Home Page Image
 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 
 
2017
 


1982 Entrega de Premios Nacionales de Periodismo

José López Portillo, 7 de Junio de 1982

"Plena libertad de expresión"

A su vez, el Presidente José López Portillo se dirigió a los presentes con las siguientes palabras:

Un grupo de hombres libres se ha reunido para realizar un acto consagrado a la libertad y a su libre ejercicio. Concurro a esta tribuna -no quiero usar otra- como un hombre libre que quiere también expresarse ante y, sobre todo, frente a hombres libres.

No voy a hacer el elogio de la libertad. El máximo elogio de la libertad lo ha hecho el pueblo de México al consagrarlo en sus Constituciones, de tal suerte que más no podría decirse. Simplemente conveniente es recordar, no frente a nuestra historia sino a las relaciones complejas del mundo en el que vivimos, que no en todos los países hay libertad y que no en todos los tiempos la ha habido.

Como hombre libre quiero concurrir ante ustedes, porque resulta que también como hombre libre estoy implicado como gobernante, estoy implicado como poderoso. En este caso el gobernante y el poderoso es un hombre que quiere libremente expresarse hacia ustedes con el mismo respeto con que sus voces se han expresado ante mí: hombre libre, gobernante y poderoso.

No voy a polemizar mi respetado, querido y admirado don Francisco. No voy a criticar a mis críticos. Como hombre libre tengo ese derecho, lo he ejercido y me reservo a hacerlo para cuando lo considere conveniente. No voy a polemizar. Simplemente quiero que reflexionemos juntos, precisamente con ustedes, sobre lo que está subyacente en las observaciones que han encontrado una fórmula feliz, inteligente y hasta elegante en lo que mi admirado don Francisco llamó la salanización de algunos medios.

Vamos a enfrentar los hechos. Soy compulsivo -lo he dicho muchas veces- sobre el particular. No podría yo -porque los respeto a ustedes- dejar para otro foro, ni para otra ocasión el reflexionar sobre lo que aquí se ha depositado en la conciencia crítica de los mexicanos: la satanización de ciertos medios de información.

México -se ha dicho con frecuencia- es un país de máscaras. Conveniente es, de vez en cuando, ver nuestras máscaras para rescatar nuestra identidad; y nuestras máscaras con frecuencia son valores entendidos que de algún modo respetamos, en una relación de simulaciones y de recíprocas complicidades que de vez en cuando estallan y que nos obligan a autorreflexión y autocrítica, y hemos dejado que se acumulen en torno a la comunicación una serie de valores entendidos que a fuerza de reiterarse van inhabilitándose y van estorbando el funcionamiento fluido de nuestra sociedad.

Y creo que si se trata de quitarnos máscaras, conveniente es que aclaremos algunos conceptos que están implícitos o subyacentes en lo que aquí vamos a analizar. Vamos a aclarar algunos conceptos.

No soy un técnico ni un especialmente preparado en estas materias, pero tengo una experiencia personal que me da título para hablar de ellas. Quisiera que precisáramos lo que es la comunicación, lo que es la información, lo que es la publicidad, lo que es la propaganda y lo que es la obligación del Estado a subsistir derechos.

No voy a hacer un ensayo que los aburra sino un esfuerzo de precisión que nos permita aclarar conceptos, señores. Es la comunicación lo que permite la vida en sociedad porque es la que nos hace -entre nosotros- crear condiciones de comunidad que propicien la convivencia. Es conocimiento, es información, es emoción, es tantas cosas que entre nosotros nos comunicamos y que nos permite la vida en la sociedad civil a la que concurrimos buscando la satisfacción de nuestros intereses, entre los que está el legítimo de nuestro propio prestigio.

A la comunidad se le comunica, se le puede comunicar, se le debe comunicar información. A la sociedad se le puede llevar publicidad. Es la sociedad el ámbito de la propaganda; pero precisemos, señores, los conceptos, porque cuando en el juego de comunicación, información, publicidad y propaganda se mezcla el valor de la libertad para suponer que en el juego de aquellos conceptos se conculca la libertad, el hombre libre que es gobernante y es hombre poderoso reclama la libertad de ejercer su derecho a informar sobre sus razones y sobre sus propósitos.

Bien, señores, la información, el meterse en la forma con el concepto, con el conocimiento, es un derecho evidente de la sociedad, que no enfrenta sino se complementa con la libertad de expresión.

Muchas veces hemos insistido en que no debemos confundir la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es derecho conseguido por el individuo frente al Estado, con el derecho a la información, a formarse por dentro que tiene la sociedad civil respecto de las cuestiones que le importan. El derecho a la información es un derecho social que está en gestión de conciencia -me permiten la expresión-, que está encontrando y abriendo sus propios caminos, confundido en la raíz de su origen que es la libertad de expresión, con la que frecuentemente se entrecruza y con la que debemos empezar a hacer las precisiones pertinentes para que no se obscurezcan en esta relación, en ocasiones difícil.

