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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 
 
2017
 


1975 Declaración de principios del Consejo Coordinador Empresarial (extractos)

Mayo 8 de 1975

 

Declaración de principios del Consejo Coordinador Empresarial (extractos)

A) PERSONA, SOCIEDAD Y ECONOMÍA

1. La persona humana, por su dignidad, valor y destino trascendente, es principio y fin de todas las instituciones económicas y sociales.

2. La economía no es un fin en sí misma, sino un mero sistema de bienes y técnicas al servicio del hombre.

3. La dignidad de la persona humana sólo se hallará debidamente reconocida cuando, libre de la opresión, de la miseria y de la ignorancia, pueda, por sí misma, tender plenamente al logro de sus fines.

4. Libertad y responsabilidad son atributos básicos de la persona humana. El hombre es y debe ser libre, sin otros límites que los que le imponen la moral, el derecho y el bien común.

5. Toda organización económica, política o social que atropella la dignidad del hombre, menoscaba su libertad, sus derechos o su responsabilidad, se convierte en opresora y niega sus propios fines.

No es lícito, por tanto, ni al Estado ni a los particulares atentar, en nombre del desarrollo económico, en contra de la libertad o dignidad de las personas ni afectar la certeza o la eficacia de los derechos que le son inherentes.

6. En el ámbito económico, la libertad y la dignidad del hombre son conculcadas cuando no se le permite ejercer su propia iniciativa y su acción creadora en la producción de bienes y servicios, o cuando se le impide realizar un trabajo acorde con su vocación personal.

7. Un sistema económico ordenado debe propiciar el florecimiento de la ética y la cultura y tender a una mejor distribución del ingreso.

8. Sólo existe auténtico desarrollo en la justicia y en la libertad, pero sólo será efectivamente compartido por todos los sectores sociales, en un marco de seguridad jurídica y estabilidad.

9. El desarrollo económico debe ser el resultado de la cooperación de todos y sólo se justifica cuando beneficia a todos. No debe haber desarrollo económico sin justicia social; pero, a su vez, la justicia social, cuyo supuesto básico es el de que todos los seres humanos pueden llevar una existencia digna, no podrá realizarse plenamente sin desarrollo económico.
10. Las relaciones de los países desarrollados y en desarrollo deben inspirarse invariablemente en los postulados de solidaridad y cooperación, y en una clara concepción del bien común internacional.

 

B) PROPIEDAD PRIVADA

 

1. El hombre tiene un derecho natural, primario e inviolable, para satisfacer sus necesidades y alcanzar su fin, mediante la propiedad privada y el uso razonable de los bienes materiales. Este derecho comprende igualmente los bienes de producción y los de consumo.

2. Siendo la propiedad privada un derecho natural y no efecto de leyes humanas, el Estada no puede abolirla, sino sólo regular su uso, inspirándose siempre en exigencias claramente impuestas por el bien común.

3. El derecho de propiedad tiene un doble aspecto: individual y social. En razón de este último la propiedad debe usarse de tal manera que, directa o indirectamente, beneficie a la comunidad.

 

C) EMPRESA PRIVADA

 

1. La empresa privada, célula básica de la economía, es una de las más peculiares y valiosas manifestaciones de la capacidad creadora del hombre, y expresión de la riqueza espiritual de quienes contribuyen a realizarla, sostenerla y mejorarla.

2. La empresa es armónica coordinación de capital y trabajo, para la producción de bienes y servicios útiles a la sociedad.

3. El contenido de la empresa no se agota en su acepción económica de unidad de producción, ni en la jurídica de equilibrio de derechos y deberes de quienes se coordinan para producir. Debe ser concebida, fundamentalmente, como una comunidad. Así entendida la empresa, no sólo responde al bienestar individual, sino también al social.

4. La empresa requiere: respeto al derecho de propiedad; garantías efectivas para el ejercicio de la libre iniciativa; condiciones que favorezcan una alta productividad; respeto al derecho de obtener un interés razonable de su inversión; utilidades justas y proporcionales al beneficio que produzca la función empresarial; orden y justicia sociales; eliminación de la competencia ilícita, privada o estatal.

5. La empresa deberá ofrecer a los trabajadores, en la mejor forma posible: trato humano, prestaciones y salarios justos, oportunidad de progreso y perfeccionamiento y los elementos necesarios para su mejoramiento material, técnico, cultural y moral, así como el de su familia.

6. La función empresarial no se agota con la inversión de capital, sino que representa además un trabajo de innovación, de dirección, de asunción de riesgos y de organización.

7. Es lícito al empresario y al inversionista obtener beneficios proporcionales: a su esfuerzo productivo, al riesgo que asumen, al capital que aportan, al trabajo de dirección que desempeñan, al beneficio social que producen, a las innovaciones y mejoras que introducen y a su capacidad competitiva.

 

D) RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO

 

1. La actividad del empresario debe tener como meta satisfacer, de la manera más productiva, abundante y económica, las necesidades de la comunidad. Se reafirma, pues, la convicción de que la actividad empresarial responde a una función social y rebasa el objetivo del mejor lucro individual.

2. El ejercicio de esta función confiere al empresario un conjunto de responsabilidades frente a la comunidad donde opera y a los diversos sectores que, de un modo o de otro, se encuentran vinculados a la vida de la empresa.

3. Frente a la comunidad, la responsabilidad fundamental del empresario es la de invertir los recursos de que dispone y emplear su capacidad creadora en el establecimiento de fuentes de trabajo.

