Sierra de Atoyoc de Álvarez, Gro., a 13 de mayo de 1968

C. Lic. Gustavo Díaz Ordaz.
Presidente de la República.
Palacio Nacional.
México, D. F.

Sr. Presidente:

Un año huyendo por la Sierra de Guerrero hemos cumplido ya. Esta ha sido la única manera de proteger nuestras vidas porque los señores de horca y cuchillo que dominan en este territorio del Estado de Guerrero –apenas a cuatro horas de la Capital de la República- han determinado que paguemos con nuestras vidas el delito de no dejarnos despojar y de no permitir que se ofenda y se despoje a los hombres y a las mujerea más pobres y humildes.

Ha pasado ya un año. Hemos sufrido privaciones y amenazas, calumnias y acechanzas. Pero hemos esperado que en ese año el dolor del pueblo guerrerense moviera a las más altas autoridades a remediar la tragedia que vivimos. Eso no sucedió, y por eso hoy nos dirigimos a usted con esta carta.

Desde que comenzó su gestión, el actual gobierno del Estado se encuentra fuera de la ley. Nadie lo eligió; ni siquiera el partido al que pertenece el señor Abarca Alarcón. Llegó al puesto por un capricho de Donato Miranda Fonseca, que así se hizo gran elector y cómplice de los crímenes que desde hace cinco años se comenten en el Estado.

Ninguna ley autoriza las matanzas de campesinos, y el gobierno del Estado realiza una tras otra. Todos los códigos y leyes de los pueblos civilizados y nuestra propia Constitución condenan a los asesinos y marcan las penas que han de sufrir, pero en Guerrero los peores entre los criminales son escogidos como "guardianes del orden", y el que ha matado más campesinos se le nombra comandante.

Solo unos cuantos hechos, los más graves, de los cometidos por el gobierno de Abarca Alarcón me dispongo a recordarle:

1. Asesinato de once campesinos en Iguala porque denunciaban que el gobernador había sido impuesto contra la voluntad del pueblo.

2. Secuestro y muerte de dos ministros evangélicos por la Policía Judicial y quema de un pueblo por el ejército en la Costa Chica.

3. Encarcelamiento y tortura de indígenas en la región de Tlapa (fueron colgados y se les hizo victimas de quemaduras) por la policía judicial, y municipal, quienes además violaron a las mujeres de los agraviados;

4. Golpizas y encarcelamientos de estudiantes por haber hecho una Huelga contra el rector de la Universidad, Virgilio Gómez Moharro, conocido como enemigo de la organización estudiantil.

5. Matanza de 18 campesinos en Tierra Caliente que se atrevieron a solicitar tierras que acaparan los caciques.

6. Asesinato de los miembros del Comisariado Ejidal de Jaleaca, que se inconformaron con que las compañías madereras acabaran con los montes;

7. Ametrallamiento de los campesinos copreros en Acapulco, muriendo 32 en el acto y otros muchos después. Sólo querían hacer un Congreso para nombrar los dirigentes que ellos mismos escogieran y reclamar 40 millones de pesos que se habían ahorrado por un impuesto que se cobraba por kilogramo de coco. El gobernador y los dirigentes que él había impuesto acordaron negar ambos derechos por la fuerza de las armas. Previamente se aseguraron de que ningún campesino llevara armas. Los grupos de policías de la judicial se colocaron en la azotea del edificio de la organización de los copreros y desde allí dispararon sus fusiles M-1 en descarga cerrada sobre los campesinos cuando estos estaban a punto de entrar. La acción de los judiciales fue completada por los grupos de asesinos traídos de la Costa Chica;

8. En San Luis de la Loma el ejército “fusiló”· a uno de los hermanos Barrera. El hermano del difunto me dijo que ese asesinato lo ordenaron y pagaron las compañías madereras;

9. Puedo relatar con mayor detalle el asesinato colectivo de Atoyac, pues lo presencié personalmente. Los ricos de Atoyac encabezados por Juan García, Rosalino Sotelo, Antonio Divisino, Martín Hernández. Donaciano Luna y el doctor Juan José Becerra aportaron cien mil pesos para hacer la matanza; el gobernador, el procurador de “justicia” y sus grupos de judiciales, y el director de Educación en del Estado, aceptaron la oferta;

Los ricos estaban enojados con el pueblo porque los padres de familia corrieron a la directora de la Escuela Julia Paco Piza, que no dejaba que los propios padres de familia formaran una mesa directiva sino mantenía desde diez años antes a un grupito que le permitía robar a placer. Los niños que no llevaban dinero de cuotas eran regresados a sus casas, porque en esa escuela a lo que les interesaba era el dinero, no la educación de los niños que no llevaban dinero no podían entrar en la escuela, porque a la directora le interesaba el lujo, no la enseñanza. La llave de agua potable era cerrada para que los niños se vieran obligados a comprar agua fresca y los que no tenían dinero sufrían sed, porque en escuela importaba el enriquecimiento ilícito de la profesora, no la salud de los niños.

