31 de Mayo de 1995

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 26 Constitucional y por la Ley de Planeación, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León presentó a la Nación el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

A continuación se reproduce el discurso pronunciado por el Presidente de México:

Señores Presidentes de las Cámaras de
Diputados y de Senadores;

Señores Legisladores de los Estados
de la República;

Señoras y señores Legisladores;

Señoras y señores:

Asumí la Presidencia con el compromiso de trabajar incansablemente al lado de los mexicanos, para sentar las bases del país en que queremos vivir en el Siglo XXI: un México fuerte, libre, unido, democrático, próspero y justo. Esa es la nación que, con el ejemplo de quienes forjaron la patria, con la fuerza de los derechos que nos legaron y con la reciedumbre de nuestra voluntad, vamos a construir.

La construcción de ese México estará inspirada en nuestra historia, animada por nuestros principios y orientada por nuestra Constitución.

El día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 26 Constitucional y por la Ley de Planeación, el Poder Ejecutivo Federal da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que será enviado al Congreso de la Unión para su examen y opinión.

El Plan propone los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades para el desarrollo integral del país; el Plan Nacional de Desarrollo será la base para guiar la concertación de las tareas del Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión y con los gobiernos estatales y municipales, así como para inducir la participación del conjunto de la población.

El Plan Nacional ofrece un rumbo claro para orientar el esfuerzo de todos en la edificación de bases realistas, responsables, sólidas, para un México mejor en el año 2000.

La elaboración del Plan es un primer paso, su realización requiere del examen y de la participación ciudadana y del debate y la acción legislativa; el cumplimiento de sus propósitos es tarea de todos. Al preparar el Plan tratamos de aprovechar lo ya logrado; aprender de lo ya experimentado y profundizar sobre lo ya avanzado; en especial, partimos del reconocimiento objetivo y realista de nuestros problemas, rezagos e insuficiencias, aún reconociendo los importantes logros de muchas generaciones, no podemos estar satisfechos con las condiciones del México de hoy.

Muchos son los problemas que todavía enfrentamos, muchos son todavía los mexicanos que carecen de lo indispensable; muchos son los que viven en condiciones semejantes a las que agobiaron a sus abuelos; muchos son los millones que no conocen y no pueden aprovechar las oportunidades y los avances que brindan un siglo de transformaciones que ya terminan.

De ahí que los mexicanos no estamos satisfechos, en nuestro país sigue existiendo una distancia grande entre la norma escrita y su observancia; entre la ley y su aplicación, entre la justicia y su impartición. Para muchos, en la práctica, todavía está negado el acceso a la justicia pronta y expedita, lo que afecta su vida y vulnera sus derechos.

La inseguridad pública se ha convertido en una dolorosa experiencia cotidiana de nuestras ciudades, de los caminos e incluso de nuestros hogares: diariamente se comenten ilícitos que perturban la paz y la tranquilidad social, dañan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias, lesionando la integridad y la vida de muchos mexicanos.

También hay que reconocer que existe una franca desconfianza social hacia las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y protección ciudadana; tampoco estamos satisfechos, no podríamos en conciencia estarlo, con nuestra vida democrática, aún con los avances conseguidos subsisten insuficiencias y rezagos en nuestro desarrollo político. La contienda política sigue siendo motivo de agravio y fuente de conflicto. Es legítima la preocupación por perfeccionar nuestras normas e instituciones electorales; es legítima y tiene vigencia, la aspiración de la sociedad de llevar una vida política fundada en la normalidad democrática.

Es legítima, también, la exigencia ciudadana de que todos trabajemos para un genuino equilibrio entre los Poderes de la Unión. Subsisten las pesadas inercias del centralismo que inhibe el desenvolvimiento de estados y municipios, impide la integración productiva de las regiones y frena la iniciativa de la sociedad.

