Adolfo Ruiz Cortines, 14 de Mayo de 1954

Identificado por entero con mi pueblo, compartiendo sus preocupaciones, y con motivo de la modificación del tipo de cambio de nuestra moneda, considero que es mi deber explicar cuál fue y cuál será la acción de las autoridades, a fin de reafirmar en la conciencia pública la inmutabilidad de mis propósitos de que mejoren las condiciones de vida de las mayorías, y de luchar por corregir las tremendas desigualdades que existen en la distribución del ingreso nacional. Es este un mensaje en que, como siempre que me dirija a la nación, no habrá de escucharse otro acento que el de la verdad porque, no cesaré de repetirlo, la autoridad moral y la dirección fecunda sólo son posibles en tanto el gobernante merezca el respeto y la fe del pueblo.

Podría pensarse que las palabras del primer magistrado de la república debieron haberse escuchado simultáneamente a la adopción de la medida devaluatoria; pero seguro de la intuición y de la comprensión de la ciudadanía nacional, consideré que antes de dirigirme a ella era necesario valorar las reacciones de los distintos sectores de la colectividad. Por otra parte, las autoridades hacendarías y monetarias habían explicado ya la conveniencia técnica de la medida adoptada.

La conmoción general de los primeros días ha pasado ya. Los trabajadores esperan que se realicen los necesarios ajustes de sus salarios, y el país entero ha reaccionado en la juiciosa forma que sabe hacerlo y que siempre esperé de él.                         

En la etapa crítica que actualmente vive el mundo y consiguientemente la nación, la colectividad mexicana ha permanecido serena y consciente, con un solo espíritu y una misma voluntad de superación.

Apenas hace 15 días que los trabajadores de México demostraron, en solidaridad con el régimen, que antes que nada están los intereses de la patria. Esa fue la expresión más elocuente del desfile del 1 ° de mayo en todo el país y, principalmente, en esta capital. El gobierno reconoce esa actitud, convencido de que marchando acordes y disciplinados en defensa de los intereses nacionales, no hay problema que no tenga solución. Es necesario, pues, que esta patriótica conducta siga inalterable en todo tiempo, para que con el cumplimiento del deber de cada uno y la unión de todos, se alcancen las metas de bienestar y de justicia social que todos anhelamos.

Ricos y pobres, organizaciones de trabajadores y hombres de negocios, profesionistas y empleados, campesinos y servidores del Estado, continúan dedicados a sus tareas ordinarias, sin dejarse influir por versiones interesadas y desorientadoras. En patente demostración de unidad nacional, diversos partidos políticos, sin ocultar sus puntos de discrepancia, están ofreciendo al gobierno su leal colaboración. De ellos, y de innumerables personas, se han estado recibiendo sugestiones sobre la mejor forma de sortear los obstáculos durante el período-de ajuste y de evitar en lo futuro las causas que nos han conducido a la situación presente.

La desvalorización. - Al advertir las autoridades hacendarias y monetarias, persistentes alteraciones lesivas de nuestra economía, y sin dejar de apreciar la existencia de síntomas de posible recuperación, propusieron la modificación del tipo de cambio de nuestra moneda, recomendando proceder súbita y discretamente para evitar conductas reprobables. Ante esa propuesta y dentro de la responsabilidad de administrar la riqueza común para servicio de todos, tuve en cuenta, antes que nada, la necesidad de preservar los fondos garantizadores de la moneda nacional, y, además, aprovechar la ventaja de poder tomar una determinación sin apremios y eliminar causas de mayor desequilibrio. Estimé, además, que la prolongación y la acentuación de los fenómenos desfavorables habrían de acarrear incertidumbres y más graves daños a mi pueblo; estimé también que sostener la paridad cambiaria que prevalecía implicaba conservar una situación en desacuerdo con la realidad, por lo que, antes de recurrir a otros medios posibles, pero menos controlables, y con plena confianza en la capacidad de recuperación de nuestro país, opté por autorizar la modificación del tipo de cambio, como medida de seguridad y de previsión, consciente que de inmediato habría de provocar reacciones de desagrado para el gobierno y para mí mismo, y que pasados los primeros momentos, la intuición de mis compatriotas habría con acierto de aquilatar que la conducta del gobierno y mía se inspiró sólo en el deber de salvaguardar los intereses de la patria.

