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1995 Compromisos para un acuerdo político nacional. PAN, PRI, PRD, PT y Ernesto Zedillo Ponce de León.

Enero 18 de 1995

 

 

COMPROMISOS PARA UN ACUERDO POLÍTICO NACIONAL

 

Quienes suscribimos este documento reconocemos que la concordia y la paz social son valores fundamentales de todos los mexicanos: que existe voluntad de fortalecer el régimen democrático y de arribar a un Estado de Derecho pleno; que el diálogo y la observancia de la legalidad son vías idóneas para impulsar el cambio; que diversos grupos políticos y sociales se han manifestado en favor de un acuerdo político nacional entre partidos, que la ciudadanía ha dado muestras claras de su madurez, vocación democrática e interés en el fortalecimiento de nuestras instituciones y procesos políticos, y que los partidos políticos han mostrado capacidad para llegar a acuerdos decisivos para el cambio democrático en un marco institucional de pluralidad.

Por ello, el Partido Acción Nacional el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo hemos convenido suscribir los siguientes compromisos para el Acuerdo Político Nacional:

REFORMA POLÍTICA

Promover a la brevedad el inicio del diálogo nacional para la reforma política con la participación de todas las fuerzas políticas nacionales, animados por un genuino espíritu de consenso. El propósito de la reforma será profundizar las relaciones democráticas entre los poderes de la Unión y entre éstos y las órdenes de gobierno estatal y municipal, así como las relaciones entre las instituciones públicas, los partidos políticos y la sociedad civil.

El paso más urgente para consolidad la reforma democrática de México es la reforma electoral. Al respecto el compromiso asumido es:

a) Avanzar de inmediato en la conclusión de la reforma electoral definitiva a nivel federal y que también sirva de marco y referente para las entidades federativas. Es imperativo establecer las condiciones de confianza que permitan resolver de manera democrática la temática electoral, de modo que la nación esté en mejores condiciones para abocarse a dar solución y atender con mayor vigor los retos y rezagos económicos y sociales más urgentes.

b) Promover, con estricto respecto a las soberanías estatales, reformas electorales en las entidades federativas que incorporen los criterios de la re forma electoral federal.

c) Impulsar la reforma política del Distrito Federal con la participación de la ciudadanía.

d) Conducirse con apego a la ley y que la ley se acate y se aplique para asegurar la vigencia del Estado de Derecho.

e) Asegurar legalidad, equidad y transparencia de los próximos procesos electorales. Para ello, se acordarán con oportunidad las reformas necesarias y las modalidades apropiadas.

f) Acordar la resolución inmediata de los conflictos poselectorales dentro de un marco de legalidad, justicia y respeto mutuo.

g) Garantizar que, una vez concluidas las reformas electorales y, en consecuencia, satisfechas las condiciones de equidad previas a las elecciones y la legalidad del proceso, no se realicen acciones poselectorales por ninguna de las partes que violenten el marco jurídico y el respeto a las instituciones.

El gobierno federal y los partidos políticos reiteran su convicción de conducir su actividad política dentro de la ley con respeto a los derechos y obligaciones que establece la Constitución General de la República.

Para iniciar los trabajos señalados se instalará una mesa de negociación con ámbitos específicos de trabajo que propicien acuerdos entre el gobierno federal y los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos, así como entre las fracciones parlamentarias en las cámaras del Congreso de la Unión y en los congresos locales.

Con el objeto de apoyar este acuerdo político, el gobierno de la República se compromete a cumplir las responsabilidades que le competen y a propiciar la adopción de reformas democráticas sustantivas en las entidades federativas, sin menoscabo del respeto irrestricto a la soberanía de ésta.

Suscriben el documento: Carlos Castillo Peraza, presidente del CEN del Partido Acción Nacional; María de los Ángeles Moreno Uriegas, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional; Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador de la Comisión Política Nacional del Partido del Trabajo, y como testigo de honor, Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

18 de enero de 1995

 

 

 

Palabras de Carlos Castillo Peraza, presidente del CEN del Partido Acción Nacional.

Señor Presidente:
Señoras y señores:

Las demandas históricas de Acción Nacional ya han sido repetidas y reiteradas aquí y no voy a insistir en ellas.

