Lázaro Cárdenas del Río. Chilpancingo, Gro. 20 de Febrero de 1940

Señor gobernador del estado, honorables miembros del Congreso local:

Agradezco a ustedes profundamente el honor que se me dispensa en este solemne acto. Reconozco como un deber mío para con el pueblo de Guerrero, del que he recibido siempre un franco apoyo en los actos trascendentes que ha tenido que realizar mi gobierno, informarle a través de vuestra representación sobre las condiciones en que se ha venido desarrollando el país durante la actual gestión administrativa que me ha tocado la honra de presidir.

Uno de los puntos más importantes que ha tenido que resolver el gobierno es el que se refiere a la reforma agraria. Las normas fundamentales en este sentido son el artículo 27 constitucional y el programa de gobierno de la actual administración. De acuerdo con estos principios debe procurarse una distribución justa de la riqueza y el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.

Ya nadie niega la justicia y la necesidad de la reivindicación de la tierra en favor de los campesinos, pero se atribuye a la ejecución de la reforma agraria, y especialmente al sistema ejidal, el descenso de la producción agrícola y el aumento del costo de la vida. El estudio honrado de las estadísticas y el hecho evidente del crecimiento de la población que significa por la fuerza un aumento del volumen de las subsistencias, comprueban con claridad que el país no ha retrocedido.

La defensa de la pequeña propiedad se ha pretendido usar como bandera de oposición, cuando precisamente el mismo Ejecutivo ha demostrado que otorga toda clase de garantías a los pequeños propietarios, cuando son realmente elementos de trabajo y no de explotación, que por medio de simulaciones tratan de continuar el régimen latifundista. La explotación colectiva de algunos ejidos no significa la aplicación de sistemas extranjeros inadaptables a nuestro medio, sino que, por eI contrario, son las necesidades de orden climático, de unidad de cultivo, de irrigación, de técnica de trabajo y de maquinaria, de crédito y de las propias condiciones geográficas, las que exigen un sistema coordinado de explotación y aprovechamiento en determinadas regiones agrícolas, porque en otra forma, reducidas a un individualismo anárquico y desorganizado, producirían pugnas entre los trabajadores, desperdicio de energías naturales y humanas y abatimiento de la producción en calidad y cantidad; sólo la mala fe o la ignorancia en esta clase de problemas pueden explicar que se pretenda desvirtuar los sistemas que la economía y la técnica imponen, y en esta solución, como en otras de carácter social, el gobierno obra dentro de los lineamientos del programa de la Revolución, de acuerdo con las exigencias nacidas de las condiciones peculiares de las masas, de los requerimientos del medio y de las enseñanzas de nuestras luchas que imprimen al movimiento revolucionario mexicano una personalidad inconfundible dentro del movimiento proletario universal.

Los problemas del trabajo se han sucedido en condiciones semejantes a las que se mencionan respecto a la reforma agraria. El gobierno ha procurado desarrollar una política obrerista, tratando de favorecer en primer lugar, la organización de los trabajadores y su unificación, pero siempre siguiendo como en la reforma agraria, los lineamientos marcados por la Constitución en su artículo 123 y por los principios generales que se consideran como bases del movimiento progresista, ya que es innegable que el régimen de derecho prerrevolucionario establecía un sistema jurídico desfavorable para las clases trabajadoras, y una de las características de esta nueva época es procurar remediar ese desequilibrio, tanto por medio de las leyes que se han venido renovando, como de la acción política y administrativa. En algunos sectores contrarrevolucionarios se quisiera que las actividades de los sindicatos fueran reprimidas violentamente, pero esta actitud no puede administrarse ni material ni moralmente, por un gobierno que no desea provocar desgarramientos de retroceso, sino al contrario, favorecer la evolución ininterrumpida. Las reivindicaciones para obtener aumento de salarios y beneficios relativos en los contratos de trabajo, son igualmente producto de la misma transformación industrial y social que en México no alcanza ni con mucho las proporciones que asumen en el resto del mundo, como consecuencia de la técnica industrial que, aunque incompleta, está llegando a nuestro país. Se ha visto que los aumentos nominales obtenidos en la remuneración de los trabajadores disminuyen por alzas desproporcionadas en el costo de los artículos de primera necesidad, y este problema económico, que no ha sido posible todavía dominar satisfactoriamente, es lo que produce la constante inquietud de los trabajadores y se transforma en huelgas, paros y síntomas de descontento. Esto mismo explica el empeño de grandes grupos de trabajadores, de tomar participación en la política militante, lo cual desde el punto de vista estrictamente democrático es improbable, porque nadie puede negarles sus derechos de ciudadanos y su libertad para formar agrupaciones y ejercitar la libertad de asociación y porque estiman justamente que dentro de los procedimientos democráticos pueden cuando menos ayudar a la transformación de los sistemas actuales y obtener mejores posiciones para intervenir en los fenómenos de la producción y del reparto de las riquezas.

