Gustavo Díaz Ordaz

9 de Diciembre de 1964

He tenido mucho gusto en escucharlos; pero al conceder esta entrevista como una verdadera excepción, deseo referirme tanto a las peticiones concretas que ustedes me han formulado como al procedimiento que han utilizado.

No quisiera que esta audiencia, concedida como una excepción, repito, sentara un precedente perjudicial para la buena marcha de la administración pública, pues todo lo que va en contra de ella afecta a nuestro pueblo.

La Constitución General de la República señala en forma precisa, en su artículo octavo, que el derecho de petición debe ejercerse por escrito, y que la obligación del funcionario consiste en dictar un acuerdo, también por escrito, y hacérselo conocer a la brevedad posible al solicitante. No podría ser de otra manera: a la mayor parte de los funcionarios públicos le sería imposible recibir a todas las personas que solicitan una audiencia. Y tampoco sería justo recibir caprichosamente a unos sí y a otros no, porque constituiría una conducta discriminatoria para los mexicanos, ya que no habemos mexicanos de primera, ni mexicanos de segunda, ni mexicanos de tercera: todos somos simple y llanamente mexicanos.

Entonces, si ningún funcionario podría físicamente atender en persona a todos los que se lo solicitan, menos aún el Presidente de la República, cuyas tareas son mayores; que obviamente tiene graves responsabilidades y la necesidad de resolver los asuntos de mayor trascendencia e importancia para el país, tanto nacionales como internacionales.

He querido escucharlos para explicarles lo anterior y decirles que esta audiencia, concedida por excepción, no sentará precedente porque no acostumbraré recibir de primera intención a las comisiones que me lo soliciten. El que lo haga estará sujeto al límite de mi tiempo y a la jerarquización que previamente se haga de los problemas a tratar. El más elemental sentido del orden indica que los asuntos deben conducirse por sus respectivas instancias y reservar la última -cuando ésta exista- hasta que se hayan agotado todas las demás; y no comenzar en sentido inverso, porque tanto el solicitante como la autoridad pierden tiempo.

Lo anterior es por cuanto al procedimiento seguido. Ahora, por lo que respecta a su problema concreto, no deja de ser extraño para la opinión pública -y yo también formo parte de ella porque soy del pueblo como cualquier otro ciudadano- que un problema de esta naturaleza se inicie precisamente cuando los más altos funcionarios del Gobierno están obvia y evidentemente ocupados en hacerse cargo del mando, tomando incluso, algunos de ellos, apenas posesión de sus puestos.

Así, nos extraña la forma en que plantean ustedes su problema, suspendiendo inclusive, según se dice, algunos de los servicios médicos, sin haber tratado previamente no digamos con el nuevo titular de la dependencia respectiva, sino ni siquiera con el oficial mayor -o funcionario equivalente en las instituciones descentralizadas- que son quienes generalmente se avocan a la resolución de los problemas técnicos. Con ninguno de ellos trataron ustedes su problema antes de haber iniciado su movimiento, y esto es a todas luces improcedente.

En tales condiciones, yo he escuchado fuera de los medios oficiales, opiniones en el sentido de que ustedes recurren a las presiones porque les faltan razones. Yo no lo considero así. Creo en su buena fe; y por eso quise escucharlos personalmente, a pesar de que, como ya les he dicho, desde el punto de vista administrativo procedieron inadecuadamente.

En cuanto a su petición de que se obre con justicia, pueden estar seguros de que así se hará. Esto lo estoy exigiendo a todos los funcionarios. En cuantas ocasiones se compruebe la violación de las leyes, siempre se hará justicia y aplicaremos el castigo a quienes resulten responsables, sin tomar en cuenta situaciones o categorías. Nuestro propósito es que los servidores del Estado traten bien al público y sean a su vez bien tratados, porque ambos lo merecen.

Por lo que se refiere a las cuestiones económicas que me plantean, ya con sueldos fijados por ustedes, siento decirles que en lo personal nada les puedo resolver porque, tomando en cuenta lo que ustedes mismos expresan, en el conflicto está involucrada una gran variedad de instituciones con régimen jurídico distinto y con economías diversas que no pueden medirse con un solo rasero. Comprendo que es muy justificado su anhelo de mejoría económica, como lo es el de cualquier ser humano.

Todos los mexicanos tenemos derecho a mejorar, y en eso nos esforzamos, basándonos en los principios de la Revolución Mexicana.

Todos los ciudadanos tienen la oportunidad de mejorar de acuerdo con su aptitud y su esfuerzo.

No me gusta engañar. Considero justo su deseo, pero no sé si se podrá concederles lo que piden, porque no depende de mi voluntad. Las oficinas públicas manejen dinero del pueblo, y éste debe aplicarse escrupulentamente a cubrir las necesidades del propio pueblo, jerarquizándolas para dar preferencia a las más urgentes. Por ello, la petición de ustedes tendrá que ajustarse a las posibilidades económicas de cada una de las dependencias en que prestan sus servicios.

Se hará lo posible para que ustedes mejoren, pero quiero dejar bien claro que no les estoy ofreciendo ni un solo centavo de aumento, mientras no se sepa exactamente con qué recursos cuenta cada una de las instituciones con las que ustedes están en conflicto.

Posiblemente algunas de las dependencias en que ustedes trabajan o en que laboran personas de quienes ustedes dicen ser representantes, no se encuentren en situación económica de responder a las peticiones que les hagan. Son ustedes, en algunos casos, empleados de empleados, como el particular del ISSSTE.

No creo que ni los empleados públicos, ni los obreros, ni los patrones, estén dispuestos a aumentar sus aportaciones sin que se realice un estudio previo de la situación que justifique el incremento en los salarios. En consecuencia, si no es posible elevar los ingresos no les podrán dar mayores sueldos. Tenemos un límite; los gastos están regidos por un presupuesto que aprueba el Congreso de la Unión, que no puede ser modificado a capricho.

Por lo que concierne a las cuestiones técnicas, que a ustedes les parecen obvias, éstas no las puedo resolver porque no soy técnico en la administración o dirección de hospitales. Serán las personas versadas en estos asuntos quienes los decidan, tomando en cuenta no únicamente la mayor comodidad de ustedes sino la mejor atención al enfermo.

Señores:

Es muy fácil y agradable decir que sí, y es muy difícil y desagradable decir que no; pero es más provechoso hablar con absoluta claridad como lo hago en esta ocasión.

Les he expuesto la situación. Los cauces legales están abiertos para que tramiten por ellos su conflicto hacia una resolución acertada para todos. Acérquense a sus directores; plantéenles sus problemas con la altura y en el nivel que es de esperarse de hombres egresados de la Universidad. Para mí será muy satisfactorio poder ayudarlos cuando ustedes ajusten sus procedimientos a las normas establecidas.

Les agradezco mucho su visita. Les ruego que entiendan bien mis palabras; que comprendan que tengo necesidad de dejar mis conceptos bien precisados en beneficio de todos.

Como Presidente de la República debo respetar mi investidura y hacerla respetar; cuidar de los asuntos más graves del país y no de todos los asuntos del país.

Al hablar de la respetabilidad de mi investidura no lo hago con el propósito de ser arrogante, ni insolente, ni soberbio. Ya lo dije cuando tomé posesión de mi cargo: soy un servidor del pueblo, pero debo proceder con orden y sistema para poder servir o mejor.

Comprendo que ustedes consideran su problema como el más importante del país. Es natural, pero yo los invito a reflexionar en lo básico y vital de su tarea, pues de ella depende la salud del pueblo al servicio del cual estamos todos nosotros.