Silvio Zavala

El aspecto político de la Revolución, desde 1910 hasta la actualidad

A la caída de Díaz, don Francisco León de la Barra, embajador de México en Washington, se hizo cargo provisionalmente de la presidencia de la República. Madero triunfó en las elecciones inmediatas y asumió el poder el 6 de noviembre de 1911.

Las disensiones que surgieron entre los jefes revolucionarios y la oposición de los que pertenecían al antiguo régimen trajeron por consecuencia una serie de movimientos armados.

El campesino Emiliano Zapata, antes y después de las elecciones, se mantuvo en rebeldía en el estado de Morelos. El abogado Andrés Molina Enríquez inició en Tezcoco otro movimiento contra el gobierno de De la Barra, pero no contó con apoyo militar. El general Bernardo Reyes penetró en el estado de Nuevo León en actitud rebelde y fue aprehendido. Pascual Orozco, uno de los caudillos de la campaña contra la dictadura, desconoció a Madero a principios de 1912; 

El 9 de febrero de 1913 se produjo un levantamiento militar de importancia en la capital de la nación. Los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz fueron puestos en libertad por los sublevados. Aquél murió en un ataque al Palacio Nacional: el otro se hizo fuerte en la Ciudade la, edificio situado en el recinto urbano. Inmediatamente se entablaron combates sangrientos en la ciudad que la historia designa con el nombre de " La Decena Trágica ".

El día I8 el general Victoriano Huerta, encargado del mando de las tropas que defendían al gobierno de Madero, abandonó a éste y lo aprehendió juntamente con el vicepresidente José María Pino Suárez. Por virtud de un pacto celebrado en la embajada de los Estados Unidos entre los rebeldes de la Ciudadela y el general Huerta, recayó la jefatura del gobierno en el último. Madero y Pino Suárez firmaron sus renuncias el día 19 y el 22 fueron asesinados cuando se les trasladaba del Palacio Nacional a la Penitenciaría.

Veinticinco gobernadores acataron el cambio y lo propio hicieron diversos jefes militares, pero desconocieron a Huerta: el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza: el de Sonora, José María Maytorena; Zapata, en el sur: Saturnino Cedillo, en San Luís Potosí; algunas partidas operantes en Michoacán, Veracruz y Guerrero; Francisco Villa, en el estado de Chihuahua; y el senador Belisario Domínguez, autor de una protesta en la capital de la República , a consecuencia de la cual fue asesinado.

La oposición necesitaba un programa y un jefe con suficiente prestigio para unificar las fuerzas. Zapata y Villa carecían de cultura y de familiaridad con las situaciones de gobierno. Carranza, no obstante su pasado porfirista, ganó ascendiente y el 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe situada en el estado de Coahuila, proclamó un plan por el que desconocía a Huerta como presidente de la República, asumía el carácter de primer jefe del ejército constitucionalista y prometía restaurar el orden legal y, al ocupar la ciudad de México, convocar a elecciones generales.

En julio de 1914, habiendo mediado la presión extranjera de que en otra parte hablaremos, Huerta abandonó el poder, y las fuerzas de Carranza ocuparon la capital el 20 de agosto.

La resistencia del antiguo régimen quedó desarticulada, pero las rivalidades entre los jefes revolucionarios aumentaron con el triunfo. Una convención reunida en Aguascalientes, en octubre de aquel año, trató infructuosamente de establecer la armonía entre Villa, Carranza y Zapata. El primero contaba con elementos importantes y amago la capital mientras Carranza se retiraba a Veracruz. En esta ciudad, el 12 de diciembre de 1914, el primer jefe constitucionalista prolongó la vigencia del plan de Guadalupe hasta que se restableciera la paz; ofrecía dar entretanto las leyes económicas sociales y políticas que el país necesitaba, contratar empréstitos y convocar a elecciones para formar un congreso al que daría cuenta de sus acciones, y este congreso, a su vez, llamaría al pueblo a elegir presidente.

Álvaro Obregón, militar que se había distinguido en las campañas anteriores, secundó a Carranza y derrotó a Villa en marzo de 1915. Zapata murió en una emboscada en abril de 1919.

