Agosto 4 de 1977

Han concluido las audiencias públicas que la Comisión Federal Electoral, acatando los deseos del Presidente de la República, licenciado José López Portillo, llevara a cabo con el propósito de conocer los puntos de vista de partidos políticos, organizaciones y ciudadanos, sobre la reforma política que el propio primer mandatario quiere realizar, con dos objetivos: primero, "...alentar la incorporación de todas las potencialidades políticas del país, para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, participen en la realización de nuestra unidad democrática"; y segundo, "... ampliar las posibilidades de la representación nacional y garantizar, asimismo, la manifestación plural de las ideas e intereses que concurren en el país".

Nos ceñimos estrictamente a las instrucciones presidenciales; en un marco de absoluta libertad se expresaron todas las ideas. En la disyuntiva de restringir mínimamente la manifestación de las ideas o de correr los riesgos del exceso y abuso de la libertad, la Comisión Federal Electoral escogió el segundo camino. No todo lo que escuchamos en el curso de estas semanas ha sido cuerdo; pero bastaba con que así lo creyeran quienes lo expusieron para que se justificara plenamente su intervención en esta Comisión.

La exposición de la Subcomisión Relatora capta con absoluta objetividad las más importantes expresiones habidas en torno a las cuestiones vinculadas con una reforma política. Está en ella lo esencial, lo que permitirá al Presidente de la República conocer los puntos de vista de los partidos políticos, asociaciones y personalidades sobre la reforma política, demostrando así que, salvo los objetivos perseguidos, no se parte de ideas preconcebidas.

La sociedad mexicana debe estar cada vez más en sus instituciones, sobre la base de que ella no es sólo mayoría, sino también minorías; que éstas forman parte de nuestro sistema democrático constitucional y que la auténtica unidad democrática se sustenta, vive, por así decirlo, de la pluralidad; pluralidad de ideas, intereses y propósitos, ensamblada, autolimitada y armonizada por la democracia y el respeto al orden jurídico.

Creemos que la reforma política, con los fines que le ha asignado el Presidente López Portillo, puede contribuir a que nuestra sociedad sea cada vez más de consenso y cada vez menos de conflicto. Creemos que las tensiones pueden resolverse por el ancho camino del entendimiento, de la negociación.

Hay quienes hablan de crisis del sistema político. Un sistema político obviamente padece las crisis que afectan a la sociedad en su conjunto, y en una sociedad en constante movimiento, como la nuestra, las crisis de ajuste, de búsqueda de nuevos métodos, de mejoramiento de instituciones y procedimientos, son recurrentes, y el que no se presentaran revelaría decadencia o estancamiento de la sociedad.

El ejercicio de los derechos políticos, la participación política, implica un derecho fundamental: el derecho a decidir, el derecho de decisión. Se pretende abrir nuevos cauces a la participación política, ensanchando así la intervención de los ciudadanos, en la medida en que éstos puedan tener más alternativas, opciones diversas.

En virtud de que hemos alcanzado el acuerdo en lo fundamental, de que estamos convencidos todos los mexicanos, salvo prueba en contrario, de la necesidad de un desenvolvimiento independiente del país; de su progreso por decisión popular, esto es, democrático; de mantener la convivencia pacífica en un Estado en que gobierne la ley y priven las libertades espirituales y políticas del hombre, contamos con un sustento firme para una mayor y mejor vida política, en que las divergencias no sólo tengan canales de expresión, sino gravitación en la vida política nacional.

Disponemos de un sistema de convicciones primordiales que garantizan la convivencia no sólo pacífica, sino en la cooperación; no sólo en el mantenimiento del presente, sino para el progreso de todos los mexicanos.

Porque coincidimos en lo fundamental, pueden coexistir en nuestra sociedad disconformidades básicas, que se manifiestan en el amplio campo de las ideas. Un ejemplo lo ilustra. Hay en el país discrepancias esenciales en lo que toca a concepciones sobre el derecho de propiedad privada. Para unos, el derecho de propiedad individual es un derecho natural más allá de la sociedad y del Estado, innato al individuo; para otros, es una concesión irrevocable de la sociedad, surgida del pacto o contrato original; no faltan aquellos para los que el derecho de propiedad privada es la causa de todos los males y debe ser abolido; y para muchos -entre ellos nosotros—, el derecho de propiedad individual es un derecho sujeto a función social, que se justifica en la medida en que se cumple su función. En este tema se presentan divergencias sustanciales que, no obstante ello, pueden emitirse libremente, operar para adquirir adhesiones o engendrar resistencias, sin lesionar la convivencia pacífica en la ley.

