Enero 6 de 1995

Está viviendo nuestro país una crisis prevista por todos y anunciada desde hace varios años por quienes nos movemos en el campo democrático, por académicos, investigadores, por empresarios y financieros de dentro y de fuera.

Llegó lo único que podían traer la corrupción, las imposiciones políticas, el entreguismo, la ineptitud: una crisis que vulnera la soberanía y pone en riesgo la seguridad nacional y que golpea severamente los niveles de vida y las capacidades creativas y productivas de trabajadores y productores.

En México, nadie que razone con objetividad podrá dejar de reconocer que el modelo neoliberal que gobernantes y financieros entreguistas nos han impuesto desde 1982, siguiendo lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, provoca crisis recurrentes que se manifiestan, como ahora, en devaluación de nuestra moneda, en inflación, estancamiento económico, etcétera, y que ese modelo en el terreno social, más allá de proponerse la concentración del ingreso en unos cuantos, no se plantea aumentar el empleo, ni elevar salarios y niveles de vida generales, ni ampliar los servicios para el bienestar, ni nada que tenga que ver con el mejoramiento de la gente.

Ya el 5 de febrero de 1992 expresábamos:

Los controles oficiales y su subordinación al extranjero han hecho que la ineficiencia de la economía crezca exponencialmente, así como su inhabilidad para competir internacionalmente. Es la crisis de la descapitalización del país, por el abandono y deterioro de la infraestructura de comunicaciones y servicios sociales y el despilfarro del ahorro nacional en los apoyos oficiales a las importaciones suntuarias de los muy pocos y de la chata que destruye la agricultura, la industria y la capacidad productiva nacionales [...] El desquiciamiento al que conduce esta política se hace cada vez más claro. Apunta a una ruptura de la estabilidad monetaria más drástica que la ocurrida en las administraciones anteriores, cuando se derrumbó el espejismo oficial sobre la firmeza del peso [...]

La estabilidad de la economía está en manos de los especuladores y se hará insostenible cuando ellos decidan que los daños de la política oficial les resultan tan insoportables que impongan una nueva devaluación al peso y restricciones sociales y cargas más pesadas al pueblo en su conjunto.

Pero no se trata nada más de los efectos negativos de un modelo económico y político que deben ser corregidos sino, que lo que ahora sucede al país, lo que hoy lesiona a la gran mayoría de los mexicanos tiene responsables que deben responder y en su caso recibir las sanciones políticas y penales que correspondan. Tienen ya la reprobación cívica y moral del pueblo mexicano. El régimen en su conjunto es el responsable de la situación por la que atravesamos, pero en él hay quienes han tomado y toman las decisiones, quienes se han beneficiado con ellas y éstos tienen nombres y apellidos. Son Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, quienes formaron parte de sus gobiernos, principalmente en las áreas económico-financieras y político-electorales, sus cómplices y socios, los financieros de las cuotas millonarias del PRI, las cúpulas del sindicalismo oficial, las mayorías de las cámaras legislativas, etcétera.

Ernesto Zedillo Ponce de León, titular del Ejecutivo federal, es corresponsable de las consecuencias de esas políticas, como funcionario en el sector económico de los gobiernos anteriores, como candidato oficial que tomó compromisos y plena y públicamente se identificó con la política del régimen y en su calidad actual por las decisiones tomadas por su gobierno, por el equipo que integró en el Poder Ejecutivo desde el pasado 1º de diciembre.

Hasta que estalló la crisis con la devaluación, se pretendió engañar al país con que se estaba llegando a: la "consolidación de la recuperación económica", mientras la convivencia de las altas autoridades hacendarías y del Banco de México asfixiaban el ingreso familiar, el empleo y la inversión productiva al subsidiar la competencia desleal del exterior, imponer tasas de interés leoninas y transferir las reservas en divisas del país a la bolsa del valores para proteger las ganancias expectativas. Así se saquearon entre diciembre de 1993 y diciembre de 1994 más de 20, 000 millones de dólares de las reservas del país.

El programa dado a conocer por el gobierno el 3 de enero para superar la crisis, no hace sino replantear los errores que han llevado sexenio tras sexenio a las crisis recurrentes e impone nuevos y mayores sacrificios al pueblo en general y en particular a trabajadores y a productores.

A la gente no se le puede pedir que acepte y aguante seis años de restricciones, insuficiencias, caídas en los niveles de vida, deterioro de los servicios sociales, desempleo, enfermedades, hambre.

