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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1960 La revolución mexicana. Vicente Lombardo Toledano.

Abril 5 de 1960

 

Como resultado del examen de las causas que motivaron la Revolución mexicana, llegué a la conclusión de definir nuestro gran movimiento popular, iniciado en 1910, como una revolución democrática, antifeudal y antimperialista. Este movimiento tuvo tales características sin que hubiera habido un programa que hubiera precisado desde un principio los aspectos de la Revolución.

Algunos historiadores, tanto nacionales como extranjeros, han dicho que la Revolución mexicana fue un movimiento espontáneo, sin ninguna dirección, y que sólo en el curso de su etapa de guerra civil, en el periodo militar del movimiento, fue adquiriendo el sello que en 1917 tendría.

Juzgar así a la Revolución mexicana es privarla de su trascendencia histórica. Por esta razón es muy importante conocer los antecedentes programáticos e ideológicos de nuestro movimiento revolucionario, sobre todo para la generación joven de hoy que no tiene elementos de juicio todavía a su alcance, digno de crédito, para poder orientar su juicio respecto de lo que significa la vida contemporánea de nuestro país.

En nuestro país, hay un hecho que en cierta forma difiere de los métodos empleados en otros pueblos semejantes al nuestro, en el desarrollo de las ideas renovadoras. En México, los planes revolucionarios han desempeñado siempre, desde el movimiento de independencia y aun antes, un papel de verdadera significación, porque contienen un juicio crítico acerca de la situación que quieren corregir y también un programa, una serie de objetivos que el movimiento renovador pretende alcanzar. Examinar, en consecuencia, los planes revolucionarios que prepararon el movimiento de 1910 y también los que surgieron antes de que la Revolución diera a nuestro país una nueva Carta Magna es decisivo para el conocimiento de los atributos del movimiento popular.

El Plan de Iguala consumó la independencia de México. El Plan de Ayutla abrió el camino de la Reforma. El Plan de San Luis Potosí inició la Revolución contra la dictadura porfiriana. Pero el Plan de San Luis ni es el primero, ni es el más rico, ni es el que, en realidad, define de una manera decisiva el movimiento popular mexicano.

Si se examinan los planes revolucionarios del periodo de 1906 y de fines del siglo XIX hasta 1917, se encontrará que cada uno de ellos toca preferentemente algunos aspectos de los problemas de su tiempo. Todos en conjunto nos dan como una síntesis de las partes o de los aspectos análogos del panorama mexicano, el verdadero contenido de las reivindicaciones de carácter popular y de carácter nacional. Por eso hay que tomarlos en su conjunto.

Además, los planes tienen un sello particular cada uno, porque depende de la clase social de los firmantes, de los redactores y, también, de su capacidad para analizar el panorama de nuestro país; de tal suerte que algunos penetran con cierta profundidad en el estudio de los problemas; otros se dedican al análisis de un solo problema particular, y otros sólo tocan los aspectos de carácter general.

Considerando la Revolución mexicana en sus tres aspectos señalados, como revolución democrática, como revolución antifeudal y como revolución antimperialista, el análisis que tenemos que emprender, desde luego, es el que se refiere al conocimiento de la Revolución como un movimiento democrático. Los planes revolucionarios, por su orden cronológico, casi todos tocan este aspecto de las reivindicaciones levantadas por el pueblo.

El programa del Partido Liberal, del primero de julio de 1906, cuyo presidente era Ricardo Flores Magón, contiene estas demandas de tipo político-democrático: reducción del periodo presidencial a cuatro años; supresión de la reelección del presidente y de los gobernadores de los estados; supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de la Guardia Nacional; plena vigencia de los derechos del hombre y de las garantías y derechos de las personas; abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria; multiplicación de las escuelas primarias; supresión de las escuelas confesionales; enseñanza laica en todos los establecimientos educativos del país; enseñanza obligatoria hasta los 14 años de edad; buenos sueldos a los maestros de instrucción primaria; enseñanza de artes y oficios y de instrucción militar en todas las escuelas; supresión de los jefes políticos y fortalecimiento del poder municipal.

Es necesario, para poder valorizar cada uno de estos documentos, no olvidar que la Constitución de 1917 habría de recoger las reivindicaciones en ellos contenidas, porque de otra suerte se pierde la secuencia del proceso ideológico.

El segundo plan de importancia es el Plan de San Luis Potosí, del 5 de octubre de 1910, firmado por Francisco 1. Madero. Las reivindicaciones democráticas son éstas: no reelección del presidente de la República, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales; respeto a la voluntad popular expresada a través del voto de los ciudadanos.

El siguiente plan importante es el plan llamado "Político Social", proclamado por los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal, firmado en la Sierra de Guerrero el 18 de marzo de 1911, entre otros por Gildardo Magaña, Carlos B. Múgica, Jaime Mora, Gabriel Hernández, Francisco y Felipe Fierro. Las reivindicaciones de tipo democrático que encierra son las siguientes: reforma a la ley de imprenta para garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto a las personas; reorganización de los municipios y federalización de la enseñanza.

Otro plan es el Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, conocido con el nombre de Plan de Ayala, del 28 de noviembre de 1911, firmado en esa población por los generales, coroneles y capitanes del ejército insurgente, encabezados por Emiliano Zapata. No contiene reivindicaciones político-democráticas, sino exclusivamente demandas de carácter social.

Sigue el Plan de Santa Rosa, Chihuahua, del día 2 de febrero de 1912, que adiciona el Plan de San Luis Potosí, encabezado por Braulio Hernández. Las reivindicaciones son: reforma de los códigos civiles y penales para la rápida impartición de la justicia; reformas a las leyes electorales para asegurar el respeto al sufragio.