4. Frente al consumidor, el empresario está obligado a la producción de bienes o servicios que satisfagan sus necesidades de la manera más económica, oportuna y abundante y a un nivel de alta calidad.

5. Frente a sus trabajadores, el empresario tiene la responsabilidad de crear ocupaciones permanentes, justamente remuneradas y en condiciones de dignidad, seguridad e higiene para quienes participen en la vida de la empresa.

6. Frente a los inversionistas que en él han depositado su confianza, el empresario está obligado a mantener una administración eficiente que permita la obtención de una utilidad razonable, condición necesaria para atraer nuevas inversiones.

7. Frente al Estado, el empresario está obligado a la observancia y cumplimiento de las leyes y al pago exacto y oportuno de los impuestos equitativos y proporcionales para cubrir los gastos públicos.

 

E) TRABAJO

 

1. El trabajo productivo, cualquiera que sea su especie y su rango, es una actividad connatural al hombre. Por lo mismo, reviste una dignidad cuya salvaguardia y defensa deben ser preocupación fundamental de nuestro sistema económico, jurídico, político y social.

2. El ambiente del trabajo debe favorecer la realización personal de los trabajadores.

3. Debe rechazarse cualquier sistema que degrade al trabajador, convirtiéndolo en mero "recurso" del proceso productivo; debe propiciarse todo cuanto tienda a salvaguardar y destacar su dignidad humana.

4. El trabajo no puede considerarse como una mercancía. En consecuencia, el salario no ha de ser solamente el resultado de la ley de la oferta y la demanda.

5. El incremento de la productividad constituye una responsabilidad que deben compartir solidariamente gobierno, empresarios y trabajadores.

 

F) SALARIO

 

1. Es ilusorio un aumento puramente nominal del salario, sin su contrapartida necesaria, de aumento correlativo de la productividad, lo cual requiere la coordinación de empresarios y trabajadores.

2. La única política que propicia el mejoramiento del trabajador y el progreso general consiste en lograr altos salarios reales.

3. El salario real, en cuya fijación han de tomarse en cuenta las posibilidades económicas de la empresa, en condiciones normales, debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, y para remunerar su esfuerzo, responsabilidad, pericia y eficiencia, en forma justa y proporcional.

4. El aumento de la productividad requiere capitalización constante, pero ésta no debe lograrse en perjuicio de trabajadores y consumidores.

5. En la fijación del salario mínimo legal deben tomarse en cuenta las condiciones y posibilidades reales del país y la creación de empleos, evitando los daños que pudieran producirse a la economía nacional y a los mismos trabajadores, por elevaciones inmoderadas en los precios.

6. Quien no cumple la obligación de pagar el salario mínimo legal, no sólo incurre en una violación de la justicia estricta, sino también lesiona seriamente el bien común.

 

G) SEGURIDAD SOCIAL

 

1. El salario y las prestaciones de bienestar social de las empresas deben complementarse con las que se otorguen mediante el correcto funcionamiento de un sistema justo y bien organizado de seguridad social.

3. El éxito de una sana política de seguridad social descansa en una estrecha y solidaria cooperación de todos los que están en          ella interesados. Consideramos, por ello, que es principio fundamental de un eficiente régimen de seguridad social, la aportación efectiva y la consiguiente gestión tripartita de trabajadores, empresarios y Estado.

 

H) EDUCACIÓN

 

1. De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y suscrita por México, reafirmamos el principio de que originariamente corresponde a los padres de familia el derecho y la obligación de educar a sus hijos, principio que no puede ni debe soslayarse en el examen y solución del problema educativo nacional.

2. El objetivo primario de educación es la dignificación y el perfeccionamiento personales. Es también factor esencial para el progreso económico, sobre todo en lo que respecta a la formación de técnicos, de profesionistas y de mano de obra capacitada.

3. Dentro de nuestro sistema democrático es conveniente que el Estado propicie un clima de libertad que facilite la participación del sector privado en: la programación y realización de las tareas educativas y estimule la contribución de los empresarios para la solución de este ingente problema que confronta nuestro país.

 

I) INICIATIVA PRIVADA Y ESTADO

 

1. En un régimen democrático, la actividad económica corresponde fundamentalmente a les particulares y son ellos quienes tienen a su cargo, de manera directa, la creación de la riqueza.

2. Al Estado toca en materia económica velar por el interés público, coordinar, estimular, encauzar, crear las condiciones propicias para el desenvolvimiento de la actividad de los particulares y participar directamente en actividades económicas en los siguientes casos:

—Servicios públicos básicos.

—Actividades de interés colectivo en las que la iniciativa sea insuficiente u omisa, siempre que esta omisión no derive de actos o limitaciones provenientes del propio Estado.

—Áreas económicas de interés nacional que no pueden ni deben ser controladas por capitales extranjeros ni atendidas adecuadamente por los nacionales.

—Actividades económicas que por su magnitud y trascendencia requieran la conjunción de recursos privados y gubernamentales.

En todos estos casos las empresas mixtas deberán estar sujetas a una administración privada de carácter técnico y profesional.

3. El sector privado no sólo está integrado por los banqueros y grandes, medianos y pequeños industriales y comerciantes, sino también por los agricultores, ganaderos, artesanos, profesionistas, empleados y obreros, o sea por todos aquellos que, en ejercicio de un derecho natural e inalienable, desarrollan la actividad económica para producir bienes y servicios útiles, sea individualmente, o sea agrupados en forma voluntaria y espontánea.

