Septiembre 9 de 1987

México vive hoy uno de los momentos más tensos y definitivos de su historia, agobiado por las presiones externas y por el enorme peso de sus deudas, injusticias y rezagos.

Una ciudadanía ignorada y un pueblo sojuzgado que mantienen, pese a todo, su espíritu combativo y comienza políticamente a rebelarse frente a un sistema sostenido cada vez más en la manipulación y el entreguismo.

Hoy, como hace ochenta años, los mexicanos luchan por romper las inercias del despotismo y abrir espacios democráticos a las mayorías. Entonces, bajo la bandera común de la Constitución de 1857, y en nuestros días reivindicando la de 1917; ambas suplantadas por el predominio abrumador de reglas no escritas.

Sometimientos consentidos y silenciosos obligados habían generado, a principios de siglo, un régimen político aparentemente inconmovible que fundaba su poder tanto en el cinismo de los dirigentes como en la impotencia de los explotados. La "ciencia" había sido exaltada a razón de Estado, el desprecio al pueblo convertido en norma de gobierno y el ideal republicano abandonado en aras de un proyecto modernizante.

La distancia entre la mentira oficio y la realidad era reflejo del abismo existente entre dos países distintos: el del peonaje rural y la postración urbana por una parte y el de los resplandores cosmopolitas y el rendimiento al extranjero por la otra. La dependencia creciente hacia las metrópolis sostenida en la feudalidad interna.

A pesar de las reformas implantadas y de los profundos cambios ocurridos desde entonces, el país ha recaído en la gravitación colonial de su pasado.

Hoy prevalece nuevamente un diseño político sustentado en el empobrecimiento de las mayorías, el predominio del capital especulativo y la subordinación nacional a intereses ajenos.

México se encuentra inmerso en una crisis internacional que lesiona a los países en desarrollo y sujeto a las acechanzas que derivan de su posición estratégica y de una vecindad geográfica inexorable. A estos severos desafíos no se ha respondido con la determinación patriótica ni la congruencia histórica que hubiesen permitido fortalecer la defensa del patrimonio colectivo.

Estábamos, al comenzar esta década, todavía lejos de saldar atrasos seculares. A pesar de evidentes contradicciones, errores y desviaciones, el país marchaba hacia delante y perseveraba en su lucha por ser independiente. Ahora nuestro proyecto constitucional ha sido abandonado y nos dirigimos en sentido opuesto al de la libertad, la autonomía y la justicia.

Durante estos años hemos presenciado la conversión de una crisis financiera en desastre nacional. El mal que padecíamos, traumático pero limitado, se ha extendido a todos los ámbitos del cuerpo social, causando el desplome de la economía, de la política, de la convivencia humana y de la moral pública.

El empeño de servir una deuda impagable y la miopía tecnocrática han exaltado la acumulación de divisas a primera prioridad nacional. Todo lo demás se considera residual o secundario, así se trate de la soberanía, el crecimiento económico, el hambre del pueblo o la dignidad ciudadana.

A una sociedad debilitada hasta la anemia se le ha recetado una sangría inacabable de recursos hacia el extranjero, y a una economía desfalleciente se le ha impuesto el combate abierto contra una implacable competencia internacional. La sumisión al vínculo financiero a costa del genocidio interno.

El orden de las prioridades nacionales ha sido radicalmente trastocado. En vez de una economía orientada al aprovechamiento de nuestras capacidades y riquezas en beneficio de la población, se ha instaurado una política especulativa que ahonda las desigualdades, desvaloriza el trabajo, paraliza la planta industrial, estrecha los mercados internos y cancela expectativas a las nuevas generaciones.

La carestía se ha vuelto programa del gobierno, que finge combatir la inflación mientras la estimula sistemáticamente. Las altas tasas de interés encarecen el dinero, disparan los precios, desalientan al productor, restringen la oferta y desfinancian al sector público, que a su vez cobra cada vez más por bienes y servicios, alimentando una espiral interminable.

Hemos dejado de invertir estos cinco años una cifra equivalente a la mitad de nuestra deuda externa, provocando -junto al deterioro de la infraestructura- un desplome sin precedente de la producción, del empleo y del consumo de bienes indispensables. Ha sido contraída una deuda mucho más grave que la internacional: la deuda social con el pueblo mexicano al que se han sustraído los recursos indispensables para su desarrollo.

El país ha iniciado una franca involución histórica. La progresiva concentración del ingreso y el abatimiento irracional de la productividad y de la calidad de la vida de los mexicanos. Cada día es mayor el número de compatriotas sometidos a la desocupación y la pobreza, y más alarmante el de quienes han sido confinados a una miseria sin horizontes.

Los trabajadores de menores ingresos han perdido la mitad de su poder de compra en sólo cinco años, mientras un grupo reducido de familias ha incrementado sus disponibilidades financieras y posee una capacidad prácticamente ilimitada de gasto y acumulación de riquezas. A ese grado se han distorsionado los objetivos de la Revolución.

No basta todo el ingreso de una familia pobre para satisfacer su dieta mínima. La desnutrición es la más grave de las enfermedades sociales y la de mayores efectos degenerativos. Los alimentos de que dispone la mayoría de los niños mexicanos son apenas suficientes para sostener la actividad física, pero no para el desarrollo intelectual y para una vida sana.

Asistimos a una implacable degradación biológica del hombre y de la naturaleza. El hacinamiento urbano, el abandono rural, la depredación de los recursos naturales y la contaminación del aire, las aguas y los suelos son parte de un círculo vicioso estimulado por el profundo menoscabo de las condiciones de vida y de la conciencia cívica de los mexicanos.

Cuantos más derechos sociales se consagran en los códigos, menos se aseguran en la práctica. Compensación verbal del deterioro comunitario que, en materia de empleo, salud y habitación, acusa extremos graves. El entorno insano y la debilidad física de las grandes mayorías hacen reaparecer enfermedades endémicas, incrementa la mortalidad infantil y disminuye las defensas contra la adversidad.

A pesar de su continua expansión y de innumerables proyectos, casi siempre frustrados, el sistema educativo ha entrado en peligrosa decadencia. A más de un siglo de haber sido declarada obligatoria y gratuita la escuela primaria por la Ley de Juárez, apenas ahora alcanzamos a cubrir su demanda. La falta de voluntad política, la restricción de recursos y la ausencia de estímulos lesionan la calidad de la enseñanza en todos los niveles y socavan en sus fundamentos la integridad y el futuro de la nación.

Los abismos entre clases y estratos sociales inciden ya en una recomposición étnica y cultural del país que lo aproxima al modelo colonial de las castas y las segregaciones. La pauperización de las grandes masas y las limitaciones impuestas a su desarrollo y participación democrática, prefiguran el restablecimiento de un régimen de explotación del trabajo tras el disfraz de la economía exportadora.

La estructura agraria del país ha evolucionado hacia un neolatifundismo que acosa y debilita al ejido, propicia la corrupción, concentra la propiedad y disminuye la productividad en el campo. Las formas de organización social promovidas por el impulso reivindicador de la Revolución han sido agredidas u olvidadas a favor de intereses contrarios al ascenso de las mayorías.

La escasa representatividad de las asociaciones gremiales las convierte a menudo en apéndices del gobierno o instrumentos para la satisfacción de intereses personales. Muchos sindicatos han venido perdiendo su carácter de organizaciones de resistencia por la mediatización de sus dirigentes y la cancelación de la democracia interna, lo que favorece la violación de las leyes del trabajo y auspicia agudos desequilibrios entre los factores de la producción.
Se está operando en verdad un cambio estructural. Los objetivos de integración económica y social han sido remplazados por los de marginalidad creciente y multiplicación de enclaves trasnacionales. El país igualitario y productivo que procurábamos como vía de auténtica modernidad se fractura hoy por el remate de la mano de obra y los recursos naturales.

El estímulo a la actividad económica se busca en el exterior de nuestras fronteras y se ha extraviado la determinación histórica de salvaguardar el patrimonio común para beneficio de los mexicanos. Mientras el país se descapitaliza y la dolarización se extiende, la confianza se evapora por la pérdida del consenso social y la desarticulación de las alianzas que sustentaban nuestro proyecto de desarrollo independiente.

