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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1987 Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia

Acapulco, México, 29 de Noviembre de 1987

Los jefes de Estado de los países miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política: Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, reunidos en Acapulco, México, hemos dialogado en esta ciudad para examinar los grandes desafíos políticos y económicos que enfrentan nuestros países y procurar, sobre la base de las afinidades fundamentales que nos unen, respuestas que atiendan a las aspiraciones y legítimos requerimientos de progreso y bienestar de nuestros pueblos.

1. El criterio rector de nuestros trabajos partió de la coincidencia esencial de que es imperativo profundizar la concertación política entre nuestros gobiernos, a partir de la alentadora experiencia del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política y de su antecedente inmediato: la acción de los Grupos de Contadora y de Apoyo. Nos anima, decididamente, el reconocimiento de una comunidad de intereses, de una misma vocación de democracia con desarrollo, de justicia e independencia y de un sentimiento compartido de solidaridad con todos los pueblos de nuestra región: América Latina y el Caribe. Esta amplia convergencia de intereses nos llevó a concluir que el Mecanismo Permanente ofrece la oportunidad y el ámbito adecuados para que nos reunamos con una periodicidad anual.

2. La negociación internacional requiere la conformación de un poder conjunto de influencia y decisión. En consecuencia, sólo una mayor identidad y una mejor articulación de intereses de Latinoamérica y el Caribe reducirán la vulnerabilidad de la región ante los factores externos. Este propósito responde al avance histórico de nuestros pueblos, así como a un concepto de responsabilidad compartida en la solución de los problemas que afectan a la comunidad internacional.

3. Hacemos un llamado a los jefes de Estado de los países industrializados para un diálogo político que permita superar los obstáculos al desarrollo, a la reordenación de la economía mundial y a la toma de decisiones en materia de paz y seguridad.

4. Imbuidos del ideal de unidad y democracia de nuestros pueblos, invitamos fraternalmente a los gobernantes de América Latina y el Caribe a asumir, conjuntamente con nosotros, un compromiso renovado de integración y cooperación para el desarrollo que conduzca a una auténtica comunidad de todas nuestras naciones.

5. Nuestros pueblos manifiestan hoy una clara conciencia de la magnitud y naturaleza de los retos que enfrentan al interior de sus países, así como del proceso de inserción en el ámbito internacional. De ahí que hayamos coincidido en el imperativo histórico de construir un proyecto común de desarrollo sustentado en la iniciativa y las capacidades propias, al igual que en la voluntad de impulsar el proceso de integración regional, el fortalecimiento de la identidad cultural y una presencia más efectiva de nuestros países en las relaciones internacionales.

6. Es necesario traducir en hechos la fuerza de nuestra solidaridad. De ahí que los ocho jefes de Estado reunidos en Acapulco coincidamos en el propósito de contribuir a la definición de un proyecto de desarrollo de América Latina y el Caribe, cuya forja sea la concertación y la integración para la paz, la seguridad, la democracia y el bienestar social. Las legítimas aspiraciones de progreso de nuestros pueblos así lo demandan.

EL IMPACTO DE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL EN NUESTRA REGIÓN

7. Al analizar la evolución del mundo contemporáneo, concentramos la atención en aquellos acontecimientos políticos y económicos que influyen en la viabilidad de nuestro desarrollo y sobre los cuales nuestros gobiernos deben ejercer una mayor influencia.

8. Las tensiones entre las superpotencias nutren un arsenal nuclear que amenaza la seguridad de todos los países y la vida misma en el planeta y siguen ocasionando el desvío de cuantiosos recursos financieros, científicos y tecnológicos hacia el armamentismo, en vez de destinarlos al desarrollo. Tal fenómeno ocasiona desequilibrios y desajustes en el sistema económico internacional, intensifica la competencia política, estratégica e ideológica entre los bloques de poder, exacerba conflictos regionales y traslada tensiones a los países en desarrollo, afectando sus posibilidades de progresar con paz y estabilidad y, en algunos casos, su capacidad de libre determinación.

