Jesús Silva Herzog

La legislación española separaba claramente la propiedad del suelo de la del subsuelo. Esta legislación estuvo vigente en México desde la Independencia hasta 1884 en que se expidió el Código de Minería, en el cual se asimiló la propiedad subterránea a la de la superficie. De suerte que a partir de entonces el propietario del suelo lo era también del subsuelo, "desde el cielo hasta el infierno", como escribiera el doctor José María Luís Mora.

En el año de 1901 se promulgó en México la primera ley del petróleo, colocándose a los propietarios del suelo en condiciones privilegiadas. A continuación se hace una síntesis de las características fundamentales de dicha ley:

•  El propietario del suelo lo es también del subsuelo.

•  Pueden hacerse exploraciones y explotaciones en terrenos nacionales, en cuyo caso la compañía deberá dar participación de 7% de sus utilidades al gobierno federal y de 3 % a los estados en que se hallen ubicados los terrenos.

•  En el caso de que el propietario de un terreno con indicios de contener petróleo en el subsuelo se negase a realizar exploraciones, quedaría sujeto a denuncio y podría adjudicarse al denunciante mediante convenio entre las partes.

•  Se concedían franquicias especiales en materia de impuestos a las empresas petroleras: de importación de maquinaria, de exportación de petróleo crudo y derivados, de barra y anclaje, etcétera.

•  Obviamente, si se exploraba y perforaba en terrenos de propiedad privada desaparecía la participación de utilidades al gobierno federal y a los estados.

Ésta era la situación legal mexicana en la primera década y parte de la segunda del presente siglo. De manera que, es útil insistir en ello, el propietario del suelo era dueño del subsuelo antes de ser promulgada la Constitución de 1917.

Sobre las bases que arriba se indican se celebraron los contratos en 1906 con Pearson & Sons, luego traspasado a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, y con la Huasteca Petroleum Company en 1908, traspasado en 1922 a la Standard Oil Company de Nueva Jersey.

En 1908 hubo un incendio en el pozo Dos Bocas. La falla de conocimientos de los técnicos petroleros, que no hablan conocido pozos de la potencia de los mexicanos, fue la causa del desastre. Se cuenta que el petróleo hecho llamas se elevó a 300 metros de altura. Fue imposible apagarlo. Se extinguió el incendio cuando se acabó el petróleo. Se calcula que se perdieron por descuido e ignorancia de los técnicos algo más de 50 millones de pesos; pero aquel incendio formidable reveló la inmensa riqueza de los campos petrolíferos de México.

En 1911 se produjeron 12 500 000 barriles, en 1916, 40, 000,000, y en 1921 la producción se elevó a 193, 000,000. A partir de ese año desciende la producción casi año tras año a tal grado que en 1932 la producción fue apenas de 32 000,000; y en 1937, último año en que trabajaron las compañías petroleras en condiciones normales, llegaron a producir 47,000,000 de barriles.

En nuestro país existieron los gushers más productivos del mundo. Veamos unos cuantos datos: el pozo Potrero del Llano produjo en 28 años 117 000 000 de barriles; Cerro Azul, en 21 años, 89 000 000; Juan Casiano, en 9 años, sólo en 9 años, 75 000 000. De 1901 a 1937 los campos mexicanos produjeron 1 866 000 000 de barriles de petróleo, riqueza enorme para las compañías extranjeras; y para México los salarios de hambre a nuestros trabajadores, impuestos discutidos centavo a centavo, presiones diplomáticas y ninguna obra de beneficio social.

Hubo una lucha constante en las zonas petroleras; lucha por la obtención de petróleo, lucha de compañías contra compañías; compañías inglesas contra compañías norteamericanas; en ocasiones luchas entre subsidiarias de una misma empresa por la obtención de los mejores terrenos petroleros. Un hervidero de pasiones. La historia del petróleo mexicano está llena de relatos sombríos, de chicanas, de incendios de juzgados para conseguir la desaparición de documentos comprometedores, de asesinatos de quienes se negaban a entregar sus propiedades.