Otro plan es el denominado Pacto de la Empacadora, suscrito por el general Pascual Orozco, Benjamín Argumedo y otros, en Chihuahua también, el 25 de marzo de 1912. Las reivindicaciones de este plan son las siguientes en el terreno político: supresión de la vicepresidencia de la República; supresión del servicio militar obligatorio; los estados de la República organizarán la Guardia Nacional; el Poder Ejecutivo no gozará de facultades extraordinarias para legislar; independencia y autonomía de los ayuntamientos para legislar y administrar sus arbitrios y fondos; supresión de los jefes políticos; creación de los estados de Baja California y Tepic con el objeto de fortalecer el sistema federal del gobierno; incorporación de Quintana Roo y Yucatán con el mismo propósito, y plena vigencia de los derechos humanos.

Viene después el Programa de la Soberana Convención Revolucionaria aprobado en Jojutla, Morelos, el18 de abril de 1916, por los representantes de numerosos jefes revolucionarios de toda la parte central de la República, del sur y del sureste de nuestro territorio. Este documento tiene ya un mayor desarrollo en cuanto a las reivindicaciones de tipo político y democrático. Son éstas: educación laica; establecimiento de escuelas rudimentarias -es la palabra que emplean- en todas las regiones que carecen de escuelas primarias; unificación de la educación teórica a la práctica y a la educación física; fundar escuelas normales en cada estado; emancipar la Universidad Nacional-es la primera petición de autonomía universitaria que yo conozco-; dar preferencia a la enseñanza técnica sobre las llamadas profesiones liberales; reformar el derecho común de acuerdo con las necesidades económicas y sociales del país; suprimir el impuesto llamado personal o de capitación y otras contribuciones semejantes; independencia de los municipios; adoptar el parlamentarismo como forma de gobierno de la República -por cierto que esta demanda no se repite en ninguno de los otros planes revolucionarios-; suprimir la vicepresidencia de la República y las jefaturas políticas; suprimir el Senado porque es una institución aristocrática y conservadora por excelencia; independizar el Poder Judicial; reformar las leyes electorales de todo el país para garantizar el respeto al voto que debe ser directo en todos los casos.

La Revolución, asesinados el presidente de la República y el vicepresidente del gobierno nacional, entra en la etapa de la lucha armada contra el ejército de la dictadura. Entonces las reivindicaciones se aclaran más, se multiplican y se llega al análisis un poco más profundo que en un principio. Por esta razón el Pacto de Torreón -que reforma el Plan de Guadalupe, suscrito en Coahuila, como todos sabemos, por los jefes y oficiales cercanos a don Venustiano Carranza, el gobernador de aquella entidad federativa, a raíz del asesinato de los jefes del gobierno, que era sólo un documento de tipo exclusivamente político para luchar contra el golpe de Estado- queda proclamado entre los representantes de la División del Norte y los representantes de la División del Noreste, es decir, por los hombres de Francisco Villa y por los hombres de Venustiano Carranza.

Ese Pacto de Torreón se firma el 8 de julio de 1914 por los generales Luis Caballero, Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro, José Isabel Robles, el doctor Miguel Silva, Ernesto Meade Fierro, Roque González Garza y Manuel Bonilla. ¿Cuáles son las reivindicaciones de este documento tan importante? Destrucción total del ejército ex federal-así le llaman-; organización del Ejército Constitucionalista, que deberá remplazar al antiguo ejército; implantación en todo México del régimen democrático.

Después, el Plan de Guadalupe se modifica. El propio don Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista, el día 12 de diciembre de 1914 expide una serie de reformas adicionales al Plan de Guadalupe. Y dice: se expedirán y pondrán en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional; organización del Poder Judicial independiente; hacer expedita y efectiva la administración de la justicia; reformar todas las disposiciones que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República incumplida.
Es fácil advertir que las demandas se repiten; éstas de carácter político. Porque no se están formulando como simples deseos o como elucubraciones, aun progresistas, fuera de la realidad. Son demandas que surgen de la necesidad imperiosa de destruir todos los aspectos negativos de la larga dictadura de Porfirio Díaz.

Otro decreto posterior reforma algunos de los artículos del Plan de Guadalupe; pero ya es Carranza en 1916 el que promueve estas reformas cuando, desde el punto de vista militar, la Revolución ha destruido prácticamente al ejército de la dictadura. El decreto está fechado en Palacio Nacional de México, el 14 de septiembre de 1916.
 
Se convoca a un Congreso Constituyente -dice- para reformar la Constitución. El Congreso recibirá el proyecto de Constitución, que comprenda las reformas dictadas por el movimiento revolucionario.

Resumiendo los principios políticos de los planes revolucionarios de 1906 a 1916, durante esta década en que el pueblo mexicano se moviliza como nunca para dar un cambio a la situación económica social y política; resumiendo esos documentos, podríamos decir que la Revolución, como una revolución democrática, aspiraba al logro de las siguientes metas: respeto al sufragio; no reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados; supresión de los jefes políticos; autonomía de los ayuntamientos de los municipios; respeto a los derechos del hombre y del ciudadano; reforma educativa basada en el laicismo y en la unión de la enseñanza teórica y práctica; liquidación del ejército de casta de la dictadura; organización de un ejército surgido del pueblo con tendencia revolucionaria; reformas a toda la legislación existente para ponerla de acuerdo con los ideales de la Revolución y el progreso de México; supresión de los impuestos que recaen sobre las personas como individuos; autonomía del Poder Judicial para que imparta justicia rápida y eficaz sin coacción de ningún otro poder; construcción de un verdadero régimen democrático que haga de todos los ciudadanos factores de igual valor ante las instituciones de la República. Éste es el aspecto de la Revolución como movimiento democrático.