Comenzaré diciendo hoy las mismas frases que en 1958, a raíz del ofrecimiento gubernamental de crear un padrón permanente, bajo la vigilancia de los partidos políticos nacionales, expresó el entonces presidente de Acción Nacional, Adolfo Christlieb Ibarrola: "En esta ocasión, Acción Nacional, que desde su fundación se ha esforzado sinceramente por el mejoramiento político y social de México, por mi conducto reitera su buena disposición para participar, sin mengua de sus principios, en todas aquellas actividades encaminadas a la unidad y el mejoramiento del pueblo mexicano.”

Esta actitud y esta disposición han sido mantenidas tercamente por mi partido. Lo demuestran en fechas recientes nuestra propuesta de un compromiso nacional por la legitimidad y la democracia de noviembre de 1988, nuestro llamado a un diálogo y un acuerdo nacionales en mayo de 1993, nuestro documento Democracia para la paz de enero de 1994-—en relación con el conflicto surgido en Chiapas—, los pronunciamientos partidistas e intervenciones camarales de legisladores del partido, y la participación de militantes y dirigentes en todos los esfuerzos que para tal propósito se han hecho durante los seis años pasados.

No está de más, en esta ocasión, recordar el precio en calificativos difamatorios y calumniosos que Acción Nacional ha pagado precisamente por sostener, de palabra y de obra, que el pluralismo político, es decir, la diversidad de convicciones, tendencias e intereses políticos, impone la necesidad de la discusión y del diálogo entre los diversos grupos políticos y entre éstos y el gobierno de la República.

Los compromisos que se firman, para nosotros necesarios y urgentes, buenos para la nación en los momentos difíciles que vivimos los mexicanos, son demostración palpable de que teníamos razón en 1965 cuando aprobamos en convención nacional la afirmación de que la discusión y el diálogo, que se basan en la sinceridad y en la verdad, son condiciones para conciliar la diversidad en la unidad mediante el recto ejercicio del poder.

Firmamos hoy estos compromisos porque estamos convencidos de que en política como en la lógica aristotélica, la oposición es una relación y no una contradicción absoluta ni un enfrentamiento universal y perpetuo, opción clara por la que votaron el 21 de agosto más de nueve millones de mexicanos de todas las clases o sectores sociales.

Los firmamos porque ponen el prólogo a la creación de un espacio público necesario para fortalecer a la sociedad frente al Estado; para dinamizar al Estado mismo; para democratizar al Estado y a la sociedad; para privilegiar la corresponsabilidad sobre la autocracia y la politicidad sobre la belicosidad.

Los firmamos advirtiendo que en el proceso que estos compromisos deben iniciar no caben el doble lenguaje de ninguna de las partes ni la amenaza ni el chantaje, mucho menos la negación de los niveles municipales o estatales del poder todavía imperante de lo que diga, exprese o firme de los niveles nacionales o federales este mismo poder, de cuyo comportamiento seguiremos siendo vigilantes.

Y los firmamos porque no apostamos al encono ni a la venganza ni al pasado ni al fatalismo, sino a la reconciliación, a la justicia, al futuro y a la esperanza.

Queremos la República, que es Estado de Derecho. Y queremos la democracia, que da legitimidad y compromiso de justicia a tal Estado.

Somos conscientes de que la democracia no es garantía contra el error posible, sino segundad de que si error cometido será rectificado.

Firmamos porque para Acción Nacional el cuidado por el país está por encima de la preocupación por la fama partidista y e] triunfo electoral inmediato.

Firmamos porque creemos en el pueblo de México.

 

Palabras de María de los Ángeles Moreno Uriegas, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional:

Ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo; ciudadanos presidentes de los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y coordinador de la Comisión Política del Partido del Trabajo; señoras y señores:

El Partido Revolucionario Institucional suscribe con convicción y responsabilidad este Acuerdo Político Nacional en el que comparte compromisos con los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. Este acuerdo guarda relación con la convocatoria del presidente de la República, que ha manifestado su convicción y voluntad por buscar un diálogo político que genere un ambiente más propicio para el esfuerzo común de los mexicanos. Este acuerdo, sin duda trascendente para la vida del país, representa un primer paso para alcanzar un entendimiento político que beneficie a la nación y le abra nuevas expectativas de acuerdo social.

