Guillermo Martínez Domínguez

TODOS LOS DÍAS, utilizando los más poderosos y eficaces los medios de difusión del pensamiento, se formulan críticas y censuras a la intervención del Gobierno en la economía y simultáneamente se expresan demandas de nuevas formas de intervención por todos los sectores sociales, cada uno tratando de favorecer su propio interés.

¿Es verdad, como se dice, que atenta contra los derechos del individuo? ¿Es cierto que obstruye y limita la acción creadora de la iniciativa privada, que destruye la democracia y conduce al totalitarismo, que estorba y burocratiza la marcha de los negocios y va contra el interés permanente de la sociedad, que es arbitraria y negativa?

Si es así, la intervención del Gobierno es condenable y debe suprimirse. ¿Es esto lo que reclaman sus censores más severos? No; quienes la combaten quieren que se la sustituya por otro tipo de intervención, por un conjun:o de medidas y mecanismos que garanticen a los agentes económicos sus movimientos con un mínimo de interferencias. No pretenden que el Gobierno proclame una política de abstencionismo total, de dejar hacer; porque está demostrado que no es posible en la práctica en ningún país.

La estructura de la sociedad y el prodigioso desarrollo alcanzado por la técnica, el crecimiento extraordinario de los negocios, de sectores de la población que se definen y se agrupan por el grado desigual de su participación en la distribución de la riqueza, hacen muy difícil una convivencia tranquila, armoniosa, sin rozamientos ni conflictos.

Omnipresencia y «neutralidad». En ninguna parte del mundo existe un gobierno "neutro" en relación con la actividad económica. Su sostenimiento mismo le obliga a obtener ingresos, principalmente por medio de impuestos, y también a hacer gastos en el cumplimiento de sus funciones, por restringidas que sean. La cuantía de su presupuesto, cómo lo obtiene, cómo distribuye las cargas entre Sm ciudadanos y los negocios, y cómo y en qué lo gasta, constituyen una intervención inevitable en la economía general, en todas partes del mundo.

Pero es indudable que los presupuestos contemporáneos no se parecen a los de hace una, 2, 3 o más décadas. Han crecido mucho en volumen y ahora se cifran en miles de millones de pesos. También la maquinaria gubernamental se ha ampliado considerablemente: el número de sus empleados, sus instalaciones, sus dependencias directas e indirectas. Y la intervención del Gobierno no se limita a obtener fondos y a gastarlos, así sea en mucho mayor cuantía conforme transcurre el tiempo. Todos los ciudadanos de un país sienten la presencia de su Gobierno en la actividad económica. A los hombres de negocios, a los obreros, a los agricultores, a los consumidores, a todos se nos hace presente en la actividad a que nos dedicamos, cuando invertimos y cuando gastamos.

Está, entonces, justificada la censura de quienes acusan al Gobierno de un crecimiento desorbitado, de un desarrollo que condena, restringe y nulifica la actividad del individuo, su iniciativa y el campo sagrado de sus derechos? ¿Es que llegamos a una etapa en que el Gobierno en lugar de servir al individuo lo aniquila, en lugar de garantizar su libertad la mutila, en vez de estimular el mejor desarrollo de su personalidad la ahoga y subordina? ¿Acabará el Gobierno con la democracia y la libertad individual sustituyéndolas por un sistema totalitario, económicamente dirigido y en que la conducta de cada quien esté preconcebida y determinada independientemente de su voluntad?

¿Qué ha crecido más? A estos términos de confusión y derrotismo conduce un planteamiento unilateral, parcial y equivocado del problema. Es verdad que el Gobierno ha crecido mucho, que interviene mucho más que antes y que en ciertos aspectos restringe y limita la ctividad de los individuos. Pero junto con estos fenómenos se han desarrollado otros. El más importante de ellos es el crecimiento prodigioso y la complejidad creciente de la sociedad y de su economía. La población se ha multiplicado, algunos centros urbanos se han desarrollado monstruosamente; la forma como los hombres están organizados y luchan para satisfacer sus necesidades es ahora muy diferente, la técnica aplicada a la producción y a la distribución ha provocado una revolución completa; la sociedad de nuestros días enfrenta masas de trabajadores a masas de capital; el crecimiento fabuloso de los negocios ha seccior ado en intereses encontrados a la comunidad. A una sociedad simple correspondía un gobierno sencillo, a una sociedad compleja corresponde un gobierno complejo.

El presupuesto anual de gastos de un reducido grupo de enormes empresas monta también a miles de millones de pesos. Aunque su capital esté formado con aportaciones de grandes conjuntos de personas, su organ zación hace que sean muy reducidos los grupos cuyas decisiones afectan a millones de seres. Sus acuerdos en materia de inversión influyen en la cantidad y clase de los empleos y oportunidades disponibles; sus resoluciones sobre volúmenes de producción y precios se apartan del mecanismo descrito por los economistas clásicos sobre la libre competencia, que prácticamente no existe, y afectan a todos como consumidores; resuelven sobre la calidad de lo que consumimos, su aspecto, su duración probable...

Empresas que en sus principios operan en una localidad, con un capital reducido, equipo y crónicas sencillas, se han convertido al cabo del tiempo en gigantescos negocios dueños del mercado de todo un país o que rebasan sus fronteras y aun dominan el mercado mundial. Lo que en un principio eran pequeñas empresas, de unos cuantos hombres con iniciativa y capacidad de pomoción, se ha complicado en forma extraordinaria y convertido en una red inextricable de relaciones y combinaciones de poderosas empresas en una región, en un país, en todo el mundo.

Interdependencia. desigualdad e intervencionismo. Nadie vive ni puede vivir aislado en nuestros días, ni los hombres ni los países, ni las bestias ni los dioses z que se refería hace milenios Aristóteles. La técnica y la economía nos han hecho interdependientes a todos, poderosos y débiles, ricos y pobres, cultos y analfabetas; no importan el color, el credo o el sitio en que vivimos.

Hasta hace 3 siglos las condiciones de vida eran muy semejantes en casi todas partes del mundo. En los últimos 300 años han crecido las diferencias, que sjn acumulativas, lo mismo entre los países que entre los habitantes de cada uno de ellos. Hay naciones muy ricas y extraordinariamente poderosas y otras paupérrimas e indefensas. Las hay que pretenden imponer su política al mundo y otras cuyos pueblos luchan todavía, en este siglo de libertades y deprogreso, por su derecho de gobernarse y de adquirir una soberanía ahora inexistente o mutilada.

La desigual riqueza de los países y la desigualdad de su distribución entre sus habitantes, son causa y resultado de fenómenos económicos muy complejos que tienen visibles consecuencias políticas. El desarrollo económico ha dado un sentido muy distinto a las fronteras y ha borrado la distancia entre las naciones. Los dispositivos militares, con toda su importancia, han cedido en significación a las políticas de carácter económico nacional, y han impuesto a los gobiernos tareas nuevas, antes desconocidas, que asocian el concepto de soberanía política con el de independencia económica nacional. En la decisión final de la lucha entablada entre los 2 extremos en que se divide el mundo de nuestros días, el éxito o el fracaso económico del sistema democrático capitalista y el éxito o el fracaso de los ensayos de la dictadura soviética juegan un papel de primera importancia. Aparte las armas, el intervencionismo gubernamental es el instrumento decisivo.