El congreso prometido por el primer jefe se reunió en la ciudad de Querétaro en diciembre de 1916, y como resultado de sus debates se promulgó una nueva constitución el 5 de febrero de 1917. En el orden político conservaba con algunas limitaciones las garantías individuales establecidas por la constitución liberal de 1857. La forma de gobierno seguía siendo la republicana, representativa, democrática y federal. Se mantenía también la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. El primero quedaba subdividido en dos cámaras: una de diputados y otra de senadores, que se integrarían por elección directa del pueblo. El presidente de la República sería nombrado de la misma manera y duraría en el poder cuatro años sin que pudiera ser reelecto nunca. Tendría derecho de nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho y a los empleados federales, y con la aprobación del Senado, a los diplomáticos, militares y empleados superiores de Hacienda. El poder judicial era encomendado a once ministros que serían inamovibles a partir del año de 1923 y que obtendrían los cargos por nombramiento del presidente de la República con la aprobación del Congreso. En lo tocante a la administración local, el pueblo elegiría a los gobernadores y a los diputados de los estados; los gobernadores no podrían ser reelectos y habría finalmente municipios libres de elección popular.

Carranza fue designado presidente en las primeras elecciones y aunque su periodo de gobierno legal comenzó el 1 de mayo de 1917, se computó desde el t de diciembre de 1916, de acuerdo con un artículo transitorio de la Constitución.

Carranza no faltó abiertamente en 1920 a los principios que prohibían la reelección: optó por imponer la candidatura de un civil, don Ignacio Bonillas.

Obregón aspiraba a la presidencia y recurrió a la rebelión. El plan de Agua Prieta, de 23 de abril de 1920, comenzaba por recordar que la soberanía nacional residía en el pueblo: exponía luego los cargos contra la gestión de Carranza y resolvía iniciar un movimiento reivindicador de la democracia y de la ley: aunque desconocía los poderes existentes, continuaría en vigor la constitución de 1917: el ejército liberal constitucionalista tendría por jefe al gobernador de Sonora, don Adolfo de la Huerta, y lucharía bajo el mismo lema de Madero: "Sufragio efectivo. No reelección".

Los principales generales abandonaron a Carranza, quien en su huida fue sorprendido y muerto en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 1920. Las tropas de Obregón ocuparon fácilmente la capital en la primera decena del mismo mes.

Celebradas las elecciones al calor de la victoria militar, Obregón se hizo cargo de la presidencia el 1 de diciembre de 1920, después de un breve interinato desempeñado por Adolfo de la Huerta.

El guerrillero Villa había depuesto las armas y residía en la hacienda de Canutillo: murió asesinado el 20 de julio de 1923.

En las elecciones de 1924 compitieron Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, ambos pertenecientes al grupo adicto a Obregón. Éste apoyó al primero, y el segundo acaudilló una rebelión.

El triunfo de las armas, seguido de las elecciones confirmatorias, dio a Calles la presidencia durante el periodo inmediato de cuatro años. Obregón mantuvo su influencia.

El 22 de enero de 1927 el Congreso modificó el artículo de la Cons titución que prohibía la reelección del presidente; ahora se permitiría que regresara al poder después de haber transcurrido un periodo de cuatro años.

Obregón presentó su candidatura a presidente en 1928, y Calles acató su decisión. Los candidatos Francisco Serrano y Arnulfo Gómez intentaron un movimiento de rebeldía que fue sofocado y les costó la vida a ambos. En las elecciones inmediatas Obregón obtuvo la presidencia. Antes de que tomara posesión del cargo, lo asesinó en un banquete, el 17 de julio de 1928, un fanático religioso llamado José de León Toral.

Emilio Portes Gil desempeñó provisionalmente la presidencia. Debían convocarse nuevas elecciones en las que se decidiría la rivalidad que había surgido entre las fuerzas de Calles y las obregonistas, ahora privadas de su jefe. El general Escobar se sublevó al mando de los elementos militares afectos al obregonismo, pero el gobierno dominó la situación.

En las elecciones inmediatas del año 1929 compitieron el candidato apoyado por el gobierno, Pascual Ortiz Rubio, y el independiente José Vasconcelos. A fines de noviembre se concedió el triunfo a aquél. Vasconcelos desconoció el valor de las elecciones y llamó al pueblo a la rebelión por medio del Plan de Guaymas; carecía de apoyo militar y se refugió en los Estados Unidos.

Ortiz Rubio gobernó solamente hasta 1932, año en que presentó su renuncia. Desde 1932 hasta 1934 desempeñó la presidencia el general Abelardo Rodríguez.

