Noviembre 24 de 1960

Los diversos sectores que forman la iniciativa privada mexicana: industriales, banqueros, comerciantes y empresario en general, han visto con positiva intranquilidad que la política económica del Estado y del gasto público han tomado un camino que parece contradecir los principios económicos consagrados en la Constitución Política y puestos en práctica por los diversos Gobiernos Revolucionarios.

De acuerdo con nuestro régimen de Derecho, la Economía de México está basada en el respeto a la propiedad privada, la cual tiene una función social y es el fundamento de las demás libertades individuales. Este respeto a la propiedad privada se traduce en un régimen económico de libre empresa y de responsabilidad pública.

Diversas operaciones realizadas recientemente por el Gobierno Federal, adquiriendo negocios privados (operaciones que en algunos casos están plenamente justificadas desde el punto de vista político), han suscitado serias dudas acerca de si existe una orientación distinta en la actual política económica del Gobierno.

Aparte de estas adquisiciones ya realizadas, se habla en la provincia y en la capital de la compra de otras empresas en diversos sectores económicos: como en la siderurgia, los transportes, el algodón y el azúcar.

Ante esos hechos y estos rumores, los organismos de la iniciativa privada expresan la inquietud de los particulares y de las fuerzas económicas del país y se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Es justificado que el gasto público se utilice en la compra de Empresas privadas, cuando los servicios esenciales del Estado: de Salubridad, de Educación, de Caminos, etc., se encuentran muy lejos de estar satisfechos?

2. ¿Es que nos encaminamos, a través de un intervencionismo creciente, hacia el socialismo de Estado?

3. ¿Estamos en el principio de una nueva política económica del Gobierno?

Los hombres de negocios desean poner de relieve la circunstancia, en sí misma reveladora, de que ya en la actualidad el número de organismos descentralizados y de Empresas de participación Estatal suman más de trescientos ochenta, con una inversión de alrededor de cuarenta mil millones de pesos.

Por otra parte, es bueno recordar la experiencia general de los países del mundo libre, después de la Segunda Guerra Mundial, experiencia que justifica el apoyo de los gobiernos a la propiedad privada y a la Empresa libre. Ejemplos tan significativos como el de los países altamente industrializados: Alemania, Francia, Italia o Japón, o el de los países como Argentina y Perú, que tienen un grado de desarrollo similar al nuestro, con características sociales parecidas. El caso de Argentina, ¿qué acaso la descapitalización y empobrecimiento que sufrió Argentina durante el régimen Peronista no es ejemplo suficientemente claro para reconocer la inconveniencia de seguir un camino que, deslizándose a través del intervencionismo Estatal, conduce al socialismo y priva a la economía nacional de las energías y de las posibilidades del régimen de libre Empresa?

Conscientes de nuestro deber como organismos representativos de la iniciativa privada y convencidos de que el país requiere de confianza y seguridad en el sistema económico emanado de nuestro régimen jurídico Constitucional, tenemos el derecho de pedir al Estado el cumplimiento de la promesa varias veces reiterada, pero hasta ahora no cumplida, de ir vendiendo al público aquellas empresas que el Gobierno ha adquirido por medio de sus Agencias Financieras y que no constituyen Empresas que necesariamente deba el Gobierno administrar.

El cumplimiento de esta promesa vendría a poner de relieve que el Gobierno Federal continúa la trayectoria de los Gobiernos Revolucionarios y que solo por razones transitorias (subrayado transitorias) está administrando empresas que por su naturaleza pertenecen al sector privado de la economía.

En este momento, el país se encuentra ante circunstancias y problemas internacionales de muy difícil solución, por ello es que reiteramos nuestra tradicional tesis de colaboración con el Gobierno, dentro de una política económica clara, fundada en nuestras Leyes Constitucionales y cuya misión y tarea debe ser el desarrollo económico del país para mejorar las condiciones de vida materiales y espirituales de los mexicanos.

Fuente: Excélsior, 24 de noviembre de 1960.