Intervencionismo y soberanía política. Y la misma enorme importancia tiene la política económica del Gobierno en las relaciones internacionales, especialmente entre los países en proceso de desarrollo, como el nuestro, y los que están a la vanguardia en recursos, técnica y organización económicas. El progreso no depende solamente de lo que hacemos dentro de nuestras fronteras, sino también de lo que se decide más allá de ellas, y de lo que resuelven nuestros gobiernos para aprovechar lo que nos es favorable y defendernos de lo que nos perjudica aunque aparentemente supla con sacrificios las comodidades. El comercio internacional y la interdependencia económica transmiten la prosperidad o la crisis de un país a otro, especialmente de los acreedores a los deudores. El mismo fenómeno puede favorecer los intentos de una nación para mejorar sus condiciones a costa de las demás, a través de operaciones del comercio internacional, o bien perjudicar a países pobres haciendo lento el ritmo de su desarrollo. Estos hechos imponen a los gobiernos tareas nuevas, de las que depende el bienestar de la población y aun la soberanía del Estado.

Persistencia y propósitos. Desde tiempos muy remotos existe el intervencionismo gubernamental en la economía. No es fruto de una doctrina o un régimen políticos determinados; es más bien un resultado de muchos factores, entre ellos, la escasez de recursos y medios para satisfacer las necesidades de la sociedad y los fines de su organización política transitoria o duradera. En nuestra época, lo mismo las democracias que las dictaduras, los países más desarrollados que los atrasados, todos aplican formas y mecanismos de intervención.

En este sentido podemos destacar el ejemplo de nuestro poderoso vecino del Norte, la democracia norteamericana, donde la intervención del Gobierno en la economía es mucho mayor que en México.

Intervención internacional. Siendo un fenómeno universal, asociado prácticamente a todas las formas de organización política de la sociedad —desde la comunidad primitiva y el estadociudad, las confederaciones de estados-ciudades, el imperio, el régimen descentralizado y ocalista de la Edad Media, hasta el estado nacional cuyas diferentes etapas se distinguen por el grado de intervencionismo gubernamental—¿cómo se plantea y cómo se le juzga en el concierto de las naciones democráticas?

En los últimos 30 años la mayoría de los países se han asociado a 2 organizaciones internacionales sucesivas: la Sociedad de las Naciones y la Organización de las Naciones Unidas. En esta última, los miembros consevan su soberanía, su autodeterminación y su propia jurisdicción nacional. Empero, entre todos han creado instrumentos de apoyo, de ayuda, de fomento y estabilización económica, cuya misión es entre otras la de conservar y fortalecer las instituciones del sistema capitalista —como la empresa privada y el comercio—, y cuya actividad influye determinantemente en las economías nacionales e internacionales. Destacan, entre ellos, el Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional. Algunos países, como Estados Unidos, han establecido instituciones con el propósito de influir en la economía de los demás, ayudándolos a incrementar sus vínculos con la poderosa economía norteamericana; por ejemplo, el Banco de Exportación e Importación y el famoso Programa de Ayuda Técnica, el conocido Punto IV del ex Presidente Truman. Su intervención en la actividad económica es indiscutible.

Restricción y fomento. Casi todas las censuras a la intervención del Estado en la economía coinciden en c.ilparlo de un afán de restringir y limitar la iniciativa privada y las libertades individuales. La verdad histórica y el panorama contemporáneo son totalmente opuestos. El sentido principal de la intervención gubernamental en la ac:ividad económica es de promoción, de ayuda, de fomento.

La Revolución y los fines de gobierno

Planteado el problema, ¿es partidaria la Revolución mexicana de la intervención del Gobierno en la actividad económica? ¿Por qué? ¿Qué quiere y qué ha realizado mediante sus políticas principales? ¿Ha cumplido ya todos sus objetivos y, por tanto, puede considerarse como un fenómeno liquidado y superado? ;Persiste a pesar de que México se ha transformado mucho en 45 años?

Propiedad y política. En los últimos lustros, México empieza a industrializarse. Todavía la masa principal de nuestra población depende de la agricultura; trabaja y vive de la tierra. Esta situación era mucho más acentuada en 1910.

La tierra no sólo era el principal recurso económico en explotación, sino también una de las fuentes más importantes de poder e influencia política. En esa época, un grupo increíblemente pequeño, el 1 cr de la población, poseía el 97% del suelo agrícola productivo. En tanto, el 96<'z de la población dependía económicamente de esta actividad —pequeños propietarios y comunidades— »oseía solamente el 3~ de los suelos aprovechables. Además, 78 de cada 100 pueblos y localidades estaban enclavados dentro de las haciendas. Es decir, 96 de cada 100 mexicanos dependientes de la agricultura no eran dueños de la tierra que trabajaban y el 78cí no poseían ni el suelo en que se levantaban sus miserables viviendas.

Este es solamente un aspecto del cuadro general que presentaba el grado de concentración de la propiedad en el país. Algo semejante ocurría con los demás recursos naturales y con la propiedad industrial y comercial: unas cuantas personas físicas y morales, frecuentemente de otras nacionalidades, poseían los recursos minerales, el petróleo, el comercio importante y las pocas fábricas existentes, los bancos y demás instituciones de crédito. El país estaba dividido entre un reducido grupo que lo poseía todo y una masa miserable de habitantes sometidos y dependientes en todo lo que cuenta en la vida: la ocupación, los ingresos, las posibilidades de movilización y de mejoramiento, la educación, la alimentación, el vestido, la habitación, los placeres honestos.

¿Es, pues, extraño que la Revolución mexicana se hiciera para destruir tal orden, tal sistema social y económico y que se preocupara por definir, caracterizar e instituir un régimen distinto de propiedad?

La propiedad es la institución más importante en un sistema económico. Jurídicamente puede no haber grandes distingos entre las cosas sobre las que da derechos; social y económicamente tiene mucha trascendencia la capacidad que otorga no sólo sobre los objetos, sino también sobre los hombres. La posesión de la tierra, el agua, los minerales y substancias del subsuelo, el petróleo, otros recursos naturales y los medios de producción, los bienes de capital, confiere poder sobre las gentes y las principales instituciones de la sociedad.

El Art 27 constitucional. La Revolución ha consagrado en el Art 27 de la Constitución Política de México las condiciones a que debe sujetarse el régimen de apropiación en el país. De él derivan algunas de las formas esenciales de la intervención de nuestros gobiernos en la economía. En sus aspectos más significativos, establece:

La propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas.

La subordinación de la propiedad privada al interés público, a cuyas modalidades queda sujeta.

El derecho de la nación de regular el aprovechamiento de los elementos naturales para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación y fomento.

El dominio directo del Estado sobre los minerales y sustancias del subsuelo.

La explotación directa del petróleo por la nación.

Excluye a los extranjeros, como tales, del dominio de tierras, aguas y accesiones y del disfrute de concesiones en minerales y combustibles.

Limita la apropiación a las asociaciones religiosas y restringe la de la tierra a las sociedades comerciales por acciones.

