Ernesto Zedillo, 1o. de Septiembre de 1998

Señoras y señores Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión;

Mexicanos:

He entregado a esta soberanía un informe escrito, cumpliendo así lo que me ordena el Artículo 69 Constitucional.

Los funcionarios de la Administración Pública Federal tienen instrucciones de atender los requerimientos de las Comisiones del Congreso para abundar o precisar sobre dicho informe.

Este mensaje no resume ni sustituye el informe escrito, que es el que, conforme a la Constitución, señala el estado general que guarda la administración pública del país. Mi mensaje habrá de subrayar algunos asuntos en que los ciudadanos tienen particular interés.

Siempre he considerado un alto honor dirigirme a los mexicanos desde este recinto legislativo, que es donde más intensa y cotidianamente se expresa el vigor alcanzado por nuestra democracia.

México vive ya en la democracia. La democracia en México se vive ya auténtica y activamente en los órganos de representación y decisión, en las plazas públicas, en las organizaciones políticas y sociales, en los medios de comunicación; sobre todo, en la conciencia y en la actitud de los ciudadanos.

Nunca antes la democracia había estado tan presente como ahora en la vida del país.

Esto no es mérito ni logro de una sola persona o de un solo grupo; ni siquiera de una sola generación.

Edificar nuestra democracia ha costado largas luchas. Llegó a costar, incluso, la vida de hombres y mujeres.

Por eso, es responsabilidad de todos apreciar y cuidar nuestra democracia. Y también es responsabilidad de todos practicarla.

La práctica de la democracia trae consigo procesos de decisión, pautas de conducta y formas de hacer y decir las cosas, a los que todos debemos acostumbrarnos.

La democracia implica la libre expresión de diferencias que nutren un debate más intenso, en ocasiones incluso acalorado. También implica un horizonte más amplio desde donde surgen propuestas, objeciones y contrapropuestas para todo problema importante del país.

La democracia implica una opinión pública fuerte. Implica una atención permanente de la ciudadanía y un mayor escrutinio sobre los asuntos públicos.

Al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, tengo absoluta confianza en que más pronto que tarde, todos aceptarán que nuestra vida política es más sana y funciona mejor en la democracia que en el autoritarismo.

Los mexicanos rechazamos el autoritarismo porque depende de la fuerza, soslaya la ley y no rinde cuentas a nadie. Rechazamos el autoritarismo porque coarta las libertades, suprime el debate, reprime las diferencias.

Los mexicanos de hoy rechazamos el autoritarismo porque es intolerante y se impone por la violencia; porque actúa sin control y sin medida.

Los mexicanos de hoy hemos luchado por la apertura, por la tolerancia, por la libre participación, porque se sujete el interés personal o de grupo al interés supremo de la Nación.

Los mexicanos hemos luchado por la democracia porque éste es el sistema que nos permite afrontar retos y resolver problemas sin atropellar los derechos de las personas y sin excluir a nadie. La democracia nos ofrece una solución inclusive cuando no nos ponemos de acuerdo: la voluntad de la mayoría y el respeto a las minorías.

Sabemos que, como ningún otro régimen, la democracia exige que la política sea practicada con rectitud, tolerancia y mesura; que en todo momento nos guardemos respeto unos a otros, que actuemos con civilidad y participemos constructivamente. La democracia exige que la política sea practicada con firme vocación de servicio, visión de largo plazo y profundo sentido del deber.

Además, la democracia exige un cuidadoso equilibrio entre los Poderes del Estado y una clara corresponsabilidad en el cumplimiento de las funciones que a cada uno confiere la ley.

Esa corresponsabilidad implica sujetarse invariablemente a la Constitución, mantener una comunicación respetuosa y permanente con los otros Poderes, y asumir y cumplir las tareas propias.

Desde el inicio de mi mandato, expresé mi compromiso de ejercer exclusivamente las atribuciones que la Constitución confiere al Presidente de la República. Creo que así se debe actuar para que espacios que antes eran ocupados por el poder indebidamente excesivo de la Presidencia, ahora sean utilizados por los múltiples actores políticos que requiere un régimen democrático.

También desde el inicio del sexenio, el Gobierno que presido ha tenido y siempre tendrá el mayor respeto por el Poder Legislativo, con el que ha procurado mantener una comunicación abierta y constante.

Como parte de esa comunicación, en los pasados 12 meses, los Secretarios de Estado realizaron 159 comparecencias ante el pleno o ante las diversas comisiones de este Honorable Congreso, y 762 reuniones de trabajo con diputados y senadores.

Además, en ese lapso otros funcionarios federales han comparecido en 720 sesiones del pleno, de las comisiones del Congreso, o de la Contaduría Mayor de Hacienda, y han sostenido cerca de 3 mil reuniones de trabajo complementarias con las señoras y los señores legisladores.

Adicionalmente, los órganos de gobierno de las dos Cámaras de este H. Congreso y el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación, han establecido una Mesa de Coordinación entre ambos Poderes. De común acuerdo, en dicha Mesa se han definido un método de trabajo y hace días una agenda legislativa.

Esta comunicación asidua y franca es la base para una relación republicana, respetuosa y corresponsable.

Los mexicanos quieren un gobierno, entendido como la suma de los Poderes Públicos, ordenado, armónico y trabajando. Un gobierno plural y unido por el interés superior de la Nación y por la eficacia en las tareas que a cada Poder le incumben.

Ello significa construir consensos, sumar voluntades, concertar acuerdos y cumplirlos.

Muy señaladamente en los asuntos que hoy más preocupan a los mexicanos, la ciudadanía espera del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, un trabajo corresponsable, constructivo y útil que, con seguridad, habrá de afianzar nuestra democracia.

Asimismo, sólo en el marco de la ley y la democracia pueden y deben resolverse problemas que han sido muy dolorosos para todos los mexicanos y que nos recuerdan que en su raíz están los rezagos, la injusticia y el abandono de muchos años.

Creo firmemente que entre los mexicanos puede haber divergencias y aun conflictos pasajeros, pero no puede ni debe haber discordia duradera, ni guerras, ni vencedores ni vencidos.

Podemos resolver todo problema por delicado que sea, todo agravio por profundo que sea, a través del diálogo y de la buena fe, atendiendo las carencias con una eficaz política social y atendiendo las demandas justas con buenas leyes.

Ante problemas que tanto nos lastiman a todos los mexicanos, la estrategia del Gobierno de la República seguirá siendo, por una parte, procurar pacientemente el diálogo y la negociación, y por otra, trabajar con mayor ahínco para aplicar los programas sociales que apoyen a los más necesitados.

La negociación y el esfuerzo corresponsable forman parte de la democracia. Todo quien genuinamente quiera contribuir a ella, debe practicarlos.

En la tarea de consolidar la democracia, la ciudadanía está dando el ejemplo al informarse y al participar abierta y responsablemente; al ejercer su voto en las elecciones y reafirmar que este es el único medio legítimo para acceder al poder.

En los últimos 12 meses se han celebrado elecciones de Gobernadores en 6 estados de la República, así como para renovar 10 Congresos estatales y 635 ayuntamientos.

Cada nuevo proceso electoral está comprobando la vocación democrática de todos los mexicanos.

Una democracia más sólida hará de México una nación más fuerte y más respetada.

Los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos del reconocimiento y el aprecio que se ha ganado nuestro país en todo el mundo, por su defensa de la igualdad jurídica de los Estados y la observancia del Derecho Internacional para resolver las controversias, así como su firme respeto a la soberanía de cada nación.

Hoy, como siempre a lo largo de nuestra historia, México ofrece y cumple ese respeto. Y hoy como siempre, México exige ese respeto.

Los mexicanos no necesitamos ni aceptamos la tutela extranjera para dirimir nuestras diferencias ni para solucionar nuestros problemas.

La soberanía de México no se negocia ni se negociará jamás.

Con los Estados Unidos de América, hemos debido encarar momentos difíciles en los renglones de migración y combate al narcotráfico. A pesar de ello, se ha mantenido el rumbo general de la relación bilateral en términos constructivos, con una visión integral y una proyección de largo plazo.

