Enero de 1989

La Constitución de 1917 es síntesis histórica de nuestra evolución política y social. Su estructura ideológica y jurídica corresponde a la forma de ser de la sociedad mexicana y a los valores a que ésta aspira. Las decisiones políticas fundamentales que ella contiene son expresiones de las luchas de nuestro pueblo desde el proceso independentista de 1810 hasta la culminación del Congreso de Querétaro en 1917. A partir de entonces los años de vida institucional han enriquecido su contenido, al incorporar a los propósitos originales el resultado de la experiencia de la sociedad y del Estado.

La vocación de libertad y justicia forjada a lo largo de la historia dio origen al régimen republicano, representativo y federal; consagró la separación entre la Iglesia y el Estado y permitió establecer un sistema de garantías, individuales y sociales. La Constitución expresa la determinación de realizar, con caracteres propios, los principios universales con que la humanidad ha buscado asegurar su bienestar y progreso. Por ello, la Ley Fundamental recogió los postulados de nuestro liberalismo social y estableció de manera definitiva la naturaleza popular y democrática del Estado Mexicano.

La Constitución es la base del Estado de derecho fundado en la soberanía del pueblo. Es éste la fuente originaria del poder y el titular que establece las normas para su ejercicio, a través de órganos representativos que realizan sus funciones a partir del principio de separación de poderes. La aplicación de este principio en México configura un Ejecutivo fuerte sin demérito de la autonomía que se otorga al Legislativo y al Judicial. El presidencialismo es producto de nuestra historia y de nuestra cultura. Constituye la garantía de unidad entre los mexicanos y es condición para lograr la necesaria transformación en el marco de la paz social y de cumplimiento estricto de la ley.

El pleno respeto y colaboración los poderes en el desempeño de sus facultades es sustento del ejercicio equilibrado y justo del poder político. Las garantías individuales son el límite de la autoridad frente a las libertades reconocidas a los individuos. Por su parte, los derechos colectivos definen los términos del compromiso del Estado. De ahí se deriva la dimensión social de las instituciones públicas y el sentido comunitario en que se inspiran nuestras normas de convivencia.

El orden jurídico establece bases para que la pública propicie, en el marco de las libertades individuales, el avance social del pueblo y la superación de las causas que originan la desigualdad. La Constitución prevé la necesaria compatibilidad entre los principios de libertad y justicia. La responsabilidad y la solidaridad los hacen complementarios y los mantienen vigentes como condición de la unidad y orientación fundamental del Proyecto Nacional.

En la estructura del Plan, el Acuerdo Nacional para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática precisa, a partir de la Constitución, los fundamentos políticos que sustentan toda acción gobierno en el marco de los Acuerdos para la Recuperación Económica y la Estabilidad de Precios, y para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. El primer Acuerdo señala las bases del entendimiento entre los actores de la vida nacional en todos los órdenes. Esta conciencia compartida de propósitos básicos es el camino indicado para sumar voluntades y esfuerzos en la consecución de los objetivos nacionales.

Al proponer las bases de un Acuerdo Nacional para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática, el Ejecutivo Federal busca promover, mediante la participación amplia de la sociedad, la movilización solidaria del país en la superación de sus problemas y en la satisfacción de sus aspiraciones, con el convencimiento de que los retos del presente requieren del esfuerzo de todos.

El Plan Nacional de Desarrollo se plantea como un conjunto de bases generales para propiciar la concentración de la política nacional en todos sus aspectos, siempre bajo la rectoría del Estado. En una sociedad democrática y, sobre todo, en una sociedad democrática moderna, la viabilidad y efectividad de la rectoría que el Estado ejerce requiere la participación social, en el entendido de que un gobierno democrático no expresa otra cosa que la voluntad de la sociedad hecha gobierno. Así, el Plan se estructura a partir de los tres Acuerdos Nacionales, que sirven de sustento para concertar las acciones. Es un programa que marca líneas y principios generales para avanzar con la sociedad en la solución de los problemas y en el cumplimiento del Proyecto que Marca la Constitución.

Democracia y modernización política

La democracia es el gobierno de la mayoría a través de represen tan es designados por la voluntad ciudadana en elecciones libres. La soberanía popular es la fuente legítima de toda autoridad. Del principio establecido en el Artículo 3º Constitucional se deriva la obligación del Estado de procurar un desarrollo democrático estrechamente asociado con la justicia, al definir la democracia "no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". En nuestra Constitución, el concepto de democracia es a la vez un conjunto de normas de convivencia, expresión del consenso nacional y visión de la sociedad que deseamos perfeccionar.