El Art 27 de la Constitución ordena la intervención del Gobierno con las siguientes finalidades principales:

a) Destruir el antiguo régimen latifundista de propiedad.

b) Crear uno nuevo de ejidos, pequeñas propiedades y tierras comunales, estableciendo los límites de sus dimensiones.

c) Conservar y fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales.

d) Promover una distribución equitativa de la riqueza.

e) Llevar a cabo directamente la explotación del petróleo.

Creado el régimen mexicano de apropiación, rodea de garantías a la propiedad privada, que no podrá expropiarse sino por causa de interés público y mediante indemnización. La sujeta a propósitos de interés nacional y al cumplimiento de objetivos sociales en su ejercicio: la conservación de recursos, su aprovechamiento y la distribución equitativa de la riqueza.

A los 45 años de iniciado el proceso de la Revolución mexicana, el panorama de la apropiación de la tierra es muy diferente. Más de 2 millones de campesinos poseen ejidos, millares de agricultores tienen pequeñas propiedades, numerosos pueblos disfrutan de tierras comunales. No obstante, la Reforma Agraria no ha terminado; todavía existen latifundios; 46 mil personas son dueñas de 93 millones de Ha. La intervención del Gobierno no puede concluir en este aspecto básico hasta cumplir totalmente con el mandato de la Constitución Política.

La redistribución de la tierra realizada hasta ahora ha modificado radicalmente la estructura de la sociedad mexicana, ha operado una transformación económica fundamental y ha influido mucho en el carácter democrático de nuestras instituciones de gobierno.

Política de riego. Si se hubiera limitado a redistribuir la tierra, hace muchos años que recordaríamos con amargura el fracaso de la Revolución. Adem is de la tierra, el agricultor necesita agua, recurso natural tan escaso en la mayor parte de nuestro territorio. Para proporcionársela, el Gobierno interviene haciendo uso de sits facultades constitucionales almacenándola y distribuyéndola por medio de numerosas presas, gigantescas unas, pequeñas otras, y de sus redes de canales en los distritos de riego que ha construido en las principales regiones del país. Para ejecutar esta política, el Gobierno creó en 1926 la Comisión Nacional de Irrigación, que transformó en diciembre de 1946 en la actual Secretaría de Recursos Hidráulicos, y ha tenido que aplicar medios para arbitrarse fondos con qué financiar las obras.

Crédito agrícola gubernamental. Si el agricultor tiene la tierra y el agua, necesita también fondos para adquirir los instrumentos de trabajo, la semilla y lo indispensable para vivir mientras levanta y vende su cosecha. Gran parte de los antiguos latifundistas se convirtieron en prestamistas usurarios y en comerciantes para acaparar los productos del trabajo campesino. Erigieron un vicioso mecanismo que les permitía —todavía persiste, en parte— explotar al agricultor y al consumidor final: comprando muy barato al primero y vendiendo muy caro al segundo.

La Reforma Agrária hubiera fracasado fatalmente si el Gobierno se mantiene indiferente a la forma de explotación que substituyó a la que destruyó con la redistribución del suelo. Las instituciones comerciales de crédito no estuvieron dispuestas a asumir los riesgos de operar con lamasa de ejidatarios y pequeños agricultores, a prestarles dinero a bajas tasas de interés y a plazos adecuados. El Gobierno se vio obligado a suplir esta deficiencia, interviniendo directamente mediante la creación, en 1926, del Banco Nacional de Crédito Agrícola y, en 1936, del Banco Nacional de Crédito Ejidal, ambos reformados varias veces.

Intervención de fomento. Mientras México se empeñaba en la redistribución de la tierra —proceso que no ha terminado— se registró una extraordinaria revolución técnica en la agricultura en los países más avanzados del mundo. La participación misma de la masa de nuevos agricultores en México contribuyó a crear un mercado nacional que no existía, lo diversificó y, en parte, orientó sus cultivos hacia la exportación y el abastecimiento de la industria nacional. En tanto, la población campesina se multiplicó varias veces. Se operó una crisis en el campo mexicano: las parcelas resultaron de dimensiones inadecuadas para su explotación individual y con los medios y las técnicas tradicionales.

¿Qué hacer? ¿Abandonarlos a su suerte, a su libre iniciativa individual? Los comerciantes, los banqueros, los hombres de negocios ¿pusieron acaso sus recursos al servicio de esta necesidad general del país? Todos sabemos que no. Otra vez el Gobierno se vio obligado a intervenir poniendo en ejecución un conjunto de políticas para modernizar la explotación de la tierra, otorgando créditos refaccionarios para la compra de maquinaria y la construcción de instalaciones indispensables; a promover el adiestramiento de los agricultores para aplicar técnicas más avanzadas; a dictar disposiciones a fin de contener la erosión y destrucción de los suelos; a crear organismos tendientes a producir semillas mejoradas; a ayudar al agricultor a cuidar su propio interés y el interés general de la nación.

Conservación de recursos. ¿Debe abstenerse el Gobierno de toda intervención sobre la explotación de otros recursos naturales como los bosques, los pastizales y los que contienen nuestra plataforma continental y nuestras aguas interiores? ¿Aunque los bosques ayuden a conservar nuestras tierras arables y la escasa humedad, es conveniente que se abandone totalmente a la iniciativa privada su aprovechamiento y conservación? Sólo para la fabricación de carbón vegetal quemábamos todavía hace unos años un bosque entero al día; la explotación de maderas preciosas y productos industriales de los bosques —chicle, resinas—arrojaban como saldos, claros inmensos para el país y abundante y fácil riqueza para un grupo de negociantes especializados en su tráfico dentro y fuera de México. ¿Son arbitrarias e injustificables desde el punto de vista del mexicano medio, social y nacionalmente, las disposiciones en vigor que autorizan la presencia del Gobierno en defensa de nuestra mermada riqueza forestal?

Recursos amenazados. Cuando hace pocos años brotó la epizootia de la aftosa y nuestro ganado mayor estuvo amenazado de muerte, luego del transitorio "rifle sanitario" el Gobierno desplegó esfuerzos para afrontar el cierre de las fronteras y el desplome de la industria. De este trastorno y de las presiones desencadenadas, surgieron nuevas formas de intervención, principalmente otorgando criditos para la instalación de empacadoras y plantas frigoríficas y la fabricación en masa de vacunas y productos químicos. Se crearon nuevas fuentes de trabajo y se lograron avances apreciables. ,Debe el Gobierno abstenerse de este tipo de intervención?

Recursos abandonados. México tiene 9 219 Km de costas en litorales continentales e islas de su territorio. Los fondos marinos inmediatos a las costas con profundidad de hasta 200 m forman la plataforma continental, cor. una superficie de 500 mil Km2. En ella se sedimentan las materias que arrastran los ríos y constituyen el medio más favorable para el desarrollo de la flora y la fauna. El país tiene también cosa de 6 500 Km2 de superficie en aguas interiores (ríos, lagos, lagunas, presas).

Pero con todo lo que esto representa en posibilicades, solamente el 0.30c de la población económicamente activa está dedicada a la pesca y su producción apenas forma un 0.4 del ingreso nacional. Todos sabemos, en cambio, que gran parte de nuestros recursos pesqueros son explotados por extranjeros sin beneficio alguno para el país.