Los partidos firmantes reconocemos en este documento la existencia de valores fundamentales como la concordia y la paz social, que compartimos todos los mexicanos sin distinción de ideologías oposiciones políticas. La paz social es un objetivo que trasciende a las contiendas políticas y a los intereses de grupo. La paz es un valor superior de nuestra sociedad un imperativo que ha refrendado el pueblo de México,

En razón de esos valores, como también los de soberanía, independencia, cultura y patrimonio del país, que son valores de la nación, los partidos coincidimos en la voluntad de fortalecer nuestro régimen democrático en un marco de pleno derecho, Unidad es la clave.

Coincidimos, igualmente, en que el diálogo respetuoso y la observancia estricta de la ley son las vías idóneas para impulsar el cambio. La convicción común de los partidos es por el cambio, por el cambio pacífico, ordenado, sujeto a derecho y a la voluntad de la mayoría ciudadana.

El acuerdo busca responder a los requerimientos de la sociedad mexicana, que ha dado clara muestra de madurez cívica y que demanda procesos políticos más democráticos que fortalezcan a las instituciones y respeten la pluralidad que caracteriza a nuestro sistema político y a nuestra cultura.

En el marco del Acuerdo, y con profunda convicción federalista, se establece algo que es necesidad evidente: buscar que las reformas electorales en las entidades federativas, con pleno respeto a su soberanía, incorporen los criterios de la federal, puesto que se buscan acuerdos básicos que a nivel nacional abran espacios para atender con mayor vigor y con tranquilidad otros aspectos sociales y económicos fundamentales.

La política no debe ser factor de desunión, sino escenario de confrontación de proyectos, de síntesis de propuestas y de confluencia de voluntades.

Queremos avanzar en una reforma electoral que tenga el consenso y la profundidad necesarios para considerarse integral y para ser vigente por un lapso amplio que permita aprobar sus bondades, perfeccionar nuestros procesos y fortalecer nuestro sistema democrático.

Deseamos alcanzar un marco de reglas claras para la competencia, que supere los conflictos y las protestas pie y pos-electorales. Ningún conflicto político debe superar a las elecciones, instancia clara que expresa en forma definitiva la voluntad popular.

Como asuntos importantes también se contemplan aquí el compromiso de impulsar una reforma política del Distrito Federal, conducirnos con apego a la ley para asegurar equidad y transparencia en los procesos electorales, resolver los conflictos poselectorales y garantizar que no se realicen acciones que violenten el marco jurídico y el respeto a las instituciones.

Sera el diálogo respetuoso y el ánimo de coincidencias básicas lo que nos permita lograr el propósito de la Reforma Política. En ella, los priístas estamos listos para participar activamente y aportar para que, como se anuncia con claridad en este acuerdo, se profundicen las relaciones democráticas entre los Poderes de la Unión, entre éstos y los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como en las relaciones entre las instituciones públicas, los partidos y la sociedad civil.

Los priístas estamos convencidos de que sumando la voluntad política de todos los partidos y fuerzas nacionales, el país estará en condiciones de afrontar I os retos que se le presenten.

El Partido Revolucionario Institucional se comprometió con el cambio en el pasado proceso electoral. Parte de ese compromiso es una vigorosa iniciativa política para abrir mejores espacios para el debate y la discusión con otras berzas, identificando los puntos de confluencia y superando posibles discrepancias.

Hoy ratifícanos ese alto compromiso con México, convencidos de que en la pluralidad se construye la unidad perdurable de un país.

El PRI está obligado con la sociedad, está obligado a propiciar un amplio diálogo nacional del que resulten beneficios para nuestra vida institucional. Nuestro partido se ha comprometido con los mexicanos a promover el cambio que permita superar deficiencias, rescatar innegables logros y propiciar un nuevo clima de entendimiento nocional. Es necesario, así lo demanda la sociedad mexicana, un pacto político que cohesione los esfuerzos en favor de México. No podemos desperdiciar esa oportunidad.