9. Observamos con beneplácito los avances en las negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para lograr acuerdos en materia de eliminación de proyectiles nucleares de corto y mediano alcance. Sin embargo, estos esfuerzos se hacen al margen del sistema multilateral y, en especial, de la Conferencia de Desarme de Ginebra. Por tanto, deberán complementarse con un esfuerzo de los mecanismos multilaterales contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, con vista a la efectiva participación de toda la comunidad internacional en la seguridad, la preservación de la paz y la cooperación. Es urgente que estos acuerdos se traduzcan también en la reducción de los gastos militares y del armamentismo en otros órdenes, así como en el cese de las tensiones que tan devastadores efectos han tenido en los conflictos regionales. Esto último, con pleno respeto a la libre determinación y a los intereses de los países involucrados.

10. Las corrientes financieras transnacionales entre los principales países industrializados se han expandido hasta incidir de modo decisivo en todos los aspectos de la vida económica. Su inestabilidad, unida a los desequilibrios que prevalecen entre esos mismos países por falta de un ajuste responsable que simultáneamente promueva el crecimiento mundial, ha quedado demostrada en la reciente caída de las cotizaciones en las principales bolsas de valores del mundo. Estos acontecimientos revelan que, en un clima de creciente incertidumbre, aumentan las posibilidades de una recesión internacional, afectando el desarrollo y el bienestar de los pueblos de todo el mundo. Al mismo tiempo, no se cuenta con una acción multilateral que permita una efectiva coordinación de políticas en la que participen los países en desarrollo, con el fin de revitalizar la economía y el comercio mundial.

11. Los desajustes en el sistema económico internacional han afectado profundamente nuestras economías y constituyen fuente de inestabilidad y recesión. Durante la presente década enfrentamos una regresión de la cooperación económica internacional. El problema de la deuda externa, la transferencia masiva de recursos financieros hacia el exterior, el alza extraordinaria de las tasas de interés, el deterioro en la relación de precios en el intercambio y la proliferación del proteccionismo han llevado a una reducción en los niveles de vida y en las posibilidades de un desarrollo autónomo de nuestros países.

12. La crisis económica atenta contra la democracia en la región, porque esteriliza los legítimos esfuerzos de nuestros pueblos para mejorar sus niveles de vida. Además, resulta contradictorio que quienes hacen llamados en favor de la democracia impongan, en las relaciones económicas mundiales, esquemas de condicionalidad y ajuste que la comprometen y que no aplican en la corrección de sus propios desequilibrios.

13. La crisis económica de la región se manifiesta de manera casi generalizada en el deterioro simultáneo y persistente de la producción y el ahorro y la caída del ingreso real. En momentos en que es necesario elevar la inversión, como parte del proceso de adaptación a las transformaciones de la economía internacional, los países de nuestra región en su conjunto se han visto forzados a remitir proporciones insostenibles de sus ahorros al exterior, como servicio de la deuda externa.

14. En los países de la región los efectos sociales de la crisis se expresan también en la contracción de los gastos públicos en educación, salud, vivienda, infraestructura y servicios. Se ha limitado la capacidad de maniobra de la política económica y social y, no obstante los esfuerzos realizados para mantener aquellos programas o servicios que benefician a los grupos más desvalidos, ha aumentado la pobreza mientras que las oportunidades de trabajo y progreso han disminuido.

15. El control oligopólico de las tecnologías avanzadas ha generado una nueva división internacional del trabajo que restringe la difusión del desarrollo tecnológico y provoca la pérdida de competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, sobre todo con la sustitución creciente de las principales materias primas. Esta nueva división internacional del trabajo refuerza la exclusión de los países en desarrollo de la estructura productiva y de los centros de decisión internacional y crea nuevas modalidades de dependencia y asimetría.

16. Consciente de su responsabilidad primordial para con su propio proceso de desarrollo, la región ha realizado esfuerzos extraordinarios para ajustar y reordenar sus economías, al tiempo que se han inducido cambios estructurales para modernizar los sistemas productivos. Sin embargo, la autodisciplina ha resultado insuficiente. Queda en evidencia que ningún programa económico duradero será compatible con el objetivo de un crecimiento sostenido si no se revierte la transferencia masiva de recursos financieros hacia el exterior, limitando el servicio de la deuda a la real capacidad de pago de cada país. Asimismo, es necesario superar el desfavorable contexto económico externo a través de una acción concertada de la comunidad internacional.

