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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 
 
2017
 


1975 Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas

Luis Echeverría Álvarez, 7 de Octubre de 1975

Señor Presidente de la Asamblea General:

Señores representantes:

Exprese a usted, señor Presidente, mis más sinceras felicitaciones por su merecida elección para dirigir nuestros trabajos. Entiendo, sin embargo, que estas horas del mundo no nos permiten la complacencia de los buenos deseos sino una apelación total y completa a la responsabilidad colectiva.

Hace cuatro años, desde esta misma tribuna, expresé la confianza de México en nuestra Organización. Ratificamos entonces y lo hacemos ahora, nuestra adhesión a los principios y propósitos que la animan.

Creemos en la validez del diálogo para encontrar áreas de entendimiento entre países con ideologías divergentes, así como para establecer formas de cooperación entre todos los pueblos.

A pesar de las dificultades que las Naciones Unidas han enfrentado, el esfuerzo conjunto de los pueblos que la integran hace posible avanzar hacia una estructura internacional más justa y equitativa.

Los objetivos que en un principio inspiraron su creación, encaminados, todos ellos, al mantenimiento de la paz y la seguridad, siguen teniendo plena vigencia; no así, los caminos que entonces se concibieron para alcanzarlos. Las desigualdades existentes entre los países, amenazan constantemente la permanencia de un frágil equilibrio y demandan un replanteamiento de la situación y la adopción de nuevas estrategias.

- En 1945, cuando 51 naciones firmaron la Carta de las Naciones Unidas, la población mundial apenas si sobrepasaba los 2 mil millones de personas. Con la exclusión de la China revolucionaria, basada en la arbitrariedad y en la incomprensión de las profundas mutaciones políticas de nuestro tiempo, esta Organización representó apenas a la mitad de los habitantes del planeta.

Hoy son 141 los Estados miembros y representan a la inmensa mayoría de la población mundial. Este es un factor nuevo que señala un cambio geopolítico fundamental, revela el enorme desafío que tenemos ante nosotros y anticipa las mudanzas incesantes que habrán de producirse en el futuro.

Participan ya en esta Asamblea casi todos aquellos pueblos que forman parte del gran espacio de los desposeídos: aquellos que hace tres decenios estaban confinados a desempeñar un papel pasivo en la historia, merced a la bandera que izaron sobre ellos, con la espada o la dependencia económica, las antiguas metrópolis.

Esta variante esencial en la integración de las Naciones Unidas pone en pie la posibilidad de que nuestra Organización oriente sus acciones en beneficio de las mayorías y funcione, cabalmente, como un foro que conduzca a implantar una auténtica democracia internacional en lo político y en lo económico.

Hace 30 años una interpretación simplista de la evolución de los pueblos y una concepción mecánica de los acontecimientos hizo posible que el orden restaurado, entendido como herencia y nueva acumulación del poder, reprodujese bloques y alianzas militares que a partir de entonces se disputaron la hegemonía mundial. El derecho del más fuerte y la filosofía de la dominación tomaron nuevamente el papel decisivo en la conducción de los asuntos mundiales. La guerra fría configuró persecuciones ideológicas que en todos los casos atentaban contra la libertad y la plena independencia de los pueblos y propició un largo y trágico periodo de conflictos bélicos locales que aún no concluye.

Esta situación, que obstruyó a la mayor parte de las naciones el ejercicio de su iniciativa histórica, y les hizo luchar por causas que no eran las suyas, impidió, a su vez, que se emprendiera, con el vigor y profundidad necesarios, la reorganización de la vida internacional conforme a un proyecto de solidaridad universal que considerara el derecho de todos los pueblos, de todos, a disfrutar de niveles dignos de existencia.

Para alcanzar esta meta debe contarse con el asombroso capital de las culturas que hoy recobran su voz y la conciencia de su linaje; con el valor de la presencia de los millones de hombres que desde la marginalización han pasado a representar la plenitud de los pueblos identificados y soberanos.

