México, D. F., septiembre 23 de 1963.

El general Lázaro Cárdenas durante su gestión como Presidente de la República, del 1° de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940, tuvo siempre una muy honda preocupación por resolver los problemas del campo, con el propósito fundamental de elevar las condiciones de vida de la familia campesina. Por eso, precisamente por eso, repartió en el curso de esos seis años algo más de diecisiete millones de hectáreas entre la población rural. Su interés apasionado por la suerte de nuestros labriegos y por la resolución adecuada, pronta y cabal del problema agrario no ha cesado desde entonces ni por un momento. Así lo advertirá quien lea este folleto que, al servicio de los claros y auténticos ideales de la Revolución Mexicana hoy publica la revista "Cuadernos Americanos" como homenaje a su autor y al pueblo de México.
Jesús Silva Herzog.

ALUMNOS DE LA ESCUELA AGRONOMICA DE CHAPINGO
GENERACION 1961 - 1966:

Agradezco a ustedes la invitación que se sirvieron hacerme para apadrinar su generación y a la vez patentizo mi reconocimiento al C. director de esta H. Institución, por haberme brindado la oportunidad de que les dirija unas palabras en ocasión del tercer año de sus estudios, lo que hago con positivo agrado por tratarse de alumnos de una carrera que está íntimamente ligada a la tierra y a la Reforma Agraria de nuestro país.

Me voy a permitir hacerles un resumen de lo que es de mi conocimiento sobre el problema agrario de México.

Antecedentes históricos

El problema de la tierra fue y sigue siendo el problema fundamental de México. La reiteración continua de esta verdad data de muchos años atrás, propiamente de siglos, y los esfuerzos para iniciar su resolución también vienen de lejos en nuestra historia. Es sin embargo, con el advenimiento de la Revolución Mexicana, que se abren las compuertas para abordar su solución, debiendo reconocer que los logros no han sido suficientes por la naturaleza de las dificultades y de los obstáculos que hay que vencer para dar cabal cumplimiento a la Reforma Agraria.

Es conveniente remitirse, aunque sea en forma somera, a nuestro pasado, aún al más remoto, para examinar el problema medular de la tierra, que nos acompaña en todo el curso de la larga vida mexicana y se proyecta sobre nuestra realidad actual y nuestro porvenir.

En líneas generales conocemos la forma en que los pueblos indígenas tenían organizada la vida económica y social de sus comunidades antes de la colonia, basada esencialmente en la agricultura. Sabemos también, que los antecedentes de nuestro ejido actual, tienen su origen en el antiguo "calpulli" y el "alte petlalli'', cuyo aprovechamiento y usufructo correspondía al individuo, la familia o a la colectividad, según el caso, pero cuyo rasgo común lo determinaba el carácter social de su función, ajeno del todo al que priva en la explotación de la propiedad privada.

Al llegar la conquista y establecer el régimen colonial, todo esto fue trastocado, introduciéndose el sistema de la propiedad feudal, con su larga secuela de atropellos y vasallaje: el acaparamiento y la adjudicación de grandes extensiones territoriales, en provecho de los recién llegados y sus seguidores, y la explotación de la propiedad rural en base a las encomiendas de indígenas, o sea al trabajo esclavista que había de hacer producir las tierras durante siglos enteros. Todo ello bajo las consabidas disposiciones reales sobre sus dominios y las reglas tributarias que permitieron a la Corona española compartir con sus súbditos las abundantes riquezas coloniales, así como al amparo teórico de las Leyes de Indias que los reyes dictaron desde su inoperante lejanía, ante las denuncias y las protestas que hicieron llegar a España clérigos humanistas y funcionarios virreinales, alarmados por la extrema crueldad de los terratenientes hacia los indígenas.

Así se estableció el latifundio y el régimen de la servidumbre y, en éstos, se cimentó al mismo tiempo la semilla del descontento y de la rebeldía que más tarde había de manifestarse en el incontenible movimiento contra el poder colonial, jefatura- do por criollos y mestizos patriotas y la imprescindible y determinante masa campesina, en su mayoría indígena, que en años azarosos de lucha y sacrificios fue recuperando su patria y, a la vez, resquebrajando el eslabón más débil de la organización colonial: la posesión casi exclusiva de la tierra por los españoles y el régimen de la servidumbre.

Como apuntara el eminente historiador don Jesús Silva Herzog en su importante obra El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria. "El problema de la tenencia de la tierra se originó en el curso del siglo XVI y se fue agravando durante los dos siglos siguientes, de tal manera que puede considerarse como una de las causas de las guerras de independencia".

Así vemos que el problema de la tierra, proveedora por medio del trabajo de los bienes indispensables para la vida de toda comunidad, tiene en México antecedentes que se localizan en remotas épocas de nuestra historia.

Los dirigentes mexicanos abordaron, durante las guerras independentistas, la causa agraria, encontrando su más clara y precisa expresión en las conocidas ideas del prócer don José Ma Morelos. Firmemente convencido de que el movimiento contra el poder colonial había de culminar en la independencia, el señor Morelos ligó la lucha emancipadora con la necesidad de elevar las condiciones de vida de las grandes masas indígenas y campesinas, consciente de que era una manera profunda de hacer patria.

Las ideas del señor Morelos cobraron sus verdaderas dimensiones sociales en el Congreso de Chilpancingo, al abogar "por la moderación de la opulencia y de la indigencia" y, para aplicarlas, dispuso que se inutilizaran todas las haciendas grandes cuyas tierras laborables fueran mayores de dos leguas, para que, en justicia y en provecho de la agricultura, los trabajadores del campo pudieran cultivarlas "con libertad en beneficio suyo y del pueblo".

