Panamá, Panamá, 7 de Junio de 1986

Los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela nos reunimos el 6 de junio de 1986, fecha comúnmente acordada para dar porconcluida oficialmente la negociación del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica y para proceder a su formalización. Compartimos nuestras conclusiones con los cancilleres de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, de manera conjunta examinamos la situación en América Central y analizamos las perspectivas del proceso de negociación diplomática de la región.

Comprobamos que prevalecen en Centroamérica, al lado de algunos signos positivos, situaciones que anuncian una mayor agudización de los conflictos. Intereses esenciales de seguridad regional y nacional nos obligan a no desistir de nuestro objetivo de paz. Esa situación implica la responsabilidad de seguir persistiendo nuestro concurso a la solución de la crisis regional, conscientes de su importancia y de los valores que están comprometidos para todo nuestro continente.

Iniciamos nuestra reflexión analizando la Declaración de Esquipulas, la cual contiene las conclusiones de una reunión que, por el solo hecho de haber congregado a los cinco jefes de Estado de los países centroamericanos, ya es considerada como histórica. La Declaración de Esquipulas afirma que el proceso de Contadora constituye "la mejor instancia política con que Centroamérica cuenta hasta ahora para alcanzar la paz y la democracia y reducir las tensiones". En otro de sus capítulos, se expresa la voluntad de "los gobiernos centroamericanos de firmar el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, asumiendo el pleno cumplimiento con la totalidad de los compromisos y procedimientos en ella contenidos".

Analizamos, asimismo, los avances y conclusiones de la última reunión celebrada entre los representantes plenipotenciarios de los países centroamericanos y los viceministros del Grupo de Contadora. En su oportunidad, señalamos que era indispensable alcanzar un entendimiento definitivo sobre los dos únicos asuntos pendientes de acuerdo del Acta de Contadora, esto es, la limitación de la carrera armamentista y la suspensión y regulación de las maniobras militares internacionales. Comprobamos que ese objetivo no pudo cumplirse íntegramente.

Las reuniones de plenipotenciarios han permitido plantear a fondo y en toda su magnitud las premisas y fundamentos de los que parten los cinco países. De esta manera, hemos llegado a la conclusión de que a partir de ellas es posible lograr la conciliación de intereses, recogiendo los puntos de aproximación contenidos en las diversas propuestas.

Tomamos nota con interés que los plenipotenciarios de los países centroamericanos, luego de reconocer la imposibilidad de suscribir en la fecha convenida el Acta de Contadora, comunicaron la determinación de sus respectivos gobiernos de que continúe nuestro proceso negociador y que el Grupo de Contadora siga cumpliendo su tarea de mediación activa en búsqueda de acuerdos factibles y equilibrados para todas las partes, directa o indirectamente involucradas.

Los cancilleres del Grupo de Contadora, tomando en consideración estos antecedentes, hemos llegado a algunas conclusiones, confiados en que podrán ser compartidas por los gobiernos centroamericanos, en primer lugar, en respuesta a los planteamientos formulados en la Declaración de Esquipulas. Manifestamos, una vez más, la determinación de los gobiernos de los países de Contadora de seguir proporcionando nuestro concurso a este proceso de negociación diplomática que representa la esperanza de articular una acción política eminentemente latinoamericana. Estimamos que es necesario, al mismo tiempo, definir con claridad los requisitos y el marco en el que debe desenvolverse esta negociación para lograr los altos fines que nos hemos señalado. Por ello, los países del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo hemos considerado oportuno emitir una declaración, en donde hacemos alusión a estas cuestiones, así como a los obstáculos y perspectivas del proceso de paz en su conjunto.

Hoy hacemos entrega formal de lo que a juicio del Grupo de Contadora debe constituir la última versión del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. El texto incorpora los compromisos políticos esenciales relacionados con los aspectos sustantivos. Resuelta esta cuestión, proponemos pasar, de inmediato, a otra fase de la negooiación, referida a asuntos de carácter operativo, y que se refieren principalmente el Estatuto de la Comisión de Verificación y Control.

Con los lineamientos expuestos, hemos elaborado una redacción equilibrada y equitativa para todas las partes. En cuanto al terna de control y reducción de la carrera armamentista, en nuestra opinión son válidos algunos criterios que han sido aportados en las negociaciones entre los plenipontenciarios. En primer término, es necesario formular a la brevedad un inventario de los armamentos realmente existentes en los países de la región y susceptibles de ser reducidos o eliminados. A ese listado es menester aplicarle una tabla de factorización, a través de su valor en términos de capacidad tecnológica y poder destructivo.

En cuanto al tema de las maniobras militares internacionales, las propuestas recientes confirman la validez de los planteamientos que hemos hecho. Proponemos mantener un criterio general de equilibrio y reciprocidad frente a otros temas igualmente importantes en el ámbito de la seguridad regional.

Otras cuestiones consideradas como asuntos pendientes de acuerdo pertenecen a un género distinto. Será posible abordarlas sistemáticamente en la medida en que se hayan definido y aceptado los compromisos relacionados con los aspectos sustantivos del acta. Es el caso, por ejemplo, del sistema de verificación y control que reclama, como cuestión previa y necesaria, una determinación y un acuerdo de lo que se habrá de verificar y controlar. El estatuto propuesto, si bien conviene completarlo y afinarlo, en rigor pertenece al área reglamentaria. En su revisión y negociación ulterior, deberá considerarse que el estatuto, siendo parte del acta, de ninguna manera puede estar en oposición con los temas centrales de este mismo capítulo, por cierto ya convenidos. Es preciso afinar también las normas contenidas en las disposiciones finales y en el protocolo correspondiente.

