Ernesto Zedillo, 1o. de Septiembre de 1996

Honorable Congreso de la Unión;

Honorables miembros del Poder Judicial Federal;

Señores Gobernadores de los Estados de la República;

Mexicanos:

Por segunda ocasión, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 69 Constitucional, presento un informe escrito sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.

Instruyo a los responsables de los despachos de la propia Administración para que atiendan los llamados de las Comisiones del Congreso a fin de abundar sobre los aspectos de este informe que las señoras y los señores legisladores consideren pertinentes.

Como siempre, es para mí un altísimo privilegio utilizar esta destacada tribuna de la República.

Al igual que hace un año, en vez de resumir ante ustedes el informe que he entregado de conformidad con el Artículo 69 Constitucional, me ocuparé de los tres temas generales que más interesan a los mexicanos: la situación económica y social, la seguridad y la justicia, y la democracia.

A pocas semanas de haber asumido la Presidencia de la República expuse ante los mexicanos que enfrentábamos un grave problema económico, que irremediablemente afectaría los niveles de vida de la población. De acuerdo con mi compromiso de hablar siempre con la verdad, por dura que sea, señalé que iniciábamos una etapa de auténtica emergencia económica, cuya superación demandaría de todos la más entera y firme determinación así como apreciables sacrificios. Con absoluto convencimiento, añadí que unidos venceríamos la emergencia económica.

Los meses siguientes confirmaron la gravedad de la emergencia. Se inició un abrupto descenso en la actividad económica que se tradujo en una caída, durante 1995, de más del 6 por ciento en el Producto Interno Bruto y en un dramático aumento del desempleo, que significó, entre otros males, una pérdida acumulada en los primeros siete meses del año, de más de 495 mil asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La inflación creció hasta alcanzar 52 por ciento al cierre del año. La deuda de corto plazo por vencer en 1995 era de más de 41 mil millones de dólares. En los mercados financieros se desató una grave inestabilidad y aun el pánico. El peso continuó devaluándose fuertemente y las tasas de interés llegaron a más de 100 por ciento. Al inicio de 1995, las reservas internacionales disminuyeron a 3 mil 500 millones de dólares, su nivel más bajo en más de una década. El acceso a los mercados internacionales de capitales parecía cerrarse por muchos años.

En aquellos primeros meses del año pasado, muchos temieron que el país cayese en un estado de insolvencia absoluta que habría causado una cadena masiva de quiebras y cierres de empresas, con la pérdida no de miles, sino de millones de empleos; en suma, el desmantelamiento de una parte considerable del aparato productivo del país.

Apelando al recio carácter de la inmensa mayoría de los mexicanos, determiné las medidas para enfrentar la emergencia y fortalecer las bases del crecimiento futuro del país. Oportunamente informé a este Honorable Congreso sobre las medidas a tomar y sometí a su consideración y aprobación los asuntos de competencia legislativa.

La emergencia económica causó un severo daño en los niveles de vida de la población. Sin embargo, estoy seguro de que ese daño habría sido mucho más grave y prolongado si hubiéramos actuado de manera distinta para enfrentar la emergencia.

Ya al acudir, hace un año, ante esta Soberanía, informé que algunos de los signos más preocupantes de la crisis comenzaban a atemperarse y expresé el objetivo de alcanzar en 1996 la recuperación en los índices de actividad económica.

Con toda confianza, hoy puedo afirmar que gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, el país superó la etapa de emergencia económica y ha iniciado claramente la recuperación.

Después de la abrupta contracción de 1995, el Producto Interno Bruto creció poco más de 3 por ciento durante el primer semestre de este año, lo que prácticamente asegura el cumplimiento de la meta para el año en su conjunto. Afortunadamente, la recuperación está en vías de generalizarse a todos los sectores productivos.

Aunque de manera todavía insuficiente, el empleo ha venido recuperándose. En agosto de 1995 se llegó a la tasa más alta de desempleo abierto, de 7.6 por ciento. El dato disponible más reciente, del pasado mes de julio, señala una tasa de 5.8 por ciento. Además, ya se recuperó el 100 por ciento de los asegurados permanentes en el IMSS perdidos en los primeros siete meses de 1995. Muchos de éstos son mejores empleos que corresponden ya a una economía más competitiva.

El repunte en la producción ha sido acompañado y favorecido por una baja significativa, pero aún insuficiente, en la inflación. De enero a agosto de 1995 el nivel de precios aumentó 38 por ciento; se estima que el aumento en el mismo lapso del presente año resultará de alrededor de 18.5 por ciento.

En 1996, los mercados financieros han tenido una evolución muy distinta a la del año pasado. Determinado por las fuerzas del mercado, el tipo de cambio peso-dólar es hoy incluso ligeramente menor al del cierre de 1995. Las tasas de interés han bajado significativamente y ahora son 40 por ciento menores que a principios del año.

Durante 1996, la balanza de pagos del país, que fue el factor detonante de la crisis, ha consolidado su corrección y fortalecimiento. Las exportaciones han continuado aumentando a tasas muy considerables y son uno de los motores clave de la recuperación. Lo más importante es que el país superó por completo el apremio que durante 1995 significaron las cuantiosas obligaciones de corto plazo. Se saldaron las deudas cuyo vencimiento presionaba desmedidamente a la economía nacional, como los llamados Tesobonos.

Gracias a que se ha recuperado un acceso normal a los mercados internacionales de capitales, este año se han realizado operaciones que mejoran sensiblemente las condiciones de pago -plazo y costo- de una parte importante de la deuda externa. Es muy significativo que de la línea de crédito de 20 mil millones de dólares extendida a México por el gobierno de los Estados Unidos y de la que llegamos a utilizar 12 mil 500 millones, ya se hayan efectuado pagos que ahora han dejado un saldo de sólo 3 mil 500 millones de dólares.

Es importante abundar sobre el significado del momento actual de la economía del país. Ciertamente se han superado las condiciones de emergencia aguda. Ciertamente también, se ha iniciado la recuperación, entendida como que la producción dejó de contraerse y ahora está aumentando en la mayoría de los sectores de la economía.

Sin embargo, es mi deber asentar que el inicio y la consolidación de la recuperación no serán suficientes para reparar de inmediato los daños que causó la crisis en el nivel de vida de la población, y menos aún para remediar los rezagos que históricamente se han acumulado. Para lograr esto, es preciso transformar la recuperación que ahora se inicia en un proceso prolongado y sostenido en que, año tras año, la economía nacional crezca a tasas considerablemente mayores que la población.