La devaluación permanente de la moneda deprime el valor de nuestras riquezas nacionales y de las economías personales. Más se depende de productos importados y de patrones ajenos de consumo, mayor es el esfuerzo que se requiere para vivir en niveles cada vez más bajos de bienestar. El derrumbe del peso se traduce ya en depreciación del país y de la existencia cotidiana.

Se nos convierte en una sociedad tributaria. Mediante la explotación del trabajo y el deterioro de las nuevas generaciones, se acumulan recursos para transferirlos al extranjero, al tiempo que perdemos soberanía alimentaria y capacidad de satisfacer las necesidades elementales de la población. La dependencia tecnológica se incrementa y la inventiva de los mexicanos se degrada en economías subterráneas mientras se acelera la migración en búsqueda de medios para subsistir.

La supeditación financiera y las exigencias del proceso de integración hacia el norte en que se nos ha embarcado, cohíben el ejercicio pleno de nuestra voluntad soberana. Así, la recia tradición de nuestra política exterior se ha ido extraviando en una diplomacia incierta y discursiva, que en ocasiones defiende principios inviolables y en otras los compromete.

Al instaurarse en el país un proyecto neocolonial incurrimos en evidente complicidad con las estrategias del hegemonismo y perdemos, sin librarlas, numerosas batallas en el frente de la autonomía. Al fallar la solidaridad con el pueblo y con sus luchas se deroga el concepto de interés nacional.

En los años recientes se ha perdido la dimensión creadora del quehacer político e instalado, en su lugar, la arbitrariedad y el oportunismo. Se ha olvidado que la fortaleza de la autoridad reside en su capacidad moral de convocatoria y en su aptitud para movilizar las energías sociales conforme a metas y objetivos libremente convenidos con el pueblo.

La crisis rebasa las instituciones que con incontables esfuerzos había edificado el pueblo mexicano. Al retraerse el sector público y adelgazarse sin medida ni concierto, en razón de acuerdos con el exterior, el Estado atenta contra su legitimidad revolucionaria, reduce su capacidad de acción y pone en peligro su autonomía.

En centralismo administrativo ahoga la iniciativa ciudadana, entorpece la pluralidad económica y fomenta la macrocefalia que dice combatir. La lucha por la democracia y por el respecto al sufragio se ha vuelto así en muchas partes, a más de reivindicación de la dignidad personal y la identidad local, defensa del federalismo conculcado.

No obstante las reformas legales emprendidas, cada vez es menor la confianza ciudadana en los procesos electorales. El abstencionismo va en aumento en tanto se estrecha correlativamente el respaldo popular a las instituciones. La supeditación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo violenta el esquema constitucional y es origen de constantes agravios y responsabilidades incumplidas.

El sistema de partidos es frágil todavía y la oposición se halla confinada por regla a los espacios parlamentarios donde su capacidad decisoria es casi nula. El partido de la Revolución, que surgió con el compromiso de encabezar las causas populares y promover la evolución democrática del país, se ha vuelto reducto de creciente autoritarismo y funge más como medio de encuadramiento y control de las bases que como portavoz de sus reclamos y aspiraciones.

La concentración burocrática y la ausencia de genuinos equilibrios políticos propician la más caprichosa aplicación de las leyes. En aras del pragmatismo se entierran los principios y la congruencia se esfuma en los vaivenes sexenales, mientras los estilos personales de los gobernantes definen los programas nacionales, ante la anuencia interesada de algunos y la tolerancia de los más.

El ejercicio del poder como patrimonio propio suplanta el espíritu de servicio y tiende a convertir todo acto de autoridad en fuente potencial de enriquecimiento indebido. Pese a la honradez de nuestro pueblo, se han perpetuado desviaciones políticas y marañas burocráticas que están en el origen de la corrupción y hacen del favoritismo, el arribismo y la impunidad causa y efecto de la ineficiencia.

El país no se puede disolver entre las manos porque lo sostienen la imaginación, la perseverancia y el trabajo de los mexicanos. Lo que se está evaporando es la credibilidad de la ciudadanía en los métodos prevalecientes, en la capacidad de liderazgo y en la viabilidad de los programas en curso para resolver los problemas nacionales y preservar nuestra independencia.

Un Estado cada vez más vacío de pueblo puede conducirnos a una nación sin Estado y finalmente a la perdida de aquélla. Ese es el objetivo en que están empeñados los intereses dominantes del exterior y al que se han vinculado sus aliados internos. Esos son los espacios desertados que estamos obligados a recuperar los mexicanos.

La política del abuso y la inequidad que ahora predomina resulta subversiva, porque nos coloca en los linderos de la violencia. Es menester, por el contrario, encontrar en la participación democrática, la solidaridad humana y la concertación económica, la vía de una nueva y duradera estabilidad interna en la que se asiente la seguridad del país.

Los tiempos exigen rescatar en plenitud el valor de la lucha cívica como instrumento invencible del cambio social. Hemos ido al encuentro de numerosos compatriotas que tienen la firme determinación de librar una batalla histórica por la democratización política y económica del país, por la reconquista de su soberanía y por la construcción de un proyecto de nación que beneficie a todos con justicia.

A través de la República hemos recogido las indignaciones, reclamos y esperanzas de la población, a la par que estimulado la confrontación de las ideas y de las experiencias, el análisis de las realidades y la armonización de los propósitos. Con ellos hemos elaborado un conjunto integrado de propuestas fundamentales que sometemos al debate público y a la consideración de nuestros compañeros y de todos los ciudadanos dispuestos a comprometerse con nosotros en la acción política.

El Estado democrático y el poder ciudadano

El sistema republicano de gobierno delineado por la Constitución se funda en la participación de los ciudadanos, la representación popular, la división de poderes, la soberanía de los Estados y el municipio libre. Equilibrio de instituciones y derechos concebidos para garantizar la unidad del país y el ejercicio democrático del poder, evitando su indebida concentración.

El Estado mexicano es fruto de una larga evolución. Se inspira en las luchas por la independencia, la defensa de nuestra integridad y en las victorias del pensamiento y de las armas liberales que establecieron la autonomía de la autoridad civil y consagraron los derechos del hombre. Es consecuencia de una profunda revolución que otorgó al poder público el mando supremo de velar por el bienestar de las mayorías y ejercer la soberanía sobre los recursos y decisiones nacionales.

El Estado tiene el deber de garantizar el disfrute de los derechos ciudadanos e impedir que ninguna clase social oprima a las demás ni sobreponga sus intereses a los del país. Está dotado de los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de esos fines y de un programa ideológico definido en la Constitución. Apartarse de esa legalidad y de los propósitos para los que fue instituido sería traicionar su origen y poner en entredicho su legitimidad histórica.

El desarrollo político del país se ha rezagado respecto de su progreso material y de los cambios sociales ocurridos. México transitó de la dictadura al caudillismo y de éste al régimen de las instituciones, que se han alejado del ideal revolucionario y son cada vez menos representativas de la ciudadanía. Para rescatar nuestro proyecto constitucional hoy es preciso instaurar un sistema de vida plenamente democrático.

La sociedad mexicana se ha modificado substancialmente en unas cuantas décadas. De una estructura ancestralmente rural emergieron una sociedad y una cultura urbanas, cuyo actor central es el ciudadano, pleno de aspiraciones y potencialidades, que se resiste a la mediatización y al anonimato y reclama cada vez más la vigencia real de los principios democráticos.

Se profundiza sin embargo el carácter dual de la sociedad. Por una parte, los sectores incorporados al proceso de modernización, conscientes de sus avances y retroceso y en busca de formas de expresión política que correspondan a su nivel de evolución. Por otra, vastos grupos humanos excluidos y desmovilizados, dependientes de medidas aleatorias y sometidos a los abusos de caciquismos remanentes y de burocracias insensibles.

Ambos enfrentan severas restricciones al ejercicio de sus derechos por efecto de la manipulación y la progresiva prevalencia de las cúpulas dirigentes sobre la voluntad popular. Una institucionalidad mal entendida y la primacía de los consuetudinarios sobre lo legal supeditan los contenidos a las formas y propician sistemas corporativos que concentran piramidalmente el poder y la riqueza. Se ha olvidado que la legitimidad del Estado descansa en la fortaleza de la sociedad y en el acatamiento de los principios.