Juristas, clérigos e intelectuales denunciaron, en los albores de la independencia, la precaria situación de indígenas y campesinos y pidieron la distribución de la tierra para lograr el progreso. Entre ellos destacan los más radicales, como don Francisco Severo Maldonado, que redactó un proyecto de Ley Agraria muy avanzada en su tiempo, sosteniendo que "mientras no se adoptare un sistema de reparto de tierras... ni las tierras rendirán jamás todos los productos que puedan dar, ni se conseguirá formar con solidez un buen establecimiento republicano" y añadía, certera y audazmente, que aun con la subdivisión territorial entre un crecido número de ciudadanos "no por eso se logrará establecer una buena democracia sobre bases generalmente reconocidas de convivencia universal y de justicia, mientras se conservare y no tratare de abolirse por medios suaves y pausados el derecho de la propiedad territorial, perpetua, hereditaria y exclusiva".

Ya consumada la independencia, en medio de las contradicciones y las luchas internas en que se debatía la nación mexicana y de la supervivencia de acentuados remanentes coloniales de todo orden, surgían voces y se presentaban hechos que aun cuando fuesen aislados, señalaban la ruta agrarista que, con las modalidades y las limitaciones de la hora, se había de abrir paso en todas las etapas subsecuentes.

Conocidos son los conceptos de don Lorenzo de Zavala pronunciándose porque la propiedad de la tierra cesara de ser monopolizada por las clases privilegiadas. Y pasando a los hechos, cuando fue gobernador del Estado de México, rescató las tierras de que habían sido despojados numerosos pueblos en su entidad, aún a costa de las violentas protestas de los latifundistas, que originaron algunos hechos de sangre. Verdaderamente notable fue la ley de marzo de 1833, inspirada por él, en la que se fundamentó la nacionalización de grandes extensiones de tierra para entregarlas a los campesinos con la sola condición de que pagasen una renta anual, equivalente al 5% del valor de la propiedad, para destinarla a la educación pública, a carreteras, acueductos y canales, convirtiéndose virtualmente don Lorenzo de Zavala, en el precursor de la Reforma Agraria avanzada, como también lo fue de las taxativas al ausentismo al decretar la ocupación de grandes propiedades territoriales de extranjeros que vivían fuera de la naciente república.

Asimismo, es necesario citar el pensamiento y la obra del patricio mexicano don José Ma Luis Mora, que cubre el período en que la concentración de la tierra en manos de la Iglesia se hizo sentir con agudeza, estorbando el desarrollo de la nación. Los perjuicios sociales y económicos que ocasionaba el latifundismo, en general, y las grandes posesiones territoriales de la Iglesia, en particular, fueron ampliamente percibidos y enunciados por aquel ilustre reformador.

La importante obra del doctor Mora, constituye el antecedente más valioso de las leyes de desamortización y nacionalización de los bienes del clero, expedidas un cuarto de siglo más tarde.

El malestar que experimentaban los hombres de estudio de esos días respecto al problema de la tierra, lo sentían en carne propia los campesinos de México y no faltaron movimientos, no por esporádicos carentes de importancia y significación, que reunieran a miles de peones armados para luchar por ella a mediados del siglo pasado, revelando a través de sus proclamas la clara conciencia que tenían de sus reivindicaciones agrarias.

Sin embargo, las instancias para que se realizara un cambio en el sistema latifundista no tuvieron en la práctica ningún efecto durante todo el período anterior a la Reforma. Agotado el país por guerras intestinas y desgarramientos territoriales, el acento natural de la época se situaba en otros problemas urgentes que requerían solución para el restablecimiento de la paz y para estructurarlo y organizarlo institucionalmente.

El tema de la redistribución de la tierra resurgió con toda su fuerza entre los hombres de la Reforma. Y en el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 se oyeron voces como la de don Ponciano Arriaga, don José Castillo Velasco y de don Isidoro Olvera, presentando vívidamente la situación de pobreza y abandono extremos en que se encontraba la inmensa mayoría de nuestra población, así como el raquitismo económico que ocasionaba la concentración de la propiedad territorial en pocas manos.

Don Ponciano Arriaga, con clara visión revolucionaria, expresó una verdad de todos los tiempos: que un pueblo no puede ser libre, por justas y atinadas que sean las leyes que se promulguen, sin que se transforme el sistema económico, en tal forma que redima de la miseria y de la ignorancia al pueblo. Al atribuir la falta de esta libertad esencial al hecho de que pocos individuos poseyeran inmensos latifundios improductivos, que podrían alimentar a millones de personas, asentaba así su tesis:

"La casta privilegiada, la que monopoliza la riqueza territorial, la que hace el agio con el sudor de sus sirvientes, ha de tener el poder y la influencia en todos los asuntos políticos y civiles, o es preciso, indefectiblemente, que llegue la reforma, que se hagan pedazos las restricciones y lazos de la servidumbre feudal; que caigan todos los monopolios y despotismos..."

Los constituyentes señores Castillo Velasco y Olvera, interesados en los problemas económicos nacionales, insistían en que se incorporara a las leyes liberales la ingente cuestión agraria y presentaron proyectos de leyes y de adiciones especiales a las mismas, en el sentido de que los pueblos debieran contar con terrenos suficientes para el uso común de los vecinos y conjurar así el peligro que significaba para la paz pública la subsistencia de latifundios, con el consecuente descuido de la explotación de los recursos naturales, señalando que el origen de las grandes propiedades rurales era la usurpación de las tierras de los indígenas que, además de provocar la ruina de éstos, se habían creado en grave perjuicio para la agricultura, la industria y el comercio.

Conforme el descontento de los campesinos tomaba caracteres violentos en aislados brotes de desesperación, el pensamiento agrarista se hacía más radical, como se refleja fielmente en los escritos de don Justo Sierra, en la segunda mitad del siglo pasado. El señor Sierra señaló la voracidad de los terratenientes, herederos de todos los vicios y excesos de los encomenderos, y supo describir con descarnado realismo la dramática situación en que vivían los peones. Reclamaba que se les dieran tierras aunque para ello hubiera que condicionar el derecho de propiedad privada al de la sociedad, para hacer uso de la expropiación por causa de utilidad pública, sin indemnización previa, llegando a sostener que era la única forma de dar solución al problema de la tierra.