4. Todo aquello que el hombre pueda realizar por sí mismo, o que pueda llevar al cabo una sociedad inferior, no debe encargarse a un organismo social más amplio y elevado a menos que, en forma evidente e imperativa, lo exija así el bien común. La negación de este principio desubsidiaridad, conduce al totalitarismo.

5. Incumbe al Estado, además de su misión de regir y custodiar el orden jurídico, la de ser gestor del bien común. Este lo realiza en la vida económica, facilitando, armonizando, estimulando y, sólo en último término, supliendo la acción de la libre iniciativa en los casos y condiciones arriba señalados.

6. La producción de bienes y servicios económicos no constituye una función propia del Estado. La acción de éste debe tender precisamente a garantizar a los particulares el mejor y más libre ejercicio de los derechos de la persona humana; no a limitar o entorpecerlos en aras de un supuesto beneficio nacional. Esta política, asimismo, debe establecerse en el caso de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal.

7. En su carácter de gestor del bien común, en todas las actividades económicas en que el Estado interviene, no sólo debe aceptar, sino favorecer la participación de la iniciativa privada.

8. La tendencia sistemática del Estado a intervenir como empresario constituye un grave peligro para el ejercicio de los derechos individuales. Como garantía de que la intervención estatal se subordinará a las exigencias del desarrollo económico y del bien común, es necesario un régimen de libertad política efectiva.

9. Corresponde al Estado crear y mantener la infraestructura económica y garantizar el orden contra quienes pretendan alterarlo.

10. Dentro de un régimen democrático, los individuos y las agrupaciones de iniciativa privada tienen derecho y la obligación de analizar las políticas gubernamentales así como de fijar su posición respecto de ellas Toda crítica constructiva e inspirada en el bien común constituye un acto de leal colaboración, merecedor de reconocí miento y aun de estímulo.

 

J) ECONOMÍA MIXTA

 

1. Un régimen de economía mixta es aquel que, reconociendo el papel preponderante de la iniciativa privada en la vida económica, permite la acción del Estado en la creación y manejo de aquellas empresas estatales que, de manera evidente, reclama el bien común.

2. Las empresas descentralizadas o de participación estatal que actúen en campos competitivos de la iniciativa privada no deben gozar de prerrogativas, preferencias o subsidios que las coloquen en condiciones privilegiadas de competencias con las empresas del sector privado.

3. Para el desarrollo económico del país es también requisito indispensable la existencia de un régimen de seguridad jurídica que sustituya las facultades discrecionales en materia económica, por preceptos claros y precisos que permitan a los particulares conocer con certeza las normas que regulan sus actos y el alcance de sus derechos y obligaciones.

 

K) PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

1. La economía, en un régimen democrático, no debe ser central y autoritariamente planificada, sino libremente coordinada y concertada.

2. La planificación estatal centralizada y compulsiva de la economía no es compatible con la existencia de un régimen democrático y de economía mixta. La experiencia demuestra además que tampoco es factor esencial para el logro del desarrollo económico.

3. Siendo el desarrollo económico en nuestro régimen obra de la acción conjunta de la iniciativa privada y del Estado, es conveniente establecer sistemas de consulta y crear un organismo nacional, en el que estén representados todos los sectores para lograr una armónica y eficaz coordinación entre las actividades de los particulares y el Estado, siempre y cuando tal organismo no pervierta su finalidad, convirtiéndose en un instrumento de presión política o económica.

 

L) ORGANIZACIONES DE INICIATIVA PRIVADA

 

1. El empresario no sólo tiene el derecho y el deber de asociarse constituyendo organizaciones intermedias, sino también la responsabilidad de convertirlas en promotoras del bien común.

2. Las organizaciones de empresarios deben coordinar su acción entre sí, con las de otras sociedades intermedias, y con las del Estado. Dicha coordinación implica respeto mutuo, comprensión, interpretación fiel de sus correspondientes objetivos, apoyo y auxilio recíprocos.

3. La organización gremial o sindical, sea de trabajadores o de empresarios, desvirtúa sus finalidades y se convierte en elemento nocivo a la sociedad cuando se le usa como medio de la lucha sistemática de clases, o se le transforma en instrumento al servicio de fines políticos.

4. La lucha entre las clases, como principio, es un elemento antisocial; su coordinación, por el contrario es el único camino para alcanzar el bien de cada empresa, de sus integrantes y de toda la nación.

 

M) INICIATIVA PRIVADA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

1. El control de los medios de comunicación por parte del gobierno le otorga a éste tal poder sobre las conciencias que fácilmente podría convertirse en un estado dictatorial. Se considera imprescindible, pues, que se preserve la propiedad privada de dichos medios y que la intervención estatal se ciña estrictamente al respeto de las libertades de prensa y palabra que garantiza la Constitución.

2. El adelanto técnico de los medios de comunicación social —prensa, radio, cine, televisión— los ha convertido en poderosos instrumentos de la educación popular, de información, de difusión de ideas, de control político y de entretenimiento, por lo que influyen poderosamente en la ideología y costumbres de la comunidad.

Por esta razón, es indispensable que el Estado, como gestor del bien común, los reglamente de tal manera que sean un vehículo de cultura y sana recreación, y no atenten ni contra la moral ni el orden público.