La cláusula de exclusión es pretexto de ataques en contra del movimiento obrero y del gobierno que no ejerce actos de represión en contra de los sindicatos, porque se pretende desconocer el verdadero carácter de este recurso de acción sindical. Es claro que los abusos o desviaciones en este sentido deben evitarse por medio de una sana autocrítica; pero de ninguna manera puede reclamarse la su presión de la cláusula citada, porque con ella las organizaciones de trabajadores se defienden de los maniobras de algunos sectores patronales, que forjan los llamados sindicatos blancos o fomentan la actividad de los rompehuelgas, esquiroles o agentes de provocación. El abuso de la cláusula de exclusión, como el abuso de la huelga, debe evitarse por saneamiento interno de las organizaciones obreras y no por destrucción de las conquistas alcanzadas.

Por lo que atañe a la reivindicación de los derechos de la nación sobre el subsuelo y los yacimientos petrolíferos, el gobierno estima que en este camino de ningún modo se debe retroceder porque los procedimientos seguidos están apegados al fiel cumplimiento de los mandatos constitucionales, a la integración de la economía nacional, a la respetabilidad del Poder judicial de la Federación y a la soberanía de la República. Es, pues, un lamentable extravío que los opositores del régimen, vinculados con el interés de los explotadores del pueblo, quieran permanecer como portaestandartes de la causa de la patria y de la dignidad de la nación, porque sólo intentan una maniobra de orden político que seguramente no engañará ni desorientará a la conciencia nacional.

La Ley Orgánica de educación ha sido uno de los temas que más notoriamente se han aprovechado como pretexto para excitar las pasiones políticas, por medio de interpretaciones tendenciosas. Esta ley no agrega nada a lo dispuesto por el artículo 3º de la Constitución, y por este solo concepto resultaría injustificada la reacción. Así como la Constitución consagra los postulados fundamentales de la revolución convertida en régimen de derecho, el artículo 3o. representa en materia de educación, las formas económicas y sociales que para la propia revolución ha estructurado.

No hay propósito de atacar el sentimiento religioso ni debilitar el cariño y la atención de los hijos a sus padres y solamente se indican como factores que deben combatirse, el fanatismo y la superstición, ni. Las finalidades de la enseñanza gratuita y democrática, sólo significan la supresión de los privilegios de la cultura para extenderla a todos las clases sociales, principalmente a aquellas que por su pobreza no pueden pagar maestras particulares ni carrera profesional costosa tiende a crear en las nuevas generaciones un estado de responsabilidad, lealtad y reconocimiento de los sacrificios de las mayores materias por mejorar sus condiciones de miseria y de ignorancia y a evitar que las generaciones venideras destruyan lo que las actuales preparan en bien de la integración económica, política y social del país, alejando así los peligros de violencia, de disolución colectiva y de desorientación general que impedirían el progreso permanente de la nación.

Por lo que respecta a la asistencia en las escuelas, la forma entusiasta en que el obrero de México ha demostrado palpablemente su con fianza en la orientación actual del gobierno, llevando a inscribir a sus hijos en todos los planteles oficiales evita ampliar los comentarios, puesto que el gobierno no obstante el aumento progresivo del presupuesto de educación, tiene como problema ante sí solamente de multiplicar el número de las escuelas existentes.