La modificación del tipo de cambio con el exterior no significa forzosamente ni debe verse como una desvalorización interna que disminuya el poder adquisitivo de nuestra moneda. Todo depende de la conducta colectiva que sigamos. Es natural, sin embargo, que aquélla se refleje en los precios interiores a consecuencia de la interdependencia económica mundial, pero necesariamente en proporción considerablemente inferior a la reducción del valor externo. Las devaluaciones anteriores sólo produjeron, por sí mismas, aumentos moderados en el costo de la vida. El país, en una acción patriótica conjunta, está en aptitud de contrarrestar los efectos desfavorables de la desvalorización aminorando el volumen de las importaciones a lo estrictamente indispensable, suprimiendo lo superfluo, evitando dispendios y ajustándose, en esta hora de graves vicisitudes en todo el mundo, a un nivel de vida equilibrada. Menos debe pensarse ahora en pingüe utilidades.

Una desvalorización monetaria aprovechada injustificadamente por la desorientación, por el pánico o por la especulación, para elevar los precios, representa siempre un peligro de descenso en el nivel de vida de las clases sociales más débiles si no se aplican enérgicamente los correctivos adecuados. Quien conoce la pobreza de los campesinos, la de los barrios proletarios en las grandes urbes, las estrecheces de la clase media -y sabe que sólo elevando el poder efectivo de compra de los trabajadores rurales y urbanos podrá continuar el desarrollo de la economía nacional-, sólo pudo aceptar la desvalorización de la moneda, convencido de que no significaba abandonar las metas de justicia social que el régimen que presido ha venido sosteniendo como programa fundamental de gobierno y que representa la más cara aspiración de México.

Adoptada la medida, es indispensable que el pueblo y el gobierno unidos en armoniosa cooperación, hagan eficaz el programa gubernamental que tiende a contrarrestar los efectos desfavorables. Por lo demás, existen afortunadamente buenas perspectivas para nuestra economía, sobre todo por las cosechas próximas, que se anuncian abundantes. Tal parece que no padeceremos en el presente ciclo agrícola la sequía devastadora que tanto nos dañó el año pasado.

La explotación cuidadosa de nuestros recursos agotables y la reposición de los renovables deben complementarse con la eliminación o la reducción al mínimo de cualquier desperdicio en las materias primas.

Es menester proporcionar mayores oportunidades de ocupación a los que no trabajan y aumentar el rendimiento de los que trabajan.

Sólo el 29% de nuestra población es la que trabaja. Proporción que -debemos meditar en su terrible elocuencia- es inferior a la de muchos países de menor desarrollo político-económico que el nuestro, y donde la menor proporción promedial es de 35%.

En los campos de cultivo de temporal y en algunas industrias estaciónales, sólo se trabaja 4 o 5 meses. En las grandes ciudades, numerosas ocupaciones son socialmente improductivas. En muchos talleres y fábricas, métodos anticuados imponen al trabajador un desgaste de energías físicas, superiores al necesario, y disminuyen por ende el fruto de su esfuerzo. Iguales deficiencias se observan en el pesado aparato comercial, en la organización de los transportes y servicios públicos. Todo ello contribuye a nuestra baja productividad que hay que elevar a todo trance.

El trabajo, único remedio. -- Precisa considerar el trabajo no como un deber penoso, sino como el único medio de satisfacer nuestras necesidades y acrecer el patrimonio individual y colectivo.