Cuando ha sido necesario, hemos dejado muy en claro, con palabras y con hechos, que el límite a nuestra voluntad de colaboración es el respeto a la soberanía nacional y la primacía de las leyes mexicanas en nuestro territorio.

Con las naciones hermanas de América Latina estamos avanzando para que nuestras relaciones económicas y de cooperación se correspondan mejor con nuestros estrechos lazos de historia, lengua y cultura.

Europa representa hoy una extraordinaria oportunidad de diversificación política y económica. En diciembre pasado firmamos con la Unión Europea un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, cuyo componente comercial está próximo a negociarse. México tendrá nuevas oportunidades para atraer inversiones y ampliar sus mercados, todo ello con el fin de generar más y mejores empleos. El Acuerdo también hará más extenso el diálogo sobre temas políticos de interés común.

Con los países de la región asiática, señaladamente con Japón al que nos une una relación de amistad centenaria, se han multiplicado los contactos políticos al más alto nivel, se han captado flujos de inversión y se han fortalecido los programas de cooperación.

En el marco de las Naciones Unidas, la iniciativa mexicana para celebrar una reunión mundial sobre drogas se concretó en junio pasado. Allí se logró que la comunidad internacional definiera una estrategia global, integral y respetuosa de las soberanías nacionales, para luchar contra esta amenaza a la seguridad y a la salud de todos los países.

El compromiso del Estado mexicano con sus nacionales que radican o trabajan fuera del país ha sido refrendado mediante la ampliación de nuestra capacidad consular en los Estados Unidos, y la negociación de acuerdos importantes con las autoridades estadounidenses para salvaguardar sus derechos.

Por ello, y en consonancia con este compromiso ético y político del Gobierno de la República, próximamente se pondrá en marcha el Seguro de Protección al Migrante.

Este seguro otorgará una defensoría jurídica gratuita y de calidad sobre sus derechos humanos, migratorios y laborales a todo migrante mexicano registrado con matrícula consular.

Asimismo, han entrado en vigor las reformas a la Ley de Nacionalidad que permiten preservar o recuperar la nacionalidad mexicana a quienes por diversa razón adquirieron otra. Ya se han otorgado las primeras 2 mil 600 declaraciones correspondientes.

En México, la Constitución otorga libertades y derechos a toda persona, independientemente de su nacionalidad, género, o credo. A la vez, es obligación de todo hombre y toda mujer acatar las leyes y deben ser sancionados cuando no la cumplen.

Debemos reconocer que hoy en nuestro país hay muchos individuos y bandas organizadas que viven de violar la ley, viven del crimen.

Como ciudadano, como padre de familia y como Presidente de la República, comparto totalmente la indignación y la preocupación de todos los mexicanos ante la gravísima inseguridad pública que estamos viviendo.

Indigna que al ama de casa le roben el gasto del hogar; que al empresario le arranquen el dinero de la nómina; que al trabajador lo despojen del salario ganado con tanto esfuerzo.

Indigna que los padres vivan con miedo cada vez que sus hijos salen de casa; que el empleado o el estudiante teman tomar un taxi o subirse a un autobús; que familias enteras queden lastimadas para siempre por haber vivido el dolor de una muerte injusta, la angustia de un secuestro.

Indigna profundamente que policías y agentes judiciales, en vez de prevenir, investigar, perseguir los delitos y proteger a la población, sean delincuentes más crueles y peligrosos por la impunidad con que actúan.

Con toda honestidad, señoras y señores, debemos admitir que en la seguridad pública, los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de Gobierno, le hemos fallado a la ciudadanía.

Vivimos las consecuencias de leyes permisivas y reformas insuficientes; de años de negligencia, imprevisión y corrupción en las instituciones encargadas de procurar justicia; de la aplicación de penas que en vez de castigar a los delincuentes, propician su impunidad y con ella su reincidencia.

Actualmente de cada 100 delitos que se cometen, 95 son del fuero común. Esto significa que deben ser perseguidos y castigados por las autoridades locales.

El año pasado se denunciaron cerca de un millón 500 mil delitos. Muchos más no fueron denunciados. Se expidieron menos de 150 mil órdenes de aprehensión y sólo llegaron a cumplirse 85 mil, apenas 6 por ciento de las denuncias presentadas. Esto refleja que muchos delincuentes logran burlar la ley y siguen haciendo de las suyas en las calles.

La seguridad pública y la justicia constituyen una obligación esencial del Estado. Por eso, si hasta ahora hemos fallado, debemos hacer todo lo necesario para no fracasar.

Cada uno, las autoridades del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, los legisladores y los miembros del Poder Judicial, debemos asumir la tarea que nos corresponde.

Con toda razón la población está exigiendo resultados claros, positivos y prontos; no quieren más pretextos ni dilaciones. La seguridad pública es una deuda del Estado con los ciudadanos.

En lo que toca al Poder Ejecutivo, en diciembre pasado propuse al Honorable Congreso de la Unión, reformas a 5 artículos de la Constitución, 2 leyes y 2 Códigos, así como 2 nuevos ordenamientos legales. Los objetivos fundamentales de esas reformas consisten en hacer más difícil a los delincuentes evadir la justicia y en facilitar la depuración de las instituciones de procuración de justicia.

Tengo confianza en que el H. Congreso de la Unión concluirá oportuna y satisfactoriamente su trabajo legislativo en esta materia tan sensible para los mexicanos.

Sin embargo, esas reformas, que siguen siendo muy necesarias, no serán suficientes.

Es nuestra obligación lograr que quien viole la ley sepa que habrá de acabar en la cárcel, donde quiera que haya cometido un delito y donde quiera que trate de huir. Y que sepa que la pena que habrá de enfrentar, corresponderá a la gravedad del delito cometido.

Por eso, para dar un impulso firme al combate contra la delincuencia, enviaré al Congreso de la Unión nuevas iniciativas con reformas adicionales.

Propondré penas más severas para los delitos más frecuentes y más graves.

Propondré nuevas reglas a fin de que las penas para una persona que ha cometido varios delitos se acumulen.

Además, propondré que en los casos de los delitos de más peligrosidad y frecuencia, se supriman los beneficios de libertad preparatoria y de reducción parcial de penas.

No hay ninguna razón jurídica o moral para que los derechos de los delincuentes se privilegien a costa de los derechos de las víctimas.

La ciudadanía está exigiendo, y con razón, que las leyes la protejan, que den la certeza de que el castigo ayuda a preservar el Estado de Derecho, y que contribuyan a disuadir la comisión de otros delitos.

Por otra parte, propondré imponer castigos mucho más severos a los delitos de carácter financiero y fiscal pues inciden gravemente en la economía del país.

La acción legislativa debe ir acompañada de un más intenso combate a la corrupción.

Como parte de ese combate, en el ámbito de la Administración Pública Federal, durante el último año se impusieron 9 mil 665 sanciones administrativas y 959 sanciones económicas por un total de 418 millones de pesos a funcionarios que cometieron irregularidades. Asimismo, con los debidos elementos probatorios se presentaron 375 denuncias penales contra funcionarios o empleados de la administración pública federal.

El Ejecutivo Federal seguirá haciendo su tarea para desterrar la corrupción y la impunidad, y respaldará toda medida que genuinamente ayude a fortalecer la administración honesta y eficaz de los recursos públicos.

Sé bien que no basta reformar las leyes para contar con la justicia y la seguridad pública que merecen los mexicanos.

Además de mejores leyes que castiguen a quienes delinquen, necesitamos instituciones fuertes y eficaces y servidores públicos preparados y comprometidos. Necesitamos recursos económicos suficientes y juiciosamente invertidos. Necesitamos programas bien diseñados y aplicados, y una amplia participación social.

En una palabra, necesitamos una Cruzada Nacional.

Por eso, hace unos días el Gobierno de la República convocó a una Cruzada contra el Crimen y la Delincuencia como parte del Programa Nacional de Seguridad Pública.

Este es el primer paso que damos conjuntamente los gobiernos de los estados, el gobierno del Distrito Federal y el Gobierno de la República para avanzar en una estrategia común, ordenada y dinámica para combatir la delincuencia.

