Septiembre 29 de 1987

Hemos llevado a cabo un gran esfuerzo para instaurar el diálogo sobre la recuperación del proyecto constitucional y la democratización del partido. La respuesta al ejercicio de nuestros derechos de militantes ha sido una cerrazón política sin precedentes, acompañada de diversas formas de agresión.

Todo indica que la legalidad interna del partido continuará siendo violada en el proceso de nominación de candidato a la Presidencia de la República. La dirigencia nacional afirma que las propuestas vendrán de los sectores, sin que se hayan celebrado para ellos las asambleas que previenen los Estatutos. Los dirigentes sectoriales por su lado han declarado que la decisión corresponde "al partido", como si éste fuera un ente abstracto al que no pertenecieran los obreros, los campesinos ni las clases medias populares.

Se pretende ocultar lo inocultable: que la decisión vendrá de otra parte, del Palacio Nacional. Los cambios de forma, obligados por la presión popular, en nada han alterado la substancia y sólo han incrementado la confusión.

La reiteración de la mentira en que ningún mexicano cree ha conducido a una lamentable comedia de equivocaciones que tiene visos de culminar en una inaceptable farsa. Si se desoyera el clamor nacional y la abrumadora demanda partidista a favor de la apertura y transparencia de los procedimientos de selección; si se negara el registro a los precandidatos propuestos por las bases; si no se eligieran democráticamente los delegados a la Convención y ésta no resolviera por voto individual y secreto, se habrá consumado una burda imposición.

Hemos procedido de la mejor buena fe, con la más firme determinación cívica y una lealtad irreprochable a los principios y normas de nuestro partido. Se nos ha rechazado, calumniado y combatido una y otra vez. La última respuesta que recibimos es un dechado de incongruencias: se nos contestó por escrito a un planteamiento distinto del que formulamos y que todavía no hemos presentado. Se denegó nuestro derecho de petición al no recibir siquiera ni analizar la documentación y los argumentos que aportamos, lo que prueba no sólo la razón jurídica y política que nos asiste, sino el apoyo a nuestras tesis de cientos de miles de militantes.

Las circunstancias que rodearon nuestra comparecencia ante el partido el pasado día 21 son en extremo graves y deben ser denunciadas. Habíamos advertido públicamente y por las vías legales apropiadas nuestra voluntad de manifestar y de acudir a las oficinas centrales de nuestra organización para hacer valer, pacíficamente, los derechos que nos corresponden. La dirigencia nacional, poseída de un temor irracional derivado de su inseguridad ante la fuerza de las demandas populares, montó un formidable aparato represivo, con grupos de choque al servicio de sátrapas sindicales, "halcones", miembros de la policía capitalina, carros antimotines y otros elementos armados. Este insólito despliegue contó obviamente con la complicidad de diversas autoridades y hubiera provocado una masacre, de no haber mediado la prudencia de los manifestantes que aceptaron enviar una delegación, a efecto de evitar un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles.

La lógica de esta imposición, consecuente con los principios políticos y financieros contraídos con el extranjero, no reconoce límites y podría conducirnos en breve plazo a una pérdida mayor de nuestras libertades ciudadanas. De ahí que la defensa de los derechos partidarios se identifique con la lucha por la soberanía del país y la supervivencia y ampliación del régimen democrático. De ahí que la ilegalidad dentro del partido mayoritario sea inaceptable y que no debamos cejar en nuestro empeño contra el continuismo y los métodos autoritarios que ahora prevalecen. Esa es la batalla que convoca hoy a todos los mexicanos.

Una precandidatura surgida de las bases mismas del partido y las tesis de nuestra "Propuesta democrática", han generado un enorme respaldo popular y su aceptación hubiera significado un avance indiscutible. Esa posibilidad está a punto de cancelarse por la terquedad de perpetuar procedimientos cupulares, mediante reformas clandestinas a los Estatutos y decisiones políticas ya anunciadas en el sentido de usurpar los derechos de los militantes anulando el libre registro de precandidatos, adoptando la modalidad totalitaria de precandidato único e impidiendo auténticas campañas internas de proselitismo.

Continuaremos luchando hasta la culminación del proceso porque se respeten cabalmente los derechos de la militancia. Proseguiremos exigiendo permanentemente la democratización de todas las instancias del partido y de sus organizaciones. Fortaleceremos nuestros trabajos e invitaremos a todos nuestros compañeros cuyos derechos o legítimos intereses hayan sido o sean conculcados a sumarse a nuestro esfuerzo.

Redoblaremos nuestra actividad crítica e iniciaremos una nueva etapa de organización y movilización social. Ante las violaciones a la legalidad y a los principios asumiremos la legitimidad partidaria en tanto no se restablezca el orden democrático interno y rescataremos para las bases el poder autónomo de decisión que les corresponde. Ampliaremos el campo de nuestra acción política y restableceremos, con el concurso de todas las fuerzas democráticas y patrióticas, un proyecto de nación libre, justa, independiente y productiva.

México, DF, 29 de septiembre de 1987.

Responsable de la publicación: Armando Machorro Arenas.

Fuente: Diario Excélsior, 3 de octubre de 1987.