Por otra parte a los dueños de los terrenos se les pagaban por concepto de regalías sumas insignificantes. Ejemplos: al propietario del terreno en que brotó el pozo Cerro Azul, que produjo 89 000 000 de barriles, se le pagaron apenas 200 000 pesos; el dueño de los terrenos de Juan Casiano, que produjo 75000000 de barriles, recibió de los vampiros del oro negro apenas 1000 pesos anuales; y al propietario de un lote de Chinampa, del que se extrajeron 70 000 000 de barriles, se le entregó cada año la cantidad de 150 pesos.

Las compañías petroleras no sólo lucharon entre sí, lucharon también contra el gobierno y el pueblo de México. En noviembre de 1914 se levantó en armas en la zona petrolera de Tamaulipas y Veracruz el aventurero Manuel Peláez, pagado por las compañías para sustraer de la obediencia del gobierno todo lo que era posible. Así las compañías se encontraron a menudo como moros sin señor. Este es un hecho histórico que ni las propias compañías se han atrevido a negar. Peláez depuso las armas en mayo de 1920.

Con cuanta razón el poeta Ramón López Velarde escribió en Suave Patria, su poema de mayor aliento, estos dos endecasílabos:

El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo

Al conocerse en el extranjero la Constitución de 1917, que estableció en su artículo 27 el principio de que la riqueza del subsuelo pertenece a la nación y que es inalienable e imprescriptible, se inició en los Estados Unidos y otros países una campaña contra México. Se nos llamó bolcheviques y se dijo que al no reconocer los derechos adquiridos nos declarábamos en contra de ordenamientos reconocidos por el derecho internacional. El embajador Joseph Daniels, en su libro titulado Diplomático en mangas de camisa, escribe que cuando los Estados Unidos entraron a la guerra europea en 1917 y él era ministro de la Guerra en el gobierno de Wilson las compañías petroleras pidieron al presidente que el ejército norteamericano ocupara la zona petrolera de México. La petición fue rechazada por el ex profesor de la Universidad de Princeton. Y Daniels en ese asunto fue testigo mayor y de cargo.

Durante los gobiernos de Adolfo de la Huerta y del general Álvaro Obregón no sucedió nada digno de ser anotado en cuanto a la cuestión del petróleo. Empero, la situación se tornó grave al publicarse, a fines de 1925, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo. Notas poco diplomáticas y aun agresivas del Departamento de Estado. En alguna de esas notas se decía con cierto eufemismo que México estaba en el banquillo de los acusados ante el mundo civilizado. El gobierno del general Plutarco Elías Calles rechazó con dignidad los conceptos vertidos en esa nota.

En 1927 fue nombrado embajador de los Estados Unidos en México el señor Morrow, quien llegó en actitud comprensiva y amistosa sin descuidar los intereses de su país. En un desayuno con el presidente Calles en la Hacienda de Santa Bárbara, se arregló el grave problema petrolero, simplemente reconociendo los derechos confirmatorios por medio de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1935 existían tantos sindicatos de trabajadores como empresas. De suerte que los salarios y las prestaciones sociales eran muy diferentes en cada caso para una misma labor. Venciendo dificultades innúmeras, los petroleros lograron fundar en 1936 el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es decir, un sindicato industrial; y como esto se llevó a cabo de conformidad con la ley, las compañías no tuvieron más remedio que reconocerlo y entablar conversaciones con sus empleados y obreros con la finalidad de llegar a la firma de un contrato colectivo de trabajo.

Las pláticas se iniciaron entre representantes ale las partes a mediados de 1936. En noviembre estuvieron a punto de romperse. El gobierno intervino como amigable componedor y las conversaciones continuaron. Así se llegó a mayo de 1937, sin que se adelantara un solo paso para llegar a la formulación del contrato colectivo, pues los representantes del capital no mostraban interés alguno para acceder en todo o en parte a las demandas de los representantes sindicales.