Por vez primera, podemos lograr una paz verdadera, no aquella que prolongó privilegios y poderes. Me refiero a la paz construida desde una nueva mentalidad, desde una nueva concepción filosófica de la historia.

En nuestros días la paz es desarrollo; concepto que tiene que ser entendido no sólo en su connotación económica, sino también como el constante mejoramiento social, cultural y cívico de todos los pueblos y de cada hombre en particular. Pasar por alto esta verdad fundamental implica instalarse en una retórica inerte que por eludir el compromiso de la acción, termine por legitimar, desde el conformismo, la injusticia en las relaciones internacionales

Ningún país, ni bloque de países, por fuertes que sean, están capacitados para establecer las normas que regulen la política internacional; ni ninguna alianza de corporaciones transnacionales ha de usufructuar, por más tiempo, el patrimonio y el trabajo de los pueblos independientes.

Estamos viviendo los viejos efectos de una paz precaria, porque aún hay quienes insisten en prolongar una idea anacrónica del poder sobre cuyas cenizas sopla hoy, justamente, el viento de la historia.

Las tres cuartas partes de la humanidad, están decididas a participar en la organización del poder mundial pero no con un afán de revancha, como en ocasiones se ha querido hacer creer, sino por apego estricto a los ideales de la democracia.

Para cumplir cabalmente este propósito es preciso que la mayoría no se encierre en la trampa trivial y sin salida de las grandes e inútiles frases hechas, para quedar después al margen de la solución efectiva de las contradicciones. La nueva mayoría de las Naciones Unidas tiene que disponerse a vivir con auténtica responsabilidad la transferencia de una parte importante de los derechos y de las obligaciones que recayeran antes sobre una minoría que prolongó, en su provecho, la política de la fuerza.

Esto implica mucho más que el pasajero acto de pronunciarse en las asambleas. Supone profundidad y coherencia en los análisis y la presentación de alternativas válidas.

En este sentido, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados es un avance inobjetable. Jamás fue concebida, irresponsablemente, como un acto destinado a cortar entre sí, en dos partes, a los países ricos y a los países en vías de desarrollo. Un pensamiento de tal naturaleza nada tiene que ver con la intención de los pueblos y de los hombres que pusieron su voluntad de cambio y sus ideas al servicio de ese proyecto.

Desde la primera hipótesis de trabajo la Carta se encaminó a encontrar un punto de acuerdo global, un universo de concreciones colectivas que hicieran posible la implantación de un nuevo sistema económico mundial.

Era deseable una votación unánime, pero no a costa de claudicar en puntos de vital importancia. Había que ser firmes en aquello que no era accidental ni discutible. Así, en lo que se refiere a los recursos naturales y las riquezas nacionales de los pueblos y, por connotación evidente, en lo relacionado con la ratificación de la soberanía inalienable de los pueblos frente a corporaciones transnacionales. El proceso de concentración y acumulación de estas empresas las convierte en enclaves de dominación extranjera dentro de los Estados y actúan contra éstos cada vez que se intenta la implantación objetiva de prioridades nacionales y populares. En esas áreas, repito, no había posibilidad de concesión.

El documento aprobado por esta Asamblea General no se dirige contra ninguna nación en particular. Está contra los intereses ilegítimos de los grupos supranacionales que protegen unos Estados cuya imagen es socavada por esas mismas corporaciones, al identificarlos con acciones que pasan por encima del derecho y la soberanía. Quede claro pues, que la Carta está abierta -y lo estará en el porvenir- al diálogo entre las naciones; cerrada implacablemente a toda pretensión de dominio.

Esta es la verdad de un instrumento de dimensión universal que proporciona un marco normativo y bases firmes para el gran proceso económico mundial de cambio que hemos iniciado. Su texto contiene aquellos principios, que si bien en su origen fueron objeto de incomprensión minoritaria, con el tiempo serán proclamados como verdades evidentes en los propios países que hace un año votaron en su contra.

En efecto, no existe fuerza alguna capaz de mantener en los próximos decenios la desigualdad como ideología de la prosperidad de una minoría.