Los mexicanos aspiramos hoy a una auténtica democracia que rescate el impulso de la sociedad civil en la definición, ejecución y supervisión de los actos de gobierno; que restablezca la autoridad del Estado y el equilibrio necesario entre los poderes y niveles que lo componen; que exprese la pluralidad del país y atenúe las desigualdades, sea causa de orgullo nacional y fuente de dignidad ciudadana.

La seguridad del país y la de sus habitantes se verían acrecentadas con la democratización del Estado y de la sociedad. Los espacios indebidamente ocupados por la prepotencia económica, el abuso político y la injerencia extrajera serían devueltos a la acción del pueblo y de sus organizaciones. La descentralización del poder se convertiría nuevamente en reconquista de la autodeterminación individual y colectiva.

La democratización es también un fenómeno cultural. Exige un nuevo concepto de autoridad y una regeneración de las relaciones sociales comenzando por la familia y la escuela, madurez en el lenguaje y en la conducta cívica, tolerancia y respeto al derecho ajeno, autenticidad de los liderazgos y transferencias de responsabilidades a las personas, las comunidades y los centros productivos. Es la única vía posible de la modernidad y el requisito ineludible para el desarrollo. Al respecto proponemos:

Garantizar el sufragio efectivo

Emprender las modificaciones legales necesarias para asegurar en los ámbitos federal y estatal la plena efectividad del sufragio. Establecer organismos electorales dotados de la autonomía y autoridad necesarios para garantizar el respeto a los derechos de todos los contendientes, la transparencia y limpieza de los comicios y la aplicación en su caso de sanciones que correspondan a la trascendencia de las violaciones. Estimular en todos los niveles y organizaciones las prácticas democráticas y el respeto al voto y fomentar por la educación el hábito de la libre participación y de la representatividad política.

Defender los derechos ciudadanos

Promover el pleno ejercicio de las garantías individuales y sociales, ofreciendo seguridades específicas para el ejercicio de las libertades de asociación, de opinión y de expresión. Abolir todas las formas de represión a la actividad ciudadana, suprimir la tortura y los tratos inhumanos y rendir cuentas claras sobre desaparecidos. Hacer efectivo el recurso de amparo para todos los mexicanos que lo requieran y establecer a ese efecto asesoría jurídica gratuita. Promover en todos los órdenes la supremacía de las leyes sobre las reglas no escritas que las contravienen.

Fortalecer los partidos

Asegurar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia de partidos políticos. Favorecer su creación y desarrollo por el restablecimiento del registro condicionado y el acceso equitativo a los medios de comunicación y a los recursos públicos. Establecer normas legales del gobierno, la afiliación voluntaria de sus miembros y el ejercicio interno de la democracia. Facilitar la formación de partidos políticos a nivel estatal y regional.

Democratizar la comunicación

Garantizar la promoción de los principios nacionalistas y democráticos definidos por la Constitución en el uso de las concesiones de radio y televisión. Prohibir la concentración monopólica de esos medios, descentralizar sus servicios, acrecentar la responsabilidad del Estado en su sostenimiento y asegurar la participación de los partidos políticos, las instituciones educativas y las comunidades científica, artística e intelectual en su gestión. Hacer efectivo el derecho a la información y fomentar la independencia de la prensa escrita respecto del gobierno y el poder económico.

Equilibrar los poderes

Hacer efectiva la división de poderes fortaleciendo la independencia y el pleno funcionamiento de cada uno. Ampliar la proporcionalidad en la integración de la Cámara de Diputados e instituirla en la de Senadores, dotando a los representantes populares de los medios técnicos y políticos necesarios para el debido cumplimiento de sus responsabilidades. Restituir a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Unión sus facultades de designación de los ministros de la Suprema Corte, conforme al principios original de la Constitución de 1917.

Procurar justicia

Proceder a una profunda reforma de la legislación vigente y de los poderes judiciales de la Federación y de los estados, a fin de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos y eliminar la arbitrariedad. Emprender la unificación, codificación y simplificación de las leyes a efecto de aumentar su congruencia, facilitar su comprensión y evitar la discrecionalidad en su aplicación. Dignificar la función judicial, erradicando prácticas viciadas y volviendo expeditos, imparciales y oportunos sus procedimientos y decisiones.

Renovar el federalismo

Respetar el ámbito constitucional reservado a los estados y revisar el régimen de distribución de competencia para robustecer el federalismo. Revisar las fracciones V y VII del artículo 76 de la Constitución y proscribir toda injerencia en la política interna de las entidades. Descentralizar la administración de los servicios y propiciar el desarrollo equitativo de los estados, equilibrando el acceso a las fuentes de ingreso y la distribución de los recursos federales mediante Convenciones Nacionales Fiscales. Garantizar la plena autonomía y democratización de los municipios, por la seguridad de sus arbitrios, el fomento a la gestión comunitaria, la representación plural en los cabildos y la participación directa del pueblo.

Municipalizar el Distrito Federal

Restablecer la organización municipal en el Distrito Federal y restituir la plena ciudadanía a sus habitantes, conforme al propósito original de la Constitución. Someter a consulta nacional la conveniencia de traslado de los Poderes Federales a una localización idónea y la reconversión consecuente de Distrito Federal en estado. Introducir en nuestro sistema constitucional referéndum como método de consulta a los ciudadanos sobre cuestiones fundamentales, sin detrimento de las competencias del Poder Legislativo.

Establecer el servicio civil

Atacar a fondo los problemas de la administración pública y establecer el servicio civil de carrera, independiente de los cambios de gobierno, fundado en el mérito, la honorabilidad y la eficiencia. Crear un organismo de Estado responsable de la reforma administrativa, el mejoramiento y coordinación de los sistemas y la formación y capacitación de empleados y funcionarios. Revisar y fortalecer el servicio diplomático y otorgar a los servidores del ejército y la armada los apoyos necesarios, procurando su más estrecha vinculación a las necesidades sociales del país.

Desterrar la corrupción

Promover los equilibrios políticos y las regulaciones jurídicas y administrativas que combatan la corrupción en sus causas. Alentar la acción ciudadana en la denuncia de faltas de los funcionarios y aplicar con rigor las disposiciones constitucionales y legales en la materia, incluyendo el juicio político, así como las normas destinadas a impedir el abuso derivado de la posición económica y social, suprimir la Secretaría de la Contraloría de la Federación y fortalecer en cambio la Contaduría Mayor, dependiente de la Cámara de Diputados, y las facultades de supervisión del Poder Legislativo sobre los actos de la Administración.

Respetar los derechos de las minorías

Pugnar, a través de medidas legales y acciones consistentes, porque la vida interna de todas las organizaciones se rija de acuerdo con procedimientos democráticos y se respeten invariablemente la pluralidad y los derechos de las minorías. Eliminar los cacicazgos, las dirigencias arbitrarias, la falsa unanimidad y cualquier otra forma de coerción y de marginación políticas. Alentar en particular la democratización y representatividad de los sindicatos, los ejidos y las cooperativas, y hacer valer el carácter voluntario del derecho de asociación en las organizaciones corporativas y gremiales.

Reconocer y promover las autonomías

Asegurar el mayor respeto a la organización autónoma de los grupos étnicos y hacer compatibles sus formas de gobierno con la legalidad de la República. Defender la igualdad de sus derechos y de su representación política respecto a otros grupos de la población. Auspiciar en la vida de todas las comunidades y en las unidades económicas la práctica de la autogestión y la participación responsable de sus integrantes de la toma de decisiones, en especial la de los trabajadores en la vida de las empresas.

El rescate de la nación

La historia de México es una hazaña de sucesivas generaciones por la cabal descolonización del país. Esa es la razón última del Estado nacional y el mandato primordial de nuestros gobernantes, el objetivo que justifica la sociedad política y el propósito esencial al que debe dirigirse nuestro esfuerzo por el desarrollo.

La independencia es a las naciones lo que la libertad a los hombres. Sin ellas no halla existencia digna ni auténtica realización personal o colectiva. La autodeterminación del país y la de sus habitantes condicionan y enriquecen mutuamente. Mientras más equidad haya entre los pueblos mejores serán las posibilidades de justicia entre los individuos.