Con la misma franqueza, reitero que alcanzar ese crecimiento es no sólo necesario sino posible. En nuestras enormes capacidades como país, acreditadas a plenitud al vencer la emergencia, está el hacer que la presente recuperación constituya un paso sólido hacia un desarrollo económico, que paulatina pero firmemente responda a las legítimas aspiraciones de progreso material de los mexicanos, en especial de aquéllos que más lo necesitan.

Lo que ya hemos avanzado debe alentarnos para iniciar una nueva etapa. Una nueva etapa de esfuerzo compartido y de mejores frutos para todos.

Alcanzar un crecimiento económico vigoroso y sostenido es un imperativo que debe unir nuestros esfuerzos. Sólo el crecimiento rápido y perdurable de la economía nacional, nos dará los recursos para desplegar una política de apoyo social más ambiciosa y construir un mejor sistema de procuración e impartición de justicia. El crecimiento y el consiguiente progreso material dará mayor firmeza a nuestro avance democrático. Una economía próspera y justa hará de México un país más respetado en la comunidad internacional.

Para hacer realidad esa nueva etapa de crecimiento es indispensable que perseveremos en tres quehaceres esenciales.

El primero consiste en seguir aplicando el programa económico que nos ha permitido vencer la emergencia e iniciar la recuperación, hasta consolidarla con toda certeza.

El segundo consiste en continuar las reformas estructurales para contar con una economía cada vez más eficiente, de tal manera que los factores de la producción, señaladamente el trabajo, obtengan mayores rendimientos e ingresos.

El tercero consiste en aumentar significativamente el ahorro nacional, ya que sólo así podremos financiar sanamente la inversión, sin riesgo de volver a sufrir crisis como las que han sido recurrentes en los últimos veinte años.

En consecuencia, en lo que resta del año continuaremos con la aplicación rigurosa de los criterios de política económica que dieron sustento al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos para 1996. Asimismo, propondré una estrategia para 1997 que haga posible un crecimiento del PIB de al menos cuatro por ciento y, a la vez, que favorezca una reducción adicional en la inflación y en las tasas de interés. En esas condiciones podrá consolidarse la recuperación el próximo año y será posible aspirar fundadamente a tasas más altas y duraderas de crecimiento a partir de 1998.

En la estrategia para 1997 será esencial el mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria, así como del régimen de libre flotación cambiaria. Además, la desregulación y las reformas estructurales que continuaremos realizando sistemáticamente estimularán la inversión en sectores con enorme potencial de crecimiento y alentarán la productividad de nuestra economía.

En este sentido, cabe mencionar que los cambios legales aprobados por el Congreso de la Unión en áreas como ferrocarriles, telecomunicaciones, generación de energía eléctrica y distribución de gas natural, comenzarán a rendir sus mejores resultados, en términos de nueva inversión privada, en 1997.

El motor para extender y consolidar la recuperación, y para alcanzar el crecimiento que nos proponemos en 1997 residirá en la inversión privada, nacional y extranjera, en el continuo dinamismo de las exportaciones, y en la paulatina reanimación del consumo. No es posible ni conveniente que el gasto público sea ese motor.

Para su sano financiamiento, el gasto público debe atenerse a los recursos disponibles. Estos siempre son limitados, y lo son sobre todo ahora, cuando para superar la emergencia y sentar bases firmes para el porvenir ha sido necesario comprometer recursos fiscales presentes y futuros en diversos programas.

Entre ellos, destacan los apoyos canalizados a través del sistema bancario. Estos apoyos no son para respaldar a los accionistas de los bancos. Son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso, se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años.

También se ha tenido que hacer frente al quebranto financiero de un número importante de las carreteras construidas bajo concesión en años pasados.

Asimismo, se requerirá una parte apreciable de los futuros ingresos del erario público para garantizar la viabilidad y el fortalecimiento del sistema de seguridad social del país.

Si la reforma del Seguro Social se hubiese pospuesto acarrearía un costo muchísimo mayor en recursos y, sobre todo, en servicios esenciales para las familias de los trabajadores.

Estoy plenamente convencido de que, por su efecto positivo en el ahorro interno, en el largo plazo la reforma al sistema de pensiones será la que más contribuirá al crecimiento sostenido de nuestra economía.

Gracias a las nuevas leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a partir de 1997 cada trabajador contará con una cuenta individual de su propiedad, que generará rendimientos atractivos y responderá mejor a su trayectoria laboral y a su esfuerzo de ahorro para una pensión digna. El Estado financiará las pensiones vigentes y aportará una cuota que se adicionará a cada nueva cuenta individual, beneficiando más a los trabajadores de menores ingresos.

El conjunto de estas reformas será decisivo para la permanencia de las instituciones de seguridad social y para que en el futuro cumplan mejor sus propósitos.

En efecto, la reforma establecerá mayor protección a la familia de los trabajadores en casos de fallecimiento, pérdida de ingresos por enfermedad, discapacidad o accidentes no laborales. Al mismo tiempo, promoverá la seguridad en los centros de labores, ofreciendo estímulos a las empresas más eficaces en la prevención de riesgos y accidentes.

Adicionalmente, podrán dedicarse mayores recursos para duplicar en el mediano plazo la red de guarderías, a fin de que las madres trabajadoras acudan a sus labores con la tranquilidad de que sus hijos pequeños están bien atendidos.

La seguridad social es uno de los instrumentos con que el Gobierno Federal cumple con su responsabilidad de apoyar el bienestar de la población. Esa responsabilidad es mayor con quienes menos tienen y debe cumplirse a través de muchos otros instrumentos.

Por eso, la política de apoyo social está presente a lo largo de la vida de los mexicanos y se expresa en la atención a la salud y la nutrición, en la educación pública y la capacitación para el trabajo, en el fomento del empleo y la vivienda, así como en los servicios básicos como agua, drenaje, electricidad, vialidades y caminos.

La política social absorbe el mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno. De cada cien pesos que el Gobierno programa gastar, más de la mitad, 54 pesos, se destinan a mejorar las condiciones de vida de las personas, las familias y las comunidades.

La primera de esas condiciones es una buena salud, desde la gestación hasta la más avanzada vejez.

Aún en la situación económica que hemos enfrentado, se están destinando a salud y seguridad social recursos que equivalen a poco más de la quinta parte de todo el gasto programable.

Las instituciones públicas atienden un promedio de 700 mil consultas diarias y ofrecen servicios de salud a más de 63 millones de personas.

Una salud fuerte y vigorosa requiere que se le cuide desde muy temprano en la niñez. La cobertura de vacunación protege ya a 95 por ciento de los niños. Así, enfermedades que antes causaban extensos daños en la población infantil, están prácticamente controladas.

Nuestro mayor desafío sigue siendo llevar servicios de salud a quienes carecen de ellos. Se ha iniciado un esfuerzo sin precedente para llevar un paquete básico de salud a las zonas más pobres y aisladas.

