José López Portillo, 1o. de Septiembre de 1977

Honorable Congreso de la Unión:

Por primera vez comparezco ante Vuestra Soberanía, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 69 de nuestra Constitución, que consagra el derecho de los mexicanos a la información, como sustento del proceso democrático y condición de la representación política.

Rindo cuentas de mi exclusiva e indivisible responsabilidad, porque así ha querido el talento político del pueblo de México que se ejerza el Poder Ejecutivo. No para que se comparta, ni para que por facciones se perpetúe. En este presente como en el pasado, no hay más emisarios que los del porvenir.

Una vez más la ciudadanía manifestó, al elegirme, su voluntad inquebrantable de resolver institucionalmente su destino.

Es también su deseo transitar por la verdad, de lo cierto a lo justo, en el orden estricto de apego a la ley, sin admitir su ignorancia o desdén ni permitir contra ella fueros o privilegios. Derecho universal abierto a su propia renovación, conforme a propósitos nacionales y autoridades constituidas; para in. ducir y conducir el cambio dentro de la democracia.

Al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, exhorté a todos los mexicanos a respetarnos como personas libres, responsables y dignas y a luchar por dar fin al odio, al miedo, al rumor y a la impaciencia. Ha sido preocupación constante de mi gobierno acercar al pueblo en el ámbito de la justicia, tranquilidád, seguridad y confianza.

Nos empeñamos en estudiar nuestra sociedad; en analizar a la nación para comprenderla, desentrañar sus problemas y poder servirla.

Conforme al mandato de nuestra Carta Magna, informo por escrito del estado general que guarda la Administración Pública a mi cargo. En anexos detallo acciones y preciso cantidades. No quiero aletargar su atención ni aturdir su entendimiento y sólo daré lectura a datos y a consideraciones relevantes que los sucesos que reseño y sus expectativas merecen.

México, como el resto del mundo, vive una crisis severa. El desarrollo del país se sostuvo por mucho tiempo en la estabilidad política, en la moderación del alza de los precios, paralela a un sistema de ajuste bianual de salarios y en la paridad monetaria fija con el dólar y vinculada a un modo de financiamiento.

De estos tres apoyos hace ya varios años perdimos la proporcionalidad de los precios, lo que desató la inflación. Para compensar el poder adquisitivo de los trabajadores, se acordaron aumentos generales de salarios y después su revisión anual. Más tarde, nuestra moneda se devaluó, se agravó el desempleo, caímos en la recesión, el sistema financiero evidenció su insuficiencia y la situación se complicó con la desconfianza.

Nos ha quedado la estabilidad política y en ella, pese a los quejidos apocalípticos, los lamentos catastrofistas, las gesticulaciones demagógicas y los disparos extremistas que exportaron capitales o solidaridad a otros sistemas, seguimos actuando y construyendo el país conforme a los valores y principios que nos unen. No nos hundimos ni nos derrumbamos. Cada día amanece y seguimos el camino con paso firme.

Los problemas mundiales en los que estamos inscritos no significan sólo una perturbación transitoria y generalizada, sino un vasto sacudimiento de la estructura desde la raíz, que anuncia grandes modificaciones en la economía, en la cultura, en las relaciones entre los pueblos y aun entre la sociedad, el hombre y la naturaleza.

Las presiones internacionales tienen un correlato nacional que aun las economías más poderosas se han visto obligadas a considerar en su programación. No podemos soslayar esta verdad. Estamos precisados a incorporar dichos fenómenos externos a nuestras tareas de gobierno, a nuestra visión de México y desde México.

La espiral inflacionaria, los movimientos masivos de capitales y los cambios radicales en los valores relativos de las principales monedas y de algunas importantes materias primas, configuran un panorama esencialmente distinto. Por ello, un regreso a las reglas que anteriormente probaron su aceptación no puede ser ahora solución para México. En esta etapa, la flexibilidad y la agilidad de respuesta atinada y ubicada en la trama general, es absolutamente indispensable y decisiva.

En épocas así es ridículo, si no ingenuo, cantar victoria y peligroso predicar resignación. Requerimos sensatez y audacia; despliegue libre de iniciativa propia; pero también solidaridad y responsabilidad compartida. La hazaña debemos cumplirla juntos y a tiempo. En otra solución no queremos, siquiera, pensar.

No es política ficción: hemos entrado a las primeras fases del desarrollo del siglo XXI. Como todo inicio, éste se nos presenta lleno de ambigüedades, incertidumbres y ansiedad. Pero también representa comienzo y promisión.

Es un mal de muchos que por bien vendrá. Consideramos la magnitud del problema, no para ser tontos en el consuelo, sino para entender que no hay salida por decreto, inercia o costumbre y hacer conciencia colectiva y simultánea que no basta con la intención; hace falta ánimo, ingenio, sudor, a veces sacrificio y siempre, tiempo.

Una serie de contradicciones caracterizaban la realidad que constituye ahora nuestro problema.

La necesidad social de una tasa de crecimiento más alta entró en conflicto con el retraimiento de las inversiones, en parte por renuencia y en gran medida porque el esquema que durante años las había hecho dinámicas, estaba prácticamente saturado. En consecuencia, el Estado tuvo que invertir por defecto, frecuentemente con acierto y oportunidad; aunque otras veces sin orientación, sin proyectos útiles y en ocasiones sin contar con administración idónea.

Además, la obligación del Estado a invertir se vio restringida por su incapacidad para financiarse, pues no captaba suficientes recursos internos para ello. Acudió al endeudamiento externo, hasta que el mismo sistema financiero y las condiciones de su propio desastre lo limitaron. El ahorro disponible para inversión se redujo y, con ello, la oportunidad de quese hiciera inversión privada. Los dueños del dinero lo comprometieron en las actividades que les ofrecían menos riesgos: especulación y rentismo, o lo sacaron masivamente del país hacia donde todavía admiten capital, pero ya no trabajadores.

Se agudizaron las contradicciones entre el sector agropecuario comprimido y el sector industrial sobreprotegido; entre la economía rural sujeta a precios fijos y la economía urbana subsidiada; entre las necesidades de importación y la capacidad de exportación; entre la demanda de crecimiento de actividades productivas indispensables y las restricciones monetarias y crediticias; entre la exigencia de producción y la inducción inerte al lucro; entre los incentivos y canalización de la inversión privada y los mecanismos impositivos y de financiamiento público; entre la posibilidad de estabilizar precios y la flotación de la moneda; entre Io que debíamos producir y el derroche consumista del sector favorecido; entre lo que podíamos producir y nuestros hábitos de consumo, y lo que es más grave: en muchas partes, pero particularmente en el campo, con frecuencia se contradijo la justicia con la eficiencia.

Esto nos indica que de hecho está acabado, por sus contradicciones, un patrón de crecimiento que agotó su último tabú con la devaluación.

Este proceso constituye la actual circunstancia de una población que al mismo tiempo crece cuantitativamente y se transforma cualitativamente; que pasa del campo que la expulsa por falta de condiciones mínimas de subsistencia, a la urbe que tampoco está preparada para ofrecérselas. Una población con muchos más jóvenes y niños que adultos; demandante de capacitación para una vida cuyos conflictos no entiende, pero los agrava. Ciudadanos que reclaman oportunidades en un sistema político que debe satisfacer todas las aspiraciones democráticas, en un régimen normativo inserto en el supuesto de que constituimos un Estado Nacional, capaz de resolver sus contradicciones por integración, origen y fin del pacto social, ciertamente distinto a los extremos ofensivos de la realidad: inmovilidad y riesgo; utilidad y hambre; opulencia y miseria.

Tal vez la única constante de nuestro tiempo sea el cambio. Para determinarlo y avanzar en el desarrollo económico y social, establecimos una alianza para la producción, que da sentido a la Reforma Administrativa y a la Fiscal, y sustento a la Reforma Política. Con estas decisiones encaramos el reto.

La Reforma Administrativa, cuya primera etapa organizar al gobierno para organizar al país ya está concluida, se ha servido de los medios legales oportunamente votados por esta soberanía.

Si administrar es, en esencia, servir con intensidad, nos comprometimos a no desperdiciar ni recursos ni esfuerzos y a ser mejores para alcanzar los fines de la nación, justificación trascendente de la carga que puede significar el gobierno.

La Reforma entraña un mecanismo de planeación integral participativa que contempla el quehacer público desde la generación de información, hasta la evaluación y ajuste permanente de las tareas individuales y colectivas.

Hemos organizado por sectores de actividad a las entidades administrativas, a fin de que concurran y aporten sus capacidades a un plan general de congruencia que aviniera nuestra filosofía política, el mandato transitorio de lo urgente y el imperativo estructural de lo importante, con los programas debidamente presupuestados y oportunamente financiados.

Hemos adoptado explícitamente la programación económica y social como un medio fundamental del gobierno que busca una correspondencia permanente entre los objetivos y las estrategias, entre los fines y los medios.

Queremos garantizar que rigurosamente y de manera institucional, lo que se programe se ejecute de acuerdo a metas específicas definidás en el tiempo y ubicadas en el espacio. Por ello, habremos de fundir en un solo ejercicio global, el programa y el presupuesto.

El método implica labor continua, como premisa para vinculado profundamente con la realidad en que se da y sobre la que actúa. De ahí la importancia que le atribuimos a la evaluación constante de los resultados y del proceso por el que se obtiene, única forma de que la metodología sea dinámica y adaptable para que avance simultáneamente con lo programado y se nutra con lo ejecutado.

Es evidente que el nivel de desarrollo de un país puede medirse por el grado de adelanto de sus sistemas de información y estadísticas. En este período hemos implementado un sistema nacional de información que comprende tanto datos y cifras como mapas y cartas geográficas, dado que la información es la materia prima para programar, presupuestar, evaluar y controlar permanentemente nuestros actos ysus consecuencias y, sin interrumpir la marcha, corregir el sendero.

La información útil y accesible nos permitirá sustentar una comunicación social continua y veraz cutre representantes y representados, como única base sólida de la trascendencia de la participación popular que nos lleve a todos a interesarnos en lo importante, y a subsanar los defectos de las noticias que con frecuencia oscilan entre el gris y el amarillo y sólo desinforman.

La utilidad de la programación depende del grado de compromiso que se haya alcanzado con quienes directa o indirectamente están involucrados en la ejecución de las políticas, el manejo de los instrumentos, la realización de las metas y el reparto de los beneficios; y ha de ser una suma deliberada y una concertación decidida de todos los sectores y de todos los factores; que ponga de relieve nuestro rotundo rechazo a ser presa inerme del juego ciego de las presiones socioeconómicas y patentice nuestra vocación para gobernarnos y gobernar los acontecimientos.

En estas medidas descansa la posibilidad de que los productores y distribuidores privados y sociales de distinto tipo y tamaño se hagan oír y a la vez estén en disposición de responder a todas las iniciativas.

Así y mediante la intervención de sus ejecutores, usuarios y beneficiarios, abrimos los cauces de una genuina planeación nacional y democrática.

Hemos asignado a la programación carácter obligatorio para el sector público federal y propositivo a los gobiernos de los estados, con pleno respeto a su soberanía.

Dentro de este marco de referencia firmamos con cada estado de la República un Convenio Unico de Coordinación que especifica los compromisos recíprocos a que se obligan la Federación de una parte y la entidad por la otra, para poner en marcha desde el pasado 2 de diciembre la desconcentración del gasto público.

Se pretende así fortalecer la capacidad de gestión y realización de obras públicas de los gobiernos de los estados, sobre todo en aquellos renglones en los que el conocimiento, la habilidad y la sensibilidad locales no sólo son evidentemente superiores, sino de hecho indispensables para un mejor ejercicio y utilización del gasto público. Apenas empezamos.Aprovecharemos las experiencias y los fracasos para mejorarlos y ampliarlos de modo que no sean sólo de inversión, sino también de orientación del gasto corriente, y se conviertan en auténticos convenios de desarrollo estatal y federal, como modalidades de la alianza para la producción, que habrá de ajustarse constantemente, como consecuencia de una evaluación permanente, rigurosa y sistemática, para vincular el trabajo sectorial con el desarrollo regional, armónico y justo de toda la población en todo el territorio.

Propósito central de este gobierno es contribuir al desarrollo integral, jurídico, político, económico y social de la República. Y vivir el federalismo en toda su dimensión dinámica surgido del vigor de renovación de la provincia y del ánimo inagotable de cada mexicano.

Estamos por concluir la segunda etapa de sectorización de la Reforma Administrativa, que consiste en instrumentar la coordinación operativa entre las dependencias coordinadoras del sector y las entidades paraestatales en ellos agrupadas. En estrecha colaboración con la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado y gracias a su comprensión y apoyo, fue posible establecer nuevos horarios de trabajo, reubicar al personal, readscribir dependencias y programas y reasignar presupuestos con el propósito de racionalizar y optimizar la labor pública. Mi agradecimiento personal a su esfuerzo.

A esta fase habrá de seguir la de integración intersectorial, para articular en un plan total los proyectos que para fines de análisis hemos clasificado por áreas, pero que de hecho están interrelacionados: todo está en todo; es decir, lo que tenemos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, todo tiene un costo social y económico determinado por las circunstancias en que se da y por los efectos que provoca.

En el plan total al que conduce el propósito administrativo, el gasto público es el elemento más dinámico de la acción del Estado. De su monto, estructura, destino y financiamiento, dependen fundamentalmente el ritmo y el sentido que adopte la economía en su conjunto, lo que implica subordinarlo directamente a las prioridades básicas de la nación y del Gobierno.

No es válido distinguir simplistamente el gasto productivo del social, o el gasto corriente del de inversión. No puede ser productivo aquello que no contribuye a los intereses de la sociedad en su conjunto, ni de carácter social cualquier gasto que implique un uso ineficiente o improductivo de los recursos escasos de la nación. Por ello hemos buscado el equilibrio real del gasto público, más que en la mera formalidad contable, en la práctica, con eficiente ejercicio y estricto control.

El presupuesto actual es de transición, ya que empalma los trabajos finales de una administración con los iniciales de otra; entraña además una nueva organización y plantea nuevas estructuras. Por ello exigió la evaluación cuidadosa de proyectos y programas en marcha y la formulación de otros originales, para adaptarlos a las actuales condiciones y garantizar la continuidad del desarrollo.

Así, actuando con austeridad, en el margen, hemos empezado a manejar los incrementos del gasto, privilegiando algunos sectores estratégicos de nuestra economía, que inducen actividades complementarias y favorecen el empleo, y posponiendo otros rubros y algunos proyectos que estimamos de menor premura.

Se autorizó un gasto alrededor de 677 mil millones de pesos, ligeramente superior, en términos reales, al del año anterior. Dentro de este volumen hay que hacerlo notar, creció relativamente más el gasto de inversión que el gasto corriente. Esto significa que nuestro mayor esfuerzo está orientado a consolidar y acrecentar nuestro capital básico, sin ignorar la correlación que debe existir entre el gasto inmediatamente productivo y el de tipo social.

