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1994 Pacto por la Paz, la Democracia y la Justicia, PAN-PRI-PRD. |
Enero 27 de 1994
Los partidos políticos y sus candidatos a la Presidencia de la república, suscribimos los acuerdos y compromisos básicos siguientes como una contribución al proceso de paz y a la solución de los problemas que hoy se plantea la conciencia del país en el marco del proceso electoral federal en curso. El asunto más importante para el país es el restablecimiento de una paz justa y duradera. Para ello una condición necesaria es que avance la democracia con la realización de una elección imparcial en 1994 que resulte aceptada por los ciudadanos y las fuerzas políticas de México. El avance democrático, para cerrar el paso a todas las formas de la violencia, debe procesarse en los espacios de los partidos políticos y las instituciones republicanas. Ninguna fuerza política debe quedar fuera de este proceso. En vez de excluir, la nación requiere consensar, con honestidad y sin ventajas indebidas para nadie, las principales decisiones políticas, con estricto apego a la ley. Los firmantes dejan a salvo los derechos inalienables que les asisten para sostener sus propuestas de cambio y ejercer sus derechos constitucionales a efecto de garantizar la efectividad del sufragio. Las fuerzas políticas, que firmamos este documento, hemos llegado a un compromiso por la paz, la democracia y la justicia, que será el principal sustento de garantías para una convivencia armónica, un desarrollo económico equilibrado, la reforma social y una solución concertada y pacífica al conflicto de Chiapas. Invitamos a la sociedad civil y a todos quienes han luchado por las libertades y la democracia en estos tiempos a que se sumen a este que será un paso significativo para una elección legal y creíble, que genere plena legitimidad para las instituciones de la República. Nuestros acuerdos básicos son: a) Tomar las decisiones que conduzcan a crear las condiciones de confianza y certidumbre en todas las instancias que intervienen en el proceso electoral. b) Propiciar y mantener las condiciones políticas y sociales que garanticen un clima de confianza a la inversión productiva y al crecimiento económico en un marco de estabilidad y de respeto a los derechos de todos. c) Profundizar las políticas públicas de atención prioritaria a los grandes problemas y rezagos sociales del país, en particular de los campesinos, los trabajadores y las comunidades indígenas. d) Facilitar que quienes hayan optado por enfrentamiento se sumen al proceso de transformación de la vida política de nuestro país que nos comprometemos a impulsar. e) Conducir las decisiones políticas de todas las partes de tal manera que siempre se contribuya a fortalecer la capacidad de autodeterminación de México y a reafirmar la soberanía e independencia nacionales. Para una elección imparcial: 1. Imparcialidad de las autoridades electorales, eligiendo o ratificando para cada uno de los niveles a ciudadanos aptos, imparciales y honestos. El criterio que guiará el nombramiento o ratificación citadas será el de la consulta y el consenso entre las fuerzas políticas. 2. Plena confiabilidad del padrón electoral, de las credenciales y las listas nominales, dando las garantías que han sido demandadas por los partidos y la opinión pública, entre ellas el acceso permanente a las bases de datos e imágenes del Registro Nacional de Electores y la auditoría externa del padrón respectivo. 3. Garantías de equidad en los medios de comunicación masiva, aprovechando los tiempos del estado y promoviendo que los medios concesionados contribuyan eficazmente al fortalecimiento del proceso democrático. Se propiciarán nuevos espacios e iniciativas que favorezcan la participación, objetividad y respeto de todas las fuerzas políticas. Esto garantizará la comunicación de los candidatos con los ciudadanos y la presentación de sus programas y puntos de vista sobre los asuntos más relevantes para la vida del país. 4. Impedir el uso de los recursos y programas públicos a favor de cualquier partido político o campaña electoral. 5. Realizar, una vez concluido el proceso electoral en curso, una revisión del sistema de financiamiento para los partidos políticos a fin de incorporar, en su caso, las precisiones que se estimen convenientes. 6. Revisar aquellos puntos de la reciente reforma al Código Penal que pudieran llevar a restricciones a derechos políticos fundamentales. 7. Para dar mayor garantía de legalidad al proceso electoral, se explorará ante la Procuraduría General de la República la posibilidad de nombrar un fiscal especial para perseguir delitos electorales. 8. En consecuencia, lo que hoy resulta imprescindible son decisiones en materia electoral que confirmen este irrevocable compromiso democrático para salvaguardar los derechos políticos fundamentales. Si la aplicación de estas decisiones requieran de adecuaciones legales, se procederá al efecto, previo consenso de los partidos firmantes, convocando as a través de nuestros representantes populares, en términos de Ley, a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso. Con estos compromisos, buena fe y un método de consenso, iremos alcanzando con las autoridades responsables cada una de las decisiones necesarias para el desenvolvimiento del proceso electoral, conforme al calendario establecido en la Ley. Somos concientes de que estamos ante un cambio mayor en las relaciones políticas de nuestro país, y que tendremos que enfrentar con responsabilidad y patriotismo los distintos obstáculos que se nos presenten. Con este acuerdo asumimos la responsabilidad que nos corresponde en la construcción de la paz, el fortalecimiento de las instituciones republicanas y el avance democrático. Los firmantes convocamos a todos los ciudadanos mexicanos para que se sumen a este esfuerzo y propicien, junto con nosotros, el fortalecimiento democrático del país y del orden constitucional. Diego Fernández de Cevallos Fuente: Periódico La Jornada 28 de enero de 1994.
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