New York Times Magazine. Septiembre 13 de 1970

La responsabilidad social de los negocios es aumentar sus ganancias.

Cuando oigo a los hombres de negocios hablar elocuentemente acerca de “las responsabilidades sociales de los negocios en un sistema de libre empresa”, recuerdo la frase maravillosa acerca del francés que descubrió a la edad de 70 años que había estado hablando en prosa toda su vida. Los hombres de negocios creen que están defendiendo la libre empresa cuando proclaman que el negocio no se relaciona “solamente” con la ganancia sino también con la promoción de fines "sociales” deseables; que los negocios tienen una “conciencia social”, y toman seriamente sus responsabilidades de proveer empleo, eliminar la discriminación, evitar la polución y cualquier otro lema de la generación contemporánea de reformistas. En efecto ellos están (o estarían, si ellos o alguien más los tomaran en serio) predicando el socialismo puro y sin adulteración. Los hombres de negocios que hablan de este modo son marionetas inconscientes de las fuerzas intelectuales que han estado socavando las bases de una sociedad libre durante estas pasadas décadas.

Las discusiones sobre la “responsabilidad social de los negocios” se destacan por su vaguedad analítica y su falta de rigor. ¿Qué quiere decir que los “negocios tienen responsabilidades”? Sólo las personas pueden tener responsabilidades. Una empresa es una persona artificial y en este sentido puede tener responsabilidades artificiales, pero no se puede decir que “los negocios” como un todo tengan responsabilidades aún en este sentido vago. El primer paso hacia la claridad al examinar la doctrina de la responsabilidad social de los negocios es preguntar precisamente qué implica para quién. Probablemente, los individuos que deben ser responsables son los hombres de negocios, lo que quiere decir los individuos propietarios o los ejecutivos empresariales. La mayor parte de la discusión de la responsabilidad social se dirige a las empresas, de tal manera que en lo que sigue me olvidaré del propietario individual y hablaré de los ejecutivos empresariales.

En un sistema de libre empresa y de propiedad privada un ejecutivo empresarial es un empleado de los propietarios del negocio. Tiene responsabilidad directa ante sus empleadores. Esa responsabilidad consiste en conducir los negocios de acuerdo con los deseos de ellos, que generalmente serán deseos de hacer tanto dinero como sea posible ateniéndose a las reglas básicas de la sociedad, tanto las incorporadas en la ley como las incorporadas en las costumbres éticas. Por supuesto, en algunos casos sus empleadores podrían tener otros objetivos. Un grupo de personas podría establecer una empresa para un propósito altruista (por ejemplo, un hospital, una escuela). El administrador de tal empresa no tendrá la ganancia de dinero como su objetivo sino el prestar ciertos servicios.

En cualquiera de los dos casos, el punto clave es que, en su condición de ejecutivo empresarial, el administrador es el agente de los individuos que son dueños de la empresa o que establecen la institución altruista, y su responsabilidad primaria es ante ellos. Huelga decir que esto no significa que sea fácil juzgar hasta dónde él está desempeñando bien su tarea. Pero por lo menos el criterio de desempeño es directo, y las personas entre quienes existe un arreglo contractual voluntario son definidas con claridad.

Desde luego, el ejecutivo empresarial es una persona por derecho propio. Como persona, puede tener muchas otras responsabilidades que reconoce o asume voluntariamente (con su familia, su conciencia, sus sentimientos de caridad, su iglesia, sus clubes, su ciudad, su país). Puede sentirse obligado por estas responsabilidades a dedicar parte de sus propios ingresos a causas que considera dignas, rehusar trabajar con determinadas empresas, y aún, dejar su trabajo, por ejemplo, para ingresar a las fuerzas armadas de su país. Si queremos, podemos referirnos a algunas de estas responsabilidades como “responsabilidades sociales”. Pero en estos aspectos él está actuando como jefe, no como agente; está gastando su propio dinero, su tiempo o energía, no el dinero, el tiempo o la energía que él ha pactado dedicar al propósito de los dueños de la empresa. Si estas son “responsabilidades sociales”, son las responsabilidades sociales de los individuos, no de los negocios.