El gasto autorizado de inversión fue 170 mil milla nes, mayor en 55% al del año anterior; destaca la cantidad destinada al fomento industrial, que se duplicó. Los montos asignados a: energéticos, petroquímica y fertilizantes crecieron en 135, 262 y 183%, respectivamente, y la inversión pública en minería se triplicó. También se distinguen los recursos destinados al fomento de las actividades agropecuarias y pesqueras, que se incrementaron en 50% y 60%, respectivamente.

Reconocemos que la inversión no está a la altura, en lo inmediato, de lo que hace falta y de lo que sería deseable; pero tenemos que actuar considerando la delicada situación económica en que se encuentra nuestro sistema. Las alternativas son difíciles, pues los aumentos inoportunos, desorientados y fuera de nuestro alcance real, por más que expresaran buenas intenciones, tendrían efectos contraproducentes.

Están en marcha los trabajos para presentar en diciembre próximo, un presupuesto de egresos que busca responder, en lo esencial, a los objetivos plasmados en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Hemos iniciado, asimismo, el diseño de un programa quinquenal del sector público, que de manera progresiva oriente la elaboración del presupuesto y defina el patrón general de referencia.

Nos encontramos aún a mitad del camino en cuanto a estructurar un nuevo sistema financiero y una nueva política monetaria. Nuestros esquemas de financiamiento han de sujetarse a las prioridades del gasto público, a la formación de capital y a la lucha contra la especulación. No queremos frenar el desarrollo por fallas de financiamiento, sino supeditarlo a aquél y superar la trampa por la vía productiva.

No podíamos sobrevivir a una época inflacionaria con instrumentos financieros que no respondieran plenamente a las expectativas de los ahorradores mexicanos. La rápida aceptación de las monedas de plata ha demostrado la confianza de México en su moneda. Diariamente se emiten 30 mil piezas. Nos esforzamos por aumentar el programa.

Iniciamos, en los últimos meses, reformas tendientes a elevar el ahorro real y a disminuir la liquidez de Ios pasivos del sistema financiero. La captación estimada de enero a la fecha, fue de 48 mil millones de pesos, sustancialmente mayor a la más alta captada en años anteriores. Al mismo tiempo se apoyó el establecimiento de la banca múltiple, lo que permitió abatir costos y elevar el nivel de competencia. Con los Petrobonos se inició un esfuerzó amplio y profundo para transformar el sistema financiero. Cada vez serán mejor entendidos, por la garantía que el precio del petróleo significa frente a la fluctuación monetaria, incluido el dólar. Para incrementar las opciones de ahorro interno subimos las tasas de interés y premiamos la permanencia aumentando los rendimientos.a plazo fijo. No pretendemos que el público acepte ciegamente cualquier propuesta gubernamental; por ello asumimos la obligación de convencer lealmente y sólo pedimos la oportunidad de demostrar la bondad de nuestras soluciones.

Como resultado de las operaciones internacionales de México, la reserva monetaria del país al día de ayer, incluida la secundaria, suma 2 mil 936 millones de dólares.

No podemos decir que ha vuelto a la normalidad anterior el mercado cambiario. No lo pretendemos. Entendemos al tipo de cambio como instrumento de financiamiento del desarrollo y de ninguna maneracomo eje del proceso productivo y menos, como nos ocurrió en los últimos años, como objetivo del sistema económico nacional. Estamos pagando el precio de esa deformación.

Ante la inusitada época postdevaluatoria, desafortunadamente se ha respondido con excesivas tendencias a la dolarización. Este problema, aunque transitorio, es de los más onerosos ya que penaliza excesivamente al inversionista que debe hacer uso de esos fondos, no en términos de un precio que debe pagar por el ahorro, pero sí en cuanto al riesgo que debe asumir cualquier nuevo proyecto de inversión. Ello no es justo porque el inversionista representa la parte más útil y osada del proceso económico, frente a los intermediarios que no se necesitan, rentistas que no trabajan y especuladores que medran, todos éstos, sin más riesgo hasta ahora que escuchar este tipo de reproches. Eso es muy serio. Habremos de remediarlo como una de las premisas de la estrategia de arranque.

Para favorecer la inversión en el corto plazo manejamos en la banca central un novedoso sistema de depósitos en dólarescrédito moneda nacional, para cubrir riesgos cambiarios. Hemos desechado el mercado de futuros, pero estableceremos un sistema de seguros contra esa contingencia.

Para resolver los problemas del financiamiento y dolarización que sufren las empresas estatales, estamos fortaleciendo sus estructuras financieras y su operación corriente, para hacerlas más redituables; haremos explícitos los subsidios que por razones fundadas deban otorgarse para que no se tache por este concepto su rentabilidad. Hemos establecido un sistema de compensación de sus deudas recíprocas que angustiaban su liquidez e indirectamente afectaban el resto de la economía.

Mediante reformas al encaje legal, se generaron recursos que se canalizaron a los sectores prioritarios, particularmente pequeños y medianos industriales y programa de productos básicos. Para mejorar el acceso de las empresas a los recursos financieros, se fortaleció la Comisión Nacional de Valores como órgano de promoción, a fin de ampliar el mercado de los de renta variable. Para tal propósito se estableció también un sistema crediticio bancario para las casas de valores y se concedió a éstas un tratamiento fiscal más favorable.

El fortalecimiento simultáneo de las finanzas públicas y de la disponibilidad de crédito para las inversiones productivas privadas fue propósito rector de la Ley General de Deuda Pública. Las entidades del gobierno deben ser ejemplo de disciplina y productividad en el uso de sus recursos; a ello contribuyen ampliamente esta ley y el mecanismo de coordinación que hemos establecido para adecuar sus disponibilidades con sus necesidades de divisas, lo que también favorece su participación ordenada en los mercados internacionales.

Por disposición legal se ha informado a este Honorable Congreso sobre el estado de la deuda externa total. Al 30 de junio ascendía a 20 mil 948 millones de dólares. Conforme a los propósitos del programa de gobierno, el aumento neto del endeudamiento externo en 1977 será bastante menos de la mitad del obtenido en 1976, mejorándose también su estructura de plazos.

Sostenemos una actitud de absoluto respeto frente a la inversión extranjera, en el marco de la legislación vigente que se mantendrá invariable. Ratificamos nuestra tesis central de que corresponde a la nación receptora delimitar sus campos de actividad y dictar las modalidades que deba adoptar. Así se ha entendido. La afluencia de capitales que se ha venido registrando de manera continua es prueba fehaciente de ello.

Supliremos con nuestro propio esfuerzo y disciplina los recursos que requerimos y avanzaremos en la dirección que nos hemos fijado.

La armonización del sistema tributario nacional estrechará las relaciones entre la federación y los gobiernos estatales y municipales, con lo que se abrirán nuevos caminos para ampliar su participación y estarán en posibilidad de atender mejor las necesidades de su población.

Continuaremos actualizando y haciendo más justo y orientador nuestro sistema fiscal. La captación de los distintos ingresos del sector público ha sido superior a lo esperado. Mi reconocimiento sincero a quienes lo hicieron posible.

Además de fortalecer la función del Estado en la economía, adecuaremos nuestra estructura fiscal para observar los principios de equidad que deben regir en esta materia, alentando la inversión productiva, enderezando las distorsiones que ha provocado el proceso inflacionario, imprimiendo mayor progresividad al impuesto sobre la renta de las personas y desalentando el gasto de bienes que nuestro país, por la escasez de recursos a que se enfrenta, no puede, nidebe producir. A través de mayores incentivos se adoptará una posición más activa que haga más atractiva la retención de utilidades frente al reparto de dividendos, para contribuir a la capitalización de las empresas. Simultáneamente, tendrá que actuarse en forma selectiva y respetando fielmente la jerarquía de prioridades nacionales, retribuyendo el apego a ellas y encauzando la inversión en consecuencia.

El proceso redistributivo, que necesariamente se inicia con la generación de empleo, debe complementarse con un esfuerzo tributario que dote a las clases populares de poder adquisitivo suficiente para orientar la producción y regular el mercado de tal forma que al tiempo que libere recursos para la inversión, oriente los flujos monetarios hacia bienes de consumo básico.

El empresario que esté dispuesto a comprometer sus capitales en este esfuerzo de riesgo nacionalmente compartido encontrará en la política fiscal una fuente adicional de estímulo. Si no es el caso, el Estado absorberá aquellos excedentes que de otro modo se desviarían hacia el rentismo y la especulación, para ponerlos a disposición de la sociedad de la que originalmente emanan.

Durante el período que comprende este informe las relaciones entre el Poder Ejecutivo, y los Honorables Poderes Legislativo y Judicial, se dieron en cordiales términos institucionales de respetuosa armonía.

Los soldados y marinos de la nación cumplieron su alto cometido: garantizar con la fuerza institucional que significan, la serenidad y el orden en el ámbito de nuestra soberanía: la tierra, el aire y nuestros mares, incluido el patrimonial.

Han contribuido además a las tareas de beneficio social y auxilio a la población civil que ya son tradicionales y que con ella los identifica.

Con su esfuerzo concurrente, los resultados de la campaña permanente contra el narcotráfico no tiene precedente: ha merecido el elogio internacional; su tenacidad ejemplar nos enorgullece y nos exalta ante los ojos de otros países.

La preparación profesional de las Fuerzas Armadas es uno de los objetivos que el alto mando se ha propuesto alcanzar.

Los programas de adiestramiento al personal de tropa cumplen con los aspectos castrenses y además lo preparan para que al término de su contrato puedan reintegrarse productivamente al seno de la población civil.

El Ejército y la Armada son el pueblo en el servicio de las armas; forman con él y dentro del gobierno, una unidad inquebrantable. Constituyen la fuerza pública que es una instancia del derecho. Cuando actúan para garantizar la vigencia de las instituciones, expresan el imperio de la nación. No son fuerzas de represión que implicarían arbitrariedad, sino sólido aval del Estado. Por ello encarnan el honor de México. Nuestro tributo a su valor y lealtad.

Durante los primeros meses de mi mandato, se manifestaron algunos conflictos reales de origen interno y otros artificiales que pusieron a prueba la serenidad y buen juicio del Gobierno, del pueblo y de sus instituciones.

Queremos hacer comprender que disidencia no es sinónimo de violencia, que la oposición no debe asociarse al delito.

Reiterando que la procuración de justicia no significa únicamente castigar, nos hemos propuesto la interpretación fiel de nuestras normas jurídicas para distinguir la delincuencia de los caminos legítimos de oposición.

Se han dictado una serie de importantes medidas tendientes a restituir al Ministerio Público en su carácter de representante social, así ha actuado y seguirá actuando en todos los casos y especialmente en la persecución de delitos oficiales, en ocasiones de muy difícil comprobación, toda vez que a los acusados no se les procesa por tontos, sino porque se pasan de listos. Asumimos el compromiso de combatir la corrupción pese al escándalo y los posibles fiascos. El pueblo de México así lo pide. Seremos inexorables y así estamos dispuestos a que se nos trate, si así lo exige el caso.

Por otro lado, se ha buscado en la aplicación de procedimientos, proteger eficazmente a la ciudadanía mediante la humanización del derecho.

En un clima de tranquilidad se celebraron elecciones en los estados de Baja California, Guanajuato, Jalis_o, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas.

Avanzamos en un proceso dialéctico de transformación. Convencidos plenamente de que la promoción de los cambios presentes condicionarán nuestro futuro inmediato, emprendimos con máximo interés y afán, el

Programa de Reforma Política que conlleva acelerar el uesarrollo de nuestro pueblo.

Hemos afirmado, repetidamente, que para legitimar la lucha de los contrarios es preciso instituida. Con este propósito queremos desplegar el juego de posibilidades y de opciones al pueblo de México, para que dentro de la estructura democrática que estamos empeñados en mantener, pueda ejercer libremente su albedrío.

Ahí está la diferencia entre una democracia social que se encuadra en la vigencia política del derecho y cualquier sistema dictatorial que admite su cancelación.

Saber dialogar significa haber aprendido a considerar a los opuestos y admitir que de la polémica abierta, la razón política de México resulta favorecida. A nadie le es dado negar la obligación y la conveniencia de mantener una convivencia pacifica, en la cual el derecho fije los términos de la relación y señale los métodos por medio de los cuales los grupos puedan luchar por hacer prevalecer, en el conjunto, su piop:a tesis sobre la sociedad.

Por ello no quisimos prejuiciar la Reforma Política orientándola desde el centro y bajo un criterio único, y establecimos como inicial estadio la consulta directa, para que del flujo mismo de la opinión pública fuera surgiendo su modalidad.

Propiciamos la concurrencia de los partidos políticos de cualquier ideología, para conformar la voluntad nacional con el concurso de todos los ciudadanos, en pleno ejercicio de sus derechos y claro conocimiento de sus obligaciones.

La Reforma Política fortalecerá a la sociedad, es la manera de alcanzar ahora un nuevo consenso que nos dé fuerza para seguir. Obliga simultáneamente a desterrar abusos y cambiar usos; y requiere responsabili• dad, honestidad y sentido crítico da los líderes.

Los grupos que desde la disidencia arriben con esta Reforma a la participación política institucional, contribuirán más sólidamente al desarrollo del país y ellos mismos serán más fuertes, en la medida que vayan adquiriendo un sentido de universalidad para comprender que los intereses de los diferentes grupos, se enriquecen mutuamente y no necesariamente se anulan.

Próximamente enviaré al Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales y, de ser éstas aprobadas por el Constituyente Permanente de la nación, remitiré una iniciativa de nueva ley sobre organizaciones políticas y procesos electorales.

La iniciativa de reformas intenta elevar a rango constitucional las normas jurídicas relacionadas con los partidos políticos, viendo en ellos formas superiores de asociación, a través de los cuales se realiza la conducta cívica y se contribuye a la formación de la voluntad popular y a la integración de sus órganos representativos.

Una verdadera Reforma Política no es un acto, así sea éste de la mayor relevancia legislativa; son muchos actos, y no es un momento, sino un proceso que exige, por igual, reformas jurídicas y modificaciones que culminen en una vida mejor.

Es una evaluación que apremia el perfeccionamiento de las instituciones democráticas, buscando que las minorías estén representadas en proporción a su número y que no sólo expresen libremente sus ideas, sino que sus modos de pensar puedan ser considerados al tomar decisiones las mayorías. O, en otras palabras, que el pensamiento de las minorías tenga significado político e influya en las decisiones gubernamentales.

A las mayorías les solicito que reconozcan los derechos políticos de las minorías, los respeten y vean en la discrepancia una contribución a la formación de la conciencia nacional; a las minorías les señalo que con las reformas adquirirán el alto compromiso de partid. par en el gobierno del país. A todos obligarán las decisiones a que concurran.

