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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1988 Discurso de Cuauhtémoc Cárdenas posterior a la elección presidencial.

Julio 26 de 2011

Se faltó al compromiso. Una vez más se dejó de cumplir la palabra. El gobierno, el Presidente de la República habían ofrecido elecciones limpias, el respeto a la voluntad popular Desde el 6 de julio se atropella al pueblo, se viola la legalidad y se está hoy en las fases finales de la consumación de un gran fraude electoral.

Este empezó a prepararse desde que se reformó la legislación, dando poder absoluto al gobierno y su partido en los organismos electorales, dejando sin recurso alguno a los demás partidos electorales, dejando sin recurso alguno a los demás partidos para oponerse a los dictados oficiales, distorsionando la representación legislativa aún con votación minoritaria. Parte importante del fraude ha sido un padrón defectuoso con millones de nombres de ciudadanos repetidos, que no corresponden a las secciones electorales donde aparecen o que son de personas fallecidas, como el de un expresidente de la República cuyo nombre aparece en el padrón del 32º. Distrito de esta capital.

Antes de la elección también, la Comisión Federal Electoral se negó a ampliar el plazo de empadronamiento -sabía que los nuevos votantes sufragarían por la oposición-, se retuvieron miles de credenciales de elector que en vez de ir a sus destinatarios quedaron en manos del gobierno, que ilegal-mente las distribuyó para que se votara por su partido, otras credenciales fueron recogidas, con intimidaciones y a veces por la fuerza, en poblados pequeños, en centros de trabajo, en ejidos.

El 6 de julio se dio la primera fase del fraude: brigadas de votantes llevados de casilla en casilla, se niega el acceso a casillas a nuestros representantes o se les expulsa de ellas con amagos o por fuerza, relleno de urnas, donde las cosas iban mal para el gobierno, robo de urnas, en muchos casos a punta de pistola. Están los miles de impugnaciones y protestas por estas irregularidades de todo el país. Sus efectos inciden en los resultados electorales de manera desfavorable para la oposición.

Cumplida esta parte del fraude, confiado en sus trapacerías, el gobierno empezó a recibir resultados al cerrarse las votaciones el propio día 6. Los datos de una primera muestra no reflejaban la esperada victoria de sus candidatos. Las cifras siguieron llegando desfavorables al gobierno. Se ordenó entonces interrumpir el funcionamiento del centro de cómputo.

En las primeras horas del día 7, con gran triunfalismo y carente de todo respaldo en cifras, se proclama el triunfo electoral de Miguel de la Madrid. Esta fue la luz verde para desatar la alquimia electoral.

Los paquetes electorales, hecho el cómputo en las casillas, se concentraron en los comités distritales electorales. En su traslado y en los comités se violan paquetes, se altera su contenido: por una parte se introducen votos a favor del partido oficial, por la otra se sacan votos nuestros, muchos de los cuales aparecen después flotando en ríos, en basureros, barrancas, otros quedan simplemente tirados en la calle. Las actas se modifican. Votos que se nos quitan van a engrosar el abstencionismo ¿o será verdad que la abstención se duplicó porcentualmente de 1982 a 1988? En comités distritales de diferentes partes del país se roban paquetes de votos, a otros es preciso llevar boletas para completar las cuotas, que se transportan de las imprentas oficiales en camiones de dependencias del Ejecutivo. Para saber cuando agregar y cuanto quitar en los resultados de cada casilla y cada distrito funcionó, entonces si perfectamente, el centro de cómputo.

El gobierno había previsto que esta fase del fraude no se daría. Ello explica la necesidad de ganar tiempo para ajustar las cifras y es la razón de la información selectiva que primero se dio, de la lentitud extremada y el desorden, que dificulta su análisis, con la que se fueron dando a conocer los datos de la elección a los partidos y a la opinión pública.