Subsisten regulaciones y trámites que confunden y desalientan al ciudadano emprendedor, encarecen la Administración Pública y hacen ineficiente el servicio que debe prestarse a la sociedad. No existe todavía, un sistema de rendición de cuentas de los servidores públicos que sea claro, puntual y se haya ganado la credibilidad de la ciudadanía. Las normas y los procedimientos actuales diluyen responsabilidades, favorecen la discrecionalidad y son insuficientes para combatir el abuso y la corrupción.

Nadie, en el México de hoy, puede estar satisfecho con el desigual desarrollo del país, ni con la pobreza en que viven millones de hombres y mujeres y que no enfrenta, cada día, a lo mucho que falta por hacer.

El nivel de escolaridad promedio de siete años es una base precaria para impulsar aumentos sostenidos en la productividad y en los ingresos reales de la población, más de seis millones de mexicanos son analfabetas; dos millones de niños no asisten a la escuela primaria. Esto significa que falta mucho por hacer en materia de educación. Diez millones de mexicanos no tienen acceso regular a los servicios de salud; a 50 años de su creación el sistema de seguridad social sólo atiende a la mitad de la población total y no con la calidad que merece.

Arrastramos un déficit nacional de 4.6 millones de viviendas, entre necesidades de construcción y de mejoramiento.

Los problemas sociales son muy complejos pero hay un hecho que pone de relieve su gravedad: la distribución del ingreso es sumamente inequitativa, en 1992 el 20 por ciento de la población de más altos ingresos concentraba 54 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento más pobre recibía sólo el cuatro por ciento.

La desigualdad se reproduce también en el nivel regional, cerca de 14 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza extrema, de ellos, tres cuartas partes viven en el campo, la pobreza y la marginación lastiman, especialmente, a la población indígena que en su mayoría habita en comunidades aisladas.

Se han agravado, por haber carecido durante muchos años de una política de población congruente con los recursos y las potencialidades del país; entre 1995 y el año 2000, cada 12 meses habrá 1.8 millones de nuevos habitantes y llegaremos al Siglo XXI con una población de 100 millones.

Los problemas sociales se han agravado, también, por el estancamiento económico que ha registrado el país por muchos años. No podemos estar satisfechos y el gobierno menos que nadie ante la errática evolución de nuestra economía. A lo largo de más de dos décadas la economía ha crecido sólo intermitentemente. Y hemos enfrentado crisis financieras con una regularidad casi sexenal. A causa de la falta de crecimiento, la economía no ha podido multiplicar los empleos que con todo derecho demandan muchos millones de mexicanos.

La falta de un crecimiento económico sostenido también ha impedido generar los recursos necesarios para atender cabalmente la demanda de servicios básicos.

Si bien son graves nuestros problemas y carencias, también debemos tener bien claro que los mexicanos somos capaces de grandes logros y que contamos con enormes fortalezas y una firme voluntad para construir un futuro mejor. Y tenemos con qué construirlo, no olvidemos que entre 1930 y 1990 el producto per cápita se cuadruplicó. No olvidemos que en esas seis décadas la población económicamente activa pasó de cinco a más de 30 millones. El significado social de estas cifras revela el esfuerzo de los mexicanos, mientras en 1930 había menos de un millón y medio de niños y jóvenes estudiando, hoy el sistema educativo atiende a más de 26 millones; entre 1930 y 1994 se abatió el analfabetismo de casi el 70 por ciento, aproximadamente el diez por ciento.

No olvidemos, tampoco, que en esas seis décadas la esperanza de vida se ha duplicado y que la mortalidad infantil se ha reducido a menos de la quinta parte. Hoy, la cobertura de vacunación alcanza el 95 por ciento de la población que la requiere. No olvidemos que en 60 años nuestro país ha pasado de un territorio escasamente comunicado por mil 500 kilómetros de caminos, a tener una red carretera de casi un cuarto de millón de kilómetros y que la energía eléctrica llega ya a más de 90 por ciento de las viviendas.

Gracias al esfuerzo de los mexicanos el país tiene hoy una gran infraestructura para el desarrollo: una planta industrial que se ha modernizado aceleradamente y un intenso intercambio comercial con el exterior. Todo ello refleja que los mexicanos somos capaces de construir una gran nación y que muchas generaciones han sumado su esfuerzo para elevar la calidad de nuestra vida.