Ratificamos nuestra abierta disposición al diálogo con todas las famas del país, con el objetivo de lograr acuerdos claros que permitan avanzar en los términos y las condiciones de la competencia política, para que la sociedad encuentre en los procesos políticos mecanismos indudables de perfeccionamiento de nuestra vida cívica.

Los priístas, comprometidos con las mejores causas nacionales, responderemos con convicción a los retos de nuestro presente.

Creemos en la democracia, en la equidad, en la igualdad y en el respeto a las diferencias, porque estos elementos son consustanciales a la pluralidad. No temamos al debate porque nos animan convicciones profundas, experiencias perdurables y sólidas alianzas con los sectores progresistas del país. Defendemos nuestras posiciones, pero estaremos abiertos a las razones superiores del acuerdo y la convivencia. Nuestras propuestas no serán dogmáticas, porque buscarán siempre localizar en las opiniones contrarias los argumentos comunes y los objetives compartidos.

La firma de este importante acuerdo es punto de partida de una nueva etapa de la política en México. Para el partido político que represento, el PRI, no existen motivos de encono o división insuperable con el resto de las fuerzas políticas que actúan en el país. Nuestra tarea común no es la exclusión sino la participación democrática en una sociedad plural, que hoy nos demanda acciones más comprometidas que garanticen un mejor proyecto político y electoral para México.

Muestro partido ratifica hoy su compromiso con la democracia, con la paz y con la certidumbre que demandan los mexicanos.

19 de enero de 1995

 

 

Palabras de Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática:

C. Presidente de la República:
C.C Representantes de los partidos políticos, de la sociedad y de los medios de información:

Acudimos a este recinto republicano para dar testimonio de los compromisos que contraemos responsablemente el Ejecutivo de la Unión y las principales organizaciones políticas del país.

Este acontecimiento se inscribe en la historia nacional, cualquier que sea su desenlace, como un impulso irreversible para la transición de México hacia la democracia o tal vez como el último empeño para salvarlo de la ingobernabilidad y de la abdicación frente a intereses ajenos.

El Partido de la Revolución Democrática cumple el mandato de su Consejo Nacional, que hace cuatro meses lanzó la iniciativa del diálogo nacional para el cambio democrático y la reforma del Estado. Esa propuesta está en la esencia de nuestro movimiento y responde a una demanda insatisfecha que ha acompañado durante generaciones el itinerario de los mexicanos: el ejercicio pleno de la soberanía popular en un marco de justicia y de libertades ciudadanas.

Los compromisos que signamos contienen propósitos distintos a los llamados pactos de civilidad que eran, en realidad, cláusulas de resignación por las que se pretendía imponer el rigor de una falsa legalidad a los agraviados, a despecho de los abusos en que habían incurrido los ofensores.

Se trata de adelante de establecer normas y prácticas propias de una República democrática, aceptadas por todos; y, en consecuencia, respetadas por todos. Nos obliga al acuerdo el extendido reclamo de la sociedad; lo hace posible la crisis profunda que sufre el país en todos los órdenes de la convivencia y la necesidad de remontarla, mediante la instauración de una gobernabilidad democrática que implica la reforma radical de las instituciones políticas y la participación efectiva de los ciudadanos y de sus agentes económicos y sociales en la toma de decisiones que prefiguran el destino del país.

Reivindicamos el valor del diálogo como un método de comunicación instrumento de la política; es evidente, sin embargo, que éste sólo se acredita por sus resultados: los compromisos contraídos señalan un punto de partida, que no de llegada. Nuestra unidad es en torno del interés superior de México. Con el gobierno mantenemos hondas divergencias que nos identifican como partido opositor y otorgan sentido al juego democrático. Se trata de un nuevo curso de acción fundado en el respeto mutuo y en la lealtad al país y a sus valores permanentes. Corromper ese compromiso por el engaño tendría un costo impagable para la nación.

El paso más urgente es una verdadera reforma electoral definitiva, en cuanto asiente la legitimidad de los poderes públicos en el sufragio libre y efectivo de los mejicanos; que sea, por tanto, síntesis de las luchas del pueblo mexicano, auténtico camino a la modernidad.