 

N) POBLACIÓN

 

1. Uno de los problemas más graves de la economía nacional es el de la explosión demográfica, surgido como consecuencia del abatimiento de las tasas de mortalidad y del mantenimiento de las altas tasas de natalidad características de un país subdesarrollado.

2. Se hace urgente proseguir en forma vigorosa y permanente la política nacional de población orientada a disminuir gradualmente los índices de natalidad. Dicha política debe convencer a los padres de familia sobre la conveniencia de limitar su prole, educándolos para que ejerzan su derecho a la paternidad responsable e informándolos sobre los diferentes métodos lícitos de control de la natalidad. En todos los casos la política de población deberá respetar en forma irrestricta la vida y la dignidad humanas absteniéndose de atentar contra la capacidad reproductora de las personas y de forzar la libre voluntad de los padres.

 

O) INDUSTRIA

1. Mientras un país no cuente con una industria suficientemente avanzada y técnicamente eficiente, no puede considerarse económica y socialmente desarrollado.

2. La expansión industrial de México es un imperativo ineludible para aprovechar los excedentes de la mano de obra rural; para crear nuevas fuentes de trabajo que correspondan al incremento demográfico; para elevar los niveles de vida de la población; para transformar y aprovechar adecuadamente los recursos naturales; para satisfacer las crecientes necesidades de consumo y para estar en aptitud de concurrir a los mercados internacionales con productos manufacturados, en vez de hacerlo con materias primas, obteniendo así para el país todos los beneficios derivados de la elaboración de dichos productos en nuestro territorio.

3. Deben evitarse los desequilibrios de carácter geográfico en el desarrollo y procurarse que el proceso económico extienda sus beneficios a todas las zonas del país.

 

P) COMERCIO

 

1. Parte esencial de todo proceso de desarrollo es un sistema distributivo que ponga a disposición del consumidor, de una manera económica, oportuna y eficaz, los bienes generados por las actividades primarias y secundarias.

2. Los sistemas de control de precios, en caso de ser implantados, deberán tener un carácter estrictamente transitorio por cuanto desalientan la inversión y son causa de estancamiento de la actividad económica.

 

Q) FINANCIAMIENTO

A. Política fiscal

1. El sostenimiento adecuado del gasto público, a través de impuestos justos, es esencial para el fortalecimiento y fomento de la economía del país.

2. Además de estar técnicamente estructurado, todo sistema tributario debe ser realista, estimular la inversión y la mejor distribución del ingreso nacional, y contribuir al logro del máximo bienestar de los gobernados. Por lo tanto, requerirá estar coordinado con el resto de una sana política económica y formar parte de un programa democrático de desarrollo económico integral.

3. Tanto el Estado como los causantes deben colaborar en el establecimiento de una estructura fiscal adecuada que, eliminando el fraude, evite que la carga del impuesto incida en forma justa y excesiva sobre algunos sectores de contribuyentes.

4. Los impuestos, porción considerable del patrimonio de los ciudadanos, se entregan al Estado para que, mediante una administración adecuada, los haga fructificar en obras y servicios de beneficio colectivo.

5. Una política fiscal congruente con las necesidades del país exige que el gasto público se ejerza con probidad y eficacia, tanto en los gastos tradicionales de la administración pública, como en la creación de la adecuada infraestructura económica y social.
6. El Estado, en todos sus niveles de funcionamiento —federal, estatal y municipal— debe adoptar la práctica de una oportuna, clara, completa y comprobada rendición de cuentas del manejo de los fondos públicos.

7. La política fiscal debe ajustarse a los principios de la justicia distributiva y concebirse y estructurarse como un instrumento eficaz para el desarrollo económico del país.

8.- La justicia distributiva exige que la carga pública sea soportada por los particulares, en razón de su capacidad contributiva.

9. La importancia que tiene la incidencia de los impuestos en la actividad económica de los particulares y la necesidad de adecuarla a los objetivos socio-económicos de una política financiera, exigen que en el establecimiento y revisión de la política fiscal se recojan y respeten los criterios de los sectores afectados.

10. Los impuestos a la importación y a la exportación deben utilizarse básicamente como instrumento de desarrollo económico en general, y no como medios de recaudación fiscal.

11. Las leyes de fomento industrial deben ser instrumentos eficaces para alentar y promover la realización de nuevas inversiones.

B) Ahorro e inversión

1. El desarrollo económico de México debe fincarse fundamentalmente en nuestros propios recursos y esfuerzos. Es indispensable, pues, establecer un adecuado equilibrio entre la riqueza que se destine a incrementar el consumo y la que se dedique a constituir los ahorros necesarios para asegurar la continuidad del proceso. No es lícito, en nombre del progreso económico, sacrificar a una generación imponiéndole niveles infrahumanos de consumo; pero tampoco es lícito dilapidar la riqueza generada y poner en peligro, por falta de recursos disponibles, el desenvolvimiento futuro del país.

2. Mientras el proceso de desarrollo de nuestro país, no sea autogenerativo, el capital del exterior será un complemento útil de los recursos nacionales para acelerar el proceso.

3. La existencia de un crédito interno, oportuno, barato y suficiente, es fundamental para nuestro desarrollo económico.

C) Presupuesto y gasto público

1. El gasto público es un instrumento fundamental de las políticas de desarrollo económico y estabilidad de precios, por lo que deberá expanderse cuando disminuya el ritmo de crecimiento de la economía, o cuando la inversión privada sea omisa e insuficiente y habrá de retraerse cuando haya un exceso de demanda en relación al crecimiento de la oferta de bienes y servicios. En periodos de inflación, el Estado deberá ajustar sus erogaciones y jerarquizarlas de acuerdo con prioridades y las posibilidades que le ofrecen sus ingresos ordinarios y las fuentes de financiamiento no inflacionarias.