Las funciones y actividades de los partidos políticos nacionales se declaran de interés público; tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, y a que, por ley, y no en forma vergonzante se les garantice un mínimo de elementos para sus actividades y su acceso permanente a los medios de comunicación social.

Se establece un nuevo sistema electoral de carácter mixto, con dominante mayoritario, que incorpora la forma de la representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados, determinándose que 300 diputados serán electos, mediante sistema mayoritario, en circunscripciones electorales uninominales, en las que se dividirá el país, y hasta 100, mediante el principio de la representación proporcional con listas de candidatos que formulen los partidos políticos,dividiéndose para este efecto el país hasta en cinco circunscripciones plurinominales.

La tradición de nuestro país, la naturaleza de nuestros problemas, hacen que se mantenga el principio democrático de gobierno de las mayorías. El sistema mixto que se adopta tiende a impedir que la proporcionalidad se traduzca en inestabilidad. Las minorías pueden convertirse en mayorías y así gobernar; en tanto sean minorías, tienen derecho a ser representadas y a que sus opiniones sean sopesadas en la Cámara de Diputados.

El aumento del número de diputados es necesario para lograr un incremento en la representación de los habitantes de la República; además, hace viable el sistema mixto que se propone.

Al mantenerse el principio de autocalificación de las elecciones, se prevé que la Cámara de Diputados, para este fin, integrará un Colegio Electoral, que se compondrá de 60 presuntos diputados de mayoría y 40 presuntos diputados electos según el principio de representación proporcional; igualmente, en esta materia, la iniciativa contiene el derecho de que se ejercite un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las resoluciones de los Colegios Electorales de las Cámaras. La Corte actuaría como tribunal de derecho y no como órgano político electoral; examinaría simplemente la legalidad del proceso electoral o de la calificación misma y su decisión tendría carácter declarativo y señalaría si existieron violaciones o no, dando la oportunidad a que la cámara respectiva vuelva a calificar la elección impugnada.

En la iniciativa se asienta que el Congreso de la Unión expedirá la ley que regule su estructura interna, sus órganos de gobierno, la integración y funcionamiento de las comisiones de trabajo, ley que no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

Por otra parte, se prevé que los estados puedan introducir el sistema de diputados de minoría y los principios de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de municipios cuya población sea mayor de 300 mil habitantes.

A la ley secundaria corresponde desarrollar, en lo particular, el régimen jurídico de los partidos políticos; en lo relativo al registro, preverá que la agrupación que lo solicite ante la Comisión Federal Electoral como partido político nacional, podrá elegir entre dos procedimientos, cuyas características, en uno y otro caso, serán las siguientes:

Registro definitivo. La agrupación política solicitante deberá contar como mínimo con 65 mil afiliados en por lo menos la mitad de las entidades federativas; en las que deberá celebrar asambleas estatales para demostrarlo. También en este caso, la verificación del número real de sus militantes podrá hacerse a través de asambleas celebradas en al menos 100 distritos electorales federales distintos.

Registro condicionado. Bastará que la agrupación solicitante acredite tener ciertas condiciones especifi. cadas para que la Comisión Federal Electoral otorgue el registro, que será definitivo si obtiene como mínimo el 1.5% de la votación nacional.

Aspiramos a que todo el espectro ideológico esté representado; pero también se adoptan precauciones para que no se caiga en la pulverización o fragmentación excesiva, en perjuicio de una sana democracia. Mediante el registro condicionado y la posibilidad de invalidación cuando en dos elecciones un partido registrado esté por debajo del uno y medio por ciento de la votación, se ocasiona que sea el voto, en primera y última instancia, el que confirme la legalidad de los partidos.

Se contempla en la iniciativa un nuevo tipo de agrupación, que es la Asociación Política Nacional, forma de participación ciudadana de carácter intermedio, que interviniendo en política, no lo puede hacer electoralmente, a menos que se asocie temporal o permanentemente a un partido político, o se fusione con éste y desaparezca.

Una mayor y mejor democratización supone también mejoramiento de métodos internos de selección de candidatos y dirigentes de los partidos, que puedan consistir en actos públicos. Pretendemos salvaguardar a los electores de la sumisión a sus dirigentes.

Por otra parte, la iniciativa contempla una nueva organización electoral, a fin de que los órganos responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones federales, cumplan sus funciones con la imparcialidad necesaria que haga inobjetables dichos procesos.

He procurado dar una visión sintética del primer paso, de la primera parte de la propuesta Reforma Política. Muchos pasos más, pueblo y Gobierno tendremos que dar, para que México esté a la altura de sus ideales.

La Reforma Política puede marcar un nuevo sentido a nuestra Revolución; respetando sus esencias y sus principios originales, hemos ido más allá cuando distintas circunstancias, diversos factores, lo han exigido. El nuevo curso abrirá senderos más amplios. En la medida en que sean más democráticos, serán más revolucionarios. Democracia es el arribo del pueblo al poder y no la desaparición del poder político; es la voluntad popular rigiendo las instituciones en que se instala la sociedad.

El desarrollo es un todo único y es función del crecimiento del sector preponderante que más lenta• mente crezca. La crisis agrícola arrastra a la de la industria; por eso la solución de los problemas de la economía nacional comienza con el impulso a la agricultura.

Desde mediados de la década de los sesentas el sector ha registrado un ritmo de desarrollo decreciente y en los últimos años, un franco estancamiento. Ligado a la economía en su conjunto, sufre las presiones que afectan a todo el proceso y añade las propias:

Primero los vicios de la comercialización que al retener en otros sectores las ganancias del campesino, lo descapitalizan, no puede reinvertir; se reduce a niveles de subsistencia precaria y autoconsumo, y queda al margen de un mercado que a su vez se perjudica, pues no puede ampliarse y permanece vinculado y a la vez reducido a los sectores privilegiados que lo hicieron crecer.

Después del minifundio que todo lo empequeñece: producción, productividad, concepción y hasta voluntad, la desatención a las zonas temporaleras y la coa. centración de acciones en las regiones de agricultura comercial, la presión demográfica con sus consecuencias: campesinos sin tierra, brazos desocupados, tiempo muerto, subempleos. La falta de organización inhabilita todavía más esta actividad.

De ahí que insistimos: hacerle justicia al campesino no es sólo compromiso revolucionario e imperativo de justicia, sino condición general del desarrollo; del campo tenemos que alimentarnos; disponer de materias primas renovables para la industria y la exportación, y en el campo habremos de ampliar nuestro mercado interno.

Por ello asignamos máxima prioridad al sector agropecuario, a cuyo servicio agrupamos todas las dependencias de la federación y sus organismos y empresas bajo un solo mando, y además pactamos alianzas relativas con los estados. Contamos ya con un plan que en función de objetivos sectoriales y metas específicas tiende a racionalizar acciones, coordinar esfuerzos, identificar responsabilidades y abatir costos. La ejecución de estos propósitos requiere la colaboración de todos los funcionarios que, en diferentes instancias, habrán de contribuir al cambio colectivo. Buscamos instaurar compromisos recíprocos entre productores e instituciones. Los logros y los procedimientos habrán de confrontarse cada vez, con la disponibilidad de recursos y con la distribución del beneficio obtenido.

La producción de alimentos básicos constituye el objetivo principal del sector. Este año queremos aumentar sustancialmente la producción cosechando 10 millones de toneladas de maíz, más de 1 millón de toneladas de frijol, 2 millones de toneladas de trigo, 4.2 millones de toneladas de sorgo y medio millón de toneladas de arroz. Para estos y otros cultivos hemos sembrado 16 millones de hectáreas.

Al recorrer el país hemos atestiguado que los cultivos son prometedores y que lo que nos propusimos para la estación se cumplió y aun se superó probablemente en un 15%. Las lluvias en lo general han sido buenas, aunque se adelantaron en Yucatán y se atrasaron en Coahuila y parte de Veracruz, llovió en Sonora y en Baja California. Las perspectivas de riego para el próximo, aunque no sobradas, son satisfactorias en general.

Se han incorporado al riego durante el presente año más de 100 mil hectáreas, aun cuando por escasez de agua se redujo la superficie aprovechable en Sonora en 44 mil.

Para disponer de las hectáreas más baratas y a más corto plazo, dedicamos mil millones de pesos a rehabilitar drenes, canales y nivelar tierras, con lo que aumentará la eficiencia de los distritos de riego. Los beneficiarios han aceptado su responsabilidad en el mantenimiento y operación de sus distritos, con lo que podremos dejar de subsidiar a quienes tienen la seguridad del agua, para asistir a otros más necesitados que carecen de ella.

Como nos lo habíamos propuesto, creamos ya los distritos de temporal y se han expedido los respectivos reglamentos operativos de los comités que los dirigen. De este modo apoyamos a las zonas temporaleras siempre postergadas. Ahora se atienden en forma descentralizada y con la participación de productores e instituciones, que se organizan en programas específicos, conforme a los cuales se canalizan recursos e insumos, se prestan servicios de apoyo, se construyen obras, se dota de maquinaria, fertilizantes y mejoradores. En pocas palabras, nos esforzamos ahora en atender las mayores superficies agrícolas del país, en donde hay más campesinos, pobreza y abandono y, paradójicamente, mayores expectativas de productividad. Todos nos beneficiaremos.

Más de 800 mil hectáreas se han asistido técnicamente para cubrir un total de 5 millones, 20% más que antes. Hemos organizado a los productores para que produzcan sus propias semillas mejoradas.

Haciendo uso de la Ley de Tierras Ociosas, los productores han acudido, sin alterar los derechos básicos de propiedad, a sembrar 10 mil hectáreas en Juchitán, Oaxaca. Esto sienta importante precedente. Estudiamos posibles modificaciones a esa Ley.

Para detener la aparición de la roya del café que sería ruinosa para nuestra economía, se han tomado las medidas cuarentenarias correspondientes. Para el combate de la mosca del mediterráneo que pone en peligro la fruticultura, se han aplicado insecticidas en una amplia superficie; además se instala una planta de producción de moscas estériles. Producimos cada vez más insectos benéficos, con lo que se abaten costos y se evita la contaminación por insecticidas. Exterminamos la rata de campo en cerca de un millón de hectáreas.

Como se sabe, a principios de este año el chahuixtle atacó los trigos de Sinaloa y Sonora; sin embargo, los ejidatarios, agricultores y autoridades, en 30 días aplicaron fungicidas en 180 mil hectáreas y redujeron sustancialmente las pérdidas. A nivel internacional se cita este evento como modelo de eficacia en el com. bate de la plaga.

Con el fin de ordenar el crédito oficial al campo, la ley de la materia establece un sistema que permite la unificación de las políticas a nivel nacional y la descentralización de las operaciones a nivel local. La banca rural cubre mediante 28 mil millones de pesos la mayor parte del crédito bancario total destinado a las actividades agropecuarias y abarca la mitad del volumen esperado para 11 cultivos básicos.

La mayor proporción de recursos se destina a los avíos agrícolas, para la producción de alimentos en el corto plazo. También impulsamos los programas de subsoleo y desmonte en distintas regiones del país, mediante los fideicomisos constituidos por el Gobierno

Federal en el Banco Rural. Y se aseguraron más de un millón de hectáreas correspondiendo cerca de la mitad a cultivos de temporal.

Se constituyeron fondos revolventes para apoyar a los gobiernos de los estados en su desarrollo agropecuario, y fortalecer su desempeño en los convenios con la Federación.

Hemos propiciado cuotas de maquila para que los campesinos que tienen máquinas les trabajen a los que no las poseen, en beneficio de todos.

Se aumentaron substancialmente los precios de garanda de los productos agrícolas. La discrepancia que se presenta entre productores y consumidores, al elevar los precios de garantía, se trata de solucionar mediante el establecimiento de mejores sistemas de comercialización y especialmente a través de acuerdos directos entre ellos. Una de las disyuntivas más difíciles de quien toma decisiones, es la que se da al fijar el precio que debe pagarse al productor agrícola que equivale a su salario y el precio que debe pagar el consumidor. Uno impacta al otro. Es un conflicto entre dos justicias. Durante mucho tiempo el sacrificado fue el campesino y el resultado lo tenemos a la vista: la producción se ha retraído; de nuestra pirámide social el más perjudicado es él. No se trata de tironear por los extremos, sino de elevar la productividad general. Pero el desenlace no es instantáneo, en tanto que el sfntoma es cotidiano e irritante.

En materia pecuaria se impulsa el,crédito y la asistencia técnica y se ha dado prioridad a los programas de sanidad, de investigación, de mejoramiento de razas y de comercialización.

Se ha elaborado un proyecto de ley forestal que permitirá, entre otras cosas, la constitución de empresas forestales mixtas que aprovecharán racionalmente nuestros bosques, protegiéndolos y regenerándolos al mismo tiempo que se explotan. Por otra parte, mediante programas masivos se ha continuado el esfuerzo de reforestación. Especial mención debo hacer del esfuerzo tlaxcalteca que permitió plantar un millón y medio de árboles en el erosionado Cerro de la Malinche.

La sobrepoblación en el campo y la falta de alternativas de empleo, presionan sobre la tierra y el sistema distributivo de la riqueza que se concibió con la Reforma Agraria. Aunque admitamos la existencia de tierras departibles, incluidos latifundios y simulaciones, es ya evidente que la disponible, por la vía simpledel reparto no va a resolver la demanda de ocupación y justicia del campesino. No todos los aspirantes a tierra, con derechos o expectativas, podrán alcanzar y, a plazo fatal, tenemos que admitir que se va a terminar. Ni aun disminuyendo superficies e indices, podríamos resolver el problema. Ello sin incluir cl cuello de botella de las operaciones administrativas que tendrían que cumplirse y que se adicionarían al rezago de los trámites agrarios.

Si a estos hechos añadimos ambigüedades y lagunas del derecho agrario, entenderemos las actuales tensiones que vivimos.

Tenemos que entender que la demanda de trabajo en el campo no podrá resolverse con simples actividades agrícolas. El destino moderno del empleo se orienta cada vez más a actividades industriales y, sobre todo, servicios. El cambio de estructura cualitativa de nuestra población, de la economía rural a la urbana, es irreversible. Ocurre simplemente que nos tocó vivir en la mitad del torbellino, cuando la población se multiplica, el campo expulsa brazos, y las ciudades todavía no los pueden absorber por la velocidad de las arribazones.

Invasiones e indefiniciones en el campo y precarismo en la ciudad son la expresión cotidiana del fenómeno.

De ahí que insistamos que la solución completa del problema agrario no está en el campo sino en el reordenamiento de nuestra economía.

Obvio que ello no nos libera de la responsabilidad de llevar la Reforma Agraria a sus últimas consecuencias.

El Estado entregará la tierra que la ley demanda, para que se trabaje. No queremos ni tierras, ni aguas ociosas y menos aún hombres ociosos. No más simulaciones ni en el latifundio ni en el ejido. Queremos que mediante el trabajo se conjuguen en interés general.

