Agosto 28 de 1988

El reclamo del 6 de julio

México ha comenzado a redescubrirse a partir del seis de julio. La insurgencia electoral que se expresó en aquella jornada tomó por sorpresa, o confirmó certidumbres, según se quiera ver, a los distintos actores políticos del país. Pero más allá de la capacidad previsora de cada fuerza, parece claro que la Nación se sorprendió a si misma en la patente capacidad que sus fuerzas sociales y políticas más significativas manifestaron para opinar, proponer e influir a través del elemental pero históricamente dificultado acto que es el voto ciudadano. Los mexicanos votamos, y de hecho hemos seguido votando a partir del seis de julio por la democracia. Con énfasis de distinta intensidad, pudo apreciarse también un reclamo que había estado virtualmente contenido, y que por eso en algunos sitios se manifestó de manera novedosa. Se trató de un reclamo ante las inequidades de la política económica reciente y por una apertura creíble y duradera, del sistema político.

Llamado de atención y clamor participativo, el reclamo del seis de julio conmovió a todas las fuerzas políticas, especialmente a aquellas que habían usufructuado el ritual en que estaban convertidas las elecciones. El hecho de que haya sido precisamente a través del voto, y no por vías al margen del marco constitucional, confirma que la sociedad mexicana quiere cambios pero a la vez, la consolidación de un orden político que haga propicia una estabilidad democrática. El del seis de julio fue un voto por la reforma, saneamiento y corrección de las instituciones políticas. Las principales fuerzas del país, sus dirigentes, los ciudadanos que participaron activamente en ellas ahora tienen la responsabilidad de interpretar sin prejuicios y atender sin autoritarismos ni autocomplacencias ese mensaje popular del seis de julio.

El partido gubernamental ha experimentado el conflicto más agudo en por lo menos cuatro décadas. El esfuerzo de pluralidad que la sociedad mexicana ha protagonizado ha sido a pesar de, en contra de, tendencias autoritarias decantadas y exacerbadas durante muchos años en el PRI. Importantes segmentos de nuestra sociedad votaron para manifestar que ya no se consideran representados por ese partido. La escisión que protagonizó la Corriente Democrática, independientemente de sus aún inciertas dimensiones cuantitativas, se originó, precisamente, en la reticencia de las cúpulas del gobierno y de ese partido para admitir un abierto juego de posiciones internas, conforme a los estatutos vigentes, y en contra de la norma no escrita que da al presidente de la República en su calidad de líder del PRI, la facultad de nombrar a su sucesor (hasta ahora, uno de los mecanismos clave para la continuidad del régimen político vigente). Durante varios meses la dirigencia priísta y sus voceros, institucionales u oficiosos, se enfrascaron en una sucia campaña en contra de los dirigentes de la Corriente y de quien sería su candidato presidencial.

El deterioro del PRI ha evidenciado, incluso a los ojos de numerosos miembros de ese partido, la necesidad impostergable de que se emprenda una profunda reforma para hacer de ese un auténtico partido. Pero ello requiere el convencimiento, por parte de quienes lo dirigen, de que, en las nuevas circunstancias del país, tienen frente a sí a una oposición capaz de competir. Aceptar a la oposición como interlocutora imprescindible, como protagonista de los procesos políticos del futuro inmediato y como efectiva fuerza alternativa en el Estado; es el único camino que el gobierno, y su partido, tienen para lograr un sólido avance nacional.

Si en términos nacionales el descenso real —más allá de la disputa en torno a las cifras electorales- en la votación por el PRI resulta evidente, lo es más aún en distintos y amplias zonas del país. El caso más patente, pero no el único, es el de la ciudad de México. Resulta significativo que haya sido precisamente en las zonas urbanas de mayor densidad en donde las dificultades económicas, coinciden con mayores posibilidades de información y discusión políticas, en donde el partido del gobierno haya salido peor librado. En la capital del país, el tercer lugar electoral ocupado por el candidato presidencial del PRI, revela desacuerdos viejos y sobre todo nuevos por parte de los ciudadanos que, con ese voto, reclaman definiciones ante sus nuevas realidades y requerimientos políticos y sociales.

Parte de la movilización real y el descontento urbano, fue capitalizado, como era previsible, por el Partido Acción Nacional, si bien en estas elecciones aprovechó la división de los votos tradicionales del PRI que fueron a dar al FDN. Aunque no puede asegurarse que esa organización tenga el monopolio de la representación electoral urbana, también sería inadecuado menospreciar la influencia que dicho partido ha podido consolidar.

