México

La soberanía no es negociable
El problema de la soberanía es complejo, y al ocuparse de él se corre el riesgo de abordarlo de manera fragmentada y parcial. En realidad es una cuestión que cubre un campo que rebasa lo que formalmente se recoge en los textos legales en que se reconoce el principio de la soberanía nacional. Y desde luego es un asunto de gran importancia política, de ahí que toda organización seria tenga que interesarse en él.

En  un boletín de prensa titulado "Reafirmar nuestra soberanía, jamás negociarla", decía recientemente el Movimiento del Pueblo Mexicano (MPM): "...ante el fracaso de la política de apertura hacia el exterior, que de hecho cede soberanía a cambio de quién sabe qué beneficios por parte de Estados Unidos, no queda más que reafirmar nuestro derecho a gobernarnos de manera libre e independiente, esto es, reafirmar y actualizar el camino seguido por el gobierno de Cárdenas con la expropiación y nacionalización del petróleo. No hay tiempo que perder, la actual negociación de la deuda externa ofrece una -oportunidad que no debe desaprovecharse, ningún alivio financiero es aceptable si el precio es ceder soberanía, porque ésta no es negociable."

"Para que la negociación de la deuda contribuya a reafirmar nuestra soberanía -concluye el citado boletín- es preciso que nuestro pueblo sea informado oportuna y transparentemente del curso de las negociaciones. De otra manera resulta demagógico exhortar a la unidad nacional. Que la opinión y los intereses del pueblo sean los decisivos en la negociación; ·no es ya justo ni posible más sacrificio en su nivel de vida; que los logros obtenidos no sean fruto de concesiones ni privilegios, sino de la fuerza que da la unidad latinoamericana en torno a demandas legítimas e impostergables. Tratos bilaterales de excepción y privilegios inaceptables sentarían un precedente nefasto para el esquirolaje y la división de nuestras naciones; que el alivio financiero sea, a cambio de no otra cosa que del derecho y la necesidad de que nuestro país se desarrolle sobre bases sanas, a partir de una relación equitativa y mutuamente ventajosa con los- EU,  que  sea el principio del nuevo orden económico internacional que nuestro país reclama y que la ONU aprobó desde hace años".

En un siguiente boletín de prensa, el MPM señalaba: "La deuda externa no puede seguir pagándose a costa del estancamiento económico y el desempleo y con el deterioro del nivel de vida de la mayoría de la población y la baja de los salarios reales. El costo político y social ha sido ya demasiado alto y el país no puede seguir desangrándose indefinidamente. Es indispensable aumentar la inversión, elevar los salarios reales, fortalecer la planta productiva, alterar la injusta distribución de la riqueza y reanudar el crecimiento. El MPM reitera que esta es la única salida congruente con los principios constitucionales y con , los mejores intereses de México."

En rigor, la defensa de la soberanía es preocupación y parte del quehacer cotidiano del MPM. Y el problema de la soberanía y su defensa eficaz se plantean en los más diversos campos y están estrechamente ligados a cuestiones de orden económico, jurídico, político, social y cultural.

El principio de la soberanía nacional y popular
¿En qué consiste y cómo se consagra en las constituciones modernas el principio de la soberanía nacional? Consiste esencialmente en el reconocimiento del derecho de los pueblos a su autodeterminación. Es decir, a elegir el camino que prefieran, a darse la forma de organización jurídica, política y social que mejor responda a sus intereses, a establecer el tipo de gobierno que consideren más adecuado y, desde luego, a crear las condiciones que les permitan hacer que esa soberanía tenga vigencia en la práctica, esto es que no sea meramente formal declarativa.

A partir de un comentario que hice en un artículo escrito hace tiempo, quisiera retomar algunas ideas que puede ser útil poner a consideración del lector.

El artículo 39 de la Constitución Política de México reconoce un derecho fundamental, no ya de los individuos -como ocurre con el régimen de garantías individuales y de libertades democráticas consideradas aisladamente-, sino del pueblo en su conjuntó. El pueblo tiene en todo tiempo, dispone dicho precepto, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Esta es la esencia del principio de la soberanía nacional.