Expreso mi reconocimiento a los señores gobernadores y al Jefe de gobierno del Distrito Federal por su decisión de sumarse al Programa. Estoy seguro de que a este paso seguirán otros que fortalezcan una corresponsabilidad firme, justa, eficaz.

El Programa comprende apoyar a los gobiernos estatales con más recursos a cambio de participar en acciones concretas.

En 1998, el Gobierno Federal estará invirtiendo en seguridad pública 12 veces más que hace dos años.

El Programa de seguridad pública incluye acciones para llegar a tener buenos cuerpos de policía. Cuerpos depurados, capacitados, con una carrera digna y prestaciones adecuadas. Cuerpos con policías honestos y eficaces.

El Programa incluye, asimismo, una estrategia completa para alcanzar una buena coordinación entre las distintas autoridades.

Una buena coordinación para elevar la cobertura, la comunicación, el intercambio de información y la capacidad de respuesta de quienes deben perseguir los delitos.

Una buena coordinación para fortalecer la capacidad de investigación de quienes deben probar ante los jueces los delitos cometidos.

Además de una buena coordinación, el Programa comprende contar con la infraestructura y el equipo modernos que se requieren para auxiliar con rapidez a la ciudadanía.

Tengo entera confianza en que las autoridades de los estados y de los municipios pondrán toda su voluntad y toda su capacidad para que el Programa de Seguridad Pública rinda resultados sistemáticos y comprobables.

Cada uno debe asumir su responsabilidad.

Por eso, hoy reitero mi convocatoria a toda la gente, a todas las organizaciones de ciudadanos y a los medios de comunicación a participar con convicción, constancia y firmeza en nuestra Cruzada Nacional.

Actuemos todos a fin de alcanzar el clima de tranquilidad, el imperio de la ley y la fe en la justicia que necesitamos para consagrar nuestra energía, a vencer la pobreza y edificar la prosperidad de México.

La justicia social es un principio fundamental de la Nación.

La justicia social no se consigue con decreto, ni la pobreza se vence con buenas intenciones. Sólo lograremos la justicia social con un trabajo intenso, compartido y permanente.

Esta es una obligación principal del Estado.

Para cumplir con ella, el Gobierno de la República aplica una amplia política social integrada por los programas que apoyan a las personas, a las familias y a las comunidades.

Mucho es lo que los mexicanos hemos avanzado en este siglo; pero es mucho más lo que nos falta por hacer hasta construir condiciones para que todos tengamos una vida digna, productiva y provechosa.

Por eso, a pesar de todas las dificultades económicas, el Gobierno de la República está dedicando a estos programas la inmensa mayoría de sus recursos humanos y la mayor parte de sus recursos económicos.

Casi el 80 por ciento del personal del Gobierno Federal está integrado por maestros, médicos, enfermeras, trabajadores y trabajadoras sociales, agrónomos y otros servidores públicos dedicados al apoyo social de los mexicanos.

De igual modo, el Gobierno Federal está invirtiendo la mayor suma de nuestra historia en salud y nutrición; en educación y capacitación; en seguridad y asistencia social; en servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad; en caminos y apoyos al campo.

Este año casi 60 por ciento del gasto programable federal es para programas sociales. Hace 10 años era 33 por ciento, y entre 1990 y 1995 promedió 48 por ciento.

Como proporción del producto interno bruto, el gasto social representará este año 9.1 por ciento. Hace una década era 5.8 por ciento, y entre 1990 y 1995 fue 7.8 por ciento en promedio.

Uno de los instrumentos más importantes para dar más eficacia a la política social ha sido la descentralización. Como nunca antes, se han transferido facultades, responsabilidades y recursos del centro a los gobiernos estatales y municipales.

Por cada peso que gasta hoy el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos están gastando 1.31 pesos. En 1994 esta proporción era de 78 centavos y en 1988 era de 51 centavos. Ahora, por primera vez en la historia de México, los gobiernos locales ejercen directamente más recursos que la Federación.

Algo muy estimulante en las giras de trabajo que semanalmente realizo por el país, es recibir el testimonio de alcaldes surgidos de todos los partidos políticos reconociendo que, como nunca antes, están ejerciendo más recursos y facultades.

El nuevo federalismo está significando una auténtica redistribución del poder público, tanto económico como político, entre los tres órdenes de Gobierno. También significa promover la democracia y fortalecer la participación social.

Para el presente año, se aprobó la creación de un nuevo ramo presupuestal que transfiere los recursos descentralizados de gasto, especialmente para programas sociales. Los recursos ya no son transferidos a voluntad del Gobierno Federal, sino por mandato de ley.

La salud es lo primero para las personas y las familias y es una de las primeras obligaciones del Estado.

Este año, los servicios de salud cubrirán aproximadamente a 93 millones de mexicanos y mexicanas. Se trata de la cobertura más alta de nuestra historia.

Ello se debe, por una parte, a que en lo que va de la Administración se han puesto en operación 2 mil 400 nuevas unidades médicas, un promedio cercano a dos por día.

Por otra parte se ha venido aplicando un Paquete Básico de Servicios de Salud. Cerca de 8 millones de personas que en 1994 no contaban con estos servicios, hoy ya los están recibiendo.

Cada día se logra prevenir enfermedades que antes provocaban muchísimas muertes, especialmente entre niños y niñas.

Desde septiembre de 1997, se han aplicado más de 81 millones de dosis de vacunas. La vacunación universal ha permitido que los mexicanos erradiquemos la poliomielitis, eliminemos la difteria y virtualmente desaparezca el sarampión.

Por fortuna cada día es mayor la participación de las mexicanas en la vida social, económica y política del país, pero debemos reconocer que falta mucho por hacer hasta lograr la sólida cultura de respeto y valoración, y la cabal igualdad jurídica a que la mujer tiene absoluto derecho. A través del Programa Nacional de la Mujer, estamos avanzando en todos los campos.

Este año se estableció la Cartilla Nacional de Salud, de la que ya se distribuyeron 12 millones de ejemplares. La meta para 1998, que cumpliremos, es llegar a 22 millones. El Gobierno Federal redoblará su esfuerzo para alcanzar las condiciones de equidad entre el hombre y la mujer que son esenciales para tener un país justo.

Las mujeres y los niños son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, fenómeno todavía muy frecuente por desgracia. Con la participación de muchas organizaciones civiles y con el apoyo de legisladores y especialmente de legisladoras de todos los partidos políticos, se elaboró la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Con la aprobación de esta ley, las mujeres y los niños tienen ahora un instrumento efectivo para su defensa.

Por primera vez, estamos contando con un programa integral que en verdad abre oportunidades de salud, educación, empleo y deporte a los niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad. El Distrito Federal y 25 estados de la República disponen ya de una legislación que protege sus derechos. Contamos ya con 310 Unidades Básicas de Rehabilitación. En lo que va de esta Administración, se han modernizado 28 Centros de Rehabilitación Integral y 27 Centros de Educación Especial. Se trata de un buen principio pero debemos redoblar nuestros esfuerzos.

La seguridad social representa el escalón más alto de la justicia laboral. La reforma a la Ley del Seguro Social, garantiza la viabilidad futura de un Instituto hondamente apreciado por los trabajadores, sus familias y sus organizaciones. En un año, más de 12 millones de trabajadores han elegido una Administradora de Fondos para el Retiro, lo que comprueba su confianza en el nuevo sistema de pensiones.

Gracias a la nueva ley, en 12 meses el IMSS ha extendido su cobertura a 90 mil familias de trabajadores no asalariados que ahora cuentan con servicios médicos y de hospitalización.

Nos hemos propuesto que el Seguro Social atienda también a los jornaleros agrícolas migrantes, que en su mayoría provienen de comunidades indígenas y trabajan en condiciones mucho muy precarias. Gradualmente y con un apoyo económico especial del Gobierno Federal, se irán incorporando más de tres millones de jornaleros y sus familias a la totalidad de los servicios y prestaciones del IMSS.

La educación es el instrumento más rápido, efectivo y duradero de la justicia social.

Gracias al trabajo de los maestros, los padres de familia, los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, se está elevando la cobertura y la calidad de la educación.

