que envío a su consideración logre el mayor consenso posible de los señores legisladores.

Así se ha procedido en esta Legislatura, en que el partido político al que pertenezco no cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.

Pero así se procedió también en la Legislatura pasada, cuando mi partido tenía mayoría absoluta en ambas Cámaras.

Aun cuando se contaba con mayoría absoluta, cerca de 70 por ciento de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo en aquella Legislatura fueron modificadas por los legisladores. El 40 por ciento de las iniciativas fueron aprobadas por todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y un 33 por ciento más fue aprobado por al menos dos grupos parlamentarios.

En la actual Legislatura, de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, 85 por ciento han sido modificadas por los señores legisladores; 70 por ciento fueron aprobadas por todos los partidos representados en la Cámara de Diputados y el 30 por ciento restante por al menos dos grupos parlamentarios.

Como parte de ese respeto, también he exigido de los funcionarios del Gobierno Federal su colaboración con el Legislativo, teniendo como único límite las leyes a que está sujeto el Ejecutivo de la Unión.

En los pasados doce meses, los Secretarios de Estado y el Procurador General de la República han realizado 85 comparecencias ante el pleno, o las comisiones y subcomisiones del Congreso. Además, funcionarios del Gobierno Federal han celebrado más de 5 mil reuniones de trabajo con diputados y senadores.

Hoy quiero hacer un amplio y sincero reconocimiento al Congreso de la Unión.

Las dos Cámaras que lo integran representan la pluralidad política de México y han trabajado con convicción a fin de abordar y resolver materias de enorme importancia para la nación, lo que en ningún momento debe ser empañado por la pasión del debate y las diferencias de puntos de vista que son consustanciales a todo Congreso democrático.

Muy por encima de cualquier incidente propio de la vehemencia de la contienda legislativa, lo que cuenta es que el Congreso ha resuelto asuntos de gran complejidad y trascendencia para el presente y el futuro del país.

Estoy convencido de que un Poder Legislativo fuerte, independiente y constructivo es bueno para la democracia y es bueno para México.

De ahí que celebro que en días recientes se haya aprobado una nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión, con el más amplio consenso.

Los mexicanos han demandado una democracia plena; una democracia fundada en elecciones legales, auténticas, transparentes y justas.

Por esa democracia, este Gobierno convocó a una reforma electoral que se logró con un consenso sin precedente en tan delicada materia.

Gracias a esa reforma, los mexicanos hemos comenzado a vivir una genuina normalidad democrática.

Hoy, los mexicanos contamos con instituciones independientes y con reglas justas para la competencia electoral.

Hoy, los órganos de autoridad electoral son cabalmente autónomos. El Poder Ejecutivo no tiene ya ninguna injerencia en el Instituto Federal Electoral ni en el Tribunal Federal Electoral.

Hoy, la ley establece con claridad, reglas para el financiamiento y el gasto de partidos, así como para su acceso a los medios de comunicación electrónica.

El año próximo, los mexicanos celebraremos elecciones federales.

Los ciudadanos pueden tener confianza en que gracias a nuestras nuevas leyes e instituciones electorales, su voto será libre y será respetado.

Todos podemos tener confianza en que de esas elecciones surgirá un gobierno con legitimidad democrática.

Todos tenemos una tarea que cumplir para que esas elecciones consoliden nuestra normalidad democrática.

Este gobierno contribuirá cumpliendo estrictamente la ley, y respetando escrupulosamente a todos los partidos y a todos los candidatos.

Este gobierno también cuidará que prevalezca un clima de libertad, seguridad y tolerancia.

Este gobierno fomentará la cultura de la democracia entre los ciudadanos.

Este gobierno practicará y alentará la civilidad.

Estoy seguro de que los partidos y los candidatos también harán su parte, obedeciendo la ley y procurando una contienda responsable, respetuosa y constructiva.

Los ciudadanos confiamos en que todos los candidatos expresarán con honestidad, claridad y precisión, el qué, pero también el cómo de su proyecto para el futuro de México.

El aporte fundamental de los ciudadanos a una contienda democrática ejemplar, será su participación; es decir, su interés por informarse acerca de los partidos, de los candidatos y sus propuestas y, desde luego, votando con absoluta libertad.

Así, la voluntad popular será la única que decida el resultado de las elecciones del año 2000.

Así, en el paso del siglo XX al tercer milenio, los mexicanos por fin veremos a la nuestra como una nación indiscutiblemente democrática.

Una nación que ha tenido el valor de emprender profundas reformas para preparar un mejor futuro para todos.

Una nación apoyada en su identidad, fortalecida por su unidad, alentada por su esperanza.

Con estos valores que nos hermanan, los mexicanos siempre saldremos adelante.

Por eso, los convoco a que sumando el esfuerzo de cada uno fortalezcamos nuestra identidad, hagamos más firme nuestra unidad y demos nuevo vigor a nuestra esperanza.

Con la voluntad y la decisión de todos, ¡sigamos trabajando por la grandeza de México!