En esta etapa también, las tentativas de soborno con los millones de pesos, muchos, que se asignaron a los comités distritales. Los intentos del PRI del DF de abrir para modificar o congelar paquetes electorales por supuesto conteo erróneo a nuestro favor, a partir de boletas con más de una marca, supuestamente contabilizadas por más de un voto; habría entonces más votos que boletas consignadas en las actas firmadas por los representantes del gobierno. En fin, la angustia y la desesperación ante un descalabro político que la elección iba confirmando.

Finalmente, cifras oficiales definitivas, previamente alteradas, carentes de credibilidad para la ciudadanía y para los partidos contendientes.

El pueblo ha dado la pelea en las casillas y en los comités distritales, en condiciones adversas por una legislación electoral antidemocrática. Consumadas varias etapas del fraude el gobierno ha debido reconocer que sus candidatos perdieron en un número de distritos y Estados como nunca había sucedido al partido oficial. Pero con la alteración de resultados, el gobierno pretende mantener en la Cámara de Diputados una mayoría, que de respetar el voto nunca alcanzaría, o escaños del Senado que arrebata a quienes el pueblo eligió. Pretende también la imposición de un presidente de la República, alterando la votación, no sólo elevando la que podría ser ya una votación mayoritaria, sino pasando de una votación minoritaria, no ganadora, a un resultado de triunfo, primer caso de ese tipo en la historia electoral reciente del país.

La gente sabe cómo votó. Sabemos todos por quienes votamos y sabemos cómo votaron nuestros parientes, vecinos, compañeros de trabajo. Se sabe también cómo se violó la soberanía de la casilla y cómo 55, 000 casillas fueron de hecho substituidas por 300 comités distritales, controlados en lo absoluto por los representantes oficiales.

Desde el interior del gobierno, de fuentes diversas, llegó información sobre los resultados reales de la elección. Coincidían. Coincidían también con encuestas que no hicimos nosotros y con otras de compañeros, que nos indicaban comportamientos previsibles. Han coincidido con informaciones que siguieron llegando. Enseñan has dimensiones del fraude y de los atropello e indican que el triunfo electoral ha correspondido y corresponde al pueblo. Defender ese triunfo es nuestro compromiso.

La soberanía de la nación reside en el pueblo, que ya expresó sus preferencias electorales y escogió la vía electoral para imponer cambios en las estructuras políticas, en las relaciones económicas y en la organización y desarrollo de la sociedad. Las quiere democráticas, de independencia e igualitarias.

El pueblo optó ir a las elecciones para preservar la paz pública, para que las transiciones generaran las menores tensiones y para evitar toda violencia. Ha dado y está dando muestras de gran madurez. No ha caído en las provocaciones y sigue exigiendo que no se viole la legalidad.

Candidatos, partidos, organizaciones y ciudadanos hemos contraído el compromiso de no reconocer a autoridades que pudieran tener como origen el fraude electoral. Si el gobierno llegara a consumarlo, técnicamente, como lo hemos ya expresado, estaría dando un golpe de Estado para imponer a un gobierno usurpados, que carecería de legitimidad, débil ante las presiones internacionales, débil también frente a los diversos y contradictorios intereses internos con pretensiones de dominarlo, los que se han dejado ver en la campaña electoral, muy claros sobre todo en estos días posteriores al 6 de julio, cuando están irritados y dolidos por sus fracasos electorales.

En el terreno electoral fueron ya derrotados el gobierno y su partido y todo lo que hoy representan: corrupción, antidemocracia, entreguismo, violencia y asesinato.

Nuestros cuatro partidos actuarán conjuntamente en las distintas instancias legales: Comisión Federal Electoral, Tribunal de lo Contencioso Electora, Colegios Electorales y en la Cámara de Diputados, al calificarse la elección presidencial, para defender nuestros tribuido e impugnar las violaciones del gobierno a la legalidad.