Hoy contamos con el trabajo acumulado de muchos años para enfrentar mejor los retos y aprovechar más las oportunidades de mañana; hoy contamos, sobre todo, con la voluntad y el afán de superación de millones de hombres y mujeres que dedican su energía a salir adelante.

Es allí donde está la gran riqueza de la nación, en los millones de mexicanos que acometen con determinación los desafíos y que saben sostener en alto los brazos y nunca rendir el espíritu; es allí donde está la solución a nuestros problemas, en los millones de mexicanos que están dispuestos a trabajar con ahínco para ir construyendo, día a día, un mejor país para todos.

Es gracias a ellos que podremos avanzar, es con ellos que se ha preparado este Plan; es al lado de ellos que el Plan Nacional de Desarrollo propone cinco objetivos fundamentales.

Fortalecer el ejercicio pleno de nuestra soberanía; construir un país de leyes y justicia para todos; alcanzar un pleno desarrollo democrático; impulsar un desarrollo social con oportunidades de superación para todos los mexicanos; conseguir un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable.

La soberanía es el valor más importante de nuestra nacionalidad. Su defensa y fortalecimiento son el primer objetivo del Estado mexicano. La expresión concreta de nuestra soberanía consiste en preservar la integridad de nuestro territorio y asegurar en él la vigencia del Estado de Derecho, con la supremacía de la Constitución Política de nuestro país. Por eso, se fortalecerá la capacidad del Estado de garantizar la seguridad nacional, la vigencia de las leyes y la presencia de las instituciones de la República en todo el territorio nacional.

Ejerceremos una política exterior activa que consolide la presencia de México en el mundo y defienda nuestros intereses en los foros multilaterales.

Nos proponemos profundizar la diversificación de nuestros vínculos diplomáticos y de cooperación y de nuestros intercambios. Utilizaremos los instrumentos de la diplomacia para que México siempre sea un país respetado internacionalmente, y para que siempre estemos orgullosos de nuestra nacionalidad y de nuestra cultura.

Queremos un México creciente capaz de aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo para el progreso de todos los mexicanos. A partir de las comunidades hermanas que residen en el exterior, proyectaremos la nacionalidad mexicana como expresión de una orgullosa identidad que es mayor que nuestras fronteras.

Los mexicanos queremos vivir en un país donde la ley sea igual para todos, donde nadie pueda sentirse por encima de ella, donde se combata eficazmente la corrupción y donde no haya lugar para la impunidad. Para lograrlo, desde diciembre pasado está en marcha una profunda transformación de nuestro sistema de impartición de justicia. A partir de las reformas realizadas, y las que seguiremos emprendiendo, se asegurará a todos los mexicanos el acceso a la justicia en los tribunales; garantizaremos que las demandas y los procedimientos se atiendan con honestidad, estricto apego a la ley y de manera pronta.

Seguiremos impulsando la transformación del Poder Judicial para fortalecer su calidad profesional, la independencia de su labor y que sea garantía de una justicia imparcial y expedita.

Avanzaremos resueltamente hasta consolidar un régimen de certidumbre jurídica para el patrimonio de las familias y las actividades productivas; crearemos las condiciones que permitan al Estado prevenir eficazmente la delincuencia, combatir frontalmente las organizaciones criminales y sancionar oportunamente cualquier ilícito; lograremos que los órganos responsables de la procuración de justicia sean auténticos vigilantes de la legalidad y de la persecución de los delitos; estableceremos un sistema nacional de seguridad pública de calidad, con una carrera policial profesional, digna y respetada, así como con los instrumentos modernos para una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La corrupción es un motivo de desaliento colectivo y de encono social. Por eso, actualizaremos el marco jurídico para detectar y castigar conductas indebidas y actos ilegales en el desempeño del servicio público. Realizaremos las reformas que sean necesarias para contar con una auténtica y moderna entidad superior de fiscalización profesional y autónoma. Ella será garantía de que los funcionarios rindamos cuentas claras y puntuales sobre el cumplimiento de nuestras responsabilidades y sobre el uso honesto de los recursos públicos.