De esta manera la Carta Magna reconoce la igualdad esencial de los mexicanos: frente al ejercicio de la autoridad, se les protege a través del régimen de garantías individuales, y desde el Estado se promueven sus derechos sociales a la educación, a la salud y al trabajo. Así, democracia política y democracia social se encuentran íntimamente entrelazadas.

La democracia se construye todos los días, pues siempre ha sido siempre un valor a preservar y a acrecentar; un camino por el cual transitar hacia formas superiores de vida colectiva. En razón de ella, el ciudadano participa en las decisiones públicas y en la obtención de los fines que la sociedad se ha planteado a lo largo de su historia.

El gobierno está comprometido a impulsarla, a corregir fallas y fortalecer virtudes, a ofrecer garantías que hagan posible la libre expresión de las ideas, y a asegurar que la lucha por el poder tenga un lugar que la lucha por el poder tenga lugar dentro del orden legal. La práctica política se orienta conforme a valores y sus actos corresponden, de modo directo, al mandato constitucional que la rige. La estructura social y jurídica que nos hemos dado permite poner en práctica los cambios que el país necesita en el marco del Acuerdo Nacional para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática. La extensión de la democracia no equivale a la ampliación del Estado, sino al estímulo de nuevas formas de organización que fortalezcan el carácter democrático de toda la sociedad.

La crisis económica ha penetrado en la conciencia ciudadana y ha dado un mayor peso al reclamo por erradicar la desigualdad. El debate se ha hecho más intenso en la búsqueda de opciones que alivien la carga presente y conviertan el futuro en un horizonte más promisorio.

Se vive una época de cambio entre comportamientos y prácticas que se resisten a desaparecer y nuevas formas de participación política que hasta ahora no habían estado presentes en nuestro panorama político. Una auténtica voluntad de modernización da cause institucional a las tensiones que este proceso genera.

A partir del Acuerdo Nacional para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática, el gobierno propicia y lucha por la unidad esencial en la diversidad e ideologías y militancias. Es indispensable estar por encima de intransigencias que deterioran las bases del respeto mutuo y aprovechar las posibilidades de impulsar, más allá de las diferencias propias de toda sociedad abierta, el progreso general de la Nación.

La modernización política nos obliga a asimilar las experiencias de la época y adquirir las actitudes que los cambios exigen. La nueva cultura política que el país empieza a consolidar precisa ahondar en la disposición al diálogo, a la tolerancia y a la concertación. La evolución de las instituciones y de las relaciones de poder proseguirá y se profundizará, alentando el desarrollo de una cultura sustentada en el respeto y en el reconocimiento a los derechos de cada quien y en la estricta observancia de los compromisos que el interés del país nos impone.

Es la política el más valioso instrumento de la modernización, el medio para lograr la expresión de la voluntad colectiva, así como para fijar propósitos y estrategias comunes orientadas a hacer posible la transformación del país. Esto sólo es factible por el camino de la democracia que supone aceptar las premisas de una sociedad plural y participativa. El ejercicio honesto del poder implica la aceptación de la crítica como medio insustituible para encontrar opciones, enmendar y corregir acciones y alimentar una estrecha vinculación entre el Estado y la sociedad. El clima de debate y reflexión permanentes resta margen a la arbitrariedad, propicia decisiones públicas más eficaces y es manifestación cotidiana de la democracia.

La apertura y ampliación de los canales para la participación ciudadana en todos los órdenes de la vida nacional es, en los tiempos actuales, además de una necesidad, exigencia de una sociedad cada vez más participativa, más decidida a aportar su esfuerzo y responsabilidad en las tareas de desarrollo. Esto que ha sido cierto en todos los tiempos, adquiere una singular relevancia en el presente, por la magnitud de los retos y oportunidades que plantea el México moderno.

A lo largo de nuestra historia como Nación, la lucha por la soberanía ha significado la determinación del pueblo por asumir el poder y ejercerlo para su beneficio. En los sucesivos movimientos sociales el ideal de gobierno democrático se fue reafirmando en la conciencia colectiva de la República.

El principio de la soberanía, que aparece con el surgimiento del Estado Nacional, es en lo interno derecho de autogobierno y, en lo externo, autonomía frente a los otros estados soberanos. De ésta última se deriva la igualdad formal entre las naciones y los derechos a la autodeterminación y a la no intervención. En lo interno, la soberanía se ejerce y se reafirma cotidianamente mediante el pleno ejercicio de los derechos políticos y en el constante mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo. Por ello, soberanía y democracia está íntimamente vinculadas.

Líneas de estrategia

Con base en las consideraciones anteriores y en el marco del Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vida Democrática, se exponen cuatro grandes líneas de estrategia:

• la preservación del Estado de Derecho y la seguridad nacional;
• el perfeccionamiento de los procesos electorales y la ampliación de la participación política;
• la modernización del ejercicio de la autoridad mediante el fortalecimiento de la división de poderes, de la responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas y de la autonomía de los ámbitos de gobierno, con la participación social en el diseño y ejecución de las acciones;
• el impulso a la concertación con las organizaciones sociales en la conducción del desarrollo.