Se dará una lucha a fondo en las instancias legales, pero tengamos presente que el problema que enfrentamos es principalmente político. El juicio popular ya descalificó la elección. Nuestras propias cifras, lo hemos dicho, aún cuando nos favorecen, contiene ya a las primeras fases del fraude oficial. Estamos y estaremos rastreando los fraudes y los efectos de las irregularidades. Pero nuestra lucha no es por las cifras, con ellas no vamos a demostrar el fraude: lo hemos denunciado y lo seguiremos evidenciado al dar a conocer los atropello, las violaciones a la ley, las cifras alteradas que han podido reunirse y confirmase, la información mentirosa, que han tenido como propósito disminuir nuestros votos, elevar los d lea imposición y pretender nuestros votos, elevar los de la imposición y pretender nuestra conformidad ante lo que ellos consideran irremediable. Pero el pueblo no se deja engañar, ni menos se rinde. Está en pié de lucha, hasta la victoria.

Las redes nacionales de televisión, privadas y públicas, son cómplices y elementos importantes en la ejecución del fraude. La descarada parcialidad en la información, la mordaza que han impuesto a la oposición política y la venda que se quiere poner a la opinión pública refuerzan nuestro reclamo de que estos medios sean puestos verdaderamente al servicio de la sociedad y de la nación, asegurando el acceso a su transmisiones a las comunidades universitarias, artísticas y culturales, a los partidos políticos y organizaciones sociales, al ciudadano común y corriente. Sólo así podrán cumplir su función y con estos objetivos habrá de reorientación su operación.

El fraude electoral ha estado sustentado en recursos económicos quitados al pueblo, que debieran haberse utilizado para superar sus carencias e impulsar el desarrollo del país. Sin autorización legal el gobierno se ha apropiado de cuantiosísimos recurso de la nación para los acarreos humillantes, para sostener un aparato de decenas de aviones y helicópteros, cientos de autobuses, para el pago de miles de empleados públicos puestos al servicio de la campaña y los candidatos oficiales. Haber dispuesto de fondos públicos para finalidades no autorizadas, construye delito por el que habrá de responderse.

Nuestro pueblo, en las dos primeras décadas de este siglo, pagó una alta cuota de sangre para abrir vías a la democracia y rescatar el ejercicio de la soberanía de la nación. Apoyó al antirreeleccionismo buscando dar fin a una dictadura larga, despótica y entreguista, por vías pacíficas y constitucionales, primero enfrentando al dictador con su conciencia, al demandarle la observancia de la ley que había protestado cumplir y hacer cumplir, y mediante la participación en la contienda política, que se demandaba fuera democrática.

Al faltar a su compromiso, el dictador y su régimen prepararon y precipitaron el baño de sangre y la destrucción de la economía, la lucha fratricida, la decena trágica, la usurpación.

Fue un camino de elevado costo en vidas, social y económico que pudo evitarse; por la democracia pudo haberse llegado a las transformaciones que el pueblo reclamaba.

Quien ejerce despóticamente el poder, con sus acciones protege siempre sus privilegios e intereses personales y de clase, no gobierna para todo el pueblo y para la nación. Al oponerse, a los cambios aduce siempre que éstos agudizarían contradicciones sociales, traerían inestabilidad, debilitarían la economía y la inversión. Esos fueron los argumentos del régimen colonial, de los conservadores que hicieron se perdiera la mitad del territorio nacional, de Santa Anna, de los que trajeron el imperio y de Porfirio Díaz, sus científicos y hacendados. Son hoy, de nueva cuenta, los argumentos de Miguel de la Madrid, de los especuladores y de la tecnocracia.