Además de la inconformidad en zonas y regiones muy especificas, Acción Nacional es un vocero importante de actitudes extendidas entre las clases medias y entre los grupos dominantes de nuestro país. En estas capas, el PAN tiene la posibilidad de establecer un referente institucional, y de desplegar una elaboración política e intelectual que, en caso de desarrollarse, podría contribuir al enriquecimiento de la vida política mexicana.

El abanico ideológico que hoy se ampara y sintetiza bajo las siglas del PAN, cubre una extensa variedad de posiciones que deberían encauzarse partidariamente, así se trate, como es el caso, de expresiones sumamente atrasadas, reaccionarias o de plano retrógradas en lo que se refiere a la organización estatal y al desarrollo social. Se puede decir que, más allá del voto circunstancial en contra del PRI, ya existe una fuerte corriente electoral, que comparte los principios programáticos y la política del PAN y que, en el futuro, debería aceptar insertarse, de un modo legítimo y permanente, en el marco institucional de un nuevo régimen de partidos, con los riesgos y las posibilidades propias de un sistema fundado en la alternancia del poder, igual para todos y sin discriminación de orden ideológico. Es justo reconocer, en este terreno, la aportación de Acción Nacional a la defensa de la vía electoral como el único camino posible para el cambio de poderes, en el marco de la Constitución de la República.

Como quiera que se le vea, el reconocimiento por parte de todos de que el PAN es una formación política histórica y legítima, es indispensable para avanzar con seguridad hacia la construcción de un auténtico sistema de partidos en nuestro país.

También sería parte de ese proceso la traducción de la fuerza electoral del neocardenismo en un referente estable, sólido y con principios claramente definidos. No se trata de una tarea fácil. La en muchos sentidos significativa figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas logró la acción unitaria que por otras vías, durante muchos años, las izquierdas mexicanas no habían podido conseguir. Gracias a esa candidatura unitaria el Frente Democrático Nacional se ubicó, sin lugar a dudas, como una fuerza electoral más que relevante; pero, además, conquistó posiciones de indiscutible triunfo en distintas regiones y distritos electorales. Por eso resulta importante no sólo la defensa de esos triunfos, sino la consolidación del agrupamiento político que los hizo posibles. El FDN no ha alcanzado un funcionamiento suficientemente cohesionado y los muy variados agrupamientos que lo integran todavía tienen mucho por andar en la definición de sus reglas y temas de acuerdo mutuos. Sobre todo, junto con las precisiones orgánicas se requiere de una profunda elaboración y discusión ideológicas que le permitan al FDN conformar un programa político en todo el sentido del término, que trascienda los generales acuerdos de plataforma electoral que hasta ahora ha mantenido.

Precisamente, más allá del litigio electoral de estos días, sociedad y partidos tienen, entre todos, la posibilidad de ponerse de acuerdo en los ritmos y. los términos de la transición política que los mexicanos aprobamos, con nuestro voto, el seis de julio.

No existe una relación causal simple para explicar el voto; pero sin duda sobre su diversificación influyeron procesos de larga gestación y elementos del momento que modelaron el nuevo cuadro electoral. Entre los primeros se encuentran procesos de urbanización, alfabetización, educación, que han construido espacios urbanos más diversificados cultural y políticamente; la crisis económica que ha marcado a una generación y sus expectativas; el lento pero sostenido proceso de conformación de opciones políticas distintas ubicadas a los flancos del partido oficial. Si a ello sumamos la escisión que vivió el PRI, la conformación de un frente de centro-izquierda que aglutinó a corrientes que habían venido trabajando en paralelo y la emergencia de una derecha beligerante, quizá podamos comprender cómo historia, política y economía se concentraron el seis de julio para aparecer un México plural en lo político.

Los resultados de la elección, más allá del litigio en torno a las cifras oficiales que han sido impugnadas por los partidos de oposición, muestran un país que no puede ser alineado en el monolitismo como en el pasado. Los ciudadanos buscan, y encuentran, discursos, organizaciones, plataformas y propuestas distintas y ellas adquieren cauce a través de una amplia diversidad de partidos y agrupaciones sociales. Estamos ante un pluralismo que demanda pensar al país con nuevas fórmulas.