El derecho a la información, está pues, abierto, es vigente, lo reconozco como derecho social y su principal protagonista -lo dije también muchas veces- es el Estado; pero no sólo el Estado, porque frente al derecho a la información hay la obligación de informar -y mucho más pudiéramos decir sobre el particular, no es mi propósito referirme a este tema, pero sí obligado mencionarlo para no dejarlo inadvertido.

Si el derecho a informar fundamentalmente obliga al Estado, éste tiene que hacerlo fundamentalmente respecto de sus propósitos y respecto de sus actos, y en nuestra sociedad lo hace, con las deformaciones que nuestra vida social le han venido imprimiendo en el transcurso de su aventura política. El Estado que tiene la obligación de informar, en una sociedad plural en la que los medios -y lo he dicho con frecuencia- son entidades mercantiles que venden información y noticia y de ellas viven- y esto es legítimo, no es una crítica sino una observación-, en muchas ocasiones el Estado para informar tiene que pagar. No se considera con frecuencia suficiente noticia que el gobernante, que el Gobierno informe. Para convertir la información en noticia de algún modo tiene que pagar su publicidad -en buena hora-, es legítimo en una sociedad plural, compleja, mercantil, empresarial, como la nuestra.

La propaganda es un concepto mucho más amplio que la publicidad, que se da en los medios de publicidad, fundamentalmente la prensa y los otros medios masivos de comunicación; pero la publicidad se da a través -creo yo- de medios establecidos, constantes si no que instituidos, y la propaganda es algo mucho más abierto que tiene otra conceptuación.

En mi estimación, debemos reflexionar sobre la publicidad, la publicidad concretamente del Estado, la que tiene que acudir cuando su información no es suficientemente atractiva, no es suficientemente noticia, porque lo prestigia, como para que simple, lisa y llanamente se informe, sino tenga que pagar a los medios de comunicación para que su información se convierta en noticia. Y yo les suplico que meditemos en este tema, porque es aquí en donde empiezan a separarse una serie compleja de canales que nuestra historia ha escrito y que nuestra realidad actual confronta. El Estado, en una sociedad plural, mercantil como la nuestra en ejercicio de derechos y obligaciones, no sólo tiene la obligación de informar sino también -y con frecuencia- la obligación y la conveniencia de publicar, de extender entre el público sus propósitos o sus acciones para causar en la sociedad civil el efecto que le interesa y lo paga.

El Estado paga publicidad, el Estado y sus órganos pagan publicidad. ¿Para qué?, para lograr en la sociedad civil el efecto propuesto que puede ser, desde la conveniencia funcional y la efectividad de una de sus funciones -si me permiten la reiteración- hasta obtener de la sociedad el prestigio que resulta de cumplir con sus propósitos y sus objetivos y así justificarse ante la sociedad civil, en la que todos queremos tener el prestigio que nos dé consistencia en la relación humana que la sociedad civil significa.

La búsqueda del prestigio es un derecho legítimo de la persona humana que vive en la sociedad civil y que se da también en el caso del Gobierno, que busca en la sociedad civil la consecución de su prestigio, condición de estabilidad; justificación de su función, de su afán.

Esta sociedad y específicamente este Gobierno ha reconocido como derecho constitucional de la sociedad el derecho a la información y hasta ahora se lo ha reconocido a los órganos en los que la opinión pública puede sustanciarse formalmente para garantizar que su interés en la sociedad civil lo es para informar a la propia sociedad: los partidos políticos. Las partes del todo político que tienen el derecho a informar a la sociedad, y la sociedad el derecho a ser informada por los partidos políticos a los que se les ha reconocido el derecho a la información y el Estado ha llegado, con los recursos que el pueblo le otorga, para que si no tienen capacidad económica para hacerlo, de todas suertes lo hagan, porque es obligación del Estado no sólo crear la posibilidad jurídica sino la realidad cotidiana para este derecho a la información se produzca, y entonces tenemos que reconocer una figura paralela, cuya expresión es chocante pero cuya connotación es precisa: se llama el subsidio.

El Estado subsidia a los partidos políticos que no tienen recursos, para que tengan capacidad para informar, para que se den publicidad y para que sustenten su propaganda.

Esta es nuestra realidad institucional, vigente y en pleno ejercicio, como a todos ustedes les consta al informarse, cada día, de lo que en este periodo electoral sucede en la República.

Pero vamos ahora a analizar un concepto que está montado sobre otro y que produce la inquietud que me ha obligado a molestarlos con estas palabras: la confusión que hay entre la publicidad del Gobierno, la libertad de expresión y el cruce con el concepto preciso que debemos usar para expresar la relación con ciertos medios de difusión: el subsidio.

Es legítimo, es razonable pensar -y por eso hice el proemio anterior- que si el Estado da publicidad y la paga, es para alcanzar un propósito en la sociedad civil que formaliza políticamente y a la cual debe servir; publicidad para que su acción, para que sus propósitos, para que sus principios obtengan reconocimiento, justificación o le den prestigio. Para eso paga publicidad.