Para esa época, hace cerca de cien años, esta tesis de don Justo Sierra se distinguía merecidamente por muy avanzada. Para los terratenientes y conservadores no podía ser más disolvente.

Las leyes de colonización y de baldíos, como es sabido, tuvieron el efecto de propiciar una mayor concentración de la propiedad territorial mediante la acción de las tristemente célebres compañías deslindadoras que, bajo la protección oficial y representando intereses de reducidos grupos de personas que frecuentemente ni siquiera conocían sus amplias posesiones, llegaron a ''deslindar" más de treinta millones de hectáreas que iban a dar a manos de las clases privilegiadas, con el consecuente despojo arbitrario e ilegal de numerosos campesinos propietarios de pequeñas extensiones.

A principios de siglo, el progreso que proclamaba la dictadura sólo alcanzaba a los que vivían de la explotación feudal de la tierra y de los peones y a ciertas capas de la población urbana que se beneficiaban con los negocios públicos y privados de la oligarquía de entonces, y con los que se hacían al influjo de las inversiones extranjeras que, indiscriminadamente, empezaban a invadir el país y a ejercer supremacía en las industrias fundamentales, coadyuvando a dar la engañosa impresión de una prosperidad que, en último análisis, entrañaba un mayor empobrecimiento de México. Todo esto se sustentaba en la exhaustiva explotación de un pueblo depauperado, que alimentaba un sordo, profundo sentimiento de rebeldía y en una clase media preocupada y consciente de los caóticos rumbos que tomaba el país, de la que surgieron varios precursores de la revolución. Estos difundieron en sus escritos, desde las postrimerías del siglo pasado, los problemas políticos, económicos y sociales que agotaban a la república, señalando la urgencia de una renovación.

El programa del partido liberal y las luchas de los obreros de Cananea y Río Blanco, así como la rebeldía de los yaquis de Sonora, los mayas de Yucatán y Quintana Roo, fueron los antecedentes sociales más destacados de la época prerrevolucionaria.

Al formularse el Plan de San Luis, que inspirara el mártir de la Revolución Mexicana, don Francisco I. Madero, al lanzarse a la lucha, se habló con claridad del problema agrario y de la restitución de tierras, en el sentido de que los indígenas que hubiesen sido despojados por el abuso en la aplicación de la ley de baldíos, fuesen restituidos e indemnizados por los perjuicios sufridos.

Y a medida que la lucha revolucionaria se desarrollaba y se hacían más claros sus objetivos, se iban precisando las demandas de los campesinos, entre ellas las que enuncia el Plan de Ayala, con la claridad que exigían las circunstancias y que, con el tiempo, se había de convertir, con don Emiliano Zapata, en la bandera de las reivindicaciones agrarias.

Con la misma tendencia general que los anteriores, otros propósitos y programas aprobados o esbozados en el curso de la azarosa lucha revolucionaria, fueron subrayando la importancia primordial del problema agrario, siendo los generales Emiliano Zapata y Lucio Blanco los primeros jefes en rubricar conjuntamente con sus compañeros y confirmar de inmediato con los hechos, su disposición de restituir y distribuir tierras en Ixcamilpa Guerrero, del Estado de Puebla, y en la hacienda de "Los Borregos", del Estado de Tamaulipas, en 1912 y 1913, respectivamente.

Es sin embargo, en 1917, con la promulgación de la Constitución Política que nos rige, que adquiere la Revolución Mexicana su contenido eminentemente social, al abrir los cauces para la práctica legal de sus postulados.

El señor Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, auspició la realización del Congreso Constituyente, comprendiendo que ante la profunda transformación que se operaba y que tanta sangre y sacrificios costara al pueblo mexicano, se hacía imprescindible que una gran asamblea deliberante resumiera el pensamiento de las distintas corrientes revolucionarias en cuanto a los principios básicos en que la lucha se inspiraba y se tradujeran en preceptos constitucionales que les dieran vigencia.

Además del señor Carranza, merecen debido reconocimiento los delegados que hicieron posible la promulgación de las reformas constitucionales, cuya letra y espíritu recogieron las justas exigencias nacionales y sociales.

La Reforma Agraria

Para ustedes, jóvenes y maestros, es conocida la importancia del contenido del artículo 27 de nuestra Constitución, que recoge postulados fundamentales de la Revolución Mexicana y las formas generales de su aplicación, para obtener la total reivindicación nacional de los recursos naturales y su aprovechamiento en función de una justa distribución de la riqueza pública, ocupando en este orden un lugar primordial la solución del problema agrario.

El derecho originario de la nación sobre las tierras y las aguas dentro de los límites del territorio nacional, el de trasmitir el dominio de ellas a los particulares para constituir la propiedad privada, el concomitante de poder imponer a ésta las modalidades que dicte el interés público, incluyendo la expropiación por causa de utilidad pública, y el derecho inalienable e imprescriptible que la nación tiene sobre los recursos del subsuelo y de los mares territoriales, todo ello estatuye una doctrina cuya aplicación dinámica ofrece la perspectiva del desarrollo independiente del país, dentro de la organización de una sociedad con derecho a disfrutar plenamente de los bienes materiales y culturales que el pueblo mexicano produce con su trabajo y a su continua superación intelectual, técnica y científica.

Al iniciarse la etapa constructiva, los gobiernos emanados de la revolución hubieron de luchar contra innumerables obstáculos, destacando los que interponían las fuerzas domésticas y exteriores del campo enemigo para frustrar la incipiente obra revolucionaria, especialmente la Reforma Agraria. A pesar de aquéllos, la Reforma Agraria se fue desenvolviendo hasta constituir el más sólido pilar del régimen de la Revolución Mexicana.

Los distintos gobiernos revolucionarios que se sucedieron, estimularon el reparto agrario en base a las disposiciones reglamentarias, que fueron cobrando perfiles definidos en cuanto a las formas de explotación agrícola.