De igual manera, para que esa realidad emergente tenga cauces de expresión, parece necesaria una serie de reformas a normas e instituciones con el objetivo de fortalecer y ampliar el terreno de la confrontación democrática.

Estamos ante una situación prevista y deseada por distintos partidos y agrupaciones políticas, así como por intelectuales y organizaciones sociales. Pero a diferencia del pasado inmediato hoy todo parece indicar que la aspiración de una transición democrática cuenta con el respaldo activo de franjas importantes de la población.

La agenda

1. Hacia una auténtica división de poderes. La lección democrática del seis de julio muestra también un aspecto que es insoslayable en el actual debate político: a través del voto ciudadano hubo un pronunciamiento claro y evidente en contra del presidencialismo autoritario y un reclamo por la disminución de las hasta ahora excesivas y a menudo incontrolables facultades del Poder Ejecutivo. También, fue un voto por el restablecimiento de una auténtica división de poderes en la que, sin entorpecerse la función de ninguna de ellos, pueda sin embargo prevalecer el control de unos por otros y un verdadero equilibrio entre los mismos.

Es indudable que las facultades y poderes más importantes del presidente de la República tienen un fundamento legal y constitucional; pero es evidente también que en su ejercicio hay una tendencia permanente a abusar de esos poderes y facultades, por lo que se impone desde ahora reformar la Constitución y la legislación derivada, para imponer un límite y un control efectivos tanto a eso poderes y facultades como a su ejercicio. La mayor parte de las reformas que se han hecho a la Constitución y a sus leyes en los últimos setenta años han derivado, por lo común, en un aumento incontrolable de las facultades del Ejecutivo, que han venido acentuando su carácter autoritario sin que, por otra parte, hayan redituado en una mayor eficacia de las funciones del gobierno. Todo lo contrario: á una mayor concentración de poderes de naturaleza incontrolable ha correspondido, por lo regular, una acción gubernativa cada vez más impotente para resolver los grandes problemas nacionales. El enorme aparato burocrático que se ha desarrollado en los últimos tres o cuatro decenios; por lo demás, no ha puesto ningún correctivo al problema, sino que, más bien, lo ha agravado, aumentando su incontrolabilidad, pues el aumentar sus facultades muchas veces incapaces de ejercerlas por si solos, los presidentes las delegan en funcionarios a los cuales ni ellos mismos pueden controlar, y menos aún el Congreso que, como es bien sabido, no tiene atribuciones constitucionales para hacerlo.

Al Ejecutivo no puede negársele su facultad constitucional de iniciar leyes. En todos los Estados del mundo, grandes o pequeños, autoritarios o democráticos, casi todas las leyes las inicia el Ejecutivo por la razón, muy comprensible, de que es el poder encargado del gobierno de la sociedad el que está en mejores condiciones, dentro del Estado, de pulsar los problemas y de proponer soluciones. Pero en México esa facultad se ha desvirtuado en un doble sentido: por un lado, ha impuesto la subordinación del Legislativo, al que se ha impedido, mediante la presión y la compulsión políticas, deliberar en libertad en torno a los proyectos de ley y cuyas facultades de control sobre el Ejecutivo han sido acalladas, minimizadas o delegadas en el mismo Ejecutivo, como ocurre entre otros muchos casos con el control de la política financiera, de la deuda pública y de la política hacendarla y monetaria. Por otro lado, siendo cierto que el "primer legislador" del país es el Ejecutivo, no porque inicie leyes sino porque las impone, es cierto también que cada vez más se convierte en un pésimo legislador, cuyas iniciativas de ley surgen de todos los rincones del gigantesco aparato burocrático, obedeciendo a premuras o necesidades particulares de la oficina o del funcionario que las propone, sin que el presidente esté nunca en condiciones de conocer los problemas sobre los que versan las iniciativas y menos aún de controlar las acciones de sus funcionarios.