En el ciclo escolar que se inició la semana pasada, 28.5 millones de alumnos están asistiendo a clases en 210 mil escuelas de todos los niveles, que los mexicanos hemos construido a lo largo y a lo ancho de toda la República.

Actualmente, 93.6 por ciento de los niños entre 6 y 14 años de edad están inscritos en la escuela. Antes de la federalización educativa, 74 por ciento de los niños habían pasado por la educación preescolar. En este ciclo, 9 de cada 10 niños que ingresaron a la primaria habían cursado por lo menos un año de preescolar.

En 1992, antes de la federalización educativa, 72 de cada 100 alumnos terminaban la primaria. Hoy la completan 85 de cada 100.

Nueve de cada 10 alumnos que concluyen la primaria, entran a la secundaria. En el presente ciclo escolar, ingresó a la secundaria el doble de alumnos que hace 5 años, antes de que fuese obligatoria.

Estamos decididos a sostener un gran esfuerzo hasta que la secundaria llegue a todos los jóvenes en edad de estudiarla. Para ello, un medio sumamente eficaz está siendo la telesecundaria. En 1994 este sistema atendía a 618 mil alumnos; hoy atiende a más de 890 mil, un incremento de 44 por ciento en 4 años.

Además está creciendo la red educativa vía satélite, Edusat. Hasta 1994, se habían instalado 2 mil equipos; a fines de este año tendremos 30 mil.

Por cuarto año consecutivo, se distribuyeron los libros de texto gratuitos a tiempo y en cantidades suficientes. Este año se editaron 125 millones de ejemplares para los alumnos de preescolar, primaria y de apoyo a los maestros. Con la participación firme de los estados, este año se entregaron a jóvenes de escasos recursos 22.3 millones de libros de texto gratuitos en secundarias generales, técnicas, de trabajadores y telesecundarias. De este modo, la distribución total del año fue de 147.3 millones de ejemplares, la más alta de nuestra historia.

Como padre de familia y como Presidente hago un reconocimiento a los maestros y maestras de México. Su vocación, su ejemplo y su esfuerzo diarios son base insustituible para educar a nuestros hijos. Por eso se ha seguido haciendo un esfuerzo muy fuerte para mejorar progresivamente los ingresos y las condiciones de vida de los maestros. Además, contamos ya con 327 Centros de Maestros, equipados con bibliotecas y medios electrónicos para apoyar su actualización y 81 más están en proceso de instalación.

Como en toda la política social, el mayor compromiso y el esfuerzo adicional es con quienes sufren más carencias. A través de los programas compensatorios estamos apoyando a los niños y jóvenes más pobres para que puedan completar su educación básica.

Cerca de 5 millones de niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria están siendo apoyados con libros y útiles escolares, construcción de aulas, capacitación y estímulos a sus maestros.

Los desayunos escolares son uno de los apoyos a la educación más importante para los niños y niñas de escasos recursos. Se trata de una acción histórica del Estado mexicano, que había perdido mucho de su vigor.

Ante ello, en 1995 nos propusimos darles un nuevo impulso y llegar a distribuir 4 millones de desayunos diarios en el año 2000. Es muy satisfactorio que gracias al esfuerzo de los gobiernos estatales, habremos superado esa meta dos años antes. En este ciclo escolar se distribuirán 4.3 millones de desayunos diarios.

Hace un año anuncié ante esta Soberanía la puesta en marcha de un programa que atiende las causas de la pobreza extrema con un enfoque integral fundado en la educación, la salud y la alimentación: el PROGRESA.

Este mes, el PROGRESA estará atendiendo ya a más de un millón 500 mil familias; 56 por ciento de ellas de comunidades indígenas.

El PROGRESA promueve el cuidado de la salud y del estado nutricional de los niños. En las comunidades donde se aplica, las consultas de carácter médico, han aumentado 40 por ciento. El Programa está ayudando, asimismo, a que muchos niños y jóvenes que habían dejado la escuela, vuelvan a ella. En las secundarias que atienden a jóvenes becados por el PROGRESA, la matrícula está incrementándose 32 por ciento este año.

De acuerdo con los avances obtenidos hasta ahora, hacia fines de año el PROGRESA estará cubriendo a casi 2 millones de familias.

Hoy hay más mexicanos estudiando en los diferentes niveles educativos más que nunca antes.

La matrícula de educación media superior llega a 2.8 millones de estudiantes, 500 mil más que en 1994. En el último año, el Gobierno Federal ha apoyado la creación de 35 Colegios de Bachilleres y 40 Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos.

A su vez, el CONALEP ha incrementado sensiblemente su capacidad de formación técnica profesional y de impartición del bachillerato, así como la calidad de sus programas. Este año capacitará a más de 95 mil personas y se ha iniciado la descentralización de este Colegio.

En el último año casi se ha duplicado la matrícula de educación superior tecnológica. Al inicio de la Administración, en el país había 7 universidades tecnológicas; el año pasado eran 24 y en el presente ciclo escolar contamos ya con 36. Adicionalmente, en los pasados 12 meses se construyeron 7 institutos tecnológicos más, con lo que ya suman 153 en la República.

Entre 1994 y este año, la matrícula de educación superior pasó de 1.4 a 1.8 millones de estudiantes; un crecimiento de 400 mil estudiantes, que era la meta para el final del sexenio. A través del Programa para el Mejoramiento del Profesorado se está apoyando a más de 5 mil 300 profesores de las universidades estatales en su formación de posgrado, la infraestructura que requieren y sus ingresos.

Pese a las restricciones presupuestales, cerca de 32 mil jóvenes están recibiendo apoyos de diversas dependencias para realizar estudios de posgrado en México y el extranjero. El mayor esfuerzo es del CONACYT, que está administrando 19 mil becas con recursos 36 por ciento real mayores que en 1994.

El Gobierno Federal tiene el compromiso de respaldar el avance de las ciencias, las humanidades y la tecnología. Se están apoyando los proyectos y la infraestructura de investigación, así como la vinculación entre la comunidad científica y tecnológica y los sectores productivos. En 1998 el Sistema Nacional de Investigadores apoyará a casi 6 mil 850 investigadores.

La cultura nacional nos da identidad y es motivo de orgullo para todos lo mexicanos. Por eso, hemos seguido y seguiremos fortaleciendo el cuidado del patrimonio histórico y cultural del país y alentando a los creadores artísticos con becas y apoyo a sus proyectos.

Un esfuerzo formativo que está ensanchando los horizontes de empleo e ingreso para miles de jóvenes y adultos es la capacitación para el trabajo. Cerca de 3 millones y medio de trabajadores han recibido becas y cursos de capacitación en menos de 4 años.

De los jóvenes depende el futuro de la nación. El vigor de la juventud, su ánimo crítico, su capacidad y talento, su apego a los valores que nos identifican, serán la fuerza de México en el siglo XXI. Los jóvenes son, de manera natural, la población hacia la que se dirige el esfuerzo más importante de la política social, pues prácticamente todo el gasto en educación y capacitación, y más de la mitad del gasto en salud, y muchos otros rubros están dedicados a los jóvenes. El Ejecutivo se propone trabajar intensamente con el Legislativo a fin de articular e integrar mejor los programas y acciones de gobierno, dirigidos a los jóvenes.

Al lado de los campesinos, sus organizaciones y los gobiernos de los estados, el Gobierno Federal sigue y seguirá trabajando para asentar las bases firmes de un auténtico desarrollo rural.

Un primer paso ha sido avanzar en la consolidación de la seguridad jurídica de todas las formas de propiedad rural que consagra la Constitución.

Por decisión de su asamblea, el 80 por ciento de los poco más de 27 mil ejidos que hay en el país, se ha incorporado al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, el PROCEDE. Se han certificado más de 16 mil ejidos, o sea, 60 por ciento del total. Antes del final de la Administración, concluiremos con la certificación de todos los ejidos que se hayan inscrito en el PROCEDE. Este esfuerzo de regularización es el más grande que se ha realizado en el mundo.

En los pasados 12 meses, más de 135 mil familias recibieron las escrituras de la tierra donde han fincado sus hogares.