Durante este periodo caracterizado por el predominio indirecto de Calles, se daba a éste el título de jefe máximo de la Revolución. Había prometido al Congreso, en septiembre de 1928, después del asesinato de Obregón, que no volvería a tener nunca el carácter de jefe de Estado y que el país entraría en un régimen de instituciones políticas. La prohibición relativa a la no reelección del presidente fue restablecida y los periodos de gobierno se ampliaron de 4 a 6 años.

En las elecciones de 1934, Calles dio su apoyo al general Lázaro Cárdenas, quien durante la campaña preelectoral recorrió detenidamente el país y fue elegido en el mes de julio.

Algunas diferencias de criterio social y la fuerza propia que logró adquirir el nuevo presidente, le impulsaron a desembarazarse de la tutela política de Calles. Este salió de México el 10 de abril de 1936 para radicarse en los Estados Unidos.

En mayo de 1938 el gobierno de Cárdenas sofocó un movimiento militar iniciado en el estado de San Luís Potosí por el general Saturnino Cedillo.

El 7 de julio de 1940 se celebraron elecciones para designar al sucesor del general Cárdenas en la presidencia de la República. El veredicto del Congreso favoreció al candidato general Manuel Ávila Camacho, cuya administración comenzó el primero de diciembre de 1940. El candidato independiente, general Juan Andreu Almazán, desconoció ese resultado.

A medida que la historia política de la Revolución ha prolongado la lucha secular entre la democracia teórica y el caudillaje, se han comenzado a reflejar sobre el Estado mexicano algunas influencias de los sistemas que se apartan de la teoría democrática liberal.

Portes Gil inauguró el 4 de marzo de 1929 un partido político íntimamente enlazado con el gobierno. Adoptó el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Se sostenía con contribuciones que la tesorería descontaba de los sueldos de los empleados públicos a razón de un día de haber al mes. Los ingresos así obtenidos llegaron a ascender a tres millones de pesos anuales. En mayo de 1936 el Partido declaró que contaba con 917 000 miembros.

El 4 de septiembre de 1936 el general Cárdenas reorganizó el PNR, concediendo a los obreros y campesinos afiliados a sindicatos o ejidos el derecho de votar en las elecciones del partido, a fin de promover "una creciente influencia de los obreros y los campesinos organizados en la dirección política y económica de la comunidad".

La reforma culminó el 30 de marzo de 1938 con la creación del Partido de la Revolución Mexicana, subdividido en 4 sectores: obrero, militar, campesino y popular (este último formado por artesanos, estudiantes, profesionistas, comerciantes en pequemos y elementos afines). El partido aceptó el sistema democrático de gobierno, pero no según el criterio ortodoxo liberal, sino reconociendo la lucha de clases y el derecho que corresponde a los trabajadores para contender por el poder político a fin de usarlo en pro de su mejoramiento. El desarrollo dialéctico, de la lucha de clases añade la declaración de principios estará condicionado por las peculiaridades del medio mexicano. Uno de los objetivos fundamentales del partido será la preparación del pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores y para llegar al régimen socialista.

Han comenzado a organizarse algunas milicias obreras y campesinas. Por último otra orientación ha quedado en evidencia al aparecer en distintas épocas diversas asociaciones de camisas de colores varios.

El conflicto religioso

La tolerancia de que gozó la Iglesia bajo el régimen de Díaz, le permitió recobrar la energía y la influencia económica que había perdido desde la guerra de Reforma.

Madero juzgó que era aceptable la política de conciliación, y en su campaña presidencial manifestó que podrían derogarse por anacrónicos algunos de los preceptos legales que la Iglesia no veía con agrado. En las postrimerías de su breve gobierno era objeto de ataques de parte de la prensa y de los partidos católicos.

Durante la lucha entablada entre Victoriano Huerta y los ejércitos revolucionarios, la simpatía de las organizaciones católicas se inclinó hacia el primero y los segundos cometieron depredaciones contra templos eclesiásticos.