Ahora veamos la Revolución como movimiento antifeudal. Es aquí en donde se acentúa el carácter, la trascendencia y la profundidad de la Revolución mexicana. Los planes, decretos, acuerdos y proclamas que contienen esta aspiración suprema de la destrucción de la estructura económica del país, que había prevalecido durante 400 años, son muy numerosos. Están llenos de ardor, de matices; pero todos ellos de un realismo dramático y de una expresión sobria y certera. En el orden cronológico de los planes ya mencionados, sólo apunto como simples enunciados, como es fácil advertido después, las reivindicaciones de carácter antifeudal. ¿Cuál era la estructura de México y dentro de ella, cuál era lo que podría llamarse la espina dorsal del sistema? Indudablemente el latifundismo constituía esa espina dorsal y el régimen de producción económica era un régimen agrario arcaico, de escasos rendimientos y parcela- do en regiones de autoconsumo. He aquí las reivindicaciones en el orden indicado.

El programa del Partido Liberal: los dueños de tierras están obligados a hacerlas productivas; hay que dar las tierras a quien las pida para trabajadas y sin poder venderlas; se debe crear un banco agrícola para refaccionar a los campesinos pobres. Como se ve, todavía los Flores Magón y sus compañeros de lucha del Partido Liberal no están señalando una reivindicación concreta de la destrucción de las grandes extensiones de tierra, sino que sólo reclaman o exigen que los propietarios de ellas las hagan productivas.

Pero ya en el Plan de San Luis Potosí se dice: restitución de las tierras a sus antiguos poseedores que las hayan perdido por despojo o por leyes o resoluciones injustas. Éste es el sentido más importante del Plan de San Luis, fuera, naturalmente, del desconocimiento de la legitimidad del gobierno y la proclama o el llamamiento al pueblo para que se levantara en contra de la dictadura.

Viene en seguida uno de los planes no sólo famosos en nuestro país, sino que ha trascendido los límites de México: el Plan de Ayala. Reivindica los siguientes sentimientos del pueblo: restitución de tierras a las comunidades campesinas; devolución de las tierras a los poblados que las hubieran perdido a manos de los hacendados, caciques o favorecidos por la tiranía y expropiación de las tierras, montes yaguas para los ejidos, colonias, fundos legales de los pueblos y campos de cultivo. Pero el Plan de Ayala no iba a quedar allí. Su primera gran reforma es la que contiene el Plan de Milpa Alta en el Distrito Federal. Está firmado el 6 de agosto de 1919, entre otros, por los generales Everardo González y M. Palafox: restitución de tierras a las comunidades campesinas; expropiación de todas las tierras de la República, excepto de las propiedades de 50 hectáreas en las zonas que carecen de tierras y de 100 en los estados en que haya abundancia de ellas; se fraccionarán las tierras expropiadas para entregadas a los labradores que se dediquen a la agricultura; cada lote o parcela satisfará ampliamente las necesidades de una familia y no podrá arrendarse, gravarse o venderse antes de 50 años; se fomentarán las colonias de extranjeros expertos en agricultura; una colonia por cada 10 pueblos indígenas, para que aprendan a mejorar sus cultivos; las aguas del territorio nacional deberán dedicarse a irrigar las tierras; se creará un banco nacional agrícola para ayudar sólo a los pequeños agricultores.

Ya el plan de Emiliano Zapata se va ampliando. Y la visión de las necesidades de la agricultura en poder de los campesinos también se va haciendo más concreta y más completa.

El Pacto de la Empacadora tiene también sus reivindicaciones de carácter antifeudal: reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo; repartición de todas las tierras baldías y nacionalizadas; división de las propiedades de los grandes terratenientes; emisión de bonos agrarios o agrícolas.

Después, el programa de la Soberana Convención Revolucionaria va aumentando la claridad del movimiento de las masas rurales y del conjunto de la Revolución: destrucción del latifundismo; crear la pequeña propiedad; dotar de tierras a cada mexicano que las pida, en extensión bastante para las necesidades de una familia; preferencia a los campesinos en la entrega de tierras; creación de bancos agrícolas para dar crédito a los pequeños agricultores; obras de irrigación; plantíos de bosques, caminos y otros trabajos de mejoramiento agrícola; programas para la agricultura; estaciones agrícolas de experimentación. Ya casi entra el movimiento revolucionario en el aspecto de la técnica de la producción del campo.

El Pacto de Torreón tiene un párrafo en el que engloba las reivindicaciones políticas antifeudales, por eso sólo dice: nos proponemos los componentes de la División del Norte y de la División del Noreste emancipar a los campesinos, repartiéndoles las tierras.

Un nuevo plan adicional al Plan de Guadalupe, firmado el 12 de diciembre de 1914, dice: deben expedirse leyes agrarias que favorezcan la creación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras que se les hubieren arrebatado injustamente.

De todas partes, aun sin planes revolucionarios, los comandantes militares, al mismo tiempo gobernadores civiles designados por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, enriquecen la legislación preconstitucional.

El general Cándido Aguilar, comandante militar y gobernador del estado de Veracruz, el 13 de octubre de 1914, crea la Comisión Agraria para aplicar la reforma agraria en esa entidad. El gobernador militar del estado de Tabasco, Luis F. Domínguez, también, el 19 de septiembre de 1914, en su decreto, ordena: las deudas de los peones del campo quedan amortizadas; queda abolido el sistema de la servidumbre endeudada; debe fijarse el salario mínimo para los peones, que baste a sus necesidades; ocho horas de jornada como máximo; los castigos corporales de los peones se castigarán con prisión de seis meses inconmutables. Éste fue un decreto típico de aquella zona del sureste de nuestro país, en donde la esclavitud en la industria de la madera, en la industria del chicle y en las plantaciones era la norma secular.

Y, finalmente, viene el decreto de don Venustiano Carranza, expedido en Veracruz el 6 de enero de 1915. Breve, pero ya resume en sí mismo los tres aspectos fundamentales de lo que más tarde llegaría a ser la reforma agraria: división de los latifundios; restitución de las tierras a las comunidades campesinas; dotación de tierras a costa de las propiedades agrícolas próximas a los poblados rurales.

