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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 
 
2017
 


1951 Mensaje del general Miguel Henríquez Guzmán al aceptar su candidatura a la presidencia de la República.

Julio 29 de 1951

Mensaje que dirigió al pueblo de México el señor general, Miguel Henríquez Guzmán al aceptar su postulación como candidato a la Presidencia de la República para el periodo 1952-1958.

Convención de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.

México D.F., 29 de julio de 1951.

Honorable Asamblea:

Con profundo agradecimiento para todos los componentes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, acepto la candidatura a la Presidencia de la República que han tenido a bien ofrecerme.

En estos momentos solemnes y trascendentales, en que el mundo está lleno de presagios e inquietudes, consciente de la responsabilidad tan grave que asumo y ante los imperativos ineludibles de la Patria, declaro que no pretendo ser para la Nación tan sólo una esperanza; y que, al acatar el sentido de la mayoría ciudadana no me mueve la ambición de poder. Por el contrario, si la lucha cívica me favorece, gobernaré en todo de acuerdo con la opinión y el concurso de mis conciudadanos, con la colaboración directa del pueblo y de sus legítimos representantes.

La experiencia nos señala que con frecuencia los hombres, al llegar al poder, se corrompen y actúan como dictadores. Esto sucede, sobre todo, cuando los gobernantes, renunciando a sus convicciones democráticas y olvidándose de sus deberes, traicionan los legítimos intereses del pueblo.

Es grave error creer que basta el sufragio para cumplir la función obligatoria del ciudadano que vive en una República Representativa Democrática y Federal como la nuestra. El sufragio, ciertamente, es la base del edificio político; pero el pueblo tiene que intervenir constante y enérgicamente para conservar y perfeccionar el estado de derecho, dentro del cual quiere vivir y prosperar. Designar amos es envilecerse; delegar todo el poder es perderlo definitivamente; equivale a otorgar facultades omnímodas a un solo hombre para disponer a su antojo de la vida, de la conciencia, de la cultura, del trabajo, de la familia y de los bienes de los gobernados. La negación de la voluntad popular conduce fatalmente a la tiranía y a la abyección.

La dignidad de todo ciudadano exige que se respeten íntegramente sus derechos; que disfrute de libertad efectiva para regir su propio destino y para establecer las normas de su convivencia. Por esta razón fundamental, la Constitución que nos rige proclama que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo; por lo tanto, todas la iniciativas de ley al Congreso de la Unión, así como todos los actos gubernamentales de trascendencia nacional, deben previamente someterse a la opinión pública, para así alcanzar el ideal de trabajar por México y para México.

Por fortuna nuestra, la ruta ideológica del país quedó fijada con claridad en el gran plebiscito que fue la Revolución mexicana, modelo y bandera de los movimientos libertarios de muchos otros pueblos. Los naturales y humanos yerros cometidos durante las tres últimas décadas no bastan para mutilar y menos para descartar los principios de hondo contenido social que palpitan y perduran incólumes en las páginas de nuestro Código Supremo.

No sería sincero si dijera a ustedes que los ideales medulares de la Revolución se han alcanzado; menos aún lo sería si afirmara que el pueblo vive feliz y satisfecho por haber logrado ya el bienestar y la justicia a que tiene derecho. Desgraciadamente la Revolución ha sido falseada y por todas partes ha cundido la corrupción. El propio señor Presidente está rodeado de la incomprensión y la necedad de quienes han usurpado el título de «amigos» y tratan de arrastrarlo a violar los principios básicos de la Revolución. El Partido Revolucionario Institucional, bajo el mando actual, no presta al régimen de la Revolución ningún apoyo efectivo, no cuenta hoy con la fuerza política que tuvo en épocas pasadas porque ha desviado por completo su trayectoria moral y social.

Ya no es el fiel vocero de las causas populares, ni el fiador solvente de las promesas revolucionarias; ha caído en el desprestigio por carecer de ideales que lo sustenten y porque su labor se ha vuelto hueca y demagógica. El pueblo sabe que ese partido es hoy un desertor de sus filas y que actúa vergonzosamente ante los problemas políticos y sociales. Ya no pugna por el reparto de la tierra ni protege al ejido; ha dejado de combatir los monopolios que agravan la carestía de la vida. Ha contribuido a dividir y a minar el movimiento obrero nacional y, sobre todo, ha pretendido matar el espíritu cívico al impedir la libre función electoral en todos los estados, imponiendo con su influencia social en los ayuntamientos y en los gobiernos locales, a individuos sin antecedentes revolucionarios ni dotes morales en que pueda apoyarse la confianza del pueblo, ni el progreso del país.