Hasta ahora hemos visto muy poco de la actividad económica que en este sentido desarrolla la iniciativa prvada mexicana, aunque las excepciones sean muy honrosas. ¿Debe el Gobierno esperar, dejar pasar, mantenerse indiferente o debe, por el contrario, aplicar un vigoroso e inmediato programa que supla esta falta de iniciativa; que la cree y la fomente? ¿Estará equivocado el Presidente Ruiz Cortines cuando concibe una política de "Marcha al Mar" como un medio para crear ocupación e ingresos adicionales, conservar, aprovechar y mejorar una riqueza que pertenece a México y debe beneficiar preferentemente a los mexicanos?

Exportación de recursos. Desde que éramos colonia adquirimos fama de ser muy ricos; tanto, que muy pocos repararon en nuestra miseria. Los metales preciosos que se extrajeron de nuestro subsuelo enriquecieron y aun fomentaron inflaciones en Europa. En México dejaron únicamente agujeros; los centros de actividad que formaron se convirtieron en meros pueblos fantasmas cuando se a,1otaron los yacimientos.

Cambió el mundo y entre tanto conquistamos so eranía e independencia políticas. Ya no fueron sólo el oro y la plata el motivo de la minería; los minerales de aprovechamiento industrial adquirieron creciente importancia. La Revolución no nacionalizó la minería, ni canceló concesiones, mas sí rescató para su patrimonio el contenido ée su subsuelo. Continúa en sus líneas generales un sistema semejante de explotación, pero ahora subordinado a un régimen de derecho más avanzado, que permite a México obtener una parte de los beneficios de la explotación y crear bases para la industrialización, así como para la protección de sus reservas.

Destino de los recursos. El mundo está en el vestíbulo de una nueva revolución industrial. Es posible que el uso de la energía atómica no destruya al género humano, sino que cambie su estructura social y económica contemporá seas. México tiene minerales radiactivos y, felizmente, la Constitución Política en su Art 27 establece su dominio y la legislación promulgada, su derecho a explotarlo en bien del país y su capacidad para orientarlo a fines pacíficos y constructivos. ¿Hay algún mexicano que piense que el Gobierno debe abstenerse de intervenir en su conservación y explotación no para fines mercantiles, sino de progreso, paz y justicia social?

Aprovechamiento de recursos. La Revolución mexicana rescató en 1938 el petróleo, el gas natural, los hidrocarburos. Lo hizo en defensa de su soberanía, cuando las empresas que disfrutaban de concesiones para explotarlo se rebelaron contra la aplicación de nuestro régimen jurídico. En este caso, la enorme riqueza concentrada en las empresas se manifestó violentamente como fuerza política y quiso imponerse a los poderes constitucionales establecidos. ¿Debió el Gobierno abstenerse de intervenir en el conflicto entre los factores económicos en juego —empresas y trabajadores—, y dejarlos como manda la teoría de la libre competencia llegar al equilibrio o al acuerdo de las partes, desentendiéndose del mecanismo que creó el régimen constitucional mexicano para su solución?

¿Acaso el Gobierno debió simplemente cambiar de concesionarios? Es posible que en la teoría pura pudiera pensarse en semejante solución. Pero antes y por encima de eso, México tuvo presente su experiencia histórica y escogió bien su camino. No sólo decidió rescatar su riqueza, sino administrarla en beneficio de la nación. A 17 años de distancia de la expropiación podemos afirmar que a pesar del persistente sabotaje, de los augurios de fracaso y de la escasez de recursos financieros, se ha tenido un extraordinario buen éxito en una organización progresiva y perfectible que, con todos los defectos que puedan imputársele, va dejando un saldo creciente de beneficios al país.

¿Libre juego de los factores de la producción? La Revolución mexicana consagró en el Art 123 de la Constitución las normas a que deben sujetarse las relaciones entre los factores de la producción. Crea derechos que no existían para los trabajadores y establece una función tutelar del Gobierno instituyendo los mecanismos para arbitrar los conflictos obreropatronales. Estableció en México los derechos de asociación sindical, de huelga, de descanso semanal obligatorio, de un salario mínimo, de participación en las utilidades, de seguridad social, de garantías y prestaciones a la mujer y al menor; limitó la jornada de trabajo e introdujo la contratación colectiva, normas para la protección de los ingresos y el patrimonio obreros, así como los medios para defender y mejorar las condiciones de vida de este vital factor de la producción. En la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto Jurídico, la Ley de Pensiones, la del Seguro Social y otras, se reglamentan estos derechos.

¿Constitución o libre competencia? Si optásemos por condenar la intervención del Gobierno en la economía y por consagrar constitucionalmente los supuestos de la libre empresa irrestricta, este conjunto de derechos de los trabajadores serían suprimidos y con ellos la Revolución mexicana.

La Revolución impone al Gobierno la obligación de intervenir en la actividad económica para garantizar este sistema de derechos de los trabajadores. La Constitución Política y sus leyes reglamentarias crean los órganos de ejecución de esta intervención: El Ejecutivo tiene una Secretaría de Estado dedicada al Trabajo y la Previsión Social; forma parte de nuestra estructura política una poderosa empresa descentralizada, el Instituto Mexicano del Seguro Social; existen y funcionan los tribunales del trabajo; se fomentan las cooperativas de trabajadores; se creó un sistema de pensiones civiles para los burócratas. Han surgido en 45 años de Revolución mexicana un conjunto de instituciones que ni existían ni eran concebibles en la forma actual en los marcos del México de 1910.

La existencia de un gran conjunto de trabajadores es un resultado del desarrollo económico, especialmente en su aspecto industrial. Su asociación e identificación principia en la unidad de trabajo. El progreso económico crea y desarrolla una correlación indirecta entre trabajadores y empresarios: los primeros son cada vez más, los segundos cada vez menos; y enfrenta la fuerza del número a la del gran capital. Sindicatos y negocios se desarrollan con parecida rapidez; ambos van desde las formas más simples, de las unidades aisladas, de carácter local, hasta las organizaciones regionales, nacionales e internacionales. Las relaciones entre ambos determinan en gran parte un elemento económico de primordial importancia: el salario y, par tanto, influyen en el precio y en el margen de utilidades.

Intereses generales y de grupos. Sus conflictos inevitables han creado una nueva función obligada del Estado y lo han convertido en arbitrador no sólo del interés de las partes, sino también del interés general de la sociedad que se juega en las huelgas, los paros, los con lictos y las negociaciones entre los 2 factores de la produ ación. La influencia de los niveles de salarios en los niveles generales de precios, empuja, además, al Gobierno a vigilarlos e intervenir en su formación y movimientos. La determinación de las prestaciones a los trabajadores en sus contratos, dada su enorme importancia numérica, conduce al Gobierno a hacer de la previsión social una función suya y lo lleva de la mano a nuevas formas de intervención en la economía.

Derechos del hombre. Las ideas contemporáneas sobre la importancia del hombre como recurso, conducen a los gobiernos a transformar el viejo concepto de la caridad pública en verdaderas políticas de asistencia y mejoramiento de la vida humana. La política sanitaria tiene gran sentido económico cuando hace habitables las zonas susceptibles de incorporarse a la producción, cuando introduce agua y drenaje y mejora las condiciones de vida de la población, cuando alarga la vida media del mexicano y su etapa productiva.