Las obras de irrigación, la construcción de carreteras, la creación del sistema crediticio para la agricultura, iban definiendo la decisión de abordar el problema agrario en su integridad, y pese a las persistentes dificultades políticas y económicas que experimentaban los gobiernos de la revolución para llevar adelante la Reforma Agraria, a la natural inexperiencia en cuanto a su aplicación, la falta de técnicos y a lamentables casos de deshonestidad en el manejo de los fondos públicos destinados a la obra agraria, se abrió paso una tarea trascendental para el avance general del país.

En el marco de la acción agraria se fueron definiendo dos tendencias principales: la que favorecía el sistema de dotación parcelaria y la explotación de la pequeña propiedad, sin ignorar al ejido de tradición colectivista; y la que, sin invalidar las primeras formas de posesión y aprovechamiento de la tierra, ponía mayor énfasis en el desarrollo moderno del sistema ejidal colectivo.

Abierto el campo a una fructífera discusión, en la que los voceros gubernamentales alternaban con elementos ajenos a toda posición oficial, se dilucidaron a la luz pública los múltiples aspectos que presentaba el complejo problema agrario. Las masas campesinas organizadas, así como juristas, intelectuales y especialistas en la materia, ahondaron con libertad en la manera de acrecentar la producción agrícola y, simultáneamente, de hacer justicia al trabajador del campo.

Ello propició la elaboración del primer Plan Sexenal de Gobierno, en el que la cuestión agraria cobró singular jerarquía. En él se asentaba textualmente:

"... el ideal agrario contenido en el Artículo 27 de la Constitución General de la República seguirá siendo el eje de las cuestiones sociales mexicanas, mientras no se hayan logrado satisfacer, en toda su integridad, las necesidades de tierras y aguas de todos los campesinos del país". Así, el gobierno de la república contrajo el compromiso específicamente enunciado en el Plan Sexenal, de seguir dotando de tierras y aguas a todos los núcleos de población que carecieran de ellas y el de continuar fraccionando los latifundios para satisfacer aquellas necesidades. E interpretando las ideas que privaban entre el campesinado y que hacían sentir su influencia en las esferas oficiales, en el Plan Sexenal se añadía que "llevada a cabo la repartición de la tierra, se debe buscar la mejor forma de alcanzar el aumento de la producción agrícola, mediante la conveniente organización de los ejidatarios y los agricultores, la introducción de los cultivos más adecuados, las rotaciones y cambios aconsejables, la selección de semillas, la industrialización de los productos del campo, el empleo de maquinaria, el uso de fertilizantes, el aprovechamiento integral, comercial e industrial de todos los productos y subproductos de la tierra, la creación de institutos, laboratorios y granjas experimentales, el desarrollo del crédito agrícola en beneficio real de los ejidatarios y agricultores en pequeño".

Con este compromiso y con la convicción más firme de que en su cumplimiento y en el respeto a las disposiciones legales el país encontraría la ruta de su desenvolvimiento económico y social en beneficio de la nación, se continuó el reparto agrario que iniciaran los gobiernos revolucionarios que precedieron al período 1934-40, tomando en consideración las características peculiares de nuestro medio rural, en el que operan condiciones físicas disímiles y, por lo tanto, contrastados niveles de fertilidad, posibilidades de riego, formas y métodos de producción y una correspondiente desigualdad social entre la propia población campesina.

Además, tomando en cuenta la experiencia secular de nuestras masas campesinas y en el estudio de la realidad que imperaba en el campo, que se distinguía por la persistente concentración de la propiedad de las mejores tierras en pocas manos, por un pronunciado atraso técnico en los métodos de explotación agrícola y el consecuente raquitismo en la capacidad general de producción, incidiendo desfavorablemente para el país y sobre las condiciones sociales de las grandes mayorías rurales, se llegó a la conclusión de que en el sistema de tenencia de la tierra y en la organización moderna de su usufructo, radicaba el principal problema, haciéndose necesario intensificar la restitución y la dotación de tierras.

Para modificar la situación a fondo, se requería ubicar el problema en la afectación de los latifundios que, en cumplimiento de la ley y del compromiso reiterado en el Plan Sexenal, habían de ser fraccionados, terminando con su ilegal existencia. Así se hizo en los latifundios en producción agrícola, con la convicción de que una de las acepciones de la Reforma Agraria Integral la constituía precisamente el reparto de grandes extensiones territoriales cuyos cultivos tuvieran una naturaleza que hiciera posible su rápida transformación al sistema ejidal de explotación colectiva, y así subrayar la tendencia de afectar ante todo las tierras fértiles de los nuevos o viejos latifundios, ahorrando a los campesinos múltiples dificultades y frustraciones.

Esta política de dotaciones de tierras en latifundios en producción agrícola permitió que se hiciera justicia a decenas de miles de campesinos y sus familias en Sonora, Baja California, Coahuila y Durango, Yucatán, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro y otras zonas, en las que, bajo una planeación minuciosa, obtuvieron el pleno usufructo de la tierra, así como la facultad de manejar la producción en todo su proceso, sin intervenciones e ingerencias de otros elementos ajenos al campesinado, y fijando concretamente como indispensable la intervención inmediata de las instituciones de crédito oficiales y de los órganos locales y nacionales de poder público para que orientaran, estimularan y ayudaran a los campesinos organizados en todo el proceso y en la venta de sus productos, atendiendo los problemas que surgieran para su consecuente resolución.

No fue un experimento, como suelen presentarlo algunos elementos que desconocen los antecedentes y las realidades, sino el producto de estudios y de una planeación precisa que las jóvenes generaciones pueden consultar, para su información, sobre la forma de aplicación de la Reforma Agraria en sus capítulos más señalados, durante la vigencia del Plan Sexenal, elaborado por hombres de la revolución y hombres de estudio conocedores del problema y con la representación de auténticos campesinos.

La reivindicación de cuatrocientas mil hectáreas que fueron restituidas a las Comunidades Indígenas Yaquis, se hizo como un acto de justicia largamente esperado, y después de una lucha de muchos años que costó a la nación grandes sacrificios humanos y recursos económicos para sostener una guerra por demás injusta. Se integraron las Comunidades Indígenas Yaquis para la producción agrícola y ganadera, facilitándoles el riego y estimulando la creación de nuevos centros de población y velando por su mejoramiento general, con la introducción, además, de la educación escolar y medidas de salubridad e higiene que redundaran en la elevación de sus formas de vida.