Así intensificamos las tareas para abatir el gran rezago que existe en el proceso del reparto y definiciones sobre la tenencia. Iniciamos en Querétaro un esfuerzo piloto concentrado, para resolver en el corto plazo todos los asuntos agrarios pendientes.

A la fecha, se han ejecutado resoluciones por más de un millón de hectáreas, para beneficio de 7 mil 800 familias campesinas y se han expedido y entregado 675,000 certificados que garantizan los derechos individuales de ejidatarios, comuneros, colonos y nacionaleros. Con ello no se desea iniciar una carrera para superar marcas, sino afectar cuanto antes todo lo afectable, y dedicar todos los esfuerzos a la fundamental etapa de organizar la producción, impulsar la agroindustria y avanzar en el sistema correcto de comercialización.

Uno de los problemas agrarios más relevantes lo constituyó la inconformidad manifestada por los agricultores de Sonora afectados por la expropiación de 37 mil hectáreas, incluidas en el Decreto publicado el 19 de noviembre de 1976, contra el que todos se fueron al amparo. Ratificamos los efectos del reparto decretado. Los campesinos dotados no devolverán ni un centímetro de tierra. En términos constitucionales, para dar firmeza definitiva al procedimiento, se propone la indemnización debidamente valuada en 17 mil quinientas hectáreas, a auténticos pequeños propietarios acreditados que resultaron afectados, sin duda, por la premura del procedimiento. Con plena conciencia tomamos la decisión, para llevar paz productiva, seguridad jurídica y tranquilidad social a una zona próspera, fundamental para la agricultura nacional y evitar enfrentamientos legales y aún de hecho, de generaciones de mexicanos de carácter recio y gran capacidad, que queremos ver mejor orientados y no desviados a luchas inacabables y estériles. La oportunidad de la solución ha propiciado el compromiso de los hombres de Sonora de iniciar de inmediato un plan completo de agroindustrialización por varios miles de millones de pesos, que generará empleos. Así se aliviará, en sus causas, la presión sobre la tierra. Me someto al juicio imparcial de la historia.

Para prever, evitar y resolver mejor los problemas agrarios, estamos revisando la legislación que los rige. Tenemos proyectos para la creación de los tribunales agrarios y para la reconstrucción y organización colectiva de las unidades de producción, por reagrupación de tierra mediante múltiples formas de asociación entre los diferentes tipos de productores, entre sí y con el Estado.

Estudiamos, asimismo, iniciativas para igualar en condiciones a todos los sujetos de derecho agrario; definir no sólo la pequeña propiedad, sino al pequeño propietario; así como para resolver las incongruencias legales que de un lado propician simulación y de otro castigan productividad.

El Régimen no admite ningún crecimiento que se apoye en la injusticia o en la explotación del hombre y su familia. Por ello nos preocupa la condición de losjornaleros; que ni tienen y quizá ni alcanzarán tierras, la Reforma Agraria no los puede proteger por la vía del reparto; pero sí por las leyes del trabajo, compensando su debilidad mediante su organización ahora incipiente. El asunto merece la atención nacional si se considera que la legislación laboral está básicamente orientada a defender el trabajo industrial. En el campo, cada vez con más frecuencia, conforme se avance en reparto y organización, ejidatarios, pequeños propietarios y comuneros, serán los patrones de los jornaleros. Cómo equilibrar esa relación, es problema que nos debemos plantear. Invito a esta soberanía a contemplarlo y a actuar.

No podemos diferir más la prioridad que debemos al campo. Así lo deben entender la industria, las ciudades, los consumidores. No hay alternativa: o atendemos a nuestros campesinos, o no hay justicia, ni progreso, ni expectativas sanas para la nación. Si la agricultura es la base de la economía, la industria constituye su fuerza dinámica.

Sin embargo, su dinamismo se ha debilitado pese al sistema de protección, explicable cuando empezó a crecer. Ahora ya no genera todos los empleos necesarios; no aprovecha adecuadamente nuestros recursos naturales, ni es todo lo competitiva que quisiéramos para incrementar las indispensables exportaciones. La devaluación mostró la vulnerabilidad financiera de la estructura industrial prevaleciente y su dependencia externa; conforme al inicial planteo, se apoyaba en la sustitución indiscriminada de importaciones, aun con sacrificio de otros sectores, especialmente el rural. Se impone una nueva concepción para integrar verticalmente la industria; llenar los vacíos que motivó el crecimiento desordenado y que nos hace dependientes en bienes de capital, insumos industriales y tecnología. Tenemos que orientarla a satisfacer necesidades básicas del país y no sólo demandas reiteradas del estrato social más favorecido, sin descuidar la procuración de sus intereses, pues pese a los justificados reparos al consumismo, en gran parte las conquistas de los trabajadores están atadas a la estructura existente, y de su permanencia depende su seguridad. De ah{ el extremo cuidado con que debemos actuar en las bases y en la sana orientación de los incrementos.

Se concentraron en una sola entidad las facultades de dirección de las industrias paraestatales básicas, con la del fomento, y supervisión de la privada. Esto nos permitirá poseer y realizar mejores planes conjuntos, fijando metas concretas por rama prioritaria que tendrán carácter obligatorio para las empresas del Estado, concertado o inducido con el sector privado y promoviendo nuevos campos al sector social. De ser necesario el Estado hará las inversiones faltantes para que la integración no padezca.

Obedeciendo estas disposiciones se han asignado recursos y están en proceso proyectos en la industria de energéticos, química, petroquímica, minería, siderurgia, metalmecánica, fertilizantes, azúcar y papel. Subrayamos el de roca fosfórica en Baja California, que comprende los sectores minero, industrial y agrícola.

En la época actual los paises pueden dividirse entre los que tienen y los que no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos.

Una vez más en nuestra historia y para engrandecer la proyección de quien lo nacionalizó Lázaro Cárdenas, el petróleo se convierte en el más fuerte apoyo de nuestra independencia económica y factor de corrección de nuestras deficiencias, si actuamos con moderación y pericia.

Las últimas estimaciones indican que el país cuenta con una reserva probada, no probable, de más de 14 mil millones de barriles al añadirse los diez mil de los meses recientes. Ello sin considerar algunos campos que, no obstante ser prometedores, no están aún debidamente cuantificados.

Todo parece indicar que en pocos años México se convertirá en un productor petrolero de importancia relativa a nivel mundial.

Incluimos la industrialización de los hidrocarburos como parte esencial de la infraestructura de energéticos. Vamos a duplicar la capacidad de refinación y transporte y vamos a más que triplicar el tonelaje de petroquímicos. Esto requiere de una inversión de tal orden, que contando solamente con su consumo interno, no sería posible trazar ningún plan sensato para efectuarlo, por lo que tenemos que proyectarnos al mercado extranjero.

Alcanzamos en el pasado mes de mayo la cifra récord de producción de un millón de barriles diarios, de los cuales exportamos aproximadamente la sexta parte. En el período se extrajeron 496 mil millones de metros cúbicos de gas y sólo se exportaron 3 mil millones. En uno y en otro caso, crudo y gas se han vendido siempre y en toda ocasión a precio de mercado, y en ocasiones por encima de él.

La relación reservaproducción es de 27 años, superior al índice internacional, y nos permitirá respaldarsólidamente nuestros compromisos, con independencia de los descubrimientos futuros que están a la vista. Por eso tenemos crédito y entusiasmo.

El programa apoyará poderosamente el crecimiento de toda nuestra industria, garantizando un grado de independencia económica como el país no ha conocido jamás. Pero no se puede ni se debe llegar a extremos; ni cerrar las válvulas hasta ahogarnos en el absur• do, ni abrirlas como nuevos ricos hasta la extinción. Petróleo es un recurso que tarde o temprano se nos acabará y sería necio pensar que cuando en el mundo se agoten las reservas, México seguirá siendo un gran productor. Por lo que sabemos de nuestro subsuelo, éste nos puede durar 50 años, quizás más; mientras se encuentren fuentes de energía alternas debemos manejar nuestra potencialidad petrolera para erigir una industria basada en nuestros recursos renovables; ayudados por la creciente infraestructura técnica que ya es hoy una realidad. Como combustibles, nuestras reservas nos pueden durar medio siglo; como petroquímicos y con la imaginación y experiencia de nuestros técnicos, muchas. muchísimas generaciones más. participarán de esta riqueza.

Para esto, debemos ponderar las reservas petroleras no sólo de nuestro país, sino de todos los países productores. Racionalizar la producción y participar en una solución justa para todos los países, desarrollados y no desarrollados. De aquí que la exploración, la explotación y la exportación deban ser científicas y sensatas, y estar regidas por la dimensión de nuestros yacimientos y su naturaleza y por las nuevas tecnologías que nos indican a tiempo cómo hacerlo bien.

Nuestra constitución política reserva la explotación de los hidrocarburos a la nación. Nuestra obligación a preservar siempre vigente este ordenamiento que tan sustancialmente benéfico nos ha sido.

Hemos decidido la construcción de un gasoducto que partirá de Cactus, Chiapas, hasta Monterrey, con un ramal que penetre hasta Chihuahua y eventualmente completar la red a la capital y otro hasta Reynosa para la exportación al norte.

Desacostumbrados como estamos a las expectativas de bonanza, se cuestiona la procedencia de esta exportación por tubería. En esto quiero ser muy preciso. Disponemos de nuestro gas, que sale asociado al petróleo en la medida que extraemos éste. No lo podemos separar adentro. Se separa afuera y ahí, o se quema o se aprovecha, pues no podemos dejar de extraer petróleo. El que sale es suficiente para nuestra necesidad y sus incrementos previsibles y nos sobra. Y entonces o lo vendemos o lo quemamos. Lo podemos vender al cliente más cercano por tubería, lo que nos abarata y facilita el financiamiento del gasoducto para surtir el noreste y nos ahorra las exorbitantes inversiones para venderlo en tanques de metano, que exige licuarlo a bajísimas temperaturas y trasladarlo por barco con mucha pérdida de energía y costos muy superiores a la otra solución.

Sabemos que la decisión correcta, la que nos conviene, es vender gas por tubería. No hacerlo porque el comprador fuera nuestro vecino sería enfermizo, significaría un sacrificio en el altar de nada que el país no tiene por qué hacer.

En el campo petrolero contamos con una experiencia acumulada a lo largo de casi cuarenta años. Esto nos permite un elevado grado de autonomía frente al exterior. En petróleo no necesitamos, ni hemos solicitado capital de riesgo.

Al entrar en operación la sexta unidad de la planta hidroeléctrica de Malpaso, y un grupo de plantas menores, conforme al programa a largo plazo, llegamos a 11 millones de kilowatts de capacidad total instalada.

Cada sexenio, México requiere duplicar su capacidad para mantener el ritmo de desarrollo. Muchas veces hemos dicho que no hay energético más caro que el que no se tiene. El esfuerzo es enorme; pero lo estamos cumpliendo: se encuentran en proceso de construcción plantas generadoras con capacidad de 8.5 millones de kilowatts, de éstos, 8.1 proceden de plantas hidroeléctricas, entre las que destaca por su magnitud Chicoasén en el estado de Chiapas; y 5.4 de plantas termoeléctricas. Sobresalen cuatro unidades que consumirán carbón, dos geotérmicas y muy especialmente, la nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz.

Se continúan las inversiones en electrificación rural.

Petróleo y electricidad constituyen la base del desarrollo del país, máxima prioridad sin la cual no sería viable nuestro modelo de nación.

Igualmente la industria del Estado se integra por ramas afines, iniciamos el programa con la industria siderúrgica, lo que nos permitirá racionalizarla, al unificar decisiones, consolidar procesos, ventas y compras, manejar reservas y considerar producción en función de distancias. Con esta simple medida de organización esperamos, en el sexenio, sin sacrificar producción, un ahorro de 22. mil millones de pesos. Dentro del plan de integración y con nueva concepción, se iniciará oportunamente la diferida segunda etapa de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas.

El proceso de mexicanización de la minería fue prácticamente concluido por los gobiernos que antecedieron al presente. Nos proponemos ahora que se refleje en la industrialización; que recupere los volúmenes de producción que llegó a tener en el pasado; que se diversifique y que dé cabida a nuevos capitales de riesgo de connacionales.

Seguimos robusteciendo a la pequeña y mediana minería para hacer más equitativa la distribución de los frutos de nuestro subsuelo.

En este lapso se establecieron compromisos con 140 empresas industriales y se pusieron en marcha ocho comités mixtos para concertar las estrategias de la alianza, entre los que destaca el de bienes de capital en el que fijamos como metas concretas elevar la fabricación interna de maquinaria y equipo, que actualmente satisface la mitad de la demanda nacional, hasta cubrir dos terceras partes de ella en 1982. Se trata de concentrarnos en lo que estamos mejor capacitados, de tomar en los programas de compra las previsiones de demanda que justifiquen las expansiones y no de producir todo a cualquier costo.

Sin renunciar a la protección como fomento a la industria, se han dado los primeros pasos para modificar o substituir, cuando así convenga, los permisos de importación por el sistema de aranceles; podemos usar las secuelas de la devaluación para ser competitivos, cuidando que en el proceso no haya pérdida neta ni de producción ni de empleo.

Respecto a la industria automotriz, se dispusieron modificaciones a los principios generales en materia de mexicanización, integración, producción de partes y componentes, exportaciones, substitución de importaciones, mayor productividad, limitación de líneas y modelos que deberán normar las políticas en otras ramas equiparables, para avanzar en la integración vertical de la planta industrial.

En los programas regionales de industrialización, se aprovechan servicios comunes, materias primas y economías externas. Se destacan las expansiones previs. tas para la producción de fertilizantes fosfatados, localizada en Lázaro Cárdenas, junto a la siderúrgica y el desarrollo de la industria petroquímica en el Istmo de Tehuantepec.

Se están reestructurando, asimismo, los instrumentos de fomento a la descentralización, para distinguir con mayor precisión las zonas de menor desarrollo relativo que deban ser apoyadas.

En nuestro medio, la gran empresa coexiste con la pequeña y mediana. Cada cual con sus características coadyuva al desarrollo industrial. La primera por su acceso a tecnologías modernas y su disponibilidad de recurso, puede abordar ramas en que, siendo prioritarias para el país, no existe alternativa distinta a la de uso intensivo de capital. En cambio, las segundas están preparadas para hacer uso intensivo de mano de obra y tecnologías especiales y ofrecer mayor empleo por unidad de producción.

La industria pequeña y mediana no requiere de sobreprotección del Estado; pero sí de apoyos, porque es más vulnerable ante las fluctuaciones cíclicas dado su menor acceso al financiamiento institucional. Estamos asignando recursos crecientes al fomento de estas empresas y agilizamos los mecanismos crediticios existentes. Para aprovechar su capacidad instalada y su potencial de inversión, se les dotará de liquidez y capital de trabajo. Alentaremos así a la iniciativa individual, cuando ésta no conlleve la desigualdad social.