¿Qué significa decir que el ejecutivo empresarial tiene una “responsabilidad social” en su condición de hombre de negocios? Si este enunciado no es pura retórica, debería querer decir que él debería actuar de alguna forma que no fuese en interés de sus empleadores. Por ejemplo, él debería abstenerse de incrementar el precio del producto para contribuir al objetivo social de prevenir la inflación, aunque un incremento del precio fuese para el mejor beneficio de la empresa. O que, para reducir la polución ambiental, él tendría que hacer más gastos de los que podría hacer la empresa sin disminuir beneficios o gastar más de lo que exige la ley para contribuir al objetivo social de mejorar el medio ambiente. O que, para contribuir al objetivo social de reducir la pobreza, él tendría que contratar desempleados pobres, a expensas de las ganancias de la empresa, en vez de contratar operarios disponibles mejor calificados. En cada uno de esos casos, el ejecutivo de una empresa estaría gastando el dinero de otra persona para un beneficio social general. Y en la medida en que sus acciones elevan el precio a los clientes, está gastando el dinero de los clientes. Y en la medida en que sus acciones disminuyen los salarios de algunos empleados, está gastando el dinero de ellos.

Los accionistas o los clientes o los empleados podrían separadamente gastar su propio dinero en una acción determinada si quisieran hacerlo así. El ejecutivo ejerce una “responsabilidad social” distinta, en vez de servir como agente de los accionistas o de los clientes o de los empleados, solamente si gasta el dinero de una forma diferente de como ellos lo habrían hecho. Pero si hace esto, por una parte, está imponiendo realmente impuestos y, por otra, está decidiendo cómo se ha de gastar el producto de los impuestos.

Este proceso suscita preguntas políticas en dos niveles: en el nivel de los principios y en el nivel de las consecuencias En el nivel de los principios políticos, la imposición de impuestos y el gasto del producto de los impuestos son funciones gubernamentales. Hemos establecido elaboradas disposiciones constitucionales, parlamentarias y judiciales para controlar estas funciones, para asegurar que los impuestos se establezcan en lo posible de acuerdo con las preferencias y deseos del público (después de todo, uno de los gritos de batalla de la Revolución Americana fue “tributación sin representación”.) Tenemos un sistema de verificación y balances para separar la función legislativa de imponer impuestos y de aprobar gastos, de la función ejecutiva de cobrar los impuestos y administrar programas de gastos, y de la función judicial de mediar en las disputas y de interpretar la ley.

Aquí el hombre de negocios (seleccionado o nombrado directa o indirectamente por los accionistas) tendrá que ser simultáneamente legislador, ejecutivo y jurista. Él tendrá que decidir a quién gravar, cuánto y con qué finalidad, y tendrá que gastar las utilidades (todo esto guiado solamente por exhortaciones generales de lo alto para frenar la inflación, mejorar el medio ambiente, luchar contra la pobreza, etc., etc.).

Toda la justificación para permitir que el ejecutivo empresarial sea seleccionado por los accionistas es que el ejecutivo sea un agente que sirva los intereses de su jefe. Esta justificación desaparece cuando el ejecutivo empresarial impone impuestos y gasta las ganancias para “fines sociales”. Se convierte en efecto en un empleado público, un funcionario público, aunque nominalmente sigue siendo un empleado de una empresa privada. Con fundamento en el principio político, es intolerable que tales empleados públicos (en cuanto sus acciones en nombre de la responsabilidad social sean reales y no sólo una apariencia) sean seleccionados como se hace ahora. Si van a ser empleados públicos, entonces deberían ser seleccionados a través de un proceso político. Si han de imponer impuestos y hacer gastos para favorecer objetivos "sociales", entonces ha de montarse una maquinaria política para guiar la evaluación de impuestos y determinar, a través de un proceso político, los objetivos que se van a cumplir.

Esta es la razón básica de por qué la doctrina de la “responsabilidad social” involucra la aceptación del punto de vista socialista de que son los mecanismos políticos, y no los mecanismos del mercado, la manera apropiada para determinar la asignación de recursos escasos para usos alternativos.

En el terreno de las consecuencias, ¿puede un ejecutivo empresarial desembarazarse de hecho de sus supuestas “responsabilidades sociales’? Por una parte, supongamos que él pudiera gastar impunemente el dinero de los accionistas o de los clientes o de los empleados. ¿Cómo va a saber él cómo gastarlo? Se le dice que debe contribuir a la lucha contra la inflación. ¿Cómo va a saber él qué acción suya contribuirá con ese fin? Se supone que él es un experto en administrar su compañía (en fabricar un producto o venderlo o financiarlo). Pero en el proceso de su selección nada hubo que hiciera de él un experto en inflación. ¿Bajar el precio de su producto reducirá la presión inflacionaria? ¿O acaso al dejar más poder de gasto en las manos de sus clientes, simplemente lo desviará otra parte? ¿O el forzarlo a producir menos debido al precio más bajo contribuirá sin más a la escasez? Aunque él pudiera responder estas preguntas, ¿cuál es la proporción del costo que él podría imponer justificadamente a sus accionistas, clientes y empleados en vista de ese fin social? ¿Cuál es su participación adecuada y cuál es la participación adecuada de otros?