Es necesario reformar la Constitución y las leyes relativas, precisando mejor las facultades del Ejecutivo y estableciendo los controles que, sin entorpecer su ejercicio, requiere el Legislativo, para evitar todo abuso del poder y contribuir así a eliminar la ineficacia y el desorden en la acción del gobierno. Es particularmente necesario hacerse responsables ante el Congreso a los funcionarios del Ejecutivo, y dar a la Cámara de Diputados la facultad de ratificar y calificar el nombramiento de dichos funcionarios; ello haría que cada alto empleado de la administración pública fuera por lo menos, más cuidadoso en el ejercicio del poder que se le ha confiado. También es necesario que se elimine la facultad del presidente de designar a los altos miembros del Poder Judicial. Ello ha derivado en una subordinación, igualmente perniciosa, del poder encargado de la impartición de justicia y del control de nuestra constitucionalidad.

La misma responsabilidad del presidente ante el Congreso deberá definirse mejor con adecuadas reformas a la Constitución y a la legislación derivada. De acuerdo con el artículo 80 constitucional el depositario exclusivo del Ejecutivo es el presidente de la República y, por lo mismo, es el único responsable ante el Congreso, hablando de dicho poder. Pero resulta que esa atribución en la práctica, se agota en la obligación de rendir un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública y en la obligación de los secretarios de Estado y jefes de Departamentos de comparecer ante las Cámaras cuando alguna de éstas lo requieran, sin que ello entrañe responsabilidad alguna de su parte. No puede haber equilibrio verdadero entre los poderes de la Unión si' el Legislativo no tiene la facultad de controlar, mientras se realiza, la acción del Ejecutivo. Ello es particularmente importante tratándose de cuestiones presupuestarias o de política hacendarla, comercial e industrial, así como de política interior.

El Senado. Si alguna institución se ha mantenido ajena a los vientos del pluralismo es el Senado de la República. Su composición sigue sin reflejar cabalmente a las fuerzas políticas y su inserción en el país. A pesar de que por vez primera han arribado senadores no postulados por el PRI, la integración de la llamada Cámara alta sigue estando demasiado inclinada en favor de ese partido. Bastaría señalar que con aproximadamente el 50 por ciento de la votación, el PRI contará con el 94 por ciento de los senadores.

Si a ello agregamos la nueva forma de elección de los senadores uno cada tres años por estado tendremos que los comicios para esta materia serán por "todo o nada", lo cual no solamente tenderá a hacerlos más tensos sino, también excluyentes.

Ampliar la representación en el Senado introduciendo el criterio de representación proporcional por entidad, serviría para inyectarle pluralismo a esa Cámara, para que reflejara mejor lo que existe en el país, y para que desarrollara su labor de mejor manera.

2. Un nuevo régimen político para la ciudad de México. Más del 70 por ciento de los ciudadanos en la principal entidad federativa del país, votó por la oposición. Pero si la legislación que hasta ahora se ha mantenido sigue aplicándose en la ciudad de México tendremos un regente designado en forma legal, pero sin el necesario consenso de aquéllos a quienes pretenderla gobernar. Los resultados del seis de julio en la ciudad de México han sido la más patente manifestación de inconformidad ante crecientes carencias, de toda índole, en la capital del país. El injusto estatuto legal que la Constitución ha impuesto a los ciudadanos del Distrito Federal restringiendo notablemente sus derechos políticos, se traduciría ahora en una situación de aberrantes consecuencias: más de siete de cada diez ciudadanos que votaron, lo hicieron por el cambio político, pero no tienen aún la seguridad de que su voto se traduzca en modificaciones en el gobierno de la ciudad donde viven. Por eso, antes que nada, será necesario que cambie el procedimiento para designar al jefe del Departamento de la ciudad de México. El próximo gobierno de esta entidad tiene que experimentar una modificación que, aun cuando no fuese definitiva, sí manifestará la voluntad política de avanzar en un proceso de democratización. Como resultado de un acuerdo político para esta coyuntura, el regente podría ser designado por el titular del Ejecutivo, a partir de una terna que resultara del consenso (no de la mayoría simple) de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

La Asamblea misma tiene que abocarse de inmediato a dirimir y procesar las distintas opciones que, desde hace años, diversos partidos han sugerido para cambiar el pésimo régimen político de esta entidad. Aunque no cuenta con plenas facultades legislativas, la Asamblea puede arribar a un proyecto de nuevo régimen político que sería presentado al Congreso para su discusión y aprobación.

Distintas agrupaciones políticas han propuesto formas diversas para el gobierno del Distrito Federal, que intentan abrir espacios de la participación ciudadana, la elección de los gobernantes y la restitución de derechos políticos a los habitantes de la capital. Constitución de un estado más de la Federación en el territorio que hoy ocupa el DE, su municipalización, la creación de consejos delegacionales, todas ellas son propuestas que deben ser discutidas, para la transformación del gobierno de la capital.