Este paquete comprende 12 servicios esenciales de medicina preventiva para toda la familia, nutrición infantil, vacunación universal y salud reproductiva. Su aplicación reducirá las 8 principales causas de mortandad en el país y dará atención de salud e higiene a 4 millones de mexicanos que hoy no la tienen.

Antes de que finalice el año, el paquete llegará a 11 estados, que incluyen 380 de los 600 municipios más pobres. En el curso de 1997, el paquete se habrá extendido a toda la república, aprovechando al máximo la red ya existente de centros de salud y complementándola con brigadas móviles de médicos y enfermeras.

Junto con la salud, la educación es lo más importante para la superación individual y para tener más y mejores oportunidades. Ningún otro medio es tan noble y efectivo para el progreso de una persona, una familia o una comunidad. Por eso, cerca de 25 centavos de cada peso que programa gastar el Gobierno, son dedicados a la educación.

De los casi 27 y medio millones de estudiantes que hay en el país, el 90 por ciento asiste a escuelas e instituciones públicas.

Con gran sabiduría, el Artículo Tercero Constitucional dispone que la educación primaria y secundaria son obligatorias. Por eso, nuestro desafío es que más y más niños y jóvenes asistan a las escuelas hasta completar su primaria y secundaria, y que reciban una educación de creciente calidad. Para conseguirlo, es importante que hayan cursado al menos un año de educación preescolar. Hoy lo hacen cuatro de cada cinco niños que ingresan a primaria.

La formación y los conocimientos que se adquieren en la escuela cobran su cabal sentido si se puede completar cada ciclo educativo. De ahí la importancia de que hoy casi 80 por ciento de los alumnos terminen la primaria, mientras que en 1992 menos de 72 por ciento lograban concluirla.

Este avance ha comenzado a reflejarse en que más niñas y niños estudian la secundaria. En el año lectivo que acaba de comenzar, más de 4.8 millones la están cursando, 16 por ciento más que cuando se estableció su carácter obligatorio, hace tres años. A su vez, la telesecundaria, que opera casi exclusivamente en el medio rural y en zonas de difícil acceso, creció 12 por ciento en el último año escolar.

En buena medida, la mayor atención en la educación básica es resultado de la federalización educativa. Los estados están dedicando mayor energía y capacidad a la educación. Ese compromiso de los gobiernos estatales ya ha demostrado que podemos hacer llegar puntual e íntegramente a cada escuela, a cada maestro y a cada alumno, los libros de texto gratuito. Para el ciclo escolar 1996-1997, se han editado 123 millones de libros, que han sido oportunamente distribuidos.

Gracias al esfuerzo de varias generaciones, la escuela llega a muchísimos mexicanos. Debemos lograr que llegue a todos, procurando condiciones familiares y comunitarias que faciliten el aprovechamiento escolar.

En las zonas con mayores rezagos educativos, se han expandido los programas especiales de apoyo, diseñados para fortalecer la infraestructura escolar, promover la permanencia de los niños en la primaria y la secundaria, atender las principales causas de reprobación, y respaldar la atención a las necesidades básicas.

La educación indígena aumentó seis por ciento en el último año escolar, por lo que 56 mil niños indígenas más pudieron asistir a la escuela. Además, se están editando libros de texto y materiales de apoyo didáctico en 44 lenguas indígenas. Debemos perseverar, hasta que las oportunidades educativas lleguen a todos los niños de las comunidades indígenas del país.

Para apoyar el esfuerzo del magisterio nacional, en mayo se establecieron 184 centros de maestros para su actualización y superación profesional. Gracias a la colaboración de las autoridades estatales, a fines de este año se contará con un mínimo de 300 centros.

Aun cuando cerca de 3.5 millones de adultos ya reciben cursos de alfabetización, primaria, secundaria y capacitación, se están comenzando a aplicar nuevos programas y contenidos más adecuados para que más mujeres y más hombres tengan mejores oportunidades a partir de una formación básica.

Se está haciendo un gran esfuerzo en educación media superior que permite atender a más de 2 millones y medio de estudiantes. Se ha logrado aumentar en más de cien mil el número de lugares disponibles respecto del año pasado, cerca de 50 mil de ellos en esta zona metropolitana. Con todo, debemos redoblar el paso para conciliar demanda con capacidad, especialidad con vocación, formación con oportunidades reales de empleo y superación.

Para apoyar la educación media superior y superior, este año el Gobierno Federal gastará 23 mil 400 millones de pesos. Se trata de un esfuerzo que vale mucho la pena, porque es una magnífica inversión en los recursos humanos para el porvenir de México.

De igual modo, y no obstante las difíciles condiciones económicas del país, se han sostenido los fondos para el desarrollo científico y tecnológico, las becas para estudios de posgrado y los estímulos a la creatividad artística y la cultura.

Si la educación abre más y mejores oportunidades para todos, la capacitación contribuye a que los trabajadores obtengan competencias útiles para tener acceso a empleos mejor remunerados, en el contexto del rápido avance tecnológico y del profundo cambio estructural de nuestra economía. En los pasados doce meses se han otorgado más de 930 mil becas de capacitación y entrenamiento. Adicionalmente, se está iniciando un sistema para certificar competencias y capacidades laborales que estimulen la productividad, la movilidad y el ingreso de los trabajadores.

Las familias mexicanas merecen viviendas dignas, con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su propiedad. Por eso convocamos a una alianza a fin de alentar la construcción de vivienda, aumentar la oferta disponible y otorgar apoyos a los deudores hipotecarios a través de descuentos en los pagos.

La política de vivienda se complementa con el desarrollo de la infraestructura urbana. Especial mención merece la provisión de agua. Durante este año la cobertura de agua potable se extenderá a dos millones de mexicanos más. Continuaremos con este esfuerzo, trabajando con los municipios en nuevas fórmulas para promover la inversión requerida.

Por su parte, el servicio eléctrico cubre ya 95 por ciento de la población. Los programas de electrificación rural incorporaron a cerca de mil 500 poblados y 540 colonias populares, en beneficio de 624 mil personas.

La dotación de servicios básicos es esencial para el bienestar. También lo es vivir en un ambiente limpio. Por primera vez, se cuenta con una estrategia para promover un desarrollo que preserve el medio ambiente, aproveche racionalmente los recursos naturales y proteja el patrimonio ecológico de los mexicanos del mañana.

La política de apoyo social está dirigida a toda la población, pero tenemos que hacer mucho más, pues quienes viven en condiciones de pobreza extrema demandan un esfuerzo adicional para romper el círculo vicioso de desnutrición, falta de salud, deficiencias educativas y carencia de oportunidades.

