Agosto 3 de 1950

Carta Abierta al Presidente de la República

Señor Presidente:

Numerosos y graves asuntos nacionales de todo orden requieren hoy el esfuerzo de los ciudadanos y de las autoridades; pero entre ellos, el que con más apremio y urgencia demanda ese esfuerzo, es el de la creación, legal y práctica, de un sistema que garantice la efectividad del sufragio y, con ello, la autenticidad de la representación, la vigencia de las demás instituciones constitucionales y la posibilidad misma de orden, limpieza y aptitud en todos los aspectos de nuestra vida pública.

Es larga y llena de sacrificios la lucha del pueblo mexicano para conquistar esta institución democrática fundamental que es el voto ciudadano libre y respetado. Desde 1910, especialmente, el principio del sufragio efectivo ha sido tema esencial del lema de la República, nuestro País lo ha ratificado en tratados internacionales, todos los gobiernos que en los últimos 40 años se han sucedido en el Poder lo han hecho objeto de sus más reiteradas y solemnes promesas. Pero la Constitución, el lema, los tratados y las promesas han quedado como letra muerta y el principio ha sido constantemente conculcado por las autoridades mismas, que sólo en la propaganda internacional se muestren dispuestas a cumplirlo.

Los ciudadanos de México, cada vez con fervor más patente, han insistido en su demanda de una reforma electoral verídica que haga posible el voto y le dé eficacia. En 1945, cediendo a esa exigencia ciudadana, se promulgó una nueva ley que no obstante significar un adelanto sobre la informe ley anterior, dejó abiertas las puertas para el fraude en las elecciones. Una reforma hecha en 1949, acentuó las lagunas y las deficiencias de la ley de 45. Así lo ha confirmado la experiencia tanto en elecciones federales de 1946, en las que el colegio electoral falsificó la elección de diputados y senadores por numerosos Estados y distritos electorales, como en las elecciones federales de 49 en las que se repitió el mismo fraude. Siguiendo este ejemplo y sin que las autoridades federales, dentro de su competencia, hayan hecho nada por evitarlo, las elecciones municipales y de poderes locales, en los últimos dos años, en Jalisco, Nuevo León, Morelos, Durango, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua, se ha efectuado, con un creciente desprecio del derecho.

El servicio electoral, que es el primero de los servicios públicos, base y condición de todos los demás, ha sido convertido en un sistema abominable de falsificación, de irresponsabilidad, de abuso del Poder. No hay padrones ciudadanos verídicos; los organismos electorales son entregados indignamente a los falsificadores; no existen recursos contra las deficiencias o los abusos en el proceso electoral; la fuerza pública es puesta al servicio de los que roban las urnas electorales; el recuento de los votos se abandona a los propios agentes de la falsificación; la calificación de las elecciones queda en manos de los mismos que han cometido las violaciones electorales y todo el procedimiento de la elección se vuelve una burda trama de imposición por el fraude y por la fuerza.

A la falta de un sistema legal adecuado para hacer posible y proteger el sufragio, se ha unido la existencia anticonstitucional y antidemocrática del hoy llamado Partido Revolucionario Institucional, que no es una organización ciudadana, sino un disfraz de partido político para que las autoridades mismas usen ilegítimamente, en la violación del derecho cívico, los fondos de las tesorerías municipales, de los Estados y de la Federación, las fuerzas públicas y la impunidad que dese el Poder puede ofrecerse a los falsificadores del voto.

Se ha unido, también, la Suprema Corte de Justicia al negarse, por mayoría de votos, a cumplir su deber como guardián de la Constitución en este aspecto esencial de tutelar la institución constitucional básica y el derecho ciudadano primario que es el sufragio.

Esta situación, además de ser intolerablemente injusta para el pueblo de México, es gravemente lesiva para la Nación. Todos los aspectos de la vida pública son inevitablemente afectados por ella. La formulación y realización de un programa genuino de reforma social y de mejoramiento para todos; el aprovechamiento de los recursos naturales; la resolución de los gravísimos problemas agrícola y agrario todavía pendientes; la extirpación del caciquismo voraz e inepto; la restauración de una vida local libre, pacífica y decorosa; la limpieza y la aptitud de la Administración; la creación de un verdadero sistema educativo; la garantía real de las libertades esenciales, todos los elementos del bien común, el conjunto de condiciones que hacen posible la convivencia en la tranquilidad del orden y que aseguran la identidad y el ser mismo de la Nación, son amenazados por esta degradación que ineludiblemente resulta del fraude electoral.