Entre septiembre de 1997 y agosto de 1998, cerca de 10 mil posesionarios de terrenos nacionales recibieron los títulos que los hacen propietarios de la tierra. La mayoría de ellos tienen menos de 10 hectáreas y recibieron sus títulos de manera gratuita. El título otorga seguridad y agrega valor a la tierra pero, sobre todo, imparte justicia a quienes con su trabajo la volvieron productiva.

La seguridad jurídica, sin embargo, no es suficiente para que los productores y sus familias obtengan mejores condiciones de vida. Es necesario apoyarlos oportuna y eficazmente para que puedan elevar su producción, capitalizar sus tierras y, de ese modo, incrementar sus ingresos.

Durante los pasados 12 meses, el campo mexicano se ha visto afectado por condiciones climáticas particularmente adversas, que impactaron negativamente la producción agropecuaria.

Para hacer frente a ello, se estableció un programa especial de sequías al que se están destinando cerca de mil 100 millones de pesos. A la vez, mediante el Programa de Empleo Temporal se generaron 1 millón 110 mil empleos en la construcción de caminos rurales y otras obras de impacto productivo y social.

Pese a lo desfavorable del clima, la productividad agropecuaria está aumentando gracias a la Alianza para el Campo. De hecho, desde el impulso que dieron las grandes obras hidráulicas realizadas entre los años 30 y 60, la Alianza es el programa más exitoso para elevar la productividad en el campo.

El Programa de Crédito a la Palabra ofrece financiamiento de corto plazo a los campesinos más pobres del país. Este año se está apoyando a más de 500 mil campesinos que trabajan 1.2 millones de hectáreas de temporal.

Con la recuperación de los créditos a la palabra y de otros apoyos reembolsables, se han formado cerca de 3 mil Cajas de Ahorro en los municipios más pobres que, a su vez, financian proyectos de largo plazo. En su conjunto esas cajas disponen ya de 300 millones de pesos.

Casi 3 millones de productores de todo el país están recibiendo los apoyos del PROCAMPO. Es muy satisfactorio que este programa, que nació como una forma de subsidio, se esté transformando en un medio para la inversión productiva y la adquisición de insumos necesarios al inicio de los ciclos agrícolas.

En nuestro país, son muchos los grupos campesinos con una enorme capacidad de iniciativa productiva, a los que sólo les falta un apoyo para llevar a cabo sus proyectos. Para respaldar a estos grupos en las zonas más pobres, el Fondo Nacional de Empresas Sociales apoya proyectos en que participan 800 mil productores agropecuarios.

Ante la caída de los precios agrícolas en los mercados internacionales, hemos mantenido los apoyos a la comercialización de maíz, trigo y sorgo. Así se han apoyado el ingreso de los productores y la competitividad de las cadenas productivas que utilizan estos granos como materias primas.

Con el Programa de Asistencia Social Alimentaria este año se otorgarán 18 millones de despensas, en beneficio de 1.5 millones de familias.

Los programas de abasto de leche y de tortilla subsidiadas se han enfocado con mayor precisión hacia quienes más lo necesitan. LICONSA atenderá este año a 5.1 millones de personas de escasos recursos, de los cuales 95 por ciento son niños. A la vez, 1 millón y medio de kilos de tortillas son entregados diariamente para apoyar el consumo de familias pobres.

Adicionalmente, cerca de 23 mil 500 tiendas de DICONSA instaladas en comunidades aisladas, donde no hay otros medios de comercialización, ofrecen productos básicos en beneficio de más de 33 millones de personas.

La disponibilidad de servicios de agua potable, drenaje y electricidad es un claro indicador del avance social de cualquier país.

En los últimos 4 años, 9 millones más de mexicanos tienen acceso al agua potable. Este año, la cobertura alcanzará a casi el 87 por ciento de la población.

Al mismo tiempo, cerca de 11 millones de personas que en 1994 no lo tenían, ya cuentan con el servicio de alcantarillado. Con el esfuerzo de todos, este año la cobertura comprenderá a 73 por ciento de la población.

Entre 1995 y 1998, la capacidad instalada para procesar aguas residuales se habrá incrementado cerca de 70 por ciento hasta llegar a 73 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, esto es todavía muy poco. El tratamiento de aguas residuales representa y seguirá representando un enorme reto para el equilibrio ambiental que deberá ser enfrentado más decisivamente en los próximos años.

En coordinación con los estados y municipios, estamos aplicando programas para prevenir y combatir la contaminación atmosférica en las principales zonas metropolitanas del país.

Ciertamente, en el cuidado de nuestros recursos naturales y el medio ambiente hace falta mucho camino por recorrer, pero tengamos presente por ejemplo que no hace mucho la protección no pasaba de disposiciones que se quedaban en el papel. Ahora tenemos más de 100 Areas Naturales Protegidas por cerca de 12 millones de hectáreas, que empiezan a contar con programas de manejo, recursos y personal especializado.

Debido a las condiciones adversas del clima, en los últimos meses del año pasado, y sobre todo en los primeros de este año, enfrentamos una gran oleada de incendios forestales. Con el fin de contrarrestar los efectos de los incendios, se puso en marcha un programa emergente de restauración de las zonas siniestradas. Adicionalmente, se está apoyando a grupos campesinos para que dejen atrás prácticas tradicionales que ponen en riesgo los bosques y las selvas, y tengan ellos opciones productivas más seguras para el cultivo de sus tierras.

Los mexicanos debemos enfrentar otro reto de la mayor importancia en el suministro de electricidad. Hoy 95 de cada 100 habitantes del país reciben servicio, pero la demanda aumentará bajo cualquier circunstancia con gran rapidez. Se estima que en los siguientes 7 años deberemos generar 13 mil megawatts adicionales, lo que equivale a una tercera parte de la capacidad instalada en todo un siglo.

Para responder a este desafío, de aquí al año 2005 se necesitarán inversiones por alrededor de 220 mil millones de pesos. Para obtener los recursos necesarios, es imprescindible seguir procurando nuevos mecanismos que permitan sumar el esfuerzo de todos los sectores de nuestra economía. Sólo así, tendremos una oferta de energía eléctrica suficiente para respaldar el crecimiento de la economía, el empleo y el bienestar de los mexicanos.

En octubre pasado, el huracán Paulina causó graves daños en Acapulco y zonas costeras y serranas de Oaxaca, enlutando muchísimos hogares y entristeciendo a todos los mexicanos.

Como siempre frente a grandes retos, los mexicanos nos unimos en el esfuerzo, la ayuda, el consuelo y la reconstrucción. En pocos días se rescató y evacuó a decenas de miles de damnificados. Se atendió a los heridos, se previnieron enfermedades, se restituyó el suministro de agua potable y se restableció la energía eléctrica. En pocas semanas se repararon caminos y cruces carreteros, se puso en marcha un programa emergente de vivienda para apoyar a 40 mil familias y se otorgaron apoyos para la producción. En pocos meses se reconstruyeron las carreteras que habían quedado seriamente dañadas.

Todavía hoy siguen efectuándose trabajos de reconstrucción y prevención. Al concluirlos, el Gobierno Federal habrá invertido más de 2 mil millones de pesos.

Por su oportuna y dedicada labor de apoyo a los damnificados por el huracán Paulina y ante otras emergencias y necesidades sociales, quiero hacer un reconocimiento muy especial al Ejército y a la Marina de México. Nuestras Fuerzas Armadas cuentan con la confianza y el aprecio del pueblo. Además de actuar siempre con patriotismo, lealtad y valor en defensa de nuestra soberanía y la integridad del territorio nacional, auxilian a la población con rapidez y eficiencia cuando más lo necesita.

En gran medida el avance social de México, y de cualquier país, depende del avance económico. La creación de empleos suficientes y mejor pagados, la mejoría en la educación, la salud y los otros servicios básicos, el combate a la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia, y todos los demás aspectos que son importantes para el bienestar de la gente requieren de la inversión de recursos cada vez mayores. Estos recursos sólo pueden ser generados si la economía nacional crece año tras año.

Entre más rápido crezca la economía, más pronto se podrán alcanzar las metas para el bienestar social. Por eso, la política económica de esta Administración ha tenido el propósito de alcanzar y preservar las condiciones que permitan a la economía nacional no sólo crecer en el corto plazo, sino hacerlo firmemente a lo largo del tiempo.