Por ello, bajo un enfoque integral y federalista, articularemos en un nuevo programa los esfuerzos que hoy se realizan separadamente en alimentación, salud y educación básica para las familias más pobres.

En las próximas semanas se pondrá en marcha un programa piloto que integrará estos esfuerzos en algunas de las regiones de mayor marginalidad. El programa centra su atención en los niños, con el respaldo fundamental de las madres de familia. Ellas recibirán un apoyo especial para la adquisición de alimentos básicos, ligándolo a la asistencia mensual de la familia a los servicios de salud.

En el centro de salud, o a través de las brigadas móviles, cada familia recibirá el paquete básico que incluye servicios de salud preventiva y de primer nivel. Además, la madre recibirá orientación sanitaria y de salud reproductiva, apoyo nutricional para el embarazo, la lactancia y para sus hijos menores de dos años. El programa comprenderá becas y apoyos para obtener materiales escolares a fin de asegurar la asistencia de los niños a la escuela hasta el tercer año de secundaria.

Si los resultados de este programa piloto son satisfactorios, al cabo de una cuidadosa evaluación se extenderá paulatinamente a fin de que lleguemos al año 2000 cubriendo a cuatro millones de las familias más pobres.

Con todo, simultáneamente continuaremos impulsando los programas que hoy operan para la dotación de servicios indispensables en las comunidades con mayores carencias.

Se están distribuyendo dos millones 650 mil desayunos escolares diarios, cifra que supera en un millón lo que se distribuía hace un año y es más del doble de lo que se entregaba en diciembre de 1994. Adicionalmente, se han otorgado 745 mil becas para niños que cursan la primaria.

A través del sistema de abasto popular se atiende a cerca de 30 millones de personas, principalmente del medio rural. Se apoya a 2.8 millones de familias de bajos ingresos para el consumo de tortilla y a 5.2 millones de niños para el de leche. Además, al poner en marcha programas que utilizan mano de obra intensiva, se han creado más de 700 mil empleos temporales, principalmente en el campo.

La mayoría de quienes viven en condiciones de marginalidad, habitan en las zonas rurales. De ahí que un objetivo primordial de la política agropecuaria sea procurar condiciones para elevar la productividad y, con ella, los ingresos de las familias.

Lo primero es asegurar condiciones justas para nuestros productores. Se han perfeccionado los apoyos directos al campo para hacerlos más efectivos.

Con reglas y estímulos claros para alentar la comercialización y con precios que ya no sacrifican el esfuerzo de los hombres y mujeres del campo, ha comenzado a recuperarse la rentabilidad del sector agropecuario. Para impulsar esta nueva rentabilidad se están aplicando programas de transferencia tecnológica, capacitación y capitalización del campo.

Para resolver el problema de carteras vencidas y reactivar el otorgamiento del crédito a las actividades agropecuarias y pesqueras, se puso en marcha un Programa de Apoyo Financiero.

Por tercer año consecutivo, se padeció una severa sequía. Para apoyar a la población afectada se aplicaron programas emergentes para la dotación de despensas, la generación de empleos temporales y el suministro de forrajes. Estos programas han cubierto los once estados más dañados, con un costo de 1,350 millones de pesos.

Este año, el gasto federal total que se destina al sector agropecuario a través de distintos instrumentos, equivale a más de 18 mil millones de pesos.

La inversión para elevar la productividad en el campo requiere pleno respeto a todas las formas de propiedad de la tierra establecidas por la Constitución General. Para fortalecer ese respeto, el próximo año quedará concluido el rezago agrario y seguiremos avanzando en la regularización de los distintos tipos de propiedad.

El Producto Interno Bruto agropecuario comienza a mostrar signos claros de recuperación, con una tasa anual de crecimiento de cuatro por ciento en el segundo trimestre del año. Habremos de perseverar hasta que la productividad y los ingresos en el campo correspondan al esfuerzo de sus hombres y mujeres.

También debemos perseverar hasta lograr que las comunidades indígenas tengan las oportunidades que con toda razón y dignidad demandan. Atender los rezagos acumulados por siglos en estas comunidades es un imperativo histórico, moral y de justicia social.

Hace un año, señalé que debemos definir una nueva relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas. Una nueva relación que garantice plenamente sus derechos y constituya una base firme para atender las causas reales del atraso acumulado por mucho tiempo. Una nueva relación para impulsar su desarrollo social, a partir de la participación de las propias comunidades indígenas.

Gracias a la colaboración respetuosa y activa del Poder Legislativo Federal, de los congresos y gobiernos de los estados, se realizó una consulta nacional sobre derechos y participación indígenas que ratificó la necesidad de emprender reformas a la Constitución General de la República y a las leyes que corresponda.

Confío en que durante este periodo de sesiones se logre presentar una iniciativa de reforma que está siendo elaborada conjuntamente por los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Una reforma que explicite y garantice los derechos indígenas y asegure una educación bilingüe y pluricultural; que reconozca sus formas de representación social para incorporarlas a la organización municipal; que reafirme los compromisos del Estado con sus comunidades, y que les garantice que al acudir a la justicia se tomarán en cuenta su lengua, usos y costumbres.

Al lado de los gobiernos estatales y municipales, y de todos los sectores de la sociedad, el Gobierno Federal está decidido a que la nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas sea el motor para que éstas sean reconocidas como parte activa de una nación plural y cabalmente integrada por la paz y la unión, por la concordia y la dignidad, por las oportunidades y la justicia.

Debatir y aprobar una reforma constitucional y transformar leyes e instituciones es sólo un primer paso. Es indispensable trabajar para que el marco jurídico y la capacidad institucional efectivamente sirvan a los hombres y mujeres, a las familias y las comunidades indígenas. Esto exige evitar dilaciones, sumar esfuerzos y participación.

En Chiapas, el Gobierno Federal seguirá trabajando para que la solución al conflicto sea resultado del diálogo y asegure la atención a la miseria y el abandono que lo provocaron. Para ello, es necesario que todas las partes acudan con genuina voluntad de dialogar en el marco de la ley. El diálogo debe ser para avanzar, no para retroceder; debe ser para procurar acuerdos, no para encerrarnos en discrepancias irreductibles; debe ser para construir el acuerdo que reclama todo el país.

En cada avance ha sido fundamental la participación mediadora y constructiva de la Comisión de Concordia y Pacificación del Honorable Congreso de la Unión. Vuelvo a expresar mi reconocimiento a la labor de esta Comisión, que seguirá siendo decisiva para lograr paz, dignidad y justicia.

Los mexicanos queremos vivir en un país de justicia y de leyes. Un país donde todos tengamos acceso a la justicia, y donde la ley se aplique a todos por igual.