El pueblo de México debe saber que su robustecimiento económico radica en el esfuerzo de todos y de cada uno de sus hijos. Que debemos producir más para ganar más y poder vivir mejor. Debemos también crear una conciencia nacional para consumir lo que producimos y evitar lo superfluo para acelerar nuestro desarrollo.

Es indispensable, y para ello exhorto a los empresarios en general e invoco su sentido patrio y su concepto de responsabilidad social, que se esfuercen por mejorar su eficiencia, y porque los aumentos de salarios que concedan a sus trabajadores sean absorbidos por su tasa de ganancia. Los comerciantes en víveres indispensables para la subsistencia, y los productos y comerciantes en medicinas también indispensables, no deben hacer especulaciones inicuas que agraven la difícil situación del pueblo. La aplicación de las leyes será inflexible.

Dentro de nuestro régimen político-económico -que concibe al Estado como el coordinador y regulador de las actividades sociales- corresponde a la inversión privada una gran responsabilidad en el desarrollo de la economía nacional. De su espíritu de iniciativa, de su dinamismo, de su comprensión sobre el papel que juega en el mundo contemporáneo depende en gran parte el auge económico. Cuando la empresa privada se persuade de que la producción y el consumo de los bienes y servicios se condicionan recíprocamente, paga salarios remuneradores y fija a sus productos precios accesibles al consumidor, cumple un deber de solidaridad social y actúa inteligentemente para sus propios intereses.

Comienza a surgir en la república un nuevo tipo de empresario consciente de la responsabilidad de servir a sus semejantes y a sí mismo, es decir, consciente de su función social, en un puesto clave de la economía nacional.

La acción del gobierno. - Para lograr la más pronta recuperación y el reajuste de las actividades nacionales, el gobierno basará su acción en los siguientes objetivos:

Es necesario que las clases trabajadoras no sufran merma en su poder efectivo de compra por los ajustes que impondrá en nuestra economía el nuevo tipo de cambio. Sólo de esa manera será posible fortalecer el mercado interno para nuestros productos y que no se detenga en su marcha el continuo e incontenible desarrollo económico del país.

El crecimiento de la población mexicana es casi de 3% anual. (Ochocientos mil habitantes en números redondos en 1954). Sobrepasa notablemente el promedio mundial que es de 2%. Esto hace indispensable que nuestra producción crezca en una proporción mayor al 3% cada año y que la distribución de los ingresos sea más equitativa de lo que hasta ahora ha sido.

Los problemas del campo mexicano son una de las mayores preocupaciones del gobierno y deben serlo del país. Inclusive nuestra industrialización, que es indispensable proseguir para dar ocupación remunerativa a nuestra población creciente y para proteger a la economía mexicana de las repercusiones adversas del exterior, exige elevar, con el consumo nacional, el nivel de vida del campo, lo cual supone incremento substancial en la producción, mejoría en los sistemas y en la técnica, y una nueva política para tratar los problemas de los precios agrícolas.

El Estado no dispone sino de recursos limitados. Para la federación no llegan al 10% del ingreso nacional. Es por ello indispensable continuar estimulando a la iniciativa privada dentro de un marco de legalidad y exhortarla a que asuma con más decisión su responsabilidad en el progreso económico del país canalizando un porcentaje mayor de sus utilidades hacia finalidades constructivas, y la exhortamos encarecidamente a contribuir desde luego y en forma amplia a la asistencia social que la nación tanto ha menester.

El aumento continuado de la producción mexicana, tanto agrícola como industrial, así como el mejoramiento de los transportes y en general de los sistemas de distribución, atacará las más importantes causas de fondo que han creado desajustes en nuestra balanza de pagos, pero es además necesario tomar medidas directamente encaminadas a aumentar el volumen de nuestros productos exportables y a reducir al mínimo, si no eliminar, las compras en el exterior de artículos no indispensables.

