José Woldenberg

José Woldenberg. Presidente del Instituto Federal Electoral.

Agradezco a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación la invitación a esta mesa y la oportunidad para dirigirme a un auditorio que puede ser particularmente receptivo a los problemas que plantea el cambio político en el México de hoy. Mis notas quieren ser una reflexión sobre la mecánica del cambio democrático en México, deteniéndome en los temas fundamentales de las elecciones y los partidos políticos.

Cuando hablo de cambio político en nuestro país, no me refiero a una coyuntura, a un momento o a una fecha relevante por importante que ella sea. No aludo a esta o a la otra reforma legal o constitucional, a este o aquel reclamo social, sino que intento subrayar la idea de un proceso si bien dilatado, no por ello menos significativo.

El tema de fondo es el de la profunda transformación de una sociedad que se diversificó, se hizo más compleja y busca y encuentra canales nuevos para expresarse.

El punto de partida es ese reconocimiento: México es una sociedad plural, que ha alcanzado un grado relativamente alto de modernización así sea altamente desigual, es decir, un grado relativamente alto de desarrollo productivo, de diferenciación cultural, de consolidación urbana frente a la vida rural, de profundas influencias y relaciones con el mundo, y de una gran complejidad organizacional.

Esta sociedad altamente diferenciada produce formas de ser, sensibilidades, diagnósticos y propuestas distintas y aun encontradas. Nos encontramos ahora frente a una situación donde las múltiples sensibilidades y/o racionalidades sociales ya no pueden unificarse bajo un solo discurso, un solo ideario, una sola organización. Donde sensibilidades y racionalidades se materializan en organizaciones, en instituciones diversas que necesitan interactuar entre sí. Y si insisto tanto en el hecho de la pluralidad social mexicana, es porque me parece el rasgo más definitorio de este fin de siglo y, más aún, el verdadero motor del cambio político.

A lo largo y ancho del territorio nacional, las sensibilidades y racionalidades se han desagregado y se incorporan a mecanismos que funcionan de acuerdo con sus propias lógicas, con intereses específicos que se ponen en juego frente a otros intereses. La diversificación de la sociedad "produce" factores también distintos: desde los organismos que defienden o proyectan intereses propios, agrupaciones que se orientan a cuidar este o aquel aspecto de la vida social, o partidos que ofrecen diagnósticos y formas de conducción política general también diversas.

Si alguna tarea cumple la transición democrática mexicana, es precisamente la de atender ese proceso: adecuar las fórmulas políticas de acción, representación y gobierno a la realidad plural de México. Visto en perspectiva, la historia de la transición democrática es la historia de ese acomodo: construir, inscribir y naturalizar un procedimiento de disputa y de convivencia políticas para la sociedad de fin de siglo.

El avance en las libertades políticas, la aparición de grupos y organismos que demandan y proponen sus puntos de vista, las sucesivas reformas electorales, el progresivo fortalecimiento de los partidos políticos y las competencias electorales cada vez más intensas, son todos síntomas de ese proceso, del esfuerzo y el proceso para modelar normas e instituciones a la nueva realidad social.

Para ilustrar la magnitud del cambio, sólo hay que recordar cómo hasta hace unos pocos años, el momento clave de la transmisión del gobierno en los diferentes niveles de la estructura política no era el electoral sino la designación de los candidatos, luego de lo cual se cumplía la fórmula de una campaña más bien ritual. Buena parte de la historia política mexicana hasta hace menos de una década, se detenía y subrayaba mucho más la designación del partido mayoritario que el momento propiamente electoral. Muchas décadas vieron cómo el momento que generaba tensión y pasión era el "destape", luego de lo cual lo demás era un expediente sin competencia real.

En los últimos años, sin embargo, la competitividad no sólo va en aumento, sino que la misma ha roto con muchos de los presupuestos que parecían inconmovibles. Poco a poco, el proceso diferenciador del voto, fruto del proceso de diferenciación social, fue creando y fortaleciendo polos partidistas distintos, hasta convertir aquí y allá a las elecciones en fórmulas cada vez más competidas.