Es que el ladrón de votos, el funcionario que llega a un puesto de elección popular por la falsificación de padrones, el robo de ánforas y la decisión arbitraria de un espurio colegio electoral, no puede ser representante genuino, administrador honorable y leal del patrimonio espiritual y material de la comunidad; no puede ser capaz de entender, expresar y servir las necesidades o los anhelos de la propia comunidad y ésta, a su vez, carece de todo medio jurídico eficaz para orientar, apoyar o exigir responsabilidades a los encargados del Poder; bastardeada la representación, todo el organismo constitucional se vuelve inútil o vergonzosa ficción, y aun los medios normales de expresión de la opinión pública pierden posibilidades de autenticidad.

Es que el fraude electoral no sólo destruye la legitimidad de origen del Poder; es también obstáculo invencible para su legitimación de ejercicio, pues los hombres llegados a la autoridad contra la voluntad ciudadana, por el camino de la falsificación del voto, se encuentran irremisiblemente ligados a grupos o fuerzas de corrupción, a intereses opuestos al bien colectivo. Es que, rotos por la falsificación del sufragio los vínculos entre los ciudadanos y el régimen, éste olvida las funciones más altas de la autoridad y, encerrado en el estrecho círculo de la facción, se incapacita para renovar sus hombres y sus programas de acuerdo con las necesidades y los deseos del pueblo.

Las discrepancias intelectuales o de doctrina y aún de interés político concreto, por agudas que sean, pueden resolverse por los caminos de la razón en enriquecimiento del bien común; pero el robo de votos y el fraude electoral hechos por la autoridad misma o con su complicidad, son por esencia contrarios a la razón y al bien común, corrompen irremediablemente la vida pública, desgarran la unidad de la Nación e impiden esa comunión vital entra el pueblo y el gobierno que es absolutamente indispensable para hacer frente a los problemas de la Patria y para proyectar, acometer y realizar las grandes empresas que demandan el bien nacional

Por ello es urgentemente indispensable el cumplimiento del principio del sufragio efectivo del que dependen la vigencia real y el funcionamiento de todas las demás instituciones en nuestro régimen jurídico constitucional. Y el primer paso para hacer posible ese cumplimiento es una reforma completa y verdadera de la Ley Electoral. Nada hay que razonablemente pueda oponerse a esa reforma que es unánime y justísima exigencia de la Nación.

Voces oficiales y oficiosas han alzado contra esta exigencia de reforma electoral dos argumentos. Han dicho que "el pueblo de México no está capacitado todavía para el sufragio". Han alegado que "es imposible establecer sistemas legales que garanticen el voto libre y respetado".

Pero no es cierto que el pueblo de México sea incapaz de cumplir su deber cívico. Ha sabido defender su derecho en el pasado con las armas en la mano. Y en los últimos años, concluida la etapa de la lucha militar, desde 1940, en cada ocasión electoral ha dado prueba inocultable de su madurez creciente en el cumplimiento ordenado de su deber político, enfrentándose a la violencia y a la falsificación, a las represalias más inicuas, a las presiones más injustas del Poder Público. Defraudando una y otra vez por las autoridades que debieran dar garantía a su derecho; defraudado inclusive por la falsa oposición que las propias autoridades gestionan, pagan o estimulan, el pueblo de México, a sabiendas de que subsiste la maquinaria corrompida de falsificación y de violencia, ha seguido participando en les elecciones. Y no lo ha hecho, en las ocasiones últimas, esperando un triunfo ni movido por la fugaz atracción de un caudillo o de una pasión política inmediata, sino llevado por la voluntad de exhibir la podredumbre del sistema electoral; de ir creando en la acción política misma, la organización ciudadana indispensable; de confirmar su aptitud para participar, mediante el voto, en la formulación de programas nacionales y en la designación de las personas que han de presidir el cumplimiento de esos programas. Se ha repetido el fraude electoral, pero no por la falta de los ciudadanos sino por la lenidad o la acción ilegítima de las autoridades.

