Enero 6 de 1997

El gobierno de México -monopolio del poder desde hace casi siete décadas-, no puede seguir indefinidamente en manos del mismo partido, ni sujeto al arreglo político que le dio origen. Este régimen agotó ya su cometido. La sociedad cambió dramáticamente y es mucho más compleja que en los años veinte. En cambio, las prácticas autoritarias y no democráticas de su gobierno permanecen intactas. La nueva sociedad mexicana exige vivir en una república libre y soberana en la cual prevalezca el Estado de Derecho, la efectiva división de poderes, un auténtico pacto federal, contrapesos reales al ejercicio de la autoridad, verdadera rendición de cuentas de los gobernantes y una alternancia efectiva en el poder.

La mayoría de los mexicanos vive cada vez más graves carencias económicas y sociales, un frágil y asediado medio ambiente, una angustiosa inseguridad pública y exige mayor equidad, justicia y más amplias libertades. Estas demandas inaplazables de la sociedad nos obligan a decir un rotundo no a la preservación del monopolio del poder y al presidencialismo autoritario. Tales demandas fundamentales son las de una sociedad que se propone llegar al siglo XXI con un sistema político moderno, democrático y republicano, y dentro de una nueva y avanzada civilización política.

El poder actual se resiste al cambio y es intolerante ante la demanda de la sociedad de terminar con los privilegios de que gozan unos cuantos a costa de los intereses del pueblo. Por ello, el gobierno ha renunciado a llevar a cabo una verdadera reforma política y ha provocado la crisis por la que atraviesa México; es claro que sus acciones han sido totalmente ineficaces para promover el desarrollo y detener el creciente deterioro político, económico y social que padecemos. El régimen no escucha a la ciudadanía. El impulso definitivo a nuestras transformaciones sólo puede venir de la sociedad y de las diversas fuerzas políticas organizadas que conforman la oposición.

Como nunca antes, la transformación democrática de México está al alcance de la mano. El temor de amplios grupos de mexicanos por el cambio se disipa aceleradamente y es creciente el número de ciudadanos convencidos de la necesidad -y de la posibilidad práctica- de lograrlo. Prueba de ello es la voluntad de amplios sectores sociales que, en uso de sus derechos electorales, se manifiestan, elección tras elección, por la alternancia.

Las dos fuerzas dominantes de la oposición: el PAN y el PRD, agrupan fundamentalmente a ese electorado que, de manera incontrovertible, se perfila ya como una nueva mayoría. Una mayoría que, sin embargo, abarca todavía a un electorado disperso y fragmentado que no tiene la eficacia y la contundencia política suficientes, para remplazar finalmente al actual régimen político y consumar la transformación democrática de México.

Frente a esta gran oportunidad histórica, las diferencias que separan a las oposiciones no deberían ser ya motivo para posponer la realización de los cambios democráticos fundamentales que demanda la sociedad. El momento político actual impone a los partidos de oposición -y a la sociedad en general- la responsabilidad de acortar sus distancias y de asumir conjuntamente el liderazgo que permita la reconstrucción republicana de México.

Con objetivos democráticos compartidos, los partidos de oposición, las organizaciones sociales, los sindicatos independientes, los movimientos populares, las organizaciones cívicas y políticas, los ciudadanos que exigen el cambio, pueden ser decisivos.

Unidos conjugan una nueva circunstancia social y política sin precedentes, capaz de hacer posible en al práctica la transformación ordenada e institucional de México, que podría emerger triunfante de las elecciones de 1997. Juntos -por primera vez en muchos años-, puede lograr que el poder legislativo afirme su independencia frente al ejecutivo y se convierta en un vocero real y efectivo de la sociedad.

Unidas, la oposición y las fuerzas democráticas de la sociedad son capaces de conducirnos, de manera pacífica y responsable, al cambio de gobierno y al nuevo orden plural y democrático que deseamos. Se trata de mirar hacia el futuro, de encontrar las coincidencias y eliminar las divergencias, de superar la desconfianza y alcanzar un amplio entendimiento político cuyo fin sea rehacer las bases del proyecto nacional republicano de México.

Los objetivos inmediatos de esta Alianza por la República han de ser:

1. Construir, en la pluralidad y la concordia, un nuevo consenso político básico sobre el que se sustente la República.

2. Frente al endurecimiento del régimen emprender las acciones necesarias en el plano jurídico, así como las acciones políticas y las movilizaciones ciudadanas que sean indispensables a fin de sentar las bases políticas y electorales de una nueva mayoría y de la alternancia ordenada del poder.

3. Iniciar con reglas claras, sin revanchismos, el combate organizado y sistemático en contra de la corrupción y el saneamiento de la administración pública.

4. Elaborar una estrategia de acción legislativa común para llevar a cabo en el Congreso de la Unión, en particular en la Cámara de Diputados, las tareas del cambio.