Se trataría de iniciar un proceso de reforma para modificar el gobierno vertical y la restricción de los derechos de los ciudadanos.

3. Medios de comunicación, para el cambio democrático. Parte del clamor nacional del seis de julio se debió a la cerrazón de la mayor parte de los medios de información, especialmente la televisión y la radio. A pesar de las obligaciones que, en materia de responsabilidades sociales les adjudican diversos ordenamientos legales, los medios de información suelen funcionar como instrumentos de intereses políticos particulares, y no como voceros de la sociedad mexicana. Se requiere, en la transición democrática, de una activa y consciente participación, desde los medios de información más importantes, tanto para difundir las iniciativas políticas y sociales que vayan dando forma al cambio de la política nacional como, específicamente, para lograr la transformación de esos propios medios.

Será necesario que los trabajadores de la comunicación y la información, a través de sus agrupaciones más representativas, hagan un esfuerzo para opinar y proponer sobre la reforma de la prensa, la radio y la televisión, entre los principales medios. Junto con otras medidas posibles, se encuentran las siguientes:

a) Revisión y precisión del marco jurídico: La LIV Legislatura tendrá, entre otras tareas urgentes, la evaluación y discusión de la actual normatividad para la comunicación social, que padece una notoria dispersión, además de rezagos en materia de desarrollo tecnológico y social. Será necesario que se establezcan mecanismos para una permanente participación y fiscalización social en los medios de comunicación.

b) Democratizar las concesiones de radio y TV, atendiendo prioritariamente a las solicitudes de instituciones educativas, profesionales y políticas.

c) Declarar de interés público la televisión por cable y establecer mecanismos para que este servicio sea operado por diversas instituciones. Hacer de la banda de Ultra Alta Frecuencia, UHF, un versátil espacio de participación social, entretenimiento creativo y educación abierta. Establecer mecanismos para que cada partido político registrado tenga acceso constante a la comunicación electrónica.

d) Fortalecimiento de la Productora e Importadora de Papel, S. A. (PIPSA), que ha de ser entendida como instrumento de promoción para una prensa plural y accesible. Establecimiento de tarifas preferenciales para publicaciones no lucrativa.

e) Establecimiento de tarifas preferenciales para la publicidad política en todo género de publicaciones y medios de información.

f) Establecimiento de sistemas públicos, y plenamente confiables, para la verificación de tirajes de la prensa escrita y la medición de índices de audiencia, en el caso de los medios electrónicos.

g) Reglamentación clara y completa del artículo 28 constitucional, que establece la exclusividad del Estado en la transmisión de señales por satélite. Discusión pública, en el Congreso, sobre los nuevos proyectos mexicanos de comunicación por esa vía.

h) Derogación del acuerdo presidencial que permite a los concesionarios privados pagar una parte de sus impuestos con el 12. 5 por ciento del tiempo de transmisión.

4. Reforma electoral. En muchos de sus aspectos el cuerpo normativo electoral ha sido cuestionado. Su reforma y actualización resultan impostergables. El centro del litigio se encuentra en las formas de organización, cómputo y calificación de los procesos electorales.

Su organización en manos del Estado y del partido oficial vulnera la credibilidad y la transparencia que deben ser consustanciales a los procesos comiciales. Buscar fórmulas que garanticen una mayor intervención de los partidos, que restrinjan la injerencia del gobierno, que acoten la presencia del partido oficial, y que en suma, ofrezcan garantías a todos, haciendo de los principales actores auténticos corresponsables de la organización electoral, parece un primer paso, para asentar la credibilidad de los comicios.

Se requiere además un cómputo ágil e incuestionable. Los tiempos y las fórmulas que plantea la actual legislación no solamente lo hacen lento, sino también tortuoso. Simplificarlo, introduciendo los modernos sistemas de cómputo, y acelerarlo, son requisitos para impedir que los comicios caigan en descrédito. De igual manera se podría pensar en una forma distinta a la autocalificación de las elecciones, para que esa importante tarea se realizara con absoluta imparcialidad.

No son todas las normas que en esta materia deben ser actualizadas, pero sin duda forman parte de la columna vertebral del cambio requerido por el país.