México necesita ese crecimiento dinámico y duradero a fin de contar con los recursos necesarios que, durante muchos años, deberán aplicarse para resolver los problemas sociales y elevar significativamente el nivel de vida de la población.

La política económica enfrentó un enorme desafío con la severa emergencia que se manifestó claramente a fines de 1994, justo al inicio del sexenio. La crisis presentó tres grandes problemas a los que se tuvo que responder con prontitud y con firmeza.

El primer gran problema era que el país estaba gastando considerablemente más que el valor de lo que producía, lo que se manifestaba en un enorme déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que en 1994 alcanzó casi 30 mil millones de dólares.

Durante varios años, la diferencia entre el ingreso y el gasto del país se había compensado con flujos de capital del exterior, invertidos en su mayor parte en instrumentos de alta liquidez. El exceso de gasto resultaba insostenible, primero, porque ya había ocurrido de manera apreciable durante varios años y, segundo, porque a lo largo de 1994 sucedieron una serie de eventos muy desafortunados que minaron fuertemente la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en las perspectivas de nuestra economía.

Una consecuencia fue que se detuvo abruptamente el flujo de recursos externos que hasta entonces había financiado dicho exceso de gasto. Para hacer frente a esa situación se aplicó un severo, aunque indispensable, ajuste fiscal y monetario.

Una consecuencia fue que se detuvo abruptamente el flujo de recursos, decía, y para enfrentar eso tuvimos que aplicar irremediablemente el ajuste fiscal y monetario.

El segundo gran problema era el vencimiento inmediato de deudas cuyo valor estaba denominado en dólares o vinculado al valor de esta moneda. El monto de dichas obligaciones con vencimiento durante 1995 equivalía a 41 mil millones de dólares. Para afrontar esta situación y evitar un estado de insolvencia que hubiese acarreado gravísimas consecuencias para la economía nacional, se obtuvieron financiamientos a mediano y largo plazo que compensaran los vencimientos de corto plazo.

A los montos contratados con organismos multilaterales de los que México es socio de pleno derecho, se sumó una muy importante línea de crédito negociada con el gobierno de los Estados Unidos, cuyo saldo, por cierto, fue completamente liquidado a principios de 1997, varios años antes del plazo pactado.

El tercer gran problema era el riesgo de quiebra del sistema bancario. Desde 1993 se había manifestado una cierta fragilidad en la banca, que se acentuó durante 1994 y se tornó muy crítica al sobrevenir la emergencia económica.

Las dificultades para recuperar los préstamos otorgados, sumadas a las pérdidas de capital de las instituciones, causadas en unos casos por factores ajenos a su control, en otros por una administración deficiente y en algunos incluso por la realización de operaciones fraudulentas, determinaron una situación de potencial insolvencia del sistema bancario. De haberse materializado ese estado de insolvencia, hubiese tenido consecuencias sumamente graves e irreparables para la economía nacional.

El gobierno tomó la decisión de evitar bajo cualquier circunstancia la quiebra del sistema bancario, ya que ésta hubiese significado el colapso total de la economía del país, y habría acarreado un costo social mucho más grave que la de por sí dolorosa carga que sufrió la población durante 1995.

Ninguna economía del mundo contemporáneo puede funcionar sin el sistema de pagos que opera a través de los bancos. En nuestro país, sólo 10 por ciento de las transacciones económicas se realizan en efectivo; el resto ocurre mediante operaciones bancarias. Sin el sistema de pagos que descansa en los bancos, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas no podrían adquirir materias primas, ni pagar a sus obreros y empleados, ni vender los bienes y servicios que producen. Tampoco se podrían efectuar las exportaciones e importaciones que realiza el país. No podría funcionar regularmente el gobierno, incluidos los sistemas públicos de educación y de salud.

En pocas palabras, con la quiebra del sistema bancario y de pagos se habría paralizado toda la economía de la nación, lo que hubiese significado el desempleo inmediato de millones de personas y muchas otras graves, gravísimas consecuencias sociales. Una vez ocurrida la quiebra, sin importar que tan rápido se hubiese iniciado el restablecimiento del sistema de pagos, habría sido inevitable sufrir una recesión mucho más profunda que la de 1995, que se habría prolongado durante varios años.

Es útil recordar que en 1982 se impusieron controles que obstruían las operaciones en moneda extranjera, que entonces constituían una parte menor del sistema de pagos del país en su conjunto. Si bien ese quebranto del sistema de pagos fue apenas parcial, resultó ser el principio y causa fundamental de un periodo muy prolongado de estancamiento económico, alta inflación y carencia total de crédito externo voluntario para nuestro país.

Aquella experiencia y la de otros países que han sufrido el derrumbe parcial o total de su sistema de pagos, explican porqué el gobierno no podía permitir la quiebra del sistema bancario. Además, de haber ocurrido esa quiebra, se hubiesen sufrido inevitablemente pérdidas muy significativas en el patrimonio de los depositantes de los bancos, y los deudores habrían padecido una situación mucho más difícil que la que han enfrentado desde 1994.

En consecuencia, se adoptó una estrategia que cumpliera varios objetivos a la vez.

Primero, evitar la quiebra del sistema bancario. En las circunstancias de marcado nerviosismo e inestabilidad financiera de 1995, la quiebra de un sólo banco hubiese precipitado prácticamente la de todos los demás. De allí que hubo que atender el problema de los bancos caso por caso, lo que condujo a un enfoque irremediablemente casuístico y selectivo.

Segundo, restablecer a la brevedad posible la operación normal de la banca tanto en las transacciones domésticas como en las internacionales.

Tercero, hacer el máximo esfuerzo posible para apoyar a los deudores de la propia banca, sin propiciar prácticas de incumplimiento premeditado.

Y cuarto, procurar que los apoyos otorgados tuvieran el menor costo posible con cargo al Estado, lo cual también determinó el carácter selectivo de la estrategia.

En función de estos objetivos se determinaron las principales acciones y programas que fueron conformando la estrategia de apoyo al sistema bancario. En los momentos de mayor inestabilidad y riesgo, se abrieron líneas de crédito en moneda extranjera para que los bancos pudieran cumplir sus obligaciones externas y se dispuso un programa para apoyar su capitalización temporal. Se promovieron exitosamente reformas legales para facilitar la inyección de capital adicional a los bancos.

Como lo señala la ley, en los casos de bancos irremediablemente insolventes se procedió a intervenirlos, y donde se detectaron irregularidades y operaciones fraudulentas se iniciaron los procesos penales correspondientes. Se han abierto 100 procesos penales en contra de 183 empleados y funcionarios bancarios. De esos procesos, 52 son en contra de 116 altos ejecutivos. Existen procesos contra 5 individuos que fungieron como presidentes de consejos de administración.

Para los bancos que podían recuperar la solvencia sin necesidad de intervenirlos y, por lo mismo, de que el gobierno asumiese todo el costo de la rehabilitación, se estableció un programa de incentivos para su recapitalización con recursos de antiguos y nuevos accionistas.

Asimismo, se establecieron diversos programas en apoyo a deudores de la banca, mediante los cuales los participantes han recibido importantes reducciones en el saldo y en los intereses de los créditos a su cargo.

Desde el inicio, el Gobierno ha previsto e informado que las acciones para sanear al sistema bancario implican necesariamente un costo sustancial. Es un costo enorme si se toman en cuenta los otros usos que podrían tener los recursos destinados al saneamiento. Con todo, el costo previsto es menor al que hubiese resultado de permitirse la quiebra bancaria o simplemente de haber actuado lenta y medrosamente.

Es preciso reiterar que, en rigor, el Gobierno que presido no tuvo la alternativa de escoger entre pagar el costo de evitar la quiebra del sistema bancario o no pagarlo, como tampoco la tuvo entre enfrentar o no la emergencia económica. El único camino responsable consistía en tomar las medidas necesarias para resolver la crisis económica por alto que resultase el costo político para el Gobierno.