El país debe ser reconstruido en sus instituciones políticas, en la organización y orientación de su economía, en las formas hacia las que se vaya desarrollando la sociedad, en las relaciones políticas y económicas con otras naciones, para ser entonces un país con democracia, en cuya decisiones participe el pueblo en su conjunto; que aproveche el potencial de sus recurso naturales, una planta productiva que pueda estar en expansión y modernización constantes y la inventiva de su gente, para impulsar un crecimiento económico que necesariamente se traduzca en bienestar social; con igualdad real ante la ley y ante las oportunidades de mejoramiento, donde desaparezcan las injusticias y la exploración, se reconozcan y estimulen las variadas y diversas culturas como expresiones de un pueblo y una nación independientes; que rompa todas las ataduras de dependencia política y económica, recupere su lugar de dignidad entre las naciones porque termine con toda subordinación y defienda el derecho de autodeterminación, se oponga firmemente a toda intervención extranjera en asuntos internos de otras naciones y desarrolle la más amplia cooperación sobre bases de respeto e igualdad.

De manera especial habrá que replantear nuestra relación con los Estados Unidos. Hemos tenido y tenemos una estrecha vinculación comercial, política, cultural, laboral, que habremos de seguir teniendo, pero en condiciones tales que esa relación sea de dignidad y derive siempre ventajas mutuas.

Es cierto que de allá nos han impuesto una pesada dependencia, que sólo se ha aflojado para tornarse una relación de mayor equidad cuando en México ha habido gobiernos con auténtico apoyo popular. Es entonces cuando ha sido posible ampliar los espacios para el ejercicio de nuestra soberanía.

Por su definición ideológica y por determinación política del gobierno, vivimos hoy una de las situaciones de mayor sometimiento y subordinación en nuestra historia, del más descarado entreguismo.

De los Estados Unidos esperamos cooperación en materia de tecnología, aportes culturales y científicos, inversiones que cabalmente se ajusten a nuestras leyes y vengan a complementar, de acuerdo a nuestros intereses y prioridades, la economía del país.

De nuestra parte, habremos de fomentar el desarrollo independiente de nuestras fuerzas productivas, poner en práctica una activa política de defensa de los derechos e intereses de los mexicanos que allá trabajan y residen y buscar la más amplia cooperación sobre bases de equidad.

El pueblo y gobierno norteamericanos han tenido ya tratos con la Revolución Mexicana y con vigorosos movimientos sociales de Latinoamérica. Se desarrolló entornes la política de buena vecindad, que no sin tensiones, por los diversos intereses afectados, generó relaciones de respeto y dignidad. Pensemos en que puede volver, actualizada, esa política de la buena vecindad.

México no puede ser indiferente o tibio respecto a lo que sucede en los países hermanos de Latinoamérica. Con ellos habrá que fomentar una auténtica integración económica y política y llevar a cabo la defensa y promoción conjunta de los intereses comunes. Una planeación continental, el mayor impulso a ciertas actividades productivas, de acuerdo a las ventajas relativas, mayor cercanía y más estrecha colaboración política, social y cultural.

Los conflictos se agudizan hoy en Centroamérica por la indebida intervención norteamericana. Que cese esa intervención, que salgan las tropas norteamericanas de Panamá y Honduras, que cesen las ayudas militares y financieras a la contrarrevolución en Nicaragua y El Salvador. El apoyo debe brindarse, y de nuestra parte muy activamente, a los propios acuerdos centroamericanos, para que se imponga la paz en el istmo y los esfuerzos nacionales puedan centrarse en la democratización y el desarrollo.

La relación del Estado con los cuerpos sociales no puede seguir siendo corporativa. La claudicación de dirigentes, desde hace décadas, su entrega y sumisión al gobierno para mediatizar la demanda de las bases, a cambio de manos libres, sólo sirve ya para profundizar la corrupción y ha dejado de ser útil incluso a un gobierno como éste, contrario a los intereses populares.

No es admisible que el poder se reparta por cuotas que se expresan en cargos de elección, concedidos por el Estado y decididos en última instancia por el Presidente de la República.

Este 6 de julio la mayoría votó por una vida política de respecto a los contendientes y plural. Las posiciones de representación no pueden seguir siendo concesión graciosa o imposición obligada. La pluralidad en las representaciones habrá de darse en función de cómo se emita el voto, por libre y democrática decisión del ciudadano y del trabajador.