Todas nuestras normas electorales están pensadas como si el país estuviera organizado en grandes partidos nacionales. El diverso mosaico de realidades que contiene, está obligado -por la norma- a expresarse a través de partidos o asociaciones políticas nacionales. Se trata de una camisa de fuerza que, de forma artificial, modela lo que son las corrientes políticas nacionales. Inaugurar cauces para que se expresen en el terreno nacionales peculiaridades étnicas, regionales, municipales serviría para contar con una representación más apegada a la realidad de lo que realmente es hoy nuestra nación.

5. La cuestión social. Así como la reforma del escenario político parece incuestionable, de igual manera la cuestión social merece una atención especial. No habrá democracia estable, si las desigualdades sociales siguen escindiendo al país en universos distantes y sin puentes comunes en el terreno de la vida económica y social.

Por primera vez en la historia posrevolucionaria del país, una generación de mexicanos se encuentra con la expectativa cierta de vivir peor que la generación anterior. Siete alias de decrecimiento económico, de caída de los salarios reales, de estancamiento de la planta productiva y de los empleos, con un crecimiento poblacional que demanda un millón de plazas de trabajo nuevo cada año, la dura carga que impone la deuda externa, las políticas fiscales y distributivas concentradoras e injustas, los rezagos en materia de programas de viviendas, salud, educación, hacen indispensable una reorientación de la política económica.

Así como se requiere forjar un pacto nacional a favor de la transición democrática, se necesita un acuerdo para reanimar la economía y atender las necesidades de la mayoría del país. Se trataría de un acuerdo básico que tendría por objeto fortalecer la planta productiva, haciéndola menos vulnerable a la dependencia y que se haría cargo de la pobreza que afecta a franjas inmensas de la población. Hay que apuntalar a la democracia para que tenga viabilidad. Un país escindido entre un mundo concentrador y excluyente y otro marginado y castigado, no puede ser terreno fértil para que se desarrolle la democracia.

La política de la transición

Un acuerdo nacional por la democracia tiene que ser, desde su concepción y concertación, precisamente eso: nacional, en tanto que consolide el compromiso de las fuerzas  sociales y políticas más representativas y democrático, es decir, amplio, público, preciso, capaz de llevar después de una necesaria reflexión colectiva, a decisiones que articulen una reforma política con ese signo.

Es indispensable que las dos grandes vertientes políticas confrontadas hoy, arriben a un entendimiento, que contemple plazos y condiciones para su realización. El grupo que actualmente domina en la coalición gobernante y. por otra parte, el grupo que articula al FDN-PMS, han expresado, por distintas vías y documentos, su coincidencia, más allá del actual diferendo electoral, en demandas de democratización política. Profundizar en los puntos de avenencia, más allá de la natural disputa por posiciones políticas inmediatas, es requisito para que esas fuerzas fundamentales del diferendo postelectoral sean pilares del acuerdo democrático que estamos sugiriendo. El grupo que se encuentra actualmente a la cabeza del Partido Revolucionario Institucional, ha manifestado su adhesión con la idea de una transición democrática y pacífica.

Pero incluso más allá del actual discurso priísta, parece claro que el país no podrá ser gobernado (ni se dejará gobernar) sin cambios reales, eficaces, en los mecanismos de mediación y de representación políticas.

Por otro lado, la Corriente Democrática que, después de desprenderse del PRI consiguió ser el eje de la amplia alianza de centro-izquierda, también ha expresado propuestas para un cambio democrático de las instituciones políticas. No es un secreto que dentro del FDN existen proyectos y, por eso, concepciones tácticas distintas, inclusive contrapuestas, sobre el camino que se abre y sobre el camino posible para el cambio social en muestro país. Un pacto para la democracia sería incompleto sin la participación, clara y corresponsable, de las corrientes socialistas que ya existen, con grados diversos de organización, peso social y político, hoy como partes del FDN, pero también como partidos que gozan de registro electoral propio. Una apuesta democrática por el cambio requiere de una decidida convicción, entre las fuerzas del FDN, en torno a la pertinencia de la concertación política. Dejarse llevar por la lógica de la confrontación, cuando estamos en el umbral de cambios profundos, sería apostarlo todo a una situación sin salidas democráticas. Retornar a la vieja y conocida política del autoritarismo y el inmovilismo, significaría cerrar las posibilidades de cambios que la mayoría del país reclama. La confrontación, en sentido estricto, sólo convendría al sector más conservador y minoritario del país.