La preservación del Estado de Derecho y la seguridad nacional

La seguridad nacional es condición imprescindible para el mantenimiento del orden soberano, por lo que debe ser preservada tanto en el ámbito interno como en el de las relaciones internacionales, con base en la concertación interna y en la negociación externa. En ambos casos el denominador común es el respeto absoluto al Estado de Derecho y a los principios que éste representa.

La Seguridad Nacional es un bien invaluable de nuestra sociedad y se entiende como la condición permanente de paz, libertad y justicia social que, dentro del marco del Derecho, procuran pueblo y gobierno. Su conservación implica el equilibrio dinámico de los intereses de los diversos sectores de la población para el logro de los objetivos nacionales, garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía e independencia.

Por lo anterior, es preciso asegurar las condiciones para el mantenimiento del orden jurídico y de la seguridad nacional a través de:

• respetar y hacer respetar las bases jurídicas de la convivencia nacional: y
• reafirmar el nacionalismo como elemento esencial de nuestro desarrollo autónomo en el marco del Derecho.

Respetar las bases jurídicas de la convivencia nacional

El respeto a las garantías individuales y la satisfacción de los derechos sociales y políticos son condiciones necesarias para el ejercicio pleno de la soberanía. La confianza en el orden jurídico y la certeza en la honesta impartición de la justicia conforman e ambiente propicio para la manifestación cabal de la actividad democrática. Nadie está por encima de la ley porque ésta es mandato del pueblo, único depositario original de la soberanía.

En este contexto el Estado asegurará el pleno respeto a los derechos humanos enmarcados en nuestra Constitución. Para ello, el Gobierno de la República ha tomado la determinación de crear instancias apropiadas para atender las demandas de los individuos y de los grupos sociales más expuestos al atropello a sus derechos esenciales, e impulsar una mayor conciencia de los límites del poder de la autoridad y de la dignidad inviolable del ser humano.

La sociedad demanda un Estado democráticamente fuerte para hacer prevalecer la voluntad general. Existen en la ley y en nuestras instituciones los conductos para aspirar y, en su caso, alcanzar la máxima responsabilidad de gobernar que sólo el pueblo otorga. Es obligación del Estado ampliarlos y de los ciudadanos conducirse en los términos de la legalidad.

Reafirmar nuestro nacionalismo

El nacionalismo supone la voluntad compartida para avanzar en la realización de Proyecto Nacional. Los objetivos últimos de la Nación son invariables y están consagrados en la Constitución y en nuestras leyes. Estos objetivos incluyen el fortalecimiento de la soberanía, la independencia y la autodeterminación nacionales; el perfeccionamiento de la democracia; la igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas y la mejoría de la calidad de vida; el respeto de las garantías individuales y de las libertades y derechos sociales y políticos; el mantenimiento y fortalecimiento del federalismo; y el equilibrio de los factores de la producción, en un marco de estabilidad económica y social.

Tales principios sustentan nuestro Estado de Derecho y representan la comunidad de aspiraciones que hace posible el diálogo y la coordinación de acciones para el mejoramiento de la vida nacional en todos los órdenes; y constituye la regencia obligada que dicta el pacto social para ventilar nuestros desacuerdos, que siempre existen y deben existir en una sociedad plural y democrática.

Sobre esa base, sociedad y gobierno se proponen avanzar unidos dentro de la ley en la construcción de consensos nacionales, que refuercen nuestro nacionalismo y nuestra voluntad de participar juntos en la formulación de políticas y acciones.

Perfeccionamiento de los procesos electorales y ampliación de la participación política

El anhelo de sufragio efectivo desencadenó la lucha revolucionaria de 1910. En la Carta Magna se determinó que dicho sufragio es la única vía legítima de acceso al poder. El Estado ha venido impulsando el perfeccionamiento de las reglas que norman la participación y la contienda política de acuerdo con el desarrollo del país.

Los objetivos y el espíritu de nuestra democracia van más allá del sufragio, pero lo incluyen de manera sustancial. El respeto al voto es condición esencial de toda democracia. La ciudadanía ve en los comicios la concreción de los derechos irrenunciables y un camino valioso para avanzar en la búsqueda de libertad y justicia. El Ejecutivo está empeñado en perfeccionar los métodos y procedimientos, de manera que se asegure la fiel expresión de la voluntad popular.

Ello exige la plena transparencia de los procesos electorales, la adecuación de los mecanismos de participación, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y del sistema de partidos, así como la consolidación de una cultura política fincada en la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad.