Este precepto tiene una larga historia y se encuentra en todas. las constituciones políticas modernas. En nuestro país aparece ya en la Constitución de Apatzingán, de 1814, la que lo considera "un derecho de la sociedad", fruto ésta de la unión voluntaria de los ciudadanos. "La sociedad, decía esta Constitución, tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más convenga, alterarlo, modificarlo o abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera."

El derecho a la autodeterminación de los pueblos, o sea el principio de la soberanía nacional y popular, tiene un rango especial.  En cierto modo es un derecho del que depende la posibilidad de ejercer los demás, o en otras palabras, sin el cual fácilmente pueden restringirse y aun cancelarse otros derechos y libertades. En efecto esto acontece cuando un país es agredido y ocupado por otro y éste impone un gobierno de facto que no tiene otro apoyo que la fuerza militar, y que a partir de violar la soberanía nacional suspende todas las demás garantías y libertades e impone arbitrariamente un régimen autoritario. Ocurre inclusive cuando un gobierno antidemocrático o dictatorial surge del derrocamiento de otro o simplemente se aparta de la ley, y basado también en la fuerza, viola la Constitución y desconoce los derechos que ésta otorga a los ciudadanos y al pueblo en su conjunto, e impide su ejercicio.

Podría decirse que son tres los aspectos fundamentales del principio de la soberanía nacional. El primero es el derecho a la autodeterminación, es decir el derecho de todos los pueblos a darse, como antes dijimos, el tipo de gobierno y aun la forma de organización jurídica, política y social, o sea la forma de vida que prefieran.

El segundo aspecto es la relación entre la soberanía nacional y la soberanía popular. El artículo 39 de nuestra Constitución establece al respecto que "el principio de la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo." Esta afirmación tiene una importancia decisiva y destaca un hecho fundamental: el de que no sólo hay una estrecha relación entre soberanía nacional y popular sino que ésta es incluso la fuente o la base de aquélla.

Y un tercer elemento, también de enorme importancia, y estrechamente ligado al anterior, -del que depende en un momento dado "la soberanía popular- es lo que suele llamarse el derecho a la revolución, pues un pueblo no tendría en realidad manera de ejercer su soberanía nacional y de darse el tipo de gobierno y de organización que prefiera si, como lo establecieron las constituciones clásicas y concretamente la francesa, no tuviera el derecho a la revolución. Es decir el derecho a darse esa organización a través de las luchas que una situación determinada haga necesarias; a través, de ser preciso, de medios revolucionarios y aun de una revolución social que fue lo que hizo posible el surgimiento de las naciones modernas en el llamado mundo occidental, para acabar con un mal gobierno.

En efecto, sin la revolución inglesa del siglo XVII no habría habido en la segunda mitad del XVIII, una Inglaterra capitalista moderna y democrática; sin la revolución norteamericana los Estados Unidos no . habrían sido la república liberal que pone fin a la dominación inglesa; sin la revolución de 1789 Francia no habría podido liquidar el feudalismo y abrir paso a un nuevo Estado y una nueva sociedad; sin la revolución anticolonial latinoamericana no habrían nacido nuestras repúblicas a principios del siglo XIX. O en otras palabras, sin revoluciones, en esencia, no habría naciones soberanas ni posibilidad de que los pueblos ejercieran libremente sus derechos. Y esto es fundamental entenderlo porque las clases en el poder tienden siempre a pensar que sus intereses y aun sus privilegios, son el límite de los derechos populares. Así es como esas clases merman, limitan, angostan el ámbito en que el pueblo puede ejercer sus derechos, al reducirlo a una legalidad formal que a menudo sólo expresa el deseo de preservar ciertos intereses. Tal posición restringe gravemente el derecho a la soberanía que la constitución francesa, en particular, deja en pie para que los pueblos ejerzan incluso por vías revolucionarias, pues si la revolución se ve no como un derecho sino como un acto ilegal e inaceptable que rompe el orden establecido, de hecho se mutila, se lesiona seriamente e incluso se liquida el principio de la soberanía del pueblo.

En otro trabajo hacía ya mención de algo que conviene tener presente. A veces se piensa que nuestra soberanía no está en peligro, que es un principio inviolable, consagrado en nuestras leyes, casi un dogma que no está a discusión ni puede ser puesto en duda. Y si bien se trata de un derecho fundamental conquistado en cruentas luchas y a costa de grandes sacrificios, también es cierto que las leyes sólo se cumplen cuando se es capaz de crear condiciones que aseguren su vigencia efectiva.