Muchas cosas más sucedieron, pero cuando los maestros federales nos unimos a los estatales de la región para salvar la escuela estatal, los ricos y el gobernador decidieron mandarnos matar.

Ese día sangriento, triste e inolvidable, en que los asesinos cumplieron sus amenazas, íbamos a hacer un mitin pera defender a un profesor expulsado sin razón alguna. Apenas habíamos llegado a la plaza, los grupos de judiciales comenzaron a rodearnos y en seguida a disparar. Los ricos disparaban desde las azoteas. Salve mi vida gracias a que mujeres y niños me abrazaron para protegerme. — Mientras, los campesinos caían cerca de mí, dos mujeres que llevaban cuchillo, valientemente se arrojaron sobre los M-1 y mataron a cuatro judiciales. Nadie más pudo responder a la artera agresión pues los campesinos no tenían siquiera piedras al alcance de sus manos.

Los asesinos huyeron. El pueblo reclamaba justicia y lo único que consiguió fue los heridos fueran encarcelados.

Desde ese día sigo siendo perseguido por el ejército y por grupos de pistoleros de los ricos. A mí no se me persigue pera apresarme; contra mí hay orden de muerte: así lo han dicho los oficiales del Ejército; los caciques acaudalados pagan 150 mil pesos por mi cabeza. Otros compañeros igualmente amenazados de muerte están conmigo, ocultos en la Sierra.

¿Por qué suceden estas cosas en Guerrero? ¿Por qué centenares, e incluso miles de hogares están enlutados por la "obra constructiva" del gobernador Abarca Alarcón?

Se dice que los guerrerenses somos un pueblo de pistoleros. No es verdad; los pistoleros están de un lado -del de los terratenientes, caciques, gobernantes ladores y sus instrumentos-; las víctimas están del otro lado, amenazados siempre, y seguras de que serán atacadas si levantan la voz. El pistolerismo no es una afición del pueblo guerrerense, es el apoyo de los gobiernos locales que representan a los poderosos reaccionarlos de aquí y del centro.

En el Estado de Guerrero reina el atraso, se dice. Es cierto, y el hecho de que tengamos uno de los centros turísticos más lujosos y prostituidos, hace más visible ese atraso. Y ¿qué han hecho los gobiernos estatales para resolver ese atraso? Ellos se han apoyado -como se apoya Abarca Alarcón- en el terror y la violencia armada para mantener ese atraso, para que nadie se atreva a protestar y a alzar la cabeza en demanda de un poco de justicia y un poco de democracia. Del centro del país no hemos recibido la ayuda que necesitamos; al contrario, a un gobernador arbitrario e impuesto sucede otro peor, también impuesto; a una camarilla asesina, le sigue otra que comete más crímenes. Y todos son avalados por la imposición federal, y cuando los grupos de asesinos no se bastan para atacar al pueblo, son reforzados per el ejército nacional.

No hay en el Estado la más elemental vida democrática. Los ciudadanos no son libres de reunirse, de asociarse de manifestar y de presentar sus demandas. Cuando no es la represión directa la que impide el ejercicio de los derechos, es el ambiente de temor cuidadosamente cultivado el que hace difícil la acción social progresista.

De su gobierno, señor presidente, los guerrerenses hemos esperado ayuda y aliento para el desarrollo social del Estado. Pero ha sido el gobierno de Abarca Alarcón el que ha cometido las peores agresiones contra el pueblo. Ni un solo día este señor deja de hacer alardes de que tiene el apoyo del gobierno federal pare sus tropelías; con frecuencia hace notar que otros gobiernos de Guerrero han caído por una sola de las acciones delictuosas que él ha cometido por decenas, mientras su camarilla se mantiene firme en el poder.

Pero pienso, señor Presidente, que todavía es tiempo de que el gobierno de usted intervenga, y haga que se tomen algunas medidas que mejoren la situación, permitan que el pueblo se organice cívicamente y pueda actuar para encauzar al Estado por un camino progresista. Creemos que lo principal del desarrollo futuro depende, en efecto, del pueblo, pero en las condiciones actuales, bajo esta criminal tiranía no puede manifestarse, está impedido de impulsar el desarrollo sano de las fuerzas del Estado.

En nombre de mis compañeros, de los que junto conmigo sufren persecución y huyen por la Sierra, y de los que en las ciudades se ven obligados a ocultarse para evigar el asesinato, le sugiero las siguientes medidas que está en su mano tomar o impulsar decisivamente:

1. Que el gobernador sea depuesto de su cargo, se la procese y se le encarcele, ya que todas las matanzas las han hecho sus policías.