La voluntad de participación democrática de los miembros de la sociedad y de sus organizaciones políticas es la base indispensable para alcanzar una mayor y mejor democracia. Es obligación ineludible del Estado avanzar con la sociedad. Habremos de adoptar los mecanismos institucionales a las nuevas realidades. El avance democrático es labor do todos, cada quien en la esfera de su responsabilidad. Sólo democráticamente se puede profundizar la democracia.

En el perfeccionamiento de los canales para la actividad política, el Ejecutivo Federal propone a la sociedad las siguientes bases y propósitos para el avance concertado en esta democratización:

• avanzar mediante el diálogo abierto en el perfeccionamiento de los procesos y procedimientos electorales;
• asegurar el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las elecciones;
• vigilar la legalidad de los procesos electorales con una mayor y mejor participación de los partidos;
• informar de los resultados de las elecciones con una mayor oportunidad y transparencia;
• garantizar la seguridad personal de los participantes en todos los procesos políticos;
• mantener el acceso de los partidos a los medios de difusión; y
• respetar y apoyar el derecho a manifestarse públicamente en el marco de las leyes.

Perfeccionamiento de los procesos electorales

Los años recientes nos han llevado a configura un sistema de mayoría con presencia activa de minorías representativas de diversos enfoques ideológicos, que contribuyen a conformar el perfil político del país. Hoy se vive un régimen de fuerte competencia entre partidos. Las normas y prácticas electorales serán modificadas a la luz de la realidad. El Estado Mexicano sabrá nuevamente asumir y conducir los cambios que la sociedad está exigiendo.

Se trabaja con la firme determinación de promover una legislación electoral que garantice la participación de ciudadanos y partidos; mejore los mecanismos de financiamiento para apoyarlos; asegure las condiciones propicias para la difusión de las tesis, programas y actividades partidistas; actualice la integración de os organismos electorales; renueve el padrón electoral; y agilice la presentación de los resultados para dar confiabilidad al proceso en su conjunto.

Partidos y ciudadanos son corresponsables de la reforma electoral que ha sido convocada por el Ejecutivo Federal. Se ha garantizado la participación de todas las corrientes ideológicas a fin de asegurar la pluralidad, y con ello la riqueza de opiniones y la suscripción de compromisos. Se busca empeñosamente el consenso para construir reglas y procedimientos que expresen la voluntad general.

Por eso, el Ejecutivo Federal promueve el diálogo con la extensa participación de los miembros del Congreso de la Unión en lo individual, dentro del pleno respeto a la división de poderes. Asimismo, participan otros representantes de la sociedad, que reflejan posiciones informadas desde el punto de vista de los votantes, tales como los observadores y comentaristas de la actividad política, intelectuales, miembros connotados de la sociedad y, en general, organizaciones y personas interesadas.

Los partidos tienen en este proceso de cambio una importancia fundamental como instituciones que organizan la actividad política de los ciudadanos. Son factor estratégico para modificar las actitudes tradicionales a favor de una cultura democrática que fomente el respeto a las diferencias y establezca acuerdos duraderos en aras del interés común.

Respeto a la voluntad popular

El Estado asegura las condiciones para que los resultados de las elecciones sean respetados escrupulosamente. A ello, el Ejecutivo Federal contribuirá redoblando esfuerzos en sus áreas propias de actividad, y concentrará acciones con los partidos, con los integrantes de otros Poderes, con los demás ámbitos de gobierno y con la ciudadanía en general. Habrá mayor participación y transparencia, pero también mayor corresponsabilidad. A ello deberán contribuir los partidos reconociendo sus derrotas y definiendo sus auténticos triunfos con los instrumentos de la ley; con objetividad en sus reclamos; sin deformar ni exagerar la importancia de las imperfecciones o vicios aislados.

Es imprescindible la modernización de los partidos; propiciar organizaciones abiertas que muestren francamente posiciones y propósitos. El perfeccionamiento de los mecanismos electorales de todos los participantes tenemos una labor que desempeñar, una responsabilidad que cumplir.

De gran importancia será la participación de la ciudadanía en las elecciones. Mientras sigan existiendo índices elevados de abstencionismo, nuestra democracia electoral no alcanzará la calidad que deseamos. En todos los niveles debemos cumplir con el fortalecimiento de la conciencia cívica de los ciudadanos. Con buena voluntad, el gobierno y los partidos habrán de estimular la concurrencia a las urnas y la ampliación de las actividades políticas. En las escuelas y en las familias deberán inculcarse las actitudes democráticas. Antes que nada, la democracia reside en la voluntad de los ciudadanos. Sin una mayor participación en los procesos no habría sólidos avances en la democratización del país, aún cuando se desterrasen por completo los demás vicios.