¿Cuál es el resumen que podemos hacer de estas reivindicaciones antifeudales por lo que toca al régimen de la tenencia de la tierra?

1 ° Debe liquidarse el latifundio. 2° Debe organizarse y aplicarse la reforma agraria. 3° La reforma agraria debe tener dos propósitos fundamentales: la restitución de tierras y la dotación de tierras. 4° La reforma agraria debe comprender también la dotación de agua y el crédito agrícola. 5° Las tierras restituidas o dotadas no podrán arrendarse ni gravarse ni venderse.

Pero la Revolución, como un movimiento antifeudal, no debe reducirse sólo al marco de la lucha contra la concentración de la tierra y a la reforma agraria. La clase obrera vivía en servidumbre también. No en la esclavitud, pero sí en el sometimiento casi con las mismas características que tuvieron las primeras fábricas en los últimos años del virreinato y en la primera mitad del siglo XIX: obrajes insalubres, jornadas inhumanas de trabajo, salarios de hambre, castigos constantes e, incluso, prisiones privadas de los propietarios de las máquinas.

Por esa razón surgen también las reivindicaciones. Estas reivindicaciones aparecen desde el primer momento. El programa del Partido Liberal es quizá, a este respecto, el más completo de todos: jornada de ocho horas; salario mínimo; reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio; los niños menores de 14 años no podrán emplearse; medidas de higiene y de seguridad en los lugares de trabajo; habitaciones higiénicas para los obreros y los trabajadores del campo asalariados; indemnización por accidentes de trabajo; pago del salario en efectivo; supresión de las tiendas de raya; los extranjeros serán siempre minoría en los centros de trabajo; descanso semanal obligatorio.

A la distancia de muchos años parece que estamos escuchando el artículo 123 de la Constitución de 1917. Ahora ya los planes del movimiento armado también presentan o comprenden las reivindicaciones para liberar a la clase obrera de su sometimiento y para otorgarle libertades de que carecía.
El plan de los representantes de Guerrero, Michoacán? etcétera, dice: aumento de los salarios en la ciudad y en el campo; condiciones para fijar los salarios en relación con los rendimientos del capital -esta reivindicación, si se aplicara hoy, resultaría altamente positiva-; jornada de ocho horas; no podrán participar los extranjeros en más de la mitad de los puestos de trabajo en las empresas propiedad de extranjeros; se fijarán rentas justas a los alquileres.

El Pacto de la Empacadora, el plan de Pascual Orozco, también tiene reivindicaciones de este carácter: supresión de las tiendas de raya; pago de los jornales en dinero; reducción de la jornada de trabajo -él decía de 10 horas; es la única reivindicación que se separa del clamor unánime en todos los planes, de ocho horas como jornada máxima-; niños entre 10 y 16 años, jornada de seis horas. También se aparta de la reivindicación, en el sentido de que los niños menores de 14 años no podrán trabajar nunca en ninguna circunstancia. Otra es el aumento de los jornales, armonizando los intereses del capital y del trabajo. Es interesante el plan orozquista, porque es un plan que, a pesar de algunos aspectos positivos, de todos modos significa una división del movimiento revolucionario.

La Soberana Convención Revolucionaria, que en materia de reivindicaciones agrarias es muy avanzada, también en materia obrera tiene algunos puntos dignos de meditación. Pide indemnización en accidentes de trabajo; pensión de retiro para los obreros; reglamentación de las horas de trabajo; higiene y seguridad en los talleres, fábricas y minas; reconocimiento de la personalidad de los sindicatos; reconocimiento del derecho de huelga y del derecho de boicot y abolición de las tiendas de raya. Esta reivindicación ya es mucho más avanzada.

El Pacto de Torreón, como he explicado, sólo menciona las reivindicaciones campesinas en una frase, y así lo hace con las demandas que han de favorecer a la clase obrera. Dice: procurar el bienestar de los obreros.

El decreto del 12 de diciembre de 1914, que adiciona el Plan de Guadalupe, dice: legislar para mejorar la condición de los obreros fabriles, mineros y obreros agrícolas o asalariados del campo. Entonces ya surgen decretos específicos en materia social: el decreto del gobernador de Aguascalientes, del S de agosto de 1914, para crear descansos semanarios; un decreto del gobernador de Chihuahua, del 9 de enero de 1915, que establece el salario mínimo un decreto del general Álvaro Obregón, firmado en Celaya el 9 de enero de 1915, para crear también el salario mínimo; un decreto del gobernador de San Luis Potosí, del 15 de septiembre de 1914, para crear el salario mínimo, y el pacto famoso entre la Casa del Obrero Mundial y el primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, en Veracruz. Este documento es excepcional, porque no se trata de una proclama, no de un plan revolucionario, no de un programa surgido de alguna de las acciones del movimiento popular; tiene la trascendencia de un convenio entre la clase obrera, que comienza a organizarse y el ejército popular, dirigido por don Venustiano Carranza. Pero no sólo se trata de eso. A mi modo de ver, el pacto entre la Casa del Obrero Mundial y el Ejército Constitucionalista representa un viraje ideológico de trascendencia para la clase obrera de nuestro país.

Todos sabemos que los primeros sindicatos obreros organizados fueron el producto de la evolución de las mutualidades a los sindicatos o a las ligas de resistencia. Estas agrupaciones estaban influidas, de una manera vigorosa, por la filosofía social anarcosindicalista. Fueron obreros anarquistas, muchos de ellos españoles llegados a México, los que formaron la Casa del Obrero Mundial. Y en aquellos años, a partir de 1912 en que la Casa del Obrero queda establecida, los lemas, las consignas que expresan la filosofía social anarcosindicalista son: lucha a muerte contra el Estado; lucha abierta contra el orden jurídico burgués; lucha contra las ideas fanáticas, sin base real; es decir, como el nombre o el contenido filológico del término lo demuestra, un régimen social sin orden burgués, sin leyes, sin Estado y sin creencias religiosas.

