Junio 15 de 1988

Llamado a la legalidad

La jornada electoral que acaba de concluir ha representado un despertar cívico del pueblo de México.

Ha sido evidente la voluntad ciudadana para establecer un régimen democrático y abolir el autoritarismo imperante.

La respuesta del gobierno y de los agentes del partido oficial ha sido contraria a esta abrumadora demanda ciudadana.

Además de las numerosas violaciones a la legalidad constitucional, algunas sumamente graves que se habían venido cometiendo y denunciando a lo largo del proceso electoral, hoy se ha puesto en evidencia la determinación del grupo gobernante de consumar una imposición a despecho de la voluntad popular.

Numerosas violaciones cometidas hasta ahora en perjuicio de todas nuestras organizaciones y partidos políticos, cómo la ausencia del deliberada de autoridades electorales, la eliminación selectiva de ciudadanos del padrón electoral, la privación masiva de credenciales a servidores públicos, sindicalistas y a concesionarios de mercados, las brigadas de votantes, colonos, empleados civiles y militares, el acarreo de campesinos, la inexistencia o ineficacia de la tinta indeleble, los intentos de voto múltiple por un solo sector electoral, la admisión de votantes en proporción superior al diez por ciento para efectos de anulación, el relleno de ánforas y otras muchas irregularidades afectan gravemente la limpieza de los comicios del día de hoy y podrían determinar su nulidad, en caso de no ser satisfactoriamente reparadas.

El anuncio anticipado de una supuesta victoria del partido oficial bajo estas condiciones, mucho antes de que haya culminado el proceso de cómputo y el de calificación, reafirma nuestras sospechas de que se está configurando un fraude de grandes proporciones que desvirtuarían el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En caso de que no se restablezca de modo inequívoco la legalidad del proceso electoral, los candidatos a la Presidencia de la República que suscribimos este documento, no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos, por lo que procederíamos a defender los derechos del pueblo mexicano con todas las armas que la Constitución nos otorga.

Formulamos un apremiante llamado al Gobierno de la República para que repare de inmediato estas desviaciones y haga respetar la voluntad ciudadana.

Cuauhtémoc Cárdenas     Manuel J. Clouthier     Rosarlo Ibarra de Piedra

Fuente: Revista La Nación. Órgano del Partido Acción Nacional PAN. Julio 15 de 1988.