Vigilancia compartida de los procesos electorales

Es obligación del Estado la organización y realización de las elecciones. La ejecución y vigilancia de las diversas etapas del proceso electoral es una responsabilidad compartida. El gobierno propiciará una mayor participación de los partidos y ciudadanos para asegurar la legalidad de las elecciones.

Mediante el diálogo habrán de perfeccionarse los procesos, desde la elaboración del padrón electoral, hasta el recuento y la calificación de los resultados. Paralelamente, se espera la participación responsable en dichas actividades. Debe entenderse que ampliar la democracia no significa dar concesiones que vulneren el principio de la soberanía popular, ya que ello significaría un retroceso, en aras de logros inmediatos y contraproducentes. El mandato popular se gana en la las elecciones. Para avanzar en la democracia todos debemos contribuir, reconociendo que no hay derechos sin obligaciones.

Información oportuna y transparente de los resultados electorales

Las elecciones, además de limpias, deben ser transparentes. Realizaremos acciones para asegurar el flujo oportuno de la información electoral, para evitar que su rezago o parcialidad deteriore el ambiente político y propicie actitudes defensivas que pongan en duda los procesos antes de que se conozcan los resultados. Es preciso avanzar en el diseño de mecanismos de información oportuna y transparente, casilla por casilla, distrito por distrito, estado por estado; con la vigilancia de los partidos políticos y de los medios de difusión.

Garantizar la seguridad personal de los participantes en los procesos políticos

Las acciones ilícitas por parte de grupos o individuos en contra de quienes se oponen a sus propósitos son las peores formas de abuso que lesiona las bases mismas de la convivencia democrática. Cuando se llega al extremo de la violencia, el daño que se ocasiona a las instituciones alcanza extremos intolerables, que justamente desencadenan la protesta airada y la indignación de los ciudadanos.

Un estado democrático se esfuerza por garantizar la expresión libre de los gobernados, la alienta y escucha, y la incorpora a sus decisiones. El propósito de garantizar el ejercicio seguro de la libertad de expresión y del voto es inquebrantable.

Acceso a los medios de difusión

Es indudable el avance que significó la apertura de los medios masivos para la expresión de los puntos de vista de las diferentes tendencias políticas representadas por los partidos. Habremos de consolidar lo logrado y garantizaremos la participación justa de los diversos grupos sociales, de los comunicadores y del público. Se asegurará el acceso a las diferentes corrientes políticas a los medios de información dentro de las formas y los espacios apropiados, promoviendo el equilibrio adecuado entre las diversas funciones de dichos medios en la sociedad.

Garantizar los derechos a la manifestación pública

Seremos respetuosos del derecho a la manifestación pública. En contrapartida, quienes lo ejerzan deberán empeñarse en el cumplimiento de las responsabilidades que el mismo implica, para evitar el abuso o la afectación de los derechos de terceros. Es obligación de los líderes políticos y sociales contribuir a que esta prerrogativa se ejerza en los términos de la ley.

Modernización del ejercicio de la autoridad

La auténtica democracia no se manifiesta sólo en la época de elecciones, sino que se construye todos los días en el ejercicio responsable de la autoridad, en la participación de la sociedad con los representantes por ella elegidos, exigiéndoles el cumplimiento de las obligaciones contraídas y cooperando solidariamente en la consecución de los objetivos nacionales.

Habremos, por eso, de modernizar al Estado. Un estado moderno conduce firmemente al desarrollo nacional, y hacerlo es capaz de movilizar a la sociedad; gestiona y promueve, mediante concertación, la participación responsable de los sectores; ejerce sus funciones en el marco de la división de Poderes y de la autonomía de los gobiernos locales, con respeto y acatamiento de las decisiones que corresponden a otras instancias, buscando acrecentar el entendimiento y la colaboración, al tiempo que realiza con decisión lo que le compete; tiene la fuerza para llevar a la práctica los dictados de la mayoría; y renueva constantemente sus compromisos en función de las nuevas realidades.

Sociedad y gobierno avanzarán en la modernización del ejercicio de la autoridad conforme a los siguientes aspectos prioritarios:

• promover el fortalecimiento de la división de Poderes mediante el respeto, la colaboración y la coordinación con los diputados y senadores del Congreso de la Unión y con los integrantes del Poder Judicial;
• colaborar con el Poder Legislativo en aquellos aspectos que él mismo demande para elevar su capacidad de ejercer soberanamente sus atribuciones;
• avanzar en la aplicación honesta y oportuna de la ley, colaborando con el Poder Judicial en los campos de su incumbencia, en el marco del respeto a la independencia de los Poderes;
• asegurar el cumplimiento estricto de las responsabilidades en el desempeño de los funcionarios públicos; y
• coordinar y concertar acciones con los gobiernos estatales y municipales para el fortalecimiento del Pacto Federal.