La Casa del Obrero Mundial, más que un agrupamiento de carácter sindical, era el centro de discusión entre los cuadros que formaban el movimiento obrero para orientar a las masas y conducidas a la lucha, empleando la táctica de la acción directa.

Cuando estalló la Revolución como un movimiento armado, ni la Casa del Obrero Mundial ni los sindicatos obreros querían tener vínculos con el movimiento. Son pleitos entre la burguesía, afirmaban; entre la burguesía en el poder y la burguesía que aspiraba al poder. La clase obrera debe ser neutral. Pero la realidad siempre modifica los conceptos puramente abstractos, que en este caso eran de verdad abstractos, porque era una ideología traspuesta a través de agentes desconocedores de México, desde la península ibérica hasta nuestro territorio. La realidad modificó el pensamiento anarcosindicalista, porque las facciones armadas del movimiento revolucionario llegaban a la ciudad de México, se posesionaban de la capital por algunas semanas, días u horas, y acto seguido entraban otras facciones. Y, en general, la confusión producida por la guerra civil había creado condiciones muy duras para la población que no participaba en la lucha. Faltaban alimentos, faltaban transportes, faltaban medicinas, faltaban sustentos. La vida normal se había deteriorado; se empezaba a vivir en la primera urbe de un país de manera caótica, y la clase obrera perdía, además, los salarios, porque se cerraban los talleres y los centros de producción por falta de materias primas.

Después de discusiones muy prolongadas, la Casa del Obrero Mundial decidió tomar las armas y formar batallones para acelerar la derrota de Francisco Villa. Este hecho representa un paso de la abstención anarcosindicalista a la colaboración de clases, como podría hablar el propio lenguaje de la filosofía del anarquismo. Se firma el pacto en Veracruz, y acto seguido surgen los batallones obreros, que pelean en El Ébano, en Celaya y en otros lugares del país.

¿Qué representa el convenio de la Casa del Obrero Mundial con el Ejército Constitucionalista? El derecho de la clase trabajadora para difundir la doctrina revolucionaria del proletariado y el derecho a formar sindicatos. De este modo, se puede decir que la Revolución como movimiento antifeudal precisa también las demandas de la clase obrera para que ésta sea considerada como una clase social con derecho a agruparse y a dirigirse por sí misma y a participar en la conducción de los intereses públicos.

Pero no se puede reducir a esos dos aspectos solamente la Revolución, como movimiento antífeudal, a la lucha por la tierra, a la pelea contra el latifundismo y al reconocimiento de los derechos de la clase obrera.

El feudalismo, como todo sistema económico de producción, tantos años establecido en México, tenía que producir, como ocurre con toda estructura social que engendra las superestructuras, formas jurídicas, costumbres, hábitos y, también, un conjunto de reglas de carácter moral. El feudalismo en nuestro país no se reducía a la parte material de la vida en el campo o en los centros de trabajo urbanos. El feudalismo había conformado también ya la conciencia de la sociedad, y una de las manifestaciones más importantes de la teoría feudal de la vida eran las relaciones familiares.
Prevalecía en México, apoyada en la vigencia del derecho romano traído desde el siglo XVI por los conquistadores, la concepción feudal de que el único jefe de la familia había de ser el padre, el varón. La mujer no tenía derecho a participar en la patria potestad de los hijos. Éstos, en consecuencia, dependían jurídica, social y moralmente, ante la sociedad mexicana, del jefe varón de la familia. La mujer no sólo carecía de la patria potestad sobre sus hijos, sino que no podía comerciar sin el permiso del marido; no podía educarse sin el permiso del marido; no podía realizar acciones públicas sin permiso de la autoridad familiar. La mujer era una víctima de la concepción feudal de la vida, exactamente como los campesinos, los siervos de la gleba y los trabajadores de los obrajes y de las fábricas.

Por eso, también brotan en los planes revolucionarios que he comentado ya las reivindicaciones de carácter antifeudal relativas a las relaciones humanas. Se establece en la etapa preconstitucional, por un decreto, el divorcio, que no existía en nuestra legislación. El matrimonio era un pacto sagrado, eterno, intocable, cualesquiera que fuesen las relaciones entre los cónyuges. Inspirándose en la tradición de las Leyes de Reforma, la Revolución mexicana decreta el establecimiento del divorcio, estimando el matrimonio como un contrato de carácter civil; otorga a la mujer la patria potestad de los hijos, exactamente igual que al marido, y reconoce a los hijos legítimos y no legítimos los mismos derechos. De esta manera se libera a los niños de la marca infamante de que disfrutaban, permítase me el término, en aquella sociedad influida tanto por los prejuicios religiosos como por la concepción feudal de la existencia.

Más tarde, una ley de relaciones familiares, también dictada en la etapa preconstitucional, habría de darle forma a todas estas manifestaciones o exigencias de las costumbres, de las leyes y de las normas de la vida mexicana. Y tras de ellas, proyectos de reformas al Código Civil, al Código Penal y al Código de Comercio. Éstos son los tres aspectos principales de la Revolución mexicana como revolución antifeudal.

Ahora veamos los aspectos principales de la Revolución mexicana como una revolución antimperialista. Es comprensible que sobre este aspecto las reivindicaciones de los planes revolucionarios no hubieran sido tan precisas como tratándose de las demandas de orden democrático o de las demandas de carácter antifeudal. Pero en muchos de los planes surgen atisbos, si se quiere, de lo que después sería toda una concepción filosófica, jurídica y política de la nación mexicana, como entidad que se defiende ante el extranjero. Los puntos principales que contienen las reivindicaciones de los planes revolucionarios son: el dominio de la nación mexicana sobre las tierras, aguas, bosques y riquezas del subsuelo; los extranjeros serán considerados como mexicanos en los negocios que establezcan en el país; no se pueden realizar transacciones comerciales con terrenos en cuya entraña se encuentren yacimientos petrolíferos sin la autorización especial del gobierno. Éste es un decreto del gobernador de Veracruz, Cándido Aguilar, del 3 de agosto de 1914, y también tiene una importancia extraordinaria, como el pacto de la Casa del Obrero Mundial con el Ejército Constitucionalista, porque la historia del petróleo en México está llena de sangre, de vergüenza e ignominia, como la lucha por esa riqueza natural en casi todos los países coloniales y semicoloniales de África y de Asia.