A fines del mes susodicho el sindicato declaró la huelga general a todas las empresas petroleras que operaban en México. Pasaron los días, unos cuantos días y los efectos no se hicieron esperar. Bien pronto escaseó la gasolina y otros derivados en todo el país. Ocho días después de declarada la huelga, las calles de la ciudad de México se veían desiertas de automóviles particulares, lo mismo que de camiones de pasajeros y de carga. Se presentó la amenaza de un paro total o casi total de la vida económica de la nación.

El Presidente de la República llamó a Palacio Nacional a los dirigentes del sindicato, para pedirles que levantaran la huelga en vista de los graves daños que estaba sufriendo el país y que cambiaran de táctica en su lucha contra las empresas. El general Cárdenas les sugirió que plantearan un conflicto de orden económico ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de conformidad con la ley, los trabajadores así lo hicieron y la huelga fue levantada.

¿Qué es un conflicto de orden económico, preguntará quien esto lea? Voy a intentar explicarlo en el menor número de palabras:

Cuando los representantes del capital y del trabajo no se ponen de acuerdo, y las posiciones de unos y otros aparecen irreconciliables, alguna de las partes puede plantear un conflicto de orden económico. Para mayor claridad, supongamos que los trabajadores solicitan un aumento de salarios que implica para la empresa un aumento en sus erogaciones de 1000 000 de pesos, y que ésta afirma no tener capacidad de pago para ello, mientras los trabajadores sostienen lo contrario; es entonces cuando se acude al procedimiento de que se viene tratando.

Al plantear los representantes sindicales ante la Junta Federal el conflicto de orden económico, se designó de conformidad con la ley, tres peritos, quienes en un término de 30 días debían presentar ante la autoridad del trabajo dos documentos: un informe acerca del estado de la industria en todos sus aspectos fundamentales y un dictamen dando a su parecer sobre la manera de resolver el conflicto. La Junta Federal nombró desde luego peritos a los señores Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda, al ingeniero Mariano Moctezuma, subsecretario de la Economía Nacional, y a Jesús Silva Herzog, que desempeñaba el cargo de asesor del Ministro de Hacienda.

Supe más tarde que el Presidente de la República le pidió al licenciado Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, que la representación obrera le propusiera una terna para designar a uno de los tres peritos que debía nombrar el Grupo núm. 7 de la Junta Federal. La terna presentada por Lombardo fue la siguiente: Víctor Manuel Villaseñor, Luís Fernández el Campo y Jesús Silva Herzog. El general Cárdenas, sin consultarme, e escogió. Villaseñor era entonces, como yo, hombre de izquierda con inclinación socialista. Hoy (1969) Villaseñor es el director general del Complejo Industrial de Ciudad Sahagún y yo sigo siendo el mismo de ayer. A Fernández del Campo lo he perdido de vista.

En la primera reunión de los peritos se convino nombrar presidente a Buenrostro, vocal a Moctezuma y secretario a mí. Con este carácter me di por notificado del acuerdo de la Junta diez días después, con objeto de disponer siquiera de 40 días para tarea tan abrumadora y difícil; porque no es lo mismo informar y dictaminar sobre una sola compañía criterio de legislador que sobre toda una industria como la petrolera.

Dos días después tenía instalada una oficina con algo más de 60 personas: ingenieros petroleros, economistas, sociólogos, contadores, estadígrafos y el personal administrativo necesario. A cada grupo le designé su parte de conformidad con el plan previamente elaborado. Fungí como director y coordinador. Se trabajó intensamente diez o doce horas diarias, sabiendo que se trataba de un asunto de trascendencia para México. A medida que el informe iba saliendo, lo pasaba mis colegas de peritaje, quienes siempre aprobaban lo hecho sin ninguna observación o corrección. Al terminar se hicieron 20 ejemplares en una máquina Dito, en papel tamaño oficio, que equivalió a unas 2500 páginas escritas en máquina a doble espacio. Con apoyo en el informe redacté el dictamen en 80 páginas escritas a renglón cerrado.