Pero la Nación ha reaccionado ante hechos tan negativos. Se ha despertado la ciudadanía que se viene agrupando en nuevos partidos políticos con plataformas de principios democráticos y progresistas como esta Federación de Partidos, como el Partido Constitucionalista, la Unión de federaciones Campesinas, el Partido Popular y como varios otros grupos importantes, integrados todos ellos por elementos de reconocida solvencia moral, que anhelan la mejoría de nuestro pueblo y el enaltecimiento de la Patria.

Si el voto de mis conciudadanos me lleva al poder, aprovecharé la cooperación de nuevos y valiosos elementos humanos para reencauzar la vida institucional. Desde 1910 han surgido dos nuevas generaciones que justamente reclaman su puesto en las actividades políticas del país; si no lo han ocupado hasta ahora, es porque frente al monopolio electoral sufrieron el natural desencanto y han preferido abstenerse y seguir con la conciencia y las manos limpias.

También aprovecharé el concurso inapreciable de mis viejos compañeros de armas y de ideales, de las juventudes generosas, de las mujeres mexicanas, de los campesinos y obreros, de los intelectuales y en general, de todos los ciudadanos que representan el pensamiento y la acción de México, por estar empeñados en su engrandecimiento; en que se cumplan las normas resultantes de los sacrificios de quienes nos legaron el más justiciero y avanzado documento de nuestra historia: la Constitución Política de 1917.

Ante la deuda contraída con los muertos de la Revolución, declaro a esta honorable asamblea que de elevarme el pueblo a la Primera Magistratura, garantizaré plenamente el sufragio electivo y la no reelección. Como mexicano deseo fervientemente que se engrandezca la Patria; que se cumplan todas las reformas conquistadas en cruentas luchas; que se dignifique la vida nacional mediante la práctica auténtica de la democracia; que no se confíen los destinos del país a gastadas e inmorales dinastías políticas ni a dictaduras de los llamados hombres indispensables.

Hechas estas consideraciones, estimo necesario exponer a ustedes la esencia de mi pensamiento en materia política, económica, social e internacional; pero antes declaro también que hago mío, en todas sus partes, el conciso programa político formulado por la Federación de Partidos del Pueblo. Ajustándome en todo a nuestros ideales, en su oportunidad someteré a la ciudadanía un programa de gobierno, amplio y detallado, de acuerdo con las necesidades del pueblo, mismas que me propongo estudiar más a fondo durante el recorrido que haré por toda la República.

Como nuestra Carta Magna no se ha observado integralmente, es mi propósito conseguir, por cuantos medios estén a mi alcance, el estricto cumplimiento de todos sus preceptos, con la mira de que real y positivamente disfrutemos de tul régimen de derecho.

Además, revisaremos todas las leyes orgánicas para proponer las reformas de aquellas que desnaturalicen o hagan nugatorios los ordenamientos constitucionales.

A fin de asegurar la confianza del pueblo en el poder público, es urgente e indispensable luchar por la inmediata derogación de la Ley Electoral de Poderes Federales, la cual está en franca rebeldía con los artículos noveno y 35 de nuestra Constitución. Exigiremos que la nueva ley respete la voluntad del pueblo; establezca bases firmes para un padrón electoral permanente; destierro definitivamente el fraude y garantice la absoluta imparcialidad de quienes vigilan los comicios y certifican el cómputo de los votos.

Nos empeñaremos en que se dé vigencia inmediata al reconocimiento de la plena ciudadanía de la mujer, según la Ley que fue aprobada debidamente por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los listados y que, por motivos inexplicables, todavía no ha sido promulgada.

El Poder Legislativo no debe seguir siendo un organismo moralmente burocrático; velaremos por que se integre sólo por ciudadanos que sean auténticos representantes del pueblo, quien sin duda escogerá hombres cuyos antecedentes morales y sociales los hagan merecedores de su confianza y los capaciten para desarrollar una fructífera labor legislativa.

Pugnaremos también por la autonomía e independencia de los tres Poderes Federales para el mejor desempeño de sus funciones, y la soberanía y libertad de los estados serán cabalmente respetadas.

El Municipio debe ser absolutamente libre; los ayuntamientos, en contacto directo con el pueblo, lo representan mejor que ninguna otra autoridad. Los emanciparemos de la tutela y de la miseria en que ahora actúan, proponiendo las reformas legales necesarias y alentándolos a formar Federaciones municipales que defiendan sus intereses comunes.