División de Poderes

En la democracia mexicana consagrada en la Constitución, la división de Poderes es medio para asegurar el cumplimiento de la voluntad popular y, sobre todo, para controlar y evitar la concentración del poder, en defensa de la ciudadanía. Los tres Poderes de la Unión comparten, como lo señala el Artículo 41 Constitucional, el encargo de ser depositarios de la soberanía popular, en sus respectivos ámbitos del quehacer público. La alta investidura de cada uno exige el respeto mutuo y la colaboración para el ejercicio correcto de sus funciones y atribuciones respectivas. Concertaremos con los integrantes de otros Poderes, con pleno respeto a su autonomía, las acciones necesarias para fortalecer en la práctica el sistema de división de funciones, y garantizar las condiciones adecuadas para el ejercicio de sus labores.

Relación con el Poder Legislativo

La aprobación de leyes y la vigilancia y control para que las acciones del Ejecutivo se realicen conforme a la ley, en los casos y en las formas que determina el marco constitucional, son dos funciones básicas del Poder Legislativo. El Ejecutivo pondrá a su disposición los elementos que el Congreso de la Unión le solicite para el cumplimiento adecuado de esa funciones, y realizará esfuerzos por presentar de manera clara y comprensible los informes que por ley debe rendirle.

Los funcionarios públicos y, en especial, los Secretarios de Estado atenderán con responsabilidad a sus obligaciones legales ante el Congreso. Se brindará a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados el apoyo que requiera para cumplir con eficacia sus tareas de control y vigilancia. El Senado recibirá el apoyo, que en su caso necesitara, para desempeñar activo que le corresponde en la dimensión externa de nuestra vida política y, en lo interno, en la expresión eficaz de la soberanía y del Pacto Federal.

Aplicación honesta y oportuna de la ley

Es función esencial del Poder Judicial dar plena vigencia al Estado de Derecho que nos rige. Los jueces hacen efectivo el principio de la seguridad jurídica en beneficio de toda la sociedad y con ello ofrecen confianza al ciudadano en la aplicación de la justicia. El Poder Judicial es, además, elemento de equilibrio entre Poderes, e instancia de la ciudadanía para defender sus intereses frente a los actos de la autoridad. Su estricta autonomía en la práctica es indispensable para el cumplimiento de sus propósitos. Se le dotará de los recursos necesarios para la efectiva realización de sus tareas y para una más eficaz, honesta y oportuna actuación de parte de sus funcionarios. Es necesario que exista una certeza en la población sobre la imparcialidad y eficacia de las instancias judiciales. Para ello se han de simplificar trámites, reducir plazos y abatir costos, elementos que propiciarán el uso pleno de los recursos legales por parte de la población menos favorecida.

El contacto más inmediato entre población y autoridad suele ser el que se da a través de los encargados de vigilar y aplicar el orden. Los cuerpos de seguridad serán mejorados y se avanzará en asegurar su honestidad, eficiencia y disposición para servir a la ciudadanía. Es preciso que los habitantes vean en la policía un salvaguarda del orden y de su seguridad personal, de sus familias y de sus bienes. Es urgente combatir el crimen, el cohecho y la falta de seguridad pública. En concertación con los demás Poderes, se aumentará el castigo a los infractores del orden, pero la prioridad será la prevención de actos delictivos. Se avanzará con energía en el objetivo de combatir los privilegios y las arbitrariedades en la aplicación de la ley.

Responsabilidades en el desempeño de las funciones públicas

El Ejecutivo Federal selecciona a sus colaboradores para desempeñar las funciones que el pueblo les ha encomendado. Se exigirá de ellos el cumplimiento escrupuloso de sus responsabilidades, claridad y transparencia en sus acciones. Se informará y se explicará sobre el ejercicio de la autoridad. La ciudadanía debe estar bien informada de los propósitos de las políticas y de los trabajos realizados, circunstancia que es condición indispensable para lograr el apoyo solidario de la sociedad en la consecución de los objetivos comunes. Será ésta una administración de puertas abiertas. Se atenderá a las denuncias y a las sugerencias de los ciudadanos. Se castigará el incumplimiento con todo el peso de la ley y se combatirá a fondo la ineficiencia y la corrupción.

Los servidores públicos deberán prestarse con eficacia y esmero; los funcionarios tienen la delicada responsabilidad de cuidar y utilizar con escrúpulo los recursos que el pueblo pone a su cuidado. Se ejercerá control y vigilancia para garantizar el estricto cumplimiento de las normas.