La soberanía nacional reside en el pueblo y se instituye para su beneficio. Este conserva la potestad de modificar en todo tiempo la forma de su gobierno y decidir, por tanto, en plena libertad, el proyecto de sociedad al que aspira, las normas que han de regirlo y los medios para lograrlo.

Hemos consagrado y definido, en la esfera internacional, tanto el derecho a la autodeterminación de los pueblos como la igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición de intervenir en sus asuntos internos. Hemos conquistado además la facultad de disponer de nuestros propios recursos y determinar sin limitaciones la estructura y el rumbo de nuestra economía.

El nacionalismo mexicano es un cuerpo integrado de experiencias, leyes y doctrinas que no admiten interpretaciones arbitrarias. No es la modernidad condición previa para una independencia diferida. Preservar nuestras libertades exige el ejercicio consecuente de los derechos soberanos en toda acción política o programa económico. La voluntad de ser determina el modo de ser.

La autonomía política descansa en la independencia económica y en la participación democrática. El desarrollo de las facultades creadoras y de las fuerzas productivas internas, así como la cohesión social acrecentada por la justa distribución de los frutos del progreso, son la base perdurable de la soberanía.

Cualquier medida que restrinja la capacidad del pueblo para determinar libremente su futuro atenta contra la soberanía. Cualquier decisión que menoscabe la dignidad de los mexicanos frente al extranjero, comprometa nuestros derechos fundamentes, diluya nuestra identidad nacional o enajene nuestras riquezas es violatoria del pacto constitucional.

Es urgente revertir las tendencias antinacionales instauradas por las oligarquías. Es imprescindible rescatar, mediante un proyecto coherente de inspiración democrática y popular, el pleno dominio sobre nuestros procesos políticos, económicos, sociales y culturales, a fin de impulsar firmemente la integración y la autonomía del país.

La política exterior y la interna han de ser partes inseparables de un mismo propósito. Ambas exigen un vigoroso consenso ciudadano y una articulación efectiva de programas e instrumentos orientados a reducir nuestra vulnerabilidad y garantizar el desarrollo y la seguridad de la nación.

Al defender causas justas reivindicamos nuestra historia y protegemos nuestro futuro. La solidaridad que promovamos entre los pueblos sentará las bases morales para una convivencia más armónica entre los mexicanos y el régimen de libertades que afirmemos en lo interno fortalecerá nuestra autoridad para luchar por la democratización de la comunidad internacional.

Al respecto proponemos:

Detener la sangría financiera

Enfrentar en términos políticos, conforme a nuestra decisión soberana y con apoyo en la solidaridad internacional, la cuestión de la deuda externa. Suspender el pago de su servicio en tanto no se logre una justa reducción, con base en el interés nacional, en la corresponsabilidad de los acreedores, y en su valor real en los mercados. Establecer, en todo caso, un límite a nuestros pagos y la disminución sustantiva de las tasas de interés a fin de liberar los recursos necesarios para el desarrollo.

Recuperar la soberanía económica

Hacer respetar las disposiciones constitucionales en materia de empréstitos internacionales e iniciar las reformas legislativas necesarias a efecto de que el Congreso de la Unión establezca las bases de su contratación, las apruebe en cada caso, disponga su pago y exija las responsabilidades correspondientes. Proscribir las cartas de intención a todo arreglo que comprometa directa o indirectamente la soberanía del país. Promover las modificaciones legales que procedan para regular la venta de recursos naturales al exterior, reducir sustancialmente la de hidrocarburos y otras materias estratégicas y prohibirla cuando su uso se estime contrario al interés nacional.

Frenar la penetración extranjera

Aplicar rigurosamente la ley de inversiones extranjeras a fin de evitar su autorización indiscriminada y proteger en todos los casos el interés nacional; revisar con ese mismo objeto las disposiciones sobre patentes, marcas y transferencia de tecnología. Detener la venta de activos de las empresas mexicanas a cambio de pasivos financieros internacionales y fomentar la recuperación de espacios económicos por los productores nacionales. Abrogar las disposiciones que permitan la adquisición por extranjeros de territorios fronterizos y costeros. Retirar del país a todos los agentes de seguridad extranjeros y exigir plena reciprocidad en los acuerdos internacionales para el combate al narcotráfico.

Fortalecer nuestra identidad

Conceder la más alta prioridad al fortalecimiento de la identidad nacional en los términos del artículo tercero de la Constitución. Fomentar a través de la creatividad y la innovación, el desarrollo de nuestras capacidades y la defensa de nuestros valores y tradiciones étnicas, populares y regionales, sustituyendo la imitación servil por el intercambio fecundo con otras culturas. Reorientar el sistema educativo, la promoción de la cultura y los medios de comunicación social conforme a esos propósitos.

Replantear las relaciones con los Estados Unidos

Mantener con firmeza la validez del derecho, los principios y las resoluciones internacionales en nuestro trato con los Estados Unidos a efecto de contrarrestar la asimetría y las tendencias de dominación. Hacer valer nuestras propias posiciones e intereses en la esfera regional y a escala mundial, y fundar en la equidad y el respeto recíproco la negociación de los problemas derivados de la vecindad. Coordinar los variados aspectos de la relación y los diversos sectores que en ella intervienen dentro de una política nacional unitaria y multiplicar el diálogo y la presencia mexicana en todos los ámbitos de la sociedad norteamericana.

Proteger a los mexicanos en el exterior

Asumir plenamente la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos, laborales y culturales de los mexicanos en el extranjero, promoviendo al respecto la celebración de convenios y tratados internacionales, de carácter bilateral y multilateral. Fomentar además vínculos de solidaridad y cooperación entre nuestros compatriotas y los descendientes de mexicanos, cualquiera que sea su nacionalidad, así como el acercamiento y la comprensión entre todas las comunidades de nuestro origen.

Defender la autodeterminación en Centroamérica

Exigir resueltamente la no intervención en los asuntos internos de todos los Estados y solidarizarse sin titubeos con los pueblos agredidos. Apoyar con acciones concretas el derecho a la autodeterminación de Nicaragua y demandar el retiro de fuerzas extranjeras del istmo centroamericano, así como el despliegue de la cooperación internacional, a efecto de que todos los países de la región puedan ejercer pacífica y democráticamente sus soberanías.

Promover la Comunidad Latinoamericana

Promover la constitución de la Comunidad Latinoamericana, dotada de órganos ejecutivos y legislativos propios, así como de instituciones multilaterales de cooperación, gubernamentales y no gubernamentales, como vía para armonizar las soberanías, fortalecer la unidad política y propiciar la integración económica, social y cultural de la región. Otorgar prioridad a nuestras relaciones con los países del Caribe y restituir a los indolatinos la nacionalidad privilegiada que les concedió el constituyente de 1917.

Incorporarnos al No Alineamiento

Incorporar a México como miembro del pleno derecho en el Movimiento de Países no Alineados. Ingresar en la Organización de Países Exportadores de Petróleo y participar activamente en todo foro o asociación internacional que busque la coordinación de esfuerzos o la defensa de intereses semejantes o compatibles con los nuestros, sin menoscabo alguno de nuestra soberanía y como método para combatir el hegemonismo, aumentar nuestra capacidad de negociación y fomentar la cooperación entre los Estados.

Diversificar nuestras relaciones

Incrementar y fortalecer sistemáticamente nuestros vínculos políticos, económicos y culturales con diversos países y regiones, aprovechando las oportunidades que ofrecen la competencia internacional y la dinámica de los cambios en el escenario mundial. Establecer un programa prioritario de cooperación con los países en desarrollo, dotado de instrumentos eficaces, que comprometa la voluntad del Estado y de los agentes sociales y productivos.

Impulsar las negociaciones económicas

Demandar la aplicación de los compromisos multilaterales en materia de cooperación y nuevo orden económico. Proponer la creación de un organismo negociador de los países en desarrollo al más alto nivel capaz de reactivar el diálogo Norte-Sur y de promover el consenso necesarios para reformar el sistema financiero y monetario internacional, resolver en definitiva el problema de la deuda externa y asegurar la expansión de la economía mundial con criterios de interdependencia y beneficio mutuo.