17. En el área del comercio internacional, los obstáculos que enfrentan nuestros países son agravados por el recurso a decisiones unilaterales que violan frontalmente las normas consagradas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Además de buscar únicamente la satisfacción de estrechos intereses nacionales, mediante medidas coercitivas y discriminatorias entre signatarios del Acuerdo General, estas decisiones atentan directamente contra el derecho internacional y ponen en tela de juicio la supervivencia misma de las reglas del sistema comercial multilateral y, especialmente, de sus mecanismos fundamentales para la solución de controversias.

18. La crisis de los mecanismos de cooperación internacional contribuye a generar inestabilidad en la economía mundial. Una manifestación evidente de este fenómeno es el debilitamiento del multilateralismo. Los organismos internacionales han dejado de recibir el apoyo de algunos países desarrollados, atentándose así contra la conformación de un sistema de relaciones entre Estados que se sustente en normas de derecho internacional, la equidad y la justicia.

19. Este grave panorama repercute también negativamente en los ámbitos cultural y educativo, cuya importancia para la paz, la democracia, la integración y el desarrollo de nuestra región no siempre es cabalmente reconocida. Nos disponemos, por tanto, a defender el patrimonio y la creación cultural, concebidos como la expresión genuina de nuestros pueblos, de la misma forma que nos comprometemos a fortalecer la educación, que constituye un derecho fundamental de nuestras sociedades.

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS PARA NUESTROS PAÍSES

20. En el contexto descrito, los ocho presidentes hemos identificado los principales desafíos que deben enfrentar nuestros países en su esfuerzo de concertación y desarrollo para avanzar en un proyecto político viable:

—           La preservación de la paz y la seguridad de la región.

—           La consolidación de la democracia y del respeto a los derechos humanos.

—           La recuperación de la capacidad de nuestras sociedades para generar un desarrollo sostenido y autónomo.

—           La solución del problema de la deuda externa.

—           El establecimiento de un sistema comercial internacional justo, abierto y libre de proteccionismos.

—           El impulso al proceso de integración entre nuestros países y con toda América Latina y el Caribe.

—           La participación más efectiva de nuestros países en la economía internacional.

—           El desarrollo autónomo y acelerado de la ciencia y la tecnología.

—           El fortalecimiento de la capacidad de negociación de los ocho gobiernos y de la región en su conjunto.

—           La reafirmación de la identidad cultural de la región y el intercambio de experiencias educativas.

SEGURIDAD DE NUSTRA REGIÓN: PAZ, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

21. Con el propósito de profundizar las acciones en favor del desarrollo con democracia, justicia e independencia, consideramos necesario afirmar el concepto de que la seguridad de nuestra región debe entender tanto los aspectos de la paz y la estabilidad, como los que atañen a la vulnerabilidad política, económica y financiera. En este sentido, nos hemos comprometido a concertar acciones para:

—           Estimular iniciativas en favor del desarme y la seguridad internacionales.

—           Alentar la confianza recíproca y soluciones propias a los problemas y conflictos que afectan a la región.

—           Contribuir, a través de la cooperación y la consulta, a la defensa, fortalecimiento y consolidación de las instituciones democráticas.

—           Impulsar y ampliar el diálogo político con otros Estados y grupos de Estados, dentro y fuera de la región.

—           Concertar posiciones con el propósito de fortalecer el multilateralismo y la democratización en la adopción de las decisiones internacionales.

—           Promover el establecimiento de zonas de paz y cooperación.

—           Fomentar los procesos de integración y cooperación para fortalecer la autonomía de la región.

—           Emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la pobreza absoluta.

—           Reforzar la cooperación contra el narcotráfico, así como contra el terrorismo.

22. La paz en nuestra región está profundamente ligada al respeto a los principios de la libre determinación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.

23. La acción de los grupos de Contadora y de Apoyo constituye una experiencia sin precedentes de concertación latinoamericana en materia de paz y seguridad regionales, que ha contribuido decididamente a la celebración del acuerdo alcanzado en Guatemala por los cinco presidentes centroamericanos. Esquipulas II es la expresión soberana de la voluntad política de los países centroamericanos para solucionar los conflictos por medio del diálogo, fuera de la confrontación Este-Oeste y con respeto a los intereses legítimos de todos los Estados. Se han dado importantes pasos en el proceso de cumplimiento de los compromisos asumidos, el cual ha avanzado prometedoramente y debe continuar recibiendo el más amplio respaldo de la comunidad internacional.