El caso de muchos países que se han enfrentado a severas crisis financieras, incluyendo algunas que hoy están ocurriendo en otros continentes, muestra claramente que el retrasar las decisiones o aplicarlas con titubeo agrava dramáticamente los costos económicos y sociales.

En 1995, sabíamos muy bien que efectuar el ajuste fiscal y monetario, convenir financiamientos extraordinarios con los organismos multilaterales y con el gobierno de los Estados Unidos, y evitar la quiebra del sistema bancario, eran decisiones susceptibles de provocar las controversias consustanciales a temas tan trascendentes, en especial si son discutidos en las condiciones de libertad, democracia y pluralismo que afortunadamente hoy existen en México.

Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré, como tampoco lamento y sí en cambio celebro con inquebrantable convicción democrática, que los actos de gobierno sean sujeto de debate, de escrutinio y aun de rigurosa crítica.

Con la misma convicción, afirmo que el Gobierno encuentra indignante que una parte sustancial del quebranto bancario obedezca, en unos casos, a la negligencia y, en otros, a actos fraudulentos de algunos administradores, ejecutivos y accionistas bancarios. Esos individuos han agraviado a los depositantes, a los bancos que sí han actuado con profesionalismo, a accionistas que de buena fe invirtieron en los bancos defraudados, y sobre todo al pueblo de México que es el que en última instancia sufraga el costo causado por los bancos intervenidos por mala o fraudulenta administración.

Es muy lamentable e injusto que el marco jurídico vigente, al cual debe sujetarse la autoridad, sea absurdamente generoso con quienes presuntamente han causado un grave daño patrimonial a muchas personas y a la Nación. La debilidad de ese marco jurídico es el origen del enojo y la frustración que las autoridades y la ciudadanía compartimos ante los cínicos alardes de impunidad de quienes dolosamente han causado un grave daño a la economía del país.

A pesar de las deficiencias del marco jurídico, que confío será enmendado por esta Honorable Legislatura, no se escatimará esfuerzo alguno para que los llamados criminales de cuello blanco reciban el mayor castigo posible.

Es también inaceptable la conducta de personas o instituciones que por negligencia o por maquinación abusen y sustraigan beneficios indebidos de los varios programas gubernamentales de apoyo al sistema bancario. El compromiso con todos los mexicanos es que cualquier presunto abuso será investigado y sancionado con todo el rigor que permita la ley.

El pasado mes de marzo envié a la consideración de este Honorable Congreso un conjunto de iniciativas de reformas en materia financiera cuyos propósitos generales conviene reiterar en esta tan valiosa oportunidad.

Dichas iniciativas proponen fortalecer en la autoridad competente las funciones de regulación y supervisión del sistema bancario. Las crisis financieras que se han presentado recientemente, incluyendo la mexicana de 95 y las que han conmovido al mundo en los últimos días, muestran claramente que frente a la globalización financiera, el talón de Aquiles de las economías nacionales reside en la inadecuada regulación y supervisión de los sistemas bancarios. Este es un campo en que la globalización, lejos de suponer una menor intervención del Estado, reclama de éste un papel más activo para vigilar la observancia de buenas prácticas bancarias que prevengan tanto los auges infundados como los colapsos financieros asociados a la gran movilidad internacional que hoy tiene el capital.

Las iniciativas mencionadas proponen, asimismo, otorgar plena certidumbre jurídica de largo plazo a los procesos de capitalización emprendidos desde 1995, así como propiciar importantes posibilidades de capitalización adicional del sistema bancario. El progreso del país requiere de bancos dinámicos y eficientes que capten más ahorro, financien adecuadamente la expansión de la planta productiva y atiendan las demandas de crédito de la población para cuestiones tan importantes como la vivienda. Para cumplir satisfactoriamente esas funciones, la generalidad de los bancos requiere afianzar y ensanchar sus índices de capitalización. Justamente eso es lo que las iniciativas del Ejecutivo Federal pretenden facilitar.

Del mismo modo, se busca hacer más rápida y favorable la recuperación de créditos y la venta de activos otorgados en garantía en los programas de apoyo al sistema financiero, lo que permitirá reducir significativamente su costo fiscal.

Otro objetivo importante consiste en transparentar y racionalizar gradual y progresivamente la garantía de los ahorros confiados a los bancos, pues ello también propiciaría en estas instituciones mayor eficiencia y responsabilidad, y reduciría el costo de eventuales intervenciones de la autoridad para atender problemas de solvencia en los bancos. También es significativa la propuesta de acotar la facultad del Ejecutivo Federal para otorgar avales y otras garantías, conducentes a la constitución de deuda pública contingente.

Confío en que a partir de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal y varios de los partidos políticos representados en este Congreso, se cuente pronto con el marco jurídico que atendiendo los objetivos antes señalados, haga posible el sistema bancario que requiere el desarrollo general del país.

La estrategia que seguimos los mexicanos para enfrentar la emergencia económica de 1995 alcanzó sus objetivos. Gracias al enorme esfuerzo de todos y a la unidad en lo fundamental que se mantuvo, fue posible iniciar la recuperación económica justo cuando se había previsto.

Después de la severa contracción de 1995, en 1996 el producto interno bruto creció 5.2 por ciento y en 1997 se alcanzó la tasa de crecimiento económico más alta en 16 años, de 7 por ciento.

La tasa de desempleo abierto, que en agosto de 1995 alcanzó un alarmante máximo de 7.6 por ciento, en 1996 promedió 5.5 por ciento y 3.7 por ciento en 1997.

La inflación anual que se había disparado hasta el 52 por ciento en 1995, se redujo a 27.7 por ciento en 1996 y a 15.7 por ciento el año pasado.

Un hecho notable es que se logró revertir la caída que durante varios años sufrió la tasa de ahorro interno y que en 1994 la llevó a un bajo nivel del 14.8 por ciento del producto interno bruto, lo que indudablemente constituyó una causa importante del quebranto que sufrió entonces la economía nacional. En 1997, dicha tasa de ahorro alcanzó 24.6 por ciento del producto interno bruto, resultado de gran significado para el crecimiento potencial del país.

Cuando a principios de noviembre pasado se sometieron a consideración de este Honorable Congreso los Criterios Generales de Política Económica para 1998, existían razones para sustentar una visión prudentemente optimista respecto al desempeño de la economía nacional durante el presente año.

Sin embargo, en el curso de pocas semanas, prácticamente mientras ocurría el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto y la Ley de Ingresos, algunas circunstancias externas de indudable influencia en nuestra economía cambiaron sustancialmente.

La situación de varias de las economías asiáticas se deterioró abruptamente, lo que ha desembocado en una grave crisis financiera sin precedente en esos países. A su vez, ello ha causado una situación de aguda inestabilidad en los mercados financieros internacionales con efectos negativos en prácticamente todos lados, y, de manera señalada, en las llamadas economías emergentes entre las que se encuentra la mexicana. Esa inestabilidad se ha agravado recientemente como resultado de las muy delicadas circunstancias que se viven en Rusia.

La aguda caída en el precio internacional del petróleo constituye otra sorpresiva circunstancia adversa. Hasta el momento de enviar el proyecto de presupuesto para 1998 a consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el precio de exportación del petróleo mexicano había promediado 16.90 dólares por barril. En el presupuesto se estimó un precio promedio de 15.50 dólares para 1998 lo que, por cierto, algunos consideraron una subestimación injustificada.

En realidad, durante los últimos días del año pasado, el precio internacional de los hidrocarburos comenzó a sufrir una baja muy pronunciada, motivando que nuestro petróleo haya promediado un precio de poco menos de 10.5 dólares por barril en lo que va del presente año. En comparación con 1997, se perderán por lo menos 3 mil 500 millones de dólares en el valor de las exportaciones de petróleo, monto equivalente al 1 por ciento del producto interno bruto del país en 1998.

Habiéndose despetrolizado sustancialmente las exportaciones del país durante la última década, ahora el mayor daño que nos causa el desplome en los precios del crudo es en las finanzas públicas, ya que lamentablemente, los ingresos fiscales dependen todavía excesivamente del petróleo. En 1997, el 36 por ciento de los ingresos del Gobierno Federal provinieron de los rendimientos petroleros.