Indicadores de ese proceso se multiplican ahora ante nuestros ojos: gobernadores de partidos distintos al PRI, presidencias municipales ganadas por un variado abanico de organizaciones, ciudades en manos de corrientes políticas diferentes a las que gobiernan los estados, congresos legislativos plurales y dinámicos y, sobre todo, partidos que sostienen y fortalecen esos procesos de cambio y reacomodo político.

Así, la dinámica de elecciones sistemáticas y recurrente, sirve para asentar la presencia de los partidos, los cuales en su propio despliegue van incrementando los grados de competitividad de las mismas.

Pero al igual que los partidos no sólo se han desarrollado de facto sino de jure, las elecciones no sólo se convierten en un momento cada vez más relevante y competido sino que su organización y condiciones han merecido una serie de reformas que acondicionan, fomentan, inhiben o modelan la propia acción electoral.

Bastaría con observar la forma como se organizaron los comicios de 1988 y los de 1994, los temas que incluía la legislación electoral hace apenas cinco o seis años y los que ahora regula, para constatar que las elecciones tienden a institucionalizarse, a abrirse paso como la fórmula cada vez más abierta a través de la cual la diversidad de ofertas políticas compiten.

Cierto es que las condiciones en las que transcurre la competencia electoral siguen siendo desiguales -y es ese uno de los litigios más importantes de la reforma electoral recientemente discutida- pero lo cierto es que, a pesar de esos y otros rezagos, las elecciones poco competidas cada vez son menos, mientras que la competencia se multiplica elección tras elección. Hace tan sólo una semana -en los estados de México, Hidalgo y Coahuila- el fenómeno volvió a hacerse presente con especial énfasis: los procesos electorales se naturalizan, los ciudadanos deciden, las disputas posteriores se reducen, los contendientes aceptan sus derrotas y asumen sus triunfos, y el mapa de la representación y de la dirección en el gobierno cambia.

Entiendo que una mecánica de esta naturaleza, progresiva, lenta y gradual, puede desesperar a algunos y a otros puede poner nerviosos, pero el cambio es un dato constante, permanente, que se confirma todos los días y, hasta donde alcanzo a ver, también es irrefrenable.

De suyo todo esto representa un enorme cambio en nuestras costumbres y tradiciones políticas: aceptar la existencia del otro, dialogar, convivir y competir con él, saber ganar y aprender a perder. Pero hay algo más: la modificación en el sistema de partidos impacta y acarrea modificaciones en el sistema de gobierno. Unas elecciones cada vez más competidas con su cauda de cambios en las posiciones de gobierno, con oscilaciones en la votación de las diferentes ofertas, con la eventual inexistencia de mayorías absolutas, trastocan también los mecanismos gubernativos, los conmueve y los obliga a cambiar.

Hasta hoy, bajo el esquema republicano, democrático, federal y representativo, que consigna la Constitución, existió un bloque político que en todo momento fue mayoría en todos los espacios del poder estatal. Esa realidad está siendo erosionada, y obliga a establecer negociaciones, acuerdos, alianzas, en general un nivel de comunicación y de intercambio mucho más alto que en el pasado. Los partidos políticos no solamente se consolidan como opciones electorales, sino que se instalan progresivamente en la sala de máquinas del sistema político y en el corazón mismo del Estado.

Como se ve, el camino recorrido es largo. No es mi papel aventurar algo sobre el curso futuro de la transición democrática de México. Pero puedo echar la vista atrás, reconocer las estaciones de ese tránsito y escudriñar sobre su mecánica, con dos propósitos: primero, recordar las dificultades y los tiempos lentos inherentes al proceso, y segundo, confirmar que no obstante los zigzagueos, los retrocesos, los aparentes aplazamientos, el proceso democratizador no se detendrá, por la sencilla razón de que ésta es una sociedad plural, que exige un formato y un método político adecuados para poder expresarse.

Creo que es ésta la tarea política más importante que tenemos en este fin de siglo: naturalizar, construir, consolidar a las elecciones como el método de convivencia y disputa política de los mexicanos. Octavio Paz ha dicho que ésta es una tarea "civilizatoria", por cuanto lograría que México abandonara una trágica tradición de siglos: ensayar la democracia para despeñarse después en la ingobernabilidad.

No es ésta la situación de hoy. Y en buena medida no lo es por el tipo de trayectoria que emprendimos, por la mecánica que se ha dado: gradual pero con certeza, sistemáticamente negociada aunque no sin desencuentros. Permítanme entonces, y para terminar, resumir ese trayecto tal y como yo lo veo.