La soberanía, pues, no puede darse por supuesta ni confundirse en sus diversas acepciones. La soberanía del Estado, por ejemplo, es más fácil de comprender como el poder que un Estado ejerce en un territorio determinado, al imponerse y aun destruir a otros poderes. En tal sentido es una soberanía interna, aunque además tiene una proyección internacional porque el Estado representa a la nación en las relaciones con otros Estados.

La relación entre el Estado y el Derecho es más compleja. A menudo se afirma que aquél rige y aun se subordina, en teoría, a éste; pero en la práctica ocurre lo contrario, es decir que el Derecho procede del Estado y que, como decía alguna vez Narciso Bassols, más que un Estado de Derecho estamos frente a un Derecho de Estado, o sea frente a una situación en que la fuerza del Estado es la que sanciona y da valor al Derecho.

La doctrina de la soberanía nacional resuelve el problema del poder del Estado de otra manera, atendiendo a su origen o sea a la fuente de la que procede. Según Rousseau, el poder del Estado se basa en la nación, en la voluntad general. La nación es anterior y superior al Estado y se expresa en esa voluntad general. Pero ¿existe realmente esta voluntad?

El pueblo, fuente de la soberanía nacional
La doctrina de la soberanía popular da un paso adelante. Explica el poder del Estado en razón de que su fuente es el pueblo, la masa del pueblo y lo que éste determine. A diferencia de las concepciones teológicas medievales, el origen del poder del Estado no es ya el derecho divino sino el derecho positivo, no es Dios sino el pueblo. Y éste se expresa a través de las elecciones.

El artículo 39 de nuestra Constitución, como ya dijimos, establece que: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste..."

El artículo 40, a su vez, dispone:

"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental."

Frente a tales postulados debemos precavernos de no caer en posiciones simplistas y aun dogmáticas. Que el Estado ejerce el poder en nombre del pueblo es una afirmación que no vale por si misma; es preciso comprobarla. El principio de la soberanía nacional se concreta a través del sistema representativo y democrático. El régimen republicano es representativo porque en una sociedad tan compleja no podría ser directo. Y la representatividad depende de que ese régimen sea realmente democrático. Pues bien, en una democracia liberal, individualista, propiamente burguesa, la democracia se expresa a través del sufragio, esto es de la emisión libre del voto. Si las condiciones de los votantes son desiguales, ni modo, lo que en esa democracia importa es que se supone la igualdad formal ante la ley, y lo mismo sucede con la libertad, que usualmente también se da por supuesta, o con el hecho de que aun si una elección es democrática, entre ella y la siguiente el pueblo no participa en la toma de las decisiones más importantes ni puede modificarlas, ignora a menudo lo que hacen los altos funcionarios, carece incluso de información al respecto y en rigor no ejerce la soberanía que la ley le atribuye.

Un precepto jurídico, por importante que sea, no basta para que cobre vida en la práctica. La soberanía nacional, se reitera a menudo, reside en el pueblo. Esto ayuda a entender lo que significa ser realmente soberano. La soberanía no es un concepto abstracto, no existe el margen o por encima del pueblo. Este es su titular y el único que puede ejercerla. Más no sólo porque así lo disponen las leyes sino porque tenga realmente la posibilidad de hacerlo.

Un pueblo endeudado, sujeto a las arbitrarias e injustas exigencias de sus acreedores y al que desde fuera se le imponen condiciones leoninas e inaceptables sin importar los sacrificios que entrañan, no es soberano. La deuda externa no es sólo hoy asunto financiero que importe a los banqueros, una cuestión técnica o siquiera meramente económica, sino un problema de soberanía real, un problema político que lesiona nuestra soberanía, merma nuestros recursos, impide utilizarlos como más nos conviene y nos obliga a aceptar una política y aun una estrategia de desarrollo contraria a nuestros mejores intereses.

Un pueblo que no sabe leer ni escribir o que no es capaz de pensar por si mismo, no es soberano. De ahí la importancia de la soberanía cultural, de la capacidad para rescatar los valores fundamentales de la cultura popular y para hacerlos valer en la lucha por preservar la identidad nacional. Un pueblo que carece de independencia económica y que no puede utilizar sus riquezas en beneficio propio, no es soberano; y por ello la relación indisoluble entre la soberanía e independencia económica. Pensar que un país puede hoy ser soberano sin ser económicamente independiente es conformarse con un precepto formal y no entender que dicha independencia es la condición para el ejercicio real de la soberanía.