En el campo económico, estamos resuellos a combatir la carestía. Sí es posible dominar de inmediato el hambre que estrangula a nuestras clases humildes; sí es posible contener la avalancha de los precios exagerados. La carestía y el hambre no son calamidades incurables; son sólo el resultado lógico de una política equivocada; son consecuencia inevitable de yerros que se han cometido, tanto en lo individual como en lo colectivo.

En un país como el nuestro, todavía hay mucho que hacer; pero es grave error dispersar nuestras fuerzas tan limitadas para acometer todos los problemas a la vez. No tenemos derecho de emprender lo innecesario sin antes haber logrado lo imprescindible. El progreso de México es nulo si los mexicanos carecemos de lo indispensable; primero es comer, vestir y vivir desahogadamente; los demás bienes vendrán por añadidura. Con el apoyo decidido del pueblo, nos empeñaremos en concentrar los esfuerzos del gobierno y de la Nación para vencer el hambre, provocar la abundancia y mejorar nuestro nivel de vida.

Corresponde principalmente al pueblo, mediante el trabajo y el esfuerzo ordenado, poner fin a las privaciones que sufre. El gobierno sí puede y debe señalar los rumbos, encauzar los esfuerzos de los productores hacia metas de provecho colectivo; alentarlos con seguridades y estímulos apropiados y castigar severamente a quienes medren con las miserias del pueblo; pero el gobierno jamás debe pretender ser el único remedio para todos nuestros males. Las penalidades actuales terminarán cuando cada uno de nosotros produzca más y mejor, no como siervos sino como hombres libres, como hombres responsables, para lograr todo esto es urgente acabar con los monopolios que explotan a los consumidores; extirpar el fraude y el cohecho; suprimir las trabas burocráticas que ahogan la acción fecunda del trabajo y la iniciativa del ciudadano.

Es preciso, además, que explotemos los recursos naturales en bien de todos y no de unos cuantos; que establezcamos nuevas industrias para transformar en el país las materias primas que seguimos exportando; que cuidemos y ampliemos nuestras reservas forestales; que día a día mejoremos la técnica agrícola para hacer que nuestras tierras produzcan el máximo rendimiento por hombre y por hectárea.

Es también imperativo acabar con los monopolios de transportes y rehabilitar totalmente el sistema ferroviario nacional hasta hacerlo funcionar como una empresa eficiente, capaz de satisfacer las necesidades de la Nación y de garantizar a sus trabajadores. Buscaremos la recuperación de nuestra moneda, reforzándola y asegurándole un poder de compra estable que garantice el bienestar permanente de la población. Este firme propósito será una realidad si no se despilfarra la reserva monetaria; si no se sigue subsidiando a los monopolios de los víveres, pretendiendo abaratar artificialmente el costo de la vida; si no se favorece a los agricultores extranjeros comprando sus productos, con grave perjuicio de nuestros campesinos. En cambio, es de grande importancia que los dineros de la Nación se inviertan con prudencia en obras y servicios públicos tendientes a aumentar la producción y a reducir de inmediato el costo de la vida. En resumen: lograremos el bienestar del pueblo cuando hagamos que impere en México el régimen económico de libertad, de honradez y de justicia social previsto por nuestra Constitución Política.

Defenderemos los intereses de los campesinos; lo mismo los ejidatarios que los pequeños propietarios están agobiados y reclaman atención preferente e inmediata a sus gravísimos problemas. Nuestros campos atraviesan por una crisis angustiosa; así lo demuestran, entre otros, el caso impresionante y doloroso de Yucatán y el éxodo incontenible de los braceros.

Los campesinos que son la mayoría de los mexicanos tienen derecho a esa acción preferente del Estado; ya están cansados de vivir bajo la odiosa tutela de organismos burocráticos, deshonestos e ineptos. Exigen, ante todo, el estricto cumplimiento de la reforma agraria; piden se les dé acceso a los terrenos regados por las obras ejecutadas con fondos públicos; demandan se aumenten los campos laborables para dar acomodo a tantos de ellos que carecen de tierras. Quieren libertad absoluta para vender sus cosechas a quien mejor las pague. Solicitan créditos amplios, oportunos y baratos, a fin de mejorar sus tierras y sus métodos de trabajo e intensificar sus cultivos; reclaman, en fin, su derecho a vivir con desahogo y a dejar de ser parias.

Respetaremos las conquistas obreras. El derecho de huelga debe mantenerse íntegro; es la única defensa efectiva de los trabajadores en los casos de abuso e intransigencia de las empresas. Apoyaremos la autonomía sindical, que es esencial para lograr la elevación moral y económica de la clase obrera; ninguna autoridad deberá inmiscuirse en asuntos internos de los Sindicatos. Estas organizaciones deberán hacer uso de sus derechos para designar libremente a sus dirigentes. Nos empeñaremos en que el obrero gane un salario que le permita elevar cada vez más su nivel de vida y el de su familia.