La historia contemporánea ratifica en qué medida la dominación se ha establecido a través del desequilibrio en los intercambios, en razón del flujo de los capitales y a consecuencia de las influencias determinadas por la dependencia cultural.

Estos tres factores claves no han tenido una solución justa ni adecuada. Las medidas adoptadas han respondido, fundamentalmente, al interés y a las necesidades de las naciones poderosas. Así ha ocurrido con la ayuda internacional. Concebida como sistema de apoyo a las exportaciones de los mismos países que generan la aportación financiera, no cumple su objetivo fundamental: aminorar la desigualdad entre los pueblos. Por el contrario, ha terminado por agravar la deuda externa de los países en desarrollo y por hacer más agudo su sometimiento.

Por esta causa, es preciso instituir mecanismos financieros e instrumentos de intercambio que correspondan al nivel de unas sociedades que no pueden sobrevivir en el engranaje de una organización económica internacional basada en la concentración comercial y financiera.

Reconocemos, en esta ocasión, el apoyo que los países socialistas brindan a los pueblos del Tercer Mundo en los foros internacionales y el significativo papel que están jugando en el equilibrio y la correlación de las fuerzas mundiales, pero al mismo tiempo les decimos -con toda franqueza- que esa actitud debe reflejarse siempre y con el mismo vigor en el plano de los hechos.

Algunos países industrializados, movilizándose hacia un creciente comercio entre sí no sólo agravan la situación de la periferia, sino que tampoco resuelven las crisis de sus propias economías, las que en los

últimos años han propiciado una inflación universal que en los países en desarrollo alcanza niveles de inusitada gravedad, pues la importación de- bienes de capital y de productos manufacturados que éstos requieren, generan cargas adicionales que echan por tierra sus programas económicos y sociales.

El ajuste ocurrido en los precios del petróleo y de algunas materias primas se ha querido presentar como una actitud arbitraria y monopolística por parte de los países productores. Las naciones industriales olvidan el hecho de que por primera vez, después de varios siglos, han tenido que aceptar los precios internacionales de ciertas materias primas sin que previamente los hubieran impuesto ellas mismas a partir de sus intereses económicos, comerciales y de productos. Es de todos sabido que la fijación de los precios obedecía antes a las reglas de un sistema que consideraba a los productos primarios como suministros obligatorios y dependientes de los pueblos coloniales a los países industriales.

Sin embargo, en la actualidad no es posible repetir en el marco de los intereses mundiales, desde la perspectiva de los países productores, la situación anterior, porque ello crearía una crisis que afecta también a las naciones que poseen menos recursos.

Estamos en la obligación de crear las condiciones históricas de un nuevo orden económico mundial en el cual la producción y los precios se ajusten a un esquema que corresponda a los intereses globales de la humanidad.

Los recursos energéticos en explotación son insuficientes para mantener en todos los países los niveles de consumo que hoy tienen los más industrializados, pero ese consumo se ha basado hasta el día de hoy en el predominio del desperdicio y de la irracionalidad como formas objetivas de la producción.

Por esa causa, ese sistema no puede ser postulado como un modelo viable para la humanidad. Por otra parte, y en razón a ello, se están agotando los recursos básicos que el hombre requerirá en el futuro. Es obvio, en estas circunstancias, que las naciones opulentas tienen que pagar un precio justo por las materias primas, incluido el petróleo. Precio justo que tiene que considerarse no sólo en términos monetarios, sino en orden a la inflación y respecto a los precios de las manufacturas. Los países productores no deben olvidar dos cosas esenciales: el grave desequilibrio que se crea a los países carentes de petróleo y el hecho de que los precios altos generarán, con la plusvalía y la nueva rentabilidad, el marco propicio para que los países industriales organicen una revolución científica en el campo de la energía. Lo importante sería, históricamente, una asociación verdadera en el marco del nuevo orden mundial, en torno a los precios justos, la renovación tecnológica para todos y el beneficio entendido como una realidad que sólo será aceptable si tiene un carácter colectivo y al servicio de las mayorías populares de la Tierra.