1. El proceso diferenciador del voto es manifestación de la pluralidad social real del país: expresa, a su vez, las distintas sensibilidades, diagnósticos y propuestas que coexisten en la sociedad, lo cual se confirma y vuelve a aparecer como una ola expansiva que no puede ser revertida.

2. Esa diferenciación reclama y fortalece al sistema de partidos que de manera lenta pero consistente se viene construyendo en el país.

3. La creciente implantación de diversas ofertas políticas modifica el carácter tradicional de las elecciones, transformándolas de actos rituales sin competencia en eventos altamente competidos.

4. Y esa mecánica de elecciones sucesivas convierte a los partidos en entidades centrales del litigio político.

5. Ese proceso está modificando el mapa y las relaciones políticas. Paulatinamente pero de una manera que parece irreversible, dejan de existir candidatos predestinados al triunfo y otros a la derrota. Son los ciudadanos los que tienen la última palabra.

6. Pero al modificarse, el mapa de la política se vuelve más complejo. En los ayuntamientos coexisten representantes de partidos diferentes; gobernadores de un partido tienen que aprender a vivir con gobiernos municipales de otros incluso en las capitales de los estados; las correlaciones de fuerzas en los congresos locales se modifican y en algunos el gobierno de la entidad de un color tiene que convivir con un legislativo donde la mayoría tiene otra tonalidad; y el propio gobierno federal se ve sometido a nuevas relaciones con los gobiernos estatales y municipales, al tiempo que el Congreso de la Unión se pluraliza.

7. Esa dinámica modifica las relaciones entre los poderes tanto en su coordenada vertical como en la horizontal. Entre presidente, gobernadores y presidentes municipales se construyen relaciones de necesaria tensión y colaboración, al igual que se modifican las tradicionales fórmulas de relación entre congresos locales y gobernadores, y del Congreso de la Unión y el Presidente.

8. Ello debe ser leído como venturoso, es decir, como expresión de un proceso democratizador de las relaciones políticas en el país.

9. No obstante, ante la incertidumbre generada por el propio movimiento democratizador, más las dificultades mayúsculas que emergen de otras esferas de la vida social (la crisis económica, sobre todo), algunos empiezan a añorar el pasado o pueden apostar a la descomposición, el empantanamiento o el conflicto perpetuo.

10. Es ante esas pulsiones conservadoras o antidemocráticas que los políticos (de todos los partidos) tienen una enorme responsabilidad: conducir el proceso democratizador por cauces institucionales y pacíficos, y para ello son necesarios los pactos y las operaciones políticas inclusivas. Ese era el sentido profundo de las negociaciones para la reforma electoral: incluir a todos los actores políticos, en especial a los que están representados en las Cámaras legislativas.

11. Si el proceso democratizador sigue su rumbo, la mecánica electoral nos demostrará (como ya lo está haciendo) que no existen ganadores y perdedores absolutos ni mucho menos vencedores eternos ni vencidos perpetuos. Es decir que la democracia significa alternancia. Y que esa alternancia la genera la actividad política.

12. Estos cambios se están produciendo dentro de un marco institucional (el que a su vez también se modifica) que los fomenta y permite. Lo cual no es poca cosa.

13. Las elecciones entonces empiezan a ser lo que la teoría dice que deben ser: fuente de legitimidad para los gobiernos y posibilidad para que los ciudadanos opten entre diferentes ofertas.

14. El hecho de que los conflictos postelectorales vayan a la baja no sólo nos informa que los arreglos institucionales y legales son mejores que los del pasado, sino que los fraudes a estas alturas resultarían altamente costosos.

15. En síntesis, se puede afirmar que el voto sigue mostrando su poder y sus posibilidades. El voto como la fórmula para convivir y competir civilizadamente.

Esta es la tarea en la que estamos inmersos: hacer de las elecciones un expediente claro, transparente, inapelable. No es, no me parece que sea, en ningún sentido, un objetivo al que debamos renunciar o que se pueda posponer.

*Este texto es la ponencia ante la Convención Nacional de Industriales, celebrada el 18 de noviembre de 1996, en la mesa 1: "México: El perfil de la nación. La reforma política y el futuro económico de México".