En acciones paralelas o combinadas, nos proponemos iniciar las consultas necesarias para la integración de los mecanismos de ejecución y seguimiento que prevé el acta, así como para resolver las cuestiones relativas a su financiamiento y a su sede.

Entre los asuntos planteados, existe uno que merece una consideración especial: el momento de la entrada en vigor de los compromisos del acta. A lo largo del proceso, hemos ensayado las más diversas fórmulas destinadas a procurar una solución aceptable, apoyándonos en el derecho, la experiencia y la práctica internacionales. Aún no ha sido posible encontrar una fórmula satisfactoria. Una posibilidad es que la entrada en vigor de los acuerdos y compromisos del acta se realice al ser ratificada por los cinco gobiernos centroamericanos, a partir de lo que establecen las respectivas legislaciones internas. Los gobiernos centroamericanos han ofrecido exhortar a los poderes legislativos de sus países, de manera que no se frustre el esfuerzo de paz y cooperación en el Istmo centroamericano que hemos impulsado y mantenido conjuntamente en los últimos tres años y medio.

La definición de este tema en los términos descritos obliga, indefectiblemente, a reexaminar otros aspectos de la propia acta. En las fórmulas anteriores y a fin de asegurar la debida simultaneidad de los acuerdos, una parte de los preparativos para su ejecución tenía lugar entre el momento de la firma y el de la ratificación del instrumento jurídico. En las actuales circunstancias, es preciso que todos esos preparativos se desenvuelvan en un marco diferente, mediante un acuerdo expreso de los poderes ejecutivos de los países centroamericanos. No dudamos que ese acuerdo se consagre, reflejando así la voluntad política que en múltiples oportunidades se ha expresado.

Bajo ese supuesto, se trataría de crear a la brevedad el mecanismo de verificación en materia de seguridad y control que podría empezar a funcionar provisionalmente. Si no resulta posible su integración en el corto plazo, los gobiernos centroamericanos y los del Grupo de Contadora podríamos hacernos cargo de este procedimiento provisional y cumplir las tareas que los mencionados preparativos requieren.

En este caso es preciso hacer una distinción. Buena parte de los compromisos que en el capítulo de seguridad se registran en el acta, tales como la prohibición de apoyo a las fuerzas irregulares y los actos de subversión, terrorismo o sabotaje, son principios de derecho internacional que se han querido tan sólo subrayar y ratificar. Tienen validez y vigencia independientemente de lo que la propia acta determine. Son obligaciones internacionales de las que ningún país puede sustraerse y cuyo cumplimiento no puede estar sujeto a situaciones de hecho. Adicionalmente, su observancia crearía el clima de confianza imprescindible para invertir las actuales tendencias bélicas y avanzar sólidamente en la pacificación del área.

En el esquema negociador que proponemos, lo referente a los preparativos para la rápida ejecución de los acuerdos en materia de seguridad tendría lugar después de la suscripción del acta. En lo que hace a la cuestión de los armamentos y al freno a la carrera armamentista, por ejemplo, se establecerán los plazos y términos de control y de reducción a partir de los criterios que figuran en la parte sustantiva del acta. Como punto de referencia obligado, sería indispensable la entrega de los inventarios de armamentos y de efectivos en armas. Otro tanto ocurriría con los compromisos sujetos a plazos y a calendarios del capítulo de seguridad que se terminarían de definir, precisamente, en esta etapa con iguales procedimientos a los señalados.

Las fórmulas y el esquema que proponemos recogen los planteamientos de los distintos gobiernos centroamericanos, en un esfuerzo de síntesis y de concertación, si bien es cierto que no pueden reflejar en su integridad los puntos de vista de país alguno. Corresponden en cambio a lo esencial de las preocupaciones de fondo en que se apoya cada propuesta.

No dudamos en contar con la respuesta favorable de los gobiernos centroamericanos. De esta manera, nuestro esfuerzo diplomático se apoyará en bases sólidas y podrá garantizársele no sólo su continuidad sino también el grado de profundidad que requiere. Daremos, sobre todo, la demostración de capacidad de concertación política eficaz, de unidad y cohesión a que, como genuinos latinoamericanos, estamos hoy obligados a producir, ante las dificultades y vicisitudes propias de nuestro tiempo.

Reafirmamos nuestra convicción de haber trabajado infatigablemente durante tres años y medio en favor de un estatuto para la paz en Centroamérica que hoy entregamos a los cinco gobiernos de la región. Confiamos en que ustedes, como depositarios primordiales por la paz y la cooperación en el área, tomarán las decisiones pertinentes para poner en vigor el Acta de Contadora.

Aprovechamos la ocasión para reiterar a ustedes las muestras de nuestra consideración y amistad.

Dr. AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

Dr. JORGE ABADÍA ARIAS

Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá.

Lic. BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR

Secretario de Relaciones Exteriores de México.

Dr. SIXTÓN ALBERTO CONSALVI

Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.