Los objetivos anteriores persiguen concretamente: a) La defensa de la capacidad efectiva de compra de las clases trabajadoras del campo y de la ciudad; b) El equilibrio de la balanza de pagos, y c) El estimulo coordinado al aumento y diversificación de la producción agrícola, ganadera e industrial.

Medidas acordadas. - Debemos realizar estos objetivos con las siguientes medidas:

A partir del primero de junio próximo se aumentará el 10% a los empleados federales (civiles, militares y marinos) y a los de las empresas descentralizadas que perciben sueldos hasta de $900.00 mensuales; se establecerán para todos los servidores, almacenes de víveres al costo, donde aún no existen. Por las mismas razones que el gobierno ha tenido para conceder tal aumento a sus trabajadores; está seguro de que sin necesidad de proponer ninguna reforma legislativa, todos los empresarios, salvo casos de incapacidad económica comprobada, de establecimientos de dimensiones mínimas, concederán a sus empleados y obreros un aumento cuando menos igual al otorgado por el gobierno. Dicho aumento habrá de basarse precisamente en los sueldos y salarios que hayan estado en vigor el día 1 ° de enero del presente año.

La situación actual reclama afirmar una vez más la política de asegurar a los trabajadores un salario real suficiente. El sólo aumento monetario del salario nominal no puede lograr ese propósito. Por ello los trabajadores y sus sindicatos, los empresarios y las autoridades del trabajo, deben tener en cuenta, en las actuales tareas de ajuste, la necesidad fundamental de incrementar la producción como único medio de elevar el poder verdadero de compra para las masas laborantes.

Eximir de toda clase de impuestos federales a las tiendas sindicales y a los almacenes que establezcan las empresas para vender al costo artículos de consumo necesario a sus propios trabajadores.

Elevar en un 10% los precios de garantía del maíz, fríjol, trigo y arroz, y relacionar permanentemente dichos precios de garantía con los de los principales artículos manufacturados que adquieren los campesinos.

Continuar la intervención marginal del gobierno en el mercado del maíz, fríjol, trigo, arroz y grasas alimenticias, con el doble propósito de mantener un precio estimulante para los productores nacionales y de combatir especulaciones dañinas al pueblo. Esta acción marginal no debe causar interferencias con la distribución normal de las mercancías que es responsabilidad social del comercio de la república.

Intensificar a través de los Almacenes Nacionales de Depósito y de empresas privadas, la construcción de silos, almacenes y plantas de refrigeración, para crear existencias reguladoras que contribuyan a la estabilidad de los precios de los artículos alimenticios básicos.

Aplicar estrictamente la Ley de Coordinación Fiscal, aprobada por el H. Congreso de la Unión en su último período de sesiones, a fin de eliminar prácticas alcabalatorias que aún impiden en algunas zonas del país la libre movilización de mercancías.

Se creará en el próximo mes el Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional, como un órgano de consulta del gobierno federal para el examen de los problemas ligados con la producción agrícola e industrial que proponga al Estado medidas concretas para el incremento y el indispensable equilibrio entre la agricultura y la industria. Los miembros de dicho consejo representarán a los ejidatarios, agricultores, ganaderos, obreros industriales, comerciantes, banqueros y en suma a todos los sectores que intervienen en la economía del país. Tales cargos serán honoríficos y se discernirán entre aquellas personas de reconocida capacidad y espíritu cívico y patriótico. Este consejo se dividirá en dos grandes ramas: una agrícola y otra industrial y creará las comisiones que sea menester.

Mantener para el ejido y para la propiedad privada de la tierra la seguridad y garantías que consignan las leyes.