24. Expresamos nuestro reconocimiento a los gobiernos y sectores involucrados de las sociedades centroamericanas por estos importantes logros, que abren un camino de esperanza en el objetivo compartido de lograr una paz estable y la democracia en la región. En particular, destacamos los avances ya realizados en materia de reconciliación nacional, de amnistía, de restablecimiento de libertades fundamentales y de constitución de un Parlamento centroamericano.

25. Somos plenamente conscientes de las enormes dificultades del cumplimiento integral y puntual de los Acuerdos de Esquipulas, pero los progresos ya realizados nos animan a formular un ferviente llamado para que se continúe avanzando simultáneamente en todos los compromisos asumidos.

26. Seguiremos impulsando, activa y solidariamente, el proceso de negociación diplomática en su conjunto. Afirmamos, en particular, la responsabilidad de nuestros gobiernos en la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento.

27. Formulamos un llamado a los gobiernos con intereses y vínculos en la región para que contribuyan genuinamente a este proceso y respeten los principios de no intervención y libre determinación que son fundamentales para una convivencia armónica entre los Estados centroamericanos.

28. El proceso de negociación en curso debe ser acompañado por un mejoramiento de la situación económica y social de los países del área. Por ello, hemos acordado respaldar la puesta en marcha de un programa internacional de emergencia de cooperación económica para los países centroamericanos que comprenda medidas para la reconstrucción de sus economías. Los lineamientos principales de nuestra participación en ese programa serían, entre otros:

i) Medidas para estimular el comercio intrarregional centroamericano y el otorgamiento de facilidades para el acceso de exportaciones de esa área al mercado de nuestros países.

ii) Fortalecimiento de la cooperación financiera entre nuestros países y los centroamericanos, incluyendo el aporte de recursos a sus organismos financieros, como el Banco Centroamericano de Integración Económica.

iii) Apoyo a los esfuerzos para revitalizar el esquema de integración centroamericano.

iv) Proyectos específicos en las áreas de asistencia alimentaria de emergencia, identificación y ejecución de proyectos agropecuarios y agroindustriales, así como de capacitación de recursos humanos. Igualmente, se propondrá al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados un programa integral de emergencia para refugiados y desplazados de la región.

29. En el anterior empeño, deberán participar todos los países comprometidos con la paz y el desarrollo, así como las instituciones de integración centroamericana, las regionales y los organismos económicos internacionales.

30. Reafirmamos, una vez más, que la paz y la estabilidad en Centroamérica son cuestiones prioritarias para nuestros gobiernos. Están en juego no sólo la consolidación de la democracia y el desarrollo con libre determinación de los pueblos centroamericanos, sino también los intereses nacionales de nuestros países.

31. Consideramos que el fiel cumplimiento de los Tratados del Canal de Panamá de 1977, que incluyen la entrega de ese Canal al exclusivo control panameño, es de primordial importancia para la preservación de la paz y la seguridad en la región.

32. Reiteramos, asimismo, nuestro respaldo a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, y expresamos la necesidad de alcanzar una pronta solución de la disputa mediante negociaciones entre las partes.

33. Dejamos constancia de la trascendencia que tendrá la Declaración de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el acercamiento de los pueblos latinoamericanos y africanos. Reafirmamos la necesidad de evitar la introducción de armas nucleares en la región y preservarla de las tensiones inherentes a la confrontación entre los bloques militares. Alentamos la creación de mecanismos similares en el Pacífico Sur y en otras zonas de la región.

34. Reiteramos nuestra decisión de proseguir individual y colectivamente la lucha contra el narcotráfico en sus diversas manifestaciones. Al propio tiempo, señalamos que este objetivo no podrá ser alcanzado si no se cuenta con la acción concertada de todos los Estados, especialmente con la de los países industrializados donde están localizados los mayores centros de consumo.

35. Apoyamos el diseño y ejecución de un plan regional que promueva una acción coordinada de nuestros países para erradicar la pobreza absoluta. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando medidas para mejorar la calidad de vida de los sectores más desvalidos.