Aunque reconocemos que la aportación hecha por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el fomento de los países en desarrollo ha alcanzado niveles que comienzan a superar al de la ayuda pública brindada por los países industrializados, pensamos que es susceptible de incrementarse, sobre todo, si se pone fin a las inversiones superfluas que se realizan en las viejas metrópolis.

El petróleo es un insumo básico no sólo para las naciones industrializadas, sino también para los pueblos en desarrollo. Por ello, estimamos necesario que se estudien y analicen las medidas pertinentes para que los países del Tercer Mundo no productores de petróleo no sufran las consecuencias de los desequilibrios de los precios y puedan continuar los objetivos prioritarios de su desenvolvimiento económico y social.

Las experiencias recientes en materia de comercialización nos afianzan en el convencimiento de mejorar y multiplicar los instrumentos propios de cooperación y defensa de los países pequeños y medianos, que a través de negociaciones globales compensen la abismal desigualdad de fuerzas que se presenta en el trato bilateral.

Esta realidad demuestra que no sólo es preciso negociar conjuntamente las materias primas y el petróleo, sino que tenemos que organizar el nuevo orden económico incluyendo en ese compromiso los propios productos manufacturados.

De ahí que hayamos propuesto la creación de un Sistema Económico para el Desarrollo del Tercer Mundo, que -a través de una eficaz coordinación de productores- facilite la defensa permanente de los precios y la comercialización de los productos de exportación, defina los mecanismos de apoyo mutuo en todos los sectores, fomente la creación de empresas multilaterales y garantice niveles óptimos para la importación de bienes, capital y tecnología.

Este propósito está anticipado en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y constituye, sin duda, uno de los pasos más firmes para su implementación. El Sistema, destinado a asegurar la participación de los países del Tercer Mundo en el control de los intercambios mundiales y en la toma de decisiones que a todos afectan, contaría con dos instrumentos fundamentales: un fondo financiero orientado específicamente a los propósitos enunciados, y una unidad de informática que proporcionaría los elementos para actuar con oportunidad y precisión sobre los flujos comerciales y financieros.

Este proyecto modificará en forma sustancial la relación de fuerzas y favorecerá la edificación de una economía mundial fincada en la solidaridad. Solidaridad que no debe contemplarse como un simple concepto moralizador.

Plantear el tráfico de mercancías y productos solamente entre las islas de opulencia industriales significaría, a corto y medio plazo,. la explosión no sólo en el Tercer Mundo, sino la violencia urbana y suicida en las propias naciones que creen posible aislarse en el marco de la autarquía. A nivel regional la creación de un mecanismo como el Sistema Económico Latinoamericano -SELA- prueba la viabilidad de proyectos semejantes en el orden mundial. Es necesario señalar, una vez más, que el SELA como la Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados son instrumentos ideados para pasar de la confrontación irracional actual, a la negociación histórica que necesita el mundo.

En el seno de este tipo de organizaciones será necesario efectuar un estudio exhaustivo de todas las áreas en que sea posible aplicar una acción concertada. Caso esencial en este tipo de cuestiones es el problema de la alimentación que afecta a la mayor parte de los pueblos. Por esa causa México ha propugnado la creación de un Banco Mundial de Alimentos y celebra que esta idea -compartida con muchos otros países- haya empezado a cristalizar con la creación de un fondo para el mundo vive en la violencia, pero es preciso definir sus causas. Una gran parte de ellas obedecen a un desarrollo que ha producido con sus variantes de abundancia y exceso, un subdesarrollo vinculado a la explotación, la marginalización y el despojo. Resultado de ello es la aparición objetiva de una violencia revolucionaria que representa, inclusive con sus excesos, el testimonio del desequilibrio contemporáneo. Los inmensos recursos gastados hoy en el armamentismo si se dedicasen al desarrollo integral del mundo, eliminarían, en gran parte, los conflictos que ensombrecen el presente y el futuro de la humanidad.