Incluimos en el acuerdo en lo fundamental la subordinación del Estado al derecho, obligación para gobernantes y gobernados. No decimos que la ley vigente sea la única ley posible; ella es susceptible de cambiarse -un método para nuestro progreso ha sido modificar las leyes con las leyes-; pero sostenemos que la ley en vigor debe ser acatada por el gobernante y el gobernado. Si una necesidad social no está prevista por la ley, si existen lagunas u omisiones, se puede legislar llenando esas lagunas, cubriendo esas omisiones, previendo situaciones no reguladas.

Lo que no es posible hacer sin perder legalidad es violar el derecho o dejar que se viole. Hay libertad para aquellos que desearían acabar con la libertad, pero, en ningún caso, hay derecho contra el derecho, ley contra la ley. El despotismo, sea cual sea su pretexto y su forma, surge inexorablemente de la violación de las leyes, provenga ésta de gobernantes o gobernados.

Nada, absolutamente nada, puede cultivarse en la incertidumbre jurídica, y créase o no en los valores de que el derecho es portador, existe un bien indiscutible derivado de él: la certidumbre. Muchos mexicanos se afianzan en el saber a qué atenerse o aspiran a ello; quieren certidumbre jurídica. Si bien no hay derecho sin convivencia, tampoco hay convivencia si no está regida por el derecho.

Por una serie de razones que no es del caso examinar el derecho y su obligatoriedad se han relajado en México. Restaurar el principio de la legalidad y la obligatoriedad del derecho es tarea urgente y decisiva del gobierno del Presidente López Portillo.

Se ha insistido, en diversas comparecencias, en la distinción entre democracia formal y democracia real. La admitimos. Sin embargo, la experiencia demuestra que prescindir o hacer a un lado la democracia formal -el Estado de derecho, la representación política democrática, la división de poderes, los derechos y garantías individuales-, lejos de aproximar a la democracia real, en la mayoría de los casos aleja de ésta, separa y esteriliza propósitos de democratización real. Hacer a un lado la democracia formal, a título de la democracia real, reduce las posibilidades de llegar a esta última; angosta los caminos, tapona las vías y, con frecuencia, cercena las libertades en nombre de la justicia, siendo que ésta sólo se da entre hombres libres. Con la tradición de México, con los valores de nuestra historia y las aspiraciones comunes, debemos y podemos ir hacia la democracia real mejorando y depurando la democracia formal. Es el camino más firme y a nuestro alcance.

Junto a este principio, debemos considerar nuestro método de avance histórico-político. Por lo general, los jóvenes se alucinan frente a lo que ocurre en otros países, donde, por una parte, se ven avances súbitos, progresos casi instantáneos, y por otra, se ha dado el fenómeno de encontrar una superestructura política muy por encima y delante de las estructuras económicas, sociales y culturales existentes. A corto plazo se ha visto que el paso veloz da origen a condensaciones retrógradas, y que las superestructuras políticas, muy por encima y delante de las estructuras económicas, sociales y culturales, se han quebrado fácilmente y no han impedido el surgimiento de brutales dictaduras. Son perfectas e ilusorias superestructuras políticas edificadas sobre irresistente barro.

Los afanes o propósitos por obtener marchas vertiginosas olvidan y sufren la vieja ley de que a toda acción corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Por sanos y espontáneos que ellos sean, objetivamente resultan, a la postre, nocivos.

Entre el proceso político y el proceso económico no existe ni absoluta dependencia ni absoluta independencia o autonomía; hay una interrelación de mutua dependencia y limitada autonomía.

El enfoque de nuestro país, las pautas que hemos adoptado son distinta. Queremos un desarrollo compensado, firme en su equilibrio y orientado permanentemente a ser integral. Nos interesa, por igual, la rapidez y la firmeza en los logros. Celeridad y profundidad no siempre marchan de la mano.

Es posible que pequemos de gradualismo; espero, este método nos ha permitido alcanzar metas firmes y no exponer al país a fuertes retrocesos por avances deslumbrantes.

En este foro se han señalado críticas a deficiencias y vicios en procedimientos electorales y políticos; no los negamos, y con la misma sinceridad consideramos que se han hecho persistentes críticas al partido mayoritario, por ser mayoritario.