Edificaremos una cultura de respeto a la ley, una cultura que no sólo se indigne ante la impunidad, sino que siembre en cada hombre y en cada mujer el rechazo a la corrupción y promueva conductas individuales y sociales de rectitud y responsabilidad.

Queremos un México fuerte por ser un país de leyes, regido por un sistema de justicia transparente, moderno y confiable. Queremos un México justo donde todos seamos y todos nos sintamos igualmente protegidos y responsables ante la ley. Queremos un México donde todos hombres, mujeres, menores, indígenas, campesinos, trabajadores, empresarios, estudiantes vivan con la certeza de tener acceso a la justicia y de que serán tratados con equidad.

Hoy ratifico mi profunda convicción de que la democracia es indispensable para el progreso de México y de que su pleno desarrollo es deseable y posible; es necesario y está a nuestro alcance. Por ello, por esa profunda convicción de que la democracia es el valor supremo de la política, el Plan postula como objetivo esencial el construir un cabal desarrollo democrático.

No existe ninguna razón histórica, cultural, estratégica, ni puede consentirse ningún interés ideológico, económico, partidista o de grupo que impida el avance hacia un desarrollo democrático en el que nos reconozcamos todos los mexicanos. Por eso avanzaremos a una normalidad democrática que dé certidumbre y confianza a todos y sea el sustento de una vida política pacífica y de una intensa participación ciudadana.

Sólo el pleno desarrollo democrático permite la coexistencia civilizada y permite conjugar la libre expresión de nuestra pluralidad con una gobernabilidad eficaz.

Es tiempo de asumir, que la construcción de ese desarrollo democrático es responsabilidad de todos. Corresponde al Congreso de la Unión; a las legislaturas de los estados; a los gobiernos estatales y municipales; a los partidos políticos y las organizaciones sociales contribuir con rapidez y eficacia, a la democracia plena que exige una sociedad dinámica, abierta y participativa.

Nuestro propósito común debe ser llegar al Siglo XXI, viviendo en un país con un pleno desarrollo democrático. Para ello realizaremos todos una reforma electoral que sea definitiva, no por negar futuras adecuaciones, sino por terminar ¡ya! con la insatisfacción y las controversias sobre lo esencial.

El Plan propone examinar todos y cada uno de los temas que contribuyan a asegurar reglas y condiciones equitativas para la competencia, ello incluye la autonomía de los órganos electorales; la imparcialidad y el profesionalismo de los funcionarios electorales; el perfeccionamiento del sistema de financiamiento y los topes de campaña y el acceso equitativo a los medios de comunicación.

Seguiremos empeñados en construir una nueva relación entre los Poderes de la Unión que asegure el efectivo equilibrio republicano y una gobernabilidad sustentada en la democracia; por eso, con una profunda convicción republicana el Plan se compromete con un ejercicio de la Presidencia, regido por la ley y equilibrada por los otros Poderes de la República.

Una Presidencia respetuosa de toda iniciativa para fortalecer la independencia y pluralismo del poder legislativo. Con fundamento en nuestro Pacto Federal avanzaremos a un nuevo federalismo en el que se redistribuyan responsabilidades, recursos y oportunidades. Un nuevo federalismo que impulse la descentralización de funciones; recursos fiscales y programas públicos, para fortalecer a los estados y a los municipios.

Profundizaremos en la Reforma de Gobierno, en la modernización de la administración pública y en una rendición de cuentas responsable, transparente y puntual. Alentaremos la participación social y se garantizarán invariablemente las libertades y los derechos ciudadanos, como condición para una vida democrática plena

Queremos un México libre, unido, democrático. Un México con una cultura política fundada en la tolerancia y en la civilidad, el respeto a la pluralidad y la crítica constructiva. La participación corresponsable y el compromiso con el interés supremo de la nación.