Los acontecimientos recientes hicieron evidentes las deficiencias, ineficiencias y deformaciones de la industria, pero también la existencia de cimientos para su racional consolidación.

Todos tendremos ahora que asumir el costo de la reconstrucción. Ni los campesinos, ni los obreros, ni la industria pequeña y mediana, ni el gobierno, lo pueden absorber solos.

Es un hecho que reconstruir lleva tiempo y en ese lapso hay quienes tienden a desesperar.

No desesperemos, están sentadas las bases. A corto plazo la recuperación industrial es factible. Se dispone de capacidad instalada en planta y equipo y suficiente abastecimiento de energéticos e insumos estratégicos. Por la vía de una mayor productividad del capital y del trabajo, este rescate, estamos ciertos, traerá consigo un gran desarrollo, y será fuente autosostenida de empleos.

El mar no ha sido suficientemente aprovechado y por lo mismo no ha sido auténticamente nuestro. En la medida que explotemos y conservemos esta fuente de riqueza, estaremos garantizando alimentación alpueblo de México, además de generar empleos y obtener divisas. Nos hemos propuesto lograr un incremento de 7.5% en la captura de este año, para alcanzar un total de más de medio millón de toneladas.

Aunque la flota nacional actual no es suficiente para aprovechar la totalidad de nuestros mares, que se vieron aumentados con el establecimiento de la zona económica exclusiva, movilizaremos ingresos gracias a los convenios firmados con los Estados Unidos, con la República de Cuba y muy pronto con Japón.

Al respecto, se ha instrumentado un programa de flota que contempla el crecimiento y modernización de la actual, además de la diversificación en cuanto a equipo y tecnología de pesca. Los sectores social y privado se han comprometido a invertir alrededor de mil cuatrocientos millones de pesos con el fin de aumentar la capacidad de la flota. Por nuestra parte invertimos más de mil quinientos millones de pesos en infraestructura pesquera.

Las condiciones naturales de que dispone México para el desarrollo de la acuacultura, proporcionarán efectos positivos sobre el nivel de vida y el ingreso de las comunidades rurales. Se construyen cuatro nuevos centros de capacitación y seis granjas acuícolas.

Para impulsar centros tradicionales de consumo, se tiene en marcha un programa para abatir precios, modificar hábitos alimenticios y aumentar consumos, para darle pleno sentido al fortalecimiento de la que debe ser nuestra vocación por el mar, expectativa tan rica como nuestro petróleo.

El comercio, entendido como servicio de enlace entre la producción y el consumo, ha de convertir las necesidades comunes en demandas sociales. Esta con. cepción incorpora la función del Estado más allá del ineludible papel moderador, para insertarlo en las am. plias responsabilidades de promotor.

Como un primer paso, dispusimos la integración en una dependencia de todo lo concerniente al comercio interior y exterior. Se estableció así la base jurídica para gobernar un área fundamental que, en ciertos aspectos, había respondido únicamente a las presiones circunstanciales de la oferta y la demanda.

Dos han sido los objetivos a corto plazo: coadyuvar a mitigar la tasa inflacionaria que tan drásticamente se elevara durante los últimos meses de 1976, y contribuir a la disminución del déficit de nuestra balanza comercial con eI exterior.

Aun entre sobresaltos, la inflación disminuyó su índice de incremento promedio mensual al consumidor, de 4% durante Ios últimos cuatro meses de 1976 a 1.3% de marzo a junio de este año, y al mayoreo de 7% a cerca de 2% en los respectivos períodos.

El déficit en nuestra balanza comercial tuvo un alivio sustancial; en los últimos cuatro meses de 1976, en promedio fue de 3 mil cuatrocientos millones de pesos; en cambio para los cuatro primeros de 1977 bajó a 500, habiéndose obtenido, en el pasado mes de marzo, por primera vez en 15 años, un saldo positivo. Estamos conscientes, sin embargo, de que esta recu. peración fue más aparente que efectiva, pues en parte se explica por la contracción de la economía. La corrección de fondo constituye una expectativa que dependerá de nuestro trabajo y esfuerzo de producción.

Se debe ser implacable con los abusos. Cuando el comercio en vez de servicio se convierte en vicio, acaparamiento, monopolio y explotación, el Estado debe combatirlo, no sólo con el control de precios, sino con todo su poder.

Sin embargo, debemos ser flexibles para encontrar siempre el término medio entre el aliento a la producción y la protección de los consumidores. Si lo primero no ocurre, se contrae la oferta y paradójicamente se provoca el alza. Sólo el Estado por sus funciones, puede absorber subsidios al consumo, porque la carga que significa, orientada a un fin social o de interés general, se reparte entre todos.

Los precios de garantía y los recientemente definidos precios variables de comercialización, se manejan con criterios de fomento y servicio a los demás sectores de actividad.

El precio de garantía del maíz, por ejemplo, se elevó a 2 mil novecientos pesos, cuando apenas en agosto del año pasado era de mil novecientos. Teníamos que responder a la actitud responsable de los campesinos. Así dicho, merece el aplauso de todos. Transferido al precio de las tortillas, se convierte en protestas de los consumidores. De ahí la dificil función equilibradora del Estado, que requiere de la comprensión y participación también de todos.

El precio variable de comercialización permite a las empresas estatales industrializadoras de alimentos básicos, estar en condiciones de competir en la compra de sus materias primas de manera abierta y realista, de acuerdo con las condiciones cotidianas del mercado.

Hemos incurrido en el frecuente error de controlar el precio del producto final, dejando libres los de los bienes o servicios intermedios que integran Ios costos de aquél, con lo que tarde o temprano se deforma la producción o incluso deja de producirse el bien.

Salvo las exageraciones, en ocasiones erráticas, en épocas como éstas las alzas de precios tienen su explicación. Pero el pueblo no vive de explicaciones. Vive de bienes y éstos no se pueden inventar; se tienen que producir en forma suficiente y eso es lo que queremos al reorganizar la economía mediante la alianza para la producción.

Entretanto no nos cruzamos de brazos, y actuamos en el área de la comercialización, estableciendo la Comisión de Precios y Tarifas del Sector Público; la Impulsora del Pequeño Comercio, que ya actúa con más de 8 mil 500 tiendas de abarrotes en distintas ciudades; hemos abierto lineas de crédito y CONASUPO sigue trabajando en el doble propósito de regular el comercio y garantizar precios al productor. Los de garantía se anuncian ahora con anticipación suficiente para orientar y estimular la producción de aquellos artículos que convienen a la economía, de acuerdo con la situación general de los mercados interno y externo. De otra parte, a través de sus distribuidoras y de la Impulsora del Pequeño Comercio, entre otros mecanismos, se avanza en los trabajos para hacer llegar los productos básicos a todo el territorio nacional. Pero quedan aún miles de localidades a las que no ha sido posible atender. Por ello he ordenado vigorizar el programa nacional de abastecimiento a las zonas marginadas, que irá gradualmente cubriendo las más remotas.

Para completar la cada vez más importante tarea de la Procuraduría del Consumidor, iniciamos la campaña de información sobre precios en las distintas tiendas de los mismos artículos; para poder comprar mejor y que el gasto rinda más.

El mercado de las medicinas tuvo un comporta. miento singularmente irregular. Intempestivas y frecuentemente injustificadas alzas en una serie de medicamentos, indignaron a la opinión pública y arriesgaron nuestro esfuerzo por moderar la inflación. Se hizo evidente que los mecanismos administrativos tradicionales para registrar y autorizar el comercio de las medicinas eran imperfectos y propiciaban el fraude. Para contrarrestar sus efectos, se actuó con energía; para evitar sus causas, se sentaron las bases para que ningún medicamento pueda, en el futuro, acceder al mercado sin haber obtenido simultáneamente el registro sanitario y la autorización del precio máximo al público.

Cuando eI país no es capaz de asegurar el abastecimiento de un bien insustituible para la población, la autoridad responsable tiene la posibilidad de resolver a corto plazo la escasez por medio de la importación. Así lo hemos hecho, cuando ha escaseado el maíz, el trigo, la leche o las oleaginosas. Pero 'cuidado!, en materia de alimentos, no podemos ni debemos depender del exterior. Por ello es tan peligroso segar las fuentes de suministro.

Una comunidad de 65 millones de habitantes es un mercado potencial, de tal magnitud, que no queda otra más que producir con alta eficiencia Io esencial para proporcionárselo a bajo costo.

El programa de productos básicos pretende por eso estimular la buena producción y distribución. No persigue la disminución transitoria de los precios de algunas cosas sino su adecuación permanente, que asegure a todos los mexicanos la posibilidad de obtener sus satisfactores a precios accesibles. El esfuerzo inicial, necesariamente improvisado, no surtió los 90 productos anunciados y apenas tocó a cuatro de cada cien demandantes concentrados en las grandes metrópolis. Esta experiencia nos encamina a atacar el problema en sus orígenes y no en sus manifestaciones finales que tanto dañan y molestan.

Actuando así tanto en la producción como en el aparato y proceso de intermediación, podremos controlar la carestía hasta donde de nosotros dependa. En esto no hay prodigios, ni magia. A la larga la peor política es convertir la economía en utopía. El popu. lismo no resuelve sino enreda y agrava los problemas. O los tomamos por donde se debe o iremos de mal en peor, por indecisión o vano afán de publicidad.

En el fondo no se trata sólo de aspectos de producción y comercialización, sino de una adecuada política de precios, salarios, utilidades y fisco; las presiones nos hacen actuar desordenadamente en uno o en otro lado. Tenemos que completar la oportunidad y racionalización del proceso, aprovechando la actualización anual del salario, especialmente el mínimo, y asociando su fijación a la transparencia de los precios básicos y sus expectativas en análisis abiertos entre la autoridad y los factores de la producción, estableciendo algún sistema de compensación para alzas sustanciales, imprevistas e inevitables que suelen suceder. En tiempos como los actuales una definición así es fundamental.

Hemos iniciado una nueva política de comercio exterior. La tradicional sustitución de importaciones, manejada principalmente a través del mecanismo de permisos previos, se sustituirá paulatinamente por el uso más flexible de los aranceles, atendiendo que el proceso de liberación comercial no vaya en detrimento de la producción. Al efecto se ha creado un fondo especial de financiamiento de 5 mil millones de pesos, a más de alicientes fiscales y facilidades a la importación.

Los aranceles, como regulador comercial, se aplican de tal modo que la protección a la industria nacional no grave demasiado a los consumidores, sobre quienes ha recaído en buena medida el peso principal.

Hasta ahora hemos sido sólo exportadores cle excedentes. Debemos superarnos. Aquellas ramas en las que por las materias primas de que disponemos, por nuestra situación geográfica, por las peculiaridades de nuestra economía o por nuestro nivel de desarrollo estemos en condiciones de competir en los mercados mundiales, debemos orientarlas específicamente, ya sea de manera parcial o total, a la exportación.

La nueva política comercial está orientada a hacer de nuestro país un sólido exportador y un racional importador.

Sólo con una política comercial integrada a los objetivos del desarrollo nacional, podremos corregir la carestía. Pero insisto: no será de la noche a la mañana, estamos haciendo todo lo posible, aunque reconozco que todavía es bien poco para aliviar las angustias de las amas de casa.

El impulso al turismo representa una de las más inmediatas y económicas opciones para generar fuentes de empleo y hacer ingresar divisas.

Desde 1975 ha decrecido nuestra participación reIativa en el turismo internacional. La recesión mundial, las campañas contra México, descuidos administrativos, la calidad de los servicios y los costos, contribuyeron a tal situación.

Hemos aclarado malos entendidos y confirmado una vez más nuestra vocación de hospitalidad. La devaluación no restituye competitividad.

Para 1977 se estima que el ingreso de divisas por este concepto sea del orden de los 19 mil millones de pesos. En los cinco primeros meses del presente año se registró la mitad de esta cantidad.

Se han obtenido importantes créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para continuar la construcción de complejos turísticos. Este año la inversión será de cerca de 800 millones de pesos. Destaca la construcción de cinco hoteles en zonas arqueológicas, que demuestran otro enfoque de la actividad tendiente a diversificarla y ligarla a uno de los aspectos más preciados de nuestro patrimonio: las culturas indígenas.

En el presente año entrarán en operación 5 mil cuartos. Se han concertado convenios de inversión con el sector privado, destinados al desarrollo de nuevos conjuntos turísticos y respaldados jurídicamente por nuestro régimen legal, que procura el tratamiento justo a los titulares de las tierras susceptibles de este uso.

Se ha dado énfasis al desarrollo del turismo social, mediante la elaboración de paquetes de viaje a costos módicos, que ofrezcan a las familias el ambiente propicio para su esparcimiento conjunto.

En la negociación de los convenios bilaterales de transporte aéreo, México se esfuerza por conseguir una reciprocidad efectiva y un trato equitativo que propicien el incremento de las rutas internacionales, el fomento del turismo y la rentabilidad de las líneas nacionales.

La integración de una sociedad moderna radica en la posibilidad de desarrollar sus vías de comunicación y sus transportes.

En los planes de expansión se coordinaron las acciones del Gobierno Federal con las de empresas concesionarias, para hacer un uso más eficiente y apropiado de los recursos disponibles.

El papel del Estado en la provisión de infraestructura y en la regulación, control y aun prestación directa de los servicios de transporte, ha sido decisivo para promover el crecimiento del país.

El transporte urbano requerirá mejorar el nivel de servicios y la cobertura de los transportes públicos para facilitar la movilidad y traslado de la población, de sus domicilios a las fuentes de trabajo y a los centros educativos y de esparcimiento.

Se están promoviendo los cambios necesarios para impulsar el transporte colectivo y la coordinación multimodal. Se establecerá un sistema de cargos a los usuarios de carreteras, que evite subsidios a particulares y favorezca las modalidades sociales.

Hemos incrementado la red caminera en más de mil kilómetros y en más de 3 mil los caminos de manó de obra.

Se llevó a cabo la unificación administrativa de todas las empresas ferroviarias para lograr reducciones presupuestales, favorecer el ahorro de los usuarios y mejorar el nivel operativo del sistema. Asimismo, se avanza en la construcción y rehabilitación de vías, se destinan recursos para la ampliación de patios terminales, puentes y obras de arte en la red, adquisición de unidades de arrastre, coches para pasajeros, autovías y sistema de radiocomunicación y señalización.

En función de las necesidades de integración regional, se fomenta el transporte aéreo a las zonas que por sus características topográficas no cuentan con medios terrestres. Continuamos el programa de seguridad aeronáutica instalando facilidades en los aeropuertos.

Asimismo, se está haciendo una reestructuración de rutas que garantice un sano equilibrio financiero de las empresas transportistas nacionales, que haga posible su expansión y la eliminación de subsidios.

Hemos tenido un desarrollo muy lento en nuestro transporte marítimo, sobre todo en el ámbito internacional. Ha sido necesario mejorar el aprovechamiento de nuestra infraestructura y organizar el sistema portuario nacional a fin de lograr en el corto plazo una mayor coordinación de la operación marítima y el transporte terrestre.