Eran los años más agudos de la lucha armada. Las compañías petroleras con aquel Doheny, ligado a la Standard Oil Company, y sus numerosos agentes creyeron que había llegado la oportunidad de hacerse dueños de toda la zona petrolífera del estado de Veracruz, de la Huasteca potosina y de la Huasteca tamaulipeca: asesinato de los campesinos dueños del terreno, corrupción de las autoridades, cohecho a todas ellas y, finalmente, la organización de un ejército propio, de un ejército verdadero, comandado por un traidor a México, el llamado general Manuel Peláez, que protegía las maniobras de las empresas extranjeras.

Por eso el decreto del gobernador de Veracruz, Cándido Aguilar, ya va apuntando la intervención del Estado en materia de la industria del petróleo. También sobre estas reivindicaciones antirnperialistas se apunta la idea de la nacionalización de los ferrocarriles nacionales y la necesidad de formar técnicos en las empresas de extranjeros para remplazarlos por mexicanos.

Con este rico patrimonio político, representado por los planes revolucionarios, se llega al Congreso Constituyente de Querétaro de los años 1916 y 1917. Ésta es una asamblea histórica no sólo porque le da a México una nueva Carta Magna, sino porque no es ya el Congreso Constituyente de 1857. Aquél fue una asamblea liberal dividida en dos alas: los liberales puros -como se llamaban los ortodoxos, los intransigentes, los apasionados, partidarios del progreso y de las luces- y el sector de los liberales moderados, timoratos y vacilantes. Por eso la Constitución de 1857 no aprobó la separación de la Iglesia y el Estado con todas sus consecuencias económicas, sociales y políticas. Por esa razón fue necesario que la lucha, la guerra de Reforma y la intervención extranjera polarizaran todavía más los dos bandos del combate, para que los liberales moderados del Congreso Constituyente de 1856 y 1857 se desbandaran, los unos incorporándose en la fracción de los liberales puros, y los otros yéndose a su casa y retirándose de la vida política.

El Congreso Constituyente de Querétaro no repitió, y no podía hacerlo tampoco, esa composición de la Asamblea. El Congreso de Querétaro estaba dividido, pero entre liberales progresistas y liberales que casi llegaban al socialismo, según su propia caracterización. El "casi llegar" al socialismo, claro, era una frase nada más, porque no se llega "casi al socialismo" como no se llega "casi" a ninguna ideología; o se llega o no se llega. Además, no se podía hablar de socialismo cuando se reiteraba la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica y del cambio. Sin embargo, lo importante en el Congreso Constituyente de Querétaro es que murió históricamente el pensamiento liberal. ¿Por qué murió históricamente el pensamiento liberal mexicano? Porque la filosofía liberal se basa en el individuo, en la persona física como base y objeto de las instituciones sociales; en cambio, este liberalismo renovado, progresista, muy avanzado de la Asamblea de Querétaro invierte los términos. En 1857 se dijo: primero la persona, después la familia, después la nación. En Querétaro, en 1917, se dijo: primero la nación, después el individuo.
 
Liquidado el pensamiento liberal que hacía del Estado una fuerza vigilante sólo de las transacciones entre los particulares, la nueva Carta Magna le da al Estado una importancia interesantísima, muy grande, como factor directo de la economía nacional. Muere también el pensamiento liberal porque muere el concepto romano de la propiedad. El derecho de usar, disponer y abusar de la propiedad sin límite ninguno; el famoso derecho romano, que hacía de la propiedad privada la base de todas las instituciones, desaparece en Querétaro. Y la propiedad es concebida ya como un fin social y no como un privilegio privado. Además, muere el liberalismo, porque la reforma agraria representa un paso de enorme trascendencia no sólo en la concepción filosófica del derecho, sino también en la concepción económica y en el pensamiento relativo a las relaciones sociales. La tierra, las aguas, las riquezas naturales del territorio pertenecen a la nación, que tiene el dominio y siempre lo ha tenido sobre todas ellas.

La reforma agraria representa un paso de gran significación porque no se trata sólo de devolver las tierras arrebatadas a las comunidades campesinas, rectificando las Leyes de Reforma del periodo de la guerra de Reforma que, para hacer entrar los bienes de la Iglesia en el mercado nacional, no sólo privaron de personalidad jurídica a todas las corporaciones, sino que se considera que la dotación de las tierras a los campesinos ha de ser dotación colectiva y no individual. En otros términos, no son demandas personales las que ha de atender el poder público, sino demandas colectivas, porque son las colectividades rurales las únicas que tienen el derecho de reclamar la tierra, aun cuando una vez recibidas, por razones de trabajo, se dividan los ejidos en unidades individuales.

Pero una modalidad trascendental tiene especialmente la reforma agraria mexicana: la entrega de la tierra no en propiedad, sino usufructo. Hasta hoyes la única legislación con esa característica en todo el mundo capitalista. No propiedad, sino usufructo. Disfrute perpetuo de la tierra, transferible por herencia, pero no propiedad privada de la tierra. Éste es, a mi modo de ver, uno de los pasos más importantes de la Revolución antifeudal de México. Porque si la reforma agraria, restituyendo las tierras arrebatadas a los pueblos, dotando a las comunidades rurales de tierra, hubiera establecido el principio de la propiedad de la tierra que los campesinos iban a recibir, en pocos años se habrían vuelto a reconstruir los grandes latifundios, y la tierra mejor de México hubiera pasado a poder de los extranjeros.