El dictamen contenía al principio 40 conclusiones, tremenda requisitoria contra las compañías que durante más ale un tercio de siglo habían explotado los mantos petrolíferos de México. Se decía que, no obstante las cuantiosas utilidades obtenidas, jamás habían realizado una sola obra de beneficio social; se decía que solían ocultar sus utilidades por medio de maniobras contables para burlar el pago del Impuesto sobre la Renta, principalmente la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila; se afirmaba que de 1934 a 1936 inclusive las utilidades obtenidas por las empresas habían sido aproximadamente de 55000000 de pesos al año; y por último se ordenaba que debían pagar salarios y prestaciones sociales, sobre lo pagado en 1936, la cantidad de 26000000 en números redondos, a sabiendas de que ello estaba dentro de sus posibilidades.

Es pertinente aclarar que las compañías se hallaban de acuerdo en que el aumento llegara a 14 000 000. Una tarde me visitó un alto personaje del sindicato patronal, cuando apenas estaba en proceso la elaboración del informe. El personaje aquél, utilizando un lenguaje matizado de eufemismos, dijo que si el dictamen resultaba favorable para las empresas estarían disponibles 3 000 000. Procuré contener mi indignación; dije lo que era menester decir y le abrí la puerta de mi oficina.

Las personas que colaboraron en la redacción de los varios capítulos fueron las siguientes: licenciado Miguel Manterola Flores, profesor Federico Bach, licenciado Moisés T. de la Peña, ingeniero José López Portillo y Weber, Manuel J. Zevada, Gustavo Ortega, licenciado Gilberto Loyo, Humberto Tejera, Macedonio Garza. Gustavo Martínez Cabañas, Joaquín Ramírez Cabañas, Manuel Aguilar Uranga, José B. Durán y Adrián Reyes. El señor Leonardo Galván tuvo a su cuidado la parte administrativa del trabajo. Alrededor de 20 contadores se encargaron de analizar la contabilidad de las empresas, y varios estadígrafos y calculistas, así como también numerosas taquimecanógrafas, entre ellas las señoritas María Teresa Muro y Esther Rojas. Todos colaboraron con entusiasmo en un documento que ya es histórico, seguramente el primer estudio de importancia realizado en equipo en nuestro país.

A los colaboradores se les dieron pequeñas gratificaciones al terminar el trabajo, ya que todos eran empleados del gobierno y no dejaron de percibir sus sueldos. Las gratificaciones se pagaron de 15 000 pesos que me dio el Departamento del Trabajo por gestiones del Subsecretario de Hacienda.

Cinco días antes de la fecha en que debía entregarse informe y dictamen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se presentaron en mi oficina tres abogados de las compañías y uno de ellos me preguntó sin disimular su incredulidad. "¿Y qué, van a entregar los peritos informe y dictamen?" Yo señalé una silla sobre la cual estaban tres tontos perfectamente encuadernados con percalina azul y les dije: "Allí está el informe y el dictamen lo estoy redactando en estos momentos". Se quedaron sorprendidos y se marcharon.

El 3 agosto de 1937, nos presentamos los peritos con tres ejemplares del informe y del dictamen ante el Grupo núm. 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La ley daba a las partes 72 horas para presentar objeciones. Los documentos fueron recibidos por el licenciado Gustavo Corona, presidente de la Junta. Recuerdo que en el acto, que adquirió cierta solemnidad, estuvo presente el licenciado Lombardo Toledano.

Los trabajadores presentaron unas cuantas objeciones sin importancia, más bien para cubrir el expediente. En cambio, las empresas pusieron el grito en el cielo e iniciaron a planas enteras en todos los periódicos una campaña contra el peritaje. Nos pusieron de oro y azul como se dice en el pintoresco lenguaje popular: habíamos cometido graves exageraciones, lo que decíamos no era cierto, y las empresas no tenían capacidad de pago para aumentar prestaciones y salarios en 26 millones.