La democracia reclama espacios en las organizaciones sociales. La legislación vigente privilegia a las cúpulas y las impone autoritariamente a sus bases. Les da el manejo de la cláusula de exclusión y deja que condicionen, como mecanismo de mediatización y explotación, las admisiones, sin considerar capacidad y necesidades. Las cúpulas han impuesto a su arbitrio una obligada afiliación política, que una vez más ha demostrado su ineficacia: obreros y campesinos sufragaron por la democracia, para comprometer a los partidos y fuerzas políticas a las que dieron confianza, a modificar esa legislación, a romper dependencias, a terminar con privilegios, a dar fin a la corrupción corporativa.

El país exige reformas que sólo pueden darse con el ejercicio pleno de la soberanía popular y en la lucha por la soberanía nacional. El 1º  de diciembre debe iniciarse un periodo de transición hacia la democracia. Partimos de estructuras autoritarias, de una desmedida concentración de poder en el Ejecutivo, de una muy injusta distribución de la riqueza, de desigualdades e injusticias. Llegar a la democracia política, económica y social demandará reformar leyes, como el Código Electoral, limitar en la ley y en la práctica las facultades del Presidente de la República, que la decisión unipersonal no endeude y comprometa presente y futuro del país, que no ejerza más funciones extraconstitucionales que han vulnerado la vida partidaria y han permitido el reparto gracioso de prebendas y privilegios a costa de los intereses nacionales, llegar a la democracia exigirá también hacer efectiva la división de poderes, modificar nuestro régimen fiscal para quietar cargas a las clases trabajadoras y gravar las ganancias excesivas, alentar el crecimiento económica y la creación reempleos, garantizar la alimentación de todos los mexicanos, su acceso a la educación, la protección de la salud, la seguridad social y la vivienda, asegurar el control social de los medios masivos de comunicación, así como el acceso a las expresiones y prácticas culturales y artísticas.

Para llevar a cabo estas reformas, para precisar modalidades, etapas y procedimientos, debe abrirse un amplio diálogo entre grupos sociales, partidos y ciudadanos, que lleve a la conciliación de intereses, a la concertación de acuerdos y finalmente a su ejecución. Será la fuera de la razón la que transforme las realidades actuales, apoyada a su vez en la fuerza de la movilización popular.

Los mexicanos esperan que el próximo sea un gobierno plural, donde estén debidamente representadas las fuerzas que tienen expresión política real en el país. La primera condición para integrar ese gobierno plural es que quien convoque a su formación tenga legitimidad para hacerlo, por surgir su investidura de una auténtica mayoría electoral. Se requiere del esfuerzo de todos los que actúan con patriotismo y buena fe para rehacer todo lo destruido, económica, política y socialmente, para recomponer relaciones, para sentar las nuevas bases del crecimiento económico y las transformaciones sociales.

El día 6 de julio el electorado decidió dar fin al régimen de partido único y de partido oficial, uno y el mismo, con dominio pleno sobre las decisiones fundamentales de la nación. El congreso que pueda integrarse cuando haya elecciones libres y democráticas tendrá una representación plural cuya proporcionalidad refleje lo que es cada partido en la vida política de la nación. Será la ciudadanía la que determine la constitución de las organizaciones partidarias. La posibilidad real de éstas para participar en las contiendas electorales y políticas no debe ser decisión ni menos concesión de la autoridad administrativa.

La lucha inmediata es por la legalidad y el respeto a la voluntad popular. Sus instrumentos son los de la ley y su marco de acción la Constitución de la República.

El Presidente, las altas autoridades electorales y del gobierno saben en conciencia a qué partidos y ciudadanos corresponden los puestos en el nuevo Congreso y a quien la Presidencia de México.