36. El Parlamento latinoamericano, cuyo tratado de institucionalización fue suscrito recientemente por nuestros gobiernos y los de otros diez países de América Latina y el Caribe, constituye una contribución significativa a la solidaridad y a la concertación entre los latinoamericanos. Tal iniciativa ha sido respaldada por nuestros ocho gobiernos, con el convencimiento de que habrá de traducirse en un medio efectivo para fortalecer la democracia e impulsar la integración en la región.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Deuda externa

37. La recuperación de un crecimiento económico y sostenido, la mejoría del nivel de vida de nuestros pueblos y el fortalecimiento de los procesos democráticos en el área, requieren una solución justa y permanente del problema de la deuda externa, así como medidas inaplazables para disminuir el peso del servicio de la misma. Para ello es necesario superar la incertidumbre derivada de la inestabilidad económica internacional y revertir las transferencias netas de recursos al exterior, incluidas las resultantes del deterioro de los términos del intercambio.

38. Los resultados alcanzados hasta ahora son insuficientes. No obstante, se ha logrado un reconocimiento creciente de que cualquier solución viable debe incorporar como condición necesaria el crecimiento sostenido de los países deudores; de que el servicio de la deuda debe ajustarse a la capacidad de pago de cada país; de la naturaleza política del problema; de la corresponsabilidad entre deudores y acreedores en esta materia, así como de la necesidad de establecer fórmulas de contingencia que atenúen el impacto negativo de factores externos ajenos al control de los países deudores.

39. Las negociaciones hasta el presente no han reflejado estos principios. Representan tan sólo paliativos temporales y no constituyen una solución permanente del problema, ya que el peso de la deuda se ha incrementado. Los procesos de negociación son recurrentes, demasiado largos y complejos, con lo cual se genera incertidumbre en el diseño de las políticas de desarrollo de largo plazo y se inhiben las decisiones de inversión y las corrientes autónomas de financiamiento.

40. Para avanzar hacia una solución definitiva del problema se requiere, por lo tanto, que aquellos principios ampliamente reconocidos se traduzcan en acciones concretas y esfuerzos de todas las partes involucradas, en un marco de corresponsabilidad y equidad.

41. Para enfrentar los aspectos más inmediatos del problema, y ante la imposibilidad de atender el servicio de la deuda por encima de la capacidad de pago de los países deudores, ajustando ese servicio a las necesidades de su desarrollo, hemos decidido orientar nuestras acciones en las negociaciones de conformidad con las siguientes pautas:

i) Asegurar créditos suficientes y en términos adecuados de los bancos comerciales, que permitan continuar los programas de desarrollo y limiten la transferencia neta de recursos y financien una proporción apropiada de los intereses u otros compromisos con dichos bancos. Sin este financiamiento el servicio regular de la deuda no es posible.

ii) Establecer límites a la tasa de interés de conformidad con modalidades decididas entre las partes y con el objeto de contribuir a una mayor certidumbre y continuidad de los programas de desarrollo y a la previsibilidad de la gestión económica.

42. Para avanzar hacia la búsqueda de una solución permanente del problema, hemos decidido instruir a nuestros ministros para que, a la brevedad, entablen negociaciones con los gobiernos de los países industrializados, los organismos financieros internacionales o los bancos comerciales, según corresponda, a fin de:

i) Crear mecanismos que permitan que nuestros países se beneficien de los descuentos del valor de las respectivas deudas en el mercado, con la consecuente reducción en el servicio de las mismas.

ii) Impulsar la ampliación de mecanismos que compensen fluctuaciones transitorias fuera del control de los países deudores, como es el caso de las tasas de interés. Estos mecanismos no deben estar sujetos a condicionalidad alguna.

iii) Coordinar esfuerzos con el propósito de ampliar la base de recursos de los organismos financieros internacionales y promover nuevas políticas de los mismos que aseguren flujos netos adecuados hacia los países en desarrollo. En particular:

iv) Revisar las políticas del FMI de modo de asegurar un ajuste con crecimiento.

v) Estimular un papel activo del Banco Mundial congruente con su naturaleza de banca de desarrollo, en la formulación de mecanismos nuevos que contribuyan a la solución del problema de la deuda, entre los cuales debe incluirse el uso de su capacidad para otorgar garantías.