Tengo la seguridad de que en la convicción de todo el pueblo se halla el más noble y firme testimonio de que dentro del régimen actual existe libertad de pensamiento y de expresión. La prensa misma de toda la República ha gozado de este género de garantías para atacar y censurar, muchas veces inclusive sin justicia, al gobierno. Todavía más, el periodismo en México ha contado no solamente con la tolerancia, sino con el apoyo del Poder Ejecutivo que represento, las diatribas y las calumnias me han parecido siempre inferiores al alto grado que representa el desarrollo de la conciencia nacional y el fomento del sentir de la dignidad humana. La libertad que se disfruta en el país permite participar a amigos y a enemigos de los beneficios de la cultura, una de cuyas manifestaciones indiscutibles encarna la libre expresión del pensamiento.

Con las mismas intenciones y los mismos procedimientos de partidarismo político se formulan cargos al gobierno tratando de presentarlo como imitador de sistemas y de doctrinas internacionales contrarias a los sentimientos de la nación. Esto no es más que una maniobra de propaganda. Nadie puede comprobar que el gobierno de México piense o tenga compromisos con agrupaciones políticas, comunistas o totalitarias, y si algunos grupos militantes tienen con ellas lazos de solidaridad o de afinidad, esto no es sino consecuencia de la libertad de pensamiento que caracteriza a todos los países democráticos.

El partido de la Revolución Mexicana no es un partido único y totalitario. Es el partido que llevó al poder a la actual administración, como cualquiera otra institución política similar, que en cualquier país logra obtener la representación de las mayorías y encarnar los ideales colectivos; pero no se niega la existencia de partidos antagónicos, ni se persigue a los partidarios de otras tendencias, ni se teme la consulta de la voluntad popular para que las elecciones decidan a quiénes debe confiarse la dirección de los destinos nacionales.

Más que las formas políticas, lo que define realmente a un régimen en este sentido, es su organización económica y social; y el gobierno de México no ha colectivizado los medios o instrumentos de producción, ni ha acaparado el comercio exterior, convirtiendo al Estado en dueño de las fábricas, las casas, las tierras y los almacenes de aprovisionamiento. Los casos aislados y excepcionales de expropiación de maquinaria por motivos de utilidad pública, como en la industria del petróleo, los ferrocarriles, El Mante, Yucatán y La Laguna, se han justificado plenamente por las condiciones especiales de esos procedimientos, que los mismos propietarios o empresas provocaron irremediablemente con su actitud. Y la admisión del socialismo científico en las escuelas públicas, significa solamente la exposición de los conocimientos modernos que no pueden ser ocultados y que tienen perspectivas abiertas al porvenir, no como sistema dogmático y absoluto, sino como orientación hacia nuevas formas de vida social y de justicia. No hay pues en México un gobierno comunista. Nuestra Constitución es democrática y liberal con algunos rasgos moderados de socialismo en sus preceptos que norman la propiedad territorial, principalmente para fines de restitución y en los mandatos que se refieren a las relaciones entre el capital y el trabajo, que no son, ni con mucho, más radicales que los de otros países democráticos u aun de algunos que conservan instituciones monárquicas.

Dentro de las normas constitucionales, sin afectar el sistema de nuestras tradiciones democráticas y llevando a cabo las reformas necesarias de acuerdo con las reglas que la ley establece, sin actos de coacción personal sobre los trabajadores, sin lesionar la libertad de prensa, con el máximo respeto para la vida humana y el desarrollo de las cualidades individuales, se ha trabajado solamente con el propósito de organizar e intensificar la producción, para que el país empobrecido y esquimado, pueda siquiera cubrir sus propias y más urgentes necesidades; no para establecer una autarquía cerrada para el intercambio mundial con fines imperialistas, sino para rehabilitar los mercados interiores y defender a nuestra economía. Se han iniciado planes de economía dirigida para evitar la anarquía en la producción, la competencia destructora o desleal; el desorden de los sistemas monetarios, bancarios e industriales que hacen imposible un ajuste permanente de los salarios y los precios que provocan conflictos entre el capital y el trabajo. Se ha tratado de evitar el abuso de los antiguos monopolios que almacenaban y acaparaban las mercancías y fijaban los precios a su antojo, mientras hacían disminuir el poder adquisitivo de los consumidores.