Exigimos se reconozcan cabalmente los triunfos populares alcanzados en la elección del 6 de julio. Lucharemos sin tregua ni concesión por ellos.

Llamamos a la ciudadanía a realizar acciones que fortalezcan nuestras organizaciones, que ejerzan presión moral y política y nos de identidad en esta lucha.

La lucha se plantea en dos terrenos: el de la defensa de la legalidad democrática, que nos constituye como nación, y el de las necesidades sociales apremiantes, cuya satisfacción no admite más demora. Si buscamos la libertad política para el pueblo, no es para que sólo la ejerzan los individuos aislados, sino para que el pueblo mismo alcance con su autor-organización las condiciones de vida y de trabajo que constituyeron su esperanza al votar. La lucha política y la lucha social se complementan y se refuerzan y deberán necesariamente confluir en las grandes jornadas de movilización nacional que aún tenemos por delante.

La movilización debe crecer, intensificarse. En el camino para defender la verdad, también para hacer ver al país quiénes y cuántos somos los luchadores por la democracia y la legalidad.

El fortalecimiento de nuestra lucha debe darse para obtener resultados a muy corto plazo. Los términos legales se cumplen pronto. En materia de días se resolverá quiénes integran las Cámaras de Diputados y Senadores, qué triunfos legales se reconocen y a quienes se impone en contra del voto mayoritario. Están en curso procesos electorales locales en los que nuestros partidos y organizaciones buscarán participar con candidatos comunes. Son acciones muy importantes que se enmarcan en la lucha general por el reconocimiento a los resultados legales de la elección de diputados, senadores y Presidente. Esta es la lucha que determina y engloba a las demás. Sólo así podremos imponer el respeto a la decisión mayoritaria.

Quedan unos meses al gobierno actual. He llamado al Presidente de la República y hoy lo reitero, para que tal como protestó el lo. de diciembre de 1982, cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, preserve la paz social, no emprenda ninguna nueva acción que eleve el endeudamiento del país o complique su manejo, afecte la economía popular o vulnere la capacidad de decisión soberana de la nación, que no prosiga el desmantelamiento de la empresa pública, si Cananea no se ha vendido, ni Teléfonos de México desarticulado y vendido, que no se haga, que lo deje a la responsabilidad del próximo gobierno.

El Jefe del Ejecutivo tiene el compromiso de dar buen fin al proceso electoral. El pueblo con su voto, lo repito, decidió por la vía pacífica para cambiar al gobierno. La violencia sólo pude generarla el gobierno si transgredí la ley por autorización expresa del Presidente de la República. Nadie más podría ordenar y responsabilizarse de tan delicada y grave decisión.

Que una decisión equivocada más no invalide la elección. Sin consenso del pueblo no puede gobernarse democráticamente, ni lograrse la estabilidad que el país requiere para desarrollarse y progresar.

La violencia apareció ya en este proceso electoral. Dos compañeros nuestros, Francisco Xavier Ovando y Román Gil Hernández cayeron asesinados por quienes en vez de democracia pretenden imponer la barbarie para conservar sus privilegios. El pueblo condenó enérgicamente el crimen. Impidió con ello y con la cohesión social que mostró más hechos sangrientos. Honremos a los caídos preservando la paz pública y manteniendo las relaciones sociales dentro de la legalidad. Los honraremos también llevando esta lucha sin concesiones, hasta sus consecuencias últimas. Desde aquí, una vez más reclamamos justicia. Esclarecer estos asesinatos no devolverá, desafortunadamente, la vida a nuestros compañeros, pero sí mostrará la voluntad política de la autoridad para cerrar todo paso a la violencia y a la ilegalidad.

La prensa nacional y extranjera ha sido determinante para dar a conocer lo que ha sucedido y sucede en México en el curso de nuestro proceso electoral y para presentar con objetividad los términos de nuestra lucha. En la información veraz, en la crítica constructiva hemos encontrado un apoyo importante que el pueblo de México requiere seguir aprovechando para abrir cauces más anchos a la democracia.