Estamos dando atención preferente a los servicios telefónico, de telex y de teleinformática, para atender los requerimientos y, al mismo tiempo, proporcionar el servicio a las áreas rurales menos comunicadas.

Los trabajadores, concesionarios y usuarios, en coordinación con las autoridades, fijan metas comunes en ejemplar acción participativa que hará realidad el derecho al libre tránsito de los mexicanos en su tierra.

La manera en que se encuentra repartida la población no guarda actualmente correspondencia con los recursos del país. Baste considerar que el 80% de la superficie de riego, el 85% del agua disponible, eI 90% de los recursos para generación de energía hidroeléctrica y los recursos petrolíferos se encuentran en los primeros 500 metros sobre el nivel del mar, donde habita sólo la quinta parte de la población. Los demás, seguimos arraigados a mesetas y montañas, a donde todo, y muy pronto, tendremos que subirlo y bajarlo, en operaciones ciegas y costosas.

Este año somos 2 millones más de personas que el pasado; 70 de cada 100 se agruparán en las ciudades y 20 en la ciudad de México. Mientras que en el ámbito rural continuará la tendencia a la dispersión en pequeños poblados de 500 a 2 mil 'habitantes.

La presión demográfica que representarán los 110 millones que se estiman para el fin del siglo nos conminará a construir para entonces otro México equivalente al actual.

El crecimiento explosivo, espontáneo y desordenado, debido a la ineludible y natural migración hacia las ciudades, ha acentuado las disparidades regionales económicas y sociales, y radicalizado las dos expresiones extremas de la problemática actual: concentración y dispersión. Tan caro resulta llevar servicios a las áreas urbanas y gigantescas, como proporcionarlos a poblaciones minúsculas y aisladas. Los dos extremos son igualmente inconvenientes e irracionales.

En un país democrático en el que la libertad de asentamiento es garantía fundamental, debemos corregir y prever el crecimiento de los grandes hacinamientos humanos, sin sacrificarla.

Nuestra concepción programática reconoce la continuidad que existe entre la planeación y la ejecución de las obras pública, que se ajustan a los requerimientos de cada comunidad y sirven para distribuir equitativamente los beneficios del desarrollo. Así en. frentamos la inercia de un proceso que ha ocurrido en forma anárquica y desarticulada.

Iniciamos la descentralización de las entidades del sector público. Varios organismos se encuentran ya en su lugar, en donde deben estar y a donde se deben.

Se creó la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano en la que trabajan actualmente tres Comisiones que atienden problemas de zonas conurbanas; la del Valle de México, la del Balsas y la de La Laguna, que integra partes de Durango y Coahuila.

En el Distrito Federal se perciben de manera muy clara los problemas y los desequilibrios que nuestra estructura social aún padece en materia de empleo y servicios públicos, problemas todos que desafían la inteligencia, la imaginación creadora y la capacidad organizativa tanto del Poder Público como del pueblo capitalino.

Se procedió a regularizar colonias populares. Se trabaja en la pavimentación de calles, construcciónde escuelas, remodelación de monumentos históricos, alumbrado público. Y se inició el plan rector de la vialidad y transporte del Distrito Federal.

Se ha iniciado una serie de acciones para combatir la rigidez en el ejercicio del gobierno, para que los vecinos organizados participen de manera cotidiana y dinámica en el desarrollo de sus barrios y colonias y de la ciudad en su conjunto.

Para abastecer de agua potable a los habitantes del Distrito Federal, durante el período que abarca este Informe, se incrementó su caudal y se distribuyeron, gratuitamente, más de 600 millones de litros en colonias populares. Resaltan también para el mismo objeto las obras de Tijuana y Ciudad Juárez, entre otras.

El Sistema de Transporte Colectivo sostiene la solución de conjunto. Por ello otorgamos una alta prioridad a la realización de los estudios sobre la construcción del ferrocarril suburbano de la Ciudad de México y la prolongación del Metro. Hace unos días iniciamos la construcción de la Línea 3.

La escala del problema de vivienda es abrumadora. Sólo podremos hacerle frente si hacemos acopio de fuerzas y recursos oficiales y privados. En el período que reseño las instituciones oficiales encargadas de ello con independencia de créditos directos construyeron alrededor de 34 mil unidades, con lo que se dio habitación a unas 200 mil personas. No obstante que el ritmo de fabricación de casas es vertiginoso, la población nos rebasa con rapidez y los rezagos acumulados nos presionan en el otro extremo.

Sin embargo, aunque el problema no es de la exclusiva responsabilidad del Estado, tenemos que cuidar que nuestra sociedad propicie que cada jefe de familia pueda darle un techo a los suyos con su capacidad de trabajo, es de justicia social.

Dar plena vigencia al derecho a la salud que no es sólo aliviar enfermos sino lograr el bienestar físico, mental y social de todos los mexicanos, demanda el incremento de los servicios curativos y de rehabilitación, pero además y prioritariamente, de los de prevención y nutrición.

Se han establecido ya los mecanismos de coordinación entre las instituciones que manejan los procesos de salud y seguridad, para atender ambos aspectos de la medicina y extenderlos cada vez más a las zonas rurales, pues se han concentrado preferentemen• te en las urbanas.

Se ha iniciado la regionalización de los servicios de atención médica al sector público federal. A mediano plazo, se pretende ampliar la cobertura de los servicios coordinados de salud pública en los estados. Asimismo, está en marcha un plan para mejorar el empleo de los recursos para la atención médicohos. pitalaria en las capitales de los estados y en el Dis. trito Federal.

Para extender los servicios de la medicina social al medio rural, se han adiestrado auxiliares de salud, que atenderán en primer contacto a las pequeñas comunidades del país.

Por lo que toca a la medicina preventiva, se ha reforzado la inmunización contra las enfermedades transmisibles y se han fortalecido los sistemas de vigilancia contra epidemias. Asimismo se cuantifican y combaten los problemas del deterioro del ambiente, la contaminación por ruido, radiaciones, desperdicios y la biológica de los alimentos. Como consecuencia de todo ello se ha mantenido una tendencia descendente en las enfermedades y los padecimientos que ocasionan y se ha alcanzado una mayor cobertura rural que en años anteriores.

Los problemas y obstáculos económicos que se presentaron durante el año pasado y la contracción de las actividades productivas, determinaron que el total de la población derechohabiente del Régimen de Seguridad Social haya permanecido prácticamente estático. Apuntamos el hecho como reclamo.

Fue reformada la Ley del Seguro Social a fin de elevar la cuantía de las pensiones de invalidez, de vejez y de cesantía en edad avanzada.

El alto índice de accidentes de trabajo ocurridos a la población asegurada, determinó emprender jornadas para abatirlos. Esto con la inapreciable colaboración de los sectores empresarial y obrero. `

Es preciso planear el crecimiento demográfico, pero partimos mediante la política de paternidad responsable, del respeto irrestricto al albedrío y privacidad de la pareja.

Con tal motivo creamos la Coordinación Nacional de Planificación Familiar para unificar a las instituciones involucradas.

La familia es la base de nuestra estructura social. Su atención y cuidado permanentes son una obligación ineludible del Estado Mexicano. La construcciónde una sociedad más justa y democrática se sustenta, necesariamente, en el desarrollo de nuestros jóvenes y niños.

A fin de optimizar y racionalizar los recursos ya existentes para la atención a la niñez, se unificaron en un solo organismo público descentralizado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, las funciones del INPI y el IMAN.

Hemos incrementado así los programas de alimentación complementaria a las madres gestantes y lactantes y a los niños menores de cuatro años, la asistencia médica a la población infantil, las campañas educativas sobre nutrición e higiene, las de integración familiar y primordialmente las de defensa y readaptación social de menores, en especial de los infractores y adictos, cuyas faltas son nuestras culpas más infames. Ellos son inocentes.

A través del voluntariado social recientemente reorganizado confiamos en hacer algo de lo mucho por cumplir en éstas y otras áreas.

Iniciamos el Plan de la Montaña de Guerrero, como ejemplo de coordinación entre voluntariado y las entidades oficiales que actúan en las zonas postergadas.

La existencia de millones de mexicanos desposeídos y marginados es una afrenta que tenemos que redimir dándoles elementos para que por su propio pie puedan salir y vencer, en sus causas y en sus dramáticos efectos, el relego al que han estado sometidos.

Para actuar en consecuencia hemos reunido en un sistema de coordinación, todos los recursos que en teoría a ello se dedicaban, para en la práctica hacérselos llegar. Espero el año entrante rendir mejores cuentas en este doloroso aspecto.

Del alcance de nuestra acción educativa dependerá en mucho el éxito o el fracaso de cualquier programa social o económico y la redistribución equitativa del bienestar individual y colectivo.

Nuestro modelo de país se finca y justifica en la educación popular. A ello conduce nuestra filosofía política. Por constitución y por nuestro imperativo demográfico, la primera seguridad y en consecuencia la primer garantía social de la República es igualar a los desiguales por la educación, y capacitar las habilidades para generar mediante el trabajo y con dignidad, los propios satisfactores.

Sabemos que la educación es un proceso permanente a lo largo de la vida. Sin embargo, es importante mencionar que hoy, por el esfuerzo del gobierno, uno de cada tres mexicanos está en la escuela, gracias a que la tercera parte del presupuesto federal y a veces mayores proporciones del de los estados y municipios, a ello se dedica.

Los avances que el país ha alcanzado se explican, primordialmente, por su educación. Desde la independencia, todo proyecto de futuro ha tenido como uno de sus ejes motrices un programa educativo.

La Revolución se propuso integrar a la sociedad y vertebrar su cultura por la educación nacional que ha fortalecido sus ordenamientos, ciclos, modalidades, instalaciones y servicios. Este esfuerzo ha sido enorme. Muchas generaciones de mexicanos lo han impulsado.

Lo anterior sería profundamente satisfactorio si no fuera porque no disponemos de una evolución adecuada sobre la efectividad del sistema educativo, para tener la certidumbre de que corresponde al esfuerzo y necesidad del pueblo y es suficiente para dotar a nuestros hijos de la capacidad de acceder y gozar de las oportunidades de la vida en igualdad de condiciones, sin más límite que la respectiva posibilidad de ser.

Y es que en educación nos ha agobiado una legítima prisa histórica y un desmesurado crecimiento de la población.

La expansión educativa nos ha obligado a innovar, a crear, pero también a improvisar. Los padres y los alumnos, en la búsqueda de una inscripción, nos han impuesto la urgencia de construir el aula, asignar al maestro, imprimir el libro, equipar el taller; pero no siempre hemos logrado dotarlos de mejores contenidos y apoyos para que a cada anhelo de aprender, corresponda una posibilidad de hacer, y a cada quehacer, la habilitación de una destreza para crear.

En todos mis recorridos por el interior de la República, junto a la escuela edificada he encontrado la demanda de un nuevo plantel y después la del empleo.

No basta escolarizar; es preciso educar, capacitar, promover: México debe poner las técnicas más avanzadas al servicio de su enorme necesidad. La comunicación educativa, el adiestramiento laboral, la difusión masiva de la cultura, son vías apenas exploradas entre nosotros, que habremos de mejorar y extenderpara cumplir puntualmente con nuestro tiempo y con nuestros semejantes.

No es concebible un sistema educativo hermético contenido en si mismo. La educación debe darse en la sociedad y ésta ha de propiciarla en todo momento y lugar, marcándose las directrices acordes con su finalidad.

Es aquí donde debemos ajustar, a las metas del desarrollo nacional que persigue el Estado, la orientación y naturaleza de los programas de estudio encauzados a fortalecer y acrecentar la planta productiva. De otra suerte todos esos términos, que deberían concatenarse, se disparan y en ocasiones antagonizan, y todos salimos perdiendo.

Con afanes explicables, aunque poco realizables, prácticamente cada estado de la República estableció su universidad, descuidando las lógicas interrelaciones regionales. Se propusieron carreras sin atender a un planteamiento nacional; sin considerar que en muchas ocasiones se planteaba una paradoja: la entrada automática bajo el supuesto liberal y la salida al empleo condicionada por el mandato social del servicio, sujeto a un presupuesto limitado.

Sin duda una de las manifestaciones que de los problemas acumulados, más sacudieron a la opinión pública, ha sido la de las instituciones de educación superior. Los problemas financieros, la quiebra del concepto de comunidad universitaria por los problemas de la masificación y los laborales, se expresaron de modo notorio, involucrando el concepto de la autonomía y la necesidad de normar la relación de trabajo en el seno de las universidades.

Como universitario pienso que debemos mantener a la comunidad académica de profesores, investigadores y estudiantes, vinculada por idénticos propósitos: la enseñanza, la investigación, la difusión y la cultura; sin embargo, siendo la universidad unidad en la diversidad, admito que puede haber otras alternativas. Por ello y previo examen del parecer nacional, enviaré las iniciativas de reformas que puedan normar la auto• nomía y las relaciones entre las universidades y los trabajadores, según sus distintos tipos y carácter. Al límite de las disponibilidades hemos asistido el financiamiento de la educación y lo seguiremos haciendo.

Fue por todo ello que iniciado el régimen convocamos a los maestros, a las autoridades académicas y educativas y a los sectores interesados a que, a la luz de la doctrina del Artículo 39 Constitucional, reordenáramos las responsabilidades del Estado en materia educativa, en un plan de congruencia en el que se acoplaría la libertad con la necesidad del servicio; el derecho del individuo a formarse, con el derecho de la sociedad a certificar que quien la va a servir mediante la educación que ella misma proporciona, sea capaz; que penetrara en las modalidades del servicio educativo en calidad, cantidad, utilidad y cambio para la vida y el trabajo; que se valiese de todos los medios y apoyos, considerando que en los tiempos que corren y los que están por venir, el servicio educativo ya no sólo es un derecho y un esfuerzo de justicia, sino en un mundo cada vez más competitivo, básica condición de sobrevivencia como país independiente.

De esta consulta surgió el Plan Nacional de Educación que se ha trazado cuatro grandes propósitos: afirmar el carácter democrático y popular de la educación elevar su eficiencia para promover el desarrollo integral del hombre; vincular más estrechamente el servicio educativo al proceso de desarrollo y comprometer en esta obra la responsabilidad de todos.

La dependencia ya no sólo deviene por el capital, sino, cada vez más, por la tecnología, incluida la del mercado. Por esto es tan importante el desarrollo de las ciencias y las técnicas, que nos permitan por lo menos saber escoger del extranjero y seleccionar en el país, lo que nos es útil como sociedad. Así aspiramos a nuestra autodeterminación tecnológica. Para ello manejamos la orientación de los incrementos presupuestales y desde luego contamos con la comunidad científica.