Todos los mexicanos, dentro y fuera del gobierno, deben conjugar sus esfuerzos para que prosiga la acción pública y privada en el campo, intensificándola con mayores inversiones en: obras públicas, grandes y pequeñas obras de irrigación, caminos troncales y vecinales, en crédito agrícola barato y oportuno y en diversas formas de asistencia técnica y social para luchar contra la erosión, por el mejoramiento de los sistemas de cultivo, de selección de semillas, de uso de fertilizantes y en centros de bienestar rural. Esta acción tiene que complementarse con sistemas de seguro agrícola, y demanda para su eficacia mejor coordinación. La rama agrícola del consejo propondrá soluciones acerca de los temas señalados. Como medida inmediata propondrá también la división del territorio nacional en zonas homogéneas donde se establecerán estaciones de servicio agrícola en las que participarán activamente y con injerencia directa los agricultores del lugar.

Perfeccionar la atención directa a los ejidos por conducto del Banco Nacional de Crédito Ejidal, el que descentralizará sus actividades estableciendo consejos locales en cada uno de los lugares en que se creen estaciones regionales de servicio técnico y social.

Atender las necesidades de crédito de la agricultura privada a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero y, fundamentalmente, mediante un sistema que, administrando un fondo de garantía, utilice con eficiencia la participación de la banca privada en el crédito para la agricultura, de acuerdo con el compromiso que la propia banca ha adquirido con el gobierno.

Impulsar las obras e inversiones públicas, debidamente coordinadas y jerarquizadas, con las finalidades siguientes: a) Que contribuyan a nuestro equilibrio económico, interno y externo, procurando que su volumen no exceda al de los recursos reales de que el estado disponga. Por tanto, no se harán obras públicas con financiamientos que requieran nuevas emisiones de dinero. b) Se dará preferencia a las obras de interés regional o local, de más inmediata productividad, y que no exijan cuantiosas inversiones, sin perjuicio de concluir las obras en proceso. c) Siempre que sea conveniente se dará prioridad a proyectos en los cuales se pueda utilizar ahora más mano de obra, y d) Se impulsará con mayor vigor que hasta ahora la ejecución de obras de beneficio social, como habitaciones populares o proletarias, escuelas, hospitales y centros de bienestar rural.

Reforzar con la autoridad necesaria como organismo autónomo, a la Comisión de Inversiones, cuyo director dependerá directamente del presidente de la república.

Todas las instituciones y dependencias gubernamentales, así como las empresas descentralizadas, ajustarán sus programas a las siguientes normas: a) Deberán contar con la aprobación previa de la Comisión de Inversiones antes de poner en ejecución ningún nuevo proyecto que reclame inversiones importantes. b) Se abstendrán de adquirir en el extranjero equipos y materiales que se produzcan en México.

El fomento de la habitación popular o proletaria es asunto de la más alta importancia social, pues la escasez de este tipo de viviendas representa un grave problema nacional; la magnitud de las inversiones, no ya para satisfacer esa necesidad sino para aliviarla, hace imposible que el erario federal y los de las entidades federativas puedan hacerle frente por sí solos, y por ello es procedente: a) Crear estímulos para lograr la concurrencia de la inversión privada, en la mayor proporción que sea dable; b) Impulsar los programas de las empresas industriales para la construcción de casas destinadas a sus trabajadores, proporcionando cuando sea necesario apoyo financiero; c) Adoptar disposiciones para que el Banco Nacional Hipotecario, principalmente a través de colocación de valores en el mercado, cuente con un fondo no menor de cien millones de pesos, destinado al apoyo de los planes de fomento de la habitación popular en la república; d) Exceptuar del pago del impuesto predial y de los otros que se causen a las viviendas populares, individuales o colectivas, que se edifiquen bajo los auspicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro, del Banco Nacional Hipotecario, del Banco del Ejército y la Armada y de los bancos de ahorro y préstamo para la vivienda familiar; e) Eximir del pago del impuesto predial, por un término de cinco años, a las edificaciones destinadas a viviendas populares o proletarias, cuya renta mensual no exceda de trescientos pesos.

Se propondrán reformas a la legislación fiscal que alienten las inversiones privadas fundamentales para el país, incluso reduciendo los plazos de amortización.