Obra también del régimen de la revolución fue la cancelación de las concesiones madereras a compañías extranjeras y mexicanas en los bosques de 400 000 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Indígenas de Michoacán, y cuyas concesiones se expidieron contra la voluntad de las propias comunidades. Estas concesiones provocaron levantamientos armados en la Meseta Tarasca, en 1913, que culminaron con el paro de las explotaciones madereras al expulsar a las compañías detentadoras de sus intereses comunales.

Y es nuestra convicción que, de haberse llevado a cabo el cambio planificado del régimen de la propiedad en aquellos lugares hasta sus últimas consecuencias, habría contribuido a demostrar, en un lapso relativamente breve, las ventajas que se derivan del sistema ejidal colectivo en relación con las otras formas de explotación agrícola, como principal proveedor de productos alimenticios para una población creciente e importante abastecedor de materias primas y productos semielaborados para nuestra industria y para los mercados internacionales, redundando todo ello en beneficio del país, tanto en la esfera de la economía agrícola y la de los campesinos, como para el sano y coordinado desarrollo de la industria nacional y de otras ramas de la actividad mercantil en base a la elevación de la capacidad de consumo de las grandes mayorías, rurales y urbanas.

Sin disminuir la importancia que pueden tener por ahora la auténtica pequeña propiedad y el régimen parcelario en la producción agrícola, es obvio que el sistema ejidal bien organizado y honestamente administrado tiene ventajas que auguran su implantación extensiva, constituyéndose en el factor que en mayor escala impulsa la agricultura. Las facilidades crediticias, la mecanización y la modernización de los medios y los métodos de explotación para aumentar la producción y el rendimiento, la exclusión de toda ruinosa competencia, la comercialización de las cosechas a precios justos, sin intermediarios ni hipotecas usurarias, todas estas condiciones concurren implícita y paralelamente con el sistema ejidal colectivo y son ajenas a las posibilidades del usufructuario de una parcela y limitadas para una auténtica pequeña propiedad.

Hoy, la necesidad de realizar la Reforma Agraria en todos los países que no han tenido un completo desarrollo, es universalmente reconocida.

México se anticipó en su enunciación, su consagración legal y en su iniciación. Sin embargo, hay un largo camino que recorrer.

Los obstáculos y tergiversaciones

Además de las causas normales que en un país como México limitan una rápida transformación en el campo, entre otras, las que hemos enumerado y que se refieren a las condiciones de nuestro medio físico y social, se han presentado en el curso de los años obstáculos determinados por la insuficiencia de los recursos necesarios, por la defectuosa aplicación de las leyes sobre la materia y por las contrarreformas constitucionales conocidas, que han desvirtuado parcialmente la esencia eminentemente social de la Reforma Agraria, que vienen amenazando la unidad del ejido, mediante la forzosa adjudicación individual de las parcelas con desconocimiento del derecho preferente de la nación, operando contra los intereses de los auténticos campesinos que ven florecer nuevos latifundios que, con los antiguos aún existentes, frenan las posibilidades de acelerar el desarrollo de la economía del campo por la vía del sistema ejidal.

Es ante esta realidad que la Reforma Agraria Integral, a nuestro juicio, cobra dos significados: el que propugna la creación de condiciones capaces de organizar la vida de nuevos centros de población en toda su capacidad de producción agrícola e industrial y contando con todos los servicios sociales y educativos, simultáneamente con la posibilidad de disfrutar del reparto agrario; y el no menos importante, del fraccionamiento integral de los viejos y nuevos latifundios en producción y de todas aquellas tierras que simulan pequeñas propiedades, cultivables sin gran des sacrificios para el erario y para los campesinos carentes de recursos.

Naturalmente, para ello habría que revisar nuevamente las leyes agrarias con criterio social, modificar las que han servido para la reconstitución de latifundios modernos y las que han propiciado la proliferación de numerosas simulaciones de pequeñas propiedades, acogiéndose a las disposiciones sobre inafectabilidades agrarias; leyes ajenas al espíritu de la Reforma Agraria, que permiten una nueva concentración de la propiedad territorial para el usufructo de clases e individuos privilegiados.

Para desconocer la posesión de estos falsos derechos, se tiene el precedente de las Leyes de Reforma, que ante la imposibilidad de comprobar plenamente la simulación de los bienes del clero político por haberse titulado a personas de confianza, se aceptó la suficiencia de la prueba presuncional, calificada judicialmente.

Ante la perspectiva de la continuidad de la transformación agraria, lenta o acelerada pero irreversible, se fundamentó hace veinticinco años la conveniencia de establecer la educación socialista.

En efecto, analizando la trayectoria histórica del país, sobre todo desde el pronunciado avance democrático e institucional alcanzado durante el gobierno del gran patricio don Benito Juárez y, después, con las causas que nutrieron a la Revolución Mexicana y la lógica ruta de ésta en la sociedad contemporánea, se estimó que las nuevas generaciones deberían conocer, desde su niñez, los fundamentos del socialismo. Ello con el objeto de crear conciencia en el pueblo sobre la forma de encauzar al país hacia su inevitable destino histórico. Congruente con los postulados sociales de la Constitución y su interpretación dinámica, la educación socialista, de acuerdo con el texto entonces vigente del artículo 3° de la Constitución, implicaba señalar una meta qué alcanzar, por medios evolutivos, con la preparación de contingentes humanos idóneos y capacitados científicamente para transformar la estructura económica y social del país.

La escuela socialista respetaba los sentimientos religiosos del pueblo y se practicaba la libertad de cultos dentro del acatamiento normal de las leyes. En la actualidad se puede apreciar con mayor claridad que los principios cristianos que inspiran aquellos sentimientos no están en pugna con el socialismo. Tanto en México como en otros países estas dos doctrinas no se excluyen y en algunas partes se enuncian unitariamente y aun se practican simultáneamente, en una compatible militancia.