Toda minoría política persigue -y en buena medida ésta es su justificación- convertirse en mayoría y así gobernar. Las minorías tiene el derecho a transformarse en mayorías; pero los gobernantes están obligados a preservar el Estado con todas sus legítimas facultades. De no asumir esta actitud, el Estado andaría al garete y las minorías, que pueden llegar a ser mayorías, al serlo encontrarían, que pueden llegar a ser mayorías, al serlo encontrarían meros residuos o despojos del Estado. No puede estar en la lógica de las minorías que aspiran a gobernar intentar el desgarramiento del aparato estatal; no puede estar en la lógica de los gobernantes permitir el desgarramiento del aparato estatal, pues de hacerlo, no cumplirían ni con las mayorías ni con las minorías y mucho menos con el propio Estado.

No correremos bajo ningún concepto, los riesgos ciertos de una democracia disolverte. Una democracia disolvente es siempre antecedente y causa de la dictadura.

Debemos integrar la pluralidad de ideas e intereses, por contradictorios que ellos se presenten, en la unidad democrática del Estado. Debemos, al mismo tiempo que respetar la expresión y peso de las diferencias, ampliar y acerar los valores comunes, para evitar que la pluralidad opere disgregantemente; integrar en los valores y aspiraciones comunes las oposiciones y diferencias, que se cuenten las discrepancias y que éstas cuenten.

No olvidar que mayorías y minorías se dan dentro de un todo, el que constituye la sociedad, y que las decisiones que corresponden a la mayoría serán incluso más eficaces en la medida en que tomen en consideración, sopesen y maticen las opiniones, los puntos de vista de las minorías. Tener presente la norma: "democracia es el predominio del pueblo como unidad sobre el pueblo como pluralidad" (Hermann Heller).

Numerosas intervenciones han insistido en la representación proporcional y, simultáneamente, se han formulado severas críticas al sistema de diputados de partido, previsto en nuestro régimen constitucional. Pienso que, con frecuencia, se ha olvidado cómo nació la fórmula de diputados de partido, a qué obedeció, y que también se subestima el paso que ella supuso. Sin él, probablemente no sería posible hoy plantear una reforma política amplia y profunda.

Es interesante mencionar que la Comisión creada en Gran Bretaña (The Hansard Society Commission), dentro del proceso de reforma electoral que en ese país se lleva a cabo, llegó recientemente a la conclusión de recomendar un sistema que combinara las ventajas del método de elección mayoritaria por distrito electoral con un grado aceptable de proporcionalidad, también ligada a los distritos electorales. En este informe se habla de diputados adicionales, parecidos a nuestros diputados de partido.

Creo que a veces se incide en la esquematización de hablar de escrutinio mayoritario o representación proporcional como una inviolable disyuntiva. La verdad es que la representación proporcional sólo busca que corrientes de opinión constituidas en partidos políticos tengan un número de representantes proporcional a su fuerza numérica. Tal principio no excluye el sistema de escrutinio mayoritario.

Teóricamente, y sobre todo en la práctica, entre una y otra forma, entre escrutinio mayoritario y representación proporcional, se dan amplias posibilidades de combinación. Hay todo un abanico, a tal punto, que se habla de tres grandes tendencias: 1) sistema mixto con dominante mayoritario; 2) sistema mixto con dominante proporcional, y 3) sistema equilibrado entre el escrutinio mayoritario y la representación proporcional. (Jean Maurice Cotteret y Claude Emeri, Los sistemas electorales.)

Una reforma política no suple, no puede suplir, la configuración que una sociedad tenga en el ámbito político. Ayuda o puede ayudar a que se mejoren los aspectos políticos de la sociedad, pero no le da a ésta aquello de lo que carece. Es instrumento para el progreso, pero no es en sí el progreso político.

El estado político real de una sociedad está en aptitud de transformarse por la ruta legislativa. Sin embargo, la reforma legal no es en sí misma el cambio de prácticas políticas, es posible facilitar la formación de los partidos políticos, pero no es la ley la que los hace, los partidos tienen que formarse por sí solos. Toca al gobierno, a los partidos existentes y a las asociaciones y grupos que aspiran a ser partidos políticos, mejorar la vida política, haciendo que partidos y grupos actúen como medios de articulación institucional de la vida democrática. De esta manera lograremos un reiterado ideal de nuestra historia: que la sociedad esté más en sus instituciones.

Las audiencias comprobaron la oportunidad de la reforma política. El material aquí reunido será entregado al Presidente López Portillo, quien me encarga agradezca a los integrantes de la Comisión Federal Electoral haber accedido a sus deseos de celebrar estas audiencias y colaborado en una tarea fundamental para el país.

Fuente: Reforma Política, núm. I, Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, 1977.