La derecha política también tiene un papel importante en el pacto democrático. Es innegable que Acción Nacional encabeza a una fuerza que tiende a ser consistente, con presencias regionales de reiterado arraigo y con una cobertura ideológica y electoral que alcanza a todo el país, Ha sido evidente, además, que dentro del PAN se debaten, aunque no siempre en agrupamientos nítidos, una vertiente formada en el quehacer político institucional -y por eso sensible a la necesidad de acuerdos con otras fuerzas- ante otra que, impregnada de un discurso más contestatario que propositivo, busca privilegiar el enfrentamiento. Un amplio acuerdo, si hallase receptividad suficiente, daría cauce, dentro del debate nacional, a las propuestas que en torno a la democracia ha formulado ese partido. Habría ocasión así, para que se expresara la derecha democrática.

Pero cualquier pacto nacional sería incompleto si no incluyera, junto con los agrupamientos partidarios, a las fuerzas fundamentales de la economía. Las representaciones del trabajo y del capital, que se articulan en las principales agrupaciones del movimiento sindical y de los empresarios, también tienen compromisos y definiciones dentro de este pacto nacional.

La existencia de un régimen de partidos es perfectamente compatible con la creación de espacios para la representación de intereses sociales corporativos. La democratización del movimiento obrero y campesino permitiría que organismos como el Congreso del Trabajo cumplieran un papel clave en la economía, la vida social y cultural del país. En la constitución real, y no ficticia, de una área social. Pero ello exige la plena libertad de las organizaciones sociales para participar políticamente y la libertad de sus afiliados para pertenecer, si así lo desean, al partido que prefieran. También debe haber posibilidad para crear corrientes y plataformas que, sin romper el carácter de frente único de la organización social, pugnen por elevar, desde la base, la participación política de los trabajadores, como tales y como ciudadanos. La autonomía de las organizaciones sociales, requiere de una profunda reforma que liquide todos los mecanismos legales y extralegales, que las han subordinado a los designios de los diferentes grupos gubernamentales.

Los organismos patronales, por otro lado, han adquirido un peso político también insoslayable. Desplegando a menudo un pretendido y falso apoliticismo, buena parte de las cúpulas patronales han participado de las principales decisiones sobre la economía nacional en los últimos alias (decisiones que, además de contribuir a la consolidación del poder financiero de unos cuantos grupos, han influido en el disgusto político de muchos ciudadanos),

El espacio por excelencia para la concertación política debe ser el Congreso de la Unión. Allí están presentes las principales fuerzas políticas y sociales. Existen otros espacios, fundamentalmente en los medios de comunicación, que pueden ser concurrentes al Congreso en la tarea de facilitar el debate de propuestas y la difusión de acuerdos, A nadie escapa el hecho de que nuestro Poder Legislativo dista de ser eficaz y de contar con tradición participativa y recursos institucionales suficientes para cumplir cabalmente con sus principales responsabilidades. Precisamente, como ya apuntamos, uno de los primeros paquetes de reformas al sistema político tiene que dedicarse al fortalecimiento de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al perfeccionamiento y transformación de la nueva Asamblea de Representantes del DF. Tenemos espacios legislativos imperfectos, pero esos son los escenarios con que cuenta la República.

Con todo y sus limitaciones, es en las Cámaras donde debe desplegarse y articularse el debate nacional que estamos requiriendo. El país quiere y puede, apostar por su Congreso.

Los debates públicos, y la presentación de agendas, proyectos, iniciativas y programas, serán garantía de un proceso claro e informado que, desde sus métodos, permita arribar a una reforma democrática. Los diálogos y acercamientos privados no sólo son inevitables, sino necesarios. Sin embargo, lo fundamental es que el intercambio político se desarrolle de un modo cada vez más sistemático y amplio ante los ciudadanos y por cauces institucionales.