Y quiéralo él o no lo quiera, ¿podría continuar gastando impunemente el dinero de sus accionistas, sus clientes o empleados? ¿No lo despedirían sus accionistas? (Ya sea los de ahora o aquellos que tomen el poder cuando sus actos en nombre de la responsabilidad social hayan reducido las ganancias de la empresa y el precio de las acciones. Sus clientes y sus empleados pueden abandonarlo por otros productores y empleadores menos escrupulosos en el ejercicio de sus responsabilidades sociales.

Esta faceta de la doctrina de la “responsabilidad social” resalta con claridad total cuando los sindicatos usan la doctrina para justificar la restricción de los salarios. El conflicto de intereses queda desnudo y claro cuando a los dirigentes sindicales se les pide que subordinen el interés de sus miembros del sindicato a algún fin social más general. Si los dirigentes tratan de hacer cumplir la restricción de los salarios, es probable que las consecuencias sean huelgas ilegales, revueltas de las masas y el surgimiento de fuertes competidores por sus trabajos. Así tenemos el fenómeno irónico de que los líderes sindicales (por lo menos en Estados Unidos) han objetado la interferencia del gobierno con el mercado mucho de manera mucho más consistente y valerosa que los líderes de los negocios.

La dificultad de ejercer la “responsabilidad social” ilustra, desde luego, la gran virtud de la empresa privada competitiva: obliga a las personas a ser responsables de sus acciones y hace difícil que exploten a otras personas con fines egoístas o altruistas. Pueden hacer el bien (pero solo a costa de sí mismas).

Muchos lectores que han seguido la discusión hasta aquí pueden sentir la tentación de protestar, diciendo que está muy bien decir que el gobierno tiene la responsabilidad de imponer impuestos y determinar los desembolsos para fines sociales tales como controlar la polución o entrenar a desempleados que se resisten al cambio, pero que los problemas son demasiado urgentes para esperar el curso lento de los procesos políticos, que el ejercicio de la responsabilidad social de parte de los hombres de negocios es un modo más rápido y más seguro para resolver los apremiantes problemas actuales.

Fuera de la cuestión de hecho (comparto el escepticismo de Adam Smith acerca de los beneficios que se pueden esperar de “aquellos que aparecían dedicándose al comercio por el bien público”), este argumento debe ser rechazado por principio. En el fondo, tal argumento viene a decir que quienes favorecen los impuestos y erogaciones en cuestión no han logrado persuadir a una mayoría de sus conciudadanos para que sean del mismo parecer y que ellos buscan lograr por procedimientos no democráticos lo que no pueden lograr por procedimientos democráticos. En una sociedad libre, es difícil que las personas “buenas’ hagan “el bien”, pero ese es un pequeño precio que hay que pagar para hacer difícil que personas “malas” hagan el “mal”, especialmente si el bien de una persona es el mal de otra.

Para no complicar las cosas me he concentrado sólo en el caso especial del ejecutivo empresarial, excepto cuando hice la breve digresión sobre sindicatos. Pero precisamente el mismo argumento se aplica al fenómeno más nuevo de urgir a los accionistas para que exijan a las empresas el ejercicio de la responsabilidad social (la reciente cruzada de General Motors, por ejemplo). En la mayoría de estos casos, lo que está implicado de hecho es que algunos accionistas están tratando de hacer que otros accionistas (o clientes o empleados) contribuyan contra su voluntad con causas “sociales” favorecidas por los activistas. En la medida en que tienen éxito, están de nuevo imponiendo impuestos y gastando las ganancias.

La situación del propietario individual es algo diferente. Si actúa para reducir las ganancias de su empresa con el fin de ejercer su “responsabilidad social”, está gastando su propio dinero, no el de otra persona. Si desea gastar su dinero en tales fines, ese es su derecho, y no puedo ver alguna objeción que sea válida. En ese proceso, también él puede imponer costos a los empleados y a los clientes. Sin embargo, los efectos secundarios de ese modo de proceder tenderán a ser menores, porque es menos probable que él tenga un poder monopolístico como el que tienen una gran empresa o un sindicato.

Desde luego, en la práctica, la doctrina de la responsabilidad social es frecuentemente un pretexto para acciones que tienen su justificación en razones que no valen para ellas. A modo de ilustración: podría ser de beneficio a largo plazo para una empresa que es la mayor empleadora de una pequeña comunidad el hecho de dedicar recursos para proveer diversión a esa comunidad o para mejorar su gobierno. Eso puede facilitar las cosas para atraer empleados deseables, puede reducir la cuenta de salarios o reducir las pérdidas por robo y sabotaje o tener otros efectos que valen la pena. O puede ser que, dadas la existencia de leyes acerca de la deducibilidad de contribuciones caritativas de la empresa, los accionistas puedan contribuir más a obras de caridad que ellos apoyan, al hacer que la empresa haga las donaciones en vez de hacerlas ellos mismos, puesto que pueden de esa forma contribuir con una cantidad que de otra manera habría sido pagada como impuestos empresariales.