El consenso nacional sobre el alcance y contenido de esas reformas es claro e inequívoco. Es también inocultable quienes, por qué motivos o con qué pretextos se han opuesto a él. La total autonomía de los órganos electorales, el registro nacional ciudadano infalsificable, la proscripción efectiva del uso de recursos y programas públicos en favor de cualquier partido, la austeridad, limitación verificable y proporcionalidad de los gastos de campaña, el acceso igualitario y permanente de los partidos a los medios de información, la prohibición del secuestro partidario de los símbolos nacionales, el voto de los mexicanos en el extranjero, el derecho irrestricto a las alianzas y coaliciones políticas, entre otras instituciones fundamentales, resultan indiscutibles y, por lo tanto, inaplazables.

La separación del partido oficial respecto del gobierno anunciada por el Ejecutivo comprende el fin del sistema corporativo, la prohibición de la filiación colectiva de los partidos políticos, la plena libertad de asociación gremial y empresarial y la imparcialidad de todos los órganos y agentes del poder público en los procesos políticos; supone, asimismo, el riguroso control de los recursos gubernamentales por las minorías del Poder Legislativo.

Es así que la nueva legislación electoral se inserta en la reforma democrática del Estado, cuyos objetivos primordiales son: la reducción del poder presidencial arbitrario, la genuina división y la impartición de la justicia, la instauración del servicio civil de carrera en todas las ramas de la administración pública, el respeto y promoción de los derechos humanos y de las libertades democráticas, un federalismo real que sea garante de la pluralidad nacional: la plena devolución de derechos políticos a los habitantes del Distrito Federal, el fortalecimiento también de las autonomías étnicas y culturales y la reforma del sistema de comunicación social que haga efectivo el derecho a la información.

 

Tal es, a nuestro entender, la dimensión del compromiso contraído y la gran tarea de todos en los meses por venir. Es menester en lo inmediato generar el clima propicio para estas transformaciones mediante el establecimiento de una paz duradera, digna y justa en todos los ámbitos de la República. Será indispensable restaurar la confianza ciudadana mediante la sanción ejemplar a quienes son ostensiblemente los principales responsables de la crisis, poniendo término a la impunidad, a la corrupción y a la complicidad que han lesionado tan gravemente la moral y las instituciones del país.

Un nuevo modelo de relaciones políticas deberá conducir más temprano que tarde a la recuperación del desarrollo económico con equidad y a renovados consensos que salvaguarden el patrimonio, la soberanía y la independencia nacionales.

Sepamos conducimos y mantenernos con integridad en la dirección de los compromisos que aquí hemos asumido.

 

 

Palabras del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador de la Comisión Política del Partido del Trabajo:

El inicio del diálogo nacional es de vital importancia pues a través de él se puede garantizar el establecimiento de un nuevo pacto social que nos permita enfrentar a los mexicanos el evidente deterioro del sistema político y generar certidumbre y confianza entre toda la población para superar la crisis económica y social que amenaza las ya de por sí precarias condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.

Los promotores de este diálogo nacional hemos sido los partidos políticos, el gobierno y diversas fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas convencidas de la necesidad de que exista una democracia real en México, como condición indispensable para la preservación de la paz social y la estabilidad política. En ese sentido el Partido del Trabajo inscribe su esfuerzo, y considera que sólo una reforma política, económica y social a fondo, nos permitirá concretar una nueva relación entre la sociedad civil y el Estado.

La firma del Acuerdo la consideramos como un primer paso en la serie de exigencias democráticas que la sociedad ha planteado. Por ello la reforma electoral en la que hoy nos comprometemos, debe ser el principio y no el fin de la reforma política, En este mentido consideramos que la misma no puede iniciarse con exclusiones deliberadas, y que los partidos políticos y el gobierno federal firmantes de este Acuerdo debemos hacer pública nuestra voluntad de iniciar un proceso amplio de consulta entre la ciudadanía, organizaciones sociales, agrupaciones civiles y partidos políticos con o sin registro, para garantizar que su resultado sea aceptado por todos los mexicanos

También debemos señalar que no ayuda a un buen fin el que se inicie un proceso sobre la base de hechos consumados, como es el caso de las reformas recientes llevadas a cabo en varias legislaciones electorales de los estados. En ellas se está aplicando una línea excluyente al aumentar el porcentaje para tener acceso a los cargos de representación popular, con el evidente objetivo de eliminar del escenario a distintas opciones políticas.