Los mexicanos queremos vivir en un país donde la justicia sirva a quien tiene la razón, y no se incline ante el dinero ni las influencias. Un país donde no haya lugar para privilegios, excepciones ni impunidades. Un país donde no se toleren los abusos ni la corrupción.

Eso es lo que significa vivir en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho se construye y consolida con instituciones fuertes, con leyes justas y, sobre todo, con nuevas actitudes que hagan de la norma una práctica cotidiana.

El primer paso para vivir en un auténtico Estado de Derecho ha sido fortalecer al Poder Judicial de la Federación, a fin de que todos podamos acudir con confianza a los tribunales; a fin de que todos tengamos la certeza de que las demandas y los juicios se atenderán con prontitud, eficiencia y apego a la ley.

La sociedad reclama leyes claras y sencillas, que den certidumbre y faciliten su observancia.

Para simplificar y agilizar transacciones que miles de ciudadanos realizan cotidianamente, se han promovido reformas en los ámbitos fiscal y financiero, del comercio y el crédito, de procedimientos civiles y mercantiles. Esto es apenas un comienzo. Es preciso seguir avanzando en la modernización de nuestro marco jurídico para que éste aliente la actividad productiva y facilite la solución rápida y justa de las controversias.

La ciudadanía exige también mejores leyes para perseguir y castigar a los delincuentes que hoy la amenazan en sus personas, en sus familias, en su patrimonio.

La sociedad tiene toda la razón al indignarse ante la aplicación laxa de la ley. Tiene razón al desconfiar de leyes que en vez de castigar a los delincuentes, solapan su impunidad y alientan su reincidencia; de leyes que en vez de desagraviar a las víctimas, frustran su derecho y las dejan indefensas.

Por eso, también se han promovido reformas a la legislación penal, para actuar con mayor celeridad y firmeza contra quienes son sorprendidos al cometer un delito o cuando se preparan para cometerlo.

Los delincuentes deben saber que ahora se castigará con mucha mayor firmeza a quienes cometen delitos graves como secuestros, homicidios y asaltos con violencia, y también a quienes cometen los delitos más frecuentes de robo.

La sociedad también tiene razón al preocuparse por la inseguridad pública y al irritarse cuando quienes deben vigilar el cumplimiento de la ley son los primeros en violarla. Este es un grave problema que resolveremos con un esfuerzo firme y prolongado.

De ahí que simultáneamente al reforzamiento de las leyes, se ha iniciado la reestructuración de las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, para convertirlas en dependencias modernas, respetuosas de la ley, profesionales y especializadas.

Ambas dependencias y las procuradurías de los estados han acordado trabajar sobre nuevas bases de colaboración, comunicación e intercambio, para prevenir la delincuencia y procurar justicia con apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.

Ese es el sentido del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está comenzando a sumar y articular las tareas entre la Federación, los estados y los municipios.

Debemos perseverar en este esfuerzo. Todos los niveles de gobierno compartimos la obligación de velar porque la ley sea cumplida y por mantener el orden público en el marco del Derecho. Compartamos ahora también, la tarea de diseñar las formas más viables y adecuadas para sustentar presupuestalmente esa obligación.

Así avanzaremos integralmente a una nueva etapa donde las corporaciones policiacas y los órganos de procuración de justicia se ganen el respeto de la sociedad actuando con decencia y limpieza, y sean reconocidos no por atropellar, sino por proteger a los ciudadanos; no por extorsionar, sino por servir a la ciudadanía.

Un aparato profesional y honesto de procuración de justicia será decisivo en el combate al crimen organizado. Al igual que en otros países, en México existen bandas que actúan con alta capacidad de violencia y corrupción. Ello ha precisado reformar la Constitución para poder combatir más eficazmente a la delincuencia organizada. Con base en esa reforma, ya se ha enviado a consideración del Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de ley reglamentaria, que confiamos sea examinada durante este periodo de sesiones.

Muchas bandas organizadas se dedican al narcotráfico, que hoy es la amenaza más grave y violenta, más destructiva y corruptora.

Ningún país, por fuerte y próspero que sea, está suficientemente protegido contra este mal que vulnera la seguridad nacional, lesiona la tranquilidad pública, daña la salud de hombres y mujeres, y cobra sus víctimas más lamentables entre niños y jóvenes.

Combatimos y seguiremos combatiendo al narcotráfico con todos los recursos a nuestro alcance, sin dar tregua a los productores y traficantes de estupefacientes y precursores químicos, así como a quienes se dedican al lavado de dinero.

En el combate al narcotráfico seguiremos promoviendo una mayor cooperación internacional, respetuosa de la soberanía de cada nación. Seguiremos alentando medidas más eficaces a partir del reconocimiento de que en todos los países afectados se dan todos los eslabones de la cadena delictiva del tráfico de drogas. Insistiremos también en que cada nación debe mirar primero por cumplir plenamente su propia tarea.

En el cumplimiento de la tarea que nos corresponde, estamos fortaleciendo las instituciones responsables y estamos equipando y capacitando mejor a quienes arriesgan su vida en esta lucha.

En el último año se ha avanzado en la erradicación de plantíos de estupefacientes, y en el aseguramiento y destrucción de cargamentos de droga. Se ha logrado la detención de importantes jefes de bandas de narcotraficantes, así como decenas de sus cómplices, que están ya sujetos a proceso.

Objetivamente, es más, bastante más, lo que México está logrando en esta lucha, con los recursos de que disponemos, que lo que en otras partes se ha conseguido con recursos mucho más abundantes. Y los mexicanos estamos resueltos a hacer siempre más para salvaguardar la salud y la integridad de la sociedad.

La procuración y la impartición de justicia deben ceñirse a la búsqueda de la verdad y a la aplicación de la ley. Verdad, ley y justicia deben enmarcar las investigaciones de los homicidios que han conmocionado nuestra vida pública. En cumplimiento de la Constitución, mi posición es invariable: por una parte respetar y apoyar la independencia del Poder Judicial. Por otra, estar atento a que el Ministerio Público Federal, a cargo de la Procuraduría General de la República, actúe con apego a la ley, libertad de criterio y sin reparar en sensacionalismos ni en presiones o intereses ajenos a la justicia.

Para entrar a una nueva etapa de primacía del Derecho, es necesario que todos, absolutamente todos, contribuyamos a enraizar y extender una cultura de apego a la ley.

Ciertamente hay muchísimos ciudadanos que procuran observar las leyes. Pero también son todavía muchos los que prefieren ignorarlas, buscando un provecho indebido de su incumplimiento.

Es a ellos a quienes debemos convencer, con la ley en la mano, de que si unas veces la violación de la legalidad puede beneficiarlos, en muchas otras puede hacerlos víctimas.