Un pueblo desorganizado, disperso, que no disfruta de libertad y no ejerce realmente el poder político, tampoco es soberano. Sin democracia, en particular, no hay soberanía. Los mexicanos lo sabemos bien porque, sobre todo en tratándose de los puestos más importantes, más que ser nosotros quienes elijamos a los más altos funcionarios, son otros los que lo hacen. Acaso ninguno de los últimos presidentes de la República habrían llegado a serlo si el presidente en turno no fo hubiera escogido como su sucesor. Aún si la imposición no estuviese presente, el régimen electoral en nuestro país deja mucho que desear.

Con frecuencia son más quienes no votan que quienes lo hacen, el padrón electoral adolece de las fallas y vicios, el sistema de cómputo exhibe múltiples irregularidades, el proceso todo depende más del gobierno que de los partidos y los ciudadanos, y no pocas veces se incurre en fraudes de una u otra monta, pero que sin duda exhiben el carácter antidemocrático y aun ilegal de los comicios. Lo-que quiere decir que, a casi 80 años de iniciada la revolución que proclamó el "'Sufragio efectivo", estamos todavía lejos de conseguirlo y de lograr una democracia, entendida ésta como un gobierno del pueblo. Lo que tenemos es un gobierno que está en manos de segmentos minoritarios, de los ricos, de ciertas fracciones de la burguesía o de elementos, a veces incluso de origen popular pero a su servicio, y que si bien suelen hablar de democracia y de ciertos valores nacionales, en la práctica no pueden defenderlos eficazmente, y no pueden hacerlo porque en vez de subordinar sus intereses particulares a los de la nación y el pueblo en su conjunto, tratan de hacerlos prevalecer, y casi siempre por medios autoritarios y antidemocráticos.

Entender todas esas relaciones es necesario no sólo porque en ellas se expresan contradicciones no fáciles de resolver, sino porque muestran la compleja trabazón de la soberanía con otros elementos.  Y aquí es donde se aprecia que el principio de la soberanía y la posibilidad de ejercerla están ligados a la independencia económica y cultural, a la independencia política y social e incluso a la paz y la amistad entre los pueblos.

El peligro de una guerra nuclear que amenaza a la humanidad entera y su supervivencia, crea condiciones históricas nuevas que condicionan la posibilidad misma de ejercer la soberanía nacional. Incluso guerras sucias menores localizadas en ciertas regiones, como la que hoy sufre Nicaragua, atentan gravemente contra la soberanía. Aun habiendo triunfado la revolución sandinista, Nicaragua no está hoy en condiciones de dar a su desarrollo el curso que su pueblo querría. Está invadida por una potencia extranjera, e impedida por esa guerra aparentemente sin importancia, de "baja intensidad", confiada a un ejército mercenario, para hacer lo que en otras condiciones seguramente intentaría.

Como decía el Che, la soberanía nacional significa primero el derecho que tiene un país a que nadie se inmiscuya en su vida, el derecho de un pueblo a darse el gobierno y el tipo de organización social que libremente elija. Pero todos estos conceptos de soberanía política, añadía el comandante Guevara, de soberanía nacional son ficticios si al lado de ellos no está, como antes señalamos, la independencia económica. Y el pueblo no puede soñar siquiera con la soberanía si no existe un poder que responda a sus intereses y aspiraciones.

Este es, pues, el alcance de la soberanía, la complejidad de su ejercicio, la importancia de comprender que es en el ámbito de la lucha política en donde, en verdad, se dirime la significación real de ese principio y donde es preciso demostrar la capacidad práctica para hacerlo valer no simplemente para creer en su vigencia porque una ley de alto rango lo asegura.

Precisamente hoy, nuestro pueblo lucha por preservar y defender su soberanía. Y desde luego no lo hace por primera vez. En nuestra historia moderna, en particular, México libró innumerables batallas por su soberanía e independencia. Aunque sea de manera muy rápida e insuficiente, quizá no sea por demás recordar algunos de los momentos estelares de esas luchas, porque en ellas se fue forjando lo que hoy es nuestra patria.