Quedarían pendientes, esperando sólo por el momento temas tan importantes como la reforma al régimen de instituciones sociales, públicas y civiles, el ejercicio pleno de la división de poderes, la instrumentación real del federalismo, la reforma de la administración pública, la profundización de la reforma al sistema de justicia y, por supuesto, cambios profundos en el modelo económico.

Para el Partido del Trabajo es importante el compromiso de homogeneizar las leyes electorales en los estados, preservando el marco de soberanía que esos estados tienen, con los criterios federales, para evitar los cuestionamientos y conflictos poselectorales que se han dado en prácticamente todos los procesos electorales recientes.

El reconocimiento de que las futuras contiendas electorales deben ser equitativas y transparentes, permitirá, si se consigue que así sea, que los gobiernos emanados de la voluntad popular tengan la legitimidad necesaria para ejercer sus funciones.

En ese contexto, la reforma política del Distrito Federal es fundamental debe abrir paso a que los ciudadanos que allí habitan elijan a sus gobernantes, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Iniciamos la reforma electoral convencidos de que el consenso, entendido como el acuerdo de todas las partes, es el procedimiento que le permitirá asegurar su éxito; de lo contrario, seguirán existiendo conflictos que impactarán negativamente en la vida de los mexicanos.

Los participantes en las instancias en que se discuta y acuerde, además de defender nuestras ideas y propuestas, debemos ser correa de transmisión de la propuesta de la ciudadanía.

México, en esencia, es un país con un mosaico pluriétnico y pluricultural, y en ese sentido consideramos que la nueva reforma política, en lo esencial, debe ser una reforma política pluripartidista. El pluripartidismo es el único camino que dará salida a los problemas de la democracia en México.
Muchas gracias.

 

 

Palabras del presidente Ernesto Zedillo, durante la ceremonia en la que firmó como testigo de honor el acuerdo político suscrito por el PT, el PRD, el PAN y el PRI, en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos.

Señoras y señores:

El pasado primero de diciembre, al asumir la Presidencia de la República, formulé una convocatoria a los partidos políticos y a la ciudadanía para terminar de construir, de una vez por todas, la democracia en México.

Durante las pasadas semanas he acudido personalmente a las sedes de las cámaras del Congreso de la Unión a dialogar con los legisladores, me he reunido con las dirigencias de los partidos políticos y he sostenido encuentros con representantes de diversas organizaciones sociales, todo ello con el propósito de establecer un diálogo directo, claro y franco para avanzar en la democratización del país.

Hoy los mexicanos estamos conscientes de que el avance democrático sólo puede darse a través del diálogo; hoy ratificamos que el diálogo puede establecerse sin sacrificar las diferencias; hoy reafirmamos que las oportunidades desaprovechadas para dialogar no fortalecen a la autoridad, no salvaguardan la estabilidad ni contribuyen al desarrollo político. El diálogo es la base insustituible para construir la democracia, la democracia es el principio fundamental de la política, es el más elevado valor de la convivencia ciudadana y debe ser el espacio común que oriente nuestra participación en la vida social.

Los mexicanos queremos una democracia a la altura de nuestra historia, queremos una democracia a la altura de nuestra rica diversidad, queremos una democracia a la altura del México que deseamos para nuestros hijos. En ese sentimiento nos reconocemos todos, en esa convicción nos identificamos todos, en ese propósito debemos unirnos todos. Por eso, nos reconocemos, nos identificamos y nos unimos para sumar voluntades en el avance democrático. El avance de la democracia es una tarea de todos, es una responsabilidad de todos, es y será un logro de todos.