Nos referimos a lo anterior, al abordar el problema agrario, porque los campesinos están siendo víctimas de prédicas intolerantes, provocando animadversiones y luchas entre hermanos, que no tienen razón de ser, obstruyendo la acción común del pueblo para satisfacer sus necesidades materiales y culturales.

El factor de las creencias religiosas o del pensamiento filosófico de las personas es una cuestión privativa de su conciencia, lo que no impide la unión de los campesinos y de los obreros para la defensa de sus intereses comunes y de las clases populares en su conjunto, en favor de los intereses nacionales, entre los que destaca subrayadamente el logro de la cabal independencia económica de México, sustento irremplazable de su soberanía y de su libertad.

Con frecuencia se escuchan críticas de sectores que tradicionalmente atacan al sistema ejidal, así como de los enemigos de las conquistas sociales de la revolución, que defienden el sistema de la propiedad privada de la tierra en contraposición al derecho a su usufructo. No es de extrañar que a esta campaña concurran elementos que sirvieron al régimen de la revolución, que al lograr una posición económica privilegiada, han olvidado que la disfrutan por el producto del esfuerzo de los campesinos, a los que hoy querrían dejar sin tierras y regresarlos al régimen del latifundio. En vez de confabularse contra la Reforma Agraria deberían preocuparse por participar en la solución de este problema, que es nacional y que levaría la tranquilidad a todo el país.

Las críticas de los que apoyaron con su presencia y sus actos los postulados agrarios sirviendo en las administraciones del régimen de la revolución, sólo se explican en función de la defensa de sus personales intereses, hoy que forman una nueva asociación de financieros que no se conforman con el poder económico de que disfrutan, sino que ambicionan tener en su provecho el poder político.

Para conocer a fondo el problema agrario, enjuiciarlo y actuar con un claro sentido social, es necesario que ustedes, jóvenes estudiantes de agronomía, aprecien las realizaciones alcanzadas y también tengan clara conciencia de las deficiencias que es menester superar. Esta es la mejor forma de conjurar la penetración de ideas regresivas en el tratamiento de las cuestiones del campo y de impulsar la Reforma Agraria.

Reconocemos que ninguna administración ha sido perfecta en la aplicación de la Reforma Agraria, pero es indudable que se ha adelantado en la solución del problema rural y se adelantará más a medida que el régimen de la revolución le siga prestando la consideración a que está obligado para dar cumplimiento a los postulados que la inspiraron, garantizando al campesino lo que justamente le corresponde como factor principal en la producción.

Afortunadamente se cuenta en el país con tierras fértiles suficientes para establecer a todos los campesinos que hoy carecen de dotación, principalmente en los latifundios existentes en las costas del Golfo y del Pacífico, en terrenos nacionales y en las áreas montañosas que conservan humedad y que son propias para el cultivo de frutales.

Se entiende que para resolver integralmente el problema agrario es indispensable un esfuerzo continuado durante varios períodos de gobierno. Desentenderse de la planeación y la acción constante para organizar cuantos ejidos permitan los recursos disponibles anualmente, acusaría irresponsabilidad ante un problema que para el régimen de la revolución es obligatorio resolver.

Problemas y posibles soluciones

El gobierno actual ha reanudado las dotaciones organizando nuevas unidades colectivas agrarias y ganaderas, ha instalado ingenios y fábricas para la industrialización de la producción agrícola ejidal, ha establecido el Seguro Agrícola y Ganadero, nuevos centros de salud, construcciones para la vivienda popular, ha dotado de agua potable a numerosos pueblos, construido escuelas, obras de riego y caminos, que vienen favoreciendo a las comunidades rurales y centros urbanos en diversas zonas del país.

Algunos gobiernos locales han creado ejidos "tipos" que deben completarse hasta su cabal organización; con base en normas jurídicas y administrativas que aseguren su éxito y permanente ejercicio, cuidando que haya continuidad en la obra.

El Ejido de Santa María Nativitas del Estado de México, en el que se agrupó una parte de los campesinos del citado ejido bajo el sistema colectivo de trabajo, se planeó tomando en cuenta lo que pueden obtener en las tierras que poseen y se establecieron simultáneamente, con el apoyo económico y la dirección técnica del gobierno local, industrias pecuarias y artesanías que pueden cubrir sus necesidades durante todo el año.

Pero debe advertirse, ante la presencia de ustedes, jóvenes estudiantes de agronomía, que si no se rodean de las seguridades y garantías necesarias las unidades colectivas que se vienen creando hoy, más tarde serán combatidas y destruidas, como fueron combatidos hasta su desintegración los ejidos colectivos que se formaron durante las administraciones anteriores y para los que no hubo cuidado oficial ni empeño en conservarlos y desarrollarlos bajo una dirección capaz y honesta.

Un ejemplo de ello puede verse en la exhacienda de La Llave, del Estado de Querétaro, con extensión aproximada de 3 000 hectáreas, que se dieron en dotación a varias comunidades, adquiriéndose en conjunto la pequeña propiedad, maquinaria agrícola, equipo de bombeo para la irrigación, así como la finca y demás construcciones de la hacienda, habiéndose establecido el sistema colectivo en lo que fue dicho latifundio. Al afectarse aquella propiedad no disminuyó el cultivo de las tierras que mantenía el hacendado sino que se intesificó con la dirección técnica y el crédito que se impartieron a los campesinos, instalándose servicios de los que carecían las comunidades en los ramos de salubridad y educación, y se creó un internado de enseñanza primaria que a la fecha viene funcionando.

Tocó participar en la dirección técnica y crediticia de la unidad ejidal de La Llave, así como en todas las unidades similares, al hoy C. Secretario de Agricultura y Ganadería, que entonces tenía a su cargo la Gerencia General del Banco Nacional de Crédito Ejidal.