Las reformas que se han emprendido obedecen a la necesidad imperativa de remediar el atraso técnico, industrial y agrícola, y adaptarse a los requerimientos de la maquinaria moderna, de las nuevas formas de racionalización del trabajo, de los transportes y de la coordinación industrial. Los esfuerzos para mantener el valor de la moneda, elevar el salario y contener el alza de los precios, procuran en lo esencial asegurar la vida misma de los trabajadores, sus recursos de alimentación, vestidos y vivienda, sin lo cual no pueden esperarse mejores rendimientos de trabajo ni la rehabilitación material y moral de la mayoría de la población.

Todo esto no puede llamarse doctrina intolerante o destructora. La transformación de los sistemas de propiedad por medios legales, no es obra de desquiciamiento, sino adaptación al cambio de los sistemas de vida social y de técnica de la producción. Y si esto se hace de acuerdo con las necesidades peculiares del país, afianzando las conquistas ganadas por la Revolución, no se hace con ello obra de destrucción, sino que al contrario, se evitan para lo futuro los desequilibrios que producen inquietud popular, descontento, ansias de rebelión y lucha permanente entre las clases separadas por la desigualdad injusta. Y muy al contrario de que en nuestras tendencias se encuentre la más leve intención de olvidar los sentimientos de patria y de solidaridad nacional y racial, esto es precisamente la base de nuestro programa, nuestra bandera y el motivo de nuestra devoción entusiasta. Trata de obtener hasta donde es humanamente posible la mejoría de nuestras clases obreras y campesinas que ha sufrido las consecuencias de largos años de miseria y opresión, es hacer patria para todos los mexicanos; es fortificar los lazos de solidaridad nacional y de elevar las condiciones de la raza. Y para ello no es necesario ampararse con ideologías ni con banderas de otros países sino más bien apegarse más hondamente y con más sentido de justicia, de igualdad y de libertad a la propia tierra, y a las necesidades vivientes de nuestra realidad mexicana.

En resumen, una vez más el gobierno revolucionario afirma que su programa está vinculado con la defensa y dignidad de la patria y de ninguna manera ha abdicado de su hegemonía para asociarse a intereses extraños. La organización del país se funda en nuestras peculiares condiciones territoriales, étnicas y espirituales, reconoce la influencia de los factores precortesianos, de la cultura hispánica y occidental y quiere sumar la experiencia de los grandes pueblos y la conquista de la técnica contemporánea con las lecciones de sus pasadas luchas intestinas, para constituirse con personalidad propia como pueblo seguro de sus destinos. La Revolución no ha establecido un régimen absolutista, dictatorial y totalitario que implique la esclavitud servil de las entidades privadas que la componen; la Constitución reconoce la libertad individual y garantiza su ejercicio productivo mediante el trabajo; respeta la libertad de creencias, la asociación pacífica y las actividades comerciales e industriales; pero lo mismo que todo Estado moderno reasume la posición de simple observador pasivo, ante la desleal lucha de los intereses privados.

El movimiento revolucionario surgido en 1910 y que se prolonga hasta la fecha se incubó en aspiraciones y necesidades nuestras y no es dable atribuirle similitud con movimientos sociales existentes en otros lugares del mundo, sino en aquello que constituye el postulado común a todo movimiento libertario: el afán de justicia para el proletariado y la elevación cultural y económica de los oprimidos.

Continuará el movimiento revolucionario a pesar de la sucesión transitoria de sus hombres, a pesar de las campañas de apasionamiento que son instrumentos de demagogia y pretenden invocar la defensa de la patria, encubriendo la verdadera finalidad de sus intereses; y no descansaremos en nuestro esfuerzo, haciendo una constante labor de autocrítica para moralizar hombres y procedimientos, que mantenga en constante perfeccionamiento el programa de la Revolución.