Las propuestas de la administración, que se ubican en la línea que desde 1982 ha favorecido la comunidad financiera internacional, tiene como propósito provocar en forma deliberada una severa recesión económica para crear una situación tan desfavorable que con ello se apaguen las expectativas inflacionarias. Se pretende lograr lo anterior mediante la reducción del gasto público y una fuerte elevación de las tasas de interés.

La contracción del crédito y las tasas de interés expropiatorias cancelan en los hechos la inversión productiva nacional. Por otro lado, los escandalosos márgenes de ganancia que el Banco de México protege para favorecer a los intermediarios financieros entre los precios de compra y venta de divisas extranjeras, desalientan la repatriación del capital productivo y ahuyentan a la inversión productiva extranjera, anulando así el potencial competitivo internacional que el reajuste de tipo de cambio podría ofrecer a la planta productiva nacional con un manejo económico sano y patriótico.

Este año vencen alrededor de 29, 000 millones de dólares de deuda garantizada en dólares (los llamados tesobonos), que de no existir confianza en los inversionistas, tienen que ser pagados a su vencimiento. Además, este año deben también pagarse 6, 000 millones de dólares de la deuda renegociada en 1992. El gobierno requiere así de más de 35, 000 millones de dólares para financiar sus compromisos de este año, en adición a lo necesario para financiar el déficit de la balanza comercial.

De no conseguirse los fondos, el dólar podría llegar a cotizarse a 7 u 8 nuevos pesos para mediados de año.

Los 18, 000 millones de dólares de deuda nueva contraída con Estados Unidos y Canadá, anunciados ya por el gobierno, sólo pueden servir para hacer frente parcialmente a los pagos que deben hacerse en el primer semestre del año, en buena medida para pagar a inversionistas especulativos de Estados Unidos y Canadá.

Con la elevación de las tasas de interés el servicio de la deuda del gobierno aumentará considerablemente, por lo que reducir el gasto público en 1. 3 por ciento del PIB significaría obligadamente afectar el gasto social y en infraestructura.

En el nuevo pacto, el gobierno establece que "el precio ancla" que servirá como instrumento fundamental para el control inflacionario, será el salario. Se dice que no habrá aumentos al salario adicionales a lo ya "pactado" a finales del año pasado y que los empresarios se comprometen a no hacer aumentos a los precios "que no se justifiquen". Queda así una vez más, toda la carga del ajuste a cargo de los trabajadores, que inevitablemente, sufrirán un mayor deterioro en sus niveles de vida.

Informa el gobierno también que se acelerará la privatización de las pocas empresas estatales que aún existen, que se entregarán a particulares concesiones de carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones y que se enajenarán los ferrocarriles y áreas importantes de la industria petrolera y de la generación de electricidad. Una vez más se dilapida el patrimonio de la nación sin que ello obedezca a una estrategia económica dada, sino sólo por enfrentar la coyuntura de la crisis financiera y para seguir pagando una impagable deuda externa.

En noviembre del 93 planteamos como objetivos que debiera tener la política económica para salir a delante sin desastre y recuperar el crecimiento, incrementar del empleo, la producción y mejorar la competitividad internacional, los siguientes:

• La recuperación del mercado interno y del equilibrio comercial competitivo con el exterior.
• El fomento e incremento de la inversión productiva privada, nacional e internacional.
• La recuperación del poder adquisitivo del salario y la seguridad del empleo.
• El incremento y la eficiencia de la inversión pública.
• La reforma presupuestal y fiscal para el financiamiento no inflacionario del gasto y la inversión pública.
• La estabilidad, moralización y eficiencia de la administración y la regularización económicas, sobre las bases de la honradez, mérito, aptitud y eficiencia de los servidores públicos.
• El equilibrio sectorial, regional y ambiental.

La propuesta del gobierno, contenida en el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, suscrito por las cúpulas oficiales (financiero-empresariales, sindicales y de la administración) el pasado 3 sabemos ya a dónde conduce: a la crisis recurrente de la devaluación, inflación, etcétera en meses más o meses menos.

El gobierno sostiene que no hay otros caminos, sino los impuestos por los criterios del FMI y el entreguismo oficia, esto es, de la obsesión de abatir la inflación sin importar las consecuencias. Frenar la inflación a costa de ahogar la economía, el empleo y la competitividad.