Si en la edificación de un Estado de Derecho fortalecido y en la construcción de una democracia plena, debemos redoblar el paso, en la lucha contra la pobreza, deberemos multiplicar esfuerzos y trabajar incansablemente día tras día, año tras año, durante ésta y muchas generaciones más.

En el umbral del Siglo XXI el principal desafío de México consiste en abatir la pobreza y moderar la desigualdad. Alcanzar el bienestar social perdurable, es una tarea enorme, que reclama tenacidad, imaginación y firme decisión del gobierno y la sociedad.

Hoy, ante la persistencia de rezagos históricos y los nuevos retos debemos emprender una gran movilización para avanzar a la justicia social.

La política de desarrollo social propiciará la igualdad de oportunidades, trascendiendo el origen étnico, la ubicación geográfica y la condición económica de cada mexicano.

La política de desarrollo social, estará orientada a asegurar a toda la población el disfrute de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución. Elevará los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. Y tendrá como prioridad disminuir la pobreza.

Por eso, el Plan comprende una política social que será nacional e integral; federalista y participativa; incluyente y eficaz.

Trabajaremos sin descanso por una educación de calidad en todos los niveles, en todas las regiones y para todos los grupos sociales. Dedicaremos un esfuerzo especial a la educación básica y la alfabetización, a fin de que en el año 2000 sea una realidad la garantía constitucional de primaria y secundaria para todos.

Durante este siglo, la educación ha sido una formidable palanca de transformación de México. La superación de nuestras carencias y el progreso con justicia dependerán en buena medida de la intensidad, constancia y calidad del esfuerzo educativo que realicemos.

La salud es indispensable para el pleno desenvolvimiento de las capacidades humanas, para el trabajo, la educación y la cultura. Reformaremos el Sistema de Salud, para que incorpore a más población y garantice un paquete básico de servicios para todos los mexicanos, utilizando como ejes la nutrición, la prevención de las enfermedades y la salud reproductiva.

Haremos un esfuerzo extraordinario para que con la participación de la sociedad construyamos viviendas dignas, con seguridad jurídica en su tenencia y servicios adecuados para las familias que más lo necesitan.

La familia es la institución básica de la sociedad, a través de acciones educativas y sociales propiciaremos la preferencia por una familia poco numerosa. Y aplicaremos una política de planificación familiar respetuosa de lo señalado por el Artículo 4o. Constitucional.

Trabajaremos al lado de los hombres y mujeres del campo para concluir el reparto agrario, elevar la producción y productividad del sector agropecuario e imprimir dinamismo y certidumbre al desarrollo rural.

Una prioridad indiscutible de la política social será la superación de la pobreza. Por eso, redoblaremos la atención a las comunidades con mayores desventajas económicas y sociales, llevándoles los servicios básicos, incorporándolas a actividades productivas y promo- viendo empleos que eleven el ingreso familiar.

Promoveremos un conjunto de programas para garantizar a la mujer igualdad de oportunidades de educación, capacitación y empleo, así como plena equidad en el ejercicio de sus derechos sociales, jurídicos y políticos. La apoyaremos resueltamente en el papel fundamental que tiene para la integración familiar y la formación de los hijos.

Romperemos el círculo vicioso de pobreza y abandono que afecta a muchas comunidades indígenas. Haremos un esfuerzo muy especial para integrarlas al desarrollo, preservando sus lenguas, tradiciones y costumbres y respetando su participación en las decisiones que las afectan.

Siguiendo los lineamientos del Plan, aplicaremos programas que den atención apropiada a los pueblos indios, a los jornaleros agrícolas, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y quienes vivan la tercera edad.

La política social tendrá un carácter integral. La dispersión de esfuerzos debilita la capacidad del gobierno de responder a las justas demandas de equidad y oportunidades. La política social también será clara, profundamente federalista. El Gobierno de la República transferirá recursos y responsabilidades a los estados y municipios, para que ellos sean los ejecutores de los programas sociales. En esa medida el Gobierno Federal se concentrará cabalmente en su función rectora del desarrollo social.