En la presente lucha electoral se requiere serenidad de parte no sólo de las autoridades, sino también de las organizaciones y de los propagandistas, para que la sucesión gubernamental se efectúe dentro del proceso democrático en forma pacífica y legal. Cualquiera incitación al desorden demuestra falta de fuerza moral de los elementos contendientes, de sentido de responsabilidad y de respeto a los beneficios que la tranquilidad, el orden y el trabajo significan y que están garantizados por la madurez cívica del pueblo que no dejará arrebatarse el poder para que vuelva a ponerse al servicio de sus clases monopolizadoras de la tierra, de la riqueza, de la cultura y de la felicidad en México. El gobierno no necesita hacer un llamamiento que ponga en pie de lucha a todos los sectores revolucionarios, porque tiene plena confianza en que por sí solos sabrán asumir las posiciones que su adhesión al programa de la Revolución les indique. Y mantendrá su serenidad, no porque se sienta débil para contestar con energía los ataques, pues las apasionadas críticas son la mejor demostración de que no vivimos bajo un régimen de tiranía que acaba con persecuciones a quienes lo combaten. La libertad de expresión y de manifestaciones cívicas y las corrientes políticas que se disputan la dirección de las mayorías, así como el celo porque aquéllas se encaucen sin excesos reprobables, son la mejor demostración de la vitalidad de las conquistas revolucionarias en el ejercicio de los derechos ciudadanos y en la libre expresión de las ideas.

La decisión del gobierno de mantener rigurosamente el imperio de la ley y del orden, y de asegurar la transmisión pacífica y legítima de los poderes, se sostiene sin vacilación alguna y con la certidumbre de que la mayoría trabajadora y honesta del país lo apoya en su actitud y comprende la situación y las condiciones verdaderas de los problemas nacionales que solamente podrán resolverse por la cooperación de todos los ciudadanos en un ambiente de -paz y de trabajo y manteniendo siempre como guías los principios y las conquistas de la Revolución emigrados por las leyes, el honor, la integridad y el progreso constante de las instituciones democráticas y la soberanía de la nación.

A las insinuaciones de reelección o de prolongación de funciones, he contestado reiterando mi opinión, de que con ellas se contraría el sentimiento popular que ha unido a la causa de las reivindicaciones sociales la renovación de los depositarios del poder, considerándola como una conquista histórica que si se borrara de nuestro país, afectaría la marcha progresiva de la Revolución porque reaparecerían los hombres y los grupos llamados indispensables, se afianzarían los caudillos y el actual régimen podría convertirse en una oligarquía cerrada como reencarnado de viejos sistemas que son el obstáculo a todo progreso. Por ello, los propósitos firmes del gobierno son cumplir el programa revolucionario y no prestarse a que sea desviado por claudicaciones personales.

Pienso, además, que los que hemos llegado a la primera magistratura de la República, debemos una vez que ha terminado nuestro mandato constitucional, abstenernos en forma absoluta y definitiva de participar en la política si es que queremos servir con lealtad a los principios democráticos del país.

El juicio apasionado y superficial de los que critican la obra de los gobiernos revolucionarios y exigen de ellos el éxito inmediato de su programa, olvidan maliciosamente la resistencia poderosa de los intereses afectados que durante siglos habían arraigado un régimen que se ha mantenido en actitud de lucha en contra de los llamados de justicia social y que en alianza con las fuerzas exteriores que sólo persiguen el apoderamiento de nuestros recursos naturales y la explotación de nuestras energías humanas, aún constituyen obstáculos que, sumados al lastre de ignorancia, de miseria, de insalubridad y de abatimiento biológico y moral de las mayorías problemáticas, evitan que el esfuerzo constructivo se consolide y se realice de una manera eficaz para satisfacer las crecientes necesidades de la población en un régimen más humano y más justo.