La democracia no puede ser impuesta por un gobierno, por un partido o por una corriente ideológica; la democracia debe construirse con el concurso de todos, en todo tiempo y en todo lugar. De allí la trascendencia de estos compromisos para un acuerdo político nacional que hoy suscriben los partidos políticos y que yo mucho me honro en atestiguar. Se trata de un primer paso, de un paso inédito que se inscribe nuestra convicción democrática por una democracia plena.

El ejercicio de la democracia está fincado en el logro de los consensos y en el respeto al disenso; pero la construcción de sus bases fundamentales debe aparcarse del agravio, debe ser ajena a la imposición, incluso sí proviene de la mayoría La construcción democrática debe satisfacer a todos para que sea respetada y cuidada por todos.

Por eso, los compromisos firmados hoy marcan el inicio de un acuerdo político al que llegaremos sólo a través del pleno consenso. Sólo el consenso cabalmente construido garantiza el respeto a las reglas y la contienda política en un clima de tranquilidad social.

A partir de ahora el avance democrático estará sustentado en un diálogo nacional para la reforma del poder, una reforma que nos lleve a un régimen presidencial mejor equilibrado por los otros poderes del Estado y por la estricta observancia de la Constitución política; una reforma que consolide un sistema republicano, en el que las relaciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estén fundadas en una genuina autonomía y en el respeto invariable; una reforma para avanzar hacia un nuevo federalismo en el que los estados y los municipios sean más fuertes por su capacidad de tomar decisiones y llevarlas a cabo en beneficio de sus comunidades.

La reforma del poder que México reclama debe erradicar suspicacias y recriminaciones que empañan los procesos electorales. Por eso, en el diálogo y en el consenso que sustentarán el acuerdo político nacional, seguramente se incluirá una reforma electoral definitiva en la que se aborden todos los temas que desde hace mucho tiempo han sido motivo de inconformidad. Entre ellos, deberán atenderse e] financiamiento a los partidos políticos, los topes a los gastos de campaña, el acceso pleno a los medios de comunicación y la autonomía plena de los órganos de autoridad electoral. Esa reforma significará el fortalecimiento de la vida partidista bajo principios claros y firmes de equidad en la competencia, civilidad en la contienda y aceptación de la autoridad surgida de los comicios.

Los mexicanos queremos una democracia electoral que sea fuente de certidumbre y de estabilidad, no causa de agravios, encono y división. Por eso, los compromisos para un acuerdo político nacional deben dar cauce a esa reforma electoral definitiva que México demanda.

La democracia electoral debe garantizar la competencia equitativa y transparente, para que cada elección municipal, estatal y federal nos deje satisfechos, cualesquiera que sean sus resultados.

Una democracia electoral confiable y transparente es el mejor argumento para probar que el orden público es tan importante como el ejercicio de libertades.

Los compromisos firmados hoy confirman nuestro afán común de avanzar a una democracia plena, regida por la estricta observancia de la ley, forjada en el diálogo respetuoso y el ejercicio responsable de la política, enriquecida por una permanente civilidad republicana.

A nombre del gobierno de la República, expreso un reconocimiento especial a las dirigencias del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional, por su compromiso con la democracia.

Hoy, también, debemos reconocer el esfuerzo realizado desde hace muchos años por un sinnúmero de ciudadanos de organizaciones sociales en favor de la democracia. Su esfuerzo no ha sido en vano

Este es el primer paso hacia la unidad para la democracia, para construir la unidad que México necesita.

El México de hoy necesita crecimiento, bienestar, estabilidad, paz, seguridad y justicia. Para alcanzar estos y otros propósitos urgentes, nuestro país debe cimentar la relación de los ciudadanos entre sí y entre ellos y el Estado, en un fundamento nuevo, el único que garantiza la concordia: la democracia.

México da, hoy y aquí, el primer paso hacia la construcción de una democracia plena, sin tacha. Ahora y aquí, una era histórica termina y otra comienza. En nuestras manos está que las generaciones futuras recuerden la firma de estos compromisos para un acuerdo político nacional como el cimiento de la nueva democracia mexicana. Estoy absolutamente seguro. No los defraudaremos.

Muchas gracias.

19 de enero de 1995

 

Voz y voto. Febrero de 1995, pp. 50-55.