Queremos un México, donde la angustia por las carencias y privaciones reciba el compromiso claro, la respuesta concreta y la acción eficaz. Sólo estaremos satisfechos si cumplimos el imperativo moral, histórico, social y político de erradicar la pobreza extrema y avanzar decididamente en la construcción de un México de oportunidades y de justicia.

El futuro de México debe ser de firme crecimiento económico para responder a las necesidades de empleo bien remunerado, de la población. Todo esfuerzo que deba hacerse para alcanzar ese crecimiento valdrá la pena. Los mexicanos enfrentamos un problema muy grave de desempleo debido a la falta de crecimiento económico. El crecimiento económico es indispensable para que la población tenga empleo bien remunerado, niveles crecientes de bienestar y un desarrollo armónico y democrático.

Asegurar nuestra soberanía, fincar una nueva legalidad y alcanzar el desarrollo social y político deseable sólo será posible en un contexto de crecimiento económico rápido y perdurable. Sólo el crecimiento económico dará los recursos para una política social ambiciosa, proveerá los medios para construir un mejor sistema de procuración e impartición de justicia y propiciará una situación social menos proclive a la delincuencia.

El avance político será firme y sano, ajeno a enconos y confrontaciones estériles, en la medida en que haya condiciones de progreso material. Con una economía próspera México será un país más respetado en la comunidad internacional de naciones.

Por todo esto, el objetivo estratégico fundamental del Plan Nacional de Desarrollo es promover un crecimiento vigoroso y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional, extienda el bienestar de los mexicanos, sea el sustento de una democracia plena y genere los recursos para atender rezagos y procurar la justicia y la equidad.

Una vez superada la crisis financiera actual y consolidada la recuperación económica alcanzaremos tasas sostenidas de crecimiento económico superiores al cinco por ciento anual. Para lograrlo, promoveremos políticas generales y sectoriales, así como condiciones de certidumbre y estabilidad que estimulen la inversión nacional y extranjera y que eleven significativa mente la productividad de los factores de la producción.

Mirando hacia atrás podemos concluir que la insuficiencia del ahorro interno ha sido el común denominador en las crisis financieras que recurrentemente ha vivido nuestro país y la causa principal del estancamiento económico de buena parte de las dos últimas décadas.

Estamos aplicando la mejor estrategia económica para superar la crisis. Superaremos con éxito los retos que ahora enfrentamos. El primero consiste en perseverar con disciplina hasta que se recupere el funcionamiento normal de los mercados cambiario y financiero, se reduzcan significativamente las presiones inflacionarias, se reafirme la corrección de la cuenta corriente de la balanza de pagos y comience un proceso gradual de recuperación en la actividad económica y el empleo.

El segundo reto es consolidar e intensificar los cambios estructurales emprendidos durante la última década y que son indispensables para contar con una economía productiva, eficiente y en expansión.

El tercer reto es realizar las reformas que nos permitan contar con una base amplia y estable de ahorro interno. Todo ello es indispensable para evitar la recurrencia de crisis que han ocasionado retrocesos en términos de estabilidad, empleo y bienestar social.

El Plan Nacional de Desarrollo ofrece una estrategia clara y viable para el crecimiento. En ella el ahorro interno será la base del financiamiento para el desarrollo. Por eso, promoveremos las reformas tributarias y financieras indispensables para estimular el ahorro y la inversión. Alentaremos el ahorro privado garantizando seguridad y rendimientos adecuados; fomentaremos el ahorro familiar y la reinversión de utilidades en las empresas; aprovecharemos los mecanismos de la seguridad social para ensanchar el ahorro; utilizaremos prudentemente el ahorro externo como medio complementario de la inversión productiva nacional sin que se ponga en riesgo la estabilidad financiera.

Para que el crecimiento sea elevado y duradero procuraremos condiciones de creciente estabilidad de precios a partir de bases financieras sólidas y sanas.

Lograremos la estabilidad económica observando una estricta disciplina fiscal. Por convicción y por absoluta necesidad nacional mi gobierno será especialmente austero y eficiente en la aplicación de los recursos públicos.