Ante esta tribuna, ratifico el compromiso asumido con los maestros de México de establecer la que hemos llamado Universidad Pedagógica, sistema con el que culmina la capacitación de quienes capacitan. No se trata de degradar a las escuelas normales, sino de crear el foro adecuado para albergar el esfuerzo nacional para enseñar a aprender, investigar y difundir la pedagogía.

Reitero la necesidad de que en plazos razonables y modalidades convenientes, a partir del tiempo promedio de permanencia en el sistema formal, debemos proponernos la meta de nueve grados de enseñanza obligatoria, no nueve años; pueden ser más o menos. Lo importante es entender que las condiciones de nuestra época exigen una preparación básica. El esfuerzo es indispensable para conseguir un sitio decoroso, estable y duradero en el contexto universal.

No es posible supeditar nuestro desenvolvimiento a nuestras actuales carencias. Si así fuera nos quedaríamos anclados al pasado. Tenemos que medir nuestros propósitos, no por nuestras debilidades, sino por el tamaño de nuestras necesidades. Que los obstáculos no arredren nuestra hazaña. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes.

Al estructurar nuestro pacto social en 1917, los trabajadores aceptaron constituirse en base fundamental del progreso de la República, después de las luchas que revolucionaron a la nación. La consistencia ideológica del Movimiento Obrero le ha permitido atravesar crisis políticas y económicas sin rendiciones.

Valor fundamental del hombre es su trabajo, y obligación sustancial defenderlo como derecho. Por ello la sociedad debe organizarse para garántizar que toda capacidad tenga trabajo y toda fuerza de trabajo tenga capacitación.

Uno de los problemas más graves que padecemos es el desempleo; que equivale a negar a los seres humanos el derecho legítimo a la alimentación, a lá salud, a la seguridad y a la superación.

La inflación, por otro lado, deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores.

De este modo la crisis conculca tanto el derecho al trabajo como el derecho al salario remunerador.

Las condiciones en que vive la clase trabajadora impelen al Gobierno de la República a acatar la responsabilidad de la estrategia económica sin demérito de su política social. Ninguna crisis puede variar esta estructura.

El movimiento obrero organizado ha guardado hacia el país una actitud que lo ennoblece. Consciente de las difíciles circunstancias por las que atravesamos, por autónoma y propia decisión, ha moderado sus demandas en un acto de patriotismo que la nación reconoce y agradece en toda su estima.

Hemos recibido en todo momento el apoyo de los trabajadores, con lo que pudimos manejar las políticas antiinflacionarias. Una vez más, ahora desde esta alta tribuna de la República, rindo homenaje a su elevado sentido de responsabilidad y a su significado sacrificio.

La legislación laboral seguirá siendo aplicada con rectitud y oportunidad, ya que de su estricto cumplimiento depende la certeza de nuestro desarrollo. Espe.cialmente respetuosos hemos sido con el derecho de huelga, instrumento fundamental de reivindicación social.

Una de las características de la perdida estabilidad, fue el oportuno arreglo de las huelgas antes de que estallaran. Ahora muchas se plantearon y estallaron. Las condiciones actuales del pais lo explican. Todas han sido atendidas y resueltas. Hemos desahogado, asimismo, las situaciones de hecho que por disidencias gremiales o políticas, frecuentemente asociadas a insuficiencias legales, se han presentado casi siempre contra entidades estatales y sus servicios. Iniciaremos las adecuaciones a las leyes pertinentes; pero seremos firmes ante los hechos antijurídicos. Le recuerdo a la sociedad que las formas legales y la firmeza del procedimiento, son expresiones del valor jurídico de la seguridad, sin la cual los sistemas se disuelven. Son gárantfa para todos. Que no tengamos que aprender de nueva cuenta su justificación.

La política laboral forma parte sustancial del Programa General de Gobierno: crear trabajos suficientes y acciones emergentes para avanzar a la vez en la recuperación económica y en la justicia social. Todo mexicano que pueda crear empleos debe hacerlo. Es condición de sana supervivencia.

Informo a vuestra soberanía que en el presente período de sesiones enviaré una iniciativa de reforma al Artículo 123 de nuestra ley fundamental, para que

adquiera rango constitucional y el carácter de garantía social, el derecho de los trabajadores a la capacitación y al adiestramiento.

En la productividad del trabajo estriba la posibilidad más inmediata de aprovechar la actual planta instalada y generar excedentes útiles a la sociedad, para aumentar el bienestar y no la explotación del trabajador.

Poco hemos adelantado en esta área, pues ha faltado comunicación y entendimiento entre los factores de la producción. Por ello revisamos políticas y establecemos comités mixtos de productividad por ramas de industrias.

En defensa del salario y del bienestar de la población económicamente activa, hemos entregado a los trabajadores el Banco Obrero; fortalecido al FONACOT; estamos intentando reorientar los hábitos de consumo y hemos establecido tiendas sindicales que lo favorezcan; hemos promovido, por todos los medios a nuestro alcance, la justicia en las relaciones laborales, pero no tomamos decisiones de precipitado halago y de aparente beneficio inmediato, porque sabemos que son contraproducentes. Es muy fácil ser irresponsable. Preferimos pagar el precio de la sensatez aunque lleve más tiempo; es el más redituable.

Al límite de las condiciones del país, nos empeñamos en compensar justamente a los trabajadores que sirven directamente al Estado. A partir de hoy, la burocracia, las Fuerzas Armadas de tierra, aire y mar y los pensionados verán aumentados sus ingresos en 10% mensual.

He acordado, asimismo, abrir con diferencia no menor de 125 pesos mensuales, las categorías que a virtud del incremento de salarios estaban empatarlas en remuneración, con lo que se beneficiarán más de 100 mil de nuestros trabajadores.

Para aproximarnos a un justo servicio civil en la Administración Pública, a petición de la FSTSE, avanzamos en el establecimiento de un sistema comunicado de escalafones para adecuar trabajo y función, asociar capacitación al sistema de ascensos por aptitud y capacidad y equilibrarlo con el sistema de mejoramiento periódico por antigüedad.

Estos propósitos se incluyen en la Reforma Administrativa para asociar la eficiencia del servicio a la justicia debida al trabajador.

Estamos decididos a respetar y favorecer el desarrollo del sindicalismo mexicano. Son necesarias la unidad y la fortaleza revolucionarias de los trabajadores, ya que de ellas depende, y en gran medida, el equilibrio entre los factores de la producción.

Convencidos de que no basta con la equidad para lograr la justicia, sino que además debe ser pronta y expedita, se ha acelerado el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones y autoridades del trabajo. Hemos, así, actualizado muchas de las disposiciones jurídicas que regulan su funcionamiento.

Hay nuevos reglamentos internos para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Este año se pusieron en servicio seis más, competentes para resolver los conflictos individuales que se suscitan en las empresas de jurisdicción federal. A partir de enero del año próximo la descentralización de la justicia laboral federal llegará a todo el territorio de la República, al establecer juntas especiales en todas y cada una de las entidades federativas.

Deseamos que en nuestra patria los mexicanos puedan lograr su máxima realización personal y social. No obstante, varios miles de trabajadores mexicanos se ven atraídos a cruzar nuestras fronteras careciendo de la documentación respectiva, en busca de ajenos horizontes. Representan en parte el efecto de nuestro desempleo. Reitero que no son delincuentes; que la posible violación de leyes migratorias no genera el contraderecho de infringir leyes laborales y menos los derechos humanos. De ahí que esperemos que las medidas tomadas contra ellos no sean de tipo policial, sino de entendimiento y buenas maneras para resolver entre las partes afectadas este problema común, que está inscrito en una muy antigua relación de intercambio que nos es desfavorable. Corregirlo remediaría muchos males. Hemos puesto todo nuestro empeño en ir a las causas y atemperar los efectos del problema. Afirmamos una vez más que no queremos exportar brazos, sino productos. Ello depende de la comprensión del problema y del equilibrio en la solución.

Aceptamos y reiteramos el compromiso del Estado Mexicano hacia los sectores laborales del país. Caminando juntos, unidos por la justicia, empeñados en el esfuerzo solidario, podremos construir un país en el que el trabajo de cada uno sea para el bienestar de todos.

La historia de México es la Iucha contra el colonialismo y sus vestigios, que proyectamos en nuestra solidaridad con los países en desarrollo.

Creemos en la fuerza de las ideas, en el diálogo y en el respeto mutuo. Buscamos soluciones viables a todos los niveles. Hemos afirmado que la regla de oro de la relación humana, válida también en lo internacional, es tratar a los demás como quisiéramos ser tratados.

Condicionada por una vecindad no siempre fácil, la convivencia de México y Estados Unidos ha de contemplar en una sola visión los problemas comerciales, financieros, monetarios y demográficos, en sus aspectos legales e ilegales con sus implicaciones y sus impactos. Establecer bases y fórmulas de una nueva relación fue el propósito de nuestra visita a Washington. Se convino para poder seguir conviniendo en asuntos específicos y negociaciones generales. En ella dejamos claramente sentada nuestra posición de dig. nidad, respeto mutuo y trato equilibrado ante el poderoso amigo.

La misma fidelidad a los principios de nuestra política internacional, que en el pasado creó la situación prevaleciente entre México y España, determinó al cambiar las circunstancias históricas que imperaron durante más de 40 años, el advenimiento de una nueva era en las relaciones entre nuestros dos pueblos. Por este motivo y previo consentimiento, cancelamos relaciones diplomáticas con la República Española en el exilio y las establecimos con el Reino de España. De los varios países que al cambiar las condiciones restablecieron relaciones con ella fuimos los únicos en guardar esta deferencia con la República. Desafortunadamente no fuimos por todos entendidos. Desde aquí expreso mis respetos por una generación gallarda de españoles muchos ya mexicanos que se ganaron una distinción en la historia, y que con su gesto nos unen más a su patria.

La normalidad, y ricas posibilidades en las relaciones, se estableció con la visita del Presidente del Gobierno Español y la recíproca designación de embajadores.

Nuestras relaciones con Europa mantienen un ritmo de ampliación y consolidación crecientes. La visita del Presidente de la República Federal de Alemania fortaleció los vínculos de amistad y amplió los cauces comerciales y el intercambio tecnológico con ese Estado.

Se establecieron relaciones diplomáticas con las Repúblicas de Burundi, de Kenia y de Mali, afianzando así nuestros lazos con el continente africano.

El incremento de los contactos de México con los paises de América Latina tiene objetivos bien definidos: promover y reforzar mediante apoyos concretos su unidad funcional a fin de presentar un frente único ante tantas fuerzas disgregadoras; vigorizar nuestras economías a través de convenios equitativos; afrontar conjuntamente los problemas relacionados con la decreciente participación de Latinoamérica en el comercio mundial y preservar a nuestros pueblos de la terrible amenaza de la nuclearización; valga recordar que el gobierno de los Estados Unidos firmó ya el primer protocolo del Tratado de Tlatelolco, heraldo de esta política.

Recibimos las honrosas visitas a nuestro país del Presidente de Costa Rica, y del Jefe del Gobierno de Panamá, con los que avanzamos en la realización bilateral de los principios latinoamericanos.

Asistimos a la reunión de seis mandatarios habida recientemente en Bogotá, Colombia. Al término del encuentro, México, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Jamaica y Panamá, emitieron un comunicado con

junto que constituye un vivo ejemplo de solidaridad y entendimiento ante problemas que, aunque regionales, tienen significado y alcances universales. Ahí quedó sellado un consenso que no hizo sino refrendar la voz mayoritaria de la comunidad internacional en torno a las causas de Panamá y de Belice y reiterar la necesidad de establecer un orden justo en el orbe. Asimismo, se aprobó la propuesta de México tendiente a constituir un fondo común que regule los precios internacionales del café.

En todas y cada una de las reuniones internacionales a las que hemos concurrido, el objetivo principal de nuestra política ha sido aportar las experiencias mexicanas y tener acceso, al mismo tiempo, a las formas en que otros paises han solucionado problemas similares.

El devenir acelerado de los acontecimientos mundiales nos debe importar pero no perturbar.

La conciencia de nuestra misión histórica nos permitirá perseverar en lo esencial, a pesar de las tensiones transitorias, parciales y mediatizadoras con que, frecuentemente, nos pretenden distraer las fuerzas hegemónicas.

Nuestra delegación desplegó un gran esfuerzo para que en la conferencia sobre cooperación económica, diálogo NorteSur, se dieran avances sustanciales en la aplicación de un nuevo orden socioeconómico mundial del que México ha sido y será siempre paladín. La falta de acción coordinada y los escasos progresos logrados, que lamentamos, demuestran que todavía nos espera una tarea ardua y prolongada por realizar. Fue lógico que se remitieran las materias más importantes a su foro natural: la Organización de las Naciones Unidas, que debe ser el baluarte lúcido de sus miembros. Estos, con frecuencia, improvisan foros que por razones o intereses específicos sólo dispersan atención y energías. Nosotros apoyamos el desempeño de las Naciones Unidas, cúspide supranacional de ordenamiento de las soberanías para dar trámite más allá del egoísmo y las excepciones al supremo cometido de la paz productiva, justa y duradera.

Honorable Congreso de la Unión:

Ninguna sociedad puede sustraerse a sus propias contradicciones y a las que de fuera vienen. Pueden negarse por miopía, terquedad o ilusión y entonces deviene el retroceso y la involución. Deben primero entenderse y después dominarse, para resolverlas dialécticamente ya como anulación revolucionaria de sus componentes, ya como integración evolutiva de sus propios términos.

México pagó ya en su historia el valor de las anulaciones revolucionarias, y como nación instituyó sus propósitos para imprimir su voluntad al cambio espontáneo y convertirlo en evolución racional. Nuestra Constitución garantiza el ser y el devenir. Ahora depende de nuestro talento y perseverancia, disipar los problemas antes de que devengan en aberrantes dilemas. Podemos llegar tan lejos como queramos, en la condición democrática fundamental de que la generalidad de la norma a todos exija y a todos compense. Esa es la oportunidad y a la vez el riesgo de un sistema que pretende conciliar orden y seguridad, eficiencia y equidad para hacer justicia en la libertad y libertad por la justicia.

Hace 39 semanas iniciamos una nueva etapa en la vida administrativa y política de nuestro país.

La economía atravesaba entonces por el momento más crítico que le ha tocado vivir a la presente generación.

Apenas 12 días antes el 19 de noviembre, se había manifestado en forma dramática, sin precedentes, en las oficinas bancarias de toda la República, el trance de desconfianza en las instituciones, en las autoridades, en la nación, en nosotros mismos.

La deuda pública se había elevado casi cinco veces en un sexenio.

Los precios subían, en un mes, lo que en otro tiempo aumentaban en un año.

El desempleo se multiplicaba.

La balanza comercial desproporcionada, había alcanzado un déficit cercano a los mil millones de dólares en 1975 y se iba a aproximar a los 3 mil en el año que estaba por concluir.

El incremento de la producción había caído a 2%; inferior al índice de crecimiento de la población.

México estaba, en síntesis, en el punto más difícil, de mayor escepticismo, más oscuro de la encrucijada.