Para iniciar, en las condiciones actuales, una reorientación de la economía que permitiera ir avanzando en el logro de estos objetivos y como contrapropuestas al Acuerdo del gobierno, sería necesario instrumentar una política económica que considerara las medidas siguientes:

1. Negociar con la comunidad financiera internacional una moratoria en el pago de intereses renegociar la deuda externa en lo general, para que aún tolerando niveles razonables de inflación, se garantice el crecimiento de la economía.
2. Renegociar los acuerdos comerciales internacionales para adecuarlos al interés nacional y a las condiciones de emergencia económica que se vive.
3. Decretar un aumento salarial de emergencia que compense la inflación causada por la devaluación y permita iniciar la recuperación del poder adquisitivo y efectuar revisiones trimestrales para llevar a cabo los ajustes que en su caso correspondan.
4. Establecer controles de precios de los artículos de primera necesidad para impedir mayor inflación y proteger el salario.
5. Reducir las tasas de interés, haciéndolas equivalentes a las de los países con que se realiza el comercio internacional principal y no limitar a la banca nacional las posibilidades de otorgamiento de crédito.
6. Con la intervención de una banca de fomento activa, crear un fondo para el apoyo de la micro y pequeña empresa.
7. Desarrollar un programa de apoyo integral al campo.
8. Reestructurar las carteras vencidas de productores y empresas.
9. Instrumentar una política de comercio que apoye a los productores nacionales para recuperar el mercado interno y elevar sus exportaciones.
10. No reducir la inversión y el gasto públicos considerados en el presupuesto federal, ni elevar el pago de la deuda externa estimado en pesos en el mismo presupuesto. Esto es, no transferir a pago de deuda, recursos destinados a inversión y gastos públicos.
11. Poner en práctica un programa de obras públicas de emergencia, que se concentren en la construcción de infraestructura, vivienda y obra hidro-agrícola, que sea detonador del crecimiento mediante la expansión de la demanda y el aumento en la rentabilidad de la inversión privada que se logre con el mejoramiento de la infraestructura, eleve la generación del empleo y permita proteger el salario, tal como lo propusimos en junio del año pasado, en Tuxtla Gutiérrez.
12. Reorientar el gasto público para fortalecer el desarrollo regional, la infraestructura básica y los sectores agrícola e industrial.
13. Elevar el impuesto a los bienes suntuarios.
14. Establecer impuestos para las ganancias de capital.

La crisis económica y política se cruzan y se potencian entre sí. Resolver la crisis económica exige necesariamente que al mismo tiempo se enfrente y resuelva la crisis política de pérdida de la confianza y la credibilidad, de ineptitud en la conducción de los negocios públicos, entreguismo y antidemocracia que hoy afecta al gobierno y en lo individual a las más altas autoridades.

La primera decisión que debe tomarse, donde con más fuerza se cruzan ambas crisis, es cancelar y desarticular toda medida tendiente a la enajenación a particulares de las áreas de la industria petrolera y eléctrica reservadas con exclusividad a la intervención y gestión del Estado, el que tiene el deber de manejarlas con eficiencia y honradez y ante todo con patriotismo.

El gran objetivo de las políticas neoliberales diseñadas para México allende nuestras fronteras, ha sido apoderarse de la riqueza petrolera y con ello de la soberanía de nuestra nación.

El sólo hecho de pensar el ceder la industria petrolera a intereses ajenos y contrarios a los del país para resolver los problemas monetarios coyunturales, así se calcule que de la enajenación del petróleo puedan obtenerse 150 o 200, 000 millones de dólares o más, constituye un crimen de lesa patria.

Ninguna enajenación o privatización que atropelle las normas constitucionales y vulnere el patrimonio estratégico de la nación es inadmisible.

Ninguna enajenación o privatización que abra el paso a la enajenación o privatización del patrimonio estratégico de México debe siquiera proponerse. Hacerlo será ir en contra del presente y el futuro soberano del país.

Es prioridad de las fuerzas patrióticas del país, organizar la defensa del petróleo y la electricidad, que no es sino la defensa de la soberanía y de un futuro independiente de nuestro país.

Una solución pronta y efectiva debe recibir los conflictos que son secuela de un fraudulento manejo electoral en Tabasco, Chiapas y Veracruz, así como el problema planteado por el levantamiento armado del EZLN, para que pueda procederse a una verdadera y profunda reforma de vida política del país en sus prácticas, instituciones y leyes, empezando por efectuar una cuidadosa revisión de la Constitución y de las realidades nacionales para proponer al país una nueva carta fundamental.