vi) Mantener el carácter multilateral del Banco Interamericano de Desarrollo en la toma de decisiones, y asegurar que tenga los recursos que le permitan ser un contribuyente neto al financiamiento externo de la región.

vii) Desvincular el otorgamiento y desembolso de los créditos de la banca comercial de los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial.

viii) Objetar condicionalidades cruzadas en los programas financieros con los organismos multilaterales, y el establecimiento de condiciones previas en las negociaciones del Club de París.

ix) Plantear ante los gobiernos de los países acreedores que se adopten fórmulas de alivio en la deuda adquirida con sus organismos oficiales de crédito a la exportación, a fin de evitar que se generen flujos netos negativos de parte de nuestros países. Adicionalmente, promover una flexibilización de las normas y reglamentos aplicables que haga posible adoptar soluciones innovadoras al problema del endeudamiento externo.

vii) Apoyar que los países de menor desarrollo relativo de la región obtengan condiciones especialmente favorables en la negociación de sus deudas externas, además de aquéllas que se instituyan por los países latinoamericanos.

viii) Asegurar, en el marco de la Ronda Uruguay, la vinculación entre el pago de las obligaciones financieras y el acceso de las exportaciones de los países deudores al mercado internacional.

43. Estas negociaciones se llevarán a cabo en el ámbito de una coordinación y consulta permanentes entres nuestros gobiernos. De no concretarse oportunamente los avances planteados, algunos países, a la luz de su circunstancia propia, podrán verse obligados a tomar medidas unilaterales para limitar el servicio de su deuda en forma congruente con sus necesidades de desarrollo. En este sentido, expresamos nuestra solidaridad con los países que, en ejercicio de su soberanía, toman medidas para limitar el servicio de su deuda a su capacidad de pago.

COMERCIO INTERNACIONAL

44. Acordamos fortalecer los procedimientos permanentes de consulta y concertación para coordinar nuestras posiciones en las negociaciones comerciales internacionales de la Ronda Uruguay. Nos proponemos sumar esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los compromisos que fueron suscritos por los países industrializados en la Declaración de Punta del Este, particularmente los que se refieren a la eliminación de barreras proteccionistas y subsidios agrícolas. Igualmente pretendemos que las negociaciones de la Ronda contribuyan a solucionar los problemas monetarios y de financiamiento al desarrollarlo. Decidimos, asimismo, fortalecer nuestra concertación para que los resultados de las negociaciones sobre servicios, propiedad intelectual e inversión relacionada con el comercio no atenten contra el desarrollo autónomo de los sectores productivos de nuestros países. Reiteramos que el principio de Trato Especial y Más Favorable a los países en desarrollo debe ser reforzado.

45. Nos comprometemos a actuar conjuntamente para combatir decisiones unilaterales basadas en leyes internas o en políticas de fuerza y a luchar para que un sistema comercial internacional fortalecido haga cumplir sus normas y principios como condición misma de la seguridad económica y soberanía de nuestros países. Igualmente, objetamos la exigencia de concesiones comerciales unilaterales por parte de los países del área como condición para la obtención de financiamiento externo.

INTEGRACIÓN REGIONAL

46. La integración regional es un compromiso político de capital importancia para nuestros países y un instrumento de cambio y modernización que debe comprometer la activa participación de todos los agentes económicos y sociales.

47. Tenemos una clara conciencia de la urgente necesidad de fortalecer la integración y la cooperación regionales. Para ello, estamos decididos a que formen parte de nuestros proyectos políticos nacionales. La integración constituye el instrumento indispensable para garantizar la participación más efectiva de la región en las relaciones internacionales, ampliando su capacidad de negociación frente a terceros.

48. Asumimos el compromiso de reforzar los procesos de integración en los que participan nuestros países y apoyar otros que se realizan en la región. Particular atención habremos de prestar a mecanismos de cooperación e integración entre nuestros países, orientados a resolver y atender las necesidades sociales básicas de nuestros pueblos. Asimismo, hemos decidido profundizar las iniciativas de cooperación entre nuestros países y ampliar y diversificar nuestro comercio recíproco, incluyendo la sustitución de importaciones extrarregionales. Es necesario igualmente aprovechar las potencialidades de complementación económica. Para estos fines procuraremos adecuar los mecanismos de financiamiento y de pagos que apoyen la integración regional.