2. Que sean procesados y encarcelados todos los integrantes de los cuerpos policiacos que han intervenido en las agresiones al pueblo para que respondan de sus crímenes. Que todos los terratenientes, especuladores y explotadores culpables de crímenes sean también sujetos a proceso y encarcelados;

3. Que se dé posibilidad al pueblo para organizarse políticamente; que se le den garantías para formar partidos y grupos políticos y así pueda intervenir en el nombramiento de sus gobernantes. Que el pueblo pueda hacer oír su voz para escoger al próximo gobernador, para formar el Congreso local y los ayuntamientos.

4. Que se respete la vida de los ciudadanos guerrerenses, que las libertades de reunión, de asociación, de prensa y de pensamiento que contiene le Constitución, las llegue a conocer el pueblo de Guerrero. Que no se persiga como hasta hoy el derecho de petición, pues por pedir tierra, educación y libertad se ha matado a los humildes.

5. Que no se secuestre, no se expulse a los maestros que realizan labor social y que sirvan al pueblo, y sí, en cambio, se sancione a quienes no respetan el funcionamiento de las sociedades de alumnos y de padres de familia. Que no se golpee, encarcele o expulse a los estudiantes que tratan de mejorar la educación y se preocupan por los problemas de su pueblo. Que la educación primaria sea gratuita, laica y obligatoria, de acuerdo con la Constitución.

6. Que se dé en libertad a todos los presos que están siendo castigados por hablar en bien del pueblo y por esforzarse por el mejoramiento de la vida de sus compañeros.

7. Que se expulse a las compañías madereras y se indemnice con obras o dinero a los pueblos que han sido perjudicados por la acción de esas compañías.

8. Que se busquen mejores precios al coco, al café, al ajonjolí, al maíz, a los sombreros y demás artesanías de los indígenas, a las hortalizas y a todo lo que siembran los campesinos, para que sus cosechas saquen lo necesario para vivir, para vestirse, curarse y educar a sus a sus hijos.

9. Que sea respetado el derecho de huelga. Que los trabajadores sean libres para formar sus sindicatos independientes del gobierno y de los patrones, y para elegir a sus dirigentes sin intervención oficial alguna. Que se acaben las violaciones al salario mínimo y no haya un solo  trabajador que reciba menos de esa cantidad.

10. Que a los campesinos se les entreguen las tierras que acaparan los ricos; se ha dicho que "ya no hay tierras que repartir"… porque ya se las han repartido entre los acaudalados y políticos convenencieros. En Guerrero existen por lo menos tres grandes latifundios, ampliamente conocidos: el de Guerrero Landa, el de Marquelia y el de San Jerónimo.

11. Que se prohíba tajantemente el uso del Ejército con fines de represión contra el pueblo. Muchas víctimas han caído ya bajo las balas del Ejército, y el instituto armado es cada día más odiado y temido. El Ejército ha sido usado para apoyar a los caciques, a los terratenientes, para aplastar las inquietudes populares. La prohibición no solo debe ser terminante, sino que además deben aplicarse sanciones penales a quienes han cometido esos atentados.

Sr. Presidente:

El país no sabe lo que sucede en Guerrero porque los periódicos se niegan a decir la verdad. Nosotros no nos conformamos con la situación y queremos hacer oír nuestra voz; por eso le dirigimos esta carta.

Somos un grupo de perseguidos, que nunca hemos obrado fuera de la ley ni hemos cometido delito alguno. Yo nunca he robado ni matado. Los delincuentes son los que nos persiguen para asesinarnos. Yo le he asegurado a mi pueblo y a mi madre que no me dejaré matar, ni siquiera apresar porque no soy un delincuente, soy un profesor que ha querido servir a su pueblo y que por eso es perseguido.

Pedimos a usted su intervención para que se haga justicia. No solo para que cese la persecución de que somos víctimas, si no también para que por eso no se produzca más en este Estado, y para que en algo mejoren las condiciones de vida de los guerrerenses.

Resulta evidente que antes de tener una respuesta de usted nos es absolutamente imposible incorporarnos a la vida normal. En tanto que las condiciones cambian nos mantendremos en nuestro refugio de la Sierra de Atoyac de Álvarez que fuera también refugio sagrado de Vicente Guerrero, donde vienen a parar y a salvarse grupos de hombres y mujeres que anhelan justicia y libertad.

Atentamente.

Lucio Cabañas Barrientos

Fuente: Aguayo Quezada Sergio. La Transición en México. Una historia documental 1910- 2010. México. Fondo de Cultura Económica – Colegio de México. 725 pp.