Ahora bien, para que el régimen actual reoriente la política económica en sentido contrario a lo que viene aplicando, esto es, para buscar crecimiento, empleo, bienestar y competitividad y para que impulse una verdadera reforma política, hace falta que dé un viraje radical con respecto a las políticas en curso, incluyendo las anunciadas en el Acuerdo del 3 de enero, o implica que más allá de firmas, se dé en los hechos, por las políticas de beneficio específico que se instrumenten, u verdadero pacto democrático que involucre a trabajadores de la ciudad y del campo, a profesionistas y técnicos, a empresarios comprometidos con la producción, el empleo la productividad, a universitarios y trabajadores de la cultura y el arte, y por el otro lado, a una autoridad pública que se desempeñe con honradez, eficacia y patriotismo.

Implica hoy, también, el relevo del equipo de gobierno.

¿O es que quienes se han comprometido y seguido ciegamente las imposiciones neoliberales del FMI y del Banco Mundial, quienes son cómplices en la cesión de soberanía y en la gran corrupción, que han descargado todo el costo de la crisis en las espaldas y en los niveles de vida de los trabajadores, quienes han acabado con las con las capacidades productivas del país, pueden, de un día para otro, tomar otros compromisos políticos y poner el práctica medidas radicalmente contrarias a sus intereses anteriores?

¿Pueden los autores, responsables y beneficiarios de la corrupción y del fraude electoral convertirse de la noche a la mañana en honrados y demócratas?

En los regímenes democráticos, cuando los gobiernos se ven envueltos en crisis o pierden la confianza del parlamento o de los electores o cuando el jefe del Estado o el jefe de gobierno provocan una crisis, existen mecanismos constitucionales para revocar mandatos, para revocar mandatos, para llamar a formar nuevo gobierno con otras gentes, con otras fuerzas políticas y sociales, para convocar a nuevas elecciones en las que la ciudadanía, al decidir democráticamente y en libertad el rumbo que haya de seguir el país, resuelva la crisis. Recientes y en la memoria de todos están los casos de Nixon, de Collor, de Berlusconi.

La realidad puede imponer cambios. La coyuntura pueda obligar a que se modifiquen las posiciones adoptadas. En el México de hoy deben tomarse decisiones trascendentales por los principales actores políticos del país si la crisis económica y política quiere efectivamente resolverse.

El actual gobierno PRI-PAN ha dado al país claras muestras de ineptitud político-administrativa, de insensibilidad social y de una carencia absoluta de patriotismo, ingrediente necesario para gobernar y lograr que la crisis se supere.

Es preciso que exista en el país un gobierno que recupere la confianza de la gente.

Es necesario que se forme un gobierno de salvación nacional, que saque al país de la crisis, reconstruya sus capacidades productivas y dé curso a una reforma democrática de fondo, que cuente con el apoyo y se integre con representaciones auténticas de las fuerzas patrióticas de los sectores productivos, sociales y políticos.

Para ello es necesario que Ernesto Zedillo lleve a cabo un relevo total de su equipo de gobierno, que lo integre con personas de otras convicciones y otros compromisos, que sean capaces de llevar a la práctica las transformaciones democráticas que el país reclama y una política económica que se oriente, con prioridad, a salvaguardar la soberanía nacional, a lograr el crecimiento de la economía, del empleo, el bienestar y la competitividad internacional.

De no hacerlo así, Ernesto Zedillo, debe convocar a nueva elección de Presidente de la República sobre las bases democráticas y equitativas, o renunciar para que en los términos constitucionales, un presidente interino convoque a nueva elección.

Seguir por el camino anunciado el 3 de enero, sólo conducirá a la recurrencia de la crisis, a mayores desconfianzas, a una inestabilidad social, política y económica creciente.

Llamemos los mexicanos conscientes, los que queremos un país democrático, productivo, justo y generoso a que, como en los grandes momentos de nuestra historia, nos unamos y organicemos para que se retomen los caminos del patriotismo y de la dignidad.

México, DF. 6 de enero de 1995.

Cuauhtémoc Cárdenas

Responsable de la publicación: Armando Machorro.

Fuente: La Jornada, 7 de enero de 1995.