Agosto 7 de 1986

JUICIO MORAL SOBRE EL PROCESO ELECTORAL DEL 6 DE JULIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
A LAS AUTORIDADES CIVILES, A TODOS LOS CIUDADANOS, Y, EN ESPECIAL, A TODOS LOS CATÓLICOS DE NUESTRA DIÓCESIS

Nosotros, los obispos abajo firmantes, nos comunicamos de nuevo con ustedes, amados hermanos, impulsados por nuestra grave responsabilidad como pastores, en las actuales circunstancias tan esperanzadoras, pero a la vez tan cuestionantes y dolorosas, que está viviendo el estado de Chihuahua.

Nuestra intención es aportar elementos que ayuden a recuperar la paz y a lograr que brille la verdad y la justicia en nuestra comunidad civil de la que formamos parte todos los católicos. Queremos seguir acompañando a nuestro pueblo en este momento tan crítico y aportarle algunas luces desde nuestra fe cristiana y la doctrina común de la Iglesia.

El Concilio Vaticano II enseña que "es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna, y dar su juicio moral incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos" (Const. Gaudium et spes N. 76).

Hemos esperado un tiempo razonable con la esperanza de que se diera una solución satisfactoria para todos al problema suscitado en nuestra entidad por las pasadas elecciones, pero observamos con tristeza que las cosas se agravan cada día más y no se vislumbra la solución.

Teniendo en cuenta que el Concilio Vaticano II exhorta a los cristianos a “luchar con integridad moral y con prudencia, no sólo contra la injusticia y la opresión, sino también contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre, de un solo partido político" (G/s. N. 75), nosotros hemos analizado cuidadosamente las circunstancias en que se desarrolló el pasado proceso electoral y queremos dar nuestro juicio sobre él.

Somos conscientes de que no tenemos ninguna autoridad legal para emitir tal juicio, pero lo hacemos en virtud de la autoridad moral que tenemos como pastores del Pueblo de Dios, y después de haber confrontado nuestra conciencia con nuestras convicciones evangélicas.

Rechazamos con energía la acusación de partidismo político que pudiera hacerse a nuestra declaración, pues la inconformidad que reina en la gran mayoría del pueblo de Chihuahua ha rebasado ya los límites del enfrentamiento de un partido con otro y se sitúa en el terreno de los derechos humanos y de los principios morales que a todos nos conciernen.

Declaramos, pues, que nuestro parecer claro y firme es que las irregularidades que se dieron en el proceso electoral del 6 de julio y en las actividades que lo precedieron, fueron tan numerosas y de tal magnitud, que afectaron seriamente, dejando en el pueblo la general persuasión de su invalidez.

Así lo está expresando cada día con más fuerza el pueblo de Chihuahua, así lo ven un grupo de intelectuales de lo más cualificado que hay en México. Así lo sienten y lo viven nuestros hermanos que están comprometiendo su vida en un ayuno ya tan prolongado, exigiendo el respeto a los derechos fundamentales, especialmente al voto de los mexicanos chihuahuenses y de todo el país.

Nosotros los obispos también vemos cómo la mejor alternativa para lograr la paz, la anulación de las elecciones del 6 de julio, junto con el compromiso de llevar a cabo nuevos comicios en los que quede plenamente demostrada la voluntad de la mayoría de los electores, sin presiones ni obstáculos de ninguna especie.

Cuando la validez de unas elecciones se ve objetada por una protesta tan generalizada, esas elecciones se nulifican por sí mismas. Ya no se puede detectar a través de ellas la legítima voluntad del pueblo. De esa manera queda también en duda la legitimidad de las autoridades que fueron elegidas en ellas. Cualquier persona que asuma un cargo en esas condiciones encontrará graves limitaciones para desempeñarlo, a no ser que se decida a imponer sus decisiones con un régimen policiaco, contrario a todas luces a nuestra vocación democrática.

Pensamos que el anular elecciones será una prueba seria del interés que tiene el sistema de respetar el voto del pueblo, y esta medida ayudará a conseguir la paz y la tranquilidad que nuestro estado necesita.

Exhortamos, pues, a las autoridades que tienen en sus manos la solución del problema a que, atendiendo la voz del pueblo, anulen las elecciones del 6 de julio, como la única alternativa necesaria, justa y urgente. Esto será también un acto verdaderamente democrático.

Agobiados, pero también esperanzados porque el Señor Jesús no niega a nadie la posibilidad de convertirse, nos afirmarnos como hermanos de todos en Cristo.

7 de agosto de 1986.
Adalberto Almeida y Merino, Arzobispo de Chihuahua
Manuel Talamas Camandari, Obispo de C. Juárez
José A. Llaguno Farías, Obispo de Tarahumara

Fuente: El Universal. Agosto 7 de 1986. 1ª Sec., p. 9.