El aprovechamiento integral y técnico del bosque exige:

a) La promoción de un Programa Nacional de Reforestación con incentivos fiscales.
b) La creación de unidades de explotación forestal económicamente rentables, con el concurso del sector privado.
c) La reorganización y coordinación de los organismos gubernamentales.
d) La participación técnica y financiera del Estado en la creación y mantenimiento de la infraestructura forestal.
e) Evitar el desplazamiento de la industria privada, favoreciendo a organismos y empresas paraestatales cuya ineficiencia y productividad han sido demostradas.
f) La resolución, con carácter urgente, de los problemas de tenencia, de límites y políticas en predios forestales.

 

I. VIVIENDA

 

1. La magnitud del problema de la vivienda en el orden material, social y humano nace inaplazable la necesidad de intensificar los esfuerzos de todos los mexicanos para resolverlo. La solución de este problema es requisito ineludible del progreso social, ya que la vivienda es el centro y el soporte material de la familia, de la actividad de la persona y condición indispensable para su vida digna.

2. El problema de la vivienda requiere una solución integral, a la que debe concurrir la acción coordinadora de los propios interesados, del Estado, de las organizaciones de empresarios y trabajadores, de los técnicos y de las instituciones financieras.

3. Un esfuerzo considerable para la solución del problema lo contribuyó la creación y puesta en marcha del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que habiendo recibido pleno apoyo moral y económico del sector privado, debe seguir manejándose con la supervisión técnica y profesional de éste para evitar desviaciones en sus objetivos y recursos económicos.

 

II. EDUCACIÓN

 

1. El sector industrial debe crear una conciencia de responsabilidad social a fin de que los centros de trabajo sean medios de educación, para quienes, directa o indirectamente, dependan de ellos y debe preocuparse en general, por la renovación y ampliación de los conocimientos de su personal, logrando así, la elevación de su nivel de vida.

2. El sector industrial debe apoyar y auspiciar la creación de centros de educación superior y técnica, escuelas de posgraduados e instituciones de investigación científica que complemente la labor del Estado en materia educativa.

 

IV. ECONOMÍA MIXTA

 

1. Es conveniente brindar a los particulares la oportunidad de adquirir aquellas empresas gubernamentales que operan en campos de la iniciativa privada, a fin de que los capitales invertidos en ellas puedan destinarse a la satisfacción de otras áreas, necesidades, atribuciones y servicios que competen exclusivamente al Estado.

 

IV. INICIATIVA PRIVADA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

1. La publicidad es una actividad indispensable para ampliar el mercado interno y orientar a los consumidores; de la misma manera, los gastos realizados en publicidad proporcionan el medio de financiamiento natural y legítimo de los medios de comunicación social. Por estas razones, y siempre y cuando la publicidad se apegue a un código ético comercial, el gobierno deberá alentar la publicidad que realicen las empresas privadas, reconociendo como de deducibles para efectos del pago de impuestos los gastos que en ella se eroguen.

 

V. DESARROLLO ECONÓMICO

1. La aceleración de nuestro proceso de desarrollo es el único medio de responder a las demandas que nos plantea nuestro crecimiento demográfico; de elevar los niveles de vida de nuestra población y de crear las condiciones propicias para la plena realización de la justicia social.

2. Todo desarrollo económico requiere de un conjunto de condiciones, entre las cuales figuran:

—estabilidad política —paz social —seguridad jurídica

—administración pública honesta, eficazmente organizada y

técnicamente preparada —buena y expedita administración de justicia —infraestructura económica suficiente —aumento de la productividad agrícola —política fiscal adecuada —amplio y fuerte mercado doméstico —posibilidad de concurrir a los mercados del exterior —regular y seguro abastecimiento de las materias primas necesarias

—educación general y formación de técnicos y de mano de obra calificada, así como un sector empresarial capacitado —higiene y salubridad generales y

—clima político y social que permita la formación de una conciencia colectiva para alcanzar las metas del desarrollo.

3. El incremento de la productividad es, a la vez, consecuencia y condición indispensable del desarrollo económico. La limitación de los recursos hace imperativo el máximo aprovechamiento de todos los recursos materiales y humanos disponibles que intervienen en la producción.

El incremento de nuestra productividad significará, por lo que hace al mercado interno, poner a disposición del consumidor artículos más baratos, de mejor calidad y en condiciones cada vez más favorables para la población y, en especial, para los sectores de bajos ingresos. Por lo que hace a nuestro comercio exterior, el aumento de la productividad es el único medio de habilitar a la industria y a la agricultura mexicanas para concurrir a los mercados internacionales.

 

VI. EMPLEO

 

1. El crecimiento explosivo de la población aumenta la tasa de dependencia por hombre ocupado, consume recursos en detrimento del ahorro y de la inversión y frena el ritmo de elevación de los niveles de vida.

2. El principal objetivo del desarrollo económico de México debe consistir en la creación de suficiente número de empleos para absorber el crecimiento de la población económicamente activa y disminuir el volumen ce subocupación y desocupación.