Pero cuando paga publicidad y obtiene sistemáticamente un efecto contrario, estamos en presencia de una constante opositora que se justifica plenamente en el caso de los partidos políticos; pero que en empresas mercantiles que quieren ganar dinero con la venta de su opinión, con la venta de su difusión, tenemos que hacer reflexiones y distingos, señores.

En buena hora que un partido político, organizado para influir con su opinión en la sociedad, diga del Estado lo que estime pertinente. El Estado tiene la obligación de proporcionar los dineros del pueblo a ese partido para que cumpla, en nuestra sociedad plural, con la función política que lo justifica. ¿Pero hasta qué punto? Este es un tema de reflexión que les deposito, señores. ¿Hasta qué punto?

Una empresa mercantil, organizada como negocio profesional tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga. Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que menciono aquí por respeto a la audiencia.

Te pago para que me pagues, pues no, señores. Frente a las empresas mercantiles que viven de la publicidad y que de ella obtienen ganancias, no altruistas como los partidos políticos, ante cuya responsabilidad rindo respeto, sino que quieren hacer negocio con la publicidad del Estado, hablando sistemáticamente mal del Estado para frustrar los propósitos que el Estado tiene al hacer publicidad, ahí estamos en una relación que debemos vigilar; pero debemos abrir otro departamento.

¿Tienen derecho los medios de información opositores del Gobierno, no incorporados a partidos políticos, a recibir del Estado en forma sistemática y permanente, para justificar su existencia, una cantidad precisa de dinero? ¿Lisa y llanamente tienen derecho? ¿O debemos establecer, si les reconocemos ese derecho, condiciones previas, requisitos aunque sean mínimos? Cualquier mexicano que se presente ante el Estado y le diga voy a publicar una revista, déme dinero. ¿Tiene derecho a recibir del Estado dinero?

Cualquier mexicano que se presente ante el Estado y le diga: "Voy a publicar una revista, dame dinero", ¿tiene derecho a recibir del Estado dinero? ¿Es la forma en que el Estado administra de mejor manera los dineros del pueblo? Es una cuestión que dejo, señores, a su reflexión. ¿El Estado que tantas actividades subsidia, debe subsidiar la oposición sistemática fuera de los partidos políticos gratificando vanidades profesionales que persiguen el lucro? Porque si persiguieran el fin político, a un partido político estarían apremiados. ¿Tienen derecho a recibir porque sí un subsidio del Estado? Si esto es así, si esto es lo que quiere el pueblo de México, no tengo ningún inconveniente en abrir una partida presupuestal para gratificar medios opositores de la prensa no afiliados a los partidos políticos.

Pero no hablemos entonces, señores, de que la publicidad que da el Gobierno es un medio para combatir la libertad de expresión, porque la libertad de expresión se respeta en los términos más absolutos.

¿Si el Estado debe reservarse el derecho a saber si su publicidad, y por eso precisé el concepto, debe emplearse para gratificar intereses mercantiles de medios que han profesionalizado la oposición como modo de supervivencia? Esta es la cuestión que importa. Esta es la cuestión que someto a su análisis y responsabilidad.

Se trata en consecuencia, señores, de quitarnos máscaras. Se trata; en consecuencia, de aclarar conceptos. ¿Es la publicidad subsidio obligatorio del gobierno, o debemos lisa y llanamente abrirle el subsidio a la oposición organizada mercantilmente, para garantizarle sus ingresos?

Me pregunto, señores, ¿qué tiene que hacer el Banco de Crédito Rural pagando publicidad? ¿Para qué? Clientes los tiene a porrillo; le faltan recursos para satisfacer una demanda que ya está organizada. ¿Qué va a hacer el Banco de Crédito Rural pagando publicidad? ¿Es un medio, lisa y llanamente, de subsidiar un medio de información con todas las complicaciones, con todas las complicidades que se van bordando en torno a este sistema de subsidiar la comunicación? ¿De qué se trata: de que la institución adquiera prestigio, de que el funcionario se proyecte políticamente, de evitar que se le ataque, de evitar que se le denuncie?

¿Qué es lo que persigue el Seguro Social cuando paga publicidad de acuerdo con los sistemas complejos que sabemos están va instituidos en nuestra sociedad? Las empresas que necesariamente tendrían que pagar sus obligaciones, las pagan por medio de publicidad, y aquí empieza el sistema, señores, que debemos analizar para ver si es el más correcto.

Como podrá usted ver, don Francisco, no eludo la cuestión que usted me ha planteado; pero respecto de la satanización de alguno de los medios a que usted seguramente se refería, esté usted tranquilo. La banca privada está ahora haciendo publicidad en alguno de los medios satanizados. No tema usted por su destino. La libertad de expresión está garantizada.

Lo que este hombre libre -que es gobernante, que es poderoso quiere hacer ante este grupo de hombres libres, es plantearle una vez más la apasionante cuestión de la comunicación, de la libertad de expresión, del derecho a la información con sus modalidades publicidad y propaganda, para que aclarando conceptos, quitándonos máscaras, analicemos de Peno, frente a frente la cuestión, sin implicaciones viciosas y mucho menos quitándole los humillantes aspectos de perversión que son intolerables.