En la actualidad se dispone de mayores elementos económicos para utilizar el personal técnico necesario para la organización integral de los ejidos que hoy viene creando el gobierno de la nación y para reorganizar los que se crearon en administraciones pasadas. Sólo habrá que exigir responsabilidades a los técnicos oficiales y a los comisariados ejidales arando sean causantes de la desorganización del ejido, para que no continúen procediendo impunemente numerosos funcionarios que, anotando adeudos de créditos que no llegaron a recibir los ejidatarios, han provocado la desintegración del ejido. La defensa y la conservación de la unidad ejidal dependería de los propios campesinos si éstos tuvieran una dirección técnica y honesta en el proceso de sus cultivos y que cuidara de hacerles su liquidación después de cada ciclo agrícola. A la fecha, hace años que muchos no conocen el estado de sus cuentas, ya que la mayoría de los ejidatarios no han recibido las carteras que deben expedirles las agencias del banco, en las que se registran las operaciones crediticias. A ello se deben las frecuentes quejas contra una Institución como es el Banco Nacional de Crédito Ejidal, que fue recibido con beneplácito cuando se fundó, por el beneficio que reportaría a las comunidades.

Por lo anterior convendría estudiar si la función del Banco Nacional de Crédito Ejidal debiera concretarse a proporcionar el crédito, dejando a otra dependencia, por ejemplo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la responsabilidad de los créditos y de la dirección de la agricultura ejidal.

Existe también un renglón que afecta gravemente a las comunidades agrarias e indígenas, y como consecuencia de ello a la economía del país. Han salido del fondo ejidal y de los recursos propios de las comunidades, sumas que se elevan a varios cientos de millones de pesos, que las propias comunidades y el público en general ignoran en qué se han invertido. En concreto, no se han empleado en el cultivo de las tierras ni en obras que se les encuentre justificación.

Hay otro caso que precisa apuntar. Al establecerse el Comité del Patrimonio Nacional Ejidal, creado por acuerdo presidencial en 1959, se reglamentó que los fondos que las comunidades agrarias e indígenas depositan en instituciones oficiales, provenientes del producto de sus tierras y sus bosques, les serán devueltos en calidad de préstamo y con intereses; caso insólito, ya que son depósitos propios, para los que el Código Agrario señala normas precisas que autorizan a las comunidades a disponer de ellos. Cumplir con lo que previene el Código Agrario al respecto, evitaría que los depositantes recurrieran al amparo, como ya ha sucedido en algunas comunidades.

Al crearse el Comité del Patrimonio Nacional Ejidal, se entendió que haría operaciones de préstamo a las comunidades, cuando sus depósitos no les fueran suficientes para la realización de obras de beneficio colectivo, pero no que se dispondría de los depósitos de una comunidad para destinarlos a obras de otras comunidades.

Por otra parte, en numerosos ejidos y comunidades indígenas se presentan serios problemas, debido a que no se han fijado con precisión las áreas de cada dotación, ni se han deslindado los terrenos de las comunidades. Y es que al Departamento Agrario le falta presupuesto para personal técnico suficiente que atienda este problema, que es grave en el campo.

Al solucionarse la cuestión de los deslindes, se eliminarán en el seno de las comunidades conflictos que han llegado a culminar en choques violentos con pérdida de vidas. Se evitarán a la vez los encarcelamientos de que son víctimas los campesinos cuando se les acusa de estar invadiendo tierras recibidas ya en dotación; atropellos que no se registrarían si las autoridades que reciben la acusación acuden al Departamento Agrario pidiendo informes antes de proceder en contra de los acusados.

Asimismo, por el presupuesto reducido asignado al Departamento Agrario, éste no dispone de más personal técnico y administrativo para depurar los censos, designar representantes para el cambio de comisariados cuando éstos han cumplido el término de su ejercicio y para tramitar los numerosos expedientes instaurados que tienen retrasada su resolución. Por otra parte, se hace necesario que las comunidades agrarias, desde el momento de recibir su dotación, cuenten con una dirección permanente que las guíe hasta lograr el cultivo intensivo de sus tierras, ayudándoles además a gestionar los recursos económicos en instituciones de crédito, oficiales y privadas, así como a resolver los problemas internos que se les presenten.

Serio problema tiene también el país con la destrucción de sus bosques. Las necesidades domésticas que requieren leña, carbón y madera, se cubren cortando desordenadamente los arbolados, además de las talas que se verifican para cultivos agrícolas en terrenos de fuerte inclinación, cuyos suelos erosiona la precipitación pluvial.

Pero más perjudica a nuestro país la intensa explotación que hacen las empresas madereras y resineras, que no se sujetan a los sistemas que están obligadas a emplear.

Como sabemos, a la población nativa le fueron arrebatadas por los conquistadores las tierras de cultivo que poseía en los valles, remontándose a las montañas boscosas, en donde se defendía de la esclavitud. En las montañas han permanecido sus descendientes viviendo precariamente y, cuando se hace patente el valor comercial de la madera, se presentan los nuevos conquistadores de la riqueza forestal a explotar el único recurso que puede constituir para las comunidades indígenas un patrimonio permanente para su sostenimiento y progreso.

Se ha publicado el número de concesiones madereras que están en vigor, pero la realidad es que el corte es mayor y seguirá aumentando, en tanto no se ajuste a las autorizaciones expedidas. La exportación de madera que se viene haciendo podría evitarse, destinando la explotación forestal al consumo nacional, con lo que se conseguiría conservar los recursos forestales en la proporción necesaria para el desarrollo integral del país.

Las presas construidas para irrigación y generación de energía eléctrica, se van azolvando en mayor grado del que calcularon los técnicos, porque suponían sería más moderada la explotación forestal. Y es que los mexicanos, por ignorancia de lo que representa el árbol en la vida humana, vemos con indiferencia la destrucción de nuestros bosques.

Se ha hablado en varias ocasiones de la nacionalización de los bosques y a esto obedecía la declaración de los nuevos parques nacionales y la reservación de zonas forestales que se señalaron, a iniciativa del ilustre ingeniero don Miguel Ángel de Quevedo, cuando estuvo al frente del Departamento Forestal.