3. El Estado deberá alentar prioritariamente las inversiones en aquellas actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo en que se hace un uso intensivo de la mano de obra en relación al capital invertido. Igualmente habrá de adoptar medidas que eviten el encarecimiento del factor trabajo en relación al capital y propicien el uso de tecnologías que permitan la creación de empleos sin poner en peligro la competitividad internacional de nuestro país.

 

VII. SECTOR AGROPECUARIO

 

1. El progreso de la agricultura es un requisito indispensable para el desarrollo de una economía moderna industrializada y diversificada. Para que la economía nacional se siga desenvolviendo a ritmo acelerado y en forma sana y equilibrada se requiere, pues, de un aumento constante de la producción y de la productividad agrícolas.

2. Las metas del desarrollo agropecuario son: la alimentación de la población nacional, la mejoría del bienestar del campesino, el suministro de materias primas para la industria y la exportación de excedentes que coadyuven al equilibrio de la balanza comercial y aumente las reservas monetarias.

3. Las soluciones propuestas por la Revolución en 1915 son actualmente insuficientes a la vista de la expansión demográfica y del adelanto técnico de la agricultura. La Reforma Agraria no puede circunscribirse al fraccionamiento de los latifundios ni desembocar en el callejón sin salida del minifundio. Se requiere una visión integral del problema que abarque las necesidades de la educación, de la técnica y del crédito rurales.

4. La Revolución Mexicana ha creado un régimen de propiedad agraria que reviste tres formas fundamentales: el ejido que es la propiedad de los núcleos de población, la pequeña propiedad particular y la propiedad comunal de las poblaciones indígenas. Estas tres formas de tenencia de la tierra deberán reorganizarse según las exigencias de la moderna técnica agrícola y de las características de cada región.

5. Aunque el ejido propició la movilización social, abrió el país a importantes fuerzas innovadoras y estableció las bases de nuestra estabilidad política, se ha debatido entre fórmulas contradictorias de parcelamiento individual o de explotación comunal y se ha enfrentado también a ineficiencias educativas y técnicas, al caciquismo y otros vicios del carácter político, impidiendo el trabajo del campesino en el orden y la libertad.

6. La pequeña propiedad agrícola ha sido la fórmula más dinámica y productiva del campo mexicano. Se ha organizado en general con un sentido moderno y técnico que responde a los estímulos progresistas del beneficio individual y ha constituido la columna vertebral de la economía agrícola, por lo que debe brindársele plena seguridad jurídica.

7. Es preciso hacer productivo el ejido y encontrar formas de asociación y de cooperación de ejidatarios y pequeños agricultores y de éstos entre sí. La necesidad de tecnificar el campo y de ampliar las unidades de explotación para hacerlas económicamente costeables, debe orientar la nueva política agraria hacia formas de agrupación cooperativa y hacia asociaciones de diversos tipos con los pequeños propietarios, para crear unidades modernas de explotación rural. En tanto no se llegue a la formación de empresas agropecuarias capaces de alcanzar altas metas de producción y productividad, el campo no podrá cumplir las metas que exige el desarrollo económico nacional.

8. El nuevo planteamiento de la problemática agraria nacional, cuya esencia es la organización de empresas privadas, ejidales y mixtas, exige la modificación y restructuración del aparato gubernativo correspondiente, la coordinación o unificación de las diversas instituciones estatales vinculadas con la política agropecuaria y la formulación de leyes laborales que protejan el trabajo asalariado y la ampliación general de la seguridad social.

9. Para solucionar los problemas del campo son requisitos indispensables que se formule una clara definición de lo que es el ejido en sus diferentes modalidades, se determinen los derechos y obligaciones de los ejidatarios y se reconozca la estabilidad y personalidad jurídicas de los ejidos para que puedan ser sujetos de crédito.

10. La iniciativa privada reconoce con beneplácito la existencia de grupos solidarios ejidales o sea aquellos que, perteneciendo a una comunidad ejidal, han probado su capacidad para trabajar como entidad productiva permanente y eficiente, constituyéndose de hecho en sujetos potenciales de crédito. Es necesario que las autoridades agrarias reconozcan jurídicamente su existencia, promuevan la creación de nuevos grupos solidarios y los apoyen y avalen para que puedan obtener préstamos del sistema bancario privado.

11. Son también necesarios para este mismo propósito, la prosecución de la política de riego, la educación y capacitación técnica del campesino; el otorgamiento de crédito suficiente y oportuno; el desarrollo de técnicas adecuadas de cultivo, la utilización de semillas mejoradas, maquinaria, fertilizantes e insecticidas; y el establecimiento de sistemas eficaces para la compra, almacenamiento y distribución de los productos del campo, procurando eludir en todos los casos los riesgos de la burocratización.

12. Se deben tomar las medidas procedentes para hacer productivas aquellas tierras que se encuentran abandonadas, cualquiera que sea su régimen de propiedad o posesión.

 

VIII. INDUSTRIA

 

1. La expansión industrial de México requiere, además de los requisitos que se han señalado como condiciones para el desarrollo económico en general, la adopción de una política fiscal, crediticia, comercial y educativa; así como una infraestructura económica tendiente al fomento de nuestra industrialización.

2. Es necesario proteger la industria nacional en contra de la competencia privilegiada de productos provenientes del exterior. Esta protección sin embargo, no se justificará cuando se trate de empresas ineficientes y constituya un sacrificio exagerado y costoso para el pueblo mexicano o un obstáculo para el desenvolvimiento de otras actividades industriales. Es aconsejable, por consiguiente, la reducción paulatina de los márgenes de protección según las características propias de cada rama industrial.