El Presidente de la República citó el 2 de septiembre en su despacho del Palacio Nacional a representantes de las compañías y a los peritos, algo así como un careo entre unos y otros. Al comenzar la junta el gerente de la compañía Mexicana de Petróleo El Águila, un caballero inglés impecablemente vestido, tomó la palabra afirmando entre otras cosas que su compañía era mexicana y que no era cierta nuestra afirmación de que era subsidiaria de una entidad extranjera. Llegué muy bien preparado. Saqué de mi portafolio un periódico financiero londinense y leí, traduciendo al español, un informe de la Royal Dutch Shell correspondiente al año de 1928 en el cual se decía: "Nuestra subsidiaria, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, ha obtenido buenas utilidades durante el último ejercicio..." Se añadía que para evitar el pago de impuestos elevados se decidió dividir las acciones de 10 pesos en una de 4 de El Águila de México y otra de 6 de una nueva compañía El Águila del Canadá. Había otra Águila. The Eagle Shipping Company, a la que El Águila de México vendía sus productos por debajo de los precios del mercado, trasladando de esta manera el pago de impuesto por concepto de utilidades de México al gobierno de su majestad británica. El caballero inglés se puso muy nervioso y quiso interrumpirme. El general Cárdenas lo detuvo diciendo: "Deje que termine el señor". De la confrontación salieron mal parados los representantes de las empresas. AI terminar, el Presidente me acompañó hasta la puerta de su despacho y me dijo "Lo felicito".

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio plazos y más plazos a las compañías para que presentaran objeciones. No sé cuando lo hicieron y no conocí el contenido de ellas. Lo cierto es que la Junta Federal pronunció su laudo el 18 de diciembre apoyando en lo sustancial el dictamen pericial, particularmente en lo relativo a los 26000000, y exponiendo consideraciones y adiciones de carácter jurídico. Ante tal hecho las empresas elevaron la puntería, lanzando ataques apasionados y virulentos contra la Junta. Por supuesto que acudieron en demanda de apelación ante la Suprema Corte de Justicia. Así pasaron los meses de enero y febrero. A fines de este último mes las compañías habían sacado de los bancos todos sus fondos y propalaron la noticia de que el tipo de cambio de 3.60 por dólar no podría sostenerse. Al mismo tiempo enviaron todos los carrostanque que tenían alquilados a cruzar la frontera de los Estados Unidos y tuvieron cuidado de que no hubiera ningún barco petrolero en puertos mexicanos. La ofensiva contra México se iba acentuando cada día.

Recuerdo que por aquellos días el licenciado Javier Icaza me convidó a cenar a su domicilio con cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia, de la que 61 formaba parte. En esa cena di un amplio informe a los ministros y contesté a todas sus preguntas.

Por otra parte, el presidente Cárdenas, por conducto del licenciado Eduardo Suárez, me ordenó que me trasladara a Washington para informar de la situación a nuestro embajador don Francisco Castillo Nájera.

Llegué a la capital de los Estados Unidos el 2 de marzo de 1938. Allí me enteré de que el día 10, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ratificado el laudo de la Junta Federal, negando así el recurso presenta do por las compañías.

El mismo día 2 tuve mi primera plática con el Embajador. Me preguntó: ¿Qué cree usted que va a pasar? Respondí: "Una intervención temporal..." "Eso yo lo arreglo." Añadí: "O la expropiación." "¡Ah, chingao! Si hay expropiación hay cañonazos". Así veía el problema nuestro representante diplomático ante la Casa Blanca.

Después de dos o tres conversaciones con Castillo Nájera, tuve que ir a visitar varias fábricas de papel en Canadá, en mi carácter de presidente de la PIPSA. EL 19 de marzo, en Nueva York, me enteré por el Neto York Times del decreto expropiatorio. Mi impresión inicial fue de sorpresa y temor por lo que podría pasar. En la tarde tomé el ferrocarril para regresar a México.

Supe después que todavía en marzo el presidente Cárdenas trató de buscar un arreglo con las compañías petroleras. Todo fue inútil, alegando siempre que no tenían capacidad de pago para aumentar los 26000000 en salarios y prestaciones sociales. Las compañías, llenas de soberbia, se declararon en rebeldía ante la sentencia de la suprema autoridad judicial de la República.