No puede mantenerse intocable la riqueza forestal; debe aprovecharse, sin destruirla. Sin embargo, debemos admitir que resulta difícil reservar las porciones de bosques que se consideran indispensables para no empobrecer más nuestro territorio y sólo podrán conservarse, pasando su explotación bajo la dirección del Estado, responsable de cuidar e incrementar estos recursos.

Las comunidades agrarias e indígenas que poseen la mayoría de los bosques, son en realidad las que menor beneficio obtienen con la explotación resinera y maderera. Y sería de esperar que tanto las propias comunidades como los particulares propietarios de bosques, admitieran por patriotismo y con agrado que todos los bosques llegasen a constituir una unidad del Patrimonio Nacional y no unidades privadas, condicionado a que el Estado les proporcionase la madera necesaria para sus necesidades y que las utilidades de las explotaciones forestales que realice el Estado se empleen precisamente en obras que beneficien a los habitantes de las zonas en que estén situados los bosques.

Considero oportuno citar ante ustedes los conceptos de dos escritores que señalan la importancia del árbol y los graves daños que ocasiona la desforestación:

Alberto Nin Frías en su interesante obra El Culto al Árbol, dice:
"Al estudiar la historia gloriosa, a la vez que triste, de las naciones latinas, me refiero a las que desarrollaron sus vidas en las costas del Mar Mediterráneo, se observa que no fueron tanto las guerras cruentas las que las despojaron de su predominio mundial, como la esterilidad de los terrenos dedicados a la agricultura, debido a la sequía que trajo consigo la tala continua de los árboles. Desde la Capital de España hasta Jerusalem, tanto la historia como la geografía nos señalan la misma enseñanza:  selvas destruidas, comarcas sin lluvias periódicas, montañas sin bosques, montañas sin vida".

Y en la nota preliminar de Benito Carrasco, en la propia obra El Culto al Árbol se lee: "El árbol es por cierto el objeto más noble de la naturaleza inanimada. Necesita desde luego, defensores, porque está, con demasiada frecuencia, amenazado por los hombres insensibles a su belleza, a su utilidad, a sus méritos y que no sienten reparo alguno en destruirlo por fútiles motivos". Numerosas exposiciones se han hecho públicas, recientemente, alrededor de la cuestión rural. Así como hay detractores de la Reforma Agraria, ya señalados anteriormente, múltiples opiniones de elementos revolucionarios, de especialistas en la materia y de escritores y periodistas, se han pronunciado por la solución perentoria del problema de la tierra para lograr un mayor desarrollo económico de México.

La inoperancia económica y social del minifundio, por su debilidad como factor de producción y rendimiento agrícolas; los efectos negativos de la contrarreforma agraria, que ha motivado la reconstitución del latifundio como resultante de una legislación que amplía desproporcionada e ilógicamente la llamada pequeña propiedad; las violaciones a las leyes agrarias favorables a los campesinos; las inmoralidades administrativas y los abusos que se cometen en contra de las comunidades indígenas, los ejidatarios y los auténticos pequeños propietarios, son continuamente denunciados por los defensores de la causa agraria. Y con espíritu revolucionario demandan la aplicación consecuente, acelerada e integral de la Reforma Agraria, como necesidad imprescindible para promover un mayor y más sólido avance en todas las ramas de la economía; insisten certeramente en que mientras la mayoría de nuestra población rural viva en la pobreza, la ignorancia y la insalubridad, el progreso tampoco podrá alcanzar a las demás capas populares que en su gran mayoría viven de ramas de la producción cuya prosperidad depende de un amplio y creciente consumo rural y urbano, y hacen hincapié en sus apreciaciones; en que un progreso que sólo alcanza a minorías, inevitablemente se vuelve deleznable y efímero.

Para resolver la cuestión agraria y otros importantes problemas nacionales, dicen algunos legisladores, la Revolución Mexicana sigue siendo el único camino a seguir por el pueblo mexicano. Sí, decimos, la Revolución Mexicana, pero la revolución planteada en sus verdaderos términos avanzados y aplicada con honrados procedimientos, ya que de otro modo la Revolución Mexicana seguirá frenada por la influencia de la contrarrevolución pacífica, alimentada por elementos de criterio conservador infiltrados en las administraciones del régimen de la revolución.

Por lo tanto, la forma más eficaz que tienen los representantes populares para llevar adelante la Revolución Mexicana, es legislar para reformar o derogar las disposiciones que han detenido el impulso de la Reforma Agraria, ayudando así al propio encargado del Poder Ejecutivo en su acción favorable a los campesinos.

Para terminar, deseo reiterarles que corresponde a ustedes, jóvenes estudiantes, adentrarse, de manera especial, en la cuestión agraria, tan ligada a la profesión para la que se están capacitando, y estudiar a fondo, como lo hacen otros sectores revolucionarios, la conveniencia de revisar profunda y cuidadosamente las leyes agrarias en vigor, para encontrar un mejor planteamiento sobre la cuestión vital de la tenencia de la tierra y, en general, para la eficaz defensa de los intereses de las comunidades campesinas, los distintos sistemas de explotación agrícola, el mejoramiento de los métodos de cultivo, el aprovechamiento de las aguas, la explotación racional de los bosques, la conservación de los suelos, entre otras cosas no menos importantes.

De este examen se desprendería, con toda probabilidad, la necesidad moderna de integrar las actividades agropecuarias al desarrollo regional debidamente planificado, respondiendo a un programa nacional armónico, capaz de promover el aprovechamiento intensivo y racional de los recursos naturales y humanos; todo ello con un claro sentido social, en beneficio del campesino y de la tierra que trabaja para su sustento y con vista a la elevación de las condiciones materiales y culturales del pueblo en su conjunto, en servicio leal a los intereses del país para su desarrollo independiente y el progreso y el bienestar de la nación.

Gracias, jóvenes estudiantes, por su atención dispensada a esta plática.

Lázaro Cárdenas.

México, D. F., 23 de septiembre 1963.