Recuperar la vanguardia internacional

Retomar la posición de vanguardia que caracterizó a México en el ámbito regional y mundial, a fin de robustecer nuestra independencia y contribuir efectivamente al logro de la paz y la solidaridad entre los pueblos. Rechazar categóricamente las presiones que se ejercen para que modifiquemos nuestra participación en la búsqueda de soluciones a la cuestión del desarme, los conflictos bélicos, las amenazas a la seguridad colectiva, la descolonización, la creciente injerencia extranjera, los derechos humanos y la injusticia en las relaciones internacionales.

La preservación de nuestro patrimonio

El dominio imprescindible de la nación sobre las tierras, las aguas y los recursos naturales es definición toral de la Constitución. Lo es también el propósito de cuidar de su conservación, procurar la distribución equitativa de la riqueza pública, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Tales principios fueron establecidos para evitar que la explotación irracional de hombre y la naturaleza prolongara el modelo colonial. Son conquistas democráticas en contra de la apropiación irrestricta del territorio, la exacción de nuestros recursos por el extranjero, la acumulación desproporcionada de bienes y la inadmisible degradación del esfuerzo humano.

Las tendencias prevalecientes contravienen radicalmente ese proyecto. La progresiva enajenación del país a objetivos y estilos ajenos, el excesivo centralismo de las decisiones, la cohabitación del derroche y la miseria, el predominio de la codicia sobre la necesidad colectiva y los extremos de la ignorancia y la desigualdad están dilapidando el patrimonio que heredarán nuestros hijos.

Se trasladan al extranjero porciones de la corteza terrestre para obtener divisas con las cuales se continúa la depredación; mientras que por necesidad de sobrevivencia, devoramos los espacios biológicos y contaminamos el medio que a su vez nos contamina.

El hombre es parte integrante de la naturaleza. Al modificarla nos modificamos a nosotros mismos y al destruirla o empobrecerla, destruimos o empobrecemos también nuestro futuro. Es deber de cada generación preservar y regenerar las bases naturales de la vida. La salud de la sociedad y de su entorno han de ser propósitos fundamentales de la acción política.

Es necesario hacer prevalecer el interés histórico de la comunidad nacional sobre los intereses particulares, como lo señala el mandato constitucional. Es preciso reorientar el desarrollo conforme a criterios cualitativos e inducir cambios de mentalidad y de comportamiento que eviten los excesos del industrialismo, eliminen la violencia sobre la naturaleza y restauren el respeto hacia todas las formas de vida.

La preservación del medio ambiente no ha de interpretarse como la búsqueda de paraísos perdidos ni menos como la cancelación del progreso material. Implica, por el contrario, un nivel más alto de racionalidad y un mayor dominio del hombre sobre sí mismo y sobre sus instrumentos. Es una cultura de la previsión que hace del porvenir la preocupación más importante de hoy y nos obliga a repensar nuestras decisiones en función de sus consecuencias futuras.

El cuidado del entorno biológico y físico supone un nuevo sentido de responsabilidad para el poseedor y el productor y modalidades de la organización social que confíen las decisiones a las comunidades regionales y locales y fomenten la autogestión en todos los niveles. Exige al mismo tiempo una política descentralizadora del poder y la riqueza y un concepto del crecimiento que privilegie los recursos endógenos y proteja los ciclos naturales.

Se trata de remplazar una economía extractiva por otra auténticamente productiva y de convertir los programas de desarrollo en proyecto de vida, adaptando la técnica a las necesidades humanas y no a la inversa. Se trata, igualmente, de suprimir el consumismo y cualquier otra forma de imposición económica, a efecto de instaurar el diálogo democrático sobre las opciones básicas de la sociedad.

Es imprescindible que recuperemos los equilibrios entre el campo y la ciudad, dignifiquemos los asentamientos humanos y rescatemos la convivencia rural; que preservamos los arraigos, los saberes y las identidades de los mexicanos y con ellas la heterogeneidad del país, el derecho de todos los grupos para autodeterminarse y el de los ciudadanos a gobernar el desarrollo.

Al respecto proponemos:

Erradicar la miseria

Erradicar en plazos perentorios las manifestaciones extremas de la miseria, mediante programas coordinados de salud pública, asistencia social, capacitación intensiva, generación de empleos, trabajos comunitarios y talleres nacionales. Promover acciones de amplia cooperación a fin de combatir consistentemente diversas formas de degradación humana, las conductas antisociales, el alcoholismo y la drogadicción.

Garantizar la salud

Promover la salud y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes en tanto garantía constitucional. Procurar decididamente el mejoramiento de la nutrición, la protección de la maternidad y la infancia, el saneamiento del medio físico, el acceso a los satisfactores básicos y la prevención de la enfermedad. Fomentar la utilización de saberes y recursos curativos tradicionales así como la participación del Estado en la innovación, la producción y el abasto de medicamentos básicos.

Asegurar la vivienda digna

Garantizar a todas las familias los medios y apoyos necesarios para la construcción, ampliación o regeneración de sus viviendas, mediante el acceso equitativo al suelo urbano, el abaratamiento del crédito, la integración y descentralización de los servicios existentes, el fomento a la iniciativa de los beneficiarios y la asistencia técnica eficaz. La Federación, los estados y los municipios deberán proveer con carácter prioritario la infraestructura física y de servicios necesaria a esos fines y evitar toda forma de especulación de la tierra, y los materiales destinados a la vivienda. Deberán igualmente procurar debida protección inquilinaria.

Regular los fenómenos demográficos

Proveer los medios y apoyos previstos por la ley a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de los padres a determinar libre y responsablemente la conformación de las familias. Acrecentar la conciencia pública sobre los problemas demográficos y la participación de la comunidad en sus soluciones. Impulsar programas coherentes que reduzcan las migraciones anárquicas, fomenten el arraigo y eviten las concentraciones desmedidas de población.

Descentralizar la vida nacional

Asumir la descentralización como una reforma social y cultural, tendiente a restituir a todas las comunidades su autonomía y su capacidad de desarrollo endógeno, desconcentrar el poder y la riqueza, revalorar la provincia y reconstruir nuestra independencia desde sus raíces. Orientar con ese criterio la planeación nacional, la dotación de infraestructura, la asignación de los recursos y las decisiones políticas fundamentales. Trasladar sistemáticamente al interior del país servicios y actividades y promover la distribución equilibrada de los habitantes sobre el territorio.

Democratizar el desarrollo urbano

Establecer sistemas efectivos de planeación y desarrollo urbano, mediante la participación democrática y la autogestión que promuevan la cooperación y garanticen el interés ciudadano. Precisar y hacer respetar los usos del suelo, regular la expansión y determinar las reservas indispensables, combatir la contaminación en todas sus formas, multiplicar las áreas verdes, fomentar la cultura urbana y el espíritu comunitario, socializar el transporte y procurar la mayor racionalidad y eficiencia de los servicios.

Racionalizar el aprovechamiento de los recursos

Dictar las medidas que procedan para la estricta observancia del artículo 27 Constitucional, a fin de que el aprovechamiento del suelo, subsuelo, los bosques, selvas tropicales, mares, aguas internas y demás riquezas naturales obedezca a criterios racionales orientados a la preservación y regeneración del medio ambiente, la salvaguarda de la soberanía, el incremento de nuestro patrimonio y la satisfacción de las necesidades populares. Fomentar decididamente una cultura de respecto a la naturaleza, así como la investigación científica y la tecnología orientada a esos propósitos.

Recuperar la naturaleza

Reordenar el desarrollo territorial a fin de evitar la excesiva expansión de las áreas urbanas, restaurar el campo e incorporar nuevos espacios a la vida humana. Reorientar el crecimiento con objeto de privilegiar los procesos naturales sobre los industriales, establecer las fronteras entre los aprovechamientos agrícolas, pecuarios y forestales, proteger y fomentar la flora y la fauna silvestres, combatir la erosión y la desertificación, desarrollar armoniosamente las costas y promover el debido aprovechamiento de los recursos marítimos.

Consumar la Reforma Agraria

Terminar con los latifundios y con toda forma directa o indirecta de acaparamiento de la tierra y de sus productos e incorporar al reparto agrario las tierras ociosas o indebidamente acumuladas. Impedir la manipulación del amparo agrario y de las concesiones ganaderas y forestales, restituir a las comunidades indígenas las tierras que les corresponden y otorgar plena seguridad jurídica al ejidatario, al comunero y al auténtico pequeño propietario. Reconstruir la economía y la democracia ejidales abatiendo la corrupción y el intermediarismo, y promover la cooperación entre todos los productores.