El Gobierno Federal se pronuncia enfáticamente por una política monetaria que contribuya a la estabilidad de precios y por una política cambiaria que aliente las exportaciones, la sustitución eficiente de las importaciones y que estimule la producción nacional y al ahorro interno.

Lograremos un crecimiento económico generador de empleos productivos y promotor de la recuperación de los salarios reales. Por ello, el gobierno respaldará las propuestas consensuales que tengan el propósito de generar oportunidades de empleo y mejores remuneraciones para los trabajadores. Promuevan el adecuado funcionamiento de los mercados ocupacionales; impriman certidumbre en las relaciones laborales; coadyuven en el equilibrio entre los factores de la producción y modernicen el sistema de justicia laboral.

Daremos un impulso sin precedente a la capacitación para el trabajo y a la actualización tecnológica, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

La actividad reguladora del Estado no debe obstruir o entorpecer la actividad productiva de los particulares. Por el contrario debe promoverla.

A partir de un marco legal equitativo y eficiente avanzaremos a una normatividad que deje de ser controladora y sea promotora de la iniciativa y la actividad de los particulares, a la vez que se simplifiquen las reglas se promoverá la autoregulación y la corresponsabilidad. El gobierno actuará sobre la base de confianza a los particulares.

En la competencia con el exterior, pugnaremos por condiciones justas y uniformes para los productores nacionales. Combatiremos las prácticas monopólicas, tanto en las empresas privadas, como en las empresas públicas.

A través de una política industrial clara, aseguraremos que un número creciente de regiones, sectores, cadenas productivas y empresas impulsen y se beneficien del crecimiento de su economía.

Una vez superada la emergencia económica, haremos un esfuerzo extraordinario de inversión pública en infraestructura y alentaremos una participación mucho mayor del sector privado para ese fin.

La responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos y el deber que tenemos con nuestro país nos obliga a alcanzar un crecimiento económico sustentable.

Adoptaremos políticas claras para detener el deterioro ecológico, estimulando la inversión en infraestructura y la difusión de tecnologías limpias. Velaremos por el cumplimiento de las normas de protección ambiental; reforzaremos la aplicación del principio de quien contamine pague, y quien cumpla con la norma y limpie, sea estimulado.

El México al que aspiramos, sólo será construido con un esfuerzo inquebrantable, con unidad de propósitos, con perseverancia de muchas generaciones, con miras al nuevo siglo. Toca a nuestra generación poner el ejemplo de ese esfuerzo y de esa esmerada entrega.

Es responsabilidad de nuestra generación resolver grandes problemas, subsanar viejos rezagos y abrir nuevas oportunidades. Ello exige, dejar atrás el desánimo y acometer con determinación cada reto, cada tarea. Ello exige también, dejar atrás agravios y discordias, concentrar nuestra energía y creatividad en trabajar día tras día por un México mejor para todos.

Ello exige sobre todo, sumar nuestras voluntades y acrecentar la confianza en nosotros mismos y que esa sea la lección para nuestros hijos.

Es cierto que quisiéramos ver ya los resultados del esfuerzo acumulado, pero también es verdad que debemos elevar las miras y ver más lejos. Ver por los frutos que habrán de recoger nuestros hijos y pensar en las tareas que les esperan a ellos.

El desarrollo al que aspiramos será tan lento, como débil sea nuestro empeño y corta nuestra perspectiva y será tan rápido y fructífero como la dedicación de cada día y clara nuestra visión del futuro. Por eso, el propósito del Plan Nacional de Desarrollo es fijar un rumbo claro para cumplir el esfuerzo de nuestra generación.

Hoy nuestra responsabilidad compartida y nuestra tarea común es la construcción de una nación de progreso y de leyes, de democracia y de justicia, de bienestar y de equidad. Construyamos juntos esa nación que honre nuestra historia, que fortalezca los valores que nos unen y que finque en el esfuerzo de hoy el mejor porvenir de todos. Con patriotismo, con unidad y con dedicación lo lograremos.

Muchas gracias.