Es indispensable que todos, absolutamente todos, nos acostumbremos a cumplir la ley. Quien respeta la ley, respeta a los demás y se gana el respeto de todos.

La creación de esta cultura de apego a la legalidad tomará tiempo. Precisamente por eso, debemos comenzar a inculcarla y practicarla todos cuanto antes, para dar tranquilidad a nuestra vida personal y familiar, y para dar certidumbre a nuestra vida productiva y nuestras relaciones sociales.

En una nueva etapa de apego a la ley y de total honestidad, quienes primero deben poner el ejemplo son los servidores públicos.

El abuso de poder, la desviación de recursos y cualquier acto de corrupción indignan con toda razón a los mexicanos y merecen un castigo ejemplar.

Cada caso de corrupción lesiona la confianza ciudadana en la función pública y en la representación política, y lastima la honorabilidad de los servidores públicos honrados.

Es necesario sumar la voluntad y el esfuerzo del Ejecutivo y el Legislativo para coadyuvar a una administración honesta, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como para castigar vicios e infracciones.

Tal y como lo ofrecí hace un año, desde el pasado mes de noviembre sometí a consideración de esta Soberanía una iniciativa de reforma constitucional para establecer en el Congreso de la Unión una Auditoría Superior de la Federación. Dicho órgano contaría con independencia, con calidad técnica y profesional, y con capacidad jurídica para avanzar a una rendición de cuentas imparcial, confiable y convincente.

Con todo respeto, exhorto a los señores legisladores a que examinen, enriquezcan y dictaminen esa iniciativa para dar cuanto antes un paso decisivo hacia una fiscalización que contribuya a desterrar la corrupción y la impunidad.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha seguido avanzando en el fortalecimiento de los órganos internos de contraloría en las dependencias de la Administración Pública Federal, y en la atención a las quejas y denuncias de la ciudadanía.

Hemos emprendido un amplio esfuerzo de simplificación y desregulación, para prevenir desviaciones y abusos provocados por el burocratismo y la imprecisión de las normas.

Cuando han existido elementos probatorios se ha procedido conforme a la ley. Así lo demuestra que en los últimos doce meses se han impuesto más de 8 mil 700 sanciones administrativas, más de mil sanciones económicas por un monto que supera los 235 millones de pesos, y se han presentado 570 denuncias penales por conductas presuntamente delictivas.

Mi compromiso con un gobierno limpio es inalterable. Por eso combatimos la corrupción con hechos, no con desplantes publicitarios.

Es mi convicción que el Presidente de la República no debe tener ni ejercer más atribuciones que las que expresamente le confieren la Constitución y las leyes.

El Poder Ejecutivo es legítimamente fuerte sólo si cumple con la ley. Siempre estaré al lado de los mexicanos que exigen la consolidación de una nueva etapa donde el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea autoritario ni se beneficie de facultades ajenas al Derecho. Que el Ejecutivo invada las atribuciones de otros poderes o de otros órdenes de gobierno no resuelve conflictos, no perfecciona la democracia ni fortalece a la República.

He procurado una relación respetuosa, abierta y permanente con los miembros de todos los grupos parlamentarios, para que la acción de gobierno sea más efectiva y atienda mejor a la ciudadanía.

Respeto profundamente la tarea legislativa. Por eso los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen instrucciones de atender oportuna y cabalmente los requerimientos del Congreso y sus Cámaras, de sus dirigencias y Comisiones.

Hemos procurado someter a su consideración, con suficiente anticipación y con todos los elementos necesarios, las iniciativas de leyes o los proyectos de reformas, para facilitar su análisis, debate y, en su caso, aprobación.

El Ejecutivo apreciará con gran interés y respeto, toda propuesta de los legisladores para fortalecer al Poder Legislativo y propiciar el mejor desarrollo de sus tareas.

Si el fortalecimiento del Legislativo es esencial para un equilibrio verdaderamente republicano entre los Poderes de la Unión, el federalismo es esencial para liquidar nuestra pesada herencia centralista.

Todos los mexicanos queremos un nuevo federalismo para articular mejor la soberanía de los estados, la libertad de los municipios y las obligaciones del Gobierno Federal, especialmente las de compensación económica y social.

Para los estados y municipios el nuevo federalismo implica más recursos, pero también más responsabilidades.

El compromiso del Gobierno Federal de impulsar el nuevo federalismo se acredita con las acciones emprendidas durante los pasados doce meses. El Congreso de la Unión autorizó la propuesta de incrementar el Fondo General de Participaciones. Además, se han ampliado las potestades tributarias de los estados, liberando a su favor fuentes de ingresos antes reservadas exclusivamente al Gobierno Federal.

Dos terceras partes del Ramo 26 para desarrollo social, del Presupuesto de Egresos de la Federación, se han transferido a través de los estados para que sean ejercidos directamente por los municipios. De los 11 mil millones de pesos de este ramo presupuestal, siete mil 300 millones son ejercidos por los gobiernos municipales. En consecuencia, en 1996, más de 90 por ciento de los municipios, en especial los más pobres, han registrado aumentos sustanciales en sus presupuestos, no obstante que el presupuesto federal prácticamente no aumentó.

En cada estado, dichos recursos se están distribuyendo bajo una fórmula que da preferencia a los municipios más necesitados y que obedece a las prioridades señaladas por sus propias comunidades.

Asimismo, ahora es en los estados y los municipios donde se decide cómo aplicar los recursos de los programas de apoyo al campo.

Un avance de especial significado para el nuevo federalismo es el acuerdo suscrito hace unos días con los gobiernos de todos los estados para descentralizar los servicios a cargo de la Secretaría de Salud.

Quien acude a una consulta médica o a un hospital, espera y exige atención adecuada, un buen trato y calidez humana. Para lograr que ésa sea la práctica cotidiana en los centros de salud, es preciso acercar a la gente la responsabilidad y las decisiones sobre los servicios de salud.

El acuerdo comprende la transferencia a las entidades federativas de más de siete mil hospitales, clínicas y centros de salud con sus instalaciones y equipo; con sus más de 103 mil personas entre personal médico y de apoyo, a quienes se han respetado íntegramente sus derechos laborales, así como los correspondientes recursos presupuestales.

Se trata de una transferencia que no se limita a lo meramente administrativo, sino que marca el inicio de una nueva etapa donde, con la participación de los gobiernos locales y las comunidades, construiremos estructuras más ágiles y sensibles para abatir rezagos; donde nuestro sistema de salud se fortalecerá a partir del mejoramiento de los servicios en cada clínica y hospital, en cada poblado y cada ciudad.