Es falso también que sea imposible crear un sistema legal de encauzamiento y garantía del sufragio. Nada hay que impida un padrón ciudadano verídico, que haga imposible la formación de organismos electorales autónomos, responsables y aptos; nada que evite la creación legal de un sistema de recursos eficaces para enmendar a tiempo las deficiencias o los vicios del proceso electoral; nada que vuelva imposible la calificación en derecho de las elecciones objetadas por un verdadero Tribunal, y el establecimiento de sanciones que además de castigar a los responsables del fraude o la violencia, permitan repetir desde luego la elección viciada. Y son esos los elementos básicos de un sistema legal decoroso para ordenar y proteger el voto.

Los que se oponen a la reforma electoral genuina, no tienen pues, otra razón que su apetito de mantener el monopolio del Poder y todos los demás que de él se siguen. "No dejaremos el Poder —han dicho algunos de ellos desde la tribuna del Congreso— sino por la fuerza de las armas". Detrás de la obstinada resistencia a esa reforma, no hay sino los más bajos intereses de la corrupción administrativa. Frente a la inobjetable exigencia ciudadana, no se encuentra sino la innoble conspiración facciosa que usa los recursos del Poder que son del pueblo, para impedir la participación del mismo pueblo, mediante el voto, en la decisión de sus propios destinos.

La reforma del sistema electoral ciertamente no es una panacea. Ni basta la modificación de la ley para lograr esa reforma que, como la resolución de todos los problemas económicos, políticos y sociales de México y la organización justa de nuestra vida pública, demanda de los ciudadanos una participación decidida y una vigilancia iluminada y constante, y de las autoridades una voluntad sincera de cumplimiento de su deber, fortalecida con un buen sistema de responsabilidades. Pero es indudable que el establecimiento de un régimen legal bien estructurado para la organización del servicio electoral, es la condición indispensable para la vigencia de todas nuestras instituciones y para la formación y el cumplimiento de los programas mejores para México.

La continuación, en cambio, del actual sistema de fraude electoral, de "democracia dirigida", de simulación grotesca de las instituciones democráticas, aparte de ser injusticia intolerable y abierta violación de la ley fundamental y de los solemnes compromisos internacionales de México, divide profundamente a la Nación, envenena la convivencia, quebranta el espíritu cívico que es factor esencial en la organización democrática, o lo fuerce a la desesperación del caudillismo o de la anarquía; detiene y desvía gravemente el progreso de México, hace imposible la verdadera reforma social, amenaza la vida misma de la Patria en las turbulentas circunstancias internacionales de ahora y engendra un clima propicio al establecimiento de las peores formas modernas del despotismo.

Por ello presentamos a usted esta nueva demanda de que se abra desde luego la deliberación para formular un proyecto de Ley Electoral que sea sometido al Congreso en su próximo período de sesiones.

Al efecto, enviamos con esta copia de las iniciativas de Ley Electoral, Ley de Partidos y Tribunal de Elecciones, que con anterioridad han sido presentadas al Congreso por los diputados miembros de ACCIÓN NACIONAL, y sugerimos la conveniencia de que usted se sirva designar una comisión técnica, integrada por ciudadanos aptos, responsables e independientes, que oyendo la opinión cívica y el parecer de expertos en esta rama del Derecho Público, formule un proyecto para la reforma electoral indispensable.

Es ésta la oportunidad para efectuar la reforma de la Ley. Una reforma que haga posible en la práctica, cuando se acerca una nueva ocasión electoral, evitar la repetición del vergonzoso proceso, ya lamentablemente iniciado, de combinaciones facciosas, hechas a espaldas del pueblo, de falsos partidos políticos, de intervención ilegítima de las autoridades, de desviación y desorientación de la opinión pública, hasta culminar en un nuevo fraude en 1952. Una reforma que, para el bien de México, garantice el auténtico esfuerzo democrático de preparación eficaz del servicio electoral, de funcionamiento responsable de partidos políticos genuinos, de formación de programas concretos de gobierno, y asegure la ordenada y vigilante participación de los ciudadanos y de las autoridades en el común empeño indispensable para lograr la mejor y más auténtica expresión de la verdadera voluntad nacional.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra consideración.

México. D. F., agosto 3 de 1950.

ACCIÓN NACIONAL

Fuente: Revista La Nación. Órgano del Partido Acción Nacional PAN. Octubre 1º de 1986.