La disposición para una concertación nacional, requiere también de garantías elementales para todos los protagonistas del posible acuerdo. Sería imposible desarrollar la transición democrática, si al mismo tiempo se libran persecuciones o represalias políticas contra protagonistas o simpatizantes de la oposición. Queremos alertar contra la eventualidad de que en la administración pública se emprendieran reajustes y sanciones que perjudicaran a quienes, siendo trabajadores del Estado, han manifestado simpatías por algunos de los agrupamientos de la oposición. Se ha llegado a saber, también, que en algunos medios de comunicación, tanto privados como públicos, existen presiones o amenazas contra informadores que han procurado desplegar posiciones independientes, antes y después de las elecciones. Avanzar hacia un acuerdo democrático nacional, obliga a todos a extremar el respeto y la tolerancia mutuos. A ese compromiso está obligado, fundamentalmente, el poder gubernamental.

Los riesgos

Estamos ante una situación promisoria. Las posibilidades de avanzar hacia la democracia son muchas, pero no son las únicas en juego. Una dinámica de confrontación sin salidas nos podría hacer abortar lo que hoy concita la esperanza de millones de ciudadanos.

Por ello, nos interesa también señalar algunos de los riesgos del momento actual.

La contienda electoral tiene un cauce legal y tiempos claramente establecidos. Pueden y deben ser reformados, pero mientras tanto son el marco en el que se desarrolla el litigio. Mantenerse bajo sus preceptos parece ser la condición para evitar escaladas y desgarramientos.

Pero más allá de esa prevención, vale la pena pensar en lo que una dinámica sin entendimientos puede generar. Porque una escalada deslegitimadora desde la oposición, o dura desde el gobierno, no beneficiaría realmente a las fuerzas principales. Un gobierno débil podría dar pie para vulnerar nuestra soberanía; una oposición perseguida, para un proceso de descomposición.

El momento parece demandar a los actores principales que modelen sus intereses particulares teniendo en cuenta el interés de la nación. No se trata de una frase. Se trata de que los acuerdos hoy necesarios deben tender también al fortalecimiento de la soberanía nacional, y ello no será posible sin un marco para que la pluralidad política pueda expresarse.

La Izquierda

La alianza forjada entre la izquierda y la Corriente Democrática para apoyar la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, permitió magníficos avances. Se trató de un acuerdo productivo que no logró mejores resultados porque la coalición entre los partidos no fue total. Es decir, se mantuvo un esquema de colaboración (en la candidatura presidencial) y competencia (en las elecciones para diputados y senadores) que impidió cosechar todas las posibilidades que suponía la nueva situación.

En lo fundamental, bajo la candidatura de Cárdenas convergieron corrientes que se han desarrollado en el horizonte de la revolución mexicana y/o socialista. Genéricamente se puede hablar de fuerzas de izquierda que han demostrado que, en colaboración, pueden multiplicar su presencia en la vida nacional.

Por ello, fortalecer al Frente, esforzarse por presentar candidaturas comunes en las elecciones por venir, trazar un programa que clarifique los objetivos de la coalición, son tareas que, de ser explotadas, servirán para multiplicar el peso del flanco izquierdo en el espectro político del país.

Por primera vez en muchas décadas existe un referente de izquierda que rebasa la marginalidad y se presenta como una auténtica fuerza alternativa y con capacidad de luchar por construir una nueva hegemonía. Fortalecerla e impulsarla, es una necesidad y una obligación.

Pero para ello se requiere también de una reflexión que se haga cargo de las nuevas realidades. Desde la izquierda socialista se necesita repensar y replantear con solidez los temas de la nación y el nacionalismo, las reformas y las elecciones, la democracia y la legalidad. Desde las corrientes nacionalistas con fundamentos constitucionales, es necesario revisar sus relaciones con los socialistas, más allá de una visión instrumental.

Se trataría de llegar a un nuevo código de entendimientos que presupone romper con muchos de los fetiches que en el pasado impidieron la convergencia de estas fuerzas. Se han dado los primeros pasos, pero para que no se extravíen se requiere de un esfuerzo político y de elaboración, que rebasen la mera conveniencia mutua.

Como nunca, la izquierda parece tener un horizonte promisorio. Pero para que las expectativas se traduzcan se requiere fortalecer la unidad, aclarar el perfil y la propuesta, refrendar el compromiso con la democracia y las necesidades nacionales.

Rolando Cordera Campos, Arnaldo Córdova, Gilberto Guevara Niebla, Pablo Pascual Moncayo, Adolfo Sánchez Rebolledo, Raúl Trejo Delarbre, Arturo Whaley Martínez y José Woldenberg.

Fuente: Perfil de la Jornada. Suplemento político del diario La Jornada, 28 de agosto de 1988.