Con esta medida, pronto dos renglones muy importantes del gasto social del Gobierno Federal, educación básica y salud, serán manejados directamente por los estados. Ello confirma la confianza de la Federación y de la sociedad en la capacidad y en la responsabilidad de los gobiernos estatales.

Quiero expresar mi reconocimiento a los Señores Gobernadores y Presidentes Municipales, pues con derecho, con razón y con responsabilidad, están asumiendo el nuevo federalismo como un instrumento para alentar y desplegar el potencial de sus regiones y comunidades, y para servir más rápida y eficazmente a la ciudadanía.

Unidos, debemos redoblar el paso para avanzar a una nueva etapa de desarrollo más justo y equilibrado.

La unidad de la nación exige que nos identifiquemos en nuestra pluralidad y en una democracia plena.

Por voluntad de los mexicanos, nuestra forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. En buena medida, la fortaleza de nuestra democracia depende de la capacidad de los partidos políticos para representar y responder a la creciente pluralidad social; de articular las múltiples demandas de la ciudadanía y traducirlas en programas para contender por el poder público.

En toda democracia moderna, los partidos son el vínculo político por excelencia entre los electores y sus gobiernos. No hay democracia fuerte sin partidos políticos fuertes.

Nuestra democracia se nutre de la vida de los partidos y la vida de éstos se nutre, a su vez, de elecciones libres, legales, transparentes y justas.

Es aspiración, es interés y es voluntad de todos los mexicanos avanzar a una nueva etapa regida por una cabal normalidad democrática. Justamente en ello estriba la importancia de la reforma recién aprobada por el Constituyente Permanente.

Si todos cumplimos, la reforma será un paso definitivo e irreversible para dejar atrás la insatisfacción y las controversias sobre lo esencial en materia electoral.

Por primera vez en nuestra historia se ha logrado una reforma amplia y compleja, con un consenso sin precedentes en su pluralidad y en su firmeza.

La reforma, y el consenso con que fue alcanzada, no son mérito del Gobierno. El mérito corresponde al esfuerzo, a la responsabilidad y la representatividad de los partidos políticos y de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión.

De ahí que hago un sincero reconocimiento a las dirigencias partidistas, a las señoras y a los señores legisladores, porque con su trabajo y su consenso han honrado su convicción democrática y han respondido al interés y a la voluntad de la ciudadanía.

La reforma establece que sólo a partir de su voluntad individual, será derecho y responsabilidad de cada ciudadano afiliarse o no a un partido político.

La reforma confiere una nueva y vigorosa autonomía a los órganos de autoridad electoral. El Poder Ejecutivo ya no tendrá injerencia en el Instituto Federal Electoral. Los consejeros y el Presidente de su Consejo General serán designados por el voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios.

Ahora se regulan constitucionalmente los principios de transparencia y justicia en el financiamiento de los partidos políticos, en el control del origen de sus recursos y en la fijación de los límites a sus gastos en las campañas electorales y en el acceso a los medios de comunicación.

La justicia electoral queda fortalecida. Ahora todas las leyes electorales federales y estatales deberán sujetarse a los mismos principios de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación queda facultada para resolver sobre la constitucionalidad de las leyes electorales. Por primera vez, el Poder Ejecutivo ya no intervendrá en la integración del Tribunal Federal Electoral, que se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Una vez agotadas las instancias jurisdiccionales, los actos y resoluciones de las autoridades electorales, tanto federales como locales, podrán ser revisadas para garantizar su apego a la Constitución.

Un rezago político particularmente grave y pertinaz ha sido la falta de democracia para elegir el gobierno del Distrito Federal. Por eso, desde que inicié el diálogo con las dirigencias de los partidos políticos, incluso antes de asumir la Presidencia de la República, me comprometí a impulsar una reforma que terminara con la restricción a los derechos políticos de la mayor concentración ciudadana del país.

Me identifico plenamente con el anhelo democrático de los habitantes del Distrito Federal y siempre he reconocido su decisiva participación en la ampliación de nuestras libertades y nuestra pluralidad.

Con la reforma, a partir de 1997, el Jefe de Gobierno será elegido por el voto universal, libre, directo y secreto de los ciudadanos del Distrito Federal, y a partir del año 2000, también lo serán los encargados de cada una de sus demarcaciones político-administrativas.

Ahora será derecho de los ciudadanos y no prerrogativa del Presidente de la República, decidir quién gobierna la capital del país y quién cada delegación; y será atribución de la Asamblea Legislativa aprobar la designación del Procurador de Justicia capitalino.

Con todo, el avance democrático que se está logrando no marca el fin del camino, sino apenas el inicio de una nueva etapa. Una nueva etapa en la que con diálogo plural y corresponsabilidad demos los pasos que todavía faltan para que las leyes reglamentarias impulsen resueltamente una nueva cultura democrática. La construcción de esa nueva cultura es obligación y es tarea de todos.

Debemos dar los pasos necesarios para que en 1997 celebremos las elecciones federales con absoluta legalidad y con prácticas institucionales, partidistas y ciudadanas que aseguren libertad y respeto, limpieza y transparencia, confiabilidad y certeza de que los resultados obedecen a la voluntad popular.

Hoy convoco a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales, a todos quienes habrán de contender y participar, a todos quienes habrán de organizar y calificar el proceso electoral de 1997, a que sumemos voluntades para celebrar elecciones claras, tranquilas y justas, que fortalezcan a México y a todos los mexicanos.

Respetando diferencias y sumando voluntades hemos logrado consensos importantes. El consenso comprueba que nuestra vida política tiene la vitalidad y la capacidad para unirnos en propósitos fundamentales y para construir, entre todos, instituciones más sólidas y mejor preparadas para servir a los mexicanos. De ahí que hoy menos que nunca puede justificarse la violencia.

Los mexicanos no aceptamos que cuando nuestro país está otra vez de pie, superando adversidades y retos, aparezcan grupos que utilizan el terrorismo para asesinar, destruir y atemorizar. No admitimos que precisamente cuando con una participación libre y creciente, estamos avanzando a una democracia plena, surjan intentonas cruentas y caducas que en realidad pretenden cerrar el paso a la democracia e imponer su voluntad intolerante a los demás. En México, el poder político se disputa con las reglas de la democracia, no con la irracionalidad del terrorismo.

Por eso, frente a la violencia no puede haber posturas ambiguas. Sociedad y Gobierno estamos unidos en el más firme repudio a toda forma de violencia. Quienes recurren a la violencia y el terrorismo buscan provocar represión a terceros inocentes que, según ellos, les proporcione bases sociales para reducir su aislamiento y para justificar más violencia. El Gobierno Federal no caerá en esa provocación.

Perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley. Invariablemente apegados al Derecho, respetando las garantías individuales y los derechos humanos, actuaremos con toda la fuerza del Estado.

Sociedad y Gobierno están y seguirán unidos a fin de impedir que el terrorismo amenace las libertades de todos y que la violencia dañe los derechos de todos.

Con unidad evitaremos que la amenaza de violencia signifique un obstáculo para el avance de todos los mexicanos.

Queremos avanzar a una nueva etapa, edificando el México unido, libre, próspero y justo al que aspiramos y que merecen nuestros hijos.

En la construcción de ese México está la mejor forma de defender y fortalecer nuestra soberanía, que es el valor más importante de nuestra nacionalidad.

Para fortalecer nuestra soberanía, al tiempo que se ha dedicado toda la atención necesaria a nuestros problemas internos, se ha desplegado una intensa actividad en el exterior. Esta actividad se ha realizado con principios sólidos, objetivos precisos y una estrategia clara para defender nuestra soberanía y promover los intereses de los mexicanos en el mundo.

En México y en el extranjero sostuve 47 reuniones de trabajo con 37 Jefes de Estado y de Gobierno, en las que se suscribieron 123 acuerdos y convenios.

Los mexicanos reconocemos que en nuestras relaciones con el Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica hemos encontrado respeto, amistad y solidaridad incluso en los momentos de mayor prueba.

Ello ha sido fundamental para encauzar las diferencias que naturalmente surgen de una vecindad compleja e intensa que comprende intercambios comerciales por más de 120 mil millones de dólares cada año y un millón de cruces legales diarios a través de nuestra frontera común.

La amplitud de nuestra relación bilateral se refleja en la existencia de 16 grupos de alto nivel que trabajan permanentemente sobre una agenda que incluye los asuntos migratorios, el combate al narcotráfico, la protección ecológica de la frontera, aspectos laborales y fiscales, así como temas de energía, telecomunicaciones y cooperación científica, tecnológica y cultural.

Sin embargo, en algunos sectores y grupos políticos norteamericanos prevalecen actitudes que pretenden lesionar los derechos laborales, humanos y la dignidad de los migrantes. Hoy reitero que el Gobierno mexicano siempre reclamará respeto a los derechos de nuestros connacionales en el exterior.

De otra parte, a últimas fechas en los Estados Unidos se ha puesto en vigor una ley que contraviene el Derecho Internacional.

Frente a los efectos extraterritoriales de dicha ley, hemos acudido y seguiremos acudiendo a los foros internacionales, a los mecanismos previstos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a intensas consultas políticas con el propio gobierno norteamericano y con otros países. Adicionalmente, en breve será sometida a este Honorable Congreso una iniciativa de ley suscrita por el Ejecutivo Federal y legisladores de diversos partidos políticos, para que, con apego al orden jurídico internacional, las empresas mexicanas puedan defenderse mejor.

Un aspecto esencial de nuestra estrategia en el exterior es seguir impulsando la diversificación de nuestras relaciones internacionales. Con Canadá, estamos multiplicando y estrechando lazos a fin de consolidar una asociación estratégica que brinde nuevas oportunidades y sea factor de equilibrio en América del Norte.

En el Caribe promovimos la puesta en marcha de la Asociación de Estados de esa región, de creciente importancia en el hemisferio. Con las naciones hermanas de Centroamérica, impulsamos un nuevo diálogo fundado en el respeto, la cooperación efectiva y la identificación de raíces históricas y culturales.

América Latina es nuestra zona de vinculación natural en el mundo. Alentados por el principio de la cooperación internacional para el desarrollo, estamos avanzando con todas las naciones latinoamericanas hacia relaciones más dinámicas e intensas, más productivas y provechosas. Ello comprende impulsar la libertad de intercambios productivos en todo el Continente.

Europa tiene especial importancia en la diversificación de nuestras relaciones internacionales. Próximamente iniciaremos la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica y Concertación Política con la Unión Europea para abrir mercados más amplios a nuestros productos y para estrechar los lazos y la cooperación con los países que la integran. A la vez, en el Pacífico Asiático fortalecemos nuestros vínculos con naciones que han ganado un extraordinario dinamismo productivo y comercial.

A todas las naciones del mundo les ofrecemos respeto, amistad y apertura. Y de todas las naciones esperamos que correspondan a México con respeto, amistad y apertura.

Mexicanos:

Nuestra nación es libre y soberana. Nuestra nación también enfrenta grandes retos.

Estoy seguro de que podemos superarlos. Contamos con enormes fortalezas para lograrlo. Las mayores de ellas son el patriotismo, el carácter y el vigor de cada mexicana y cada mexicano.

Por eso, estoy absolutamente convencido de que con nuestra unidad y nuestro esfuerzo iniciaremos una nueva etapa.

Una nueva etapa en la que reafirmemos los valores que nos han sostenido a lo largo de nuestra historia; los valores que alentaron la independencia nacional, que inspiraron la reforma liberal, que dieron sentido a la Revolución Mexicana y se plasmaron en nuestra Constitución.

Una nueva etapa para dejar atrás injusticias y corrupción; para evitar crisis recurrentes, desempleo y desconfianza; para superar rezagos y carencias.

Convoco a los mexicanos, a todo hombre y toda mujer, a todo joven y todo adulto, para sumar su talento y su energía en esta nueva etapa.

Los convoco a que con el ejemplo de las generaciones que han construido el México de hoy, construyamos ahora un México mejor para todos.

Un México en el que las leyes sean cumplidas y aplicadas a todos por igual.

Un México plenamente democrático, con elecciones justas y limpias, y en el que los conflictos se resuelvan conforme a la ley y mediante el diálogo.

Un México con una economía productiva, capaz de generar los empleos que necesitamos y de distribuir equitativamente sus frutos.

Un México en el que cada niño y cada niña tengan alimentación adecuada, reciban educación de calidad y atención oportuna para su salud.

Un México en el que cada familia habite una vivienda digna con buenos servicios básicos.

Un México en el que tengamos seguridad en nuestras personas y nuestros bienes; en el que confiemos unos en otros y en el que las autoridades sepan ganarse el respeto de todos.

Un México generoso en oportunidades para todos.

Edificar ese México está en nuestras manos pero exigirá tiempo y esfuerzo. Exigirá, sobre todo, perseverancia y unidad.

Unidos por el esfuerzo de todos y creyendo firmemente en nosotros mismos, iniciemos una nueva etapa para construir un México más respetado en el mundo.

Unidos, confiando en la fuerza de nuestra historia y de nuestro destino, hagamos de México la gran nación que merece ser.

Unidos, construyamos cada día el México próspero y justo que sea orgullo de nosotros y de nuestros hijos.