En cada uno de esos casos (y en muchos similares) hay una fuerte tentación de justificar estas acciones como un ejercicio de la “responsabilidad social”. En el presente clima de opinión, con su difundida aversión al “capitalismo”, a las “ganancias” a la “empresa sin alma” etc., esta es una forma para que la empresa genere buena voluntad como un subproducto de gastos que estén enteramente justificados en su propio beneficio. Sería incoherente de parte mía pedir a los ejecutivos empresariales que se abstuvieran de estas ostentaciones hipócritas porque lesionan las bases de una sociedad libre. Eso sería pedirles que ejercieran una “responsabilidad social”. Si nuestras instituciones y las actitudes del público deciden para su propio beneficio disfrazar sus acciones de esta forma, yo no puedo encenderme en indignación para denunciarlos. Al mismo tiempo, puedo expresar mi admiración por aquellos propietarios individuales o dueños de empresas minuciosamente controladas o accionistas de empresas controladas más liberalmente que desdeñan tales tácticas cercanas al fraude.

Censurable o no, el uso del disfraz de la responsabilidad social y las tonterías que influyentes y prestigiosos hombres de negocios dicen en su nombre, claramente causan daño a las bases de una sociedad libre. Muchas veces me ha impresionado el carácter esquizofrénico de muchos hombres de negocios. Son capaces de ser extremadamente perspicaces e inteligentes en asuntos internos de sus negocios. Pero son increíblemente faltos de perspicacia y del todo despistados en asuntos que están por fuera de sus negocios pero que afectan la posible supervivencia de los negocios en general. Esta falta de perspicacia está impresionantemente ejemplificada en el hecho de que muchos hombres de negocios exigen tablas salariales y de precios o controles o políticas de ingresos. No hay nada más eficaz que un control efectivo del gobierno sobre precios y salarios para destruir en un corto tiempo un sistema de mercado y reemplazarlo por un sistema controlado centralmente.

La falta de perspicacia está también ejemplificada en discursos de hombres de negocios sobre la responsabilidad social. Esto puede ganarles prestigio a corto plazo. Pero ayuda a fortalecer el punto de vista ya demasiado generalizado de que la búsqueda de ganancias es malvada e inmoral y debe ser controlada y refrenada por fuerzas externas. Una vez que se adopta este punto de vista, las fuerzas externas que controlan el mercado no serán las conciencias sociales de los ejecutivos dogmatizantes, por muy alto que sea su desarrollo; será la férula de hierro de los burócratas del gobierno. Me parece que, en esto, como en la cuestión de los controles de precios y salarios, los hombres de negocios revelan un impulso suicida.

El principio político que subyace al mecanismo del mercado es la unanimidad. En un mercado libre ideal que se apoya en la propiedad privada, ningún individuo puede obligar a nadie, toda cooperación es voluntaria, todas las partes en tal cooperación se benefician o no tienen por qué participar. No hay valores “sociales”, no hay responsabilidades “sociales” en cualquier otro sentido que no sean los valores y responsabilidades compartidos de los individuos. La sociedad es una reunión de individuos y de los varios grupos que ellos voluntariamente forman.

El principio político que subyace al mecanismo político es la conformidad. El individuo debe servir a un interés social más general (ya sea determinado por una iglesia o un dictador o una mayoría). El individuo puede tener voz y voto en lo que se debe hacer, pero si se toma la decisión en su contra debe someterse. Para algunos es correcto exigir que otros contribuyan a un fin social general, ya sea que estos lo quieran ya sea que no lo quieran. Desafortunadamente, la unanimidad no siempre es factible. Hay muchos aspectos en los cuales la conformidad parece inevitable, así que no veo cómo se puede evitar del todo el uso del mecanismo político.

Pero la doctrina de la “responsabilidad social” tomada seriamente extendería el alcance del mecanismo político a toda la actividad humana. No difiere en filosofía de la doctrina más explícitamente colectivista. Difiere solo en que reconoce que cree que los fines colectivistas se pueden lograr sin medios colectivistas. Por eso, en mi libro Capitalismo y Libertad, la he llamado una “doctrina fundamentalmente subversiva” en una sociedad libre, y he dicho que en tal sociedad, “hay una responsabilidad social de los negocios y sólo una: usar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias con tal de permanecer dentro de las reglas del juego, es decir, de comprometerse en una competencia abierta y libre sin engaño o fraude”.