Condenamos enérgicamente un nuevo atentado a las libertades de información y de expresión, cometido ayer contra Carlos Dueñas, trabajador para la televisión extranjera, quien recibiera graves heridas que le dejarán daños permanentes.

Es un hecho de violencia que pretende intimidar a los medios de información, a los corresponsales y fotógrafos extranjeros para que vuelvan a sus países y dejen de dar noticias sobre este México en la lucha de estos días postelectorales, a los nacionales para que no denuncien más las violaciones a la ley y dejen vía libre al primitivismo en las relaciones políticas y sociales.

Exigimos castigo ejemplar por este atentado. Que se esclarezcan sus móviles, que se detenga a sus ejecutores. C. Miguel de la Madrid: tiene la palabra, muestre al pueblo mexicano y a la opinión pública internacional cuál es su voluntad política en esta situación, cuando la violencia quiere generalizarse para acallar la voz pública y limitar derechos y libertades. México condena la violencia y exige orden, ejercicio real de la autoridad y mantener la convivencia social dentro de los causase de la civilización y de la ley.

Esta, la nuestra, es la lucha de todos, no sólo de quienes votaron por nuestros cuatro partidos. Para defender la voluntad popular con más fuerza suscribimos un acuerdo con los candidatos del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de Acción Nacional. Rosario Ibarra, candidata del PRT, y su partido, han asumido de siempre una clara y combativa posición en defensa de la legalidad. Su autoridad moral es un respaldo valioso y una contribución decisiva a esta lucha. Estamos juntos en esta jornada y estaremos en las siguientes.

Hay quienes tuvieron posiciones divergentes a la nuestra en la contienda electoral. Ante la magnitud del atropello del gobierno, muchas están ahora comprendiendo la importancia que tiene reconocer los triunfos populares, aún cuando no sean los propios. Muchos que votaron por lo candidatos oficiales rechazan la imposición y la ilegalidad. Contamos con su colaboración, manteniendo su filiación y posiciones políticas, en la tarea común de edificar una democracia auténtica. Dos logros principales se alcanzaron en esta lucha cívica: la unidad de los partidos y organizaciones democráticas y revolucionarios y un pueblo que colectivamente cobró conciencia de sus capacidades y su fuerza a partir de ellas decidió participar en la política del país para cambiar sus actuales realidades.

La compañía permitió el contacto con la nación, con sus diversas regiones y los distintos grupos sociales. La respuesta popular fue siempre en ascenso, cada vez más consciente y cada vez más entusiasta. En las comunidades, en las organizaciones, en el campo y las ciudades, millones de mujeres y de hombres, de jóvenes, fueron convenciéndose que actuando unidos podían recuperar la conducción de sus propios destinos y los de la nación, utilizando para ello la ley, el entendimiento y la razón. Al creer cada vez más en sí mismo, al reconocer con mayor claridad sus capacidades, el pueblo fue dando su confianza.

Convicción y confianza se expresaron con el voto para constituir un compromiso. Millones de votos han dado un mandato: que se acate la voluntad que expresaron, que no se negocien con ese voto, situaciones personales o de grupo.

El pueblo sabe hasta donde quiere y hasta donde puede llegar. Conoce y valora las situaciones nacionales. Reconoce la fuerza de los adversarios y su representatividad. Identifica intereses internacionales y nacionales presentes en nuestras luchas. Tiene una percepción clara de lo que el país necesita y cómo alcanzarlo.

Aprendiendo del pueblo continuaremos en esta lucha. El compromiso es muy firme.

Hemos visto cómo lucha el pueblo, cómo se organiza. De ahí surge una convicción: del pueblo y de México será la victoria.

 

Fuente: Cuauhtémoc Cárdenas. Nuestra lucha apenas comienza. México. Editorial Nuestro Tiempo. Colección los Grandes Problemas Nacionales. 1988.