La Revolución mexicana se adelantó en el mundo, a pesar del atraso del país, al reconocimiento de derechos que ahora son proclamados internacionalmente y que tienen más sentido económico que político. Algunos de ellos se consagraron en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, por la Organización de las Naciones Unidas, en 1948.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otra pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Igualdad política y desigualdad económica. Es posible que todavía escuchemos que debe suprimirse la intervención gubernamental en las relaciones entre los factores de la producción, argumentando 2 postulados de la libre competencia: la libertad de contratación (compraventa y crédito, salarios, despidos, etc) y la libertad de comercio (manejo de los propios negocios sin interferencias). Mas afortunadamente también se escuchan voces sensatas que hablan de la importancia que tienen los salarios en la formación del mercado, es decir, como capacidad de compra: voces que orientan los esfuerzos para obtener utilidades y mayor desarrollo hacia las formas técnicas de la productividad; voces, en fin, que juzgan que la democracia política está coja mientras no tiene cimientos de equidad económica, humana, social. La Revolución mexicana ha dado igualdad política a todos y quiere suprimir la tremenda desigualdad económica que niega a la auténtica democracia.

Libertad de comercio e industriad El 1° de diciembre de 1952, al tomar posesión de la Presidencia de la República, al protestar el fiel cumplimiento de la Constitución, don Adolfo Ruiz Cortines expresó:

El más angustioso de todos los problemas actuales, por cuanto afecta a la mayoría de la población, es sin duda alguna, el de la escasez y carestía de los artículos alimenticios.

Serán propósitos del Gobierno lograr que se descongestione el pesado aparato comercial, reduciendo la legión de intermediarios no indispensables; estimular el comercio que se satisfaga con ganancias proporcionales al capital invertido, al servicio realizado y al servicio que preste, y saturar de artículos de primera necesidad los centros de consumo, utilizando los canales apropiados y más eficaces.

El Art 28 de la Constitución prohibe los monopolios y ordena:

La Ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios, todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios públicos; todo acuerdo o combinación de cualquiera manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

En 1934 se promulgó la Ley Orgánica de este mandato constitucional, inspirándose en la consideración de que el Constituyente no se propuso garantizar la libertad absoluta de comercio, sino en tanto que el ataque a la libre concurrencia pudiera considerarse perjudicial para el público o para alguna clase social.

Esta ley ordena y autoriza la intervención directa del Gobierno en el mercado. Aparte otras disposiciones legales, en diciembre de 1950 el Congreso de la Unión decretó la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia Ecoszómica, instrumento que se hizo imperativo no sólo para dar unidad y coherencia a ordenamientos dispersos, sino también en previsión de las políticas que México se vería obligado a aplicar para afrontar las condiciones creadas por una nueva perturbación de la paz y la economía mundiales, iniciada con la guerra de Corea.

La ley se refiere a las empresas dedicadas a la producción y distribución de alimentos, vestido, materias primas para la industria nacional, productos de industrias fundamentales, los de sus ramas importantes y en general los que representen renglones considerables de la economía nexicana. El Ejecutivo puede imponer precios máximos, obligar su venta, determinar su forma de distribución cuando escaseen, racionarlos y sujetarlos a un régimen de prioridades; puede dictar disposiciones para evitar intermediaciones innecesarias, decidir preferencias en la producción; restringir el comercio exterior para satisfacer primero la demanc a del consumo nacional, ocupar temporalmente negociacio ies e imponer sanciones a los infractores.

Los precios: ingreso y gasto. ¿Es un invento de la Revolución mexicana la intervención del Gobierno en el mercado, en la producción y especialmente la circulación de los bienes y servicios? Indudablemente no. Este fenómeno es tan viejo como la historia de la sociedad y en nt estro medio viene desde la colonia. Lo que ha hecho la Revolución es darle un sentido preciso, una orientación de beneficio social y de progreso económico sano.

Los precios constituyen uno de los complejos más difíciles de abordar en economía y de manejar correctamente en política económica. Durante los últimos lustros, el Gobierno ha adoptado sus decisiones considerando a los precios en su doble aspecto, en su significado ambivalente: ingreso por una parte, gasto por la otra. Para los productores —agrícolas, industriales, o de servicios— importa como el elemento básico de sus ingresos; para los consumidores como gasto. Para la masa enorme de ejidatarios y pequeños propietarios agrícolas los precios de garantía constituyen un mínimo de seguridad para cubrir sus costos y obtener rendimientos razonables, una base para alcanzar el mínimo vital que, por otra parte, la Constitución garantiza a los trabajadores con el salario mínimo. Para la población, cuya mayor proporción depende de ingresos fijos —sueldos y salarios—, los precios marcan su capacidad de compra, su poder adquisitivo; juntos, ingresos y precios, determinan el nivel de vida de la población.

Los precios y la distribución de la riqueza. Los ingresos tienen, además, una influencia decisiva en la distribución del ingreso nacional. Por eso, los actos del Gobierno en esta difícil materia tienen una repercusión trascendental. Tomemos un ejemplo: los cereales de mayor producción y el algodón. En 1950, el 71% dd la superficie total cosechada en México correspondió a maíz, trigo y frijol en cambio, el valor de estos productos apenas representa el 34% del importe total de todas las cosechas. El algodón ocupó apenas un 9% del área cosechada y alcanzó el ,1%del valor total. Es decir, que el ingreso recibido por varios millones de ejidatarios y pequeños agricultores, la masa principal de población dedicada al cultivo de los cereales, fue prácticamente igual al ingreso recibido por unos pocos millares de agricultores productores de la fibra.

Tanta importancia tienen los precios y el aparato de distribución comercial que, para insistir en la agricultura, en 1950, en tanto que esta actividad —agricultura—, obtuvo una séptima parte del ingreso nacional, el Comercio obtuvo una tercera parte.

A esta situación injusta y teratológica se refiere el Sr Presidente cuando señala su decisión de poner todo el peso del Gobierno al servicio del propósito de mejorar la organización social y sanear la economía nacional.

Basta proponérselo para que el Gobierno logre niveles de precios que garanticen rendimientos razonables a los productores y distribuidores, que conserven la capacidad adquisitiva de los sueldos y salarios, que mantengan alguna relación deseada de equilibrio entre los precios agrícolas y los de otros productos y servicios, que estimulen la actividad económica sin caer en la inflación, sin perjudicar los niveles de vida de la masa de consumidores? Desde luego, no. Este es un campo muy difícil, que reclama una concepción integral de la economía nacional y sus problemas. continuidad en el estudio y examen de sus políticas y la más eficaz coordinación entre los organismos y dependencias que las influyen, conciben y aplican.

Controles directos y funcionales. En general, este conjunto de políticas puede clasificarse en 2 grupos de controles: los directos y los funcionales. Los controles directos consisten en la fijación administrativa de precios, el otorgamiento de subsidios a la producción y distribución, sistemas de prioridades y racionamientos y en operaciones marginales para influir en la oferta y la demanda de los productos. Los controles funcionales descansan principalmente en disposiciones fiscales y monetarias que tratan de regular la circulación monetaria y los sistemas de crédito, las tasas de interés y los mercados del dinero, la orientación del ahorro hacia el consumo y la inversión y las políticas presupuestales del Gobierno para arbitrarse dinero y su aplicación o gasto.

