Agosto 10 de 1995

Los Comités Ejecutivos del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática han resuelto expresar la voluntad política compartida de encontrar salida a la crisis. Para ello determinaron suscribir públicamente DIEZ PUNTOS FUNDAMENTALES PARA LA REFORMA ELECTORAL como inicio de una negociación entre partidos políticos y el gobierno que satisfaga la imperiosa necesidad de normas y prácticas que aseguren los comicios libres, transparentes, equitativos y confiables, tanto en el orden federal como en el estatal.

Estos puntos han sido resultado de un trabajo amplio y minucioso que ha reunido a lo largo de varios meses a consejeros ciudadanos del IFE, personalidades democráticas y expertos en la materia, con la activa y responsable participación de nuestros dos partidos. A la fecha se han procesado 139 acuerdos que, una vez revisados por las dirigencias de los partidos, podríamos también suscribir.

Habrá que añadir a esos acuerdos la inmediata designación del director del director del Instituto Federal Electoral por el consenso entre los partidos, a efecto de asegurar en la práctica la independencia e imparcialidad que demanda el cumplimiento de las leyes que resulten de este proceso de reformas.

Ambos partidos estamos en plena disposición de discutir y acordar, en el marco que se estime más pertinente, estas y otras propuestas a fin de concretar a la brevedad acuerdos que favorezcan, mediante la reforma del Estado y la solución de los graves problemas económicos y sociales, la gobernabilidad democrática del país.

Carlos Castillo Peraza, presidente nacional del PAN
Porfirio Muñoz Ledo, presidente nacional del PRD

Diez puntos fundamentales para la Reforma Electoral

Los integrantes del Seminario del Castillo de Chapultepec, consejeros ciudadanos, expertos y representantes de los partidos consideramos que sólo se logrará la deseada y prometida Reforma Electoral definitiva si se parte de la aceptación de los siguientes aspectos básicos, que se desglosan y complementan en el documento de 139 puntos (los puntos aparecen entre paréntesis).

1. Que se logre la autonomía e independencia plenas del Instituto Federal Electoral, de tal forma que solamente los consejeros ciudadanos tengan voz y voto en los órganos de dirección; que los órganos ejecutivos y el Servicio Profesional Electoral se subordinen al Consejo General; que el presidente del Consejo y el director general sean elegidos por los consejeros ciudadanos; que el mismo esquema se establezca para los niveles local y distrital (1 a 19 y 49 a 52).

Que el IFE elabore y administre su propio presupuesto, sin intervención del Poder Ejecutivo de la Federación; que ese presupuesto se establezca sobre bases previamente definidas y que sea integrado al Presupuesto Federal y aprobado por el Congreso, pero sin que ninguno de los dos Poderes pueda modificarlo (21 a 23).

2. Que el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y los actos de la autoridad electoral estén sujetos a control constitucional (capítulo primero).

3. Que se establezca la igualdad, como principio para el otorgamiento del financiamiento público, a los partidos políticos; que sean fiscalizados sus ingresos y sus gastos; que se establezcan topes estrictos a los gastos de campaña y a las donaciones privadas en efectivo y en especie; que sólo puedan hacer donativos privados las personas físicas; que el financiamiento privado no pueda superar el monto del financiamiento público; que ninguna persona pueda aportar donaciones en dinero o en especie, sin autorización del partido político (84 a 101).

Que se establezcan las penalidades de la pérdida de la candidatura, la anulación de la elección y la pérdida del registro de los partidos, cuando éstos o sus candidatos burlen los topes de financiamiento o de campaña (102).

4. Que el principio de equidad rija el acceso de los partidos políticos y de los candidatos a los medios de comunicación colectiva; que se establezcan los debates públicos obligatorios por los medios electrónicos (53 a 66).

Que se legislen los derechos de réplica (respuesta), rectificación, aclaración y reclamación de los partidos y los candidatos frente a informaciones falsas o deformadas, calumniosas o difamatorias de los medios de comunicación colectiva (67 a 83).

5. Que se prohíba el uso de los colores y los símbolos patrios por cualesquiera de los partidos políticos (118).

6. Que desaparezca el registro condicionado de los partidos políticos y se establezca un solo tipo de registro; que se incremente a dos por ciento el porcentaje de votos para mantener el registro de los partidos y a tres por ciento el necesario para tener acceso a las curules de representación proporcional (120 y 122).

7. Que se faciliten las condiciones para formar coaliciones y para postular candidatos comunes; que se rescate la figura de la Asociación Política como germen de los partidos políticos (125 a 129).

8. Que la cédula de identidad ciudadana se convierta en el instrumento para la identificación de los electores en las casillas y que la inscripción en el Padrón se elabore a partir de un censo de viviendas que registre la ubicación seccional de los ciudadanos (104).

Que sea responsabilidad del Estado, tanto que los ciudadanos obtengan su inscripción en el Padrón, como la conformación del mismo Padrón a partir del censo de viviendas (106).

9. Que no se identifiquen por ningún medio los programas públicos con programas partidarios, y mucho menos se les utilice con fines electorales; que su publicidad se suspenda en tiempos electorales (capítulo segundo).

10. Que se prohíba cualquier forma de afiliación colectiva a los partidos políticos (130).

Revista “La Nación”. No. 1937, año LIII, 1º de septiembre de 1995.