2. Debe proseguir la política de sustitución de importaciones a fin de que el país pueda producir muchos de los bienes de capital que en la actualidad importa; para ello deberá alentarse la creación de industrias básicas seleccionándose aquéllas en las que México tenga ventajas comparativas y disponibilidad de recursos materiales, humanos y técnicos. Las plantas productoras de bienes de capital deberán orientarse no sólo a la satisfacción de las necesidades del mercado interno sino al aprovechamiento de las oportunidades que brindan los mercados internacionales.

3. Como política fundamental de industrialización, México precisa aumentar la productividad, abatir los costos e incrementar la competitividad. Sin embargo, deberá darse especial atención a aquellas industrias que utilicen materias primas nacionales, para permitir una mayor integración económica. Es también aconsejable fomentar la producción de las materias primas utilizadas por la industria nacional, a fin de asegurar su abastecimiento.

4. Es imprescindible que prosiga con vigor la política de desarrollo regional y de industrialización de las diferentes zonas del país donde haya recursos naturales y humanos suficientes.

Para que haya descentralización industrial, el Estado deberá construir obras de infraestructura racionalmente localizadas; otorgar estímulos fiscales y crediticios a dichas zonas y propiciar la formación de empresarios en la provincia y su asociación con capitales mexicanos provenientes de las zonas más desarrolladas.

5. La integración económica latinoamericana es el camino más seguro y fácil para lograr una industrialización sana, ya que permitirá ampliar los mercados, someter a nuestros productores a una competencia más generalizada con países de similar grado de desarrollo y sustituir importaciones a nivel zonal. Deberá procurarse que el proceso de integración se acelere y reoriente hacia una verdadera complementación industrial, que se proponga no solamente el fomento del comercio intrazonal, sino promover la creación de empresas destinadas a abastecer el mercado de la zona, evitar la duplicación de las inversiones y operar con plantas de tamaño óptimo.

 

IX. COMERCIO

 

1. El fortalecimiento o expansión de nuestro mercado interno es un supuesto básico de nuestro crecimiento económico. Será necesaria la acción conjunta y coordinada del Estado y de los empresarios, para la ampliación de dicho mercado y para acometer como objetivos concretos e inmediatos, la promoción del mercado rural, la conquista de los mercados fronterizos y la extensión de la función distributiva a todas las capas sociales, y en especial, a las más necesitadas.

2. La proliferación de tiendas federales y estatales, además de constituir intervencionismo nocivo e improvisación onerosa, duplica innecesariamente los canales de distribución y representa una competencia desleal.

3. Con el objeto de facilitar tanto el libre tránsito, como la más eficiente distribución en todo el país de la producción nacional, es indispensable la supresión de las alcabalas y demás trabas establecidas en algunas entidades federativas.

4. El establecimiento ce centros comerciales en la frontera constituye una de las formas de conquistar y conservar ese mercado y vincularlo con el resto del país. Requiere también del establecimiento de consorcios de abastecimiento de la zona fronteriza norte, que cuenten con estímulos fiscales similares a los que tienen los dedicados a la exportación.

5. En materia de comercio exterior, se proclama la necesidad de que nuestra economía se oriente cada vez más hacia los mercados internacionales. Las exportaciones mexicanas, principalmente de manufacturas, deben crecer a un ritmo acelerado, con el objeto de cerrar la brecha de la balanza comercial, dar al país los medios de pago suficientes para realizar las importaciones de bienes de capital necesarios para su desarrollo y mantener la estabilidad cambiaria; para ello el gobierno deberá seguir impulsándolas a través de exenciones de impuestos y prestación de servicios y asistencia técnica. Esta ayuda gubernamental deberá equipararse a la otorgada por los principales países competidores. Una especial atención debe darse a la di versificación de productos y mercados de exportación.

6. Para hacer más eficiente nuestro aparato exportador es preciso que se robustezcan las empresas de comercio exterior que, agrupando a los productores, permiten el abatimiento de costos, pueden emprender campañas promotoras de gran aliento y formar equipos humanos especializados en la exportación. Estas empresas deberán gozar de estímulos fiscales diferenciales y del apoyo gubernamental.

7. Requisito indispensable del aumento de nuestras ventas al exterior debe ser una política portuaria que comprenda tanto la construcción de instalaciones adecuadas, como la reorganización y eficiente administración de los puertos.

8. Debe fomentarse la expansión de la marina mercante mexicana, ya que constituye un valioso instrumento de apoyo para nuestro comercio exterior; con este objeto se le deben otorgar los apoyos, estímulos fiscales y facilidades con que otros países favorecen a sus marinas mercantes, a fin de que pueda operar en igualdad de condiciones en el tráfico internacional.

9. México debe pugnar, en concierto con los demás países en desarrollo y a través de los organismos internacionales o de los convenios y medidas que procedan, por la adopción de una política que le permita aprovechar las ventajas de un comercio internacional más amplio y diversificado, obtener precios justos y remuneradores por nuestras materias primas, evitar el deterioro en nuestros términos de intercambio y facilitar el acceso de nuestros productos semielaborados o manufacturados a los mercados mundiales.

 

X. TURISMO

 

1. El turismo es una de las actividades a la que el país debe conceder máxima atención para acelerar su desarrollo económico, ya que genera mayor número de plazas de trabajo por unidad de capital invertido y constituye uno de los campos más promisorios de desenvolvimiento para atraer divisas extranjeras y reducir el déficit de la balanza comercial.