Carranza inició en el periodo preconstitucional una legislación que tendía a poner coto a la tolerancia religiosa dispensada al margen de las leyes de Reforma. El 17 de octubre de 1913 encomendó a la Secretaría de Gobernación la vigilancia en materia de cultos. El 12 de diciembre de 1914 ofreció que se cumplirían las leyes susodichas. El 29 del mismo mes promulgó una ley que autorizaba el divorcio, la cual pasó a formar parte del código del Distrito Federal el 29 de enero de 1915. En junio de este último año Carranza repitió la promesa relativa al cumplimiento de las leyes de Reforma. El 22 de agosto de 1916 subordinó los templos a la Secretaría de Gobernación en lo tocante al ejercicio del culto, y a la Secretaría de Hacienda en calidad de bienes nacionales; el poder ejecutivo decidiría la apertura o clausura de tos edificios destinados al culto; si ocurría esto último, los objetos de in histórico o artístico quedarían a disposición del Departamento de Instrucción Pública para ser destinados a museos, bibliotecas y otros establecimientos educativos.

La opinión de los católicos norteamericanos fue agitada en contra de los revolucionarios de México, principalmente por medio de la Aso ciación de Caballeros de Colón.

En el Congreso Constituyente de Querétaro, convocado por Carranza, el tema religioso fue objeto de discusiones acaloradas. Los diputados más radicales compartían el odio popular que se había manifestado durante la lucha armada. Algunos abogados que rodeaban al Primer Jefe profesaban un ateísmo basado en la ciencia positivista enseñada durante la dictadura. Otros recordaban las luchas de la Reforma entre los liberales y los conservadores, y la reciente oposición del clero a la causa de la revolución, dentro y fuera de México.

Los diputados moderados sostuvieron que el pueblo era fanático en su mayoría y que continuaba bajo la influencia del catolicismo, y como no se podía por virtud de una ley destruir ni prevenir esta situación, y por otra parte se admitía la libertad individual de conciencia conforme a la Constitución de 1857 y la doctrina filosófica liberal, el Estado no debía emprender una obra activa de ateísmo.

Se convino finalmente en aceptar la libertad de conciencia religiosa, reservando al Estado el derecho de vigilar la actividad del clero para que su acción social no redundara en perjuicio de la colectividad ni conturbara la vida pública. Conforme a este criterio se redactaron los artículos 3, 5, 24, 27, 37 fracción III y 130, que el lector podrá encontrar en el texto de la Constitución vigente.

El programa era menos audaz que el antirreligioso activo adoptado después por algunos Estados modernos, pero resultaba más riguroso que la separación absoluta entre la Iglesia y Estado defendida por los doctrinarios liberales.

Al ser aprobada la nueva legislación, una parte del episcopado mexicano residente en el extranjero hizo circular una protesta respaldada por una pastoral de los prelados de los Estados Unidos.

El conflicto no estalló abiertamente porque Carranza no se propuso aplicar estrictamente las leyes, ya sea por consideraciones internacionales, o de otro género. El 23 de diciembre de 1918 Carranza presentó al Congreso una iniciativa de ley más favorable a la libertad de las iglesias, la cual no llegó a discutirse.

Obregón no hizo cumplir tampoco los preceptos constitucionales que el clero rechazaba. AI entablarse las conversaciones relativas al reconocimiento de su gobierno por el de los Estados Unidos, se le pidió que garantizara la libertad de cultos y el derecho de poseer propiedades eclesiásticas a los nacionales de los Estados Unidos que vivían en México. Esta solicitud implicaba una violación de la Constitución de 1917. A juzgar por los documentos conocidos hasta ahora, el gobierno de los Estados Unidos no insistió en esta demanda.

La tirantez entre el gobierno revolucionario y el clero subsistía, como lo demostró un incidente ocurrido a principios del año de 1923. El 11 de enero, en la cima del Cerro del Cubilete, estado de Guanajuato, el delegado apostólico monseñor Filipi puso la primera piedra de un monumento dedicado a Cristo Rey. El día 13 anunció Obregón la expulsión del prelado por haber tomado parte en un acto público del culto fuera de los templos destinados al efecto. Las legislaturas de los estados habían comenzado a hacer uso de la autorización legal para restringir el número de los sacerdotes que podían oficiar dentro de sus limites.

El 18 de febrero de 1925, contando con el apoyo del gobierno, se fundó formalmente una iglesia cismática mexicana dirigida por el sacerdote José Joaquín Pérez. Anunció que tendría como base la religión de Cristo. Las sagradas escrituras, el antiguo y el nuevo testamento, podrían ser interpretados libremente, lo mismo que la liturgia. El patriarca sería independiente de Roma.