Ordenar la transición energética

Asegurar la autosuficiencia energética y la preservación de nuestros recursos en el largo plazo, mediante la utilización racional de las fuentes disponibles y la sustitución programada de las tradicionales y agotables por las nuevas y renovables. Reducir gradualmente el empleo de los hidrocarburos y reorientar su utilización hacia la petroquímica. Promover la innovación científica y tecnológica y proveer los estímulos necesarios para el desarrollo de energías no contaminantes, la descentralización de su producción y abastecimiento y la democracia de su uso.

Revisar la política nuclear

Analizar objetivamente la conveniencia de incluir el componente nuclear dentro del Plan Energético Nacional, tomando en cuenta nuestras potencialidades naturales, la evaluación previsible del conocimiento y la voluntad informada de la población. En caso afirmativo, determinar claramente las metas económicas, las opciones políticas, los procedimientos técnicos y los sistemas de consulta democrática. Suspender la puesta en operación de la planta de Laguna Verde en tanto no se llegue a esas definiciones y se efectúe una evaluación satisfactoria y pública del proyecto.

Regenerar el medio ambiente

Emprender un combate a fondo contra la contaminación y a favor de la reconstrucción del medio físico. Expedir la legislación y ejecutar las reconversiones económicas y técnicas que se requieran para fundar la alimentación popular en la preservación de los ecosistemas, fomentar la diversidad genética, restaurar la vitalidad y la capacidad productiva de los elementos naturales, asegurar el reciclaje de los desechos urbanos e industriales, proscribir toda conducta económica o social atentatoria contra el ambiente y alentar el esfuerzo de cada individuo y comunidad en el mejoramiento de su entorno.

La sociedad solidaria

El sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que la Constitución define como objetivo nacional, no depende tan sólo de la estructura jurídica o del régimen político que nos hemos dado. Supone la plena participación democrática de los ciudadanos y el establecimiento de una cultura de la solidaridad entre los mexicanos.

El compromiso de garantizar condiciones de justicia y libertad para todos es el núcleo mismo del pacto constitucional. El disfrute de una vida digna no es sólo aspiración individual, sino responsabilidad colectiva y fin obligado de la acción política. Es el nuestro un Estado social concebido para generalizar el bienestar, corregir los desequilibrios entre grupos y regiones y asegurar el máximo posible de igualdad en las oportunidades.

Las doctrinas y prácticas neoliberales hoy en boga son contradictorias a la filosofía de nuestro movimiento revolucionario. Lo es también el conservadurismo político en el ejercicio del poder y el creciente abandono de los deberes que éste tiene con las mayorías. Propiciar la desigualdad en vez de combatirla y ahondar las diferencias sociales como política de gobierno equivale a derogar la vigencia del orden constitucional.

Es urgente restaurar la orientación distributiva de nuestro desarrollo y devolver su carácter solidario a nuestras instituciones. Es preciso asumir como propio el destino de todos nuestros compatriotas y compartir las responsabilidades y las cargas de una política igualitaria. La libertad de los demás es límite y condición para el ejercicio de la propia, y en la medida que la comunidad se libera de servidumbres y temores se afirma la garantía de su ejercicio.

La sociedad tiene el deber de combatir los extremos del privilegio y la marginación que hacen peligrar la cohesión y supervivencia. La acumulación irrestricta de riquezas, el uso del poder sin frenos ni contrapesos, la apropiación arbitraria del fruto del esfuerzo ajeno y la superioridad por el origen como sistema, contravienen nuestros principios democráticos. Los ofende también la sobreexplotación y humillante exclusión social de la que son víctimas millones de mexicanos.

El desarrollo no es el incremento de los bienes sino la evolución de los hombres. La auténtica modernización de un país reside en el mejoramiento de las capacidades y de las condiciones de vida de sus habitantes. Los avances materiales no representan verdadero progreso en tanto no se disfrutan con justicia ni contribuyen a perfeccionar la convivencia humana.

Reconocer la primacía del hombre sobre las cosas significa otorgar al trabajo un papel central en el proceso económico y en la organización social. El respeto al ser humano se expresa en el estímulo a su esfuerzo y en la consideración de su obra como motor de la historia y fuente legítima de los satisfactores necesarios para una existencia decorosa y fructífera.

La transformación de las relaciones sociales y la lucha contra la injusticia y la desigualdad exigen una actitud moral de la comunidad, así como una política coherente cuyos ejes son el empleo y la educación. Ambos han de vincularse estrechamente en el propósito primordial de acrecentar las facultades del individuo para lograr su plena realización y contribuir al bienestar de la sociedad.

Es México un país heterogéneo, cuyas etnias, culturas y tradiciones sustentan su riqueza espiritual y sus posibilidades creadoras. Para progresar no es preciso destruir nuestra identidad, sino alentar por el contrario la expresión de cada grupo y el talento de cada individuo para incorporarlos a la tarea común. El respeto a las singularidades es condición de libertad y requisito para una justicia verdadera.

El orden de prioridades nacionales que propugnamos demanda colocar la agenda de las necesidades sociales en el primer plano de nuestra acción cotidiana. La conquista de la igualdad resulta de numerosas batallas, concretas y permanentes, casi siempre contra nuestras propias debilidades y atavismos. Exige una genuina mutación cultural y un compromiso relevante con las nuevas generaciones.

Al respecto proponemos:

Combatir la marginalidad

Atacar la marginalidad urbana y rural en sus manifestaciones y causas como objetivo central de los programas de desarrollo. Determinar los niveles mínimos de alimentación, salud, educación, vivienda y remuneración al trabajo, acordes con la dignidad del individuo e indispensables para el desenvolvimiento de la familia, a efecto de garantizarlos a todos los mexicanos, a través de un pacto social explícito que no movilice las energías nacionales en torno a metas de cumplimiento obligatorio.

Mejorar la nutrición

Con base en la autosuficiencia alimentaria del país organizar una política integral de nutrición que asegure el mejoramiento substancial de la dieta popular. El Estado deberá promover la cooperación de los productores y de los sistemas de comunicación y comercialización e intervenir directamente cuando sea necesario para modificar los hábitos de consumo, incrementar la calidad de la oferta y garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos a precios compatibles con los ingresos mínimos.

Proteger la niñez

Asegurar la protección integral de la niñez con fundamento en la solidaridad social y la coordinación de las instituciones públicas a todos los niveles. Restablecer los desayunos escolares en el sistema de educación pública, hacer efectivo el derecho a guarderías para los hijos de madres trabajadoras y extenderlos a otros grupos mediante sostenimiento comunitario, desarrollando programas de atención materno-infantil para toda la población.

Garantizar la educación básica

Volver obligatoria por mandato constitucional la educación básica de diez grados y proveer los medios que se requieran para garantizar la escolaridad de todos los niños mexicanos cuando menos hasta la edad de dieciséis años, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Asegurar a la población joven y adulta los servicios necesarios para cubrir esos mismos grados con el apoyo de las organizaciones sociales, los centros de trabajo y la colaboración ciudadana. Favorecer por medios pedagógicos y servicios asistenciales, el ascenso democrático de los alumnos en el sistema educativo, independientemente del nivel de ingreso de sus familias.

Reformar el sistema educativo

Emprender una profunda reforma de los contenidos, los métodos y la organización del sistema educativo. Desterrar el burocratismo y completar la descentralización de los servicios, promoviendo la responsabilidad de las comunidades en su gestión, así como la vinculación de la escuela con la familia y el medio económico y social. Alentar la innovación pedagógica, la dignificación del magisterio y la evaluación de sus esfuerzos para asegurar la constante mejoría de la calidad de la enseñanza y el fomento de una cultura nacional humanista y productiva.

Elevar y democratizar la educación superior

Enfrentar los problemas de la educación superior, universitaria y técnica, conforme a los requerimientos de nuestro progreso democrático. Asegurar a las instituciones públicas los medios necesarios para la satisfacción de sus fines y acrecentar en éstas su responsabilidad hacia el país. Fomentar el pleno ejercicio de su autonomía por el estímulo a la libertad académica, el pensamiento crítico y la participación, y fortalecer su contribución al desarrollo nacional y regional por la orientación y mejoramiento de la investigación y la docencia, así como por su mayor incidencia en la definición de los valores y de las opciones nacionales.

