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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1994 Comunicado de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Desarrollo Social y la Procuraduría General de la Republica.

México, D.F., 5 de enero de 1994.

 

Las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Desarrollo Social y la Procuraduría General de la República informan y declaran:

En la agresión violenta de un grupo armado a los cuatro municipios de San Cristóbal, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, del estado de Chiapas, desde el día 1º de enero, es indispensable deslindar dos situaciones diversas y completamente diferentes, que por ningún motivo deben confundirse:

a) Por una parte, los actos de agresión violenta del grupo armado que han atacado a poblaciones y al Ejército mexicano en su cuartel de Rancho Nuevo, que han asesinado, asaltado instalaciones gubernamentales, robado comercios, secuestrado y vejado a civiles;

b) Por la otra, los indiscutibles rezagos sociales que sufren diversos sectores de esta zona del estado de Chiapas y que afectan principalmente a comunidades indígenas y campesinas.

Frente al primer tipo de situación destacan:

UNO.- Este no es un levantamiento indígena. En los días pasados, diversas comunidades indígenas y campesinas de los cuatro municipios han rechazado y han actuado en contra de este grupo armado. Es la acción de profesionales que se revierte finalmente en contra de la población, acompañada de indígenas, algunos con reclamos y otros que han declarado ya que lo hicieron obligados y contra su voluntad.

DOS.- El grupo radical tiene una dirigencia profesional, experta en conducir actos de violencia y terrorismo, bien educada, de origen nacional y extranjero, con armas de alto poder y con sofisticados equipos de comunicación.

TRES.- El gobierno federal conocía desde mediados de 1993 la existencia de grupos armados en diversos campamentos en esos municipios. Las condiciones de atraso y una historia pasada de abusos y desatención de la zona obligó a extremar la prudencia gubernamental. Así, en mayo de 1993, hubo enfrentamientos entre el Ejército y el grupo radical: tres militares asesinados. La respuesta del gobierno fue:

a) La aplicación de la ley a los presuntos responsables de dos homicidios, quienes están sujetos a procesos;

b) El retiro de la acción preventiva del Ejército de esa zona de acuerdo a la petición de diversas organizaciones no gubernamentales;

c) La vigilancia continúa sobre actividades ilícitas de estos grupos; y ante agresiones armadas hasta en tres ocasiones durante 1993, el reforzamiento de las medidas de seguridad y de los efectivos militares;

d) La intensificación del diálogo con dirigentes sociales e indígenas locales;

e) El fortalecimiento de los programas sociales en el estado de Chiapas.

CUATRO.- El gobierno federal ha realizado acciones sin precedentes en el estado y en particular en la zona agredida: en materia de rezago agrario se han concluido más de 2,000 hectáreas de tierras, principalmente a las comunidades indígenas; la regularización de cerca de 6,000 hectáreas; e incrementados apoyos a la producción. También, los recursos para los programas sociales del estado de Chiapas crecieron más de 10 veces en los últimos 5 años. Finalmente, en agosto de 1993, se desarrolló un programa especial para la selva y la frontera para responder con mayor celeridad a las denuncias de esta zona.

CINCO.- El gobierno hizo todo lo posible para evitar violencia:

a) El gobierno federal y local, ante la toma de cuatro ciudades por ese movimiento armado, el día 1º de enero, no contraatacaron sabiendo el grave riesgo para la vida y la seguridad de la población civil de las ciudades ocupadas. El 2 de enero el Ejército se defendió de un ataque a su cuartel. Al llamado del gobierno del estado y de acuerdo a derecho, prestó auxilio y protección a diversas ciudades y poblados.

En movilizaciones callejeras, algunos grupos organizados de la sociedad apoyaron a los guerrilleros y repudiaron los excesos de las fuerzas armadas, pero también demandaron a las partes cesar el fuego

Si bien las cuatro cabeceras municipales tienen seguridad y en ellas laboran cada vez más normalmente las autoridades civiles, bandas del grupo radical siguen amagando a partidas del Ejército en los alrededores, por lo que continúan los enfrentamientos. Por eso, se refuerzan las medidas de seguridad para quienes por ahí circulan.

b) El Ejército mexicano ha puesto a disposición del Ministerio Público Federal y local, según corresponda a los detenidos, y los elementos delictivos que a éstos les corresponde conocer, y, en su caso, procesar;

c) El Ejército mexicano está devolviendo el control de los asuntos públicos a las autoridades civiles de esos municipios.

Frente a la situación de la zona y el Estado, destaca:

SEIS.- El gobierno mexicano reconoce los rezagos sociales que aun se viven en ésta y otras zonas del estado; también en otros estados de la Republica. Por eso, ha aumentado su gasto social a niveles sin precedente en nuestra historia moderna y, por eso también, ha dado un lugar especial en recursos y en diálogo a esta zona de Chiapas. Así lo seguirá haciendo, ampliando sus acciones a través de una mesa de atención social, ya en funciones.

SIETE.- El grupo armado y violento ha venido destruyendo sistemáticamente algunos de los avances sociales de los últimos meses, como son las obras de infraestructura, dotación de agua y electricidad; escuelas y hospitales y carreteras, algunas de ellas reclamadas por décadas y que al fin se habían construido para esas poblaciones. Por eso, a las acciones de pacificación siguen nuevos esfuerzos para atender en especial a esta zona del país.

OCHO.- El gobierno de la República está haciendo esfuerzos enormes por que los costos de esta agresión del grupo armado agresor sean los mínimos para la sociedad civil. Las instrucciones son que esta defensa de la sociedad y de las instituciones se dé estrictamente dentro del orden jurídico, preservando el Estado de Derecho y con respeto absoluto a los Derechos Humanos. No habrá arbitrariedades ni violaciones de derechos. A quienes no cumplan estos principios de acción, se les aplicará la ley.

NUEVE.- La sociedad y el gobierno mexicano no quieren la violencia. Desean progresar a través del dialogo, la vía pacífica y la ley, a estadios superiores de carácter político y social. Esto lo están expresando las más diversas organizaciones sociales y políticas de todo México y especialmente de Chiapas.

DIEZ.- Una clara muestra de lo anterior, es el llamado de los obispos de Chiapas y de la Iglesia evangélica. En su declaración, los obispos propusieron cuatro puntos:

- El cese a la violencia y el respeto a la vida de las personas,
- La Liberación de las personas secuestradas y el exhorto a deponer las armas,
- El respeto a la legalidad y a los derechos humanos,
- El diálogo para la atención a los problemas sociales.

El gobierno de la República ha aceptado públicamente ese llamado. El grupo armado agresor no ha dicho nada. Su contestación ha sido continuar con la violencia. El Ejército está cumpliendo su función constitucional de preservar la paz, asegurar la seguridad interna y proteger a la población en sus comunidades.

México, D.F., 5 de enero de 1994.