Incapacidad de los controles funcionales. En general, los economistas coinciden en preferir los controles funcionales; pero advirtiendo que son insuficientes y necesitan el complemento indispensable de los controles directos. Las fallas principales de los controles funcionales consisten en que son inadecuados para impedir la formación de monopolios y combinaciones de empresas, para evitar que éstas impongan sus precios y sean los verdaderos dictadores del mercado; tampoco logran que se alcancen los mayores volúmenes en la producción, ni que los recursos disponibles se aprovechen del modo que más conviene a la sociedad. Las políticas monetarias y fiscales no pueden gran cosa para proteger el interés de los consumidores en una parte muy apreciable de sus gastos: la del variado grupo de los servicios.

Libertad económica e interdependencia internacional

Los movimientos de los precios nos obligan a recordar, cuando lo olvidamos, que México es un país entre muchos en el mundo; que nuestra economía no es independiente ni autosuficiente; que la desocupación, la miseria y la inflación pueden venirnos desde fuera y, con todos sus males, provocarnos trastornos sociales y políticos.

Si en el mercado mundial bajan las cotizaciones de los minerales, 70 mil familias de trabajadcres mineros lo resienten; si son los precios del algodón, millares de agricultores truecan sus ilusiones de utilidades por la cruda realidad de los quebrantos; si se desploma el mercado del henequén, toda una entidad, la progresista Yucatán, sufre inevitablemente; si son el jitomate o el plátanc, las repercusiones inmediatas se registran en Sinaloa, Sor ora, Tamaulipas o Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Igual ocurre con el café, la vainilla y otros productos.

Nuestras ventas al exterior nos ligan a las fluctuaciones del mercado de cada producto en las cantidades y precios que demandan, con impactos favorables o ruinosos y con repercusiones nacionales.

Defensas contra el intervencionismo de los Estados Unidos. Los controles que se aplican en el mercado no obedecen exclusivamente a factores internos. Basta un ejemplo para resaltar que la intervención del Gobierno de los Estados Unidos en su propia economía nos obliga a adoptar políticas que pudieran calificarse de contrarias al liberalismo: pero que son indispensables para defender nuestros niveles de ocupación y producción. La Commodity Credit Corporation, organismo oficial norteamericano que otorga créditos y fija las superficies de cultivo los agricultores de ese país y absorbe sus excedentes, tiene almacenadas millones de toneladas de maíz, trigo, leche deshidratada, quesos, aceites, avena, lana, algodón y otros productos que en conjunto valen más de Dls7 mil millones ($87 500 millones).

Honradamente, no saben qué hacer con ellos. Si los lanzan al mercado interno estadunidense provocan la paralización de toda su agricultura, arruinan su comercio y precipitan una crisis catastrófica. El año pasado, 1954, nos visitó una delegación de buena voluntad ofreciéndonos su venta a precios muy castigados; este año, decidieron lanzar al mercado mundial un millón de pacas de algodón de fibra corta y abatieron sus cotizaciones.

¿Debe el Gobierno mexicano abrir sus fronteras y comprar tan barato? Puede ser que alguien lo piense así; pero nuestros agricultores, ganaderos, industriales, comerciantes y trabajadores reclaman lo contrario porque los condenaría a la miseria total y al paro absoluto. ;Debe el Gobierno desentenderse de estas cosas y adherirse a los conceptos de libertad absoluta de comercio?

Ruina y libre competencia industrial. Si en nombre de la libertad de empresa y en favor de la especialización internacional abrimos nuestras fronteras a los productos de la poderosa industria de los países más avanzados, podemos merecer el calificativo de campeones del más puro liberalismo y es posible que en cada país exportador se levantenmonumentos de simpatía a nosotros. Pagaríamos, sin embargo, un precio que la Revolución mexicana considera inadmisible, pues consistiría en el paro, por imposibilidad de competir, de las empresas que forman las industrias nacionales de alimentación, vestido, calzado, vidrio, azúcar... todas las de transformación y también las pocas que forman la incipiente industria básica del país.

Claro que los inversionistas perderían, los empresarios y los trabajadores quedarían desocupados; no se producirían ni se generarían y distribuirían los ingresos que provienen del sector industrial. Archivaríamos, también, toda aspiración de progreso por medio de la industrialización. Acabaríamos siendo para siempre un país productor de materias primas e importador de todos los productos elaborados.

El Art 131 de la Constitución y otros ordenamientos que hemos citado autorizan al Gobierno para intervenir en el comercio internacional, gravando su tráfico, regulándolo y aun prohibiéndolo por motivos de seguridad y de policía. Además, dice textualmente:

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país...

Defensa y fomento. El comercio con el exterior puede convertirse en un medio para el progreso permanente del país, o para producirnos ventajas aparentes de modo inmediato y males reales en un período corto. Todos los Estados aplican políticas de fomento y de protección de sus propios intereses. Lo hacen Inglaterra, Estados Unidos, México, todos. La Revolución creó un organismo para auxiliar a la iniciativa privada y a los agricultores en el fomento de sus exportaciones: el Banco Nacional de Comercio Exterior con algunas agencias subsidiarias suyas. A través de sus gobiernos, la Revolución ha manejado dispositivos para evitar que el comercio exterior sea permanente y progresivamente deficitario y drene nuestras reservas monetarias; para obtener las mejores relaciones de intercambio posibles, buscando los más altos precios para lo que exportamos y las mejores condiciones en lo que importamos. En sus empeños de favorecer la industrialización ha procurado que exportemos materias elaboradas, no en bruto, que aprovechemos nuestra capacidad de pago para adquirir equipo, maquinaria —bienes de capital—, en lugar de cosas suntuarias y no indispensables; que todo esfuerzo de la iniciativa privada tenga la protección indispensable, evitando también que adquiera beneficios no ganados en perjuicio del resto de los mexicanos. Se ha propuesto, en pocas palabras, el progreso económico y la defensa del país.

Política de industrialización. Estas formas de intervención del Gobierno mexicano en la economía están íntimamente ligadas con los esfuerzos realizados para industrializarnos. Las condiciones creadas durante la guerra —interrupción de abastecimientos por el cierre de mercados y la escasez— favorecieron esta política. En 1941 se promulgó la Ley de Industrias de Transformación, rodeándolas de garantías y estímulos; se eximió del pago de impuestos a las consideradas nuevas y necesarias, se otorgaron subsidios, se les protegió arancelariamente. se les otorgó crédito, especialmente al través de instituciones descentralizadas como Nacional Financiera; se les favoreció con asistencia y auxilio técnico, concesiones especiales, con políticas favorables de apoyo y expansión.

En 3 lustros avanzamos considerablemente: nuestras incipientes industrias básicas —hierro y acero— crecieron rápidamente y semejante desarrollo tuvieron las metálicas, las alimenticias —bebidas, conservas, azúcar—, las de vidrio y loza, artefactos de hule, química, de fertilizantes.

Tenemos más fábricas, son más grandes, su equipo es mejor, su organización ha mejorado, ocupan muchos millares de trabajadores adicionales y está creciendo el valor agregado por las manufacturas. En algunos renglones, como el cemento y el azúcar, logramos autosuficiencia; en otros un aumento notable del abasto interno: conservas, vidrio, hierro y acero, etc.