Mi sentir de que el gobierno debe estar informado de las inquietudes populares y hasta del más mínimo detalle del sentir de todos los sectores que integran nuestra población, me ha inspirado siempre la idea de hacer un gobierno de acción, descansando en el pueblo y recorriendo el país para estar en contacto directo con él, a días de llevar a cabo la interpretación, en actos gubernamentales, de las legítimos aspiraciones y de los profundos anhelos que muchas veces no suelen llegar, por múltiples razones, al conocimiento directo del Ejecutivo. El actual gobierno cuenta entre sus realizaciones indiscutibles en beneficio de la áreas rurales, la distribución de los distritos agrícolas más importantes del país, la ampliación y consolidación del crédito agrario, obras para la instalación de centrales eléctricas y de centrales azucareras, la construcción de numerosas e importantes obras de irrigación y la consiguiente ampliación de las zonas de cultivo, reservas forestales y fomento de la ganadería, creación de hospitales y asilos; obras de pavimento y de dotación de agua potable que han dado vida a muchas poblaciones. Se han creado para encauzar la economía, asociaciones de producción y se han combatido los monopolios, la desocupación y la carestía de la vida por medio del fomento de cooperativas y comités reguladores de las subsistencias. Se ha dotado al ejército de nuevos equipos y se están construyendo cuarteles y creando nuevos internados para los hijos del propio ejército; se han adquirido unidades nuevas para la marina mercante; construido nuevas vías férreas, carreteras y caminos locales; se ha estimulado el intercambio económico y espiritual entre los habitantes del país y fomentado el turismo. Se han levantado numerosas escuelas rurales, y se han construido edificios para institutos técnicos. Se ha sostenido la economía del país en medio de la crisis mundial y sorteado la depresión monetaria; han crecido las rentas públicas y se ha impuesto una política hacendaría de prevención y de orden. Sin embargo, reconozco que falta mucho por hacer; que una gran mayoría del pueblo vive en la miseria careciendo aun de lo más indispensable, pero hay que convenir que no será fomentando las pasiones y los odios, ni menos halagando a la patria provocando el derramamiento de sangre de sus propios hijos en luchas estériles, como habrá de resolverse la elevación de medios de vida de los mexicanos, sino organizándonos cada día mejor dentro de las nuevas normas sociales establecidas en el país y con un sentido de verdadero patriotismo.

Construir vías de comunicación hacia regiones en donde puedan abrirse nuevos centros de cultivo; emprender obras de saneamiento que acaben con la insalubridad en el campo y en los centros urbanos; almacenar las aguas que se pierden en los mares; aprovechar los variados y ricos recursos naturales y, sobre todo, empeñarnos por elevar la cultura de la población, deben ser nuestros más altos y decididos propósitos.

La Revolución, lejos de constituir un régimen dictatorial, apoyado en una soberanía personal o de grupo, ha fortalecido los derechos, la responsabilidad y dignidad de los ciudadanos y de los trabajadores en general, la existencia de los hogares proletarios, antes abatidos por la inhumana explotación; la libertad municipal como célula que fue desbaratada por la dictadura; ha estimulado la asociación y administración de las masas campesinas y obreras; ha ciudadano de la disciplina del ejército sin perjuicio de sus derechos políticos; ha respetado la integración de los demás poderes, en forma tal, que todas estas energías consolidadas en el individuo, en la familia, en el sindicato, en los municipios, en los gobiernos locales y en la institución armada, ha resistido en forma solidaria e inconmovible todos los ataques de elementos claudicantes, de organismos conservadores en alianza con poderosas empresas y logrado mantener incólumes los legítimos intereses del pueblo, tranquila la nación y entera la dignidad de la República.

Señor gobernador, señores diputados: El estado de Guerrero tiene un nombre muy honroso: fue baluarte decisivo de las guerras de Independencia y de la Reforma y es hoy también defensor de las ideas generosas del movimiento social de México.

Su pueblo es hospitalario y laborioso; su territorio cuenta con lugares privilegiados para el turismo; con valiosos recursos naturales y con tierras costeras fértiles que esperan que el hombre pueda aprovecharlas.

Encuentro que sus pueblos van progresando dentro de la nueva estructura social no obstante las reducidas posibilidades económicas que prevalecen aún en el estado, pero mucho se espera de la actividad de sus hijos y de la vitalidad de su suelo.

Por vuestro conducto, señores, envío ¡ni saludo a todo el pueblo guerrerense y un mensaje de confianza en su propio destino, que es mi mismo mensaje para todo el pueblo mexicano.