Así recibimos, hace apenas unos meses a la nación.

Pedí tiempo y propuse tregua. Uno y otra me fueron concedidos. Lo necesitábamos todos. Lo ganarnos todos. No prometí milagros, en la conciencia de que en economía, es imposible pasar en el corto plazo de la angustia y el abatimiento a la prosperidad.

Ofrecí un proyecto racional y razonable de esfuerzo compartido para administrar la crisis.

En los primeros días del nuevo Gobierno, decidimos aliarnos con los grupos más conscientes de la población en una acción común que nos permitió recuperar las riendas de la economía nacional y empezar a recobrar la calma y el rumbo; pero todavía en las tormentas acecha el naufragio.

Apoyados en este pacto logramos disminuir la excesiva presión inflacionaria; pero no acabar con ella, como bien lo sabe el pueblo que padece cada día encarecimiento y como lo perciben las empresas que sufren el desequilibrio financiero, la falta de crédito, la contracción de la demanda y las calamidades exteriores. Se puede transigir, pero no claudicar. La inflación no es una alternativa; todo el mundo la resiste y la resiente y sólo el mundo todo podría doblegarla si se ordenara.

Las diferencias desfavorables de nuestro comercio exterior se redujeron en 81%. Se frenó la dramática y estéril salida de divisas; se recobró la confianza en los bancos del país, que en forma consolidada vuelven a captar, como nunca antes, los ahorros que aquí se generan.

Pero igual tenemos que decir: la crisis no ha sido vencida. Nos queda un trecho para acabar de superarla y otro tramo largo para recuperarnos.

El crecimiento económico probablemente no llegará al 3% y, por segundo año consecutivo, será menor que el crecimiento de la población. Hay en consecuencia, recesión y por ende más desempleo, lo que puede empeorarse como resultado de las políticas contra nuestros braceros. Estemos conscientemente preparados para ello.

Hoy, sin embargo, podemos levantar el ánimo con sereno optimismo; ya no hay divorcio entre necesidad y posibilidad; entre conciencia y voluntad; no hay atropellamiento ni ataque irreflexivo; ya no hay temores pueriles e infundados: los rumores ya no merman el espíritu, tan sólo distraen a los pontificales politólogos de banqueta y café, especialistas en maquiavélicas embajadas y minimaximatos. Hay, en suma, concordia y ganas de hacer las cosas.

El desempleo es el más grave desafío que se nos presenta, porque en 'México las instituciones orientadas a la justicia distributiva y social funcionan como instrumentos del derecho laboral. Por eso decimos que el nuestro es un país de trabajadores. Cuando no hay oportunidades de trabajo y en la medida en que no las haya, México se niega a sí mismo.

Dar ocupación productiva y retributiva a nuestra mano de obra, es impostergable para recrear a partir de la energía transformadora que emerge del propio pueblo, nuestra nación.

En esta hora como en el ayer, la gran misión ha sido mérito de los obreros, que en vista de las circunstancias hah moderado sus peticiones salariales con una idea, colaborar con su gobierno y con sus compañeros de clase; la contribución generosa de su responsabilidad constituye la aportación primordial del inicio de la restauración, y durará hasta que su valiente juicio así lo determine.

Toca su turno ahora a los patrones, para aliviar la carga y compartir el peso. Hace poco recibimos de las representaciones más significativas de los empresarios, importantes ofrecimientos en materia de prestaciones, capacitación, reinversión, empleo, crédito y precios. Esa positiva actitud que los identifica con México, nos ayudará a sortear los próximos difíciles meses.

Los acuerdos y convenios que sectorial y nacionalmente pretendemos llevar adelante, deben partir del convencimiento fundamental de que el avance económico o es compartido y se convierte en adelanto social, o no es progreso. La convivencia humana no se justifica si las mayorías carecen de las condiciones mínimas de bienestar para desarrollar con decoro su presente y su futuro. El presente es penoso; pero confiamos en el futuro.

Hemos propiciado las condiciones para que la iniciativa privada que por situación histórica, régimen legal y circunstancia social tiene la capacidad de decidir sobre el destino de sus inversiones, concurra en la empresa colectiva de reconstruir el país y reanudar la marcha. Las clases de mayores ingresos deben contribuir, sin timidez ni inhibiciones que no se justifican en este instante; así es como en verdad garantizan sus utilidades. No nos oponemos a que ganen, siempre y cuando el país gane con ellos; que ganen con México y no a costa de México. Así nos lo han manifestado. Así queremos creerlo. Tienen ante si una gran, hermosa ocasión para servir aI pueblo; para que éste sepa que no lo abandonan ni lo traicionan.

Se trata de dar un uso económicamente racional y socialmente solidario a los recursos de capital y a las ganancias, como primer peldaño de la asociación de los intereses del campo y de la ciudad, para satisfacer la demanda de bienestar de la población y la salud económica de la nación. Sólo así se acredita la función social de la riqueza y se explica la libre empresa en un régimen de economía mixta. Démonos cuenta de que se atenta contra la libertad, si la injusticia es la constante. Si las empresas no hacen su parte, los acuerdos para producir son impensables y nuestro proyecto histórico de nación será cada vez más inasible.

El mundo contemporáneo está lleno de dolorosos ejemplos de países que, por no haber sabido organizar y aprovechar a tiempo sus fuerzas productivas, han roto su estructura social y cancelado sus alternativas de desarrollo y vida civilizada.

Nuestra solución es la Alianza para la Producción. Queremos resolver las contradicciones entre un modo de desarrollo que ya se agotó y el modelo de país al que aspira la Revolución Mexicana en la que ciframos nuestra convicción de enfrentar la crisis y consolidar el progreso sin sacrificar nuestros más preciados valores.

La Alianza para la Producción no es un lema de campaña ni un expediente temporal para hacer frente a una emergencia. Ante la inflación o se produce, para aumentar la oferta, o necesariamente y lo que es peor, intencionadamente se castiga la demanda. En un país con subempleo y sin seguro de desempleo es alevosía reducir la demanda cuando responde a necesidades de sobrevivencia. Se tiene que intervenir en la producción. Hay, claro, quien visceralmente combate la producción y la productividad. Si lo hace de buena fe, es porque piensa que oculta injusticia. Lo hace de mala fe si maneja el argumento para desestabilizar a la sociedad.

La Alianza para la Producción no busca la formación acelerada de capitales concentrados o monopólicos ni su crecimiento. No consiste en el ahorro forzoso de muchos y el descarado dispendio de pocos. No intenta que se aprieten el cinturón quienes ya lo tienen apretado o ni siquiera lo tienen.

El programa de alianza presupone el concurso consciente, responsable y decidido de cada uno de los mexicanos. Es conjugar las intenciones de distintos sectores para armonizar idénticos propósitos, para procurar lo que los más necesitan, para eliminar artículos suntuarios, para que las clases de altos ingresos inviertan más y gasten menos, para racionalizar los procesos de elaboración y comercialización. Es una modalidad deacción concertada que persigue el desarrollo equilibrado y equitativo del país.

Sólo así podremos salir adelante, mediante un compromiso vivo y actuante en el que cada grupo social, cada gremio, cada agrupación de intereses asuma cabalmente su deber y participe de manera activa para otorgarle validez y vigencia cotidiana. No es un pretexto para entregar unilateralmente privilegios; la alianza no implica el debilitamiento del Estado, como la malicia exhibicionista lo pretende, sino por el contrario, su fortaleza.

La alianza se sustenta en el hecho y en el derecho que tiene cada quien de constatar la dedicación y afán de los demás, con quienes ha pactado actuar con entusiasmo, eficiencia y racionalidad. Sólo así se sentirá al mismo tiempo incitado y obligado a cumplir lo suyo. Cuestión de tiempo y modo. O lo hacemos juntos o no se hace: unos pagando impuestos adecuados, algunos no esquivando responsabilidades, otros no cayendo en la corrupción que envenena la política, que es la actividad superior del género humano, y todos trabajando productivamente. De esta manera aseguramos el adelanto, resueltos a la ratificación y sin miedo a rectificaciones.

De todos depende, por tanto, que podamos eludir el riesgo de vivir un proceso enconado e irreversible de lucha, en el que a la postre todo se perdiese, pues destrozaríamos el campo de batalla que es en primera y última instancia la casa de todos: la República.

Ciertamente, en nuestro país, los sindicatos obreros militan o pueden militar en partidos políticos, pero son los sindicatos los que influyen en los partidos, que están obligados a respetarlos. Sólo en fecha reciente hemos visto a una organización conducir férreamente a varios sindicatos al fracaso, por violar su libertad de decisión, al confinarlos en el vacío de la consigna, que en reiterado infantilismo, quiso llevarlos de la huelga a la toma de poder.

Una vez más comprobamos el valor del respeto a la independencia sindical. Estamos firmes en nuestra tradición revolucionaria y en nuestra convicción sin. dicalista.

Lo revolucionario en México es dejar que los cam• pesinos y los obreros decidan sus propios asuntos, sin subordinaciones partidistas que en ocasiones obedecen a tesis que no se expresan y que derivan de la división NorteSur, Este y Oeste, en la que está crucificado el mundo en desarrollo.

Autonomía universitaria es compromiso de la inteligencia libre.

Salvaguardar su capacidad de autogestión y su libertad de cátedra ajena a todo dogmatismo, es darle suficiencia y seguridad como venero de formación comunitaría, eso concierne a todos los mexicanos.

Universidad y universalidad tienen el mismo significado. Por eso en ella deben tener cabida todas las corrientes filosóficas y todas las proyecciones de pensamiento; pero sin comprometerla más que con su propio tiempo y circunstancia.

El desarrollo democrático obliga al Estado a admitir en la unión las más variadas y antitéticas ideologías. Habremos de procurar la participación política de todos los grupos plurales y que quienes disienten así sean minorías, cuenten con formas válidas para encauzar su inquietud sin caer en brechas clandestinas, ni recorrer laberintos de impotencia, a veces heroica, que no van a parte alguna.

La peor situación que puede presentarse es la indefinición jurídica en la que grupos sociales o políticos, por la interpretación, quieran definir la pauta jurídica o cambiarla en la práctica por la vía de los hechos. Tales fueron los casos que se presentaron obedeciendo a idéntico patrón e identificada dirección; pero de modo especial en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde, como consecuencia y a instancias de sus autoridades, el Gobierno aplicó, como en todos los casos, el derecho y la ley.

No debe haber equívocos. Vivimos en un estado de derecho, lo que quiere decir: aplicación de la norma o su modificación; en ningún caso su violación. Nuestro sistema constitucional abierto facilita cambiar las leyes cuando las realidades lo demandan o incluso para construir mejores realidades; pero en tanto la ley esté en vigor, debe ser acatada por Gobierno y gobernados. Se admite lucha para cambiar la ley,pero no para transgredirla.

Tengo el inquebrantable propósito de que mi política de gobierno se caracterice por ser reflexiva; que no ejecute sin la previa meditación y constante análisis y evaluación, para emitir dictamen y actuar. Actuar por actuar, resolver sin pensar, conduce al caos. Por igual debemos ya desterrar el paternalismo; en una sociedad moderna como la nuestra, mantenerlo es el más seguro camino del fracaso.

Al avanzar en nuestro proceso se consolidan etapas del acontecer. Cosas nuevas iniciamos. Cosas viejas,asentamos. Hemos combatido la inercia administrativa y política; mas todavía no hemos triunfado. Cosas del ayer no mueren totalmente; cosas del hoy para mañana, no acaban de nacer. Aseguramos que unas acabarán por morir y otras acabarán por nacer. No renunciamos al ayer; asimilamos la experiencia, la corregimos en lo malo y la impulsamos en lo bueno, para orientar el futuro.

Hace poco más de cuatro décadas, México dejó de ser país de caudillos para convertirse en nación de instituciones. Una de ella es la Presidencia de la República. Es el pueblo y sólo el pueblo, el que otorga el mandato supremo. El me asignó el alto honor y más elevada responsabilidad que ostento; lo defraudaría si no lo ejerciera con todo lo que soy y puedo ser, sin jactancia ni soberbia.

No tengo más compromiso que con el pueblo de México.

Como Presidente atiendo el sentir de la nación y escucho opiniones de mis colaboradores e incluso de aquellos que al gobierno se oponen. Es más, con frecuencia las promuevo; pero como Jefe del Ejecutivo Federal no puedo aceptar presiones. En las cuestiones de mi competencia sólo yo he decidido, decido y decidiré. Si ha habido aciertos, ese es mi compromiso, si errores, mi responsabilidad.

Si algo pretendemos es autenticidad: decir lo que pensamos y lo que queremos, hacer equivalente la con. ducta al pensamiento que profesamos. Juárez nos dijo "da nobleza reconocer el error; pero envilece perse. verar en él". Aceptaremos, cuando así sea, habernos equivocado, nunca será de mala fe; pero también defenderemos con la vida si fuera preciso, la que creemos nuestra verdad. Podemos estar engañados, pero nunca tratar de engañar; ni hablar mucho y decir poco; ni hacer nada, destruir antes y pensar después.

Nadie puede querer un México en el que muchos compatriotas sufren incertidumbre y miseria, servidumbre y frustración; ningún sistema anuncia como estandarte la injusticia y menos el nuestro. Si la hay no es por voluntad, es contra nuestras instituciones, convicciones y principios. Desterrar esta afrenta exige decisión constantemente renovada de hacer y dar, y capacidad de acción consumada por todos.

No nos hagamos ilusiones, o nos va bien a todos o no le va bien a nadie. Sólo yéndole bien a México les puede ir bien a los mexicanos. Sólo yéndole bien a los mexicanos le puede ir bien a México. Para que la barca en la que vamos no corra el riesgo de zozobrar, tenemos todos que impulsarla hacia un mismo rumbo.

Qué más quisiéramos que arreglar de golpe todos los problemas; que acabar con el hambre, la ignorancia, la enfermedad y las guerras. Daría por ello, como muchos otros mexicanos, hasta el último aliento si así se resolvieran las cosas. Pero no es tan fácil.

Estos no son tiempos de destellos heroicos, sino de tenaz esfuerzo de cada día en muchos días; tiempos de labor y prosa.

Si fuéramos un Estado débil, frágil e indefenso ante lo que ocurre alrededor, no habría horizonte ni porvenir; la suerte de México y de los mexicanos es una sola. Su destino, la grandeza.

Si somos congruentes y consecuentes con esta realidad puedo decir que nada ni nadie podrá detenernos. Afirmo categóricamente que de la energía, carácter y perspectiva de esta generación depende que seamos a fin de siglo una patria potente en la que nuestros hijos tengan la alegría como realidad, ganen el bien de nuestras causas; merezcan la gloria de sus valores y vean cumplidos los más caros ideales de nuestros próceres.

Con la fuerza y la fe de los mexicanos y con el poder de la razón, triunfará México, y por siempre vivirá México.

¡VIVA MÉXICO!