La  Alianza por la República debe ser un instrumento político fuerte y eficaz. Debe tener la magnitud, la pluralidad, la visión y la solidez indispensables para conducir a la sociedad mexicana a un siglo XXI de efectivo desarrollo, bienestar y democracia. La creación de este instrumento político supone:

1. Que las fuerzas de oposición, encabezadas por el PRD y el PAN, muestren la voluntad, la lucidez y el sentido de responsabilidad histórica para luchar por el mismo objetivo en el proceso electoral de 1997 y buscar una victoria en las urnas que asegure una definitiva transición democrática.

2. Que los dirigentes, cuadros, militantes y simpatizantes de los principales partidos políticos registrados, asuman la decisión de luchar juntos para que, en julio de este año, sean electos candidatos y candidatas de convergencia, con programas fundamentales comunes, al Congreso Federal, al gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

3. Que con esos propósitos, los dirigentes de oposición inicien pláticas para buscar puntos de coincidencia.

La nueva ley electoral fue  aprobada sin consenso el 13 de noviembre de 1996, por la mayoría autoritaria de los diputados del régimen, y el 19 del mismo mes por los senadores del PRI. Esa ley señala límites y condiciones arbitrarias para la creación de alianzas electorales para el Distrito Federal y para el Congreso Federal.

El tiempo apremia. Por ello hacemos un urgente llamado a los ciudadanos convencidos de la necesidad de un cambio republicano y democrático en nuestro país, a unirse en esta gran Alianza por la República y a manifestarse a favor de ella por todos los medios a su alcance. Los llamamos a promoverla con toda energía en el ámbito de los partidos, en las organizaciones cívicas, políticas y sociales, en los gremios y comunidades a los que cada mexicano pertenece.

México está en riesgo. No perdamos el tiempo ¡Únete a este llamado!

México, D. F., a 6 de enero de 1997.

Marie Claire Acosta, Sergio Aguayo Quezada, María Teresa Aguilar de Mendoza, Ricardo García Sáinz, Gloria Amtmann, Santiago Creel, Adolfo Aguilar Zinser, Verónica Aveleyra, Vicente Fox, Cecilia Soto, Jorge Alonso, Hilda Aguirre, Miguel Álvarez Gándara, Martha Alvarado, Homero Aridjis, Martha Beltrán de Andrade, Pedro Armendáriz, Elsa Bortoni, Tonatiuh Bravo Padilla, Patricia Bracho, Ernesto Camou Healy, Leticia Calzada, Enrique Canales, Julieta Campos, Francisco Cano Escalante, Irma E. Castro, Raymundo Cárdenas, Luz María Cisneros, Jorge Castañeda, Rebeca Clouthier, Raúl Castellanos, Tatiana Clouthier, Heberto Castillo, Alfredo Corella Gil Samaniego, Angélica del Valle, José Antonio Crespo, Margarita del Valle de Torres, Francisco Curi, Denise Dreesser, Néstor del Buen, Cristina de Ezkauriatza, Gilly White, Julie Furlong, Sergio de la Peña, Xóchitl Gálvez, Patricio Estévez, Concepción Guadalupe Garza, Julio Faesler, Verónica Garza, Zeferino Torreblanca, Ángela Gómez de Hernández, Saltiel Alatriste, Lupita González de Zermeño, Armando Fuentes Aguirre "Catón", Miriam de León, Oscar García Manzano, María Licea, Rubén Aguilar, Enrique Semo, Enrique González Pedrero, Lucrecia Medina Castro, Jorge González Torres, María del Carmen Mendiola, Carlos Heredia, Jacoba Niembro de Lobo, Javier Hurtado, Guadalupe Palacios, Francisco León Olea, Adela Ponce de Márquez, Javier Livas Cantú, Flor Rabatte, Alejandro, Martínez Camarillo, Laura Rangel de Parra, Ricardo Valero, María Teresa D. de Rebollo, Porfirio Muñoz Ledo, Silvia J. de Rojas, Joel Ortega, Carolina Sada, Jorge Padilla, Verónica Sada Pérez, Raúl Padilla López, Bernardo León, Consuelo Sáez Pueyo, Ricardo Padilla Silva, Lourdes Sepúlveda, Guillermo Pizzuto, Bertha Álvarez de Padilla, Jaime Preciado, Elizabeth Treviño, Hedwieg Putz Botello, Elda Vega de Tejada, Graco Ramírez, Guadalupe Viesca, Marcos Rascón, Norma de Villa, Alejandro Rojas Díaz Durán, Pedro Sáez, José Vicente Saiz, Crisóforo Salido, Arturo Salinas, Macario Schetino, Pedro Schueid Sáez, Guadalupe Loaeza, Víctor Flores Olea, Germán Dehesa, Lorenzo Meyer.

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Responsables de la publicación: Ricardo García Sáinz, Santiago Creel, Jorge Castañeda, Francisco León Olea y Adolfo Aguilar Zinser.

Fuente: Reforma, 6 de enero de 1997.