Pero, además, el Congreso Constituyente de Querétaro enriquece los derechos humanos. Desde la Constitución de 1812; desde los proyectos, principios o elementos constitucionales de Zitácuaro; desde la Constitución de Apatzingán de 1814; desde entonces, el principio central que campea en las normas constitucionales iniciales de la República es el de que la soberanía de la nación radica en el pueblo. Ése es un concepto de la Revolución democrático-burguesa de Francia, iniciada en 1789, que se ha de convertir en norma universal, en principio filosófico del derecho moderno. Y, consecuentemente, los derechos del hombre y del ciudadano han de transformarse en el objetivo de las normas constitucionales en todos los países que realizan la revolución antifeudal.

Pero el Congreso Constituyente de Querétaro, al lado de las garantías individuales, crea otras: las garantías sociales. Ya no es el concepto individualista el que priva; ahora hay que agregar a los derechos individuales los derechos colectivos contenidos en los artículos 27 y 123. Éstos fueron los principales aspectos de la Asamblea de Querétaro, y ése fue el contenido principal de la nueva Carta Magna, que recoge las demandas antifeudales, democráticas y antimperialistas contenidas en los planes, proclamas y bandos del movimiento revolucionario.

Reacción contra la Constitución de 1917 de todo tipo. Pero la clase social terrateniente desplazada del poder es la que, por supuesto, combate de una manera más aguda y feroz, implacable, en el terreno de la polémica, a la nueva Constitución. Ya le llama el escritor Jorge Vera Estañol, abogado porfirista, "el almodrote de Querétaro", o le dicen una Constitución contradictoria, liberal y al mismo tiempo socialista, y otras cosas; pero la Constitución despierta un interés profundo no sólo en México, sino en el extranjero, precisamente porque era el primer documento histórico en el mundo capitalista que recoge las aspiraciones de la primera revolución democrática, antifeudal y antimperialista de la época moderna.

Éste es el proceso revolucionario. Resultados de la Revolución en su primera etapa: ¿positivos o negativos?, ¿sólo favorables o sólo adversos? Las dos cosas: positivos y negativos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Revolución fue una revolución democrático-burguesa y no una revolución socialista. No se propuso abolir la propiedad privada de los medios de producción, sino abolir el sistema feudal de la producción económica.
La Revolución, en su primer periodo, logró su objetivo central: destruir el sistema feudal en México. El sistema feudal en el campo; las relaciones feudales de producción; el sistema feudal en la industria; el sometimiento de los obreros, privándolos de dignidad humana inclusive. La Revolución creó las relaciones sociales y familiares de nuevo tipo. La Revolución reconoció los derechos esenciales de la clase obrera y de la clase campesina. Hizo posible el nacimiento de los sindicatos de trabajadores. El Primer Congreso Preliminar Obrero se celebra en Veracruz, en 1915. El Segundo Congreso Preliminar Obrero se lleva a cabo en Tampico, en 1916. Y en 1918, en Saltillo, se crea la primera confederación obrera: la Confederación Regional Obrera Mexicana.

La Revolución desarrolla la industria mexicana, le da impulso, porque la reforma agraria eleva en los términos estadísticos generales el nivel de vida de las masas trabajadores, el poder de compra de las masas rurales -que son las mayoritarias de la población activa- y surge el mercado nacional, que durante la dictadura porfirista no existía.

La Revolución, para el desarrollo económico posterior de México, preocupada por la ignorancia del pueblo, multiplica las escuelas. Crea dos tipos de escuelas: la escuela rural y la escuela secundaria. Las dos de tipo popular. Pero hay un aspecto en que la Revolución representa un paso trascendental en la vida de nuestro país: unifica la conciencia nacional, hace conocer a unos mexicanos con otros; el propio ejército revolucionario es la representación del pueblo de las distintas zonas que antes se ignoraban. Y surge el deseo de la unidad, de la conciencia nacional común. Hace que el pueblo mexicano mire por primera vez hacia dentro de sí mismo. Descubre la riqueza enorme de nuestros recursos naturales y humanos. Acentúa el sentimiento nacionalista del pueblo. Destruye el arma de opresión mayor: el ejército de casta de la dictadura reaccionaria, y crea un ejército del pueblo, que es el que tenemos hoy. Esto último representa, también, un paso de enorme trascendencia, de repercusiones políticas no siempre valorizadas en su exacta proporción; cuando vemos que todavía hoy, en la América Latina, la lucha es en contra de los ejércitos de casta vinculados a los terratenientes ya las viejas oligarquías feudales; cuando los gobiernos civiles son inestables porque el ejército es el partido político de derecha que tiene el poder en las manos, el poder real, y que puede en un momento dado hacer trastocar la vida cívica de un país. Pensar que nosotros, hace muchos años, casi medio siglo, disfrutamos de un ejército democrático es reconocer el avance previo ante el resto de los pueblos hermanos del de nosotros, de una gran importancia.

Ha habido fallas, errores y vacilaciones. Es verdad. ¿Por qué? Porque no fue una revolución dirigida por la única clase social consecuentemente revolucionaria, que es la clase obrera. Porque no fue una revolución dirigida por la burguesía industrial nacionalista. Porque fue una revolución dirigida por la burguesía terrateniente progresista. La burguesía industrial ha venido desarrollándose con enorme lentitud. El proletariado no participó en la organización de la Revolución mexicana en su primera etapa, y los intelectuales, como clase pequeño-burguesa, con excepciones brillantes, habían sido formados con un espíritu de desprecio hacia los mexicanos y con un deseo de vivir siempre, por lo menos mentalmente, pensando en el exterior y, sobre todo, en los países más desarrollados de Europa. Por eso la Revolución en su desarrollo, si pudiésemos hacer una gráfica, ofrecería el trazo zigzagueante de ascensos y descensos constantes.