Se iniciará la expedición de una Ley de Fomento Industrial que amplíe las facilidades y franquicias existentes para las empresas mineras y las manufactureras que no se dediquen a la simple modificación de productos semielaborados en el exterior.

Complementar los recursos de la iniciativa privada en la promoción de empresas fundamentales del país, especialmente de las que incrementan las exportaciones o substituyen bienes de importación, por medio de la acción de la Nacional Financiera.

Atender las necesidades de crédito de la pequeña y mediana industrias aumentando a setenta y cinco millones de pesos el fondo de garantía que ya se creó.

Derogar el impuesto adicional del 25 por ciento a las exportaciones de productos manufacturados, y revisar la situación de otros productos que estén en difícil situación económica. Se tomarán las medidas necesarias para que no haya exportaciones cuando el consumo nacional lo requiera.

La rama industrial del Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional propondrá medidas concretas acerca de: a) Aumento de la exportación de productos manufacturados; b) Protección arancelaria; c) Restricciones a la importación; d) Aumento de la productividad; e) Canalización de mayores recursos privados de capital hacia las industrias; f) Política sobre inversiones extranjeras, y g) Otras medidas que el Consejo juzgue de interés nacional.

Negociar la obtención de créditos exteriores a largo plazo para continuar el desarrollo eléctrico del país, la rehabilitación ferrocarrilera, la fabricación de fertilizantes y la realización del programa del progreso marítimo, cuya conveniencia nacional es evidente.

Introducir de inmediato prohibiciones absolutas o muy severas restricciones, mediante permisos, cuotas y otros medios, a la importación de artículos no indispensables o de lujo, y elevar muy considerablemente los impuestos de importación de los artículos cuya entrada se restrinja.

Suprimir en unos casos y reducir en otros los impuestos de importación de materias primas, maquinaria, equipo, herramientas y refacciones que no se produzcan en el país.

Mejorar la administración de los impuestos federales constantemente, como medio para levantar la recaudación que permita hacer frente a las erogaciones del erario público.

Mantener la actual paridad de la moneda y la libertad de cambios.

Iniciar ante el H. Congreso de la Unión modificaciones a la Ley General de Instituciones de Crédito y a la Orgánica del Banco de México, que estimulen una mayor canalización de ahorros a las finalidades productivas.

Revisar la legislación de seguros para que puedan participar los asegurados en las utilidades de las empresas.

Aumentar en 10% las percepciones de los pensionistas y elevar a 6 pesos diarios el mínimo de las pensiones militares, ya que en la actualidad todavía algunos perciben solamente 2 pesos.

El ejecutivo federal se dirigirá a los CC gobernadores de los estados excitándolos a que dentro de sus jurisdicciones promuevan o establezcan las medidas análogas, que sean posibles, y que contribuyan a todos los objetivos señalados.

Fe en los destinos de México.-- Compatriotas: No permitamos que el desaliento ni causa alguna ensombrezca los senderos que ha elegido nuestra patria. Convirtamos esta contingencia monetaria en ocasión propicia para forzar la marcha hacia el progreso. Prosigamos con empeño máximo nuestra lucha secular contra la miseria, la ignorancia, la insalubridad y el egoísmo.

El progreso de la sociedad es la resultante de todos los esfuerzos grandes y pequeños. Por modesto que sea el papel de cada uno de nosotros en la escala social, cualquiera que sea nuestra aportación personal, debemos pensar que sin ella, sin la suma de otras aportaciones semejantes o mejores, es inconcebible el bienestar colectivo, el de nuestros hijos, el de nosotros mismos.

Reforcemos la unidad nacional para alcanzar las metas comunes. Que esta etapa no nos induzca a la conformidad cobarde e inactiva y mucho menos al estéril desaliento. Arrostremos el presente y el futuro con plena confianza en nosotros mismos con fe inquebrantable en los destinos de la patria y bajo la consigna nacional: México, al trabajo fecundo y creador.