49. El conjunto de estas medidas favorecerá el establecimiento gradual y progresivo de un espacio económico ampliado en la región, y tendrá como objetivo final converger hacia un mercado común latinoamericano.

50. Asimismo, reconocemos la necesidad de contribuir al mejor funcionamiento de los organismos latinoamericanos de cooperación e integración, así como a su coordinación más eficiente, con una clara definición de sus campos operativos.

51. Por otra parte, reconocemos la conveniencia de que los países latinoamericanos encuentren, mediante la cooperación, soluciones al problema de la deuda intrarregional. Asimismo, otorgamos importancia a la puesta en marcha del programa latinoamericano de asistencia técnica e intercambio de información en materia de deuda externa aprobado por el Consenso de Cartagena.

52. Acordamos impulsar un programa de asociación y cooperación en ciencia y tecnología, que sume las capacidades nacionales públicas y privadas, para avanzar hacia la disposición autónoma de tecnologías en áreas prioritarias, en particular la de tecnologías avanzadas.

53. Dicho programa comprenderá acciones conjuntas que, entre otras, subrayará la importancia de la formación de recursos humanos; de la articulación de redes nacionales de información científica y tecnológica; de la utilización plena y coordinada de los programas de los organismos internacionales y de la formulación de proyectos conjuntos de cooperación.

54. Reconocemos. en nuestro patrimonio cultural un elemento irrenunciable de la personalidad de América Latina, que nos permite vincularnos a las complejas realidades del mundo moderno conservando nuestras raíces históricas. Ese patrimonio permitirá asimismo fortalecer la democracia como sistema de vida y de valores propios. Asumimos también el compromiso de procurar que la integración cultural impulse el desarrollo global y la modernización de nuestras sociedades.

55. Considerando el papel vital de nuestras sociedades en la promoción de la cultura, haremos esfuerzos para que se adopten legislaciones nacionales tendientes a estimular la producción de bienes culturales, movilizando a los sectores productivos para aplicar recursos en esa área, a fin de propiciar un mayor conocimiento entre nuestros pueblos e intensificar el intercambio cultural y educacional.

56. Hemos convenido, en el campo educativo, fomentar los intercambios de nuestras experiencias en materia de alfabetización y en los distintos niveles de la enseñanza. Asimismo, incrementar las experiencias conjuntas en áreas como la investigación, la formación de recursos humanos y la producción editorial.

57. Conscientes de la importancia del acercamiento cultural y educativo como instrumento que favorecerá la integración regional, nuestros gobiernos impulsarán en el campo de la cultura acciones que comprendan la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y natural, y la utilización de los medios de comunicación social para un mayor conocimiento de los diversos valores de la región. Igualmente se promoverá una más amplia vinculación y cooperación en materia de creación artística y cultural. Nuestros gobiernos destinarán a este propósito recursos suficientes.

58. El fomento de la cultura y de la educación en el ámbito regional favorecerá un régimen de libertades en el cual pueda florecer la expresión genuina de nuestros pueblos, se robustezcan las culturas populares y tradicionales, se asegure el acceso creciente de todos los grupos sociales a los bienes culturales, artísticos y patrimoniales, así como a los distintos niveles del proceso educativo.

59. Finalmente, hemos instruido a los ministros de Relaciones Exteriores para que examinen en su próxima reunión, en Cartagena, Colombia, un conjunto de lineamientos para la cooperación derivados de este Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia que hoy suscribimos.

60. Alentados por los fructíferos resultados de esta Primera Reunión de ocho presidentes latinoamericanos, hemos convenido en reunirnos nuevamente en Uruguay en el segundo semestre de 1988.

RAÚL ALFONSÍN

Presidente de la República Argentina

JOSÉ SARNEY

Presidente de la República Federativa del Brasil

VIRGILIO BARCO

Presidente de la República de Colombia

ERIC ARTURO DELVALLE

Presidente de la República de Panamá

JULIO MARÍA SANGUINETTI

Presidente de la República Oriental del Uruguay

MIGUEL DE LA MADRID

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

ALAN GARCÍA

Presidente de la República del Perú

JAIME LUSINCHI

Presidente de la República de Venezuela