En un solo capítulo se puede ver este proceso de sube y baja del movimiento revolucionario: en el de la reforma agraria, que es la reivindicación central de las luchas populares. Carranza (1915- 1919), 107678 hectáreas afectadas para ser repartidas. En 1920, un año más, 58903 hectáreas. Obregón (1921-1924),1124673 hectáreas.
El ascenso, el gran impulso a la Revolución antifeudal. Calles (1925- 1928), 2 979 896 hectáreas. Continúa el ascenso. Portes Gil en un solo año, 1929, un millón de hectáreas. Continúa el ascenso. Ortiz Rubio (1930-1932), se mantiene el nivel. Abelardo L. Rodríguez (1933-1934),864900 hectáreas. Desciende. Cárdenas (1935-1940), 17890577 hectáreas. Sube enormemente. Ávila Camacho (1941- 1946), de 17 millones baja a 5492172 hectáreas. Alemán (1947-1952), nuevo descenso, 4 015000 hectáreas. Ruiz Cortines (1953-1958), a la mitad de Alemán, 2674000 hectáreas. Ésta es la gráfica de la reforma agraria. Y se podrían hacer gráficas también con los otros aspectos de la Revolución.

Pero no sólo así está el trazo, el proceso, del movimiento revolucionario en cuanto a las reivindicaciones centrales de la tierra, sino que se reforma la Constitución de la República para dizque defender la pequeña propiedad del campo, otorgando a los pequeños propietarios el derecho de usar el amparo, señalando arbitrariamente la extensión de la pequeña propiedad, cosa que responde a condiciones climatológicas, geográficas, económicas, etc., que no se pueden establecer en la Carta Magna de un país. Se expiden Certificados de inafectabilidad Agrícola; se asegura la posesión de extensiones enormes de tierra para la industria ganadera, que son intocables para la reforma agraria; se lucha desde el gobierno mismo en contra del trabajo colectivo de los ejidos y todo eso no tanto para fomentar o proteger la pequeña propiedad, sino para llevar el capitalismo al campo y el freno a la reforma agraria; es decir, para introducir el capitalismo en el campo en contra de la democratización de la tenencia de la tierra y de la reforma agraria.

Y así está todo el proceso general del movimiento en nuestro país: dudas, vacilaciones, rectificaciones, enmiendas y aun traiciones al programa revolucionario por la falta de convicciones revolucionarias y por la intervención del imperialismo extranjero en la vida doméstica de México.
 
En el movimiento social, también, división de la clase obrera, división de la clase campesina. Corrupción tremenda de los dirigentes y cuadros de la clase obrera y de la clase campesina. Intervención del capitalismo extranjero en este aspecto, también, de la vida social de nuestro país.

Y en cuanto al movimiento democrático, junto a algunos aspectos positivos de nuestro desarrollo, es, quizá, el aspecto en que la Revolución mexicana menos ha caminado. No se respeta el voto. No se estipulan garantías para el sufragio. No se estimula la creación de los partidos políticos, por lo menos democráticos. Se ha establecido hasta hoy un monopolio electoral en el partido del gobierno. No hay siquiera democracia interior, y en el gobierno pasado se llegó a la pintoresca aberración del sistema de los sobres cerrados, enviados desde Palacio Nacional, para elegir a los alcaldes de los pueblos de la República.

Pero si ha habido este zigzagueo, estos avances parciales, estos retrocesos súbitos y esta postración en algunos aspectos del movimiento revolucionario, no sólo se debe a motivos propios, sino a la participación, a la intervención del factor perturbador de la Revolución mexicana como revolución democrática, antifeudal y antimperialista, que representa el imperialismo norteamericano.
 
Las inversiones extranjeras directas en México, en el año de 1939, ascendían a 2298 millones de pesos. Para 1949, 10 años más tarde, se habían doblado: 4895 millones de pesos. Entre 1950 y 1956 entraron a México 1251 millones de dólares y salieron de nuestro país 400 millones. ¿Qué representan las inversiones extranjeras? El 12% de la inversión total que se registra en la República. Pero este 12% se orienta hacia el control de las industrias manufactureras, de la minería y de los servicios. Reciben utilidades próximas a 12% sobre su capital invertido. Lograron en un periodo breve de seis años 645 millones de dólares de utilidad. La estadística prueba que las inversiones se capitalizan en cinco años nada más. Esas inversiones controlan los puestos clave de la economía mexicana.

Esas inversiones han hecho imposible la formación de los capitales nacionales, porque exportan sus ganancias y lo único que hace posible la capitalización interior de nuestro país en vías de desarrollo es la reinversión de las utilidades.

¿Se puede afirmar, por tanto, que la Revolución mexicana ha fracasado? No. De ninguna manera. He señalado sólo sus inconsecuencias, su ritmo vacilante. Falta analizar sus aspectos positivos y sus perspectivas. Ninguna revolución popular fracasa. A veces se detiene, retrocede a veces; pero vuelve a ponerse en marcha.

Toca ahora a la nueva generación de nuestra patria volver a poner en marcha la Revolución mexicana que sus padres iniciaron y llevaron a su victoria militar y política. Particularmente a los jóvenes que estudian corresponde la honrosa y alta tarea de volver a poner en marcha la Revolución. Pero no por ser jóvenes tienen ese deber; no por ser jóvenes tienen ese derecho, sino porque la juventud está en aptitud de prepararse para esa misión trascendental.

La política es una ciencia. Es la ciencia que resume todas las ciencias que registra la historia. Por eso la política no es aventura. No es la política obra de la intuición ni fruto de los deseos. La política es una ciencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión taquigráfica de la segunda conferencia -de un ciclo de tres- dictada por Vicente Lombardo Toledano en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo -Colegio de San Nicolás- el día 5 de abril de 1960. No revisada por el autor. Fondo Documental del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombarda Toledano, copia mecanográfica.