El gobierno federal redactó el 4 de enero de 1926 una ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución. El día 27 apareció en el periódico El Universal, de la ciudad de México, el anuncio de que el clero abriría una campaña contra los artículos constitucionales 3, 5, 27 y 130. El 4 de febrero inmediato siguiente el arzobispo de México confirmó la protesta y el día 8 el episcopado la apoyó colectivamente. Esta actitud contaba con el apoyo del papa.

El gobierno adoptó el día 11 medidas drásticas con respecto a la nacionalización de las propiedades eclesiásticas y a la expulsión de sacerdotes extranjeros. Desde la noche anterior fueron detenidos 202, en su mayoría españoles; hubo 3 norteamericanos católicos, 4 protestantes y algunos de otras sectas que se dedicaban a la enseñanza. Las órdenes relativas a los ministros estadounidenses se revocaron después por intervención de la cancillería de Washington, bajo la condición de que los interesados acataran las leyes mexicanas. En los meses subsecuentes, hasta el de septiembre, el gobierno se incautó de 73 conventos, 129 escuelas y 118 asilos.

El 3 de julio de 1926 fueron reformadas las cláusulas del código penal sobre los delitos relacionados con el culto. El clero católico acordó suspender el día 31 todos los servicios religiosos en la República.

El 23 de abril de 1927 fueron deportados el arzobispo y cinco prelados, mientras en algunas partes del país, especialmente en Jalisco, había tomado cuerpo una rebelión armada bajo la advocación de Cristo Rey.

Los caballeros de Colón pedían en los Estados Unidos la intervención del gobierno norteamericano en México. Esta política no fue aprobada por Roma a causa de que situaba a los católicos mexicanos en actitud antipatriótica y excitaba el resentimiento de México contra ellos y los Estados Unidos.

El gobierno de Calles no dejó de contar con fuerzas amigas en el exterior. La amplia propaganda de una y otra parte contribuyó a avivar las repercusiones de la lucha religiosa.

El 13 de noviembre de 1927 estallaron dos bombas cerca del automóvil en que viajaba el general Obregón por las calles de la ciudad de México. A raíz de las investigaciones realizadas con este motivo fueron aprehendidos el padre jesuita Miguel Agustín Pro, dos hermanos suyos y el ingeniero Luís Segura Vilchis, que pertenecía a la Asocia ción Católica de la Juventud mexicana. El sacerdote Pro, su hermano Humberto y Vilchis, fueron fusilados sin mediación de juicio en el patio de la inspección de Policía el día 23.

Hemos dicho en otra parte que el 17 de julio de 1928 Obregón fue asesinado por el católico Toral. Este pagó con la vida el atentado. El presidente de los Estados Unidos, Coolidge autorizó al embajador Dwight W. Morrow para que mediara entre las partes y éstas celebraran una conferencia secreta en el castillo de San Juan de Ulúa, Veracruz. De momento no se llegó a un avenimiento, pero el 21 de junio de 1929 el presidente Portes Gil anunció algunas concesiones a favor del clero católico aunque continuarían vigentes las leyes que originalmente habían sido el objeto de la protesta. Los cristeros depusieron las armas.

El acuerdo duró poco tiempo. Con motivo de las fiestas del cuarto centenario de la Virgen de Guadalupe en diciembre de 1931, el gobierno estrechó su vigilancia sobre la Iglesia y resolvió hacer uso de la facultad de limitar el número de los sacerdotes. En octubre del año siguiente el arzobispo Ruiz y Flores, delegado apostólico, fue desterrado.

Durante la administración del presidente Cárdenas, la Iglesia publicó el 16 de enero de 1936 una carta pastoral condenatoria de la educación socialista, que según veremos en otra parte, ha sido admitida oficialmente en la Constitución. Actualmente las posiciones teóricas de la Iglesia y el Estado distan más que nunca, pero no existe una hostilidad viva como la que hubo en los periodos anteriores. Así, cuando el presidente decretó la expropiación del petróleo, el clero católico le dio su apoyo el 29 de abril de 1938, aconsejando a los fieles que contribuyeran para el pago de la deuda pública contraída con tal motivo.

De acuerdo con el último censo oficial mexicano, había en el año de 1930, 16 179 667 católicos, 130 322 protestantes, 175180 personas sin ninguna religión y 9072 israelitas.