Existen todavía numerosos grupos de indígenas sustraídos a la civilización y sumidos en la más degradante miseria. Es nuestra obligación ineludible capacitarlos cultural y económicamente para que se incorporen a la vida nacional como ciudadanos útiles.

Conservar nuestras tradiciones, defender la herencia moral del pueblo y elevar progresivamente su cultura, serán nuestros propósitos más firmes y constantes. Así podremos realizar una obra educativa que fortalezca a la familia, robustezca la nacionalidad y garantice plenamente la libertad de conciencia.

Es al Estado a quien corresponde trazar los linchamientos de los planes de estudios, pero reconocemos que de la educación intelectual, moral y física de nuestros jóvenes, son directos responsables los padres de familia. Crearemos nuevas escuelas regionales para enseñar a los campesinos los métodos de la agricultura moderna y estableceremos Institutos Politécnicos en los distintos centros industriales. Nuestros jóvenes deben estar capacitados .para ganarse decorosamente la vida aprendiendo no sólo ¡profesiones universitarias, sino particularmente las nuevas carreras técnicas tan necesarias para el progreso del país. Con objeto de alcanzar todos estos fines, será preciso elevar las condiciones económicas del magisterio y mejorar los sistemas pedagógicos. A todo esto tenderán nuestros mayores esfuerzos, convencidos como estamos de que, en el impulso y estímulo que demos a la educación pública, radica el porvenir de la Patria.

Ninguna sociedad puede sobrevivir mucho tiempo si la justicia no es impartida con rapidez y honestidad; resulta nula sin estos requisitos. Lucharemos por que la justicia que se administre al pueblo sea no solamente por jueces capaces y probos, sino que se imparta a todos con prontitud y sin obstáculos. Será necesario aumentar el número y mejorar la calidad de los Tribunales, especialmente de los Juzgados de Paz que son la justicia del pueblo y para ello pediremos la colaboración responsable y directa-de las asociaciones de abogados.

Como soldado que soy ofrezco al Instituto Armado de la República avocarme la resolución de los graves problemas de toda índole que lo afectan, con la mira de mejorar, económica y técnicamente, a todos sus miembros, capacitándolos así para desempeñar con mayor eficiencia su patriótico cometido. También nos proponemos reivindicar sus derechos cívicos como ciudadanos que son y reconocerles el derecho de hacer representaciones respetuosas, dentro -de la ley, cuando estimen que las órdenes de sus superiores jerárquicos son contrarias a la Constitución, a la lealtad a la Patria o al honor militar.

Cumpliremos, asimismo, el mandato constitucional de establecer la institución ciudadana de la Guardia Nacional.

Exigiremos honradez y eficacia a los servidores de la Nación, pero estamos a la vez obligados a retribuir sus servicios con equidad. Ni los jueces, ni el ejército, ni los maestros, ni los burócratas perciben lo necesario para vivir con decoro y trabajar con ahínco y honestidad en bien de los intereses colectivos.

En la esfera internacional, seremos celosos de nuestra soberanía y respetaremos a las naciones que a su vez nos respeten. No escatimaremos esfuerzos para impedir que se inicie y se propague una nueva guerra mundial que tendría consecuencias desastrosas para la humanidad entera. Sin perder de vista nuestra situación y nuestras responsabilidades frente a los demás pueblos de la Tierra, mantendremos un sincero y decoroso entendimiento con el pueblo norteamericano, así como con las naciones hermanas de América, con quienes México está unido por lazos indestructibles de raza, de idioma, de tradiciones y de propósitos comunes. Ante el desasosiego universal, exhortaremos a nuestros hermanos del Sur a unificar las miras y redoblar la acción para hacer sentir nuestra fuerza moral conjunta en favor de proyectos e iniciativas que promuevan y garanticen la tranquilidad, la libertad, el bienestar y la justicia que el mundo anhela.

Señores Delegados:

Estos son nuestros ideales y estas son nuestras metas. Ofrezco a ustedes que si la voluntad libre y soberana de la Nación nos favorece en esta lucha cívica que hoy emprendemos, nada ni nadie podrá arrebatar al Pueblo Mexicano su triunfo.

 

Fuente: Aguayo Quezada Sergio. La Transición en México. Una historia documental 1910- 2010. México. Fondo de Cultura Económica – Colegio de México. 725 pp.