Quiero añadir, además, que el desarme no representa sólo esas posibilidades reales, sino que constituye un factor indispensable para la superación de las formas políticas intelectuales y científicas del autoritarismo, la desarticulación y la falsificación ideológica. Es así, porque el armamentismo necesita siempre para ser aceptado moralmente por el pueblo, la simplificación más brutal y absoluta del enemigo identificado. Enemigo que sirve de pretexto para organizar el poder como un fin en sí mismo.

Estas circunstancias reales debieran invitar a esta Asamblea a acelerar la búsqueda de una alternativa racional respecto a esta materia. No existe posibilidad de paz verdadera sin desarme. Sin embargo, es preciso crear las condiciones objetivas que prefiguren un acuerdo completo en ese campo y que el mismo sólo se producirá si tenemos el valor de integrar el proyecto en un esquema global, es decir, en un cuadro analítico concreto donde el programa del desarme se produzca acorde con un cambio en la realidad económica mundial.

Cientos de miles de científicos y técnicos y millones de hombres de los grandes países industriales trabajan hoy para la fabricación y venta de armas. Es un hecho. El Tercer Mundo tiene, en razón de la explosión demográfica y el subdesarrollo un desempleo trágico y alarmante; el de los países industriales comienza a ser, en casos, un desempleo estructural muy grave, si bien no es comparable, invita a la reflexión objetiva. Dicho en términos más directos: el rearme, convertido hoy en la médula espinal del orden establecido, no podrá liquidarse nada más que en un proyecto económico integral que permita el paso de la economía de guerra -fruto de la paz restaurada y por tanto ficticia- a una economía de paz verdadera.

Los conflictos localizados ofrecen no solamente un amplio margen para proseguir con la carrera de los armamentos, sino que ponen también en peligro, por la creciente interdependencia, las condiciones en que se sustenta la concordia mundial.

Después de un viaje de observación por el Medio Oriente, he reafirmado mi convicción de que la paz en aquella parte del mundo no podrá ser alcanzada sobre bases firmes, sin un acuerdo integral que comprenda la salida de tropas de todos los territorios ocupados, la garantía de las fronteras de los Estados de la zona y el reconocimiento histórico de los legítimos derechos del pueblo palestino. Acuerdo que debe y tiene qué lograrse en el marco de las Naciones Unidas, esperanza objetiva del mundo, y más allá de negociaciones parciales que pese al adelanto que por un momento representan, pueden crear a medio plazo, problemas y dificultades más graves.

La paz del mundo estará en peligro si para la solución de otros conflictos territoriales no se respeta de manera irrestricta el principio de la integridad territorial de los Estados. México apoya, por tanto, a la hermana República de Panamá en su lícita demanda por recuperar su soberanía sobre la totalidad de su territorio.

Vemos con satisfacción el triunfo de los movimientos libertarios de África y Asia. Los nuevos países emergieron a la vida independiente después de prolongadas luchas y han salido avante tras haberse enfrentado a fuerzas muy superiores a las suyas. demostrando, una vez más, que el hombre resistirá, superará y destruirá, finalmente, todo despotismo.

Por otra parte, ratificamos nuestro repudio al apartheid, a la ocupación legal del territorio de Namibia por parte de Sudáfrica y al hecho de que se impida a la población mayoritaria de Rodesia el ejercicio de sus derechos políticos.

En relación a los sucesos acaecidos en España ratifico, con firmeza y serenidad, la petición mexicana elevada a la consideración del Consejo de Seguridad el día 28 de septiembre próximo pasado, consciente de que técnica y políticamente nos asiste la razón. Técnicamente. Por que esta petición se ajusta a los términos de la Carta de las Naciones Unidas, que confiere a cualquier Estado miembro el derecho de denunciar ante el

Consejo de Seguridad este tipo de situaciones; políticamente, por que los hechos de que nos ocupamos no sólo constituyen una reiterada violación de los derechos humanos; se trata, ante todo, de la creación sistemática de un clima de confrontación violenta susceptible de conducir a una fricción internacional y poner en peligro el mantenimiento de la paz en un punto de la Tierra que, por ser de interés estratégico, amenaza la seguridad mundial.

