La LEY Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y el Partido Mexicano de los Trabajadores.

En la auscultación ordenada por el Presidente López Portillo y realizada por la Comisión Federal Electoral, el Comité Nacional, al comparecer, reiteró los puntos del PROGRAMA de nuestro partido, por los cuales ha estado luchando desde hace poco más de tres años:

1. —Luchar porque sea reformada la Constitución y la Ley Federal Electoral para:

a) Establecer el voto proporcional y abolir los diputados de partido.

b) Garantizar y hacer respetar el voto popular.

c) Simplificar los requisitos para el registro de nuevos partidos políticos.

d) Que los obreros y campesinos tengan plena libertad de afiliación individual al partido que más les simpatice, y abolir la práctica de que son los sindicatos o los comisariados ejidales los que participan como tales, en los partidos políticos.

e) Luchar porque se legisle que el amparo en materia electoral sea directamente presentada ante el Pleno de la Suprema Corte y porque las sentencias sean resueltas en un plazo no mayor de 30 días.

2. —Luchar por la desaparición de todas las reformas anti-constitucionales hechas por el ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz al Código Penal y que son una real amenaza para el ejercicio del derecho de huelga y las Libertades democráticas y constitucionales.

Sostuvimos también en esa ocasión que el proceso electoral tan organizado, vigilado y calificado por un Tribunal Federal Electoral, integrado por representantes de todos los partidos ya registrados y los nuevos que se registraran, única forma de acabar con los chanchullos y fraudes electorales.

El gobierno, en vez de tomar en cuenta la opinión de los partidos registrados y sin registro, envió precipitadamente una iniciativa denominada Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos electorales (LOPPE), que la Cámara de Diputados aprobó con algunas insustanciales modificaciones. Esta nueva ley sostiene como novedad, que podrán registrarse condicionalmente aquellos partidos que tengan una antigüedad de cuatro años de actividades políticas; pero sin derecho a voto en la Comisión Federal Electoral. Los partidos que opten por esta fórmula, tendrán derecho a registrar hasta 300 candidatos uninominales (distritales) y 100 plurinominales (proporcionales), participar en programas de radio y televisión y recibir subsidios del Estado.

La CFE, según la nueva ley, guarda integrada por el Secretario de Gobernación como presidente, un representante de la Cámara de Diputados y otro de la Cámara de Senadores, un representante del partido oficial, un notario público, como secretario de la Comisión, con derecho a voz y voto, todos éstos, evidentemente, del PRI, y un represente de cada uno de los partidos con registro definitivo. Además, entrarán, sólo con derecha a voz. Los partidos que puedan optar por el registro condicionado al resultado de las elecciones. Esta Comisión Federal Electoral será la que conceda el registro definitivo o condicionado; la que cancele el registro; la que prepare, desarrolle y vigile en proceso electoral; será la que autorice todo lo relativo a los subsidios de los partidos políticos, su participación en la radio, la televisión, la prensa, así como lo relacionado con sus propios órganos de difusión, y será la que determine la división del territorio para el establecimiento de los 300 distritos electorales uninominales y de las 100 circunscripciones plurinominales para cada elección, así como el número de candidatos que podrán participar en ambas elecciones. Por si no bastara, la CFE tiene la facultad de resolver todos los casos no previstos por la ley. Los fallos de la CFE serán inapelables, negando así el derecho constitucional de audiencia.

En estas condiciones queda claro que la LOPPE es una trampa para que los partidos minoritarios jamás lleguen a ser mayoritarios.

Cabe señalar que los partidos que han actuado sujetos a la anterior Ley Federal Electoral, algunos con casi cuarenta añas de existencia, no han podido salir de su condición de partidos minoritarios. El PAN, por ejemplo, el más antiguo, nunca pudo pasar de 25 diputados de partido y de mayoría, porque el gobierno, con la ley anterior, tenía un gran control del proceso electoral y con la actual, ese control será absoluto. Antes, cuando perdía el control en algún distrito, anulaba las elecciones o dictaba un fallo "salomónico" como en el caso del distrito de Nuevo Laredo Tamps., adjudicando un diputado de mayoría al PRI y otro de partido al PARM.

Con la ley anterior, los partidos no perdían su registro aunque no alcanzaran el 1.5 por ciento de la votación y tampoco se les cancelaba si dejaban de participar con candidatos en las elecciones. Ahora, con la actual, lo perderán si dejan de contender en una elección y también en el caso de que en tres elecciones no obtengan el 1.5 por ciento de la votación local. La nueva ley establece un criterio discriminatorio de los partidos con registro condicionado, pues a estos los elimina con una sola vez que no obtengan el 1.5 por ciento de la votación.

Los partidos que deseaban registrarse con la antigua ley, necesitaban tener 65 mil afiliados repartidos en 20 estados de la República y realizar en cada uno de éstos, una asamblea con dos mil miembros traídos de los municipios. En total había que movilizar 40 mil afiliados en las 20 asambleas, y suponiendo un gasto mínimo de doscientos pesos diarios por transportes, alojamientos y comidas durante dos días por cada delegado, sería necesario gastar 16 millones de pesos para celebrar todas las asambleas.

La nueva ley también exige un mínimo de 65 mil afilados, pero repartidos en 15 estados, efectuándose en cada uno de éstos, una asamblea con tres mil miembros. En total habrá que movilizar para las 15 asambleas, 15 mil afiliados, y suponiendo un gasto también de 200 pesos diarios por los mismos conceptos y días expresados en el caso anterior para cada delegado, el costo mínimo será de 18 millones de pesos, es decir, dos millones más que con la otra ley.

Por las consideraciones hechas, se ve que a nueva ley es peor que su predecesora, más anticonstitucional, más antidemocrática y mis antipopular. El Comité Nacional del PMT considera injurioso para el pueblo que después de 67 años de revolución, se expida una ley de tipo totalitario por miedo al pueblo, cosa que no hicieron siquiera los gobiernos de Portugal y España después de más de 40 años de dictadura fascista.

El Comité Nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores, propuso al Partido Comunista Mexicano y al Partido de Acción Nacional, una declaración conjunta en donde se rechazara la nueva ley y se anunciara no participar en las elecciones hasta que se le hicieran reformas sustanciales, pues tal declaración sería un medio de presión para acabar con el propósito del gobierno de utilizar a nuevos partidos políticos en su juego electorero y demagógico. Sin la participación de nuevos partidos políticos especialmente los de izquierda, la farsa gubernamental quedaría totalmente descubierta ante el pueblo mexicano y ante el extranjero. Pero nuestra proposición no fue aceptada por ninguno de los dos partidos.

Ante esta negativa, será el Pleno Nacional de nuestro Partido el que decidirá si rechaza las dos alternativas para su registro o se inclina por una de ellas.

INDEPENDENCIA ECONÓMICA, SOBERANÍA NACIONAL Y REVOLUCIÓN.
El Comité Nacional

México, D. F., 27 de diciembre de 1977
(Responsable de la publicación: Heberto Castillo)