Es necesario alentar mecanismos para que la sociedad se exprese y se pronuncie respecto de la actuación de los funcionarios. Con ellos se dispondrá de medios efectivos para garantizar que los actos públicos cumplan los propósitos que la sociedad ha establecido. A la amplia libertad que existe en el país para expresar opiniones habrá de sumarse una mayor capacidad para influir en las decisiones, de acuerdo con el interés y la voluntad de las mayorías.

Fortalecimiento del Pacto Federal

La modernización política implica también la voluntad de dar plena vigencia a las facultades que la Constitución otorga a estados y a municipios. Un Pacto Federal vigoroso no puede descansar simplemente en la voluntad del Gobierno de la República, sino que supone un firme compromiso de los gobiernos estatales y municipales. Se fortalecerá la concertación entre el Gobierno Federal y los gobiernos locales, con pleno respeto a sus relaciones internas, para que los programas federales en sus áreas de jurisdicción sean diseñados y efectuados con su participación, al tiempo que se avanzará gradualmente hacia una mayor descentralización de recursos y de responsabilidades.

Así como la centralización de decisiones es un obstáculo para el desarrollo de la democracia en lo político y en lo administrativo, la concentración de la actividad, en todos los órdenes, es un freno al avance de la democracia en el significado amplio que le confiere la Constitución, y que abarca el mejoramiento en lo económico, lo social y lo cultural de todos los mexicanos. No es posible corregir súbitamente una pesada herencia de centralismo y concentración. Las labores necesarias se dificultan por la escasez de recursos. Sin embargo, se darán de inmediato pasos graduales pero firmes hacia la descentración y desconcentración. La inacción en esta esfera redundaría en costosos prohibitivos en el futuro. La concentración es un desperdicio de los recursos naciones distribuidos en el territorio. Cada vez resulta más oneroso sostener zonas saturadas donde se ha agotado el potencial productivo.

Avanzaremos con prudencia y firmeza, hacia una redistribución del poder decisión y de la actividad económica, social y cultural, para que estados y municipios puedan impulsar su desarrollo, de manera concertada y autónoma. Los gobiernos locales deberán, a su vez, atender la solución de sus problemas haciendo acopio de recursos propios en la medida de sus posibilidades.

La consolidación del municipio libre es condición indispensable para continuar avanzando en todos los órdenes de la vida nación. El municipio como eje del desarrollo social y económico, además de asumir su papel en la asignación y localización de la inversión pública, ha de convertirse en el núcleo que propicie la acción de los grupos sociales en materia de salud, educación, producción, vivienda, así como en el ordenamiento territorial y la conservación del medio ambiente. Debe destacarse que los municipios son muy diversos entre sí y, por lo mismo, las estrategias deberán también diferenciadas. Habrá de establecerse una tipología municipal que oriente y haga posible el diseño de estrategias específicas en materia de descentralización.

La vigencia del federalismo mexicano supone que cada ámbito de gobierno cuente con los elementos que le permitan asumir cabalmente sus atribuciones. En este sentido, deberá emprenderse un amplio esfuerzo para que los funcionarios y empleados federales adquieran nuevas formas y actitudes de trabajo. Será indispensable también iniciar una labor con servidores estatales y municipales, a fin de romper el círculo vicioso de incapacidad estatal-sustitución federal. En esta tarea no son útiles las apariencias descentralizadoras que, en el fondo, acentúan la dependencia del centro.

Como estrategia, la descentralización requiere un equilibrio dinámico que haga posible transferir decisiones y recursos en un marco global de congruencia; y significa la reformulación de la presencia federal en los estados, en términos de una nueva expresión de la unidad y la cohesión social.

La descentralización es un elemento esencial para reafirmar los vínculos entre sociedad y Estado. Los gobiernos estatal y municipal son las instancias más cercanas a la comunidad. Por ello deben ser estimulados como impulsores del bienestar de la población. Una mayor autonomía local dará un nuevo vigor a la política, a la economía y a la cultura, propiciará una mayor distribución de la población y un más justo reparto de la riqueza.

Impulso a la concertación y a la participación social en la conducción del desarrollo

Para asegurar la participación amplia y responsable de la sociedad es necesario fortalecer en ella la solidaridad y crear los mecanismos para el desarrollo de sus iniciativas. El nacionalismo se reafirma en la búsqueda permanente de la unidad de voluntades y esfuerzos para la realización de las aspiraciones colectivas; expresa una exigencia moral y política de participación concertada para establecer objetivos ya acciones y asegurar que éstos sean efectivamente nacionales, es decir, aceptados como suyos por la nación entera. Con estos propósitos, el Plan propone a la sociedad que junto con el gobierno se atienda a los siguientes aspectos:

• ensanchar y perfeccionar los causes para la concertación con las organizaciones de la sociedad civil;
• promover el mejoramiento de la democracia en las organizaciones representativas de los grupos sociales; y
• propiciar una mayor igualdad de oportunidades, gestionando el bienestar y los intereses de grupos marginados, de mujeres y jóvenes, de niños y ancianos.