Desde los primeros días de enero pasado, al manifestarse claramente la tendencia a la baja en los precios del petróleo, se optó por enfrentar de inmediato la situación reduciendo el gasto público programado y optimizando fiscalmente otros ingresos públicos. Al continuar el deterioro en el mercado petrolero internacional, se dispusieron otros dos ajustes en los pasados meses de marzo y julio. En los tres ajustes prevaleció el criterio de afectar en la menor medida posible al gasto social, lo que afortunadamente ha permitido mantener vigentes las principales metas de los programas en apoyo de quienes más lo necesitan.

Frente a la disminución del ingreso petrolero, era indispensable el ajuste fiscal para evitar daños aún mayores en nuestra economía. Como lo prueban experiencias propias del pasado y presentes de otros países petroleros, de no habernos ajustado ahora suficiente y oportunamente a las nuevas circunstancias, más pronto que tarde habríamos pagado un costo mucho mayor en términos de pérdida de crecimiento económico y empleo, inflación e inestabilidad financiera.

Los resultados acreditan que el país ha sorteado satisfactoriamente las muy difíciles circunstancias que se han presentado en 1998. Gracias a la disciplina fiscal y monetaria y al esfuerzo de todos los sectores productivos, se ha mantenido al máximo posible el crecimiento de la economía.

Durante el primer semestre de este año, a pesar de la caída de la producción agropecuaria causada por condiciones climáticas muy adversas, el producto interno bruto creció 5.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. Este avance es muy meritorio si se considera el tamaño de la pérdida petrolera y la inestabilidad financiera internacional que ha prevalecido. Cabe mencionar que entre las 15 economías más grandes del mundo, la nuestra tuvo la segunda tasa de crecimiento más alta del producto interno bruto durante el primer semestre del año. Entre los países en desarrollo que son grandes exportadores de petróleo, el nuestro ha tenido con mucho el mejor desempeño económico.

Gracias al crecimiento de la producción y la inversión, siguió aumentando el nivel de empleo en la economía. Durante los primeros siete meses del año, la tasa de desempleo abierto promedió 3.3 por ciento de la población económicamente activa, que se compara favorablemente con la tasa de 4.1 por ciento que se registró en el mismo periodo de 1997.

Es también alentador que al 31 de agosto, el número de trabajadores asegurados permanentes en el IMSS haya llegado a su máximo histórico de 10.1 millones, lo que significa un aumento de 4.6 por ciento más que un año antes.

El nivel de los salarios es todavía muy bajo pero ha comenzado gradualmente su recuperación, según lo sugieren algunos indicadores. Durante los primeros seis meses del año, por ejemplo, en la industria manufacturera las remuneraciones crecieron 3.1 por ciento y en el sector comercio 4.3 por ciento, ambos casos en términos reales.

A pesar de factores adversos como la sequía y la variación en el tipo de cambio, que han impactado desfavorablemente el nivel de precios, la inflación acumulada en 1998 sí ha resultado inferior a la comparable de un año antes.

Si bien estos resultados son favorables al tomar en cuenta las condiciones tan adversas en que se han dado, no deben llevarnos a subestimar el enorme reto que tenemos por delante.

Debo ser el primero en advertir que son difíciles las circunstancias en que se desenvolverá nuestra economía en el futuro inmediato. A pesar de los esfuerzos que los principales países productores de petróleo hemos hecho para reducir nuestras exportaciones, no está a la vista una pronta recuperación del precio internacional. Tampoco es previsible que en poco tiempo vayan a resolverse los problemas externos causados por la inestabilidad financiera internacional padecida este año. De hecho, los efectos más significativos de esa inestabilidad sobre las economías más desarrolladas del mundo están todavía por suceder.

Admitamos que durante los próximos dos años, la situación internacional planteará grandes retos y fuertes restricciones a la política económica. Para cumplir los objetivos que nos tracemos se precisará de una conducción económica muy prudente y eficaz en todos sus aspectos.

Propongámonos objetivos que tomen muy en cuenta las circunstancias poco propicias que enfrentamos. Propongámonos objetivos que sean realistas y a la vez ambiciosos, para así estimular nuestro esfuerzo y perseverancia. Hagámoslo con visión de largo plazo, pensando que entre más grande sea ahora nuestro empeño, mejores serán los resultados en el futuro. Cumplamos nuestra tarea con la confianza de que gracias al esfuerzo de todos, nuestra economía tiene ahora fortalezas de las que carecía no hace mucho, y que han sido probadas satisfactoriamente por los acontecimientos de este año.

Propongo que hagamos lo necesario no sólo para alcanzar el mayor crecimiento económico posible en el bienio 1999-2000, sino para que el próximo Presidente de la República tenga las condiciones más propicias para el inicio y el desarrollo de su mandato. Cumplir ambos objetivos, demandará de todos voluntad y firmeza de carácter, compromiso y sentido de responsabilidad con la República, atributos que los mexicanos hemos probado tener. Usémoslos ahora para desterrar la lacra de las crisis sexenales.

Estoy convencido de que a pesar de las difíciles circunstancias externas y a condición de que sostengamos alto el espíritu y fuerte el trabajo, podremos alcanzar la meta que nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo de que la economía crezca en promedio al 5 por ciento durante el periodo 1996 año 2000.

Para lograrlo, el promedio del crecimiento del PIB en 1999 y el año 2000 debe ser alrededor del 4 por ciento. Para que esto se consiga y además sea parte del camino que nos conduzca a que la economía pueda crecer más rápidamente después del año 2000, debemos hacer todo lo necesario para que en el último año de esta Administración, el año 2000, la economía nacional esté resguardada por una evidente fortaleza financiera, fiscal y estructural. De esta manera dejaremos atrás los traumas económicos que se han dado alrededor del cambio sexenal de gobierno desde hace casi un cuarto de siglo.

Para el logro de este objetivo estratégico, aseguro a las señoras y a los señores legisladores y a todos los mexicanos, que ejerceré íntegramente las facultades que me otorga la Constitución. Todas las decisiones e iniciativas que emprenda con ese fin serán motivadas únicamente por el supremo interés de la República.

Confío en que el mismo principio habrá de guiar la conducta de todos cuya participación se requiere para cumplir las metas que nos tracemos.

Así podremos conformar la política de Estado que propuse aquí hace un año para darle certidumbre de largo plazo al progreso de la Nación.

El progreso de nuestro país sólo puede edificarse con el esfuerzo tenaz, inquebrantable, de todos los mexicanos.

Hacer frente a los enormes desafíos que nos aguardan, exige que renovemos el ánimo y la decisión.

Tomemos fuerzas de nuestra propia historia.

Templemos la voluntad en el recuento de lo mucho que los mexicanos hemos conseguido con nuestro esfuerzo en este siglo que termina.

Un siglo en el que los mexicanos realizamos la primera revolución social y nuestro país se afianzó como una nación libre y soberana.

Un siglo en el que los mexicanos hemos logrado importantes avances en la salud, en la educación, los servicios básicos y la infraestructura para el desarrollo.

Un siglo en el que los mexicanos edificamos instituciones sólidas, supimos preservar la paz social y hemos alcanzado una normalidad democrática que muchos creían remota.

Los mexicanos llegamos a las puertas del tercer milenio orgullosos de nuestros avances pero con clara conciencia de los retos que nos depara el porvenir.

Sabemos que para las generaciones de nuestro tiempo, es un privilegio histórico ser testigos del paso del siglo XX al siglo XXI.

Sabemos que ese privilegio implica también una gran responsabilidad, que solamente podremos cumplir con la unidad y la perseverancia de todos.

Sabemos que tenemos la voluntad y las capacidades para edificar un futuro de prosperidad, democracia y justicia, y hacer de México una de las grandes naciones del siglo XXI.

Por eso convoco a todo hombre, a toda mujer, a todo adulto, joven y niño, a redoblar el paso con firme confianza en nuestra historia y en nuestra cultura, en nuestra energía y en nuestro destino.

¡Convoco a todos los mexicanos y las mexicanas a levantar unidos la esperanza y la voluntad!

¡Los convoco a creer en México, a pensar siempre en México, a trabajar más que nunca y más hermanados por México!

Muchas gracias.