Así lo demuestra la magnitud de la protesta mundial que este caso ha suscitado. Así lo demostrará, irremediablemente, la historia.

En los últimos años se ha advertido la urgencia de actualizar sustancialmente el derecho del mar. En las negociaciones que se llevan a cabo para aprobar un tratado de observancia general, ha adquirido apoyo, casi unánime, la regla de la zona económica exclusiva.

Debido a la existencia de algunas dificultades, que bien pueden aplazar por largo tiempo la adopción de este acuerdo, México ha decidido establecer una zona económica exclusiva que se extenderá hasta 200 millas náuticas a partir de sus costas, sin menoscabo a la navegación, sobrevuelo y tendido de cables. Esto implica afirmar nuestra soberanía sobre los recursos que se hallan en toda la extensión del Golfo de California.

Mi país ha participado con sostenido interés en las conferencias mundiales sobre los principales problemas que afectan a la humanidad. En particular, tuvo el señalado honor de acoger en su capital a la Conferencia del Año Internacional de la Mujer. Ese importante acontecimiento señala el inicio de una era en la lucha que sostenemos por dar vigencia a los derechos de la mujer e incorporarla más intensamente en la edificación de la sociedad futura.

Con este motivo se hizo evidente, que el combate que libramos por la igualdad femenina forma parte de la gran tarea por la liberación del hombre en su integridad, lo que implica, una vez más, la transformación del orden económico internacional. México no escatimará esfuerzos para la aplicación irrestricta del plan de acción mundial adoptado en dicha Conferencia, con base en los principios aprobados en la declaración correspondiente.

Las Naciones Unidas transitan de la escena minoritaria, vigente durante decenios, a una estructura acorde con los cambios contemporáneos; hacia un modelo de poder responsable y democrático que supere las contradicciones con el consenso, pero que no falsifique el consenso con la-presión económica o la fuerza de las armas.

Nuestra Organización tiene que ser descolonizada para convertirse en el ágora contemporánea de una nueva mayoría, que no excluye a nadie pero que representa ya, sin duda, la voz de la historia. Esa mayoría lucha, responsablemente, por conformar la voluntad soberana de los pueblos con la decisión de acometer, desde el derecho, el cambio de rumbo que anhela la humanidad y que no ha de ser decidido, antidemocráticamente, por la imposición arbitraria de ninguna minoría.

Los pueblos emergentes desean asumir la responsabilidad que les corresponde en la comunidad de las -naciones. Todos, cualquiera que sea su tamaño o poderío, comparten derechos y obligaciones en la edificación del nuevo orden. Si bien es cierto que las más poderosas debieran aportar mayores elementos en auxilio de las que menos poseen, no por ello habrán de renacer los paternalismos o las hegemonías económicas.

En materia de reforma a las Naciones Unidas es necesario actuar con madurez y profundo sentido práctico. En primer término, será necesario fortalecer la capacidad de decisión de la Asamblea General, que actualmente encuentra limitadas sus funciones frente a las del Consejo de Seguridad en materias en que esto ya no es justificable. La reciente negativa a admitir como Estados miembros a la República Democrática de Vietnam y a la República del Sur de Vietnam, a pesar del apoyo mayoritario de esta Asamblea, niega los más elementales principios de la democracia internacional y debe ser motivo de honda preocupación para todos nosotros.

Es conveniente, por tanto, reducir los temas sobre los que puede interponerse el veto y, además, extenderlo a uno o a varios miembros del Tercer Mundo a fin de lograr en el Consejo de Seguridad un equilibrio que corresponda a la verdadera composición del mundo actual.

Desear el mejoramiento de la Organización de las Naciones Unidas, es creer en ella, pues conformarnos con su reconocida insuficiencia en varios campos, sería tanto como hacernos cómplices del orden establecido o transformarla en un foro de ficciones -propio únicamente para el desahogo verbal- y dejar que las decisiones fundamentales de nuestro tiempo se tomen, cada vez con mayor frecuencia, a sus espaldas.