Electrificación. Este progreso industrial sería imposible sin la feliz previsión del Gobierno mexicano que en 1937 creó la Comisión Federal de Electricidad. Esta entidad del Estado ha suplido la falta de inversiones de los particulares y en los pocos lustros que tiene de vida, ha agregado a México más capacidad de generación de energía qt.e todas las empresas privadas juntas.

Desarrollo regional. El Gobierno se ha propuesto aplicar todos los medios para acelerar el progreso del país. Una de sus manifestaciones más recientes consiste en los ensayos de transformación regional de acuerdo con un programa. Funcionan con extraordinario buen éxito las Comisiones del Papaloapan, el Tepalcatepec, el Fuerte y el Crijalva. Su actividad se desarrolla en zonas que deben incorporarse a la economía nacional con todos sus recursos productivos, generando fuentes de ocupación, producción e ingresos, hasta ahora prácticamente segregados. El Gobierno no ha intentado hacerlo en Monterrey. en Guadalajara o en Puebla, porque ahí la iniciativa privada ha realizado la tarea; pero ha acudido en ayuda de los agricultores, los comerciantes, los pequeños industriales, es decir, de la iniciativa privada ahí donde su capital y su fuerza de promoción son insuficientes y tardías.

Promoción financiera. La Revolución mexicana hr dado un impulso extraordinario al mercado de capitales, constituyéndose el Gobierno en su entidad más importante por sus propias demanda y oferta. A través de su Banco Central ha mantenido políticas monetaria y de crédito contra el impacto inflacionario de nuestro desarrollo, creando instrumentos mexicanos que se reconocen como muy eficaces en otros lugares del mundo. Ha luchado tenazmente para vencer las dificultades derivadas de nuestro insuficiente ingreso nacional, tan mal distribuido, que determina un ahorro insuficiente y de características que no facilitan su canalización adecuada al tipo y el ritmo de las inversiones que pueden garantizar los niveles más altos de ocupación yproducción. El Gobierno ha orientado su política financiera hacia la capitalización y ha logrado un gran desarrollo relativo del mercado de capitales.

La doctrina mexicana en el mundo. Los esfuerzos de la Revolución no se limitan solamente a planear estas políticas y aplicarlas en el país. Las ha expuesto en las reuniones internacionales promovidas para hacer arreglos de mayor cooperación entre las naciones.

En ellas ha reiterado vigorosamente su requerimiento de que se creen mecanismos que garanticen a las naciones poco desarrolladas, estabilidad en la demanda de las materias primas que exportan, y se les garanticen precios remuneradores y equitativos. Ha señalado que sus fluctuaciones, en variabilidad, perjudican directamente sus economías y dificultan mucho la posibilidad de hacer previsiones ciertas y trazar planes y programas firmes.

Ha expuesto que toda cooperación económica debe basarse en el principio del respeto a la indepedencia política y económica de quien la recibe. Que ni la ayuda ni el progreso son admisibles si son a cambio de la subordinación y la soberanía.

Que México considera que el desarrollo integral por medio de la industrialización mejorará la cooperación muma porque hace más vigoroso el intercambio comercial, lejos de debilitarlo.

Que para vivir en páz y seguridad es necesaria la rápida desaparición de la desigualdad existente entre los niveles de vida de que gozan los pueblos altamente industrializados y los de las naciones menos desarrolladas.

Que México quiere un mundo en que la estabilidad económica no sea a condición de la guerra y en que la prosperidad no sea compañera de la angustia.

Comunicaciones e intercambio. La producción y el comercio no pueden desarrollarse en un país incomunicado. La Revolución ha utilizado la máxima capacidad del país para crear su red de caminos y otras vías de comunicación, estimulando por todos los medios la formación de capitales en las industrias ligadas con el transporte. La bancarrota y el abandono de las principales empresas concesionarias de los ferrocarriles, hace años en los Nacionales de México, apenas ayer en el Sudpacífico, las impulsó a vender el resto de sus bienes al Gobierno. Este administra y mejora cuanto puede, por medio de su política llamada de rehabilitación, nuestro sistema en todo el país.

Capitalización y niveles de vida. A través de su política fiscal, el Gobierno influye en la economía nacional tratando de detener el proceso que viene haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, es decir, tratando de mejorar la distribución del ingreso nacional, de fortalecer la demanda efectiva y al mismo tiempo de promover el desarrollo económico del país.

Durante los últimos años procura ejercer su presupuesto con fines de estabilización monetaria, de mejorar la participación de Estados y municipios en los ingresos del Gobierno federal para que supriman gabelas y trabas locales al desarrollo económico, de mejorar los niveles de vida de la población.

Trata de fortalecer el impuesto sobre la renta y aflojar la presión de los impuestos indirectos scbre los precios y la demanda; de incrementar el gasto público en obras de salubridad, educación y habitación, de estimular a la pequeña y mediana industria; de hacer del presupuesto un instrumento para el progreso económico y la mejoría de los niveles de vida.

Transformación del Gobierno. Esta variada y extensa intervención del Gobierno en la economía ha provocado necesariamente una transformación mu,r importante en su organización y estructura. Tiene nuevas secretarías y departamentos de Estado —Trabajo y Previsión Social, Recursos Hidráulicos, Bienes Nacionales, Agrario—; ha creado un conjunto numeroso y flexible de empresas u organismos descentralizados, otros de carácter mixto con participación suya, otros en que ejerce influencia indirecta pero decisiva.

Es visible también que ha crecido en forma desigual; que es mayor el desarrollo del Gobierno federal que el de los Estados e instituciones municipales. Todo esto conducirá a futuras adaptaciones para hacer más funcional y elevada su coordinación y eficacia.

Intervencionismo y crecimiento económico. Pero con todo lo que hemos expuesto de algunos aspectos fundamentales de la intervención gubernamental en la economía nacional, podemos afirmar, apoyados en las cifras del ingreso nacional, que es menor que el crecimiento mismo de la actividad económica.

Contrariamente a lo que pudiéramos imaginar, la participación del Estado en el ingreso nacional ha venido decreciendo durante los últimos lustros. Su participación oscila alrededor del 10Cr . Esta pérdida relativa se registra principalmente en la época de la guerra mundial, en el lapso de 1940 a 1946. En los años sucesivos se recupera lentamente para alcanzar el nivel que tenía en 1939. Por otra parte, en el aspecto del gasto público y su importancia verdadera, las cifras muestran que su crecimiento ha sido más que proporcional. Esta contradicción se explica, en parte, por el progreso inflacionario que sufrió el país durante y después de la guerra, y que se ha venido corrigiendo con grandes esfuerzos y tenaces empeños.

Tendencia y sentido de la intervención. Ni el Gobierno ni la actividad económica son fines en sí mismos. La Revolución mexicana los concibe como instrumentos para alcanzar mayor progreso y más amplia justicia social; es decir, para servir al país y a sus hombres.

La intervención del Gobierno ha sado un medio para destruir un régimen feudal de propiedad y producción y facilitar el desarrollo de un sistema capitalista mexicano evitando a la población tan tremendos sacrificios como sufrieron las de los países desarrollados previamente.

La Revolución quiere progreso, pero con justicia social; mayor riqueza, pero mejor distribución. Ha ensayado un sistema de relaciones entre los intereses públicos y los privados capaz de promover los objetivos principales que quiere la mayoría de los mexicanos y que convienen al desarrollo del país.