Un elevado personaje de la Standard Oil Company de Nueva Jersey declaró enfáticamente en Nueva York: "Nosotros ya no tenemos nada que hacer, que el próximo paso lo dé el gobierno de México": y el gobierno de México tuvo que dar el único paso que le quedaba por dar: la expropiación.

El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas anunció por la radio a toda la nación el acto expropiatorio, en defensa de la soberanía y del decoro de México. Hizo una detallada explicación de los sucesos, terminando con la formulación de cargos justificados o incontrovertibles contra las empresas extranjeras. A continuación transcribo los últimos párrafos del histórico y memorable discurso:

"Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuese a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?

¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una petrolífera privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de las empresas.

"Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas siempre regateados para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros.

"Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional.

"Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo, en distintas épocas posteriores a la que señalamos y aun contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión. Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas; ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias.

"Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo los escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, las satisfacciones de las más rudimentarias obligaciones.

"Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.

"Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.

"El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República, y para ello, sólo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviere que dictar.

"Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en que la nación ha entrado durante este periodo de gobierno, para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la Ley de Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído".

Todos los directores administrativos y los técnicos de las compañías eran extranjeros. Al enterarse de la expropiación, abandonaron en masa sus puestos. El problema consistió en sustituirlos desde luego siendo preciso ascender a los capitanes y tenientes, valga la comparación a coroneles y generales; y todos, sin excepción, desempeñaron sus nuevas obligaciones correctamente, celosos del cumplimiento de su deber. Los ferrocarrileros transportaron en los carrostanque la gasolina y otros derivados con singular diligencia; y no faltó gasolina ni querosina, ni gas oil en ninguna parte del país. Es cierto que nuestro pueblo tiene numerosos defectos, pero cuando sabe que se hallan en juego intereses vitales para su patria es capaz de las más altas virtudes.

Días después hubo una manifestación en la ciudad de México, a la cual asistieron espontáneamente más de 100 000 personas en apoyo decidido al gobierno. El clero, por primera vez en la historia de México, se puso al lado de una causa eminentemente popular y nacionalista; y cuando se comenzaron a recoger fondos para pagar la deuda petrolera permitió que se hiciera en las iglesias.

Para recolectar fondos con el propósito indicado se organizó un comité en el Palacio de las Bellas Artes, el cual funcionó durante cierto tiempo. Se reunieron apenas algo más de 2 000 000 de pesos, suma meramente simbólica. Muchas personas aportaron lo que pudieron: dinero en sumas pequeñas o de cierta cuantía, joyas y otros objetos de valor. Se publicó entonces que una viejecita del pueblo entregó una gallina, su único patrimonio.

La expropiación de los bienes de las empresas petroleras 'y la lucha contra ella poco después tuvo a mi parecer matiz de epopeya. El héroe fue el pueblo de México; su caudillo, no hay que olvidarlo, se llama Lázaro Cárdenas.

En el mes de diciembre anterior yo había aceptado dar una conferencia sobre la economía mexicana en la Southern Methodist University de Dallas, Texas. A principios de abril propuse, y se aceptó, cambiar el tema por la expropiación del petróleo. El 25 de abril sustenté la conferencia en un teatro de la ciudad, explicando ante numeroso auditorio por qué México se había visto obligado a expropiar a las intransigentes y arrogantes compañías; y a pesar de que me había metido en la boca del lobo, puedo decir que convencí a quienes me escucharon de la razón que México tuvo para dar paso tan trascendental.

Tiene interés referir que, a la misma hora en que yo daba mi conferencia, una persona enviada por la Standard Oil Company de Nueva Jersey sostenía puntos de vista opuestos a los míos en un local de la Texas Christian University de Forth Worth, población a 50 kilómetros de Dallas. Al día siguiente, en la primera plana de Dallas News se publicó de un lado un extracto de mi conferencia y del otro el de la de mi oponente. Posteriormente aparecieron completas en un folleto de la Carnegie Institution.

Hasta aquí mi participación directa en el acto expropiatorio del 18 de marzo de 1938.

 Fuente: Silva Herzog J. Una vida en la vida de México. SEP. 1986.