Apoyar a la juventud

Atender las necesidades de la juventud como sector diferenciado y mayoritario de la población. Promover el pleno ejercicio de sus derechos políticos y laborales, fomentando su organización autónoma y su participación en la toma de decisiones. Coordinar las acciones públicas y comunitarias que favorezcan su educación, capacitación, acceso al empleo, práctica del deporte y actividades recreativas; transformar el servicio militar en servicio social que aliente en los jóvenes la solidaridad y el patriotismo.
Impulsar el ascenso de la mujer

Promover consistentemente las medidas que aseguren la plena igualdad entre el varón y la mujer y la liberen a ésta del atraso y discriminación. Propiciar el ascenso de la mujer en el sistema educativo, las oportunidades de trabajo, las funciones creativas, las responsabilidades políticas y los cargos de mando. Aligerar la carga de las mujeres trabajadoras, favorecer la democratización de las relaciones familiares y garantizar el derecho a la maternidad responsable.

Dignificar el trabajo

Promover las innovaciones tecnológicas y los acuerdos laborales que dignifiquen al trabajo como fuente de realización personal y de progreso social. Humanizar las condiciones de trabajo, proscribir las faenas degradantes, asegurar la capacitación para el ascenso y el cambio y fomentar el aprovechamiento fecundo del tiempo libre. Ofrecer a los jubilados nuevas oportunidades productivas y de cooperación que aprovechen su experiencia y estimulen la solidaridad entre generaciones.

Universalizar la seguridad social

Extender la seguridad social a todos los habitantes del país en un plazo no mayor de diez años, mediante la integración de los servicios actuales y el establecimiento del sistema nacional de salud, financiando equitativamente con cargo al empleador y al gasto público. Multiplicar la atención a los campesinos con apoyo en la cooperación con la comunidad. Garantizar la cobertura efectiva de los riesgos del trabajo, incluyendo la pensión suficiente y nunca inferior al salario mínimo, así como el seguro de desempleo.

Estimular la creación

Estimular la creación artística y cultural en todas sus manifestaciones, así como la democratización de su disfrute. Alentar en la niñez y la juventud las aptitudes creativas y comprometer al sistema educativo, los medios de comunicación y las instituciones económicas y sociales en la promoción de una cultura participativa que fomente el hábito de la lectura y de la discusión, las actividades estéticas y el intercambio de obras y conocimientos a efecto de contribuir al robustecimiento de nuestra identidad y a la más amplia realización de nuestros talentos.

Fomentar la pluralidad

Reconocer constitucionalmente el carácter multiétnico y pluricultural de la nación y reorientar en ese sentido los programas educativos y las políticas de desarrollo. Fundar en la diversidad social y la heterogeneidad histórica la genuina integración del país, así como su defensa frente a la penetración extranjera. Fomentar el respeto a los derechos, los sistemas de vida y los valores de las comunidades indígenas y favorecer la enseñanza y difusión de todas las lenguas y tradiciones que conforman nuestra cultura.

La recuperación del desarrollo

México se ha propuesto, desde sus orígenes como nación, liberarse de la dominación extranjera y reducir las desigualdades sociales. El colonialismo externo y el interno se apoyan y condicionan recíprocamente. Cuando más se vincula nuestra economía a los intereses del exterior, mayor es la concentración de la riqueza y menos la participación de los mexicanos en la construcción del país y en el disfrute del bienestar.

El Estado que diseñó el constituyente de 1917 tiene como mandatos primordiales asegurar la soberanía y la integridad física, económica y moral del país, mediante una política decididamente nacionalista y distributiva que impulse el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, corrija las disparidades y desequilibrios internos, y satisfaga las necesidades fundamentales de la población en la libertad, la responsabilidad compartida y la justicia.

Recientes reformas constitucionales han precisado la función rectora del Estado sobre la economía nacional y sus facultades para planearla, conducirla, coordinarla y orientarla. Para ello puede y debe regular y fomentar todas las actividades que beneficien a la población, con el consenso de los sectores privado y social; combatir los monopolios, el acaparamiento y los abusos, asegurar de modo exclusivo el desarrollo de las áreas estratégicas, intervenir en aquellas que estime prioritarias y sujetar la propiedad a las modalidades que dicte el interés público.

La política económica seguida estos años se aparta notoriamente de los propósitos incluidos en la ley suprema. No se han logrado compatibilizar el reformismo constitucional, la estructura formal de la planeación y el discurso de la igualdad, con las medidas de ajuste, el empirismo financiero y la supeditación a la dinámica externa.

El país ha transitado de la imprevisión y el derroche a la recesión, en abandono del proyecto patriótico y equilibrado de desarrollo que demandan los mexicanos. Nuestra vulnerabilidad económica se ha incrementado y nuestra capacidad productiva ha sido lesionada por el manejo inadecuado de la deuda pública y la adopción de un proyecto neocolonial, tendiente a incorporarnos a la economía norteamericana.

La escalada de la inflación, el privilegio especulativo y la voluntad deliberada de sacrificar el crecimiento, el empleo, el salario y el ingreso de las mayorías han enriquecido más a los poseedores, extremando la pobreza y cercenando expectativas de ascenso a las clases medias. Así se han desarticulado las relaciones entre los grupos sociales y se ha dañado, en lo profundo, la confianza de los productores, los trabajadores y los ciudadanos en la palabra y en la conducta de los dirigentes. La modernización que el país reclama no ha de ser pretexto para justificar un proyecto desnacionalizador que refuerza la desigualdad. A la modernidad se accede por el equilibrio dinámico entre los diversos sectores que integran una comunidad, no por la implantación mecánica de modelos y saberes ajenos. Se llega por el mejoramiento coherente y simultáneo de nuestras capacidades en todos los estratos, actividades y regiones, particularmente en aquellos que por el atraso y la explotación han desaprovechado sus potencialidades.

México requiere redefinir y regular su inserción en la economía mundial y reordenar sus prioridades internas a efecto de recuperar su autonomía y revertir los términos del desarrollo a favor de las mayorías. Necesitamos restablecer nuestra capacidad de inversión y crecimiento e imprimirles una dirección cualitativa que privilegie la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, el incremento general de la eficiencia, la distribución equitativa del producto y la integración económica y social del país.

Una sociedad democrática supone y propicia una economía democrática. El orden de relaciones patriótico, solidario y participativo que debe presidir la vida política ha de montar también la actividad económica. El Estado asume su rectoría porque representa el interés histórico del país y ha de velar por su independencia y equilibrio, pero está obligado a fomentar la iniciativa de todos, a descentralizar las decisiones y a promover un nuevo entendimiento nacional sobre objetivos compartidos por los mexicanos.

La confianza que debemos auspiciar es la que se funda en la certidumbre de nuestra viabilidad nacional, no en la efímera seguridad de ganancias desmesuradas para unos cuantos. Nuestro compromiso es con el futuro de nuestros hijos y no con el de los pocos privilegiados. Este es el pacto que el país demanda y es el único proyecto realista y deseable de desarrollo; el actual resulta quimérico por insostenible.

Al respecto proponemos:

Frenar la inflación

Detener el proceso inflacionario mediante una política enérgica y combinada que aumente substancialmente la oferta de productos básicos, reduzca los costos financieros por el abatimiento de las tasas de interés, modere y espacie el alza de los precios y tarifas del sector público y reduzca gradualmente el deslizamiento del peso. Restablecer el control de precios de la canasta de bienes indispensables y emprender una profunda reforma del sistema de abasto y comercialización que restrinja la intermediación innecesaria y proteja al productor y al consumidor.

Reactivar la economía

Canalizar hacia la inversión productiva los recursos liberados por la disminución del pago de la deuda externa a través de un programa de reconstrucción nacional y de un fondo específico para restaurar la capacidad de las empresas más dañadas por la crisis. Reorientar el desarrollo conforme a las prioridades de la integración nacional y la genuina modernización, alcanzando tasas de crecimiento sostenidas y proporcionadas a la capacidad instalada, la disponibilidad de la fuerza de trabajo y a la expansión no inflacionaria de la infraestructura.