La Revolución ha transformado el medio físico y lasinstituciones de la sociedad en que vivimos los mexicanos en beneficio de todos, sin discriminaciones.

El Gobierno no ha sido instrumento de un solo sector social —trabajadores o agricultores, comerciantes o empresarios—; se ha manejado con criterio nacional, estimulando soluciones nacionales a los problemas nacionales.

La Constitución le confiere una función tutelar de la población económicamente débil y la ejerce en beneficio general.

La Revolución no se conforma con los derechos politicos; los revaloriza desde el punto de vista económico y crea y asegura derechos económicos y sociales que favorecen un desarrollo mejor de la personalidad del mexicano. Crea un ambiente favorable al ejercicio de las libertades individuales y excepcionalmente las restringe, pero sólo por causas de interés público y nacional.

El Gobierno de la Revolución asume las actividades que son inaccesibles para la empresa privada; la suple cuando falta; la complementa cuando es insuficiente; la ayuda y fomenta cuando es débil pero útil, y la orienta en el sentido que más favorece los intereses de México y de los mexicanos. La limita y restringe cuando amenaza estos intereses.

La intervención del Gobierno mexicano en la economía previene contra el desperdicio de nuestros recursos escasos, procura su mejor conservación y aprovechamiento. Se empeña en alcanzar su máxima ocupación y utilización; en rodear de mayor seguridad a los individuos contra los riesgos económicos.

Interviene y actúa cuando lo demandan el interés público, la defensa del país, la seguridad nacional.

Restringe las concentraciones de fuerza y combate los monopolios y los abusos; procura garantizar un mínimo vital a todos.

Respeta la propiedad privada y no aplica políticas impositivas confiscatorias de los ingresos. Cuando participa como productor, lo hace tendiendo a igualar costos y beneficios a toda la comunidad.

En su política exterior sirve a los mejores ideales y desde el punto de vista económico procura relaciones que no amenacen su desarrollo interior y le permitan fortalecer su independencia económica.

En el mosaico de la economía mexicana resaltan las instituciones y las prácticas del régimen capitalista, progresivamente acentuado. La casi totalidad de 'los bienes y servicios son producidos por negocios privados, cuyos recursos son poseídos y manejados por individuos, no por el Gobierno, y todos gastan sus ingresos sin restricciones.

La intervención del Gobierno es introducida por procedimientos democráticos y su sentido fundamental es de promoción y de fomento; no de limitación o restricción.

El Gobierno es en nuestro medio el motor principal de la actividad económica.

La operación del sistema económico en su conjunto es una, pero no depende sólo del Gobierno o de los particulares, sino de las decisiones de ambos.

La Revolución mexicana ha cumplido parcialmente sus objetivos. Los avances logrados son extraordinarios. No obstante, nos queda aún gran parte de la tarea. La intervención del Gobierno en la economía es uno de us principales instrumentos, de los más eficaces y también de los más difíciles de manejar.

La complejidad que ofrece en su conjunto se debe, en parte, a que en nuestro régimen democrático cada grupo de la sociedad lucha por sus intereses, todos lo presionan y las soluciones que frecuentemente tiene que aplicar son parciales, seccionales y a corto plazo. Esto conduce necesariamente a confusiones y conflictos que pueden tener consecuencias graves a plazo largo. Mas, en la tendencia fundamental de su política se impone siempre el beneficio del país.

La jerarquía de los objetivos de la Revolución cambia conforme transcurre el tiempo y va logrando cumplirlos parcial o totalmente. Empero en su mayoría están vivos, esperando la acción decidida de los mejores mexicanos en apoyo de lo más generoso de nosotros mismos, eL pensamiento profundo de la Revolución mexicana.

Sentido democrático de la intervención. Si alguien duda del carácter democrático de la intervención del C obierno en la economía, del sentido que le ha impreso la Revolución mexicana, si alguien piensa que el pueblo de México quiere que el Gobierno sea un simple gendarme, guardián del orden y la tranquilidad al viejo estilo, y que anrace el credo de la libre competencia irrestricta; si esto cree, que recorra el campo y la ciudad, que pregunte a todos:

1) Que pregunte a los agricultores si debe detenerse la Reforma Agraria; si quieren que se supriman los bancos de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal; que se liquide Guanos y Fertilizantes; que no se construyan más presas y canales de riego; que nadie se meta con ellos para escoger sus semillas para la próxima siembra o a sugerirles el uso y facilitarles la adquisición de maquinaria.

2) Que pregunte a los trabajadores si quieren que. el Gobierno deje de intervenir para guardar sus dere_hosde asociación sindical; para vigilar la duración de su jornada de trabajo; para sostener su derecho de huelga; para discutir sus contratos colectivos; para establecer el salario mínimo, para que funcione progresivamente el seguro social, para que se respete el Estatuto Jurídico; para que el sistema de pensiones sea íntegramente a su servicio.

3) Que visite las organizaciones de industriales y las fábricas y pregunte a los empresarios si desean que termine la intervención del Gobierno en la economía; que el Gobierno suprima los aranceles y derechos de importación; que ya no fomente la exportación; que cierre la Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior; que cancele el fondo para el crédito a la pequeña y mediana industria; que elimine las exenciones de impuestos, las concesiones en el impuesto sobre la renta para la reinversión de las utilidades; que elimine toda la legislación sobre inversiones extranjeras..

4) Que hable con los comerciantes y les pregunte si debe terminar la actividad del Gobierno para ampliar su mercado interior mediante la construcción de sus redes de carreteras y vías férreas; que suspenda la rehabilitación de los ferrocarriles; que les pregunte si quieren que el Gobierno no intervenga más tratando de que la masa de población mejore sus ingresos y su capacidad de compra; si desean que abra las fronteras al comercio exterior para que prevalezcan solamente quienes tengan más capital, mejor técnica y más bajos costos...

5) Que recorra las calles de las ciudades y los pueblos y pregunte a todo mexicano si quiere que se suprima la intervención gubernamental en la economía; que ya no se realicen obras públicas, que no haga más esfuerzos por llevarles agua e instalarles drenaje, ni proporcionarles los servicios públicos elementales; que deje a los comerciantes, a todos los empresarios, fijar libremente los precios de alimentos, ropa, medicinas, rentas de las habitaciones, transportes urbanos...

6) Que pregunte a los mexicanos de cualquier parte del país si debe suprimirse la intervención gubernamental y liquidar o dar un sentido diferente a las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Bancos de Crédito Agrícola y Ejidal, la Nacional Financiera, el Banco del Ejército y la Armada, el Banco de Fomento Cooperativo, el del Pequeño Comercio, el Hipotecario Urbano y de Obras Públicas y tantas otras que funcionan ahora...

7) Que pregunten al pueblo si quiere cambiar el sentido social de la intervención del Gobierno en la economía; si está dispuesto a entregar estos instrumentos suyos al oportunismo circunstancial. Que entablen un diálogo con el pueblo; que tonifiquen su propio espíritu, que aclaren sus dudas y vengan y nos digan la verdad del pueblo para que la Revolución mexicana se remoce, se fortalezca y sea cada vez más fecunda y generosa.