Fortalecimiento de los causes de concertación con las organizaciones de la sociedad civil

La sociedad se da a sí misma organizaciones en las que se agrupan individuos con actividades afines o propósitos comunes, para pugnar con la defensa de sus legítimos intereses. Estas organizaciones no siempre tienen objetivos políticos propiamente dichos, o éstos no forman, las más de las veces, parte de sus fines primordiales. El país requiere del fortalecimiento de estas organizaciones, que representan un elemento fundamental en la consolidación de una cultura democrática, y son instrumentos efectivos de expresión ante sociedad y gobierno, e instancias útiles para la concertación.

En ejercicio de sus derechos, las organizaciones de los sectores sociales reclaman una mayor participación en actos que corresponden al Ejecutivo en la conducción del desarrollo del país, y los afectan directamente. Por su arte, el gobierno tiene la facultad de concertar con estos grupos, y la obligación de hacerlo para fortalecer el desempeño democrático de sus funciones.

Al concertar, el gobierno cuidará el interés de las mayorías, asegurando que exista, en los foros respectivos, una representación adecuada de los intereses que pudieran ser lo más afectados. La participación debe ser amplia, pero sin restar efectividad al proceso de decisión.

Concertar es convencer, es lograr el reconocimiento del interés común y el justo equilibrio deseado mediante el diálogo y la negociación. Ello no invalida la conveniencia de ejercer la autoridad, o recurrir a las instancias que tengan la facultad para hacerlo, en los casos en que por falta de entendimiento no sea posible asegurar el interés mayoritario con el acuerdo entre las partes.

El avance en la consecución de los objetivos del desarrollo demanda una mayor participación social. En el combate a la inflación, la concertación ha mostrado su eficacia para que la sociedad, motivada por el consenso y expresada su responsabilidad en compromisos claros, sume esfuerzos para obtener resultados significativos en la realización de sus metas. El Consejo Nacional de Concertación Económica, integrado por representantes de diversas organizaciones sindicales, asociaciones campesinas, agrupaciones profesionales e instituciones académicas, ha sido y seguirá siendo un importante apoyo para que el Ejecutivo promueva la participación de los diferentes sectores en las tareas emanadas de los Acuerdos Nacionales, para alcanzar los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 19891994.

Democratización de las organizaciones representativas de la sociedad

La ampliación de la vida democrática del país requiere, para ser efectiva, abarcar todos los órdenes. El Estado debe democratizarse, pero también las organizaciones de la sociedad. A la obligación del Estado de ampliar los canales para el ejercicio de la democracia a nivel nacional corresponde, en el Acuerdo Nacional para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática, la obligación de cada ciudadano de contribuir con su participación al perfeccionamiento democrático en todos los órdenes, exigiendo no sólo a gobierno mayor apertura, sino también a las organizaciones a las que pertenece. La existencia de agrupaciones más democráticas y eficientes será la base para que la movilización social se oriente a alcanzar los objetivos superiores de la Nación.

Participación de la mujer y de la juventud

No obstante, la participación más amplia de las mujeres en los diferentes campos de la vida nacional subsisten diferencias importantes y desigualdades en cuanto al número y calidad de oportunidades que el medio brinda a la mujer en la educación, en el trabajo y en las organizaciones políticas y sociales. Ésta es una realidad incompatible con nuestras aspiraciones democráticas y que debemos transformar. Para ello el gobierno apoyará y promoverá la plena integración de la mujer al desarrollo nacional y a sus beneficios, atendiendo la legítima demanda de abrir mayores espacios a su participación en todos los órdenes.

A la juventud deben asegurársele amplias oportunidades de educación y de capacitación para el trabajo. En especial, es preciso aumentar las fuentes de empleo para satisfacer las demandas de quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral. Los ideales y aspiraciones de los jóvenes deben ser objeto de consideración y su participación social y política debe ser respetada y alentada. A los niños y a las personas de edad avanzada debe proporcionárseles el trato humano que merecen; se inculcará en los primeros los valores democráticos, y se alentará el respeto y reconocimiento de la experiencia y sabiduría de los segundos. Es preciso desterrar el abuso de menores e incrementar los beneficios laborales de retiro y atención a los ancianos.

La democratización propuesta no persigue sólo cambios materiales sino, sobre todo, transformaciones en las actitudes y en las conductas que hagan posible una cultura de la igualdad, que al preservar lo mejor de las tradiciones y valores, se constituya en fuente de renovación permanente.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. México. Secretaría de Programación y Presupuesto. 1989.