Precisamente por su carácter prioritario, el objetivo de promover las inversiones en turismo debe armonizarse con la política tendiente a favorecer las comunidades ejidales o las cooperativas y a acelerar un proceso de mexicanización.

2. Se considera imprescindible, por lo tanto, que se den alicientes suficientes a las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en actividades turísticas; se facilite y se dé seguridad jurídica a la propiedad de las tierras que requieran para el establecimiento de sus negociaciones o para la formación de urbanizaciones de carácter turístico. En los casos de las franjas costeras y fronterizas en que los extranjeros quedan excluidos de la propiedad de bienes raíces, se estima de gran importancia el que se amplíen los plazos de reversión de los fideicomisos de tal manera que se permita no sólo la amortización del capital, sino se amplíen las expectativas de utilidades en el futuro a largo plazo.

3. Debe mantenerse una campaña constante de apoyo al turismo interno para propiciar la integración cultural y para desviar en lo posible la creciente corriente de turistas mexicanos al extranjero.

4. Para favorecer el turismo masivo del exterior, y por encima de prejuicios o intereses creados, es urgente autorizar y facilitar la organización de grupos "charter" terrestres, marítimos y aéreos.

 

XI. FINANCIAMIENTO

 

A) Política fiscal

1. Para sanear las prácticas tributarias se requiere una eficaz educación de los causantes y de los empleados de la administración pública, respecto de las obligaciones y derechos en la materia.

2. Es preciso que la política fiscal establezca las condiciones necesarias para que los estados y municipios puedan realizar sus funciones en la forma más adecuada posible e influir en el desarrollo económico regional. Para ello es indispensable que abarque, en forma armónica y equilibrada, a todos los niveles del gobierno: municipal, estatal y federal.

B) Ahorro e inversión

1. Para disponer de suficientes recursos de inversión, habrá de propiciarse y mantenerse un clima de confianza entre los inversores y deberá alentarse por todos los medios la formación creciente de ahorros voluntarios, por lo que se hace indispensable la adopción de una política de estabilidad de precios, compatible con el mantenimiento de altas tasas de desarrollo y otorgar a los ahorradores la seguridad absoluta respecto a la propiedad y disponibilidad de sus fondos, así como tasas de interés atractivas que le permitan lograr una capitalización real.

2. Deberá procurarse la diversificación del mercado de valores, fortaleciendo al de títulos de renta variable. Para lograrlo, el gobierno deberá apoyar el desarrollo de la Bolsa de Valores y alentar el registro de las empresas en la Bolsa por medio de un tratamiento fiscal diferencial; igualmente, deberá inducirse a los ahorradores para que acudan en mayor medida, al mercado accionario concediéndoles ventajas fiscales y haciéndoles más atractiva esta inversión.

3. Debe promoverse, de acuerdo con nuestra legislación la inversión directa del capital extranjero. En aquellos casos en que el capital mexicano sea insuficiente o no haya ninguna otra posibilidad económica de adquisición de tecnología, podrá aceptarse la inversión extranjera mayoritaria cuando se trate de una empresa indispensable para el desarrollo económico nacional en los términos de las leyes vigentes. Es necesaria la formación de empresas multinacionales de capital latinoamericano, al cual, en todos los casos, habrá de dársele tratamiento de capital nacional.

4. Salvo en el caso de necesidades sociales inaplazables, los créditos provenientes del exterior deben invertirse en actividades susceptibles de producir un rendimiento que asegure el servicio de los intereses y el pago oportuno de la deuda contraída.

5. Para fortalecer el mercado interno, aprovechar nuestra capacidad productiva y obtener el máximo beneficio de los créditos exteriores es de primordial importancia la eliminación de trabas para la obtención de tales créditos y la proscripción, hasta donde sea posible, de créditos atados que obliguen a invertir la totalidad, o una parte importante de los mismos, en la adquisición de artículos procedentes de los países que los otorguen.

C) Presupuesto y gasto público

1. El presupuesto de egresos del Gobierno Federal deberá reflejar, en lo posible, las exigencias reales y los gastos del Estado en el ejercicio que corresponde. De la misma manera deberá tenderse a la eliminación de partidas genéricas en el presupuesto para evitar la discrecionalidad en los gastos y para propiciar la planeación y racionalización de las inversiones gubernamentales.

2. Para mantener la estabilidad de precios y evitar la inflación es preciso que el gasto público se financie fundamentalmente con recursos retirados de la circulación, ya sea a través de impuestos o de empréstitos voluntarios.

3. Es una práctica inflacionaria que desalienta el ahorro interno, financiar el déficit presupuestal mediante la colocación de valores gubernamentales en el banco central, con la consiguiente emisión de moneda. Igualmente conduce a la inflación y resta recursos crediticios al sector privado, la práctica de destinar una alta proporción del depósito legal —que la banca central exige al sistema nacional bancario— al financiamiento del déficit presupuestal y a inversiones que compiten con las privadas.

4. No debe tampoco recurrirse en forma inmoderada al financiamiento del déficit presupuestal por medio de un creciente endeudamiento externo, ya que éste debe tener por límites la capacidad de pago del país y la posición y tendencia de su balanza de pagos y de su reserva monetaria.

 

 

 

Excélsior. Mayo 8 de 1975.