En 1937 gozaban de permiso para oficiar en toda la República 197 sacerdotes católicos.

México ante la Segunda Guerra Mundial

Los acuerdos interamericanos adoptados en Panamá, La Habana y Río de Janeiro, de octubre de 1939, julio de 1940 y enero de 1942, respectivamente, han contado con el apoyo de México.

El gobierno mexicano, con fecha 8 de abril de 1941, resolvió incautar los barcos de los países beligerantes que en esa fecha se encontraban inmovilizados en los puertos nacionales.

Al ser colocadas en las listas negras de los Estados Unidos numerosas personas y empresas que actuaban en Hispanoamérica, el gobierno alemán presentó al de México una nota que fue rechazada, el 31 de julio de 1941. En consecuencia se retiró a los cónsules alemanes y México rompió sus relaciones comerciales con Alemania el 22 de agosto de ese año, clausurando sus consulados en este país.

AI mismo tiempo reanudó sus relaciones diplomáticas con Inglaterra.

Ocurrido el ataque japonés a Hawai, los Estados Unidos declararon la guerra al país agresor, el 8 de diciembre de 1941; y poco después se iniciaron las hostilidades contra Alemania e Italia. México, en un acto de solidaridad con los Estados Unidos, rompió inmediatamente sus relaciones diplomáticas con los países del Eje.

Uno de los barcos incautados, el Potrero del Llano, fue torpedeado el 14 de mayo de 1942 frente a la costa de Florida, no obstante navegar bajo bandera y con tripulación mexicana. Este acto, motivó una enérgica protesta del gobierno de México al de Alemania, pero no fue atendida por este último. En consecuencia, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, pidió a las Cámaras que fuese declarado el estado de guerra con Alemania, Italia y el lapón. Esto ocurría el 23 de mayo de 1942, y, el 13 de junio del mismo ario, México se unió a tos países aliados.

Con motivo de la declaración de guerra, el gobierno mexicano resolvió custodiar y administrar las propiedades de los súbditos alemanes, italianos y japoneses, construyéndose una junta para tal efecto, la cual confiscó más de 240 empresas, cuyo giro fue calculado en 200 millones de pesos.

Entre los meses de junio a septiembre de 1942, fueron torpedeados los barcos mexicanos Tuxpan, Chiapas, Oaxaca y Antatián. La nueva situación que creaba el estado de guerra con los países del Eje, obligó al gobierno de México a adoptar diversas medidas de carácter defensivo: defensa civil, servicio militar, organización de un Consejo Supremo de la Defensa Nacional, censura postal, empadronamiento de habitantes, etcétera.

Con anterioridad, quedó representado ante el comité interamericano de defensa que fue instalado en Washington.

En el transcurso del año 1942, el gobierno de México adoptó algunas otras medidas de importancia. En efecto, el 9 de noviembre rompió sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy; el 19 del mismo mes reanudó sus relaciones con la URSS, y el I de diciembre, reconoció al Comité Nacional francés, órgano de la Francia combatiente.

Adherido a la política de los Estados Unidos, México ha celebrado con dicho país acuerdos especiales durante la emergencia, referentes al empleo recíproco de las bases aéreas, ayuda bélica e industrial, emigración de campesinos mexicanos para levantar las cosechas de Estados Unidos, rehabilitación y uso de ferrocarriles, tratados de comercio y sobre servicio militar de los nacionales de uno y otro país que residen en el territorio vecino.

Asimismo, han sido objeto de la consiguiente atención por parte de ambos gobiernos, los problemas internacionales que tenían pendientes cuando comenzó la guerra mundial.

El 19 de noviembre de 1941 se firmó una Convención de Reclamaciones que fijó su monto en cuarenta millones de dólares que México debería pagar, y, mediante otro arreglo, se trató el punto de las reclamaciones especiales por expropiación de tierras de norteamericanos y por daños sufridos durante las revoluciones.

México convino en pagar 23 995 991 dólares por concepto de indemnización a las empresas petroleras que habían sido expropiadas, pertenecientes a ciudadanos de los Estados Unidos.

Por último, el 26 de noviembre de 1942, se ha llegado a un arreglo tocante a la deuda exterior, que asciende a la suma, en números redondos, de 235 millones de dólares.

México ha hecho diversos pagos en relación con los convenios referidos.