Fomentar el empleo

Hacer efectivo el derecho constitucional al empleo mediante programas concertados por rama de actividad, destinados multiplicar las fuentes de trabajo a la medida de la demanda y mejorar las existentes. Equilibrar las inversiones de alto rendimiento con aquellas que generan mayor ocupación, como la pequeña y mediana empresa. Coordinar estrechamente el sistema de educación y la planta productiva, y establecer un sistema nacional de mano de obra responsable de la capacitación, que facilite a la par el avance tecnológico y el desplazamiento laboral.

Fortalecer el salario y el consumo

Recuperar el poder adquisitivo del salario a su nivel histórico más alto (1976) con apoyo en la reducción de los precios y en aumentos programados de los ingresos que incentiven la productividad y activen la demanda. Mantener invariablemente los salarios por encima de los aumentos de precio y asegurar su carácter justo y remunerador; ajustar automáticamente los mínimos a fin de que cumplan su objetivo constitucional. Fortalecer el consumo de los sectores mayoritarios por el fomento a las organizaciones de consumidores, la ampliación del crédito y la reorientación de las líneas de producción conforme a las necesidades reales.

Redistribuir el ingreso

Orientar la estrategia de recuperación hacia el mejoramiento sustancial de la distribución del ingreso y la ampliación del mercado interno y los consumos sociales, aplicando las medidas correctivas que sean necesarias para contrarrestar la acentuada desigualdad por grupos y regiones. Desgravar los ingresos del trabajo y el consumo popular, y ampliar el reparto de utilidades. Establecer legalmente la obligación del Ejecutivo de rendir un informe anual sobre la distribución del ingreso, que transparente el origen de la recaudación fiscal y el destino del gasto público, así como las políticas de precio, utilidades, empleo, salarios y consumos.

Promover la productividad y la innovación

Mejorar sistemáticamente la productividad de la administración, las empresas y la economía, mediante la racionalización y descentralización de los procesos, la elevación de las capacidades, el estímulo al mérito y la competencia y el fomento a la organización y la dirección participativa. Desarrollar una estructura tecnocientífica propia que aliente y aproveche la innovación en todos los niveles y reduzca la penetración excesiva de tecnologías extranjeras, con apoyo en un sistema nacional de investigación científica que involucre a todas las instituciones competentes.

Asegurar la autosuficiencia alimentaria

Lograr en un plazo perentorio la autosuficiencia alimentaria, impulsando la producción agropecuaria, pesquera y agroindustrial, y convirtiéndolas en actividades de alta productividad que permitan abastecer los mercados, mejorar el ingreso del sector rural y dignificar la vida campesina. Suspender los privilegios a la exportación de alimentos y su transnacionalización, y alentar la oferta para el consumo nacional así como la organización de los productores. Asegurar a éstos precios remuneradores y proporcionarles los medios crediticios y técnicos necesarios.

Integrar la industria

Establecer un plan de desarrollo industrial en función de las necesidades y la dotación de factores del país que articule racionalmente la investigación, la ingeniería y la producción, tanto como la oferta y demanda de bienes de consumo final, intermedio y de capital. Disminuir la dependencia de insumos importados y promover la exportación de manufacturas con apoyo en la expansión del mercado interno. Replantear la reconversión industrial para extender sus beneficios al resto de la economía y propiciar el avance de la tecnología mexicana.

Reconstruir la economía pública

Detener el desmantelamiento del sector paraestatal convenido con el extranjero y hacer públicos los criterios y condiciones de la venta de empresas. Recuperar la función constitucional de la economía pública y su carácter de base material de la soberanía. Fortalecer las áreas estratégicas y establecer legal-mente los criterios para la definición de las prioritarias. Ampliar la participación de los técnicos y trabajadores en la planeación del sector, democratizar su gestión, promover la iniciativa de Estado y municipios, apoyar su financiamiento en recursos propios y en la emisión de bonos y obligaciones, y asegurar altos rendimientos económicos y sociales.

Financiar el desarrollo

Financiar el desarrollo primordialmente con recursos internos y no incurrir en nuevos endeudamientos internacionales carentes de respaldo en el excedente del sector externo. Fomentar el ahorro nacional y canalizar el del sector público que ahora se destina al pago de intereses hacia la inversión productiva; aumentar la eficiencia y la equidad del sistema fiscal y gravar las ganancias especulativas y las transferencias de capital al extranjero. Reconstruir el sistema bancario nacionalizado, devolviéndole sus facultades, abaratar el crédito e impedir la monopolización de los flujos financieros en el mercado de valores.

Reducir la dependencia

Reducir la vulnerabilidad y dependencia de nuestra economía frente al extranjero, por una regulación nacionalista y eficaz de las políticas comercial, financiera y cambiaría que defienda el valor de nuestra moneda, proteja la industria mexicana y promueva su auténtica modernización. Es indispensable establecer un sistema flexible y eficiente de control de cambios, utilizar los aranceles para modular la apertura económica, revisar la política turística y la de maquila y emplear las divisas que percibe el país para impulsar nuestro proyecto de desarrollo, destinando sólo una pequeña proporción al servicio de la deuda.

Concertar el desarrollo

Instaurar un verdadero sistema de planeación democrática, fundado en el diálogo y la participación de todos los sectores sociales y actores económicos y en el funcionamiento efectivo del federalismo. Una entidad autónoma y representativa será responsable de la elaboración y difusión del plan nacional de desarrollo y el Congreso de la Unión verificará su apego al proyecto constitucional, lo sancionará y revisará periódicamente su cumplimiento. El poder ciudadano será garante de este nuevo pacto de concertación nacional.

Mexicanos:

Estas son las conclusiones esenciales que resultan de nuestra experiencia y convicción. Este es el fruto de innumerables jornadas en las que hemos compartido los ideales, preocupaciones y demandas de nuestros compatriotas.
No es, sin embargo, un texto final, ni podría serlo. Es sólo una Propuesta para la reflexión colectiva y para la acción política consecuente. Una aportación responsable al debate nacional sobre el presente y el futuro.

Invitamos a todos nuestros compañeros de partido, trabajadores del campo y de la ciudad, jóvenes y mujeres, para que ejerzan en plenitud sus derechos de militantes y se sumen a este esfuerzo contra el autoritarismo, por el rescate de la soberanía y la reconstrucción del país. Invitamos a todas las fuerzas democráticas y progresistas de la República para que unan sus voluntades en torno a una alianza patriótica capaz de frenar la contrarrevolución y la supeditación del país a intereses extranjeros. Invitamos a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su credo, partido o ideología, para que asuman su responsabilidad con la democracia y se convierta, cada uno, en promotor de los cambios que México reclama.

No cederemos ante la prepotencia ni fallaremos a la confianza que muchos han depositado en nosotros. Conocemos la madurez cívica del pueblo, su repudio a la arbitrariedad y a la injusticia y su capacidad de compromiso en las horas definitivas para la nación.

A esta generación corresponde el irrenunciable deber de salvaguardar con hechos la vigencia de la Constitución y derrotar políticamente a los grupos y alianzas que la socavan. A esta generación toca optar entre la vía de la sumisión a intereses ajenos, y la de una cabal liberación de las energías nacionales para la reconquista de nuestra independencia y dignidad.

A esta generación compete terminar con la simulación e instaurar en el país, junto con el respeto a la efectividad del sufragio, la edad de la democracia, en el disfrute irrestricto de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de las responsabilidades sociales.

México, país con historia de lucha, no podría dejarse vencer por la complicidad y el conformismo. México, país de jóvenes, no podría perdurar en el envejecimiento de sus estructuras políticas y la decadencia de la moral pública.
Vayamos todos al combate cívico. La política es el vínculo entre el proyecto y la realidad. Es la rebeldía de la razón frente a la supuesta fatalidad de los hechos y la afirmación de la voluntad sobre el curso de la historia. Construyamos entre todos un movimiento nacional contra la imposición y el continuismo. No permitamos que nadie, a ningún título, usurpe nuestro porvenir.

Por la democracia y la justicia social sin claudicaciones.

Corriente Democrática
Partido Revolucionario Institucional
México, 9 de septiembre de 1987.

Fuente: Revista Estudios Políticos, Número 3, Nueva Época, vol. 7, julio-septiembre de 1988, México, UNAM, 1989.